¿Qué hay del capitalismo?

En La Nueva Mirada 

El presidente Boric provocó un cierto revuelo al afirmar en una entrevista a la BBC que: «el capitalismo no es la mejor manera de resolver los problemas en la sociedad. Pero no creo que puedas simplemente derrocarlo si no propones una alternativa que sea viable y que sea mejor para la gente (….) Todos los cambios que perduran en el tiempo deben ser progresivos y deben contar con mayorías sólidas, y tienes que construir esas mayorías sólidas que no son fáciles de construir". El post-capitalismo se puede concebir como la combinación de una a) "economía mixta reforzada" en la que conviven empresas estatales estratégicas, otras de economía social y cooperativa y empresas privadas con fines de lucro pero que operan con mercados desconcentrados y regulados social y ecológicamente y con participación de los trabajadores en formas de democracia económica; b) un "Estado social" que provee bienes públicos y redistribuciones a través de impuestos progresivos y transferencias y c) un "Estado económico" que gestiona de manera contracíclica una demanda suficiente y dinamiza, diversifica y hace sostenible la oferta con un sistema de investigación y desarrollo tecnológico robusto y subsidios selectivos para industrias y servicios nacientes e innovadores.

En efecto, el capitalismo no resuelve bien los problemas sociales si se lo caracteriza, siguiendo las definiciones de Braudel y Wallerstein, como aquel sistema económico que se organiza alrededor de la acumulación ilimitada de capital y la producción por agentes privados concentrados (monopólicos u oligopólicos) que construyen mercados asimétricos para maximizar sus utilidades y que procuran expandirse a todos los ámbitos de satisfacción de necesidades. El capitalismo ha dominado históricamente la producción material cotidiana de tipo familiar y de pequeña escala y también la vida económica organizada mediante intercambios monetarios de mercado con agentes atomizados, pues superpone a estos primeros dos pisos uno de «contramercados» (como los llama Fernand Braudel en «La dinámica del capitalismo«, 1985), que concentra la apropiación del excedente económico con economías de escala y el dominio de las finanzas.

Branko Milanovic, en un muy interesante texto («Capitalism, Alone, The future of the system that rules the world», Harvard University Press, 2019) define el capitalismo como «el sistema donde la mayor parte de la producción es realizada con medios de producción de propiedad privada, el capital contrata trabajo legalmente libre y la coordinación es descentralizada. Adicionalmente, para agregar el requisito de Joseph Schumpeter, la mayor parte de las decisiones de inversión son hechas por compañías privadas o empresarios individuales«. Pero, dada la necesaria conexión con las condiciones institucionales y de poder de los intercambios, hace una distinción muy discutible entre un «capitalismo liberal-meritocrático«, que sería el del Estados Unidos actual, y el «capitalismo político«, que sería el de China y Rusia.

En todo caso, el capitalismo occidental ha mostrado una gran capacidad de hacer crecer la economía desde 1870 (siguiendo a Brad DeLong en «Slouching Towards Utopia: An Economic History of the Twentieth Century«, Basic Books, 2022), pero no permite estabilizar una sociedad equitativa y sostenible. El capitalismo es la economía privada concentrada y monopolística, que ha perdurado porque, aunque experimenta periódicamente crisis y fluctuaciones, absorbe y/o crea las innovaciones tecnológicas, con frecuencia financiadas por el sector público, y construye economías de escala a nivel global desde hace siglos, en una lógica de centros y periferias. Esto ha permitido a diversas sociedades aumentar sustancialmente la productividad del trabajo, los empleos y los ingresos medios, aunque siempre en condiciones de heterogeneidad de agentes y de resultados económicos que conducen a sociedades duales y fragmentadas.

El capitalismo exhibe, en este sentido, dos grandes problemas sistémicos:

1.Es fuente de inestabilidad permanente. Lo es en primer lugar en la relación laboral, en donde el trabajo es un costo a minimizar y ojalá sea individualmente prescindible en cualquier momento. En términos macroeconómicos, no funciona bien sin el indispensable acople con un «Estado proveedor de bienes públicos» como la seguridad, las infraestructuras y la ciencia, y en parte la educación y la salud (que la economía neoclásica llama «fallas de mercado«), cuya provisión en escala insuficiente lo hace menos dinámico. Tampoco funciona bien sin el acople con un «Estado regulador» que cautele la expansión de la demanda agregada y la estabilidad de la moneda y las finanzas, así como de las condiciones del comercio, la competencia y la provisión de fuerza de trabajo sana y calificada. El capitalismo, cuando no logra la articulación de los aumentos de productividad con los aumentos de ingresos del trabajo, y opera solo con una lógica global desacoplada de las condiciones del consumo, produce inestabilidad macroeconómica, aunque genere de manera cíclica empleos e ingresos. Necesita al menos algunos de los componentes de una economía mixta para proveer estabilidad a su proceso de acumulación, por lo que siempre vive en una tensión con el resto de la sociedad, entre otras cosas por su renuencia a contribuir a financiarlos. Por su parte, el predominio del capitalismo financiarizado produce burbujas de activos y desestabilizaciones y crisis de ámbito global, que lo obliga a convivir con reglas multilaterales que procuran, imperfectamente, asegurar una coherencia básica a la economía mundial en medio de la globalización acelerada del comercio, las inversiones (aunque estas se reorientan en parte a los centros en la actualidad para una mayor autonomía de suministros), las finanzas y las migraciones. La economía mundial capitalista está conformada por centros dominantes tradicionales y otros emergentes (desde el Asia en las últimas décadas), pero siempre con periferias subordinadas a las necesidades de la conformación de las cadenas globales de valor. En ellas las periferias se llevan la peor parte en materia económica, social y ambiental, aunque no están, en la mayoría de los casos, en condiciones de sustraerse a la dinámica del capitalismo financiarizado global.

2) Es inequitativo y concentrador en lo económico, desigual en lo social y depredador en lo ambiental. Por eso su relación con las sociedades, más allá de aceptar en mejor o peor grado los mecanismos de provisión de bienes públicos y de regulación de los mercados de bienes y factores de producción, es siempre conflictiva. Este es el caso de la tendencia a la manipulación del consumidor y la oligopolización de los mercados (ver la contundente caracterización en «La economía de la manipulación«, de los premios Nobel George Akerlof y Robert Schiller, 2016), así como de la transgresión del trabajo decente y de su remuneración justa -con mínimos que la economía puede sostener y con retribución apropiada del aporte del trabajo a la producción- sobre todo en las crisis cíclicas internas o globales (ver «El precariado: una nueva clase social«, de Guy Standing, 2013). Lo propio ocurre en materia de respeto por el medio ambiente y los entornos espaciales en que se desenvuelve la actividad económica. El problema básico del capitalismo es que solo le interesa la maximización del rendimiento del capital, como su nombre lo indica. Esto crea las resistencias sociales y culturales a este sistema y la demanda por transformaciones socializadoras, y no la conspiración de algún grupo con tal o cual ideología. La tensión social que crea el capitalismo ha llevado a la emergencia desde la segunda guerra mundial de los llamados Estados de bienestar en Europa y Estados Unidos, y en parte en el resto del mundo, con distintos resultados, evoluciones y adaptaciones frente a la globalización.

Las alternativas deseables al capitalismo pasan en primer lugar por reforzar y regular los dos primeros pisos de la economía y restringir el tercero. La política económica debe partir por cambiar su indicador de referencia, como sostiene Thomas Piketty: «El producto interior bruto debe ser sustituido por la noción de renta nacional (lo que implica deducir todo el consumo de capital, incluyendo el capital natural), el foco de atención debe estar en cómo se distribuye y no en los promedios, y estos indicadores de renta (indispensables para construir una norma colectiva de justicia) deben complementarse con indicadores ambientales adecuados (en particular en lo que respecta a las emisiones de carbono)«. Y adoptar indicadores no monetarios de bienestar (como la «pobreza multidimensional») para evaluar las brechas sociales y las políticas llamadas a reducirlas.

La transformación productiva de largo plazo requiere de políticas de estímulo de la producción de cercanía y los intercambios de reciprocidad del primer piso material de las sociedades (economía familiar e informal y economía social y solidaria), así como de los intercambios de mercado regulados y no asimétricos de un segundo piso económico (con producción y consumo sostenibles y con diversos agentes descentralizados y estatales) que incorpore el progreso técnico, las economías de escala y la articulación beneficiosa en cadenas globales de suministro de bienes intermedios y finales.

Es posible concebir una sociedad en la que el capitalismo, el tercer piso, deje de ser dominante, pero no reemplazado por decreto mediante la centralización económica en manos del Estado. Esta fórmula termina siendo incompatible con la democracia en beneficio de burocracias dominantes y con una asignación de recursos que no permite suficientemente la innovación y el dinamismo al no contemplar intercambios descentralizados. Una sociedad post-capitalista o parcialmente post-capitalista, parte del capitalismo realmente existente y avanza a nuevas articulaciones económicas e institucionales. Debe basarse en una «economía mixta reforzada«, siempre con empresas autónomas en sus decisiones, pero mejor reguladas social y ambientalmente, con o sin fines de lucro o con fines combinados. Esta «economía mixta reforzada» debe estar en interacción con un «Estado social«, proveedor de redistribuciones equitativas de amplio espectro y de bienes públicos financiados con impuestos a las transacciones, los ingresos y los patrimonios sujetos al principio de progresividad. El «Estado social» está llamado a asegurar, por razones de eficiencia y equidad en el funcionamiento económico, el acceso universal -y ya no solo selectivo según el nivel de ingresos de mercado- a la educación, la atención de salud, la vivienda y el urbanismo sostenibles, así como a sistemas de pensiones y redistribuciones tributarias y transferencias que permitan ingresos básicos universales a lo largo de la vida.

El post-capitalismo requiere, también, de un «Estado económico reforzado«. Este debe ser no solo regulador de los mercados para evitar depredaciones ambientales, abusos de monopolio y de las condiciones del trabajo. Debe asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de ahorro y de provisión de moneda y crédito para el financiamiento de largo plazo y el acceso a mercados y a transferencia tecnológica a todo el espectro de empresas. Además, debe proponerse asegurar, regulando las condiciones de trabajo y la demanda agregada, el trabajo decente y el pleno empleo. Su tarea debe ser estimular una innovación tecnológica al servicio de las necesidades humanas junto al apoyo a la resiliencia de los ecosistemas y a la preservación y expansión de los bienes comunes. Debe orientar en el largo plazo la diversificación productiva que distribuya mejor en los territorios las actividades y mejore las condiciones del vínculo con la economía internacional. Esto supone asegurar producciones estratégicas y, por lo tanto, gestionar empresas públicas selectivas, y sistemas amplios de innovación y desarrollo tecnológico.

También debe contemplar la introducción de formas de democracia económica en las empresas maduras, con incidencia de los trabajadores en la orientación y resultados de su actividad y con una fuerte limitación de la herencia de activos económicos, siempre siguiendo a Thomas Piketty.

Así, la alternativa a la privatización y mercantilización general de las actividades económicas y sociales, según postula el neoliberalismo, es el proyecto de transformación socializadora de la economía mediante el gobierno social y ecológico de los mercados. Este tipo de sociedad post-capitalista no tiene que ver con la centralización estatal a ultranza en manos de la dictadura de un partido único o de una dinastía como en Corea del Norte ni el dominio de un grupo sobre un Estado rentista y extractivista que desorganiza la economía y restringe las libertades como en el régimen de Maduro en Venezuela. Esas son caricaturas de los defensores del libre mercado y del capitalismo.

En conclusión, la superación del capitalismo no implica eliminar los mercados, sino restringirlos social y ambientalmente y hacerlos simétricos y competitivos en los ámbitos en que son útiles al incremento del bienestar de la sociedad. Ni tampoco eliminar las empresas con fines de lucro, siempre que estén sujetas a las regulaciones mencionadas, no concentren la economía ni se extiendan a los ámbitos sociales y personales en los que el lucro no debe existir. La finalidad del proceso de desplazamiento del capitalismo es aumentar gradualmente el bienestar equitativo y sostenible de la mayoría social. Pero eso ocurrirá o no según lo vayan determinando y permitiendo los consensos democráticos y las capacidades institucionales de las organizaciones estatales y económicas sin fines de lucro. No se hace por decreto ni de un día para otro.

¿Quo vadis socialismo democrático?

En El Mostrador

Las ideas y soluciones socialistas a los problemas de Chile ya no se impulsan demasiado por quienes debieran hacerlo. ¿De qué hablamos? De las soluciones orientadas a la satisfacción racional de necesidades humanas mediante diversas formas de acción colectiva, la estatal y la multiforme de la sociedad civil. Son las que no se limitan a ofrecer bienes y servicios a ser comprados por consumidores individuales según su poder adquisitivo y ofrecidos por empresas que solo buscan maximizar utilidades.

No obstante, en muchos temas actuales son las soluciones con mayor potencialidad para avanzar a un bienestar equitativo y sostenible, compatible con una economía dinámica. Hay que constatar que en el socialismo democrático institucional (el PS, el PPD, el PR y otros partidos que se reclaman de esa corriente de ideas) prevalece más bien desde hace ya lustros la discusión de parcelas de poder administrativo por sobre la discusión de ideas. No se conoce algún congreso programático reciente de ese sector, pues ya no parecen abundar los intelectuales, esas personas que tienen la manía de tratar de pensar los dilemas de la sociedad y que son siempre un tanto molestosos para las rutinas de las luchas de poder. Y lo son especialmente cuando ejercen el poder, porque se les ocurre nada menos que tratar de cambiar el curso de las cosas.

Por si a alguien le sirve, cito a Thomas Meyer, un intelectual de la socialdemocracia alemana: “Todas las teorías de un socialismo democrático representan un concepto igualitario de justicia, afirman el Estado constitucional democrático, luchan por la seguridad del estado de bienestar para todos los ciudadanos, quieren limitar la propiedad privada de una manera socialmente aceptable y socialmente integral, y regulan políticamente el sector económico”.

Agreguemos que ese espíritu igualitario implica una lucha frontal contra el patriarcado que corroe históricamente nuestras sociedades. Y que la regulación de la economía desde la esfera política implica proponerse, en beneficio de una economía mixta y de un Estado democrático y social de derecho, desplazar con rigor y persistencia el dominio del capitalismo sobre los mercados. El capitalismo financiarizado domina los mercados y concentra sistemáticamente los ingresos y la riqueza, subordina el trabajo y orienta el progreso tecnológico al servicio del lucro y el consumo no funcional, antes que a satisfacer de manera social y ecológicamente sostenible las necesidades humanas primordiales. Y por ello tiene al mundo inmerso en cada vez mayores desigualdades, así como incertidumbres y vigilancias tecnológicas y desarreglos climáticos y ambientales. Pero no hay que confundir capitalismo con mercados, que existen desde mucho antes que el capitalismo y que son indispensables para una asignación de recursos flexible y dinámica, siempre que sean debidamente regulados y no invadan, como quisiera el neoliberalismo rampante, las muchas esferas de la vida social en las que no deben existir.

Desplazar gradualmente el dominio capitalista hiperconcentrado de la economía requiere fortalecer una lógica de gobierno social y ecológico sobre los mercados. Y requiere reestructurarla, lo que debiera ser el consenso programático de todo socialismo democrático, mediante:

1) la reorientación de la producción hacia una mayor eficiencia y productividad pero con empleo decente y energías limpias;

2) la redistribución que asegure mínimos universales de condiciones de vida y límites a la desigualdad de ingresos y riqueza;

3) la protección social del riesgo de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos y el acceso universal a la educación de calidad;

4) la democracia económica, con participación de los trabajadores en la orientación y las utilidades de las empresas y una expansión de la economía social y solidaria en y al margen de los mercados;

5) La inversión en ciudades e infraestructuras verdes, en consumo saludable y en recuperación y resiliencia de los ecosistemas.

Las metas principales deben ser en Chile consagrar a la brevedad un orden democrático no intervenido por la oligarquía, disminuir la desigualdad al nivel de los países nórdicos en una década y alcanzar la carbono neutralidad hacia 2040. Y si alguien sostiene que eso no es realista, la respuesta es que el orden actual (una democracia no soberana y un régimen económico de carácter híbrido) no está basado en la naturaleza de las cosas sino en decisiones que resultan de las relaciones sociales de poder y moldean la historia de los países en un determinado sentido. Y que pueden ser modificadas por fuerzas que se lo propongan si construyen mayorías suficientes.

Muchos de los que se reclaman de la socialdemocracia o del socialismo democrático hoy día en Chile piensan que se debe hacer cualquier cosa menos concretar los objetivos citados. Algunos son derechamente liberales económicos y tal vez liberales políticos, de vez en cuando, porque esa es la ecuación que acomoda al poder oligárquico prevaleciente. Tienen bien poco que ver con los socialistas e izquierdistas democráticos, socialdemócratas, libertarios, cristianos progresistas, feministas y ecologistas que conforman la izquierda plural no ortodoxa de ayer y de hoy. Los de distintas generaciones debieran reagruparse poco a poco si es que privilegian objetivos comunes.

La radicalización de la derecha

 En La Nueva Mirada

La oposición ha entrado en una espiral de radicalizaciones que le está haciendo daño a ella y al país. Excedió toda dimensión de sensatez básica la pretensión de que el presidente no viajara a la cumbre entre la Unión Europea y América Latina, como si el mundo no existiera (recordemos que somos apenas el 0,25% de la población del orbe) y una tarea primordial del presidente no fuera representar al país en el exterior precisamente en eventos como éste. La oposición roza aquí el intento puro y simple de inhabilitar la función presidencial, un despropósito en sí mismo, pero que además se hace en detrimento de los intereses nacionales.

¿El argumento?: los traspasos de recursos públicos a fundaciones que están bajo investigación, en las que el presidente no tiene nada que ver y que tienen encaminado su curso político, administrativo y judicial. La oposición busca mantener a toda costa sus focos de demolición de imagen sobre los ministros Jackson y Montes. Éstos, en el peor de los casos, no son responsables de nada distinto que una falta de supervisión suficiente en situaciones específicas, en una dimensión en que ninguna autoridad de ese nivel puede estar encima de todas las actuaciones de la administración. Por supuesto deben corregirse de inmediato los errores, faltas o delitos que se detecten y sancionar a los responsables. La responsabilidad administrativa la ejercen las subsecretarías y otras autoridades de menor jerarquía, que si fallan deben ser reemplazadas, como ha venido ocurriendo. Lo demás es tarea de los órganos de control, que no estuvieron muy diligentes, y del poder judicial, si es del caso. El presidente no puede estar cambiando a sus ministros cada cinco minutos por cada hecho reprochable de algún miembro de la administración, aunque debe actuar de manera rápida y firme, lo que ha sido el caso en la remoción de dos secretarios regionales ministeriales y de la subsecretaria de Vivienda.

La acusación constitucional contra el ministro de Educación, por su parte, no tenía ningún sentido, pues era una mera crítica a su gestión, que amerita una o varias interpelaciones parlamentarias, como es propio del debate democrático, pero no una destitución y prohibición de ejercer cargos públicos por 5 años. En cambio, se avizoraron rasgos de homofobia y discriminación en las justificaciones de la oposición, que debían rechazarse sin concesiones, como ocurrió, pues eso sí que está prohibido por la constitución (art. 19 nº2: «Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias«).

La acusación constitucional contra el ministro Ávila fracasó por una diferencia de 9 votos, en buena hora. Detrás estaba la estrategia de crear un ambiente de ingobernabilidad que anule la gestión del presidente Boric. Esto explica la actitud tan descalificadora de la UDI y RN respecto a los dos diputados de Evópoli que rechazaron la acusación porque no veían en qué el ministro de Educación había violado la constitución. También votó en contra el diputado UDI Joaquín Lavín. Esto sumó tres votos de Chile Vamos que no se alinearon con la derecha dura. Sin embargo, no definieron la votación.

El rechazo ocurrió porque a las por fin alineadas fuerzas de gobierno se sumaron la DC y sectores que han renunciado a ese partido, más algunos votos independientes, que mantienen sus críticas al ministro y al gobierno pero distinguen la crítica política legítima de una destitución con graves consecuencias. Es de lamentar, en cambio, que Pamela Jiles se haya alineado otra vez con la derecha, luego de rechazar en marzo la idea de legislar la reforma tributaria, por mera animadversión contra el presidente y el gobierno.

Pero es desconcertante que en el proceso el ministro de Educación sostuviera que «jamás los ministros firman convenios asociados a las alimentaciones«. Eso es verdad, pero nombran a quien lo hace. El ministerio de Educación debe ejercer una supervigilancia directa y cotidiana sobre un órgano como la JUNAEB, que administra un gran presupuesto a través de licitaciones a privados de muy altos montos. Ha parecido como que el ministro no tiene nada que ver con esta entidad, lo que es un error. Su política debe ser conducida bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación. El ente funcionalmente descentralizado debe ejecutarla, con una responsabilidad administrativa que recae en la dirección de la JUNAEB. Pero no olvidemos que reparte millones de raciones de alimentación a los escolares todos los días y simplemente no puede manejarse por su cuenta, como, por lo demás, tampoco ningún otro órgano del Estado.

Las autonomías administrativas mal entendidas, carentes de conducción ex ante y de control ex post suficientes, son las que han llevado a desfalcos gigantescos en Carabineros, las Fuerzas Armadas y diversos órganos del Estado y ahora a convenios con fundaciones de reciente creación que han sido legítimamente cuestionados en su fundamento, discrecionalidad y falta de control.

Finalmente, las derechas, que dominan el Consejo Constitucional, se acercan a un pacto para proponer aumentar el cerrojo de los quórum constitucionales y de ley, volver al Tribunal Constitucional como tercera cámara que bloquee leyes aprobadas, retroceder respecto al acuerdo de 1989 sobre la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos sobre la legislación interna, limitar el derecho a huelga, prohibir el aborto, reforzar la privatización de los sistemas de salud y de seguridad social y no permitir la derogación de leyes, entre otros temas. Tienen la mayoría necesaria en el Consejo Constitucional para aprobar estos temas.

Ya caben pocas dudas que las fuerzas de gobierno deben reaccionar frente a la ofensiva de la derecha y la extrema derecha y preparar el rechazo a la propuesta del Consejo Constitucional en diciembre. Tal como se avizora, será un retroceso democrático manifiesto respecto a lo existente. Lo importante es preservar el quórum más bajo posible de reforma constitucional, como el de 4/7 vigente desde agosto de 2022, para seguir avanzando, aunque sea mediante futuras reformas parciales, a un Estado social y democrático de derecho (ver https://www.revistas.usach.cl/…/article/view/6111/26004488) que haga posible que Chile avance hacia más libertad, justicia y sostenibilidad.

La urgencia ambiental

 En El Mostrador

Aunque muchos países, sectores sociales y territorios requieren de crecimientos de sus bases productivas y de la generación y distribución equitativa de ingresos adicionales, el crecimiento como convergencia con los niveles de vida de los países industrializados de altos ingresos no es compatible con el carácter finito de los recursos naturales y de los componentes de la biosfera.

El carácter superdepredador de las sociedades humanas guiadas por la maximización del beneficio ha terminado por tener graves consecuencias. El orden económico-social dominante se organiza para la acumulación ilimitada de capital y el consumo no funcional, en base al uso extensivo de combustibles fósiles y de recursos extraídos de los ecosistemas, con fuertes consecuencias climáticas y de disminución de la biodiversidad que han sido advertidas por los científicos más calificados del mundo desde hace décadas.

Así, el modo de funcionamiento económico predominante ha llevado a una situación de transgresión de límites ecológicos planetarios y a la disminución de los servicios de una gran cantidad de ecosistemas en todas las zonas del mundo. De acuerdo a la recientemente publicada actualización de los trabajos de un amplio grupo de científicos encabezados por Johan Rockström, existen procesos biofísicos o sistemas que enfrentan límites planetarios crecientes y que requieren de una reversión en diversos grados en plazos breves. Estos son:

– el clima

– la integridad funcional de la biósfera

– los ecosistemas naturales

– el agua de superficie

– las aguas profundas

– los nutrientes (nitrógeno y fósforo)

– la contaminación por aerosoles

– nuevas entidades (microplásticos, químicos, antibióticos, desechos radioactivos, metales pesados) y otros contaminantes del agua y el aire.

El cambio climático y la integridad de la biosfera constituyen el “núcleo de los límites planetarios” y su alteración puede llevar a un nuevo estado del sistema tierra que dificulte considerablemente la satisfacción de necesidades de supervivencia en múltiples sociedades humanas.

La actualización de 2023 cuantifica los umbrales para cada uno de estos problemas que no deberían sobrepasarse para que el sistema terrestre sea seguro y justo para la humanidad actual y para las generaciones futuras. Siete de ellos ya han sido sobrepasados en todo o en amplias zonas del planeta. Pero es importante constatar que la acción colectiva correctora produce resultados: en el tema del “agujero en la capa de ozono troposférico” se diagnostica que la humanidad fue capaz de resolver el problema a tiempo.

Este no ha sido aún el caso de las emisiones de los seis gases que inducen un efecto invernadero en la atmósfera, el principal de los cuales es el dióxido de carbono que proviene de la quema de hidrocarburos. Estos están provocando un aumento de las temperaturas que puede llevar a frecuentes eventos climáticos catastróficos si se supera la temperatura promedio en 1,5º respecto al nivel preindustrial, lo que puede ser evitado si se avanza en la reducción de emisiones hasta el punto en que sean absorbidas por los ecosistemas (la llamada carbono neutralidad) antes de 2050.

El planeta se ha calentado ya en alrededor de 1,2°C por encima de los niveles preindustriales (la información actualizada sobre las afectaciones al medioambiente se encuentran en la World Environment Situation Room de Naciones Unidas). Esto está produciendo de modo visible olas de calor, incendios forestales y tormentas e inundaciones inusuales. En algunas regiones bajas, los niveles del mar ya están obligando a las poblaciones a desplazarse. Las recomendaciones de los científicos muestran que sigue habiendo una diferencia considerable entre 1,2 °C y 1,5 °C, y todavía más entre 1,5 °C y 2 °C. Todavía es posible llegar a fin de siglo con un aumento de la temperatura promedio en un nivel incluso por debajo de 1,5 °C, lo que exige reducir las emisiones a la mitad hacia 2030. Y supone que hacia esa fecha los países de la OCDE dejen de quemar carbón, y en 2040 el resto, y luego hacer lo propio con el gas hacia 2045.

El gobierno ha ido dando pasos para una meta ambiciosa: ponerse a la vanguardia del crecimiento de las energías verdes y sus nuevas tecnologías, incluyendo el hidrógeno verde. Chile puede transitar con más rapidez a la electrificación de la producción, las viviendas y oficinas y el transporte y el fin del uso del carbón. Esto supone resolver a la brevedad los problemas regulatorios que persisten y crear incentivos adicionales. No debe perderse un segundo en resolver el atraso acumulado en la inversión en los sistemas de transmisión y almacenamiento y en los sistemas local y domiciliarios distribuidos de generación eléctrica, que no pasan por los grandes sistemas de transmisión. Estos esfuerzos por el lado de la oferta no deben olvidar, a su vez,  la promoción de los cambios cívicos y culturales necesarios para transitar a consumos más austeros en el uso de energía y con menor carga sobre los ecosistemas.

¿Está en crisis el proyecto de la izquierda?

 En la Mirada Semanal

Diversos comentaristas no muy sustantivos suelen declarar recurrentemente en crisis el proyecto de sociedad de la izquierda, en el mejor de los casos en situación “compleja”. Sumarse a una especie de espiral a la baja de la autoestima parece, además, ser la condición para obtener una repercusión mediática. Pero esa supuesta crisis es más que debatible. Cabe partir por despejar un equívoco y dos falacias.

El equívoco es que el proyecto de la izquierda es entendido por algunos como el diseño abstracto de la «mejor sociedad» por algún filósofo moral de gran valor intelectual, del que el resto debe constituirse en seguidor dogmático e incondicional (dicho sea de paso, Karl Marx, porque supongo los lectores estarán pensando en él, fue un pensador impresionante que se negó a tener seguidores dogmáticos y declaró expresamente que “lo único que sé es no soy marxista”, pues ningún pensamiento crítico puede aferrarse al sistema de ideas de una persona históricamente situada). Es, en cambio, un proyecto de construcción racional de «una sociedad mejor» en un sentido equitativo y libertario, y ahora también ecológico, en la que prevalece el interés social por sobre el interés particular, sin perjuicio de la garantía de derechos individuales, civiles y políticos universales, que es más o menos lo que se conoce como socialismo basado en la institucionalidad democrática. Los sujetos de ese proyecto son quienes se oponen a explotaciones y subordinaciones ilegítimas y suele incluir a una parte significativa de quienes viven de su trabajo o mantienen una integración precaria en la vida social, así como buena parte del mundo de la cultura, cuya creación no está sujeta a los “límites de lo posible”. Ese proyecto se expresa históricamente en movimientos que han demostrado tener durante más de dos siglos una gran persistencia y evolucionan de acuerdo a las condiciones históricas. Sus “puntos de llegada” u horizontes utópicos y sus derroteros son siempre diversos y no admiten ser dirigidos por algún centro. Tienen como fuente de riqueza, y en ocasiones de conflicto, la diversidad de visiones y opiniones entre las fuerzas que los anidan, sin perjuicio que es consustancial a la izquierda reconocer la universalidad de la condición y de la dignidad humanas y de los valores igualitarios y libertarios que la sustentan. Es, a ese título, internacionalista, lo que no le impide mantener y valorar sus raíces en cada sociedad y cultura.

Luego, la primera falacia a rebatir es que la izquierda estaría en crisis porque deriva inevitablemente hacia regímenes despóticos. El despotismo hunde sus raíces en la historia universal y acompaña a las sociedades desde que se estratificaron al salir de la etapa cazadora-recolectora. Y hoy hay efectivamente regímenes despóticos -un 54% de la población sigue viviendo bajo regímenes autoritarios o híbridos según el índice de The Economist– que se reclaman de las más diversas ideologías, incluyendo el socialismo.

Dar por válida esa auto-identificación -aunque no faltan los que llegan a considerar socialista la dinastía norcoreana o la configuración civil/militar rentista en el poder en Venezuela o la dictadura familiar de Ortega en Nicaragua – simplemente no involucra a los que siempre han considerado que el socialismo no es el Estado omnipresente, ni menos la dictadura de un partido, de un grupo o de una persona, sino la emancipación del trabajo asalariado de la explotación y la subordinación por el capital y la emancipación de la mujer del patriarcado, junto a la más amplia participación democrática y plural desde la base social hasta instituciones representativas elegidas. Esto es lo distintivo de la izquierda desde la primera socialdemocracia en Europa y luego diversos partidos laboristas, socialdemócratas, euro y latinocomunistas y nacional-populares que han hecho de la democracia su espacio de acción política. Y que sostienen que las sociedades burocrático-autoritarias son un modelo a rechazar de plano, pues mantienen explotaciones y subordinaciones bajo otra forma, en ocasiones más aguda, como ocurrió con la deriva estalinista de la revolución rusa. Aunque el récord de la Unión Soviética en materia de aumento de largo plazo del PIB fue positivo, a pesar de su estancamiento y derrumbe final, y la humanidad le debe buena parte de la derrota del nazismo en la segunda guerra mundial, la caída de la URSS no significó ninguna crisis para los que siempre han sido críticos de los despotismos. Esto incluye aquel basado en la estatización general de la economía y la asignación centralizada permanente de los recursos.

Paul Mattick (1969) afirmó que «hay naturalmente diferencias entre el capitalismo de empresas privadas y el capitalismo de Estado. Pero involucran a la clase dominante, y no a la clase dominada, cuya posición social permanece idéntica en los dos sistemas«. Para Charles Bettelheim (1974), “una serie de relaciones sociales características de la antigua Rusia no ha sido destruida. De ahí las sorprendentes semejanzas entre la Rusia de hoy y la ‘Santa Rusia’».  Cornelius Castoriadis (1981) concluye que "la presentación del régimen ruso como ‘socialista’ -o como teniendo alguna relación con el socialismo- es la mayor mistificación conocida de la historia".

En el caso de Chile, este es el enfoque existente desde el programa del Partido Socialista de 1947 redactado por Eugenio González (“la trágica experiencia soviética ha demostrado que no se puede llegar al socialismo sacrificando la libertad de los trabajadores, en cuanto instrumento genuino de toda creación revolucionaria y garantía indispensable para resistir las tendencias hacia la burocratización, la arbitrariedad y el totalitarismo (…) del todo ajenas al sentido humanista y libertario del socialismo”), los textos de Raúl Ampuero de los años 1960, la tesis de Salvador Allende de la vía chilena al socialismo y los postulados de la renovación socialista de los años 1980. Esta última -como se puede observar en mi libro de Conversaciones con Alfredo Joignant- se inspiró de los textos críticos de autores como Janos Kornaï, Marie Lavigne o Alec Nove. Para la ortodoxia estalinista, en cambio, esto ha supuesto un problema grande, pero le atañe solo a ella.

La segunda falacia a rebatir es que el mercado es el capitalismo y ha triunfado por doquier, mientras la supresión del mercado es el socialismo. En realidad, el capitalismo es aquel sistema económico basado en la acumulación ilimitada de capital (Immanuel Wallerstein). No es ser pro-capitalista sostener desde la izquierda que los mercados regulados deben ser parte de la asignación de recursos en una sociedad igualitaria y sostenible. La idea que el capitalismo es el mercado no da cuenta que existieron mercados milenios antes que existiera el capitalismo ni de distinciones como las del gran historiador Fernand Braudel. Un primer piso de la economía es el de los intercambios no mercantiles y de la esfera doméstica, local y comunitaria, de gran importancia en la vida cotidiana, que en muchos países se proyecta hacia la economía social y solidaria. Un segundo piso es el de los mercados de bienes y servicios competitivos, con intercambios monetarios descentralizados múltiples, que requieren de regulaciones estatales para su buen funcionamiento, pero son indispensables para la coordinación de miles de decisiones cotidianas de producción y consumo en cualquier economía compleja. El desafío no es su supresión, sino que la participación en ellos pueda hacerse sin asimetrías sustanciales de poder entre sus actores. Debe existir un amplio espacio para el funcionamiento de mercados regulados social y ecológicamente.

El tercer piso económico es el del capitalismo propiamente tal, el de la acumulación ilimitada y concentrada de capital, que opera con amplias economías de escala, se apropia del conocimiento y de la innovación tecnológica en cadenas globales de valor y de los excedentes de los asalariados y de los productores sin poder de mercado, apoyada en estructuras financieras y en barreras a la entrada de amplia magnitud y asimetrías de poder generalizadas. No es sumarse a neoliberalismo alguno y no forma parte de crisis alguna del proyecto de la izquierda afirmar que la economía no debe ser estatal en todos los pisos económicos, sino que debe serlo en aspectos regulatorios y en determinados ámbitos productivos y de provisión de bienes básicos para impedir el dominio del tercer piso capitalista.  Como tampoco lo es constatar que el capitalismo domina la economía mundial y que, por tanto, es insoslayable buscar espacios autónomos de política y articulaciones externas para obtener una inserción en la división internacional de la creación de valor con al menos aspectos mutuamente beneficiosos. En efecto, la especialización según ventajas comparativas que promueven los liberales no permite las sinergias productivas y tecnológicas indispensables para un crecimiento endógeno que no se limite a producir materias primas. Esto evidentemente no es tarea fácil para países pequeños y sin poder global como el nuestro (producimos apenas el 0,35% del PIB mundial con el 0,25% de la población), pero la dificultad no es lo mismo que la inviabilidad. 

Al mismo tiempo, la pretensión neoliberal de someter los bienes públicos al mercado, especialmente en materia de salud, pensiones, educación y urbanismo, debe seguir siendo rechazada de plano, lo que no hace la corriente social-liberal tan activa en la crítica a la izquierda. Debilitar el Estado de bienestar fue lo que sostuvo el social-liberalismo a la Giddens-Blair-Shroeder y sus discípulos chilenos, en nombre de la competitividad en la globalización a ser preservada flexibilizando las relaciones del trabajo y fortaleciendo la educación utilitaria. Esto traería más bienestar que el modelo socialdemócrata propiamente tal, el de tipo nórdico o europeo continental, lo que resultó ser una falacia con malos resultados productivos y distributivos. La evidencia muestra que los grupos sociales subordinados están en una mejor posición absoluta (niveles de ingreso y acceso a bienes y servicios) y relativa (nivel de desigualdad respecto a los grupos de altos ingresos) en la actualidad en economías de tipo mixto con sindicatos protagonistas de una negociación colectiva amplia de las condiciones de trabajo y elevados sistemas de tributación-transferencias, especialmente las nórdicas y otras europeas. Esto ha sido fruto de décadas de esfuerzos productivos y sociales y de avances, retrocesos y adaptaciones. Se trata de economías que han mantenido niveles salariales altos y sistemas de redistribución de ingresos y amplios servicios públicos sin que eso afecte su competitividad internacional. Esta articulación entre Estado, sociedad, mercados y economía mundial permite a los peor situados acceder a un mayor bienestar que el prevaleciente en los países del capitalismo salvaje, incluyendo una de las economías de más alto PIB por habitante como la de Estados Unidos (ver los indicadores de la OCDE y del PNUD).

Por su parte, la superación reciente más rápida y vasta de la condición de pobreza absoluta de la mayoría de la población es la experimentada por China desde la década de 1980, que es una economía híbrida con mercados enmarcados centralmente por el Estado.

¿Cuál es entonces el proyecto de la izquierda? Uno que articula una tríada: democracia (paritaria)/Estado social/producción con trabajo decente e igualdad de género y ambientalmente responsable, cuya meta es alcanzar un bienestar equitativo y sostenible en relaciones sociales sin dominación ni diferencias injustas. Y que lo hace con diferentes mediaciones entre Estado, mercados y sociedad civil y combinaciones de formas de propiedad y de asignación de recursos. ¿Ejemplos connotados en el siglo XX? Los países nórdicos, más allá de las alternancias políticas periódicas. ¿Ejemplos contemporáneos recientes de avances de la tríada de la izquierda? La España del PSOE-Podemos, la Nueva Zelandia de Ardern, el Uruguay del Frente Amplio y diversos otros casos, incluyendo avances autónomos de iniciativas sociales en los países dominados por la esfera capitalista, con ejemplos como Wikipedia o los sistemas informáticos cooperativos abiertos tipo Linux. ¿Modelos listos para armar? Ninguno.

La lenta construcción y consolidación de esa tríada es un proceso histórico de largo aliento. No proviene de crisis paroxísticas, sino que está llamado a marcar el funcionamiento de las sociedades cuando adquiere suficiente consistencia y amplitud, sin perjuicio de la permanente adaptación/conflicto con la esfera de la acumulación globalizada de capital. Muchas de las sociedades de mayores ingresos, incluyendo Estados Unidos, tienen componentes de esa tríada y un gasto público amplio (40% o más del PIB, ver OCDE), que incluye la socialización de una parte de los ingresos de las familias, lo que nada tiene que ver con el capitalismo de inicios del siglo XX (10% del PIB).

El debate actual en materia de Estado de bienestar subraya que debe ser un mecanismo crecientemente efectivo de redistribución de ingresos vía mejores sistemas de impuestos-transferencias, de preservación de la capacidad de negociación y protección de los trabajadores y de cobertura estatal de los riesgos de cesantía, vejez sin ingresos y enfermedad y accidentes, junto a una educación universal integradora. Nada sería más absurdo que dejar de plantearlo como parte sustancial de la plataforma de la izquierda, con un énfasis en la «predistribución» más que en la más clásica «redistribución» (ver Blanchet y otros).

La mirada larga nos indica que, siguiendo a Piketty (2021), «la marcha hacia la igualdad existe desde fines del siglo 18, con la revolución francesa y la revuelta de los esclavos de Santo Domingo que marcan el inicio del fin para las sociedades de privilegio y las sociedades esclavistas (…) El Estado social ha funcionado muy bien. El fortalecimiento del Estado social ha producido más igualdad y ha sido también una de las claves de la prosperidad«. El debate actual incluye el fortalecimiento de un Estado social que debe ser también más activamente orientador de la producción al servicio del bienestar equitativo y sostenible, que hace decrecer la depredación social y ambiental y expande los ingresos y el empleo decente de la mayoría social. Este requiere de otra tríada: 1) una economía mixta que incluya un sector de empresas de economía social y solidaria llamadas a ocupar espacios crecientes en la provisión de servicios y productos ecológicos de cercanía, empresas privadas de pequeña escala, empresas de mayor tamaño articuladas a los mercados mundiales pero reguladas y sujetas a fuertes medidas de desconcentración, a participación salarial en las utilidades y en la propiedad y a reglas de herencia limitada de las grandes fortunas, y empresas transnacionales sujetas a reglas sociales y al pago de regalías de acceso a recursos y operaciones de montos apropiados y con control público efectivo; 2) una tributación combinada a los ingresos, a la propiedad y a las transacciones al menos del nivel medio de la OCDE, que permita financiar los bienes públicos y servicios sociales que garanticen niveles y calidad de vida básicos y la expansión y preservación de los bienes comunes; 3) el uso de las rentas de los recursos naturales y de las rentas de monopolio para invertir en I+D y en diversificación productiva industrializadora. Esto deberá traducirse en Chile en usar esos recursos, eventualmente en asociación con privados, para invertir en producciones sanitarias frente a rupturas de las cadenas globales como las vividas con la pandemia de COVID-19, en fundiciones e industrias de transformación en el cobre, en usos industriales del litio, en las variadas energías renovables, en estimular la agricultura, la pesca y la explotación forestal desconcentradas y ecológicamente sostenibles, junto a servicios básicos y de transporte accesibles y una generación de energía distribuida y descentralizada. Esto no se logrará de un día para otro, pero un Estado de bienestar socialmente protector y productivamente activo estará en condiciones de transformar la economía chilena en una dirección más dinámica y con mayor productividad que la actual, estancada y sin perspectivas de no mediar un impulso inversor de gran escala. Estos elementos estuvieron presentes en los programas de Apruebo Dignidad y de la socialista Paula Narváez en 2021, pero la ausencia de mayoría parlamentaria del gobierno de Gabriel Boric y el ascenso de la extrema derecha y de la «agenda de seguridad» han bloqueado o retrasado los avances programados, a pesar de logros como la jornada de 40 horas y los aumentos del salario mínimo y de la pensión pública solidaria.

Una cosa son las dificultades políticas del actual gobierno y las circunstancias de su coalición, pero no se observa que las ideas de la tríada contemporánea de la izquierda de democracia/Estado social/producción sostenible estén en crisis. Responden mejor a los desafíos del país y a los desafíos ambientales globales, pues son mucho más poderosas y realistas que las de un libremercadismo sin norte en un mundo en cambio acelerado. El tiempo del neoliberalismo -asumido por convicción, adaptación o resignación en el pasado- ya terminó fruto de su propio agotamiento en la capacidad de resolver los desafíos actuales.

Y si, en el corto plazo, el capitalismo globalizado y los Estados débiles destruyen todavía más las identidades colectivas, aumentan las inseguridades que alimentan los miedos y el racismo y favorecen a la extrema derecha en la esfera política, lo que cabe es persistir en la idea que la tríada de la izquierda moderna garantiza muchas más seguridades básicas e integración social que las sociedades capitalistas neoliberales, en vez de declarar a la izquierda en una falsa crisis.

Siempre los impuestos

 En La Tercera 

Desde 1990 se discute en Chile sobre impuestos. El gran empresariado y la derecha sostienen que aumentarlos lesionaría el crecimiento y que se podría terminar recaudando menos. Las centroizquierdas e izquierdas sostienen que impuestos bien aplicados y gastados no solo mejoran la situación de los más necesitados y la equidad general sino que no lesionan e incluso estimulan el crecimiento.  Este efecto positivo más que compensaría eventuales impactos negativos del impuesto a la renta o al patrimonio -que se supone son los impuestos que más desalientan la inversión o el trabajo- cuando los ingresos se emplean en mejorar bienes públicos como las infraestructuras, el desarrollo tecnológico, la educación, la salud o la cobertura social de riesgos, lo que además aumenta la cohesión social. 

Los dos tipos de argumentos se apoyan en una amplia literatura especializada y en los hechos históricos, en lo que las actuales fuerzas de gobierno llevan una amplia ventaja. En efecto, ni las bajas de impuestos han generado en ninguna parte más recaudación ni se ha producido un crecimiento adicional cuando se mantienen impuestos bajos.  Al revés, las etapas de más alto crecimiento se han producido en promedio en la OCDE con impuestos altos y crecientes, como han mostrado los trabajos de Piketty y otros, mientras algunos países han vivido secuencias rápidas de aumentos de los impuestos y contribuciones obligatorias sin efectos negativos sobre el crecimiento y con mejorías en el bienestar de las mayorías, en etapas en que su PIB por habitante era similar o inferior al de Chile. 

La postura reciente de la CPC, por su parte, no tiene asidero. El ministro Marcel ha recalcado que un crecimiento adicional del 1% en el PIB aportaría mayores ingresos fiscales de unos US$600 millones, mientras solo el aumento de la PGU, la reducción de listas de espera en los hospitales y la sala cuna universal sumarían unos US$7,5 mil millones, para lo que habría que crecer al menos al 12%. Por ello ha contestado a la cúpula empresarial que “el potencial de generación de mayores ingresos fiscales a través del crecimiento y ganancias de eficiencia no es suficiente para financiar dichos gastos en las magnitudes y plazos requeridos, lo que hace necesario que se complementen con una reforma tributaria, cuya magnitud y contenido debería resultar del mismo proceso de diálogo en torno al pacto fiscal.”

El tema se zanjó en el pasado con reformas pequeñas, centradas en impuestos indirectos, proporcionalmente pagados en mayor magnitud por los ingresos bajos, o en mayores tasas del impuesto a las utilidades. En realidad, Chile necesita que paguen más impuestos las personas de muy altos ingresos y patrimonios y que se paguen las regalías del cobre que corresponden (la ley aprobada terminó recaudando una quinta parte de lo que debiera haber sido). Esto no va a paralizar ni la inversión ni el empleo y permitiría ampliar la inversión pública, la construcción de vivienda, las pensiones, la atención de salud, el cuidado y la educación y la protección de la infancia, entre otras necesidades sociales urgentes. Cualquier otra cosa es esquivar la tarea de hacer más equitativa la sociedad chilena y la de no seguir regalando una parte importante de los ingresos de sus recursos naturales.

Las visiones contrastadas de la historia

 En El Mostrador

Nuestra sociedad sigue inevitablemente procesando los aspectos más difíciles de su historia reciente, especialmente en una fecha tan simbólica como los 50 años del golpe de Estado de 1973. Las nuevas generaciones se preguntan, con toda razón, qué pudo haber causado un crisis de tanta gravedad y con resultados tan violentos. Las respuestas nunca serán obvias y tendrán inevitablemente aspectos controvertidos. Seguir buscándolas será en cada etapa de la vida democrática plenamente pertinente, pues de otro modo no se podrán extraer las lecciones que eviten cualquier repetición de una crisis de esa naturaleza.

Como ha señalado el Presidente Boric, uno de los aportes iniciales que perduran en ese sentido es el libro-testimonio de Joan Garcés, Allende y la experiencia chilena: las armas de la política, de 1976, reeditado por Siglo XXI en 2013. También lo es el libro de Arturo Valenzuela, El quiebre de la democracia en Chile, de 1978, en el que se resalta, como señala la presentación de la edición del libro por la UDP de 2013, “la primacía de los factores políticos por sobre los económicos en el colapso de la institucionalidad en 1973, planteando por primera vez la tesis de que, más allá de la actuación de las fuerzas radicales, fueron la erosión del centro político y la politización de las instituciones supuestamente neutrales los elementos que más influyeron en el derrumbe de la democracia chilena y el largo período dictatorial que le siguió”.

Daniel Mansuy ha publicado recientemente un texto que hace, desde el punto de vista conservador, una aproximación que busca ser intelectualmente honesta a la crisis de 1973. Es debatible tanto en su enfoque general como en diversos aspectos específicos, como no puede ser de otra manera, pero contrasta notoriamente con la falta de perspectiva de la representación política actual de la derecha.

La secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, llegó a sostener hace un tiempo que “hubo mucha gente que sufrió de lado y lado, en eso tenemos que cambiar la actitud. Si yo le empiezo a decir lo que pienso y todas las barbaridades que hizo Salvador Allende, creo que no nos vamos a encontrar”. Fue consultada sobre si son “equiparables las barbaridades de Salvador Allende con las de la dictadura”, y Hoffmann contestó que “son bastante equiparables, diría yo”.

Una persona con responsabilidades públicas está introduciendo una distorsión histórica de grandes proporciones. Una cosa son políticas que atacaron intereses dominantes para procurar dignificar la condición de los trabajadores y campesinos, mejorar la alimentación de los niños, subir los salarios y redistribuir los ingresos, nacionalizar el cobre, culminar la reforma agraria y constituir un área de propiedad social, todo lo cual es muy debatible en sus finalidades y temporalidades e implicaba una polarización de la sociedad, pero se llevó a cabo en democracia, con garantías constitucionales, elecciones libres, separación de poderes y plena libertad de prensa y reunión, las que estaban plenamente vigentes el martes 11 de septiembre de 1973.

En ese día, por lo demás, el Presidente Allende anunciaría un plebiscito para dirimir el conflicto político y evitar un quiebre institucional. Se podrá decir lo que se quiera sobre las supuestas intenciones de la izquierda, el congreso socialista de 1967 y tal cosa u otra en la lógica de las campañas apocalípticas sobre las supuestas intenciones de la Unidad Popular de someter el país a Moscú, con plan Z incluido, pero la estricta e indesmentible realidad es la plena vigencia de las libertades y derechos desde el primer hasta el último día del Gobierno del Presidente Allende. Y todo esto en medio de atentados cotidianos de la extrema derecha, ayudada por miembros de los servicios de inteligencia de la Armada, según se ha documentado posteriormente. Esto incluyó la bomba puesta en la casa de mi familia –mi padre era ministro de Planificación del Presidente Allende– por Patria y Libertad el 2 de septiembre de 1973 y que por segundos no me costó la vida.

Otra cosa muy distinta es un golpe de Estado que partió bombardeando La Moneda, con el Presidente en su interior defendiendo la dignidad republicana de las instituciones hasta dar su vida. Golpe de Estado cuya finalidad expresa fue, en palabras de Gustavo Leigh, “extirpar el cáncer marxista”, es decir, masacrar a la mayor parte de los dirigentes de los partidos de izquierda, reprimir y castigar a los que gobernaban y someter por la violencia y el terror a los chilenos y chilenas que dieron el 44% de los votos a la izquierda en marzo de 1973. Esto incluyó campos de concentración, proscripciones y persecuciones, allanamientos masivos, torturas, violaciones y vejaciones de cuerpos, asesinatos, desapariciones de restos (en diversos casos en dos ocasiones), cárcel, exilio y una dictadura de 17 años con “metas y no plazos”, nada de lo cual existió ni por asomo bajo el Gobierno del Presidente Allende.

Permanece en Chile, desgraciadamente, una derecha con una distorsión de perspectiva sobre la base de una irracional teoría del empate que es ética y factualmente insostenible. Que la señora Hoffmann aluda a sus familiares militares como factor de adhesión obligada a la dictadura es también grave, pues muchos militares no fueron ni golpistas, ni torturadores ni asesinos. Hubo insignes mandos constitucionalistas como los generales Schneider y Prats, mientras dos de los cuatro comandantes en Jefe en ejercicio el 11 de septiembre se opusieron al golpe y fueron destituidos por su consecuencia democrática, el almirante Montero y el general Sepúlveda Galindo.

Otros lo fueron en distintas etapas anteriores y posteriores, como los generales Pickering y Sepúlveda del Ejército, los generales Poblete y Bachelet de la Fuerza Aérea, estos últimos presos y torturados, el capitán Araya de la Marina, asesinado por la extrema derecha, junto a muchos oficiales, soldados y marineros. Su memoria de hombres de armas comprometidos con la democracia y con la subordinación al poder civil solo merece respeto y consideración, en contraste con la felonía de los golpistas y la virulencia de sus aliados civiles, que no dudaron en configurar un régimen de violencia para permanecer indefinidamente en el poder.

El hecho es que una casta militar de oficiales oportunistas se alió a la oligarquía dominante tradicional, a la que sirvieron por casi dos décadas. ¿El resultado? Graves y prolongadas violaciones a los derechos humanos y una enorme concentración de la riqueza. La UDI pasó de protagonista de la dictadura –en tanto alianza del gremialismo y los Chicago Boys– a la representación meticulosa y sin desmayo, ni mayor disimulo, de los intereses oligárquicos.

En efecto, se niega hasta hoy, y también la nueva extrema derecha, a que los más ricos paguen más impuestos, que los trabajadores puedan negociar con instrumentos efectivos los salarios en las empresas o que las isapres, las AFP y las escuelas y universidades privadas dejen de lucrar a costa de la mayoría. Es el sector político heredero de un “modelo” que considera exitoso, pero que otros pensamos fue dictatorial, injusto, desigual e ineficaz. La economía ha sido usada para intentar validar históricamente un régimen que simplemente no tiene justificación para quien tenga alguna convicción democrática. A los que no tengan esas convicciones, cabe decirles que la dictadura tuvo un peor desempeño económico que el obtenido en democracia. Ahí están las cifras para quien quiera consultarlas.

Como se observa, lo que sigue en juego es el gran dilema de la sociedad chilena: el interés general o la ley del más fuerte, la justicia social (y hoy también la justicia ecológica) o el sálvese quien pueda del individualismo negativo que favorece a los poderosos, ese que encarnan la derecha y la extrema derecha. Para sostener sus fines, este sector sigue intentando distorsionar políticamente la historia, cuyo juicio no le es exactamente favorable.

Economía: hacia al sobreajuste

En La Nueva Mirada

En el trimestre febrero-abril, último para el cual hay información, se registró un punto de inflexión, pues la actividad cayó en -0,2% respecto al trimestre previo, en términos desestacionalizados, después de tres trimestres móviles de crecimiento. Las remuneraciones reales se estancaron en el mismo trimestre por segunda vez consecutiva. La nota positiva fue el crecimiento de 1,9% en el empleo, aunque el empleo asalariado formal retrocede desde principio de año. El problema es que con la producción cayendo, el empleo terminará también por caer.

Hemos sido hasta recientemente unos pocos los que hemos sostenido que provocar una recesión en 2023, después de hacer caer la actividad en los tres primeros trimestres de 2022, es inútil y lesivo (ver por ejemplo hace más de un año https://gonzalomartner.blogspot.com/…/es-necesaria-una…). Aunque los datos del primer trimestre permitían albergar alguna esperanza de resiliencia de la economía frente a la política monetaria restrictiva, los datos posteriores ya dejan poco espacio para la duda. Hoy casi todos los economistas de la plaza coinciden con la tesis del sobreajuste. Salvo la mayoría conservadora del Banco Central, que, por tres votos a dos en la sesión de junio, mantuvo la tasa de interés de política monetaria en 11,25% contra viento y marea.

Para el Banco Central, la inflación se ha reducido «conforme a la línea de lo previsto consolidándose hacia la convergencia de la meta de un 3%», pero sin decir que eso se debe de manera significativa a la caída de los precios externos, y no a su política, y que la meta se debe alcanzar en un horizonte de 24 meses y no el próximo mes. La caída prevista incluye “en general, la actividad y la demanda interna«, que es lo que ha querido desde marzo de 2022 para llevar el país a una recesión. La caída sistemática de la inflación no lleva al Banco Central a bajar la tasa de interés.

Una economía en la que una alta proporción de los productos finales que se consumen son directamente importados y los demás tienen un importante componente de insumos importados en su elaboración, está evidentemente expuesta a la evolución de los precios internacionales de esos productos e insumos, además del tipo de cambio peso/dólar. Los más relevantes para los consumidores son los precios de los combustibles y de los alimentos, que llegaron a subir desde 2021 en más de 100% y 50% respectivamente a nivel internacional y luego han bajado. El petróleo WTI pasó de 52 dólares por barril en enero de 2021, al iniciarse la reactivación post pandemia, a 115 en junio de 2022 y a 75 en mayo de 2023, mientras los precios internacionales de los alimentos según la FAO pasaron de un índice de 98 en 2020 a 158 en mayo de 2021 y a 124 en mayo de 2023. Entonces su repercusión interna, al alza y luego a la baja, era inevitable. La inflación en Chile -y en cualquier otra parte- no se iba a mantener en el rango previo de 2-3% con ese nivel de brote inflacionario en productos de amplio consumo, provocado primero por los avatares de la salida de crisis a nivel global y luego por la invasión a Ucrania, un importante productor de alimentos, por parte de Rusia, un importante productor de gas y petróleo, junto a los efectos de la especulación financiera en los mercados de futuro.

Se puede retrasar, o bien controlar aumentos de los márgenes empresariales provocados por colusiones oligopólicas y eventualmente subsidiar algunos bienes básicos, pero desde Chile no se puede evitar los movimientos de precios en el mundo. El Banco Central puede subir la tasa de interés todo lo que quiera, pero no va a evitar sino en el margen que el IPC suba o baje si los precios internacionales clave lo hacen en esas magnitudes. En todo caso, el brote inflacionario ya amaina en Chile, con un IPC de 3,8% semestral a mayo.

Por otro lado, el fuerte aumento de la demanda interna en 2021, que tanto alteró al Banco Central, tuvo una causa llamada a extinguirse por sí misma: los retiros desde las cuentas de fondos de pensiones, muy altos efectivamente, pero que eran por una vez en cada caso y sus efectos iban a cesar al cabo del tiempo. De menor envergadura, pero también significativas, fueron las transferencias gubernamentales de emergencia a las familias, que provocaron un alto déficit fiscal, pero que tampoco estaban llamadas a perdurar. Subir las tasas de interés brutalmente no iba a impedir que aumentara el consumo de las familias por un período dado, para luego declinar. Por estas dos razones principales, la externa y la interna, la pretensión del consejo del Banco Central de bajar la inflación provocando una recesión interna ha sido especialmente absurda, y en mi apreciación políticamente motivada para favorecer a las fuerzas conservadoras a partir de marzo de 2022.

¿El resultado? Según los datos de la encuesta de empleo del INE, el número de personas desempleadas (las que buscan activamente trabajo y no lo encuentran) ha pasado en un año de 742 mil en el trimestre febrero-mayo de 2022 a 854 mil en el mismo período de 2023. Las personas desalentadas (que ya no buscan empleo pero desearían trabajar) pasaron de 794 mil a 855 mil en el mismo lapso de tiempo. La suma de ambos tipos de desempleados pasó de 1,536 millón de personas a 1,708 millón.

En suma, una inflación que ha subido y luego ha tendido a la baja y que es fuertemente influenciada por causas externas, ha sido erróneamente atacada mediante una política monetaria y fiscal recesiva (esta última se ha tornado expansiva desde 2023, después de hacer caer brutalmente el gasto público en 23,1% en 2022). Esta combinación ha terminado por provocar que haya en un año 173 mil personas adicionales sin empleo o que ya no lo buscan, sumando 1,7 millón de personas de carne y hueso que se encuentran en una de las peores situaciones que pueda enfrentar un ser humano, hombre o mujer, joven o de edad madura. Esta es desde luego peor que una baja temporal de los ingresos reales por la inflación, pues es mejor disponer de menos poder adquisitivo por un tiempo que no disponer de ninguno, aunque en la apreciación global se trate de un número inferior de personas que la que percibe ingresos no protegidos de la inflación.

Entre tanto, el crecimiento internacional ha sido más bien favorable en el período. Sin ir más lejos, en Estados Unidos el desempleo es el más bajo desde los años 1960 (3,7% de la fuerza de trabajo), con una política fiscal y monetaria que busca controlar la inflación y también, expresamente, no producir una recesión productiva y del empleo. Exactamente lo contrario que en Chile.

Apuntes de coyuntura. Un comentario sobre la inflación y el desempleo

Ver https://mgpp-usach.blogspot.com/2023/06/apuntes-de-coyuntura-con-los-datos-de.html.

Entre el bloqueo legislativo y la recesión

En La Nueva Mirada

La cuenta presidencial reciente tuvo momentos significativos y apropiados en la defensa de la democracia y de la convivencia basada en valores civilizatorios compartidos. El Presidente Boric habló contra las discriminaciones y actitudes de agresión y violencia verbal inaceptables que se han observado en el escenario político de manera muy valiosa. No obstante, el escenario político y económico permanece borrascoso.

Esta postura de integridad democrática es la que llevó al Presidente Boric a retrucarle horas antes al Presidente Lula que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no son una construcción retórica. Tampoco lo es la crisis migratoria que ha provocado el colapso económico de ese país y su incidencia, entre otros países, en Chile. No obstante, el gobierno chileno debe acompañar, y seguramente lo hará en lo que le toque, la búsqueda de una salida democrática mediante elecciones generales con garantías para la oposición en 2024 en Venezuela. En esa salida está comprometido el Presidente brasileño, que busca tener un vínculo suficiente con Maduro y su régimen, más allá de lo que se pueda opinar sobre ambos, para incidir en un camino que debe incluir el retorno a la normalidad democrática, a la recuperación económica luego del uso rentista y con altas dosis de corrupción por décadas de sus amplios recursos y también terminar con el inútil y absurdo bloqueo norteamericano. Ese esfuerzo requiere ser apoyado.

El presidente postuló, por otro lado, un apoyo al posible resultado del proceso constitucional en curso, aunque se mantiene la incógnita sobre la conducta de la extrema derecha, que ahora lo controla. Su extremismo sectario puede llevar a un nuevo rechazo a la propuesta que resulte de ese proceso, mientras la de los “expertos” incluye un aumento del quórum de reforma constitucional (3/5) respecto a la norma vigente desde agosto pasado (4/7), lo que desde ya justificaría ese rechazo: las reformas de normas insatisfactorias -como es el caso de diversos artículos económicos y ambientales del borrador- serían más fáciles con el texto constitucional vigente que con el futuro. El borrador actual  tampoco permite avanzar en superar la crisis con el mundo mapuche que ha optado por la insurgencia, ante la ausencia de un reconocimiento consistente a su historia y a su autonomía, por lo que la comisión sobre las tierras mapuche nombrada por el presidente tiene limitadas perspectivas de éxito. La retroalimentación entre represión militar generalizada y radicalización insurgente parece ser el escenario más probable, y el que menos resolverá un problema histórico.

El Presidente Boric recalcó en su cuenta los logros de su gobierno en materia de seguridad, como la ley de Reparación de Víctimas de Femicidio, la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el plan de Infraestructura para la Seguridad, la Política contra el Crimen Organizado, el plan Calles Sin Violencia y la recuperación de espacios públicos, las leyes que agravan el delito de secuestro y el porte de armas en lugares públicos, persiguen la conspiración para el sicariato y el delito de extorsión, quitan el patrimonio mal habido de quienes cometen delitos y aumentan las penas contra quienes proveen drogas a niñas, niños y adolescentes. Permanece, sin embargo, el interrogante sobre los roles policiales de las Fuerzas Armadas, que se han fortalecido de manera veloz en el último año mediante recurrentes Estados de excepción y reformas legales, pero que no debieran ser parte de la creación de un Estado militar-policial arbitrario y represivo, como siempre ha sido el enfoque de la derecha para defender sus intereses. Para el orden público deberán consolidarse progresivamente, en cambio, unas policías profundamente reformadas y fortalecidas, capaces de vincularse mucho más activamente con la sociedad en los barrios y territorios y ser mucho más eficaces en su tarea de protección de la ciudadanía, respetando sus derechos.

Resaltó el Presidente adecuadamente el aumento del sueldo mínimo de 350 mil a 500 mil pesos en 2024 con acuerdo con la CUT -lo que representa un alza en su valor real del 20%- y el subsidio para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas; la ley que reduce de manera gradual la jornada laboral a 40 horas; la ley que amplió la cobertura de la Pensión Garantizada Universal; el Copago Cero para que la salud pública sea gratuita para los usuarios de Fonasa de los tramos C y D; el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos junto a la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de las Pensiones de Alimentos, y así otra serie de logros.

El Presidente realizó, asimismo, una serie de valiosos anuncios como hoja de ruta de su gestión, muchos de los cuales están sujetos a una incierta aprobación de la reforma tributaria, como la compensación por la llamada deuda histórica originada en traspasos de la década de 1980 de los profesores y el cese del pago del crédito estudiantil universitario. También es incierta la capacidad de financiar plenamente compromisos como el aumento de la Pensión Garantizada Universal, la reducción de las listas de espera en las atenciones hospitalarias, más transferencias per cápita a la salud primaria municipal, avanzar a la sala cuna universal y a la creación de un sistema nacional de cuidados, la creación de centros contra la violencia sexual en regiones, el aumento de recursos para la seguridad pública y el establecimiento de incentivos a la productividad.

En este ámbito, permanece sobre todo la interrogante sobre la necesidad de un plan de reactivación económica más vasto frente a los signos de recesión, pérdida de empleos y el aumento de las personas jóvenes que no estudian ni trabajan (llegaron a 400 mil en febrero-abril), que ya se están produciendo.  Evitar que se puedan prolongar y profundizar de manera grave es tarea de una política fiscal que deberá ser más significativa para evitar ese riesgo inútil, provocado por una política monetaria recesiva persistentemente equivocada. El Banco Central considera que se debe comprimir la demanda interna para combatir la inflación, desestimando su fuerte componente importado. Esta se encuentra en vías de normalización: el IPC promedio de los últimos 6 meses es solo un 4,4% superior al de los 6 meses previos. No existe en la actualidad tal cosa como un «exceso de demanda”. Ante el fuerte incremento de la demanda en 2021, la reacción de la oferta de bienes ha sido elástica dado el grado de apertura de la economía (lo que se reflejó en un gran aumento de las importaciones en 2022 y un mayor déficit en cuenta corriente, pero no en incontrolables presiones inflacionarias endógenas, como señala la narrativa oficial). También ha sido el caso de los servicios, que han ampliado su suministro sin provocar mayores presiones inflacionarias, con la excepción de la educación, en que los privados aumentaron sus matrículas y márgenes. En cambio, en los servicios de comunicaciones los precios disminuyeron.

En todo caso, la demanda interna alcanzó su máximo nivel en el cuarto trimestre de 2021, a raíz de una explosión del consumo por la suma de retiros de fondos de pensiones y las transferencias de emergencia a las familias, en plena coyuntura pandémica y electoral. Desde entonces, la demanda interna se sitúa por debajo de ese nivel. El dato más reciente indica que ha caído en -1,5% en enero-marzo de 2023 respecto al trimestre anterior, en términos desestacionalizados, y ha disminuido en -8,0% en doce meses. La caída trimestral se explica tanto por un deterioro de -2,5% del consumo de las familias (como se comprenderá, esto no ayudó demasiado al gobierno en el resultado del 7 de mayo pasado) y de -0,9% de la inversión (formación bruta de capital fijo).

Estas cifras hacen todavía más evidente y más urgente que el Banco Central debe bajar las tasas de interés. El gobierno debiera acelerar, por su parte, su gasto de inversión en vivienda, urbanismo e infraestructura (de preferencia procurando facilitar la transición energética verde y la mitigación del cambio climático) y aumentar las transferencias a los sectores más vulnerables vía suplemento de asignación familiar (bolsillo familiar electrónico).

En febrero-abril de 2023, el índice de actividad económica disminuyó en -0,2% en comparación al trimestre previo, el de enero-marzo (ver el gráfico). Se trata de una caída de -0,7% en ritmo anualizado. El índice mensual desestacionalizado ha caído desde febrero por tercer mes consecutivo, aunque con una muy leve caída en abril, después de un dinámico mes de enero que permitió buenos datos promedio del primer trimestre del año. Pero esto no se ha prolongado en los meses siguientes. La producción de bienes se ha comportado a la baja en el promedio trimestral móvil, pero sobre todo ha sido el comercio el que ha disminuido su actividad, mientras los servicios apenas crecen. Esto refleja una contracción del consumo de los hogares, que constituye el grueso de la demanda.

Que esta tendencia coyuntural se mantenga o no, y se pierda o no producción y empleos en los próximos meses, lo que ya ocurre con el empleo asalariado formal desde enero, dependerá de las decisiones de política que se adopten, para lo cual hay poco tiempo si se quiere impedir consecuencias previsibles y sobre todo evitables.