jueves, 10 de junio de 2021

Carta de Arrate, Correa y Martner

El siguiente es el texto de la carta difundida por los ex presidentes del Partido Socialista (PS), Jorge Arrate, Germán Correa y Gonzalo Martner donde abordan elementos de la historia de esa colectividad, el relacionamiento con el Partido Comunista, las alianzas, el rol de Salvador Allende y aspectos de la actual coyuntura:

A ochenta y nueve años de la República Socialista de 1932: una respuesta.

Las últimas décadas del acontecer mundial y nacional son las más exigentes que hayamos vivido quienes somos militantes de la causa socialista. Nunca como ahora nuestras convicciones habían sido tan desafiadas.

Coincidimos con otros tres ex presidentes del PS, que aún militan en sus filas (Andrade, Escalona y Núñez), en que el PS a través de su existencia hizo un aporte decisivo a las conquistas de la clase trabajadora y de los sectores más explotados y discriminados del país. Esa historia  no sólo enorgullece a sus militantes sino también a toda la izquierda chilena. Muchas de esas conquistas las logramos luchando codo a codo con los compañeros del Partido Comunista: en el Frente Popular en los años 30, en el Frente de Acción Popular en los 50 y los 60, en la Unidad Popular en los 70 y en la resistencia a la dictadura en los 80.

La historia de relaciones entre el PC y el PS está jalonada de momentos donde predominaron las diferencias y hasta la confrontación y de momentos, los más, donde primó la unidad, sin que ninguno de los dos reclamara primacía o intentara ejercer subordinación. Porque ambos partidos entendíamos que sólo juntos, cada cual con su perfil, podíamos hacer avanzar la causa de los más explotados y desposeídos. Fue la base del gran movimiento popular que condujo a Allende a la victoria y que llevó adelante un proyecto socialista de trascendencia universal, fundado en la indisoluble vinculación entre democracia y socialismo.

El Partido Socialista atraviesa hoy por uno de sus momentos más difíciles. Repudiado, junto al resto de los partidos por el pueblo movilizado, acusado de haberse comprometido con el modelo neoliberal y con una alianza centrista que lo desperfila y aparta de su trayectoria histórica, ha perdido a cientos y miles de valiosos y valiosas  militantes. Se ha transformado en una organización clientelar donde predominan los intereses personales de la oligarquía dirigente, habiendo renunciado por su práctica política al proyecto histórico de terminar con el capitalismo salvaje y construir una nueva sociedad que deje atrás la explotación y los abusos y en la que prevalezcan los principios socialistas de la libertad basada en la solidaridad y la justicia social y en la democracia política y también económica. Y hoy su dirigencia se va alejando definitivamente de las convicciones anticapitalistas y revolucionarias que le dieron origen y lo arrastran a la definitiva irrelevancia política. Su dirigencia, ciegamente, insiste en mantener su alianza con las fuerzas centristas, que en su momento fue necesaria por el contexto histórico determinado por la dictadura y la permanencia de muchas de sus reglas del juego. Pero esa etapa ha sido superada por la historia. El pueblo de Chile está marcando nuevos rumbos, muchos más cercanos a nuestros sueños históricos, y es con ellos que los socialistas deben identificarse.

Hoy, cuando la movilización social ha abierto paso a la posibilidad cierta de cambiar esa camisa de fuerza constitucional y de abrir paso a un nuevo proyecto democrático popular para Chile, es vital la unidad de la izquierda. Eso significa procurar un amplio entendimiento con todas sus expresiones orgánicas actuales, incluyendo desde luego al Partido Comunista. Pero esta es una afirmación difícil de entender para los dirigentes del PS herederos de la “Constitución de Lagos”, aquella que según el ex presidente unía a todos los chilenos, haciendo caso omiso a que en su esencia continuaba siendo la misma trampa maligna neoliberal ideada por Guzmán, o para los que calificaban el reclamo de una Asamblea Constituyente como una alucinación causada por una droga.

La actual dirigencia socialista, por el contrario, alienta la derivación del PS hacia posiciones “socialdemócratas”, ajenas a su historia e identidad y le ponen el apellido “democrático” al socialismo de sello neoliberal que promueven. Desconocen con ello que para Salvador Allende, como para Eugenio González Rojas, redactor del Programa de 1947, y quienes nos identificamos con su legado político, el socialismo para ser tal debe ser la máxima expresión de la democracia, o no es socialismo. La ausencia total de reflexión de los dirigentes del PS sobre la naturaleza de la democracia a que aspiramos los mantiene donde están, estancados en la historia transicional e incapaces de asumir las nuevas realidades y nuevos caminos abiertos por nuestro pueblo. Chile demanda otra democracia, profunda, representativa y con mecanismos de democracia directa también, con real justicia social y económica. La izquierda es su principal arma política para establecerla. Por eso construir izquierda es un imperativo de esta hora y en ello debiéramos  comprometernos todos quienes abrazamos auténticamente las ideas socialistas.

Es también lamentable la ausencia de ideas de los compañeros “socialistas democrático-representativos” que firman la carta a que damos respuesta en cuanto a la naturaleza de las fuerzas políticas en la nueva democracia y la vinculación que deben tener con los movimientos y organizaciones sociales. El actual PS, con la honrosa excepción de algunos militantes que se han atrevido a levantar la voz a pesar de la persecución oficialista de la que son objeto, parece estar contento tal como es, a pesar de su erosión y de su distanciamiento del pueblo. Los socialistas, y la izquierda en general, debemos explorar formas innovadoras de organización y participación política que den efectiva influencia al militante y a las organizaciones sociales territoriales, que sean adecuadas para una redistribución del poder democrático y otorgue auténtico protagonismo a los ciudadanos. Chile despertó pero el PS sigue en su letargo y descomposición burocrática, con su dirigencia acomodada en sus privilegios y prebendas.

El país atraviesa por momentos de definiciones políticas cruciales. Existe la posibilidad cierta de que el pueblo chileno avance un paso gigantesco para tomar en sus manos la construcción del futuro. El Partido Socialista tiene una responsabilidad importante en todo lo acontecido en estos treinta años, tanto en los avances como en los fracasos. En especial debe reconocer, y asumimos la parte que nos corresponde en ello cuando lo lideramos, su limitada efectividad para ejercer su función de fuerza política de izquierda en la coalición de la que fue parte en esos años, y así contrabalancear a las fuerzas que en el seno de esa coalición se sentían cómodas o, más aún, apoyaban con entusiasmo el modelo neoliberal. Esta tarea, compleja en los gobiernos de los años 90, en que Pinochet seguía siendo personaje poderoso, debió ser asumida con más fuerza en la primera década del siglo XXI cuando hubo gobiernos de liderazgo “progresista” o socialista. Sin embargo, la profundización neoliberal siguió adelante y, como corolario, destacados dirigentes del PS establecieron estrechas relaciones con grupos empresariales y más tarde se hicieron parte, sin tapujos, de los directorios de las empresas de los grupos económicos que monopolizan el poder en Chile. La adhesión conservadora y la pasiva o activa complicidad del “progresismo” se unieron al final en un mismo propósito, con las consecuencias conocidas.

En la reciente carta de tres ex presidentes del PS -Andrade, Escalona y Núñez-, que ejercieron sus  cargos en estos treinta años, no hay una palabra de autocrítica verdadera. Su única preocupación es la defensa malentendida de una dignidad partidaria que estaría siendo vulnerada por juicios emitidos por dirigentes del PC respecto al papel de la alianza de centroizquierda de la que el PS es parte. Como socialistas, nos importan esas críticas porque se refieren a nuestras propias conductas como dirigentes del PS en aquellos años y nos obligan a mirarnos de manera más profunda y auténticamente autocrítica y no a reaccionar desde una falsa dignidad. Pero mucho más que las opiniones de dirigentes del PC, son las críticas de nuestro propio pueblo las que más impactan nuestra conciencia, porque enrostran al PS debilidades e inconsecuencias que lo han llevado a su lamentable condición actual, que sus dirigencias en ejercicio no son capaces de enfrentar.

Por nuestra parte, seguiremos intentado contribuir a la recuperación del legado de Allende y del socialismo chileno, para que nuevas generaciones puedan enriquecerlo, renovarlo y fortalecerlo y lograr hacer realidad los sueños de tantos y tantas que han entregado su vida a esta noble causa.

Jorge Arrate, Presidente del Partido Socialista de Chile (1990-1991)

Germán Correa, Presidente del Partido Socialista de Chile (1992)

Gonzalo Martner, Presidente del Partido Socialista de Chile (2003-2005)

Santiago de Chile, 10 de junio de 2021.

La discusión sobre la regalía minera

 Primera versión en La Mirada Semanal.

Con los precios previsibles del cobre y aplicando la regalía aprobada por la Cámara de Diputados, se podría recaudar unos 6.500 millones de dólares anuales. Estos recursos debieran impulsar un fuerte esfuerzo de reconversión y diversificación productiva, incluyendo a las actuales regiones mineras. 

El Senado ha iniciado el debate sobre el royalty a la minería (regalía en castellano) luego de la aprobación de una moción parlamentaria en la materia aprobada por la Cámara de Diputados. En lo fundamental, esta moción establece una regalía a las ventas de carácter progresivo según el precio del cobre. La tasa más baja es de 3% (hasta dos dólares la libra) y la más alta es de 75% (para las ventas provenientes de precios mayores a cuatro dólares la libra). Este esquema ha sido descalificado por doquier, sin mayores fundamentos. Algunos han cuestionado que la tasa inferior de 3% se aplique en situaciones de precios bajos, lo que dejaría fuera de producción a los yacimientos menos rentables.  Pero ese es un costo adicional (la regalía es el pago por el acceso al recurso) bajo en relación a otros costos, que son los que dejarían a los yacimientos menos productivos fuera de producción a ese precio bajo. Y, a su vez, para los yacimientos altamente rentables permitiría una recaudación incluso en esa situación, lo que no es el caso con el esquema vigente sobre márgenes operacionales. 

Otro argumento en contra es que la suma del impuesto a las utilidades, del impuesto específico a la minería y la nueva regalía, llevaría la tributación al 80% de las utilidades (según el gobierno) o a niveles entre 62% y 84% de la misma con diferentes supuestos (según el CEP). Este argumento no es válido,  pues en primer lugar en el cálculo del gobierno y del CEP se mantiene el actual impuesto específico, el que solo se puede derogar por iniciativa del gobierno y por ello no está previsto en el proyecto aprobado, aunque supone su reemplazo. El impuesto vigente tiene el problema de basarse en márgenes operacionales que son objeto de manipulación contable, empezando por la verificación del contenido de mineral del concentrado por la Aduana y la imputación de diversos costos y precios de transferencia. El impuesto a las ventas disminuye fuertemente el potencial de evasión. En segundo lugar, con el supuesto de un costo de 169 centavos de dólar por libra de cobre producida (según un estudio recién publicado por Castillo y Valverde un tercio de la producción privada opera con costos operacionales sobre US$1.7/lb, mientras que el resto opera en promedio con costos operacionales en torno a US$1/lb), la tasa efectiva total del proyecto de ley varía según el precio entre un 46% y un 59%, considerando regalía e impuesto corporativo normal. Este es un monto razonable para una actividad privada que, cuando los precios son altos, puede tener utilidades sobre capital que permiten amortizar en un año o dos la inversión realizada a costa del uso de un recurso que no le pertenece y que el Estado chileno hoy prácticamente le regala. En todo caso, el proyecto en el Senado podría incluir desgravaciones del pago de la regalía en función de rangos diferenciales verificables de costos. 

El esquema propuesto por la Cámara no llevaría a los inversionistas a salir del país, como se insinuó en un primer momento. Ahora se argumenta que estas tasas son superiores a las de otros países y que eso llevaría a inhibir nuevas inversiones o a desviarlas a esos países. Al parecer, Perú, cuyo eventual nuevo gobierno de izquierda prevé establecer impuestos a las ventas y a las sobreutilidades, no será ese destino. Tampoco está prevista ninguna nueva inversión en países africanos productores de cobre. Ni en ninguna otra parte del mundo, por lo demás, de acuerdo a los informes de la industria recogidos por la prensa especializada, dada la actual situación de la oferta y la experiencia de sobreproducción posterior a 2011. La ventaja competitiva chilena (que incluye calidad del mineral, costos, impuestos, facilidades logísticas y funcionamiento del Estado de derecho) permanecerá en caso de aprobarse este nuevo esquema. Lo que habrá que evitar es que por este argumento interesado se establezcan desgravaciones -como algunas que se propusieron en la Cámara- que hacen inefectivo el cobro de la regalía. El poder de la minería privada se expresa en influencias parlamentarias variadas.

El hecho es que con precios del cobre entre 3 y 4 dólares la libra y aplicando la regalía aprobada por la Cámara de Diputados, se podría recaudar unos 6.500 millones de dólares anuales. Estos recursos debieran impulsar un fuerte esfuerzo de reconversión y diversificación productiva, incluyendo a las actuales regiones mineras. 

Se trata de realizar una planificación estratégica con políticas selectivas y horizontales para la transición a una economía circular diversificada. La economía circular debe avanzar en el tratamiento de los residuos mineros, de la escoria siderúrgica, de la ceniza volante y de la biomasa residual agrícola, forestal y pesquera y los residuos de la construcción. Sería un buen avance establecer una norma parecida a la Directiva de la Unión Europea 2008/98/CE, que regula la reutilización distinguiendo entre residuos destinados a la disposición y subproductos útiles en diversos procesos productivos. Se deberá, además, avanzar más en la clasificación de la basura domiciliaria y en el uso sostenible de embalajes, junto al encarecimiento (a través de aumentos diferenciados en el Impuesto al Valor Agregado) de los consumos dañinos para la salud y para los ecosistemas locales y la biosfera.

El hecho es que la especialización productiva en la extracción de recursos naturales sin o escasa elaboración llegó a su límite económico y ambiental, con la disminución de las leyes del mineral de cobre o los límites ambientales a la acuicultura como ejemplos emblemáticos. Avanzar a un modelo de desarrollo equitativo y sostenible debe tener como pilares un crecimiento basado en salarios y en inversión en nuevos sectores dinámicos, incluyendo la industrialización sostenible de recursos naturales en un esquema de economía circular y de encadenamientos hacia atrás (en servicios tecnológicos de punta y en industria metálica y sistemas de transporte especializados) y hacia adelante (en refinería y fundición de cobre y en baterías de distinta tecnología al servicio de la expansión de la  electromovilidad), mejorando tanto la inserción en las cadenas globales de valor como la dinamización de las economías locales. 

Un requisito de un cambio estratégico de este tipo es el fortalecimiento sustancial de la investigación y desarrollo tecnológico endógenos, junto a la fijación de precios sociales ambientales (a través de impuestos al daño ambiental y otros instrumentos) para asegurar la sostenibilidad del uso de recursos, la resiliencia de los ecosistemas y la preservación y ampliación de los bienes comunes de los que el país dispone. El gasto en Investigación y Desarrollo total ha venido declinando en Chile desde el 0,39% del PIB en 2013 hasta el 0,35% en 2018, último año para el que se dispone de datos homologados por la OCDE. Este gasto es casi enteramente gubernamental, a pesar de la desgravación de que gozan los gastos de I+D en la tributación de las empresas. El más alto gasto público realizado en este ámbito en países emblemáticos del sistema económico mundial es el de 1,3%, 1,1% y 1,0% del PIB en China, Corea del Sur y Noruega, respectivamente. Le siguen el 0,9% de Alemania y el 0,7% de Estados Unidos (que decidió recientemente incrementar ese gasto público para no perder capacidad tecnológica frente a China) y de Japón, con datos de la OCDE para 2018. El número de investigadores por cada mil ocupados es de 8,9 en promedio en la OCDE (y alrededor de 15 en Corea del Sur, Suecia y Finlandia, que lideran este indicador en el mundo), en contraste con solo 1,1 en Chile.


jueves, 3 de junio de 2021

El estado de la nación

En La Mirada Semanal

Más allá de los anuncios zigzagueantes de Sebastián Piñera, la caída del empleo en febrero-abril y de la actividad económica desestacionalizada en marzo y abril no son buenas noticias. Y la evolución de la pandemia no augura un invierno de recuperación en materia sanitaria y económica. Los anuncios de última hora tendrán poco destino, salvo desconcertar todavía más a su coalición y dejar en marzo un país todavía más exhausto.

Sebastián Piñera terminó por ceder, después de más de un año, al anunciar un aporte por tres meses a las familias de cargo fiscal del nivel de la línea de pobreza ($177 mil para una persona) y con una cobertura potencial de 90% de la población. Días después la amplió a $400 mil mensuales para las familias de tres integrantes ($18 mil adicionales) y a $500 mil para las de cuatro personas ($33 mil adicionales), extendiendo el aporte hasta mediados de septiembre (en un 50%). Estamos lejos de los $65 mil por persona (y solo el primer mes) que anunció tardíamente a fines de mayo de 2020 para tres meses. El paquete actual costará más de 3,5% del PIB, cerca de la mitad de las reservas fiscales, en una especie de aceleración de la carrera final del actual presidente. Esta carrera incluye medidas como apoyar el matrimonio igualitario, abriendo un flanco con el mundo conservador que lo apoya, y crear un Ministerio de Seguridad (suena a Orwell) que desvincularía todavía más a las policías del territorio (lo que se asegura potencialmente con la dependencia del Ministerio del Interior) y del control civil (que debe reforzarse con un mayor rol de los municipios en la tarea policial preventiva y operativa), lo que lo aleja del mundo progresista. Estos zigzagueos de última hora tendrán poco destino, salvo desconcertar todavía más a todo el mundo, especialmente a su coalición de derecha, y dejar en marzo un país todavía más exhausto.

El estado de la nación está en primer lugar marcado por el hecho que todos los indicadores  de la pandemia de COVID-19 señalan una agravación de la situación. Las consecuencias de los contagios, es decir las hospitalizaciones en UCI y con ventilador mecánico y las muertes confirmadas por COVID-19 con test PCR (promedio de 7 días) siguen al alza. Las hospitalizaciones en UCI fueron en el momento más alto en junio del año pasado de 2.129 casos semanales. La última semana de mayo llegaron a 3.127 casos.

El problema principal no es tanto que los vacunados puedan desplazarse, siempre que lo hagan con las precauciones del caso, sino que a estas alturas es completamente incongruente que los niños no puedan ir a una plaza pero se llenen los malls con miles de personas autorizadas para estar en espacios cerrados o se abran lugares de aglomeración masiva. El transporte público no está cumpliendo los requisitos sanitarios. Estar durante un tiempo prolongado en lugares no ventilados permanentemente y sin distancia física suficiente es el principal factor de contagio de acuerdo a los estudios existentes, con variantes del virus que muestran ahora una mayor capacidad de contagio. El uso de mascarillas es indispensable, pero no basta. Las vacunaciones son indispensables, pero tampoco bastan, pues un 14% de los internados en UCI recibió las dos dosis, según el Ministerio de Salud. La vacuna de Sinovac tiene una efectividad no mucho mayor a 50% (dicho sea de paso, en algún momento el gobierno deberá explicar por qué optó y sigue optando por esta vacuna, lo que a estas alturas no parece haber sido la mejor opción). Los mensajes contradictorios han hecho que ya nadie escuche al gobierno y que las aglomeraciones indebidas se hayan multiplicado, con los resultados mencionados.

En materia económica, la actividad desestacionalizada cayó en marzo y abril, luego de nueve meses de expansión continua desde junio de 2020. Esta senda siguió a la brutal caída (-14,6%) producida entre marzo y mayo de 2020. La recuperación de la economía se ha detenido, a pesar de la inyección de recursos por el tercer retiro de fondos de las AFP desde el 3 de mayo (por un 4% del PIB aproximadamente). 

En materia social, el principal factor a considerar es la evolución del empleo. Producto de la pandemia de COVID-19 y la consiguiente paralización productiva, se perdieron 2,05 millones de empleos. Se pasó de 9,12 millones de ocupados en enero a 7,07 millones en julio, el peor momento en materia de empleo, con un desplome de -20,6% respecto al mismo período del año anterior. En los meses siguientes y hasta febrero de 2021, se produjo una lenta pero sistemática recuperación del empleo, especialmente en octubre y noviembre. Pero en abril de 2021 el empleo volvió a caer, corrigiendo los efectos estacionales en el cálculo. En el registro más reciente disponible, el del trimestre móvil febrero-abril de 2021, los ocupados sumaron 8,01 millones de personas, casi un millón de empleos más que en el peor momento de la crisis. Pero persiste 1,01 millón de personas ocupadas menos que en el momento de mayor ocupación en febrero de 2020. Esta cifra alcanza a -908 mil personas si se realiza el ajuste estacional. Así, se ha recorrido solo la mitad del camino de la recuperación de los puestos de trabajo. Por otro lado, para medir la evolución del empleo formal, se dispone de los datos administrativos directos con un rezago de dos meses respecto a los datos de la encuesta del INE. Los cotizantes dependientes en organismos de seguridad social registraron a febrero de 2021 un leve incremento en doce meses (7,2 mil empleos adicionales). En abril y mayo de 2020, estos empleos asalariados formales habían disminuido en 386 mil puestos de trabajo respecto a marzo. Así, menos del 20% de la pérdida total de empleos involucró al sector formal y su volumen se recuperó ya en diciembre de 2020 respecto a la situación previa a la crisis. Es el empleo informal y por cuenta propia el que ha permanecido rezagado.

En conclusión, la caída del empleo en febrero-abril y de la actividad económica desestacionalizada en marzo y abril no son buenas noticias. La evolución de la pandemia no augura un invierno de recuperación en materia sanitaria y económica. La tarea del gobierno que iniciará su ejercicio en marzo próximo será, como se observa, muy difícil y requerirá una mezcla hasta aquí no conocida: una línea transformadora clara y un apoyo social, ciudadano y político amplio. 


jueves, 27 de mayo de 2021

Por qué el salario mínimo debe aumentarse

 En La Mirada Semanal

Una meta de mediano plazo debiera ser llevar el salario mínimo pagado por la empresa a más de la mitad del promedio del ingreso imponible de los dependientes que cotizan en AFP. Subirlo a al menos 400 mil pesos líquidos en 2021 no es absurdo para acompañar la recuperación económica.

Desde el año pasado hay que fijarse tanto en el valor del Ingreso Mínimo Mensual (denominación oficial del salario mínimo) como en el Ingreso Mínimo Garantizado (del trabajo, habría que agregar). El salario mínimo bruto se sitúa en 326,5 mil pesos, suplementado por 40 mil pesos de subsidio fiscal para llevarlo al ingreso garantizado de 300 mil pesos líquidos. Este subsidio se dirige a los trabajadores dependientes con jornada superior a 30 horas con un salario de menos de 394 mil pesos mil brutos. Esta fue una de las respuestas de política del actual gobierno a la rebelión social de fines de 2019. Se basa en el postulado que el ingreso laboral mínimo deseable debe ser de cargo de la colectividad y no de cargo de las empresas (una idea desarrollada por el premio Nobel de economía Edmund Phelps). Las empresas disminuirían en toda circunstancia su demanda por empleo con un salario mínimo que aumenta.

El subsidio tiene la virtud de aumentar el ingreso mínimo del trabajo, pero tiene dos problemas. El primero es que si los impuestos son regresivos, como es el caso en Chile por el peso del IVA y otros impuestos indirectos, las personas que son más pobres pagan al consumir proporcionalmente más que los de más altos ingresos aquella parte del salario de los trabajadores menos remunerados que ahora es subsidiada, incluso en el caso de las empresas que generan altas utilidades para sus dueños. El segundo problema es que esto incentiva a las empresas a no aumentar sus salarios a los trabajadores peor pagados cuando necesitan retenerlos, lo que ahora en parte ha devenido en tarea del Estado.

En esta lógica, el gobierno propuso esta semana un Ingreso Mínimo Mensual a pagar por las empresas que pase de los actuales 326,5 mil a 337 mil pesos brutos y subir el subsidio adicional a 50 mil pesos, por lo que el mínimo líquido subiría a 314,5 mil pesos. Esto fue rechazado en la Cámara de Diputados.

En 2019, cerca de 6% de los asalariados ganaba el salario mínimo. A su vez, el ingreso imponible promedio del trabajo dependiente que cotiza en AFP fue en marzo de 2021 de 877 mil pesos. Una meta de mediano plazo debiera ser llevar el salario mínimo pagado por la empresa a más de la mitad de ese promedio. Subirlo, al menos, a 400 mil pesos líquidos en 2021 no es absurdo para acompañar la recuperación económica. Incentivar el trabajo de mujeres y jóvenes se puede hacer fortaleciendo los subsidios respectivos al empleo. A su vez, a futuro el subsidio asociado al trabajo debiera otorgarse por la vía de la Asignación Familiar, hoy muy baja, para remunerar el trabajo doméstico (el o la cónyuge como “carga familiar”, en un lenguaje que no es muy feliz) y el cuidado de los menores (la asignación familiar por hijo también como “carga familiar”), socializando por esta vía una parte de la remuneración del trabajo en el contexto de una reforma tributaria progresiva.

El enfoque ortodoxo de la derecha siempre se ha opuesto a aumentar el salario mínimo. Aplica de manera simplista las curvas de oferta y demanda: a mayor precio (en esto caso el salario como precio del uso de fuerza de trabajo), se produciría una menor demanda de trabajo por parte de las empresas. Desde Keynes este razonamiento es cuestionado pues no considera, en términos macroeconómicos, el efecto depresivo de salarios bajos en la demanda efectiva. Un salario más alto aumenta las ventas y las utilidades potenciales de las empresas que venden bienes a los asalariados y sus familias. En un modelo dominado por los intereses de los exportadores, la tendencia es a deprimir el salario mínimo aún más. Esto fue llevado al paroxismo hasta 1990, cuando bajo el imperio dictatorial de los Chicago Boys el salario mínimo llegó a ser extremadamente bajo. En contraste, el aumento del salario mínimo bajo Alejandro Foxley y Eduardo Aninat no produjo un efecto significativo en el empleo, como se criticó en la época.

La literatura económica contemporánea, desde Card y Krueger en 1995 y los estudios comparativos entre los estados federados en Estados Unidos que aumentan o mantienen salarios mínimos bajos (“experimentos naturales”), concluyen que el efecto es bajo o inexistente. Basada en esta evidencia, la administración Biden se propone aumentar sustancialmente el salario mínimo, lo que también debiera ocurrir en Chile. El premio Nobel de economía(2008) Paul Krugman declaró este 2021 que la lección de esta evidencia es que salvo que los salarios mínimos sean elevados de manera exagerada, “subir el mínimo no va a tener efectos negativos mayores en el empleo, pero tendrá beneficios significativos en términos de ingresos mayores y reducción de la pobreza”. Una economía que expanda la demanda de consumo de los hogares y aumente progresivamente el salario mínimo con las metas mencionadas, tendrá en las actuales circunstancias la capacidad de contribuir a cerrar la brecha de empleo existente antes que a aumentarla y a remunerar mejor los empleos peor pagados.


martes, 25 de mayo de 2021

Chile necesita ser gobernado

En La Tercera Digital 

El actual gobierno fracasó en lograr los avances que la sociedad chilena necesita -en especial un régimen de mayor protección social y una diversificación productiva basada en el conocimiento- por una razón bastante simple: nunca se propuso hacerlo. Al no tener, además, una mayoría parlamentaria que le permitiera llevar a cabo su política liberal (como revertir la tímida reforma tributaria de 2014 y desregular más el mercado de trabajo), terminó sin capacidad de actuar de acuerdo a su propia orientación. Y le estalló una rebelión social de gran magnitud que se venía incubando desde larga data, la que terminó con las instituciones de la transición y su lógica contra-mayoritaria. Tampoco ayudó al actual gobierno su gestión deficiente de la pandemia de Covid-19.

El gobierno que le precedió, por su parte, no logró avanzar lo suficiente en los campos mencionados, a pesar del programa reformador de la Presidenta Bachelet. Una parte de su coalición se lo impidió y boicoteó un plan de reformas muy razonables por una razón bastante simple: no lo compartía. Todo esto amplificó el descrédito de las opciones políticas tradicionales y generó una creciente falta de capacidad de gobernar y de mantener una integración social básica para canalizar la convivencia colectiva por cauces pacíficos.

El próximo período será inevitablemente de cambios. Estos serán institucionales, ya consagrados por el proceso de formulación de una nueva Constitución, en el que la derecha fracasó en mantener su poder de veto sobre la mayoría. Y también será de cambios del orden económico-social, pues la sociedad ya no parece estar dispuesta a tolerar los actuales niveles de desigualdad. Esos procesos requieren ser gobernados. No podrán serlo adecuadamente, a partir de marzo próximo, si se vuelve a tener gobiernos sin mayoría parlamentaria o de composición incoherente. En este sentido, es posible que el esquema de primarias ya definido contribuya a clarificar las opciones ante la ciudadanía, con una primaria de la derecha tradicional y otra de la izquierda del cambio social (Frente Amplio, regionalistas y comunistas), mientras las fuerzas moderadas de centroizquierda presentarán una o varias opciones a la primera vuelta. Hacia el final de año, la izquierda y la centroizquierda deberán pactar un programa de gobierno para cuatro años, ya sea que se incorporen o no al nuevo gobierno, bajo el supuesto bastante plausible que la derecha no remontará su actual caudal electoral.

La ciudadanía dirá quién será el nuevo Presidente (a), probablemente en un esquema que requerirá la conformación de una mayoría parlamentaria con disciplina y que nombre a un jefe de gobierno y lo acompañe en su gestión. En paralelo, lo más probable es que se realicen cambios constitucionales que refuercen el carácter social de la propiedad privada (en la línea de “la propiedad obliga” de la Constitución alemana) y la limitación de la libre iniciativa económica por el interés general. ¿Espera a Chile algún chavismo o emulación de la revolución cubana? Cualquier persona que revise los propósitos de las fuerzas políticas principales en Chile sabe que eso no será así, incluso en el evento que gane la elección la fórmula de la izquierda que se propone transformaciones sustanciales del orden existente.

Lo que sí ocurrirá probablemente es que el nuevo orden público económico desarrollará diversas formas de democracia económica. En una democracia económica los agentes productivos son plurales y actúan sujetos a normas públicas y regulaciones democráticamente establecidas, evaluadas y controladas. El subsuelo, el mar, el agua, el espectro radioeléctrico son bienes públicos y su uso puede ser estatal o concesionado temporalmente en condiciones de respeto del interés público. La asignación de recursos combina modalidades centralizadas y descentralizadas con precios de mercado y con precios regulados (salarios mínimos, tasas de interés, rangos de tipo de cambio, tarifas de monopolios naturales). Es una alternativa a la economía de libre mercado en la cual la actividad de producción y satisfacción de necesidades está orientada a la maximización de la rentabilidad del capital y a su acumulación ilimitada, independientemente de sus resultados sociales, distributivos y ambientales.

En los próximos cuatro años se avanzará probablemente a una recaudación tributaria que se aproxime al promedio de los países de la OCDE (34%) desde el nivel actual (21%) para que la protección social pueda aumentar después de los estragos de la pandemia y se disminuya la desigualdad de ingresos. Esta recaudación será, dadas las propuestas existentes, predominantemente progresiva (las personas de mayores ingresos o activos deberán pagar proporcionalmente más que las de menos ingresos o activos). Probablemente se acompañará de una negociación colectiva efectiva de las condiciones laborales. Una regalía a las exportaciones mineras permitirá generar los recursos para una diversificación productiva progresiva que encamine a Chile hacia una mayor capacidad industrial, un mayor dinamismo en la generación de empleos creativos y equitativamente remunerados, en procesos de producción circulares y descarbonizados. Las tarifas de los servicios básicos deberán reflejar su costo y deberá terminarse con el esquema de servicios básicos entregados con rentabilidades privadas monopólicas que alimentan la concentración económica y retrasan la difusión tecnológica. Esos servicios deberán volver a una gestión estatal si las regulaciones efectivas no son posibles o implican subsidios a privados de alto costo sin suficiente calidad y extensión de la prestación a los usuarios.

El empresariado reacio a estos cambios debiera recordar que diversos países con modelos de este tipo se encuentran entre los de mayor PIB por habitante y calidad de vida. Y recordar lo que pasó con el plan de reformas y de nueva Constitución de la Presidenta Bachelet: ayudaron a echarlo abajo y hoy muchos lo echan de menos. No deben dejar de considerar que, en medio de convulsiones y dificultades, la sociedad chilena ha ido buscando una salida civilizada a sus dilemas y cuenta con fuerzas transformadoras racionales. Los que desconfían de todo cambio debieran asumir que el país entró en una etapa distinta, la que no los amenaza como ciudadanos ni les impedirá seguir postulando su modelo de sociedad en condiciones democráticas, en las que manda la mayoría respetando a las minorías. Más aún, en su mejor interés, debieran contribuir al buen desarrollo de una nueva gobernanza democrática.

jueves, 20 de mayo de 2021

El derrumbe del poder de veto de la derecha

En La Mirada Semanal

El pueblo se ha pronunciado, en medio de la pandemia, con una participación de 43,3% (a comparar con el 50,9% en el plebiscito de octubre pasado). Los votantes fueron sabios para impedir un nuevo bloqueo institucional por parte de la representación política de una oligarquía dominante, la derecha. Evitando confrontaciones mayores, resultado de la persistencia del veto de los representantes del 10% más rico sobre la mayoría de la sociedad.

En la nueva etapa constituyente, se hará posible que la derecha no vete las nuevas normas. La derecha tuvo que aceptar el término de la dictadura militar, pero hizo todo lo posible, con un éxito prolongado mediante distintos mecanismos desde 1990, por mantener un poder de veto sobre la voluntad mayoritaria. Este persistió luego de la importante reforma de 2005, que al menos eliminó a los senadores designados y los enclaves militares. La eliminación del sistema electoral binominal se produjo recién en 2015 (se aplicó el sistema proporcional por primera vez en 2018), pero persisten hasta el día de hoy los altos quórum de aprobación de leyes claves y de reformas a la constitución, junto a un Tribunal Constitucional de cerrojo final de las voluntades mayoritarias expresadas en el parlamento.

Ahora la derecha fue castigada nuevamente, después de lo ocurrido en el plebiscito constitucional de octubre de 2020. No llegó al tercio en la Convención Constitucional, no eligió en primera vuelta ningún/a gobernador/a y elegirá a lo mejor a uno en segunda vuelta, mientras pierde comunas como Santiago, Maipú, Estación Central, Nuñoa, Viña del Mar, Temuco o Valdivia, a pesar de la dispersión opositora. No logró superar el voto por el rechazo que se manifestó en el plebiscito.

Por su parte, también fue castigada la Lista del Apruebo (ex concertación más PRO y Liberales), que sumó solo un 14,5% de los votos. Se derrumbaron en la elección de convencionales partidos de centro como la DC (elige 2 con un 3,7% de los votos), el PPD (elige 3 con un 2,6%) y el PR (elige 1 con 1,2%), mientras al PS le va mejor pero con pocos votos(elige 15 con solo 4,8%). El PRO se queda con 0,6% de los votos.

El Frente Amplio (elige 16, con 6,3%), el PC (elige 7 con 4,9%) y el FREVS (elige 4, con 1,8%) mantuvieron básicamente sus proporciones parlamentarias previas (sumando el 18,7%). Junto a los independientes que están por los cambios estructurales, están llamadas a unificarse, aunque eso demore todavía en ocurrir.

El PH de Pamela Jiles, por otro lado, sacó el 0,5% de los votos, a pesar de toda la farandulización post- moderna de la política que promovió con amplia notoriedad. La presencia de una amplia representación de independientes de izquierda radical tiene un significado histórico, porque asegura la presencia de sensibilidades emanadas directamente de la rebelión social de 2019, canalizándolas a un momento constituyente efectivo.

El resultado en concejales, no obstante, es bastante distinto que en convencionales. Los votos por los independientes fuera de listas de partidos fueron marginales en las municipales (1,5%) y muy significativos para la Convención (40,7%). La derecha llega en concejales a un tercio de los votantes, en vez del 20,6% en convencionales. La ex Concertación aumenta los suyos del 14,5% al 34,2%: el PS pasa del 4,8% al 8,7%, la DC del 3,7% al 11,5%, el PPD del 2,6% al 6,6% y el PR del 1,2% al 6,7%. El PC pasa del 5,0% al 9,2%. El FREVS casi duplica su porcentaje, llegando a 3,3%, y el PH lo multiplica por cinco, llegando a 2,5%.

Lo descrito refleja que el voto local está más apegado a las redes partidarias preexistentes y confía más en los representantes de partidos o asociados a ellos. El Frente Amplio, en cambio, pasa de 10,8% a 8,6%, por su implantación territorial más reciente e incompleta y con una caída respecto al 16,5% de la elección parlamentaria de 2017 por las escisiones que ha sufrido. En las municipales, el primer partido es RN, seguido de la DC, la UDI y el PC, seguido más atrás por el PS y los partidos del FA sumados. Luego vienen radicales y PPD.

En alcaldes, la derecha juntó 22,8%, la exconcertación suma 25,9% y las postulaciones variadas del FA, PC, regionalistas y ecologistas suman un 16,4%, mientras se eligen 100 alcaldes independientes, como una nueva expresión de rechazo a los partidos políticos constituidos y su fragmentación actual.

Más allá de todas estas variadas cifras, el voto a la Convención Constitucional expresó una opción más directamente política sobre el largo plazo en el país y un castigo a los partidos políticos nacionales y sus dirigencias. Esto se expresó en la alta votación a independientes, pero que son predominantemente de izquierda (no se conocen casos de convencionales independientes electos que sean de derecha) y sin trayectoria visible previa, junto a algunas figuras, pero solo en el margen, de los medios de comunicación.

Ahora lo que sigue es que el 18 de julio deberán realizarse las primarias. Deberá construirse un sólido compromiso previo de apoyo mutuo en la segunda vuelta presidencial de diciembre y sentar las bases de un gobierno coherentemente progresista y de transformación incluyente para una nueva etapa en la vida del país, a la altura de lo expresado por el pueblo en las urnas y previamente en las calles.

Pero por el momento, los vuelcos de última hora a la inscripción de las primarias revelaron que se está lejos de las conductas racionales como las mencionadas. Se siguió con bailes de máscaras como método político que terminaron en un desastre. En vez de reconocer diferencias entre la autodenominada centroizquierda (la DC y el PPD señalaron incluso hace poco que no votarían en segunda vuelta por ningún motivo por los candidatos del PC y el FA) y un bloque más radical en su voluntad de cambio liderado por Jadue y Boric, las que se pueden procesar y dirimir con el método democrático que permitiría pasar de múltiples candidatos a dos en primera vuelta y uno/a en segunda. Este sería un arbitraje por etapas en las urnas de quienes no adscriben a la derecha. Algo así ocurrirá, pero en el desorden y la dispersión – sin que se sepa qué hará el fisurado bloque de centroizquierda, que se quedó sin primarias – y en un clima de recriminaciones. Si prima la responsabilidad política, habrá de reemplazarse con paciencia por un debate constructivo sobre opciones programáticas como único camino para concretar el deber de construir una alternativa de gobierno a la derecha que, además, acompañe el histórico cambio constitucional.

miércoles, 12 de mayo de 2021

El voto por convicción


Existe el voto emocional volátil, el voto identitario, el voto por abstención. Pero también existe el voto por convicción, que corresponde a una mezcla entre una apreciación más o menos razonada de los dilemas que enfrenta la política y las adscripciones estables a un campo de ideas. Este voto es más importante de lo que creen los cultores del marketing político porque difunde sentidos en la sociedad. Frente a la dispersión actual, después del 15 y 16 de mayo la responsabilidad de constituir un bloque de izquierda democrática transformadora probablemente no hará sino acrecentarse.

Después del fin de la larga era de la transición postdictadura y de sus restricciones y decepciones, especialmente para las nuevas generaciones, hemos entrado de lleno a la etapa de la construcción de un nuevo orden político en Chile. Este proceso -en el que ha quedado además establecido que cuando la derecha gobierna los problemas de la mayoría se agravan, incluyendo los de seguridad cotidiana- eventualmente desembocará en transformaciones en el orden económico y social. Esto pone en máxima tensión las luchas de intereses en este plano, especialmente cuando parte de aquellos intereses que son propios de la oligarquía económica dominante están en disputa abierta. Pensemos en las propuestas que adquieren una fuerza creciente en materia de royalty minero, impuesto a los super ricos, fin a las AFP y reformas de salud y educacionales orientadas a restringir el rol del mercado en las políticas sociales. 

Ahora que nos toca votar para conformar los municipios y elegir por primera vez al gobernador regional (ex Intendente) y a delegados para la Convención Constitucional, cabe recordar que hay distintos tipos de votos. 

El primero, sobre el que se puede ironizar a partir del gran humorista norteamericano Groucho Marx (1890-1977), al que se atribuye haber dicho “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros”, es el voto fluctuante y emocional. Este funciona por simpatía más o menos circunstancial hacia personas, las que no se privan de buscar halagar los impulsos positivos o negativos de los que sufragan. En eso está convertida buena parte de la política hoy.  El más reciente ejemplo es el de sumarse sin rubor, luego del asesinato de un niño, a una natural indignación y promover reinstaurar la pena de muerte para ganar votos, aunque eso no sea posible por los compromisos internacionales asumidos por Chile.  Existe, por contraste, un voto identitario y estable por partidos a los que se adhiere, a veces incluso por transmisión familiar, aunque ese voto es menos frecuente hoy, especialmente cuando los partidos políticos se han vuelto esencialmente pragmáticos y circunscritos a la promoción de los intereses de sus miembros, lo que provoca, además, frecuentes divisiones y fragmentaciones. Por otro lado, está el caso más frecuente, el del voto por abstención, basado en el rechazo ideológico o emocional a la representación, y que tiene como consecuencia dejar que los demás decidan.  

También existe el voto por convicción, que corresponde a una mezcla entre una apreciación más o menos razonada de los dilemas que enfrenta la política y las adscripciones estables a un campo de ideas. Ese voto es visto como uno que no tendría importancia cuantitativa desde el “marketing político”, lo que es una equivocación sociológica: ninguna sociedad funciona sin representaciones y sentidos. El voto por convicción tiene importancia cualitativa y termina por influir, de manera más o menos extendida según los casos, en el propio voto emocional mayoritario, dado el contexto de las interacciones que son propias de los procesos electorales, por confusas que puedan llegar a ser (y hoy lo son abundantemente) esas interacciones.

Se puede pensar que el sábado 15 y el domingo 16 de mayo se reforzará o disgregará aún más la representación del mundo del trabajo y de la cultura cuya visión de mundo está anclada en los valores de igualdad de oportunidades y derechos y de la libertad real, es decir una libertad que sea accesible para todos/as porque se crean las condiciones materiales que lo permitan. Esa es más o menos la visión de mundo de la izquierda, que sostiene que las diferencias de ingresos y de propiedad de activos no deben entenderse como un hecho natural ('siempre ha habido pobres y ricos') sino fruto de una construcción social histórica modificable por la acción política. El eje izquierda/derecha es el de la diferenciación de posturas sobre la igualdad/desigualdad social. Como Chile es un campeón mundial de la desigualdad, pasará mucho tiempo antes de que ese eje deje de estar vigente. Negar ese clivaje es una manera de intentar evitar el debate sobre cuestiones cruciales de la sociedad y es una de las más exitosas estrategias del modelo neoliberal: relativizar lo ideológico y reducir todo al sentido común cotidiano y a las emociones. En ese eje también se inscriben las grandes batallas de la modernidad para alcanzar una vida autodeterminada, no sujeta a discriminaciones arbitrarias que limiten la libertad personal, con una dimensión civilizatoria central: la emancipación de la mujer del patriarcado.

Es posible que salgan fortalecidas después del 15 y 16 de mayo las expresiones plurales de una izquierda moderna que se haga cargo de disminuir la desigualdad mediante más reformas tributarias, laborales, territoriales y educacionales, con servicios públicos universales y un Estado fuerte para poder redistribuir recursos que provengan de una economía dinámica que no suprime el mercado pero si lo orienta hacia el interés mayoritario mediante políticas y regulaciones. Y que lo enmarca en una inserción internacional industrializadora y sostenible en una economía mixta. 

Lo que se parezca a una izquierda moderna de ese tipo también deberá asumir las otras dimensiones en debate en la sociedad chilena: la ampliación de las libertades individuales (con respeto de las minorías sexuales, aborto, diversidad cultural, libertad de pensamiento y expresión, laicidad del Estado) en contra del autoritarismo conservador, así como la defensa de los ecosistemas contra el productivismo irresponsable con las nuevas generaciones y la preservación de la biodiversidad, lo que supondrá en el futuro crecer en ciertas cosas y decrecer en otras. Y honrar la deuda histórica con los pueblos indígenas, respetando su cultura y autodeterminación en un Estado plurinacional basado en valores comunes y derechos universales.  

Se trata de la tarea histórica de la izquierda contra la desigualdad y por la consagración de derechos universales junto a la tarea histórica de la modernidad en favor de emancipar la condición humana y terminar con el patriarcado. Y siempre considerando que la democracia es el marco irrenunciable de la acción política de transformación y que su vocación es convencer poniendo por delante convicciones y proyectos antes que solo vencer en una elección, manipulando circunstancialmente las emociones de las personas. De salir fortalecidas las expresiones que asumen este tipo de causas, la responsabilidad de constituir un bloque de izquierda democrática transformadora no hará sino acrecentarse.


jueves, 6 de mayo de 2021

Nuevas medidas de un gobierno que improvisa

En La Mirada Semanal 

La pandemia apenas muestra signos de mejoría después de la vacunación y las cuarentenas masivas. La economía ha vuelto a caer. Pero el gobierno insiste en tratar de salvar dos de los pilares del modelo neoliberal existente: las AFP y la entrega cuasi  gratuita de la renta obtenida de la explotación privada de recursos mineros que pertenecen al país. 

Para sobrevivir hasta marzo próximo, y después del rechazo del Tribunal Constitucional a su intento de parálisis de un tercer retiro de ahorros de los fondos de pensiones, el gobierno se ha instalado en la improvisación. Entre tanto, la pandemia apenas muestra signos de mejoría después de la vacunación y las cuarentenas masivas. Como consecuencia, la economía ha vuelto a caer, aunque en la semana la noticia se presentó como una expansión del Índice Mensual de Actividad Económica de un 6,4% en marzo al compararse con el mismo mes del año pasado, cuando la economía empezaba a caer. En lo que hay que fijarse es en la evolución respecto al mes previo despejada de efectos estacionales. Ahí, el panorama es otro: el Imacec disminuyó en -1,6% respecto al mes precedente.  A esto se agrega la caída del empleo en -0,2% en el registro del primer trimestre respecto al trimestre móvil anterior. Frente a esta situación, el gobierno ha tomado día a día una serie de medidas cuya coherencia no se observa con claridad, mientras ha ofrecido un diálogo a la oposición. 

El ministro del Trabajo Melero anunció el 1º de mayo la creación de un nuevo subsidio para "impulsar la formalización del trabajo y garantizar el acceso a la seguridad social como salud y seguro de cesantía". El subsidio al empleo que se paga a las empresas desde fines de 2020, dotado de dos mil millones de dólares para 1,2 millones de personas, parece no haber ido mucho más allá de 500 mil personas, mientras por construcción favorece a las utilidades de las empresas. Tal vez por ello el gobierno ahora declara que, a diferencia de los subsidios ya existentes, este va "al trabajador: es él quien postula y quien lo recibe" y se entregará por seis meses a los trabajadores que hayan iniciado una relación laboral a partir del 1 de abril de este año y cuya renta no supere tres ingresos mínimos, es decir, alrededor de $980 mil. El costo fiscal será de US$248 millones y tendrá una cobertura potencial de 500 mil trabajadores y trabajadoras. Se trata de un suplemento de ingresos para quien consigue trabajo, lo que es bastante curioso, dado que los que no lo consiguen o están en cuarentena parecen ser una prioridad más evidente. Seguramente está detrás la visión empresarial de que habría una "escasez de mano de obra por los subsidios estatales que incitan a las personas a quedarse en la casa". Entonces, con este subsidio se incitaría a que los cesantes busquen trabajo. Es un caso más del prejuicio neoliberal sobre la conducta de los trabajadores. Tal vez el único beneficio de la medida es que formalizará empleos ya existentes. En buena hora. Pero la contracara es constatar otra vez que al parecer en Chile la obligación de cumplir la ley solo se hace efectiva si se paga por ella.

Además de ofrecer una especie de universalización del IFE en respuesta a la idea opositora de un ingreso universal transitorio y de terminar con parte de las exenciones tributarias, el gobierno se ha reafirmado en tratar de salvar dos pilares del modelo neoliberal existente: las AFP y cobrar muy poco por la renta de explotación minera privada. 

En el primer caso, ha obtenido increíblemente el apoyo unánime de la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para un proyecto que otorga un bono de $200 mil de cargo fiscal a quienes hayan quedado con saldo cero en sus cuentas de capitalización individual debido a los retiros del 10% (3.201.289 personas). El proyecto de ley establece, asimismo, una cotización adicional mensual de 1% de la remuneración imponible de cargo del empleador o del trabajador independiente. Esta cotización adicional debería realizarse a partir del primero de enero del año 2022. Además, se crearía una bonificación fiscal para los afiliados del sistema privado de pensiones de un 1% de cotización adicional por cada cotización que efectúen a su cuenta de capitalización individual, con un tope de 0,3 Unidades de Fomento.

Resulta insólito que esta operación de salvataje de las AFP- las que recibirán de aquí a un futuro indeterminado del orden de un 15% de los montos transferidos por el Estado por comisiones, las que se cobran por flujo y no por el monto acumulado- reciba votos de la oposición. El costo de los 200 mil por una vez será de 890 millones de dólares. El costo anual potencial de la bonificación del 1% adicional será de 640 millones de dólares en 2022. Dicho sea de paso, las AFP ya cobraron su comisión por los fondos recientemente retirados en el momento en que se depositaron originalmente. Por eso no se oponen a los retiros. Y todo reintegro, como el planteado por el gobierno, daría lugar a un nuevo cobro. ¿Por qué estos recursos no se entregan directamente a los pensionados al momento de jubilarse, sin pasar por las AFP? 

El gobierno que se inicie en marzo de 2022 -salvo que sea otro gobierno de derecha, lo que es perfectamente posible tal como están las cosas en la oposición- deberá proponer una reforma con sentido. Esta deberá incluir una pensión básica solidaria más amplia y cotizaciones que financien derechos de jubilación adquiridos en el trabajo durante la vida activa, es decir un sistema con un mínimo universal decente a partir de los 65 años (del orden del actual salario mínimo de 300 mil pesos), más una pensión contributiva que refleje lo trabajado y que compense el trabajo no remunerado de las mujeres. Y sin AFP, salvo como opción voluntaria de los que quieran ahorrar adicionalmente. 

En paralelo, el gobierno se ha empeñado en hacer campaña contra el royalty (regalía, en castellano) que deberá terminar de ser votado por la Cámara de Diputados. Según el ministro de Minería Jobet, el royalty a las ventas de cobre y litio que plantea el proyecto de ley de la oposición sería de 82% sobre las utilidades de las mineras privadas. Aunque la cifra no es la correcta, un 18% de utilidad por extraer un recurso que no les pertenece no estaría, en todo caso, nada de mal. El hecho es que el cálculo del gobierno suma el actual Impuesto Específico a la Minería, que sería sustituido por el proyecto en discusión, y no considera el pago del royalty como gasto para efectos del impuesto a la renta. Cuando esas dimensiones se incluyen, y considerando el caso de la minera Escondida y los costos que ha publicitado, la tasa sobre utilidades con el nuevo royalty que se discute el jueves en la sala de la Cámara de Diputados sería de 42% si el precio es de 280 centavos la libra de cobre o de 56% si es de 450 centavos la libra.

Con las utilidades después de impuestos que permanecerían después de la aplicación del royalty ningún inversionista con dos dedos de frente dejaría de invertir en Chile. Pero para Diego Hernández, de la SONAMI, "si se aplica tal como está aprobado afectará a toda la industria minera, lo que en la práctica significa una decisión de no tener más minería en Chile”. Los representantes del gran empresariado presente en Chile -en este caso capitales transnacionales- no parecen tener sentido del ridículo.

Recordemos que hoy el precio del cobre está en 453 centavos de dólar la libra, en circunstancias que las inversiones están calculadas con un precio inferior a 300. Esa diferencia debe ir en una proporción principal al dueño del recurso, la ciudadanía chilena, y no a quienes obtuvieron una concesión del Estado para explotarlo. El royalty sobre margen de explotación que a duras penas -con la oposición tenaz de la derecha- se logró establecer a partir de 2005, apenas captura una baja proporción de la renta minera que pertenece a la Nación. Por eso es tan importante que sea aprobado el proyecto de la Cámara de Diputados. Y por eso es tan importante que la derecha no obtenga un tercio de bloqueo en la Convención Constituyente para que el país recupere de manos de la oligarquía económica su soberanía en la determinación de sus políticas y en la protección del interés nacional.


jueves, 29 de abril de 2021

Las confusiones discursivas y las salidas de la crisis

En La Mirada Semanal

Frente a incrementos de la complejidad y del ruido social en el mundo actual, agravados por la crisis sanitaria y económica, suelen multiplicarse en el espacio público y adquirir popularidad quienes aumentan los temores y contribuyen a la confusión sobre lo que está en juego, sin construir procesos de cambio efectivo. Existe, en cambio, la alternativa de avanzar después de la pandemia a un “Estado de bienestar democrático 3.0”.

El poder del lenguaje para describir fenómenos y darles sentido puede orientarse tanto a acrecentar la lógica de los mitos y la confusión sobre los asuntos colectivos como a hacerlos más comprensibles y eventualmente catalizar acciones colectivas efectivas. Vivimos hoy una etapa en que la confusión aumenta, con una gran fragmentación de los discursos, lo que incluye a quienes tienen visiones críticas de la sociedad. Estos suelen remitirse ad nauseam al reclamo contra el neoliberalismo, las élites, el patriarcado, el centralismo, la representación y así sucesivamente, antes que a las transformaciones secuenciales y sostenidas para superarlos. Estas requieren articular intereses diversos en tiempos cortos y largos, lo que es la tarea básica de la vilipendiada política. 

Se combinan al menos cinco tipos de efectos en la sociedad de hoy que aumentan la ansiedad colectiva: las secuelas de la crisis económica global de 2008-2009 y la persistencia de las desigualdades; los efectos iniciales del cambio climático de origen antropogénico; la pandemia de COVID-19 originada por nuevos saltos de virus peligrosos desde animales a humanos con la reducción de la frontera de la vida natural; el paso a una nueva etapa tecnológica y, finalmente, una crisis generalizada de la representación en las sociedades democráticas, con liderazgos desprestigiados y siempre detrás de los acontecimientos. El resultado es que los sistemas políticos son crecientemente impotentes para asegurar una gobernabilidad democrática inclusiva y capaz de dominar los parámetros básicos del futuro. Están frecuentemente dominados por las oligarquías económicas, mientras se asiste a cambios culturales y mediáticos acelerados que aumentan la fragmentación de las audiencias y de las interacciones individuales y sociales. 

Frente a incrementos de la complejidad y del ruido social de esta magnitud, suelen multiplicarse en el espacio público y adquirir popularidad quienes aumentan los temores y amplían en su beneficio el miedo al cambio, a la enfermedad, al desempleo, a la inmigración, a la pérdida de lugar en la sociedad, a la manipulación tecnológica, a la delincuencia. Ahí prosperan las demagogias de distinto tipo. 

Las respuestas ultraderechistas a lo Trump y Bolsonaro se focalizan en la oferta de orden represivo, en estimular los reflejos identitarios, en desdeñar el conocimiento científico y la cultura e identifican un enemigo: las élites. Con la excepción de las élites económicas, a las que se alían y defienden, cuando no provienen directamente de ellas, como Kast en Chile. Y llegan a conseguir adhesión social, aunque sea solo temporal. En algunas partes este populismo de derecha ha ido desplazando a la derecha tradicional y tiene su caldo de cultivo estructural en la concentración económica y en la precarización del empleo que son propios del capitalismo financiarizado actual. 

Estos fenómenos no encontraron por décadas respuestas en el progresismo o en la socialdemocracia tradicional. En Europa y Estados Unidos dejaron la primacía de la representación del mundo del trabajo y giraron a representar emancipaciones culturales necesarias y a clase medias integradas a los flujos dinámicos de la globalización económica. Algunos simplemente giraron al neoliberalismo. Esto se está hoy corrigiendo emblemáticamente por los socialistas portugueses y españoles, los laboristas neozelandeses y en parte Biden, cuya respuesta sanitaria y económica a la crisis ha sido hasta aquí contundente. 

En América Latina, las respuestas de las izquierdas han girado en torno a redistribuciones de las rentas de recursos naturales desde el Estado, sin realizar cambios estructurales en la economía que permitan sostener grados básicos de dinamismo persistente, cohesión social y preservación de la naturaleza. Esas respuestas basadas solo en las obligaciones de la  inmediatez, en ocasiones acompañadas de la clientelización de la acción política, es altamente dependiente de los mercados mundiales de materias primas y es, por tanto, inestable. Y puede derivar en el rentismo puro y simple que, combinado con el tradicional caudillismo,  termina por descomponer las capacidades sociales y productivas, como ha ocurrido dramáticamente en países como Venezuela, de larga tradición rentista. El intervencionismo de las derechas y los bloqueos norteamericanos no hacen, por otro lado, más que acentuar la miseria de los afectados y ayudar a la sobrevivencia de los regímenes burocráticos antes que a su necesaria evolución democrática.

Hacia el futuro, como he escrito en otra parte, es posible identificar tres trayectorias no deseables, siguiendo a Daron Acemoglu. La primera es la de la “continuidad trágica” del declive de las instituciones y de la mantención de las desigualdades y depredaciones de las últimas cuatro décadas neoliberales. La segunda es la de un vuelco hacia la verticalidad estatal de control social, bajo el supuesto de la ineficiencia de la gobernanza democrática frente a las “nuevas amenazas”, lo que refuerza los regímenes autoritarios existentes o bien los afanes de poder de caudillos que manipulan los miedos de la sociedad. La tercera es la de la “servidumbre digital”, con los gigantes tecnológicos y de capitalismo de plataforma sustituyendo a gobiernos en bancarrota en sus funciones sanitarias y sociales, configurando nuevas formas desreguladas de teletrabajo y determinando las conductas colectivas en medio de una enorme concentración privada de poder mediante el manejo de datos en democracias en descomposición.

Existe, en cambio, la alternativa de avanzar después de la pandemia a un “Estado de bienestar democrático 3.0”, que sea un avance efectivo respecto de aquel que emergió en el siglo XX después la depresión y de los fascismos y de aquel que resultó de las reducciones de la era neoliberal y de las crisis recientes. Su sustrato material es la cuarta revolución industrial en curso, que sucede a la tercera que generalizó los soportes digitales. Esta nueva etapa tecnológica tiene tanto enormes potencialidades como amenazas, como la citada concentración de la información en gigantescos monopolios privados (el  impacto en el empleo, en cambio,  suele exagerarse como parte de la difusión de los miedos: el tema central sigue siendo no “cuánto empleo habrá” sino “el tipo de empleo que hay hoy y que habrá en el futuro”). Está basada en un gran aumento de la capacidad de transmisión y procesamiento de datos usando inteligencia artificial, la robotización de la producción y el transporte, la manufactura aditiva, las energías renovables, las biotecnologías, la criptoeconomía, el internet de las cosas. Pero puede y debe dejar de ser un mero impulso adicional de acumulación y concentración privada y ponerse al servicio de un bienestar equitativo y sostenible de la sociedad. 

En efecto, la primera tarea pospandémica es asumir las debilidades institucionales demostradas en la crisis sanitaria y bregar por un cambio en las formas de gobierno hacia una democracia más eficaz, descentralizada, proba, basada en un Estado de derecho socialmente respetado y en capacidades de acción colectiva que combinen la tríada de un sentido estratégico de la política, un mayor rol de la ciencia y el conocimiento y formas extendidas de participación social. 

El Estado de bienestar democrático 3.0 deberá en el corto plazo robustecer la salud pública, aminorar las brechas digitales y enfrentar la ampliación de la economía informal junto a la pérdida de empleos y/o su precarización, además de la salida de muchas mujeres del empleo formal y su retraimiento hacia el trabajo doméstico. Esto debe traducirse en una reactivación impulsada por incrementos salariales, por la extensión de las redes de seguridad social y la remuneración del trabajo doméstico (una asignación propia y además por hijo o dependiente puede ser un buen mecanismo que aumente la autonomía económica de las mujeres). Se deberá establecer un sistema de ingresos básicos (diferenciados para la infancia, la vida activa y la edad avanzada) y de empleo social en servicios a las personas (empezando por el cuidado) y en servicios ambientales (empezando por mejorar el manejo del agua en las cuencas y amplios planes de forestación), financiado con un mayor aporte tributario del 10% de más ingresos.

Y mas allá de la salida de crisis, se requiere invertir fuertemente en urbanismo integrador y sostenible, avanzando a energías domésticas renovables y a una electro movilidad generalizada que atenúe sustancialmente los problemas de salud que provoca la contaminación del aire. Y también invertir en revitalizar los espacios rurales, que en parte podrán beneficiarse de formas ampliadas de teletrabajo. 

Los cambios en la política social y en el ordenamiento territorial y espacial suponen lograr una más inteligente regulación y coordinación de los actores económicos, así como de los sistemas educativos y de formación permanente para avanzar tanto a aumentos de productividad como a transformaciones del régimen de producción/consumo. El nuevo paradigma debe ser una economía circular con toda la tecnología verde disponible para mejorar la resiliencia ambiental y sanitaria de la producción, mediante una reconversión productiva financiada con la plena captación tributaria de las rentas de los recursos naturales. Esta reconversión debe fortalecer a la pequeña empresa y a la economía social y del cuidado, y también a los sectores de alta productividad articulados con cadenas globales de valor, pero con más servicios tecnológicos de origen nacional y un mayor valor agregado local. Como hemos señalado en artículos previos, esto supone un gran salto en la capacidad nacional de investigación y desarrollo y financiar y fomentar la producción de bienes sanitarios, medicamentos y vacunas, de alimentos saludables, de energías renovables y de soportes de la electromovilidad. El extractivismo depredador debe transitar a una minería, agricultura, actividad forestal y pesca sostenibles, y transformar a Chile en un modelo exportador de bienes que respeta la resiliencia de los ecosistemas y que está inserto en un mercado interno fortalecido por las redistribuciones y los servicios a las personas y a la producción. Este cambio significará un gran esfuerzo empresarial y del mundo del trabajo, pero se transformará en un factor de competitividad en mercados mundiales cada vez más exigentes. 

Deberá también terminarse con el esquema de servicios básicos entregados con rentabilidades privadas monopólicas, que alimentan la concentración económica y retrasan la difusión tecnológica. Varios de esos servicios deberán volver a una gestión estatal si las regulaciones efectivas no son posibles o implican subsidios a privados de alto costo sin calidad de servicio.

En suma, una nueva fase en la vida del país requerirá un Estado más democrático y paritario con más capacidades sociales y productivas, pero también una sociedad que vigila y orienta la economía y las instituciones y una cultura de mayor responsabilidad colectiva con el cuidado recíproco y con  las nuevas generaciones. 



jueves, 22 de abril de 2021

El desgobierno y el Ejército

En La Mirada Semanal 

El gobierno conduce de manera cada vez más errática su fin de mandato. Esto incluye el manejo de la pandemia y de los apoyos sociales, pero también las salidas de rol del Ejército y las otras ramas de la defensa nacional. Si no enmienda su conducta, acumulará otro hecho en el que ha cruzado la línea del cumplimiento cabal de su función constitucional.

La administración de Sebastián Piñera ha seguido en la pendiente del desgobierno. Demoró increíblemente en poner en práctica lo que tiene que hacer en materia de transferencias a las familias frente al recrudecimiento de la epidemia de COVID-19 desde febrero, la que a su vez no logró controlar por su mala política de restricciones con ires y venires cada vez menos efectivos. Esto derivó en una sobre exigencia del sistema sanitario muy superior a la de junio pasado, el primer peor momento de la epidemia en Chile. En vez de actuar desde principios de marzo con un Ingreso Familiar de Emergencia ampliado a sectores medios que hubiera tal vez permitido a mucha gente sostener mejor el nuevo confinamiento y no seguir en actividades para ganarse el sustento diario, termina haciéndolo tardíamente. Las coberturas son más amplias que las iniciales, pero se llega a ellas después de reclamos múltiples y de confrontaciones con la oposición y con su propia coalición, en medio de una gran confusión. Pareciera que le resulta sicológicamente imposible gobernar usando los recursos públicos para proteger, aunque sea por un período breve, a las mayorías sociales en medio de una gran crisis. Es como si esos recursos disponibles no estuvieran precisamente para eso y usarlos fuera sinónimo de  “populismo”, esa anteojera mental que se han construido hasta el ridículo quienes nos gobiernan. 

Esta conducta irracional, incluso desde el punto de vista de sus propios intereses, llevó a que la propuesta de un tercer retiro de ahorros previsionales de las personas haya obtenido el apoyo de dos tercios de la Cámara de Diputados, con muchos votos de la coalición de gobierno. En vez de acomodar un proyecto que cautele que los retiros de las personas de mayores ingresos paguen el correspondiente impuesto a la renta, o que no se autorice disminuir los retiros programados y las rentas vitalicias por sustracción de una parte del capital que las sustenta y reemplazarlos por apoyos directos suficientes, el gobierno vuelve a pedir otra vez al Tribunal Constitucional que inhabilite la soberanía que emana de nada menos que dos tercios del parlamento. Lo hace, además, con una falta de legitimidad agravada de ese Tribunal, que está envuelto en una insólita telenovela de reproches cruzados y odiosidades entre sus miembros de derecha, hoy sobre representados, incluyendo acusaciones de corrupción y maltrato. Nunca se había visto algo así, lo que no hace sino reflejar la descomposición de las instituciones de bloqueo de la voluntad popular de la constitución de 1980.

En este contexto, las Fuerzas Armadas se han permitido volver a deliberar con la pretensión de nada menos que pautear el ejercicio de la libertad de expresión en Chile.

El Ejército ha declarado que a raíz de sarcasmos sobre la carrera militar y sobre los casos judiciales que involucran a miembros de sus filas "no es aceptable pretender que ello sea motivo para denostar a oficiales, suboficiales y soldados que en su vocación se ven vejados por tal simulacro de realidad. El ejercicio de las libertades de expresión e información es esencial para el progreso de una sociedad cuando se ejerce con verdad y responsabilidad, lo que no ha ocurrido en este caso”. Ha obtenido el apoyo público de la Fuerza Aérea y la Armada, y nada menos que del propio ministro de Defensa, que no ha ejercido su rol.

Lo que es aceptable o no en materia de libertad de prensa no es algo que deban pautear las Fuerzas Armadas. Su carácter de instituciones disciplinadas y no deliberantes les impide, además, emitir cualquier juicio u opinión en la materia. El monopolio del uso legítimo de la fuerza armada para fines de defensa que la ciudadanía les otorga tiene esa contrapartida: la prescindencia en los asuntos públicos. Ese es el arreglo institucional básico y universal en los Estados de derecho para impedir la intervención o abuso de la fuerza militar en los asuntos de la sociedad.

Toda persona o institución que se desenvuelve en la esfera pública puede en democracia ser objeto de críticas, sarcasmos e ironías. En cambio, la injuria, la calumnia o la incitación al odio y la discriminación están penalizadas -bien o mal, pero esa es harina de otro costal-y corresponde a la autoridad civil, y no a los militares de manera autónoma, activar ante la opinión pública o ante los tribunales cualquier acción que afecte a las instituciones armadas. Estas deben, naturalmente, tener el derecho a defenderse frente a ellas, o de manifestar su dolor o incomodidad por algún reproche que se les haga, pero a través de las autoridades competentes y con la debida y formal autorización del poder civil, que en ese caso asume la responsabilidad pertinente. 

Las Fuerzas Armadas no pueden pretender pautear la conducta de ningún actor de la sociedad, y menos a los medios de comunicación, sobre cómo ejercer la libertad de expresión, o las formas que puede o no tomar el humor y el sarcasmo. Su misión constitucional es la defensa y seguridad nacional sujeta a la autoridad civil, y punto (artículo 101). Lo que han declarado es absurdo e inconstitucional. No están autorizadas a deliberar, en este caso a emitir juicios sobre la forma en que se ejerce o no un derecho, ya sea que se trate del derecho de opinión o de cualquier otro. No se entiende en qué mundo viven los que sostienen que esto no es deliberación sobre asuntos públicos que escapan a la función de defensa, sobre los que el mundo militar no tiene nada que opinar. Así de simple. El hecho que se hayan sumado declaraciones en el mismo sentido del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, evidentemente coordinadas, constituye, además, un pronunciamiento de órganos sujetos a disciplina que es completamente inaceptable.

Está más que claro que una pendiente de intervencionismo militar en el funcionamiento de la vida social no va a ser aceptado por la gran mayoría del país. No por casualidad está detenido en el parlamento el proyecto de reforma constitucional del gobierno que autoriza a las fuerzas armadas a realizar tareas policiales. Esta pendiente, que la extrema derecha alienta con la complicidad activa o pasiva de otros en el espectro político, puede llevar a otra grave confrontación histórica en Chile y a una masiva reacción contra el militarismo. No tiene sentido no tomar en cuenta que las instituciones armadas han demostrado en el último tiempo no ser capaces de controlar graves actos de corrupción que han involucrado a sus mandos, o bien que han incurrido en la desobediencia expresa a la ley en materia de vigilancia de personas, que son hoy objeto de persecución judicial y de un extendido reproche social. Por ello, el control civil sobre las instituciones armadas debe aumentar, no disminuirse (nótese que aquí no estamos siquiera aludiendo el descontrol de Carabineros en los últimos años, que es otra materia pues remite al orden público). El Ejército no puede pretender que no haya al menos sarcasmo frente al hecho que dos de sus ex comandantes en jefe y muchos de sus mandos estén procesados por malversación de caudales públicos para fines personales (robo, en castellano antiguo) que se cifran en millones de dólares. O que no se produzca una crítica frontal a sus mandos por haber incurrido en vigilancia secreta de periodistas que investigan la corrupción en su seno, aunque se haya hecho, al parecer, con la complicidad de un juez. 

Las Fuerzas Armadas se deben a la República, no a sí mismas, como todas las otras instituciones. No se puede seguir alentando el corporativismo en el Estado, con ciudadanos cada vez más escépticos sobre el buen uso de los impuestos que pagan todos los días. Por ello, la disciplina militar debe restablecerse con urgencia. El gobierno no puede escamotear ese deber constitucional con declaraciones vacuas apoyando la libertad de expresión, pero sin señalar que el Ejército y las otras ramas no pueden pretender orientar su modo de ejercicio. Lo que corresponde es una respuesta civil enérgica -ojalá de amplia transversalidad- que remita a las Fuerzas Armadas a su rol, para excluir de una vez y expresamente toda deliberación o intento de cercenar derechos de la ciudadanía garantizados por el orden jurídico vigente. El gobierno debió ponerse a la altura de la gravedad de lo ocurrido. Si no enmienda su conducta, acumulará otro hecho en el que ha cruzado la línea del cumplimiento cabal de su función constitucional.


viernes, 16 de abril de 2021

¿Un nuevo paradigma para una economía innovadora?

 En La Mirada Semanal 

Las experiencias desde marzo pasado de subsidio a la creación de nuevos productos sanitarios frente a la emergencia, acompañadas de posteriores compras públicas, serán tal vez el inicio de una política industrial que se generalice para lograr la transición a una economía circular diversificada, a la agregación sostenible de valor y a la inserción selectiva en cadenas globales de producción que asegure la resiliencia de los ecosistemas y la ampliación de los bienes comunes. 

En medio de las acciones urgentes que la pandemia de COVID-19 obligó a realizar en diversos ámbitos en Chile, hay que destacar algunas de política industrial. Si, como se lee, de política industrial, el vilipendiado concepto del que la ramplona ortodoxia del pensamiento único chileno no ha querido escuchar hablar durante décadas, siempre en nombre de la religión de las ventajas comparativas y de la especialización en la producción de materias primas que de ella deriva.

En efecto, el Ministerio de Ciencia y CORFO convocaron el 31 de marzo de 2020 a presentar iniciativas para ser financiadas a través del programa "Retos de Innovación Covid-19", que destinó $800 millones, es decir casi nada, a apoyar el resguardo al personal de salud expuesto al virus “frente a la escasez mundial de elementos de protección”. El objeto fue “desarrollar y producir estos elementos aquí en Chile en plazos muy acotados, frente a situaciones críticas o emergencias”, en palabras del ministro del área.  

Bastó este llamado, de muy pequeña escala, para que diversas iniciativas tomaran vuelo. Fueron seleccionados trece proyectos de diseño y fabricación de elementos de protección, como mascarillas quirúrgicas, escudos faciales y trajes de protección. Algunos fueron apoyados por compras públicas y a un año de la convocatoria gubernamental, se han entregado 172 mil de esos implementos de confección local en 150 recintos hospitalarios, entre los que se cuenta una máscara fabricada a través de impresión 3D e inyección plástica con vida útil de hasta 5 años y el potencial de inactivar el SARS-CoV-2; escudos faciales con resistencia a la humedad y a la grasa, de larga durabilidad y reutilizables; mascarillas lavables y reutilizables con acción antimicrobiana con partículas de cobre y zinc; batas reutilizables antimicrobianas con tecnología nano Cobre–Zinc en la tela. Es decir, nada menos que el esbozo de un nuevo paradigma en acción: la manufactura en Chile de productos reutilizables, con mayor vida útil, de diseño local, en circuitos cortos de producción-consumo.

Siete de los proyectos seguirán siendo apoyados para su escalamiento nacional e internacional, a través de un subsidio de... hasta $60 millones. Seguimos en Chile, nada de iniciativas de apoyo público importantes, no vaya a ser cosa que a alguien se le ocurra pensar que el subsidio a la producción de nuevos bienes y su desarrollo mediante compras púbicas pueda reemplazar al sacrosanto mercado. Y no vaya a ser cosa que nos acostumbremos a que los proyectos productivos consideren, además, la sustentabilidad, en este caso mediante la búsqueda de materiales inocuos y la extensión de la vida útil. Sobre todo, que no cunda la ocurrencia de empujar más diversificaciones productivas, porque son cosas muy caras y no corresponden a la idea de “optimizar la asignación de recursos” que los dilapidadores de siempre no entienden. 

Esta manera neoliberal de ver la dinámica económica no considera que obviamente las economías de escala nunca llegan el primer día, pero que políticas industriales bien concebidas y persistentes pueden transformar países desde el atraso agrícola y manufacturero a la industrialización en gran escala y la innovación productiva de frontera, con el ejemplo de Corea del Sur a la vista.  Pero, además, ocurre que el "ventilador mecánico invasivo de emergencia rápido y seguro", desarrollado por una universidad gracias al financiamiento de CORFO y de privados, se fabrica con un 10% del costo de producción de un ventilador mecánico de alta gama. Si, leyó bien, con un equipo importado se compran 10 fabricados en Chile. El costo es mucho menor “porque los equipos están diseñados con un concepto de fabricación por ensamble de piezas confiables y más fáciles de encontrar en el comercio", según uno de los conceptores. Ya ven, un nuevo paradigma. Es decir cambios en los modelos de producción, consumo y distribución

Se discute en esta etapa sobre los necesarios cambios tributarios (terminar exenciones, separar los impuestos al ingreso personal y corporativo, volver a mayores tasas marginales a la renta, eliminar el tope de la patente industrial y comercial, establecer impuestos a las grandes fortunas y a las transacciones financieras, así como una regalía a las ventas mineras) y laborales (negociación colectiva supra-empresa con titularidad sindical, aumento del salario mínimo, igualdad salarial de género, participación de 30% en las  utilidades e incidencia de los trabajadores en los directorios) que el país debe abordar de alguna u otra manera después de la crisis social. 

Pero también se debe avanzar en el paradigma productivo y de organización del tejido económico empresarial: ¿por qué no adoptar la propuesta de Jeannette von Wolfersdorff de transferir de 10 a 25% de las acciones de las empresas mayores a un fondo público cuya rentabilidad complemente los ingresos de los grupos más vulnerables y financie la elaboración de estrategias de diversificación económica? Si esto es resistido, ¿por qué no reformar, entonces, el impuesto a las herencias y transferir la mayor parte del capital heredado -la legitimidad de los herederos de grandes fortunas para retenerlas en su totalidad es simplemente nula- a ese fondo patrimonial público? Este debiera ser gestionado de manera autónoma y profesional y su giro único debiera ser obtener una rentabilidad con sustentabilidad social y ambiental que financie la diversificación económica mediante el apoyo a objetivos, como propone Mariana Mazzucato con su enfoque de las misiones tecnológicas (definir un problema que necesita ser solucionado con aportes de muchos sectores). Esto debe empezar en Chile por dar un fuerte impulso ya no solo a algunos productos sanitarios sino a la industria farmacéutica local, empezando por genéricos y vacunas (que en esta pandemia se han adquirido a un alto precio), a las energías renovables, a la electromovilidad, a la alimentación saludable, a la agregación de valor en una minería sustentable, a los servicios a la producción con tecnologías avanzadas.

Las regalías sobre recursos naturales y el esquema de transferencias de propiedad deberán impulsar el esfuerzo de reconversión y diversificación productiva en los diversos territorios. Esta transición debe acompañarse de la desconcentración de los mercados para dar espacios a nuevos actores empresariales, de fuertes mecanismos anticolusión y de defensa del consumidor, de una banca de fomento efectiva, de la promoción de la pequeña empresa innovadora y de la economía social, solidaria y sostenible con facilitación del acceso a mercados y más intensa transferencia tecnológica y de mejores prácticas. 

Se trata nada menos que de realizar como país una planificación estratégica y selectiva de largo plazo de la transición a una economía circular diversificada, basada en una especialización productiva que incorpore la agregación sostenible de valor, la dinamización de las economías locales y de los circuitos cortos de producción-consumo junto a la inserción inteligente y más provechosa en cadenas globales de producción. Esto supondrá un fortalecimiento sustancial de la investigación y desarrollo tecnológico endógenos, junto a la fijación de precios sociales ambientales (a través de impuestos al daño ambiental y otros instrumentos) para asegurar la sostenibilidad del uso de recursos, la resiliencia de los ecosistemas y la preservación y ampliación de los bienes comunes de los que el país dispone. 

Tal vez en el futuro la pandemia actual será recordada como el punto de partida de una transición que transformó el destino del país porque ayudó a cambiar nuestra manera de pensar.

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