La radicalización de la derecha

 En La Nueva Mirada

La oposición ha entrado en una espiral de radicalizaciones que le está haciendo daño a ella y al país. Excedió toda dimensión de sensatez básica la pretensión de que el presidente no viajara a la cumbre entre la Unión Europea y América Latina, como si el mundo no existiera (recordemos que somos apenas el 0,25% de la población del orbe) y una tarea primordial del presidente no fuera representar al país en el exterior precisamente en eventos como éste. La oposición roza aquí el intento puro y simple de inhabilitar la función presidencial, un despropósito en sí mismo, pero que además se hace en detrimento de los intereses nacionales.

¿El argumento?: los traspasos de recursos públicos a fundaciones que están bajo investigación, en las que el presidente no tiene nada que ver y que tienen encaminado su curso político, administrativo y judicial. La oposición busca mantener a toda costa sus focos de demolición de imagen sobre los ministros Jackson y Montes. Éstos, en el peor de los casos, no son responsables de nada distinto que una falta de supervisión suficiente en situaciones específicas, en una dimensión en que ninguna autoridad de ese nivel puede estar encima de todas las actuaciones de la administración. Por supuesto deben corregirse de inmediato los errores, faltas o delitos que se detecten y sancionar a los responsables. La responsabilidad administrativa la ejercen las subsecretarías y otras autoridades de menor jerarquía, que si fallan deben ser reemplazadas, como ha venido ocurriendo. Lo demás es tarea de los órganos de control, que no estuvieron muy diligentes, y del poder judicial, si es del caso. El presidente no puede estar cambiando a sus ministros cada cinco minutos por cada hecho reprochable de algún miembro de la administración, aunque debe actuar de manera rápida y firme, lo que ha sido el caso en la remoción de dos secretarios regionales ministeriales y de la subsecretaria de Vivienda.

La acusación constitucional contra el ministro de Educación, por su parte, no tenía ningún sentido, pues era una mera crítica a su gestión, que amerita una o varias interpelaciones parlamentarias, como es propio del debate democrático, pero no una destitución y prohibición de ejercer cargos públicos por 5 años. En cambio, se avizoraron rasgos de homofobia y discriminación en las justificaciones de la oposición, que debían rechazarse sin concesiones, como ocurrió, pues eso sí que está prohibido por la constitución (art. 19 nº2: «Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias«).

La acusación constitucional contra el ministro Ávila fracasó por una diferencia de 9 votos, en buena hora. Detrás estaba la estrategia de crear un ambiente de ingobernabilidad que anule la gestión del presidente Boric. Esto explica la actitud tan descalificadora de la UDI y RN respecto a los dos diputados de Evópoli que rechazaron la acusación porque no veían en qué el ministro de Educación había violado la constitución. También votó en contra el diputado UDI Joaquín Lavín. Esto sumó tres votos de Chile Vamos que no se alinearon con la derecha dura. Sin embargo, no definieron la votación.

El rechazo ocurrió porque a las por fin alineadas fuerzas de gobierno se sumaron la DC y sectores que han renunciado a ese partido, más algunos votos independientes, que mantienen sus críticas al ministro y al gobierno pero distinguen la crítica política legítima de una destitución con graves consecuencias. Es de lamentar, en cambio, que Pamela Jiles se haya alineado otra vez con la derecha, luego de rechazar en marzo la idea de legislar la reforma tributaria, por mera animadversión contra el presidente y el gobierno.

Pero es desconcertante que en el proceso el ministro de Educación sostuviera que «jamás los ministros firman convenios asociados a las alimentaciones«. Eso es verdad, pero nombran a quien lo hace. El ministerio de Educación debe ejercer una supervigilancia directa y cotidiana sobre un órgano como la JUNAEB, que administra un gran presupuesto a través de licitaciones a privados de muy altos montos. Ha parecido como que el ministro no tiene nada que ver con esta entidad, lo que es un error. Su política debe ser conducida bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación. El ente funcionalmente descentralizado debe ejecutarla, con una responsabilidad administrativa que recae en la dirección de la JUNAEB. Pero no olvidemos que reparte millones de raciones de alimentación a los escolares todos los días y simplemente no puede manejarse por su cuenta, como, por lo demás, tampoco ningún otro órgano del Estado.

Las autonomías administrativas mal entendidas, carentes de conducción ex ante y de control ex post suficientes, son las que han llevado a desfalcos gigantescos en Carabineros, las Fuerzas Armadas y diversos órganos del Estado y ahora a convenios con fundaciones de reciente creación que han sido legítimamente cuestionados en su fundamento, discrecionalidad y falta de control.

Finalmente, las derechas, que dominan el Consejo Constitucional, se acercan a un pacto para proponer aumentar el cerrojo de los quórum constitucionales y de ley, volver al Tribunal Constitucional como tercera cámara que bloquee leyes aprobadas, retroceder respecto al acuerdo de 1989 sobre la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos sobre la legislación interna, limitar el derecho a huelga, prohibir el aborto, reforzar la privatización de los sistemas de salud y de seguridad social y no permitir la derogación de leyes, entre otros temas. Tienen la mayoría necesaria en el Consejo Constitucional para aprobar estos temas.

Ya caben pocas dudas que las fuerzas de gobierno deben reaccionar frente a la ofensiva de la derecha y la extrema derecha y preparar el rechazo a la propuesta del Consejo Constitucional en diciembre. Tal como se avizora, será un retroceso democrático manifiesto respecto a lo existente. Lo importante es preservar el quórum más bajo posible de reforma constitucional, como el de 4/7 vigente desde agosto de 2022, para seguir avanzando, aunque sea mediante futuras reformas parciales, a un Estado social y democrático de derecho (ver https://www.revistas.usach.cl/…/article/view/6111/26004488) que haga posible que Chile avance hacia más libertad, justicia y sostenibilidad.