Lo que está en juego en 2017

En Voces La Tercera

La derecha y en Frente Amplio tendrán el 2 de julio sus primarias, en las que vencerá con alta probabilidad en la primera Sebastián Piñera, mientras en la segunda las encuestas favorecen a Beatriz Sánchez. Piñera ha detallado su programa, que incluye bajar la tasa de impuestos a las empresas y descontar su pago en 100% (y no en 65% como ocurre desde la reforma de 2015) del impuesto a la renta, además de no avanzar en la gratuidad en la educación superior, “revisar” la reforma laboral y fortalecer las AFP con un 4% de mayor cotización destinada a los fondos que administran. No parece una exageración afirmar que si Piñera es elegido de nuevo presidente, en medio de una apuesta incierta por recuperar el crecimiento al 4% o más, los ricos pagarán menos impuestos, muchos estudiantes seguirán endeudándose, los sindicatos se debilitarán todavía más, las AFP tendrán mayores utilidades sobrenormales a costa de los trabajadores, las Isapres mantendrán sus también altas utilidades a cambio de coberturas inciertas para los sectores medios que pagan por sus seguros y las pensiones seguirán siendo muy bajas. El crecimiento no se recupera por meras expectativas creadas por la reinstalación de uno de los financistas más prósperos del país –que en todo caso administra sus fondos a partir de paraísos fiscales- en la presidencia. Requiere en el corto plazo de una política fiscal más activa y en el mediano plazo de una política industrial y de incremento de la innovación en base a más inversión pública y más investigación y desarrollo.

En el caso del Frente Amplio, la primaria marcará el inicio de su posible conformación como alternativa política en algún momento, siempre que los protagonismos de unas y otras de sus caras visibles, en tiempos de individualismo exacerbado, lo permitan. Eso sí, de su programa todavía no se conoce nada, pues está en consulta en su base.

Alejandro Guillier, por su parte, ha optado por darse más tiempo para conformar sus propuestas, aunque en su discurso destaca un fuerte compromiso con la descentralización, lo que es muy positivo frente al estancamiento que exhibe hoy este proceso, incluyendo la indispensable elección directa de las autoridades (gobernadores) regionales. ¿Se constituirá ahora un bloque de signo progresista detrás de Guillier? La decisión de empujar su candidatura como independiente con firmas propias no abunda en esa línea. Las características que tendrá su programa tal vez nos podrán ilustrar en esta materia, en medio de la persistente dispersión del centro y de la izquierda, que favorecen la reelección de Piñera. La condición para que esto no ocurra es que las heridas en el camino no sean demasiado grandes, que en el Frente Amplio no prime la idea de que la derecha y la centroizquierda son lo mismo y en la DC la idea que más vale apoyar a la derecha que a la izquierda. Pero sobre todo se requiere que en una segunda vuelta confluyan propuestas y compromisos de gobierno claros y capaces de suscitar una adhesión mayoritaria para los que quieran evitar el retorno de la derecha. Mientras tanto, persisten urgencias que no encuentran aún muchas respuestas.

La primera es la creación de empleo. La economía ha ido perdiendo desde 2013 la capacidad de crear empleos asalariados de buena calidad, lo que afecta a muchas familias. Revertir esta situación supone una política económica más fuertemente contracíclica para crecer al menos a un tres por ciento al año en el corto plazo, junto a una nueva política industrial que apueste por más programas estratégicos de magnitud como la reconversión generalizada hacia las energías renovables no convencionales (solar, eólica, geotérmica, biomasa), como un fuerte programa de inversiones de CODELCO y la creación de un complejo industrial nacional a partir del litio y las baterías de litio que sea central en la cadena de valor de la moderna industria global del transporte eléctrico, creando una Empresa Nacional del Litio, como el fortalecimiento de la industria alimentaria saludable que nos distinga en el mundo y como la expansión del turismo de calidad. Estas  iniciativas estratégicas son intensivas en la creación de empleo, reactivan las economías locales, reinsertan a los desempleados de larga duración, junto a una reactivación de la inversión pública en infraestructura y programas públicos de empleo de servicio a las personas.

En segundo lugar, para que el trabajo no sea un espacio de abuso contra las personas, no puede tardar una legislación laboral que haga efectiva la negociación colectiva más allá de la empresa con titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo por necesidades económicas con planes de reinserción bajo responsabilidad de la empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a capacitación obligatoria y a  programas de empleo temporal, junto a incrementos progresivos del salario mínimo. En la administración pública, un nuevo estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concursos anónimos y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante una carrera funcionaria profesional que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en contrataciones y despidos.

En tercer lugar, no puede seguir esperando la reforma a la educación. Esta debe ampliar la gratuidad con prioridad en el fin de los copagos en la escuela para que sea efectivamente gratuita, sin fines de lucro y sin discriminaciones, y fortaleciendo a la futura escuela pública desmunicipalizada con un financiamiento básico a los establecimientos. La gratuidad debe extenderse en la educación superior técnico profesional, empezando por el nuevo sector estatal en formación. La gratuidad universitaria debiera concentrarse en las universidades públicas y no incluir a las familias del 15% de ingresos superiores mientras no aumente el bajo nivel de impuesto a la renta que pagan en Chile. Las universidades estatales deben reformarse para estar al servicio del desarrollo y aumentar su cobertura con un horizonte del 40% de la matrícula a fines del próximo gobierno. ¿Puede soslayarse sacar del sistema a las universidades e institutos con fines de lucro y los que no cumplen con requisitos mínimos de excelencia?  Tampoco puede soslayarse separar con urgencia en instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada, con un nuevo servicio público profesional de atención de la infancia que reconocozca el fracaso del SENAME, y la rehabilitación de los jóvenes infractores de ley.

En cuarto lugar, el retraso de la modernización de los servicios públicos de salud no puede seguir sin reacción. ¿Puede seguir esperando que el nivel primario de atención no aumente su capacidad resolutiva y de seguimiento de las enfermedades crónicas? ¿Puede retrasarse un más fuerte programa de contención de la epidemia de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con mayores grados de seguridad alimentaria, articulado con el sistema educacional y los centros de trabajo? ¿Puede esperar el aumento de la tasa de uso de la infraestructura pública y un nuevo régimen estatutario para los médicos (mediante mayores salarios a cambio de dedicación de jornada completa)? Desde luego debe ponerse fin a la externalización de prestaciones garantizadas con un alto costo público y retormarse el proyecto de crear un fondo unificado de cotizaciones de salud, transformando en optativos y complementarios los seguros privados, en todo caso mejor regulados para evitar discriminaciones por preexistencias, por edad y por género. Ese fondo unificado debiera financiar, junto a los impuestos generales,  las inversiones en infraestructura (sin concesiones cuando demuestren ser más caras e ineficientes que la gestión pública), la generalización de  acciones y exámenes preventivos,  la salud primaria y de urgencia, las licencias médicas de todos los usuarios y ampliaciones del GES-Auge, incluyendo un mayor acceso garantizado a los medicamentos según los protocolos de tratamiento.

En quinto lugar, Chile no resiste más la administración privada parasitaria de la seguridad social, que el tardío proyecto de reforma del gobierno no cambia en absoluto. ¿Por qué no dar de una vez un rol central al pilar solidario de pensiones y proponerse llevar la pensión básica a 350 mil pesos en 2022 según aumenten las capacidades recaudatorias del Estado (lo que supondrá pasar de un gasto de 0,7 del PIB actual a un 2% del PIB) para todos los mayores de 65 años?. Un pilar público de pensiones contributivas de reparto debiera dar un mínimo de certeza a las jubilaciones con el 10% actual de cotizaciones salariales obligatorias que financie los derechos previsionales adquiridos en la vida activa (medidos en meses acumulados de cotizaciones) y aumentar su nivel actual, lo que supone otorgar incentivos a las mujeres y hombres que opten por alargar su vida salarial activa. Las AFP debieran ser instrumentos voluntarios de mercado y dejar de recibir cotizaciones obligatorias de modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los chilenos y chilenas de manera complementaria, con en todo caso tablas ajustadas a la esperanza de vida efectiva y sin discriminación de género para las rentas vitalicias.

En sexto lugar, el actual proceso de destrucción de la naturaleza en manos de intereses privados es inaceptable para las actuales y  las futuras generaciones y debe partir remediándose con la rápida transición a las energías renovables no tradicionales, junto a la reconstrucción y protección del patrimonio natural, haciendo efectiva la consolidación de la Red de Parques Nacionales, y en especial la de la nueva red Patagónica. ¿Qué impide que los chilenos vuelvan a tener control de los recursos comunes, reemplazando la ley de concesiones mineras indefinidas por concesiones temporales y condicionadas al pago de una renta apropiada y a una explotación sustentable, ampliando la de carácter público, y derogando una ley de pesca dictada desde las empresas del sector? El agua debe ser renacionalizada, mediante derechos de agua que permitan su uso racional al servicio de las comunidades y de la actividad económica y no como propiedad privada de las grandes empresas. El Estado debe asumir los nuevos riesgos que emanan del cambio climático y establecer una explotación forestal, agrícola y pesquera sustentable con un nuevo ordenamiento territorial, junto a un reforzamiento de los sistemas de protección ante las emergencias y catástrofes.

Estos no son todos los problemas públicos a discutir, pero son al menos parte de los más significativos, ya sea que se opte por una u otra solución frente a ellos y las consiguientes reformas institucionales que las viabilicen. Pero brillan todavía por su ausencia en el debate presidencial.

El PS y la corrupción

En Facebook

Me pregunta un periodista si antes de intervenir sobre el tema del patrimonio del PS he hablado con Alvaro Elizalde o si lo he hecho después. Le señalé que no he hablado con él desde hace más de un año, y eso fue en un seminario en el extranjero. Mi reacción fue la de alguien que ya no es del PS pero que defiende el mecanismo de aseguramiento de un mínimo de independencia financiera del PS que concebimos a fines de los años 90, y que hoy se confunde con corrupción y colusión con grandes empresas, cuando se trataba precisamente de lo contrario. Hay mala fe y manipulación manifiesta de los medios de comunicación de derecha. Y no contribuye a una discusión racional el explicable ambiente de irritación de quienes de buena fe han conocido la evidencia de la colusión del poder económico con buena parte del sistema político, empezando con Novoa, Longueira, Van Rysselberghe, para no hablar de Piñera que es la fusión del poder político y el del dinero (2,7 mil millones de dólares de fortuna según Forbes, gestionada básicamente en paraísos fiscales) en una misma persona. Pero que sobre todo han reaccionado con justo enojo frente al aporte de los grandes grupos a las campañas de Frei, Bachelet y Marco Enríquez-Ominami, además de las de múltiples parlamentarios de la Concertación y la Nueva Mayoría. En el caso del PS, ese enojo se extiende a Fulvio Rossi, que ha sido objeto de investigación judicial por eventuales ilegalidades al recibir cercanos a él dinero de Angelini y Sqm, y a Camilo Escalona y Clemira Pacheco que recibieron por vías legales aportes de campaña de las empresas pesqueras. Pero se trata de situaciones individuales. En mi opinión son reprochables y el PS debiera establecerlo así. Y no lo hace. Junto a la renuncia a un programa efectivo de lucha contra las desigualdades, esa es una de las razones de mi renuncia al PS en agosto de 2016.

Pero eso no implica no defender el mecanismo de gestión del patrimonio del PS, que funcionó como un fideicomiso ciego de hecho (por eso, aunque muchos me insulten, los dirigentes voluntariamente no estábamos al tanto del detalle de las inversiones y al firmar los balances no solicitábamos la especificidad de la gestión patrimonial), pero en el que debimos haber definido criterios más estrictos de inversión y haberlos limitado a instrumentos públicos. Hoy lo importante es que la ley regula la gestión de patrimonios partidarios como fideicomiso ciego y que el PS ha comprometido altos estándares en la gestión del patrimonio, que ojalá implique la restricción de la inversión a instrumentos únicamente públicos para evitar de raíz todo conflicto de interés. Pero no tiene sentido pedirle a un partido que no resguarde su independencia financiera y, por tanto, política. Hacerlo es caer en la histeria y la irracionalidad.

Análisis político del 4 de mayo

El escenario presidencial se va precisando.

La derecha tendrá el 2 de julio sus primarias, en las que vencerá con alta probabilidad, según las encuestas conocidas, Sebastián Piñera. Pero en ellas Manuel Ossandón y Felipe Kast construirán con bastante seguridad buena parte del argumentario en materia de probidad y conflictos de interés que estará a disposición de los contendores de Piñera en la primera vuelta presidencial del 19 de noviembre. Piñera ha, además, detallado su programa, que incluye bajar la tasa de impuestos a las empresas y descontar su pago en 100% (y no en 65% como ocurre desde la reforma de 2015) del impuesto a la renta, además de no avanzar en la gratuidad en la educación superior, "revisar" la reforma laboral y fortalecer las AFP con un 4% de mayor cotización obligatoria. Si Piñera es de nuevo presidente, los ricos pagarán menos impuestos, muchos estudiantes seguirán endeudándose, los sindicatos se debilitarán todavia más, las AFP seguirán ganando mucho dinero a costa de los trabajadores y las pensiones seguirán siendo muy bajas,

El Frente Amplio, por su parte, reunió 42.813 firmas para inscribir sus primarias antes del 3 de mayo. Si no ocurre algún accidente en la validación con el Servel (como le ocurrió a Andrés Velasco, cuyo nuevo partido quedó disuelto), Alberto Mayol y Beatriz Sánchez competirán el 2 de julio -sin incluir a Navarro y Rendón en una expresión de estrechez más que de amplitud- en una primaria que será un hito y marcará el inicio de su conformación como alternativa política. Eso sí, de su programa todavía no se conoce nada, pues está en consulta en su base. 

La DC decidió, como era previsible, llevar a Carolina Goic a la primera vuelta del 19 de noviembre y de ese modo fracturó a la Nueva Mayoría. Señala que mantendrá su compromiso con el gobierno, pero lo primero que hicieron sus diputados fue votar esta semana con la derecha en un proyecto de ley sobre la infancia. Es muy posible que la línea DC de "boicot interno" se profundice en los meses que vienen, poniendo al gobierno en una situación difícil para cerrar varias de sus legislaciones emblemáticas (como el aborto por tres causales, la nueva educación escolar pública o la reforma a la educación superior). Se configura así una creciente autonomización de la DC y una confluencia con la derecha en aras de "volver al centro" y de "recuperar su identidad", más allá de las declaraciones de su abanderada y de sus dirigentes. Las dinámicas políticas son lo que son y van más allá de las intenciones declaradas.

Esto deja sin una estrategia muy clara al ala de centro e izquierda laica de la Nueva Mayoría (PR, PPD, PS, PC). Todo esto se origina el 9 de abril en el apoyo a Alejandro Guillier desde el PS, pues infligirle una derrota sin contemplaciones a Ricardo Lagos impactó negativamente en la DC. Se supone que no se buscaba la ruptura con ese partido, la que sin embargo se produjo. La respuesta del PS, PR y PPD, y de manera más cauta el PC, fue cerrar, además, toda puerta a una o dos listas parlamentarias que incluyeran a la DC (probablemente porque una lista única es difícil de hacer calzar con las distintas aspiraciones partidarias y una lista con la DC no conviene por separado ni al PR, ni al PPD ni al PS y no es imaginable con el PC) en un contexto de competencia presidencial. De nuevo: en política existen las consecuencias no buscadas de las acciones que se realizan para otros fines.

La Nueva Mayoría podría tal vez haber salvado una primaria-y de paso su unidad política para un mejor término del actual gobierno y una proyección futura- si la dirección del PS de Isabel Allende hubiera mantenido la consulta abierta para elegir un candidato de sus filas, lo que hubiera implicado dirimir entre Fernando Atria y José Miguel Insulza. Así, el PS hubiera presentado a una primaria a Atria o Insulza, el PPD a Lagos y el PR a Guillier, disminuyendo la percepción de amenaza para una candidatura de Goic en primarias. Pero eso ya es interpretación retrospectiva.

En términos prospectivos, ¿se constituirá ahora un bloque de centro e izquierda laica detrás de Guillier que procure un pacto de apoyo mutuo en segunda vuelta con la DC, el Frente Amplio y otras expresiones de izquierda que se presenten a una primera vuelta? La decisión de Guillier de empujar su candidatura como independiente con firmas propias no abunda en esa línea, como tampoco la amenaza DC de no apoyar a Guillier en segunda vuelta el 17 de diciembre si se la obliga a ir sola a la elección parlamentaria, con un riesgo de disminuir su electividad. 

El momento político es todavía uno signado por un importante grado de confusión, y en todo caso de dispersión aguda del centro y de la izquierda, sin que se vislumbre por el momento un momento de unidad para impedir el retorno de la derecha, el que debiera ser el que media entre la primera y la segunda vuelta presidencial. La condición para que esto ocurra es que las heridas en el camino no sean demasiado grandes, que en el Frente Amplio no prime la idea de que la derecha y la centroizquierda son lo mismo y en la nueva DC camino propista la idea que más vale apoyar a la derecha que a la izquierda. La consagración de un escenario político de este tipo asegura la vuelta de la derecha al gobierno, y también varios gobiernos de ese signo en el futuro.

Dilemas DC: ¿Socialcristianismo o bloqueo a las reformas?

En estos días la Democracia Cristiana deberá tomar decisiones que determinarán su futuro. El punto de partida son dos hechos básicos: su declive electoral progresivo (pasó del 30% en 1989 al 13% en 2016) y sus crecientes divergencias programáticas y políticas internas y con otras fuerzas de la actual coalición de gobierno. Para algunos en la DC la permanencia en una alianza de centroizquierda terminaría por poner en cuestión su identidad de centro y explicaría el declive. Pero no llegan a proponer una alianza de gobierno y parlamentaria con la derecha, lo que dividiría al partido. Y tampoco una estrategia de camino propio, que luce inconducente. En esa indefinición, el sector conservador de la DC se ha permitido una conducta de oposición al gobierno del que forma parte y a aspectos clave del programa presidencial que firmó, provocándole una pérdida de coherencia y un desgate a la actual administración. Además, ésta ha abundado en problemas variados de enfoque de política y de gestión, especialmente gracias a una conducción económica que tiene al país al borde de una recesión evitable que sí ha contado con el apoyo de los conservadores DC.

La “oposición desde dentro” es probablemente un factor de aceleración de la declinación del PDC mucho mayor que la ausencia supuesta de un perfil de centro. De ser un factor de articulación que se supone es propio del centro político, ha pasado a ser un factor de irritación, bloqueo y conflicto recurrente en la coalición y en la acción de gobierno, en un contexto en que el país enfrenta temas institucionales, económicos y sociales que no debe seguir esquivando. Pero es muy posible que lo más importante en la declinación DC sean sus indefiniciones y contradicciones programáticas internas.

Van algunos ejemplos. ¿La educación escolar debe mantener la segregación y el lucro subsidiado o eliminarlo a la brevedad? ¿Debe volver a ser gratuita –sin copagos- hoy o el 2050? Los que creen que la escuela debe ser un lugar público de integración piensan distinto que los que tienen intereses creados en la educación privada subsidiada y buscan preservar espacios de negocio o trabajan para cadenas privadas de escuelas.

¿La educación superior estatal debe ser reconstruida y expandida  en plazos breves desde el actual 15% de la matrícula (una de las más bajas del mundo) o bien debe mantenerse el predominio de universidades privadas y entidades técnicas de dudosa calidad, que desvían ingresos con fines de lucro para sus dueños y no forman a los profesionales y técnicos de acuerdo a alguna idea del desarrollo futuro y de su espacio de desempeño en él? Las respuestas son muy diferentes en  los DC que defienden la educación pública, que son muchos,  o en los que ocupan cargos directivos en universidades privadas, algunas de bolsillo, que de paso pretenden sean financiadas por todos los chilenos.

¿El país debe mantener una especialización productiva basada en la depredación de sus recursos naturales o diversificarse y expandir el 0,4% del PIB de gasto en investigación y desarrollo a cifras mucho mayores para apostar por nuevos sectores productivos estratégicos  innovadores y de producción limpia? Los que en la DC piensan que el Estado debe tener una estrategia de desarrollo activa –y algunos lo formulan brillantemente- no postulan lo mismo que los que tienen un pensamiento económico liberal o bien intereses en alguna gran empresa.

¿El país debe mantener una seguridad social de mercado, que no garantiza niveles básicos de estabilidad y bienestar a la mayoría, o bien construir a paso firme un orden económico-social como el de la Alemania de Merkel, con negociación colectiva por rama, sindicatos fuertes, sistema de reparto en las pensiones y seguros de salud solidarios, construido por Konrad Adenauer cuando Alemania tenía un PIB por habitante bastante inferior al de 24 mil dólares por habitante anual promedio del Chile de hoy? Las respuestas en la DC son nuevamente muy heterogéneas. Y así sucesivamente en múltiples asuntos públicos.

Y si de identidad se trata, en la DC y la llamada centroizquierda pocos parecen acordarse de la reforma agraria, de la sindicalización campesina, de la mayor protección ante el despido, de la expansión acelerada de la escuela pública, del impuesto al patrimonio y de la chilenización del cobre de Frei Montalva, todas causas progresistas que parecen sulfurosas a los ojos de los hoy conservadores que antes las abrazaron o criticaron por tímidas. Así evolucionan para algunos las identidades.

Visto desde fuera, no parece ser un dilema pertinente para la DC una “vuelta al centro” como alternativa a un supuesto destino de subordinación a la izquierda gubernamental. Esta está, por lo demás, bastante dividida, es en promedio más que moderada y está mucho más a la derecha que, por ejemplo, Bernie Sanders en Estados Unidos (lo que nos llevó a algunos, dicho sea de paso, a romper con ella por su renuncia a promover el cambio social y sus relaciones inaceptables con la gran empresa). El dilema efectivo para la DC, y para el resto de las fuerzas políticas del centro y la izquierda -lo que determinará alejamientos y/o acercamientos futuros- es ponerse o no en el centro de los problemas que aquejan a la mayoría social. Y hacer en consecuencia en profundidad las reformas indispensables o bien permanecer al servicio de los intereses creados al amparo de una dictadura que abrió la puerta al abuso empresarial y a la restauración de las oligarquías tradicionales. Pero que fueron cautelados más tarde al amparo de la mantención indebida de un modelo liberal-rentista con rasgos de progreso social, que en un libro ya antiguo llamé modelo híbrido, y que permitió por un  tiempo crecer pero que dio curso a la postre –por la derrota de los que postulábamos un cambio de estructuras- a la concentración aguda del capital, la expansión progresiva de un capitalismo subsidiado en los servicios sociales y una depredación generalizada del entorno natural.

Que este dilema –vuelta a un centro imaginario y en realidad a una alianza con fuerzas de derecha o bien ponerse en el centro de los problemas de la mayoría- se resuelva en una primaria o en una primera vuelta presidencial, parece ser un tema secundario. Lo importante es la clarificación política y programática para volver a acercar a la ciudadanía común a un sistema político democrático basado en la deliberación sobre problemas y soluciones y no en el cálculo de alianzas por conveniencia.  A ello deberá además ayudar una diversificación de la oferta política con las nuevas alternativas emergentes, que están llamadas a acelerar su tranco y mostrar sus propuestas programáticas.

Entrevista en El Desconcierto

Gonzalo Martner: “El principal éxito de mi generación es que a la generación del Frente Amplio no le interese la transición”

El director del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la U. de Santiago conversó con El Desconcierto para hacer un diagnóstico del momento actual de la política en Chile, reivindicando las batallas que dio en los años de la Concertación y criticando constructivamente al Frente Amplio. Además, habló de su rol como académico en la formación de funcionarios del Estado.

Por Sebastián Flores@mechtac

La hora de almuerzo se alarga un poco más de lo normal. Es un miércoles del primer semestre en la Usach y mientras los alumnos dejan el casino para iniciar el primer bloque de la tarde, hay una mesa que se transforma en sobremesa. En ella hay tres personas y se debate sobre la situación política en Ecuador tras el triunfo de Lenín Moreno. El postre hace rato se acabó, pero la conversación opera como un plato más.

Cuando Gonzalo Martner Fanta (60) habla de los temas que le interesan pierde un poco la noción del tiempo. O no la pierde, pero la disfruta. Mientras El Desconcierto lo espera en su oficina para iniciar una entrevista, el histórico ex militante del Partido Socialista analiza la contingencia a través de los ojos de un hombre de mil batallas, de alguien que fue militante del MIR en la Unidad Popular, que se fue al exilio y volvió en los ’80 para recuperar la democracia, que participó de la renovación socialista junto a Ricardo Lagos y que fue parte de la fundación del PPD.

Martner entra a su oficina y se excusa por la demora, pero no hay problema. Ahí comenta a la pasada que estaba con un amigo chileno que trabajó en el gobierno de Rafael Correa y que tenían harto que ponerse al día. Él también ha vivido cambios en los últimos años. Hace menos de un año renunció al Partido Socialista y fundó el partido País junto al ex MAS Alejandro Navarro. Quiso formar parte del Frente Amplio, pero diferencias con la forma en que actuaba lo llevaron a suspender su participación a comienzos del 2017.

Por eso, en lo que va de este año, su contribución ha sido desde el análisis político en columnas de opinión y en su trabajo en la academia. “Quienes no estamos ya para cumplir roles de primer plano, eventualmente podemos contribuir con la reflexión y con algo de la experiencia acumulada para formar gente”, asegura desde el despacho en el cual dirige el Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la U. de Santiago.

En media hora de conversación, Gonzalo Martner hizo un exhaustivo análisis del panorama político chileno: del Frente Amplio a Sebastián Piñera, de las reformas de Bachelet al legado de la Concertación. Además, reivindicó su rol desde la academia y habló de la necesidad de recuperar el aparato público de las lógicas empresariales en que funciona su gestión y administración.

El gobierno de Bachelet

“El gobierno de Bachelet en una serie de aspectos ha sido exitoso, pero políticamente ha sido un fracaso. No soy un crítico sistemático de Bachelet, pero convengamos que su proyecto de constatar la desigualdad como el principal problema de Chile es un fracaso. Para poder avanzar en el fortalecimiento democrático chileno se necesitaba reformas que ella misma llamó estructurales y que terminaron siendo reformas de muy bajo calado. Sin embargo, la idea es no transformar eso en un fracaso de las reformas, que es lo que la derecha intenta, porque si se produce este fracaso de la idea de reforma, o más grave aún de la idea de transformación de la sociedad para hacerla más democrática, mucho menos desigual y mucho mas sustentable. Esa triada, por el fracaso del gobierno, puede quedar en manos de una derecha que está extremadamente golpeada, y lo que es peor, deslegitimada”.

El éxito de Piñera

“A Piñera le va bien porque a Bachelet le ha ido mal. Piñera no hace más que presentarse ante los chilenos con eso de ‘mire, si todo el mundo sabe que soy una persona que anda un poquito a las patás con la ley, que soy un acumulador sin mayores escrúpulos, pero gestionó bien y todo el mundo sabe a que atenerse conmigo’. Si la sociedad chilena vuelve a comprar ese discurso quiere decir que estamos en una crisis no sólo de participación, sino también de disgregación de la política a través de la constatación de los actos de corrupción generalizada, los cuales a la derecha y a la población que vota por ella les da lo mismo, porque se entiende y naturaliza que la derecha es así, que el mundo del poder y del dinero es el mundo donde no hay escrúpulos a la hora no solo de contratar trabajadores y respetar sus derechos, sino que también a la hora de hacer negocios. Un triunfo de Piñera sería una derrota moral de toda la sociedad chilena”.

La medida de la Concertación

“La Concertación siempre fue una coalición con luchas en su interior, ya que fue -ni más ni menos- que la confluencia con el centro político que fue partidario del golpe de Estado. Porque dejémonos de tonteras, la Democracia Cristiana, con honrosas excepciones -nueve personas, exactamente- estuvo de acuerdo con el golpe de Estado. Y sin embargo nosotros tomamos la decisión de pactar con ellos. A esa coalición se sumó, en la última etapa como Nueva Mayoría, el propio Partido Comunista. Entonces esta gran coalición fue evidentemente heterogénea, no sólo por intereses de corto plazo distintos o representaciones historicas distintas, sino que ademas porque son proyectos distintos”.

“A mí lo que me causa un poco de extrañeza es la falta de capacidad de análisis, porque la idea de que la Concertación es un conjunto de gente corrupta dirigida por Enrique Correa, y en su momento por Edgardo Boeninger, es una idea equivocada. La Concertación era una coalición muy amplia, con fuerzas políticas muy distintas y con luchas en su interior. Y como en toda dinámica política, hay quienes ganan y quienes pierden. Por eso yo trato de tomarlo con filosofía, fíjate que la revolución francesa, al cabo de muy poco tiempo, se revirtió fuertemente con figuras tan poco modernas como Napoleón, que citó al Papa y delante de él se puso una corona. Ese acto no era exactamente propio de los principios de la Revolución Francesa. Para que la revolución Francesa fructificara tuvieron que pasar muchas décadas”.

“Las luchas que mi generación dio terminaron en tragedia para muchos. Hay otros que nos tocó -porque las cosas tocan, no las escoge uno- reconstruir la democracia para que nuestros amigos no siguieran siendo masacrados. Y en ese proceso logramos reconstruir en Chile un clima de libertades públicas que no está en cuestión. Hoy, como nunca en la historia de Chile, y con todas las críticas que se quiera, hay una subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Desafío a cualquier historiador a que me diga lo contrario”.

La derrota de una generación

“Muchos de nosotros, por nuestra trayectoria, somos juzgados como ‘¿y ustedes que vienen ahora a querer plantear una tercera alternativa política si fueron parte de la segunda?’. Y está bien, me parece un argumento respetable, sólo que tiene una pequeña contradicción, y es que las cosas no salen de la nada. Pero como se sabe, la historia la escriben los vencedores. Los que dimos estas peleas en otros tiempos perdimos, en el contexto de la Concertación y la Nueva Mayoría, la pelea por la democratización integral del país, la disminución de las desigualdades y el cambio por un modelo de desarrollo sustentable y diversificado. Por tanto, es como que no existimos. O peor aún, como que siempre estuvimos de acuerdo con los otros cuando siempre estuvimos en desacuerdo y peleando con ellos. Yo esto me lo tomo con la mayor filosofía posible, aunque reconozco que de repente es irritante que personas que vienen recién llegando a las luchas sociales y políticas se pongan a dar lecciones a quienes hemos dado luchas un poquito más fuertes y que, en el caso de muchos de nuestros amigos, les significó dar la vida”.

La infancia del Frente Amplio

“De todas formas, yo creo necesaria la conformación de una tercera alternativa política. Yo creo que esta nueva generación tiene un rol gigantesco, porque reestableció las cosas en base cero a partir del 2006 y el 2011. A mí me parece estupendo y genial que se diga ‘mire, estos asuntos de la transición son cosas antiguas, no nos interesan’. Para mí eso es espectacular, para mí ese el principal éxito político de nuestra generación: que a esta generación no le interese la transición. ¡Pero si de eso se trataba! De volver a poner la sociedad chilena en condiciones de autoinstituirse y volver a recuperar su soberanía. Esa soberanía todavía no se expresa plenamente en las instituciones o en la economía, pero en la vida social, en el debate o en la cultura el avance social es muy grande. Entonces esta nueva generación tiene que tener el protagonismo, funcionar en base cero y generar una nueva oferta a la sociedad que no tenga que ver con estas cosas que se naturalizaron”.

“Yo encuentro fantástico que gente como Alberto Mayol o Beatriz Sánchez estén dispuestos a participar ahora en la construcción de una alternativa, porque esto no se trata solo de la figura del tribuno parlamentario. ¿Por qué dejarle a Piñera y a alguien de la Nueva Mayoría el debate sobre el futuro de Chile? Lo digo porque en el Frente Amplio, hasta hace un mes, había gente que sostenía que no había que tener candidaturas presidenciales. Absurdo. Una fuerza política está para disputar -y duramente- el poder en todas partes. Pero para construir una bancada se necesitan posiciones y proyectos. Y hasta ahora no hay ni lo uno ni lo otro”.

“El que gobierna tiene que decir, pero sobre todo hacer y ser creíble en el hacer. Y es evidente que todavía no es posible pedirle al Frente Amplio que lo haga, tiene que tener primero una serie de experiencias. Por eso yo valoré tanto el proceso y el resultado de la eleccion de Jorge Sharp en Valparaíso, porque esa gente que se juntó y determinó su liderazgo a través de una primaria con un proyecto sobre la ciudad. Y fíjate que ese proyecto no es que movilizara a los que no votaban nunca, sino que movilizó a los que votaban. ¿Por qué Sharp ganó? Porque utilizó un método democrático de selección de candidato a alcalde, porque debatió con la sociedad civil y porque a su alrededor construyó una credibilidad personal como líder joven. Y esto hay que hacerlo en todo el país. Yo creo que la fórmula del frente Amplio no tiene 50 discusiones, es más simple: hay que hacer lo mismo que en Valparaíso”.

La tarea del intelectual de izquierda

“El intelectual hoy tiene una primera tarea que es la de producir conocimiento, juicios de hecho de lo que pasa y al mismo tiempo juicios de valor. Es decir, la idea de que el mundo tiene que ser transformado, no solo observado. Para poder transformar el mundo hay que saber en qué consiste. En esa dialéctica, se mueve el trabajo intelectual y académico. En el Chile de hoy, con universidades públicas tremendamente reducidas y con un inmenso sector privado donde hay personas que se definen como intelectuales de mercado -es decir, que elaboran ideas de acuerdo a quien les pague-, hay una labor todavía de recuperación de los espacios institucionales, que significa que las universidades públicas cumplan su rol de ser el espacio natural de la reflexión o de la libertad de cátedra”.

“En Chile hay todavía una discusión que es del siglo XIX. Hay quienes tienen la pretensión de recibir dinero de todos los chilenos para excluir, justamente, a una parte de los chilenos. En la Universidad Católica no hay libertad de cátedra, de pensamiento ni de investigación, no se puede investigar sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y en la Escuela de Derecho tienen prohibido llevar trámites de divorcio. La izquierda todavía tiene un debate decimonónico sobre el laicismo que realizar. Desgraciadamente, hay muy pocos que están dispuestos a hacerlo, entre otras cosas también porque muchas veces tienen intereses en unos y otros órganos de este tipo. Por eso, las únicas universidades que aseguran la libertad de pensamiento, incluyendo el pensamiento de derecha y conservador, son las públicas. Es ahí donde se permite que unas y otras expresiones, de manera pluralista, tengan cabida. Esa es una tarea del mundo intelectual de izquierda: defender el laicismo, defender la institución universitaria pública”.

Gerencia y Políticas Públicas

“Yo dirijo un magíster así llamado Gerencia y Políticas Públicas. Creo que tiene que haber suficientes personas que no vayan al Estado a ganar dinero. Al Estado se va a hacer un servicio público, se va a tener una vocación de desarrollar su personalidad, sus esfuerzos, su vida en común y parte de su vida personal en la construcción de una comunidad más vivible, de una sociedad en la cual se pueda vivir mejor. Esa vocación todavía existe en Chile y hay gente que prefiere abandonar la idea de tener dinero como fin en la vida y, por el contrario, les motiva mucho más esta dimensión de ser parte de una comunidad y de servir. pero esto no se improvisa, no solo hay que tener las ganas, hay que tener también las capacidades”.

Alumnos / Gente competente

“Quienes no estamos ya para cumplir roles de primer plano, eventualmente podemos contribuir con la reflexión y con algo de la experiencia acumulada para formar gente. Creo que esa es la tarea que a uno lo motiva para seguir en este esfuerzo que, como digo, es un poco como arar en el mar, es formar gente y decirle ‘estudie, debata, genere un espíritu crítico, amplíe sus fronteras de conocimiento’ cuando no podemos saber hasta donde va a poder llegar, porque si no tiene tal o cual nexo político, una persona mucho menos competente y que ha hecho menos esfuerzos que usted sea el que ocupe una función que usted debiera ocupar. Es un poco duro, pero bueno, uno nunca debe renunciar a lo que uno cree”.

“Yo converso mucho con los participantes de nuestros cursos y es bien dramático, porque la mayoría de las veces ellos tienen la percepción de que formarse, desarrollar capacidades y competencias no se traduce necesariamente en tener opciones de desarrollo profesional, porque eso está limitado por la hiperpolitización y el clientelismo del aparato estatal. Acá hay mucho que hacer para formar gente que pueda llevar a cabo esas ideas, debe haber un cambio institucional: abajo de quienes son responsables políticos tiene que haber gente profesional. Debe haber plantas públicas inamovibles. Por supuesto, con reglas de ingreso, de ascenso y de salida, por tanto dinámicas, pero que estén protegidas de la persecución política, porque eso es lo que asegura la continuidad técnica y profesional de los órganos públicos. No porque la política pública deba ser aséptica, porque no es así, pero hay esferas: está la esfera de la responsabilidad política y está la esfera de la ejecución. Y esta última tiene que hacerse con gente competente”.

La renuncia de Ricardo Lagos

En Voces La Tercera

Como una persona que no pertenece ya al Partido Socialista ni a la Nueva Mayoría, no me corresponde opinar sobre las decisiones a propósito de la frustrada candidatura a la presidencia de Ricardo Lagos, candidatura que en todo caso no apoyé porque me pareció que no correspondía a los tiempos.

Como ex compañero y colaborador suyo desde 1980, aunque nunca incondicional, me parece en cambio necesario resaltar elementos de su personalidad y de su trayectoria que algunos livianamente han puesto en tela de juicio. Contrariamente a una percepción difundida, Lagos construyó un liderazgo basado no en el autoritarismo sino en la energía de las convicciones y en el diálogo, y desde luego con personas que no piensan como él. Puedo testimoniar que durante su trayectoria en la lucha contra la dictadura, en la transición y en su gobierno, se podía discutir y discrepar abierta y claramente con él en un espíritu de libertad y de intercambio leal, lo que no es fácil con nadie en un país como el nuestro con un sustrato cultural autoritario y de sumisión tan extendido. Está claro que es una persona de opiniones constituidas y fuertes, pero siempre dispuesto a someterlas al intercambio y a la modificación racional.

En su gobierno, Lagos destinó una enorme cantidad de horas a discutir con sus colaboradores de todos los niveles, buscando expresamente la diversidad de opiniones para sopesarlas y evaluarlas, lo que como coordinador interministerial y subsecretario de la presidencia y luego como presidente de un partido de gobierno me tocó apreciar cercanamente. Ninguna reforma de política pública y ningún proyecto de presupuesto dejó de tener su impronta área por área, convenciendo y dejándose convencer. Pero, además, Lagos siempre tuvo una ventaja sobre sus colaboradores, además de su capacidad e inteligencia: se autoimpuso la disciplina de salir todos los días de La Moneda a actividades variadas en las que pudiera apreciar la realidad de la percepción de la gestión de gobierno y el pulso de la opinión en la calle.

Hay además una apreciación muy injusta sobre el sello de su gobierno. Que un adulador de los que nunca faltan haya dicho al terminar su período que los empresarios lo amaban, no quita la actitud de desconfianza y controversia que el empresariado predominantemente mantuvo durante su gobierno. Basta recordar su duro intercambio epistolar con Agustín Edwards y leer la prensa pro empresarial de la época para constatarlo, empezando por su primera ley, la del seguro de cesantía, siguiendo con los cambios tributarios, de salud, educacionales y laborales que impulsó, incluyendo la política fiscal contracíclica que hoy nadie discute. Por si alguien no lo recuerda, le recomiendo revisar las declaraciones de los gremios empresariales a propósito del royalty minero, o de las Isapres cuando su reforma a la Salud y el Plan Auge. No debe olvidarse por un segundo que Lagos no disponía de mayoría parlamentaria y que casi todas sus iniciativas económico-sociales progresistas fueron cercenadas por el veto parlamentario de la derecha. Hoy es muy fácil pontificar, pero gobernar con sentido progresista, después de una dictadura militar y de dos gobiernos democratacristianos, en medio de una crisis económica, con alto desempleo y sin mayoría parlamentaria, no es un asunto de niños.

En materia política, bajo su gobierno se suprimió la pena de muerte, los tribunales pudieron someter a juicio y condenar a muchos violadores a los derechos humanos, y a Pinochet hasta que los jueces lo declararon demente, mientras se mantuvo independencia de Estados Unidos en el tema de la invasión a Irak, y así un largo etcétera. Pero, sobre todo, se crearon las condiciones para la plena subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, consagrada en las reformas de 2005. Desde entonces, Chile ha vivido uno de los más prolongados períodos de su historia independiente sin intervención militar en política y con altos oficiales de las fuerzas armadas condenados por los tribunales a largas penas por sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos. Son muy pocos los que pueden mostrar un récord semejante en esta materia. Se trata de un “intangible” que la historia le debe a Ricardo Lagos.

Lagos cometió errores, desde luego. Como darle a las importantes transformaciones de la constitución en 2005 una trascendencia que no tienen, como concebir y firmar contratos para una transformación del transporte público mal preparada, buscar el acceso de más jóvenes de bajos ingresos a la educación superior mediante un caro endeudamiento y, recientemente, mantener un lenguaje de prudencia centrista y diagnosticar una gran crisis que no existe, y otro largo etcétera.

Así son los hechos en tiempos difíciles y los personajes que los simbolizan no pueden desprenderse de las circunstancias complejas y contradictorias que tuvieron que enfrentar. Y sobre todo hay tiempos para personalidades fuertes, como Lagos, cuando son muy grandes las dificultades para avanzar en cambios de estructura e incluso para no retroceder en materia de conquistas sociales, dado el inmenso poder que recuperaron las oligarquías tradicionales en Chile. Por ello no era tan fácil que quien fuera protagonista de tiempos duros y se expresa con cierta distancia pudiera ser igualmente valorado hoy, en tiempos de empatía y de demanda de horizontalidad, al menos en el espacio del progresismo y en los jóvenes.

Aunque suene a frase consagrada, el balance, sin perjuicio del aporte que Lagos está llamado a seguir haciendo al país desde distintos ángulos, debe entregarse al juicio de la historia.

El aumento de las cotizaciones obligatorias: ¿más de lo mismo?

El debate sobre la reforma al sistema de pensiones ha seguido avanzando, luego de los innegables éxitos de las movilizaciones pacíficas convocadas por el movimiento “No + AFP”. La discusión, que el gobierno no quiso abordar al iniciar su período, se ha focalizado, por el momento, en qué hacer con la propuesta gubernamental de un incremento de 5% en las cotizaciones obligatorias. Este tema requiere ser puesto en perspectiva.

Al implantarse el actual sistema de capitalización individual en 1981, se estableció una rebaja a menos de la mitad de la cotización obligatoria sobre salarios de todo trabajador dependiente prevaleciente en las principales Cajas de Previsión. La cotización quedó en solo un 10% en las nuevas AFP (más comisiones y seguro de invalidez y sobrevivencia), lo que  constituyó un fuerte incentivo –además de las presiones en un contexto de dictadura- para promover un traslado masivo al nuevo sistema. No obstante, era bastante evidente para cualquier especialista mínimamente serio que la promesa de obtener una pensión que representara al menos un 70% del salario anterior a la jubilación no iba a poder cumplirse sino en condiciones de desempeño laboral sin lagunas al menos durante 30 años. O bien, claro está, con una cotización obligatoria más alta en el futuro.

Más de tres décadas después, ha quedado en evidencia que el 52% de los pensionados de AFP cotizó durante menos de 15 años y que el costo de administración aseguró rentabilidades de 25% y más a las AFP, mientras las pensiones otorgadas son dramáticamente bajas (260 mil pesos en promedio para los 76 mil jubilados en 2015). Algunos lo predijimos entonces, de manera bastante confidencial pues se trataba de una dictadura la que impuso el nuevo sistema, y señalamos que la capitalización individual, especialmente en mercados laborales heterogéneos y con contratos volátiles, garantizaría bajas coberturas y escasas tasas de reemplazo respecto a la remuneración en la vida activa. De todos modos fuimos descalificados por los fundamentalistas de mercado con su habitual carencia de argumentos.

Y ahora llegó el momento para la “industria” de AFP –que opera de manera fuertemente concentrada y con sobreutilidades inusitadas- de promover un aumento de las cotizaciones obligatorias.

El ministro de Hacienda Valdés no está en condiciones políticas de simplemente aumentar las cotizaciones para que vayan a las AFP, y al parecer propondrá que un organismo público administre en régimen de capitalización individual un nuevo fondo con este 5% de cotizaciones adicionales. En suma, algo así como una AFP estatal para un tercio de las cotizaciones obligatorias y mantener sin modificaciones las cotizaciones obligatorias actuales para las AFP. Del “No + AFP” al “Que sigan tal cual las AFP”.

No parece ser ésta una reforma razonable ni demasiado útil. No es razonable proponer una reforma de este tipo a meses del término del tiempo legislativo del gobierno y sin un consenso previsible por la complejidad del tema, la magnitud de los intereses envueltos y el contexto de elecciones. En cualquier escenario, el actual parlamento no va a lograr aprobar esta reforma, que no sabemos tampoco cuando se enviará, por un mero problema de tiempo de tramitación, en circunstancias que se acumula un considerable atraso en temas centrales de la agenda legislativa comprometida desde su inicio  por el actual gobierno, como la reforma de la educación pública escolar, la reforma de la educación superior o el aborto por tres causales.

Y tampoco es demasiado útil subir en un 50% una cotización obligatoria que incrementa el costo de la contratación, con un efecto de disminución del consumo presente de las personas de menos ingresos, lo  que no contribuiría mucho a dinamizar la economía ni tampoco a conseguir más justicia distributiva. Su contrapartida sería que el grueso de los trabajadores y las trabajadoras vería aumentada en algo su pensión por capitalización (algo así como un máximo de un tercio adicional en régimen en unas cuatro décadas más), sin que se solucionen los problemas estructurales del sistema.

Estos incluyen, en una larga lista, la baja cobertura del trabajo precario, especialmente el de las mujeres, con el consiguiente costo fiscal para remediarlo financiado por impuestos predominantemente regresivos; las menores pensiones futuras asociadas a la baja de las tasas de interés reales de largo plazo; la mantención de la incertidumbre sobre el valor futuro de las pensiones por la volatilidad creciente de los mercados financieros; el alto subsidio fiscal a las pensiones más altas (mediante los APV); el estímulo a la concentración de los mercados internos con dineros de los trabajadores chilenos; el desvío parcial de ahorro a inversiones en el exterior para buscar diversificación y rentabilidad mientras escasea el ahorro interno de largo plazo para financiar infraestructuras adicionales, para lo que se recurre a concesiones a privados asegurándoles altas tarifas y rentabilidades que no consiguen los fondos de AFP.

Poco se discute, además, sobre la grave incertidumbre asociada a la modalidad de retiro programado, una verdadera bomba de tiempo que la OCDE recomendó suprimir; o bien sobre el sistema de rentas vitalicias que, a partir de los fondos acumulados, se construye con tablas de esperanza de vida por sexo, las más de las veces ampliamente excedidas. Esto perjudica, por un lado, las pensiones de todos y especialmente las de la mujer, lo que llevó a la Unión Europea a prohibir todo cálculo actuarial que no promedie los datos de esperanza de vida de ambos sexos. Por otro, perjudica a los más pobres que fallecen en promedio mucho antes que las personas de más altos ingresos (para medir lo cual no existen estadísticas en Chile y no se diferencia la esperanza de vida por niveles de ingreso, como en Estados Unidos, mediciones que revelan que las distancias están aumentando). Esta grave inequidad solo puede evitarse en un sistema de reparto con financiamiento progresivo.

Toda la problemática de la seguridad social para los adultos mayores debe ser entonces objeto de una deliberación más amplia e incluir más opciones que la de meramente subir la cotización obligatoria.

¿Por qué no establecer, como en Nueva Zelandia (que lo instauró en el siglo XIX) y otros países, un esquema de pensión universal uniforme que garantice a todos una dignidad básica en la vejez? De paso, se eliminaría el estigma de la pensión básica solidaria como una especie de jubilación dadivosa para los pobres. En las condiciones de Chile, su financiamiento podría obtenerse en condiciones de razonable eficiencia y equidad mediante una contribución obligatoria sobre el conjunto de los ingresos, sin subir la actual cotización de 10% de los trabajadores dependientes pero extendiéndola al resto de los ingresos, incluidos los del capital.

Este esquema permitiría avanzar hacia un ingreso garantizado para los adultos mayores del orden del 40% del salario promedio, el que sería 2,6 veces superior a la actual pensión básica y costaría cerca de un 3% del PIB. En Nueva Zelandia, un esquema de este tipo tiene un costo de 5% del PIB, financiado por impuestos generales. Considérese que las pensiones militares cuestan hoy en Chile cerca de 1% del PIB y la pensión básica un 0,7% del mismo, mientras por décadas las finanzas públicas debieron absorber hasta un 6% del PIB de gasto fiscal anual en la transición del sistema antiguo al nuevo, por lo que la actual generación ha debido financiar mediante impuestos la pensión de sus padres y al mismo tiempo cotizar para la propia.

La presión de la evolución demográfica, cuyos efectos se hacen sentir en cualquier sistema de pensiones, incluyendo en la capitalización individual a través de la disminución progresiva de las mensualidades de las nuevas rentas vitalicias, se enfrenta en esquemas de este tipo mediante ajustes al incremento nominal de los beneficios y, sobre todo, mediante la inversión en capacidades productivas, lo que permite que al menos una parte de la menor relación entre activos y pasivos se compense con una mayor productividad de los activos. Se dice por el vulgo liberal que los sistemas basados en el pago de las pensiones de los jubilados por los activos estarían todos quebrados. Esta afirmación ciertamente no tiene fundamento (¿sabía usted que en Estados Unidos, el paraíso del liberalismo, existe un sistema de pensiones por reparto, además de esquemas privados, que está razonablemente equilibrado para las próximas décadas?), pero los que sí están bastante cerca de la quiebra son muchos de los jubilados chilenos por capitalización individual, y esto antes que nos afecte fuertemente el cambio demográfico.

Junto a una garantía básica universal, un nuevo sistema mixto debiera estimular el ahorro para obtener pensiones complementarias basadas en cuentas individuales que registren cotizaciones voluntarias (con aportes del empleador adicionales). Las AFP debieran asimilarse a las entidades que operen en el mercado privado de capitales para obtener los favores de los ahorrantes, pero sin mantener el estatista privilegio de recibir cotizaciones obligatorias (bajo el conocido lema de “ganancias privadas, pérdidas públicas”). Debiera además permitirse el retiro anticipado de fondos de esas cuentas –a partir de lo hasta ahora capitalizado y de, en adelante, cotizaciones voluntarias– para fines como la adquisición de una primera vivienda o bien enfrentar dificultades financieras o enfermedades graves, aumentando de ese modo la seguridad económica de las personas que realicen un esfuerzo de  ahorro.

Como se observa, hay razones más que valederas para no mantener el sistema de AFP, que demostró que, en las condiciones del mercado de trabajo chileno, simplemente no sirve para proveer pensiones razonables. Sobre esto, el ministro de Hacienda no se pronuncia. Solo se nos pide que discutamos sobre un hipotético 5% adicional de cotización, siempre basada en capitalización individual. Se trata una vez más de una reforma que no apunta al problema estructural existente.

En todo caso, lo que no debiera hacerse es evitar un debate que prepare decisiones de fondo del próximo gobierno y parlamento sobre el nivel de los ingresos básicos que la sociedad chilena está en condiciones, dado su actual nivel de ingreso promedio (24 mil dólares por habitante ajustado a paridad de poder de compra en 2016), de garantizar sin privilegios a todos sus adultos mayores. Y romper así el cerrojo logrado por los intereses particulares protegidos por el actual sistema previsional.  Para lo cual, claro está, habrá que fijarse en qué candidatos han recibido aportes o sido parte de los directorios de AFP en el pasado reciente. Para no encontrarse con sorpresas o quejarse después de que las cosas no cambian.

Comentario político del viernes 7 de abril

Publicado en Facebook

El panorama político se complica día a día. La derecha empieza a sufrir el desgaste de su candidato recién proclamado, que no logra sortear la estela de escándalos en materia de relación indebida entre dinero y política. Las encuestas publicadas no muestran el dato principal: en segunda vuelta Piñera perdería hoy la elección. Los candidatos de la Nueva Mayoría se desgastan unos a otros, el PS decide no tener candidato propio, y probablemente apoyará a Guillier buscando mantenerse en el gobierno pero sin programa y a costa de una fractura interna. El Frente Amplio no se resuelve a realizar una convocatoria amplia, avanza en la nominación confidencial por redes sociales de una candidata sin experiencia política y se refugia en un rincón del escenario con un rechazo reactivo a todo, sin propuestas muy claras sobre como gobernar el país y hacia donde encaminarlo.

El gobierno, en este estado de confusión en el escenario político, no está colaborando mucho en aclararlo. Envía a completo destiempo una reforma legal para llegar a una nueva constitución mediante una convención, sin precisar su naturaleza, lo que en todo caso necesita dos tercios de los votos del parlamento. La derecha se apresuró a reaccionar con virulencia y anunciar su voto en contra, cautelando su arma principal: el poder de veto que le da la constitución de 1980, al margen de lo que decida la mayoría en elecciones. En un tema crucial para todos, el gobierno parece estar actuando solo para cumplir, consagrando que no se avanzará en nada en materia de nueva constitución.

Algo parecido ocurre con el tema de las pensiones. La demanda social por un cambio que saque a las AFP del horizonte y por establecer un sistema solidario, se traduce por parte del gobierno en disputas entre ministros y una discusión centrada en subir en 5% las cotizaciones, pero sin cambiar en nada la capitalización individual que entrega pensiones promedio de 260 mil pesos. No se propone lo que es necesario: avanzar hacia una pensión garantizada universal financiada por el 10% de todos los ingresos, incluyendo los del capital y no solo los del trabajo, y promover el ahorro para pensiones complementarias sin el monopolio de las AFP.

Aumentar en 5% la cotización de los trabajadores en medio de una situación económica cada vez más difícil (la economía cayó en el cuarto trimestre de 2016 y lo hará también en el primer trimestre de 2017, es decir se encuentra avanzando hacia una recesión) no parece ser la mejor de las ideas.

Cabe pedirle al gobierno que se preocupe primordialmente de reactivar la economía y la creación de empleo, y que no persista en buscar amarrar cosas para el futuro para lo que ya no cuenta con tiempo, como en el tema de las pensiones o la constitución. A los que estamos intentando armar una tercera alternativa política más allá de la derecha y la Nueva Mayoría nos cabe seguir en el esfuerzo, proponer nuevas alternativas para mejorar las condiciones de vida de la mayoría social, no seguir en más de lo mismo y ofrecer opciones a los electores para tener un mejor gobierno desde marzo de 2018.

Intentaré seguir comentando todos estos temas una vez a la semana por esta vía.

Bajo crecimiento: ¿Causas internas o externas?

La Tercera

En 2016 se consolidó la tendencia a un bajo crecimiento, con un 1,6% de aumento del PIB, muy por debajo del promedio mundial (3,1%) y de los países emergentes y en desarrollo (4,1%). El aumento del PIB en Chile pasó desde un 5,3% anual en 2010-13 a un 1,9% en 2014- 2016.

¿A qué se debe esta desaceleración? Hay quienes -los ultraliberales de siempre, que nunca hacen mucho caso de los hechos sino que mantienen su juicio ideológico contra toda intervención del Estado llueve o truene- la atribuyen a las reformas del actual gobierno, que habrían desincentivado la inversión.

El deterioro desde fines de 2011 de los términos del intercambio ha sido un factor desfavorable determinante para la economía chilena, y en especial para la inversión. De acuerdo a las cuentas nacionales, la caída de la inversión empezó en 2013 (en el tercer y cuarto trimestres), es decir antes del inicio del nuevo gobierno. El entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, lo atribuyó a las expectativas de victoria de la actual presidenta, procurando desligarse de los resultados de su propia gestión frente al cambio externo.

En nuestra interpretación, la desaceleración tuvo un origen en el fin del ciclo expansivo del cobre iniciado en 2004, empujado por China. Pero su prolongación se explica por decisiones equivocadas de política monetaria y fiscal.

El precio del cobre, la principal exportación del país, completó nada menos que cinco años consecutivos de caída y promedió en 2016 unos 2,2 dólares la libra, valor 44,7% menor que el de 4,0 dólares de 2011. Las exportaciones mineras pasaron de 49.083 millones dólares en 2011 a 30.343 en 2016. ¿Puede alguien pensar seriamente que esto no constituye un impacto de proporciones?

La inversión minera se desplomó a partir de 2014, cuando cayó en -14,4%, arrastrando a la baja la inversión agregada, que ya venía lenta. En efecto, la formación bruta de capital fijo se expandió en 12,7% anual en 2010-12, empujada por la minería, y solo en 2,2% en 2013.

Cayó en 4,2% en 2014, ahora arrastrada en sentido inverso por el desplome minero, y todavía en 1,5% y 0,8% en los dos años siguientes.¿Qué tiene esto que ver con las reformas? Bastante poco. Y hubiera afectado a cualquier gobierno, cualquiera fuese su signo y su política tributaria y laboral.

Frente al impacto externo, una política económica contracíclica a la altura del desafío era la respuesta correcta, en condiciones en que el país había acumulado sustanciales reservas fiscales. El desplome de la inversión minera debió abordarse con un aumento persistente de la inversión pública y en I+D. Pero el actual ministro de Hacienda se ha encargado de disminuirla en 4,8% en 2016 y programó una nueva caída en 2017. El Banco Central debió haber programado bajas en la tasa de interés para estimular la inversión privada. Recién en 2017 ha realizado dos tímidos recortes al borde de la recesión. Entienda el que pueda.

El consumo, que empezó a crecer poco desde 2014 por una más lenta creación de empleo y un menor crecimiento de las remuneraciones reales, impactadas por la devaluación de 39,9% entre 2011 y 2016 y la consiguiente mayor inflación de corto plazo, debió reactivarse con reajustes reales importantes en el sector público como señal para el sector privado. A esto el ministro de Hacienda se negó con arrogancia, basado en la convicción más que opinable de que el gobierno tendrá menos ingresos tributarios permanentes, ocupado además en mostrar menores índices de déficit fiscal ante la banca internacional, que en realidad empeoran con el bajo crecimiento. 

Resultado: una languidez productiva prolongada que podría haberse evitado.

Nuevos escenarios de la primera y segunda vuelta presidencial

Columna en Voces La Tercera

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Las elecciones presidenciales de este año se realizarán con dos novedades procedimentales importantes: las primarias simultáneas del 2 de julio y el sistema proporcional de elección de parlamentarios. Este segundo tema incide en el primero en tanto la mayor diversidad potencial de listas parlamentarias, especialmente en la actual Nueva Mayoría, alimentará, paradojalmente, la tendencia a que se use menos el sistema de primarias (ciertamente en el tema parlamentario) y más la primera vuelta presidencial. Este será el caso si prevalece la opción de que diversas fuerzas políticas decidan fortalecer su identidad particular y concurran en noviembre con un candidato/a presidencial de sus filas, con el efecto adicional de potenciar a su lista parlamentaria.

Es probable que la derecha, en tanto tiene muchas animadversiones personales y grupales en su seno pero poca diversidad política de fondo -defiende pocas ideas, la mayoría poco creíbles, y muchos intereses de las minorías privilegiadas- haga competir a todos sus candidatos presidenciales en las primarias de julio y se presente con un solo candidato en la primera vuelta. Salvo que Sebastián Piñera profundice sus diversos flancos judiciales al punto de inviabilizar su candidatura, lo que podría terminar abriendo la competencia en primera vuelta en la derecha.

En la actual coalición de gobierno, la nueva mecánica electoral estimulará, como se ha venido observando, que las corrientes democratacristianas más conservadoras o más proclives a la diferenciación con el progresismo y la izquierda gubernamental hagan una fuerte presión para que su partido se presente en el escenario presidencial de primera vuelta con candidata/o y una lista parlamentaria propia. Esto tendría para la DC un cierto costo electoral, salvo que logre perfilar una opción de centro que compita con éxito por el electorado moderado de la derecha, si es que éste existe, en una lista parlamentaria con aliados ideológicamente cercanos, que tampoco sobran. El resto de la Nueva Mayoría, en ese evento, concurriría a la primaria de agosto con Guillier, Lagos y el candidato que emerja de la definición socialista, y conformaría una o más listas parlamentarias.

En ese escenario, y con mayor razón si se mantiene unida, la actual Nueva Mayoría debería, a pesar de una dispersión inicial en primera vuelta, lograr con cierta probabilidad de éxito una victoria en la segunda vuelta presidencial frente a la derecha y conformar un segundo gobierno. El tema es si quien parece tener mayores probabilidades de encabezar esa opción en segunda vuelta, Alejandro Guillier, está dispuesto a dirigir un nuevo gobierno con una nueva coalición incoherente. De la actual administración han formado y forman parte ministros claves que han boicoteado la acción presidencial y sus compromisos programáticos ante la opinión pública. Sin ir más lejos, el actual ministro de Hacienda en muchos temas ha estado a la derecha del ministro de Hacienda de Piñera.

Así, Chile se encaminaría a una regresión conservadora con la vuelta de la derecha al gobierno, o bien a un nuevo gobierno seudo-progresista incoherente y con agenda variable al son de las presiones de los diversos poderes fácticos, que en Chile, como sabemos, son muy poderosos. Y con un resultado ya de sobra conocido: no avanzar ni en crecimiento sustentable ni en equidad, con la persistencia del deterioro del sistema político y de la legitimidad de las instituciones democráticas por carecer de capacidades de representar y de hacer realidad -al menos en una razonable proporción- las aspiraciones mayoritarias. Esperemos que ese poder oligárquico disminuya en el futuro cercano en beneficio de la mayoría social y que al menos en esta elección se haga efectiva la prohibición del financiamiento empresarial, de modo que el próximo parlamento no esté capturado por el poder económico corporativo como lo está hoy.

Un escenario distinto podría crearse con un parlamento en el que esté presente una corriente de izquierda y progresista seria, articulada y autónoma, sin compromisos con la derecha, el centro conservador y el poder empresarial. Si esa corriente hace el esfuerzo de dejar su tendencia al ensimismamiento y se lanza a la acción política de verdad –aquella que busca incidir en el curso de los acontecimientos- entonces podría disputar el próximo gobierno. O al menos lograr que el próximo gobierno eventualmente encabezado por Sebastián Piñera tenga una oposición consistente con anclas en la sociedad. O que un eventual gobierno de Alejandro Guillier tenga un interlocutor necesario y exigente en el parlamento. Incluso, por qué no,  para conformar mayorías parlamentarias que empujen los cambios institucionales (asamblea constituyente y descentralización), económicos (control público y tributación efectiva de las rentas de los recursos naturales, acción antimonopólica, política contracíclica y redistributiva, expansión de la inversión en infraestructura y compromiso con un modelo de desarrollo sustentable e innovador) y sociales (renacimiento de la educación estatal, pilar de reparto en las pensiones, ingresos básicos para los excluidos, fortalecimiento de la salud pública, transporte público y urbanismo integrador, negociación colectiva supraempresa) que la mayoría social necesita y reclama.

El desafío es simple pero exigente: que la democracia chilena sea gobernada por una mayoría parlamentaria y gubernamental representativa de la mayoría social. ¿No es precisamente aquello en lo que consiste la democracia? No faltarán quienes califiquen esta posición como “populista”, pues para ellos la democracia consiste en gobernar haciendo lo contrario de las preferencias mayoritarias de los electores, en lo que hasta aquí han tenido en Chile un resonante éxito. Al precio, claro, de un inmenso desgaste de la legitimidad de las instituciones democráticas, desgaste que abre las puertas al populismo de verdad, el que se construye con promesas fáciles e irrealistas de progreso social y halaga sentimientos antiélite, racistas y xenófobos. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.

El refichaje y la vida de los partidos

Columna en Voces La Tercera

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En estos días se discute sobre los plazos para el refichaje de los partidos políticos constituidos y la desigualdad de trato con los partidos en formación. Tal vez vale la pena poner este tema en perspectiva.

Al producirse la transición a fines de los años ochenta del siglo pasado, se autorizó con ocasión del plebiscito de 1988 –que la dictadura intentó fuera una suerte de legitimación luego de tres lustros en el poder y abordó con el exceso de confianza que le fue fatal en la etapa final del régimen autocrático, sin medir el inmenso desgaste que le había significado la represión de las protestas populares de 1983-86 – el funcionamiento de nuevos partidos políticos, dotados de ciertos derechos de control electoral y expresión pública. Pero, claro, siempre que no estuvieran fueran de la ley en virtud del ignominioso artículo octavo de la constitución de 1980, que establecía una discriminación ideológica en contra de los partidos políticos de izquierda, como fue el caso del Partido Socialista, impedido por entonces de organizarse legalmente.

En esa ocasión la dictadura estableció la afiliación de un cierto porcentaje de los electores por región como condición para la legalización de los partidos políticos. En la oposición de entonces, fue pionero el Partido Humanista, que tomó con éxito el desafío, y luego le siguieron el PPD, constituido a la sazón por diversas fuerzas -entre ellas una parte del socialismo- como paraguas instrumental para el control plebiscitario y el acceso a la televisión, y la Democracia Cristiana, que no quiso sumarse a la iniciativa común.

Los afiliados de entonces -¡hace treinta años!- y que no han fallecido o renunciado permanecen como tales en los partidos que no fueron objeto de disolución por haber obtenido un mínimo de representación parlamentaria en las sucesivas elecciones. Pero lo que es peor, diversos partidos –y entre ellos el PS reunificado y el PPD- fueron constituyendo mecanismos de elección interna de autoridades en base a afiliados a los cuales solo se les pedía el voto de vez en cuando, incentivando una afiliación clientelar, con poco o nulo trabajo de formación ideológica y cultural ni militancia en función de algún proyecto colectivo en alianza con las diversas expresiones organizadas de la sociedad. En algunos casos, grupos internos de poder, parlamentarios o representantes municipales, con el poder institucional respectivo, logran afiliar masivamente a personas que en realidad no son militantes, sino votantes de tal o cual caudillo.

Poco tiene todo esto que ver con un régimen moderno y democrático de constitución y desarrollo de partidos políticos, capaces de generar ideas y proyectos sobre el destino del país y de representar de manera genuina y transparente intereses colectivos y voluntades de cambio.

En la mayoría de los partidos políticos europeos, por ejemplo, se produce una reafiliación anual, en tanto acto de adhesión activa periódica, junto a algún tipo de actividad militante como condición para ejercer derechos de ciudadanía partidaria. En el caso del partido socialdemócrata de Suecia, caso que conocí personalmente, se trabaja contra la tendencia a la estatización del partido político –ha gobernado durante más de siete décadas- bajo el lema de “partido de gobierno, pero en oposición ante todas las injusticias”, mientras un año antes de cada elección general se instruye a dirigentes y militantes a volver a la sociedad y ponerse a la escucha de las aspiraciones y quejas de los ciudadanas, junto a un nexo orgánico tradicional con el movimiento sindical y diversas expresiones de la sociedad civil.

En Chile, y a pesar de los esfuerzos de unos pocos, las encuestas y algún “focus group” ocasional han reemplazado la realimentación periódica del nexo orgánico con la sociedad, mientras vivimos una personalización creciente de la política alrededor de caudillos. En el caso de varios de los partidos tradicionales de izquierda, su estatización progresiva llevó al fin de toda idea de militancia activa y a la consolidación de la organización interna, con honrosas pero minoritarias excepciones, como mera masa de maniobra electoral interna y externa, que requiere de bastante dinero para funcionar, el que hasta ahora era provisto por el mundo empresarial.

Ya no se trata de partidos “de vanguardia”, con alguna ideología, o siquiera programáticos, que elaboran con mayor o menor suerte alternativas de acción en la esfera pública. Ya no se ve partidos que alimenten la deliberación colectiva, formen masivamente sus militantes para ampliar y difundir sus ideas, promueven proyectos políticos más o menos definidos, y al hacerlo ilustren a los ciudadanos sobre las opciones políticas alternativas presentes en la sociedad. Se trata de la consolidación de lo que la literatura especializada llama “catching all parties”, partidos “atrápalo todo”, usualmente vinculados a algún líder con arrastre electoral y mediático de tipo emocional en la sociedad líquida en la que vivimos, en palabras del recientemente fallecido Zigmunt Bauman.

La Comisión Engel hizo una reflexión importante en la materia y recogió opiniones, que se tradujeron en parte en nuevas normas legales más bien frustrantes para el propósito de una reforma de raíz del régimen de partidos. Lo del refichaje, cuyo plazo vence el 14 de abril y tiene en dificultades a muchos de los partidos tradicionales, quedó como apenas una actualización ante lo evidente de la inadecuación de la definición de la legislación pinochetista respecto a quien y como se transforma en miembro de un partido y los deberes cuyo ejercicio dan eventualmente derecho a elegir autoridades internas y definir políticas y candidatos que las defiendan. Y, de paso, se reforzaron diversas barreras a la entrada para nuevas organizaciones políticas, varias de ellas absurdas, como que la persona que desea afiliarse a un partido deba concurrir personalmente ante un notario –con un costo pecuniario a veces elevado- o ante oficiales civiles, incluso para hacer el trámite por Internet, proceso para el cual la persona deberá ir, según una reciente normativa, al Registro Civil a obtener una clave. Simplemente digno de Kafka. En la inscripción de 1986-87, en plena dictadura, la presencia personal no se exigía, pues parecía un exceso evidente. Hoy a nuestros legisladores ya no les parece tal cosa con tal de dificultarle la vida a nuevas expresiones políticas.

Varias organizaciones políticas emergentes no van a poder concursar en las próximas elecciones. Esto va a ser especialmente el caso en la izquierda, sector político en el que desde 2011 han proliferado nuevas expresiones ante el agotamiento de sus expresiones tradicionales.

Una legislación democrática moderna simplemente no debiera poner mayores obstáculos para que se forme y se mantenga vigente un partido político y este pueda presentar candidatos a cargos de elección popular, pues al final es el pueblo en elecciones el único soberano para elegir a los/las gobernantes y los cuerpos de representación. Si es que creemos en la democracia, claro.