Gratuidad universal

Es un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto

La idea de la gratuidad universal debiera sustituirse por una progresión presupuestaria fundada en una política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior y no en promesas genéricas poco racionales. Si lo que se quiere es un mercado educativo universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de universidades, no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto, una suerte de capitalismo educativo financiado por el Estado. Donde hay compromiso con el interés general de la sociedad, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos. Donde no lo hay, simplemente no debe haber subsidio público.

Publicado en EMOL el 5 de julio

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Pregunta y respuesta completa

Pregunta Emol: ¿cuándo podríamos llegar a la gratuidad universal? Considerando el lento crecimiento económico del país y los resultados esperables de la reforma tributaria. ¿Se puede lograr? ¿Es un proyecto muy a largo plazo? ¿Es imposible lograrlo?

Respuesta:

La idea de la gratuidad universal debiera sustituirse por una progresión presupuestaria fundada en una política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior y no en promesas genéricas poco racionales. Primero debiera alcanzar a la brevedad a toda la educación técnico-profesional (siempre que sea sin fines de lucro e incluya, además de entidades privadas estrictamente acreditadas, un sector estatal hoy inexistente y que se debe crear a la brevedad, con mucho más de un Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional por región a partir de unas universidades estatales que aumenten su matrícula progresivamente hasta el 50% del total). Segundo, la gratuidad debiera extenderse a los alumnos de las universidades estatales en tanto la mayoría de las carreras pasen de cinco a cuatro años y se excluya a los alumnos de familias pertenecientes al 20% más rico (arancel diferenciado) mientras no se incremente el impuesto progresivo a la renta de este sector de la sociedad. Como tercera prioridad en el tiempo, la gratuidad debiera incluir, con el mismo criterio anterior, a los alumnos de las universidades privadas acreditadas en docencia e investigación que practiquen la libertad de cátedra y la investigación sin discriminaciones. Las entidades de formación técnica con fines de lucro y las universidades privadas con fines de lucro encubierto, o que no practican la libertad de cátedra y discriminan a alumnos y docentes por razones distintas del mérito, o bien que prohíben la investigación en ciertas áreas por convicciones particulares y por tanto no se conducen de acuerdo al interés general, no debieran recibir recurso público alguno. Las que no realizan investigación debieran ser declaradas Institutos Profesionales. Esta secuencia presupuestaria basada en una visión (la educación superior es un bien que la sociedad decide sustraer del mercado y transformar en un bien público) y en una política pública que es una consecuencia de esa visión, debiera poder acomodarse sin problemas a los recursos fiscales adicionales disponibles en los próximos años. Si lo que se quiere es un mercado educativo universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de universidades, no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto, una suerte de capitalismo educativo financiado por el Estado. Donde hay compromiso con el interés general de la sociedad, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos. Donde no lo hay, simplemente no debe haber subsidio público.

¿Pueden converger Mercosur y la Alianza del Pacífico?

Publicado en Revista de Economía Exterior de España

Los países del Pacífico son puentes naturales de comercio desde y con Asia, pero el corazón de los intercambios no puede hacer abstracción de Brasil y Argentina. La confluencia entre Mercosur y la Alianza para el Pacífico es, en este sentido, inevitable a mediano y largo plazo.
La América hispana perdió toda articulación interestatal con el fin de la era colonial, mientras la América portuguesa la mantuvo, y por lo demás sobre un amplio territorio de la vertiente atlántica de América del Sur. Pero Brasil ha sido hasta finales del siglo XX un “mega Estado-nación” con un amplio mercado interno y poco dinámico en profundizar sus vínculos con la fragmentada América hispana. La única entidad política que agrupó tradicionalmente a los Estados latinoamericanos, pero junto a Estados Unidos y Canadá, fue la Organización de Estados Americanos, fundada en 1948 y con sede en Washington, siguiendo la lógica panamericanista que se remonta a 1890, con el influjo de la mayor potencia militar y económica en escala mundial desde el siglo XX hasta la actualidad, EE UU.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) nació en 1991 como una unión aduanera que debía mantener aranceles comunes y transitar a un mercado integrado, con excepciones notables como la industria automotriz, donde la ventaja competitiva y de escala brasileña es evidente, alrededor de los dos grandes países de la costa atlántica, Brasil y Argentina, como protagonistas principales. Con el tiempo, se constituyó como la primera entidad política interestatal en América Latina autónoma de EE UU, con una cláusula democrática que se puso a prueba con la destitución del presidente Fernando Lugo, que implicó la suspensión temporal de Paraguay y su posterior retorno al esquema de integración una vez se realizaron nuevas elecciones democráticas.
La creación de Mercosur involucró en sus orígenes y primeras etapas en Brasil a los presidentes José Sarney y Fernando Henrique Cardoso y en Argentina a los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem, ninguno de ellos de ideas radicales. Su construcción solo en parte tiene que ver con opciones particulares de política exterior o de política de integración comercial, y más bien expresa intereses de más largo plazo. Es cierto que el rechazo de Mercosur en 2004 a la propuesta estadounidense de extender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a todo el continente marcó una postura crítica al tipo de influencia histórica de EE UU en América Latina con, en particular, el pasivo de su apoyo a dictaduras militares diversas y las invasiones unilaterales de países del continente, siendo las más recientes las de Granada en 1983 y Panamá en 1989.
La imagen actual de Mercosur con un tinte ideológico particular no refleja bien el hecho de que constituye una realidad de largo plazo de vinculación de Brasil con Argentina y con Estados-nación más pequeños de sus espacios geográficos inmediatos de la América hispana del sur. Primero fueron Uruguay y Paraguay y más tarde Bolivia, en un proceso en curso. También puede sostenerse que la salida de Venezuela de la Comunidad Andina –continuadora del Pacto Andino creado en los años sesenta desde Chile a Venezuela– y su integración en Mercosur en 2012, tiene una lógica que trasciende la contingencia, dado que existen suficientes razones de sinergia interestatal para producir una integración territorial y comercial entre países que comparten una amplia frontera.
La América hispana poscolonial del norte del continente americano se fragmentó, por su parte, pronto y su principal Estado-nación, México, no cultivó mayores vínculos particulares con el sur, especialmente por su economía fuertemente interconectada con la de EE UU. Esto terminó de consagrarse con la creación del Tlcan en 1994 (entre EE UU, México y Canadá). A su vez, este proceso incidió en mantener la distancia de la diplomacia brasileña con la idea de una integración latinoamericana que diera un papel protagonista a México, pues Brasil se considera a sí mismo un actor global con entidad propia, mientras opina que México y Centroamérica son un espacio inevitablemente articulado con EE UU, al menos en su dinámica económica.
Con esa lógica, la agrupación de América del Sur en una entidad política, dotada de un acuerdo en materia de defensa, fue estimulada por Brasil en los primeros años del siglo XXI, con la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que desempeñó un papel importante en la superación de la crisis boliviana con la región de Santa Cruz (2008); en el conflicto entre Colombia y Venezuela (2010); así como la defensa del sistema democrático en Honduras (2009); Ecuador (2010); y Paraguay (2012); y en menor medida Venezuela en la actualidad.
No obstante, el peso de las instituciones previamente existentes de alcance latinoamericano, como la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), resultante de la transformación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) y del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), junto al trabajo del Grupo de Río y las cumbres de América Latina y del Caribe, y la voluntad, en su momento, de México y Brasil de producir un acercamiento entre el sur y el norte del continente sin presencia de EE UU y Canadá, llevó a la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en 2010 en México. Sus 33 miembros representan a unos 620 millones de habitantes, pero sin estructura institucional más allá de una presidencia pro tempore.
En su momento, los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador manifestaron su intención de que Celac reemplazara a la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que no ha ocurrido. Más aún, además de México, América del Sur puede volver a ser una zona turbulenta para EE UU y estimular un mayor interés de su política exterior, hoy volcada a otras prioridades geoestratégicas, lo que dependerá del resultado final del proceso de negociación entre el gobierno de Colombia y las FARC, la salida a la crisis en Venezuela y la evolución de las tensiones en la subregión como las diferencias territoriales, una vez superadas las de tipo marítimo, entre Chile y Perú y el reclamo por la salida al mar de Bolivia, además del manejo del impacto del fin de altos precios de las materias primas exportadas por el continente.
El hecho es que Celac no sustituyó a la OEA y, antes bien, se produjo una nueva fragmentación en los procesos de integración con la creación de la Alianza del Pacífico, en 2012, con el propósito de “profundizar la integración entre estas economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia-Pacífico, sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales existentes entre los Estados parte” y “avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”.
La Alianza del Pacífico está conformada por Chile, Colombia, México y Perú –con Panamá y Costa Rica como candidatos a miembros de la alianza– y es un mecanismo de integración económica y comercial que incluye un compromiso en materia de facilitación migratoria. Se presenta como un grupo de países estables que respetan la democracia y el Estado de Derecho, que ofrecen oportunidades de inversión atractivas y sostienen que con el libre comercio pueden lograr mayor competitividad para sus economías. Según José Antonio García Belaunde, exministro de Relaciones Exteriores de Perú, la Alianza del Pacífico “está basada en la afinidad más que en la proximidad” de los países miembros. En la actualidad, Chile, Colombia, México y Perú totalizan una población superior a los 209 millones de personas (lo que representa más del 36 por cien del total de Latinoamérica). Concentra el 40 por cien del PIB a paridad de poder de compra y el 50 por cien del comercio de América Latina.
Esta alianza tuvo un origen en el Perú de Alan García y el Chile de Sebastián Piñera, países suramericanos que buscaron un contrapeso a la extensión de la influencia del chavismo venezolano, visible en el contexto suramericano en el Ecuador de Rafael Correa y sobre todo en la Bolivia de Evo Morales. Pero también buscaron una alianza contra el peso del eje atlántico de Brasil-Argentina en el concierto latinoamericano, que los llevó a buscar una articulación con Colombia y con México. El contexto es el de un continente con tres grupos de países con sellos ideológicos específicos: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA: Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua y los caribeños Antigua y Barbuda, Dominica, y San Vicente y las Granadinas); el grupo de países con orientación hacia tratados de libre comercio con EE UU, Europa y otras zonas (México, Chile, Perú, Colombia, Honduras, Panamá, Costa Rica); con un tercer grupo alrededor de la articulación Brasil-Argentina, llamada a permanecer en el tiempo más allá de la orientación política de sus gobiernos, pues en particular deben velar por gestionar en la globalización actual y sus precarias formas de gobernanza, sus núcleos industriales, de los que carece la mayor parte del resto de América Latina, excepto México.
Más allá de las mencionadas connotaciones ideológicas y de equilibrio intra-latinoamericano, la Alianza del Pacífico da cuenta de la creciente orientación del comercio exterior latinoamericano hacia China y Asia. Desde 2009, en que el mundo afrontó su peor crisis económica desde 1929, se terminó de evidenciar la consolidación de China como un actor central en la economía mundial. En el contexto de una caída abrupta y generalizada en los flujos del comercio mundial (12,2 por cien en volumen), China desplazó a Alemania como el principal exportador mundial de mercancías. Si en 2009 logró ser ya el primer exportador de mercancías global, tras dos décadas de vertiginoso crecimiento de las ventas al resto del mundo, desde 2013 superó a EE UU como primera potencia comercial. Más de un 10 por cien del comercio mundial de mercancías tiene destino u origen en China, cuando hace una década esa proporción no llegaba al cinco. Con el 16 por cien del PIB mundial a paridad de poder de compra en 2014 –está ya cerca de alcanzar el 19 de EE UU y el 18 de la Unión Europea, lo que ocurrirá en todo caso antes de 2020–, China compartirá con India el 50 por cien del crecimiento global en los próximos años. El PIB combinado de China e India pronto superará al de las economías del G-7 y rebasaría a la de todos los miembros actuales de la OCDE en 2060, según ejercicios prospectivos de este organismo. La zona euro dentro de 50 años supondrá solo el nueve por cien del total. Por su parte, EE UU, reducirá su peso hasta el 16 por cien en 2060. China e India multiplicarán por más de siete sus ingresos y las economías más desarrolladas solo se duplicarán. No obstante, sus estándares de vida serán entre un 25 por cien y un 60 por cien del de los países desarrollados en 2060.
En la actual etapa de salida de crisis, China es principal fuente de crecimiento de las exportaciones de la región latinoamericana, incluso en el contexto de desaceleración. El comercio entre la región y China tiene un carácter esencialmente inter-industrial, pues las exportaciones chinas consisten principalmente en bienes manufacturados, mientras que las de América Latina son principalmente de materias primas. Ello dificulta, tanto mayores alianzas empresariales sino-latinoamericanas como una inserción más eficaz de los países de la región en las cadenas productivas de Asia-Pacífico, que tienen cada vez más un carácter intra-industrial.
En América Latina solo Chile y Perú tienen un acuerdo de libre comercio con China, lo que transforma esos países en protagonistas de la Alianza del Pacífico. Al mismo tiempo solo Chile, México y Perú forman parte de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), que incluye a China y EE UU) y del recientemente firmado Tratado Transpacífico (TPP) de comercio e inversiones, que no incluye a China. Los acercamientos de China para firmar acuerdos de libre comercio con Colombia, México y Mercosur no han avanzado.
No obstante, la Alianza del Pacífico difícilmente podrá ser el interlocutor principal con Asia si se considera que Brasil es el primer socio comercial de China en la región y además socio estratégico de China junto con Argentina. En la visión china, los cuatro países emergentes decisivos son, además de la República Popular, Brasil, Rusia, India y Suráfrica. El objetivo de China es transformar a este grupo (Brics ampliado) en un esfuerzo concertado de política exterior. En esta visión, Brasil no es solo el mayor país emergente de América del Sur, sino un actor global, identificado como el principal aliado estratégico de la República Popular en el plano mundial, fuera de Asia. Para China, hay un segundo grupo de países emergentes relevantes en relación a la nueva estructura del poder mundial, son los 13 del G-20. Ahí están Argentina y México. En la percepción china, Argentina tiene una especificidad estratégica fundamental, que le otorga un papel propio y relevante en el nuevo contexto global: tiene un potencial agroalimentario capaz de alimentar quizás a 600 millones de personas. La República Popular China tiene la menor proporción entre tierra fértil y población del mundo (7-22 por cien).
En contraste con la orientación al libre comercio de la Alianza del Pacífico, la postura de algunos miembros de Mercosur se ha inclinado hacia una estrategia más proteccionista que de liberalización del comercio, incluyendo evaluar la posibilidad de elevar las barreras arancelarias del bloque regional hasta el 35 por cien, que es lo máximo exigido por la Organización Mundial del Comercio, aplicables a China. Cabe subrayar que hasta ahora Mercosur, además de con países asociados de Latinoamérica, solo ha firmado con éxito un acuerdo de libre comercio con Israel.
La perspectiva de fondo es reconocer que China y Asia venden a América Latina productos elaborados y compran materias primas y productos básicos, en una relación económica asimétrica clásica. El desafío para los procesos de integración latinoamericana es reconocer que los países de la zona del Pacífico son puentes naturales de comercio desde y con Asia, pero que el corazón de los intercambios no puede hacer abstracción de Brasil y Argentina. La confluencia entre Mercosur y la Alianza para el Pacífico es en este sentido inevitable a mediano y largo plazo, pero será útil a sus países miembros en tanto incluya elementos que ayuden poco a poco a revertir la relación asimétrica vigente hoy. Y esto mediante mecanismos que faciliten inversiones chinas en combinación con empresas latinoamericanas en áreas que produzcan avances tecnológicos de la industria de los países del continente y hagan que los acuerdos internacionales se sitúen en la dinámica de la innovación y la modernización de las economías antes que proveedores tradicionales de materias primas.

Gatos por liebre: la tramposa discusión de la reforma universitaria

En El Mostrador

En el tema de la educación superior es tal la confusión reinante, que parece adecuado intentar volver a algunos fundamentos. ¿Para qué deben existir universidades?

Parece tener sentido sostener que su rol debe ser el de: a) cultivar, transmitir y difundir los saberes y la herencia cultural de la humanidad y la de nuestro país, sus comunidades y sus territorios; b) fomentar la libre creación e investigación en las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías sobre la base de la libertad de pensamiento y de crítica y de la responsabilidad con el desarrollo democrático de la sociedad; c) formar personas con la finalidad de permitir su inserción activa y creativa en la sociedad, con capacidad de pensar por sí mismas y de actuar con responsabilidad y solidaridad social, en un contexto de diálogo entre disciplinas, de respeto a la libertad de cátedra y de investigación, actuando al servicio de la sociedad. El acceso a ella para estudiantes, docentes, investigadores y creadores debe basarse exclusivamente en el mérito, excluyendo toda forma de discriminación arbitraria.

En efecto, la opción que parece ser ampliamente mayoritaria en la sociedad chilena de hoy es que la educación superior, con recursos de todos, forme a personas para el ejercicio de libertad y la solidaridad y contribuyan a fines comunes de desarrollo sustentable y equitativo como principal competencia, antes que ser una mera fábrica de profesionales regidos por la búsqueda de una rentabilidad privada de estudiantes-consumidores y de oferentes-empresarios.

Si definiciones de este tipo no gustan a los conservadores y neoliberales, que están dentro y fuera de la coalición de Gobierno, cabe remitirse a las que el Estado chileno debe respetar en su legislación más allá de lo que opinemos los unos y los otros.

Nos referimos a lo que señala el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, entrado en vigor en 1976, y firmado en 1969 y ratificado por Chile en 1972, el que, de acuerdo con el artículo 5 de la actual Constitución modificado en 1989, debe ser garantizado por la ley interna: “La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales (…). Debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos”.

Y agrega el Pacto: “La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”, mientras estipula que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora”.

Se viene sosteniendo por los sectores conservadores de la sociedad chilena que la educación superior está llamada a seguir básicamente siendo un mercado, con una oferta sin fines establecidos, como lo es hoy, con universidades públicas que apenas suman un 15% de la matrícula. Para ellos, el Estado no debiera tener ninguna política de fomento o discriminación positiva hacia las universidades estatales y limitarse a subsidiar a todas las universidades acreditadas por entidades privadas según el número de alumnos y financiar la investigación por pequeños concursos de poca duración. La competencia y las preferencias de los estudiantes-consumidores bastarían para definir el tema de la calidad y el sentido de la formación.

Hay quienes, incluso, sostienen que se debe mantener el actual subsidio llamado Aporte Fiscal Indirecto, que otorga recursos según el número de alumnos más aventajados en la prueba de selección que son captados por cada universidad. Hoy en Chile se premia a las universidades con mejores rendimientos y no se establece ningún aporte en tanto tales para aquellas que reciben a alumnos con más dificultades, y cuya formación suele requerir más recursos. Privilégiese a los privilegiados: algo así como el mundo al revés.

En cualquier caso, la propia legislación establecida en 1981 señala que las universidades deben “realizar la funciones de docencia, investigación y extensión que son propias de la tarea universitaria”. De esta premisa y del tipo de fines que se puede esperar que tengan las Universidades en una sociedad moderna y democrática se deduce una primera conclusión: las entidades de educación superior que solo realizan una función de docencia no deben ser consideradas Universidades.

Un sector de las actuales universidades privadas reclama que se les debe permitir hacer solamente docencia. Eso desnaturaliza y empobrece su misión a un punto tal, que simplemente no se debe aceptar. Las entidades de educación superior que solo imparten carreras profesionales pueden ser muy útiles, sin investigación y extensión, pero no son universidades, son institutos profesionales. Y así lo debe reiterar una ley futura. Mantener la situación actual es simplemente un abuso del consumidor, por así decirlo. Es pasar gato por liebre.

Una segunda conclusión es que debe cesar la curiosa pretensión de pasar otro gato por liebre, es decir, intentar darles carácter público a entidades privadas. Remitámonos a la Real Academia Española, según la cual público es, en la acepción que cabe, lo “perteneciente o relativo al Estado o a otra Administración. Colegio, hospital público”. Hay quienes desean convencernos de que, por ejemplo, la Universidad Católica de Chile es pública. Supongo que en el Vaticano –la UC es una universidad pontificia que depende del Papa, o sea, del Estado Vaticano, no del chileno– esa idea no será bien recibida.

Bromas aparte, simplemente ocurre que la UC no es pública. ¿Puede prestar buenos servicios a la sociedad? Tal vez sí, tal vez no, y en todo caso debe tener derecho a existir y a difundir la doctrina de la Iglesia Católica. Pero no debe recibir recursos públicos –que en importante medida explican su buen desempeño en diversas áreas– si continúa expresamente excluyendo la libertad de cátedra (véase la reciente expulsión de la UC de un cura docente por el cardenal-arzobispo de Santiago por una enseñanza, ¡teológica!, que no era de su gusto, para no hablar de la expulsión de un científico por sostener que la píldora del día después no es abortiva, como prueba el conocimiento científico hasta ahora disponible) y la libertad de investigación (véase la prohibición de investigar sobre anticoncepción en la UC).

Como afirma Daniel Loewe, doctor en Filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez, “esto no debiese ser problemático, si la universidad en cuestión no recibe fondos estatales (ni directos ni indirectos)”. Y, agregamos nosotros, en tanto se respeten los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad universitaria, incluyendo la libertad de pensamiento, expresión y reunión, garantizados por los tratados internacionales firmados por Chile en materia de derechos civiles y políticos.

Lo que no pueden pretender los rectores pontificios, y otros similares, es recibir todo tipo de abundantes subsidios públicos sin respetar la libertad de cátedra y de investigación, que son la esencia de la Universidad. Donde estas libertades no existen, no puede haber fondos del Estado, que desde 1925 no es un Estado confesional. Donde existen, y se cumple con las normas de colaboración con los fines públicos de la educación (es decir, los que determina el Estado en su legislación, no lo que se les pueda ocurrir a los rectores de las universidades privadas que quieren ser totalmente independientes para dirigir sus asuntos, incluyendo el derecho a discriminar y a enseñar sin investigar ni promover el desarrollo ni servir a las comunidades, pero muy públicas para recibir subsidios), entonces se pueden justificar aportes del Estado para tener un paisaje universitario diverso y plural, al que se accede en igualdad de condiciones.

Y debe terminar la inconsistencia irracional de buscar la generalización de oportunidades de acceder a la educación superior, pero impidiendo por razones exclusivamente ideológicas la expansión de las universidades propiamente públicas, que son las estatales, y alrededor de ellas un sistema público de educación profesional y técnica hoy inexistente, y que la Presidenta Bachelet ha empezado a construir con la creación, por primera vez desde 1990, de centros de formación técnica públicos y de universidades públicas en regiones al servicio de su desarrollo.

La matrícula pública en educación superior debe ser mayoritaria, porque es ahí donde puede existir –en tanto se superen, eso sí, las rémoras de captura feudal por intereses particulares de sus miembros y se termine con el sistema precario de profesores por hora que sustentan la mayor parte de la docencia– la mejor garantía de la libertad de cátedra, de investigación, y de servicio al desarrollo sustentable y equitativo del país.

La ley debe ahora definir a las universidades públicas como organizaciones de servicio público, con fin único, con una misión autogobernada –con parámetros de pertinencia, eficacia, eficiencia y evaluación externa periódica– por su comunidad para cumplir los fines que la sociedad le encomienda, financiada por todos y supervigilada en su desempeño con transparencia por los órganos públicos pertinentes. El financiamiento debe incluir, en convenios de programación trianuales concordados por cada universidad estatal con la nueva Subsecretaría de Educación Superior, metas de matrícula, investigación y extensión.

Se debe asegurar a la brevedad en estas universidades una amplia gratuidad en pregrado –no completa, en ausencia de un sistema tributario que asegure una mayor progresividad en el impuesto a la renta, es decir, con un arancel graduado por ingresos familiares–, con una duración de carreras que en muchos casos debe disminuir a cuatro años y con un límite de tiempo para terminar la carrera con subsidio, con una combinación de becas y crédito subsidiado en los postgrados. La acreditación de las universidades estatales debe ser parte de los convenios de programación y realizada por una entidad pública especializada que evite los conflictos de interés hoy generalizados –en nombre de una imposible “evaluación de pares” que devino en simple corrupción– en el sistema vigente.

Tercer gato por liebre: mantener la ficción de la ausencia de lucro cuando a ojos vista los controladores nacionales e internacionales de universidades privadas –para esto son sumamente privadas– transfieren sustanciales utilidades mediante resquicios (el pago de servicios variados) a sus dueños comerciales, con dineros públicos para ganancias privadas. El mundo al revés, otra vez.

El Estado no debe dilapidar recursos transfiriéndolos incondicionalmente a entidades privadas sin finalidad pública, que es en lo que está resultando hasta hoy la llamada gratuidad: un gigantesco y carísimo sistema de subsidio público a empresas privadas universitarias con fines particulares, una suerte de capitalismo universitario creado desde el Estado a partir de 1981.

Las universidades privadas deben declarar y cumplir con fines que aseguren investigación y extensión al servicio del desarrollo y las comunidades, comprometerse con el respeto de la libertad de opinión, cátedra e investigación y permitir la participación de la comunidad universitaria en su administración.

No deben tener fines de lucro, ser obligatoriamente propietarias de los inmuebles que usan y con prohibición de comprar a sus dueños supuestos servicios para sustraer utilidades encubiertas o desviar recursos a fines distintos de los educativos. La gratuidad debe asegurarse a los estudiantes de universidades privadas que cumplan con estos requisitos para los de menos ingresos y complementarse con créditos para el resto, hasta que no se establezca una progresividad tributaria que haga justificable su extensión y acceder a fondos públicos de investigación por concurso.

El fondo del tema sigue siendo acelerar el fin del ciclo neoliberal en Chile, porque no funciona para asegurar prosperidad y democracia. No por casualidad los economistas del FMI Ostry, Loungani y Furcerri (Finance & Development, junio de 2016) han llegado a la conclusión de que el neoliberalismo a la chilena está “sobrevendido” y que “el aumento de la desigualdad hiere el nivel y sostenibilidad del crecimiento. Incluso si el crecimiento es el único o principal objetivo de la agenda neoliberal, los abogados de esa agenda deben de todas maneras prestar atención a los efectos distributivos”.

En el campo universitario, como en muchos otros, la política pública fomenta la desigualdad. Debe dar de una vez un vuelco y reformar en profundidad lo existente. Si el futuro de Chile pasa por una sociedad que forma a sus jóvenes para la libertad y la solidaridad y cultiva sus talentos para pasar de una economía de extracción destructora de recursos naturales a una economía equitativa del conocimiento, la reforma universitaria debe hacerse en serio y con urgencia. Este no es asunto sectorial, es un asunto de modelo de desarrollo.

Entrevista en El Desconcierto

Entrevista en El Desconcierto Seguir Leyendo

El economista y ex candidato a la presidencia del PS habló con El Desconcierto acerca de educación, de los tres puntos que deberían unir a una “tercera fuerza” política que agrupe a la izquierda y criticó la alianza que su partido hizo con la DC: “Yo no estoy de acuerdo con el aliarse con un partido que se ha dedicado a bloquear todas las reformas principales: la laboral, la educacional y la tributaria. Esto ha sido el colmo”.

Por Pablo Álvarez Y.

“Ahora sí estamos en serio viviendo aquello del fin del ciclo político en Chile abierto en los 90”, dice el político y economista Gonzalo Martner, ex presidente del Partido Socialista, candidato a la presidencia del colectivo en las últimas elecciones y actualmente director del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago.

Asegura que este cambio de ciclo se ha expresado concretamente desde 2011, con una soberanía popular que se expresa a través de movimientos sociales que ya no tienen vínculos con los partidos tradicionales, y que viene a terminar con un ciclo en el que estos se habían “acomodado a los amarres de la transición, expulsado las posiciones más críticas en su interior y generado un sólido sistema de poder”.

A pesar de esto, valora otros elementos del ciclo que, a su juicio, termina: “Hubo cosas muy notables, como lo que se hizo en materia de Derechos Humanos, mucho más lejos de ‘la medida de lo posible’ y mucho más cerca de ‘la medida de lo necesario’. Esta idea de que son todos malvados y todos traidores y que todo aquí fue objeto de venderse al gran capital, creo que es una manera de ver las cosas un poco simplista”.

¿Qué le parece el escenario que se ha generado con esta desconfianza? Incluso los estudiantes han llegado a manifestarse dentro de La Moneda.

-A mí no me parece que pueda ser objeto de mayores críticas el que un grupo de jóvenes estudiantes secundarios se propongan ser alternativa al gobierno y lancen el desafío “no los vamos a dejar gobernar”. Yo prefiero gente que es de repente un poco desmedida en sus planteamientos que a la gente apática.

Desde la otra vereda, ha habido una serie de renuncias a partidos políticos como la DC (René Saffirio), el PPD (Pepe Auth) e incluso la UDI (José Antonio Kast). ¿A qué las atribuye?

-Yo creo que hay dos factores, el primero es el choque que provoca en algunos la puesta en evidencia del financiamiento de la gran empresa y la captura de los partidos por estos grupos. El segundo factor es bastante menos honorable, y tiene que ver con los cálculos que sacan algunos con el cambio del sistema electoral, especialmente en la Cámara de Diputados. ¿Ve que no hay ningún senador renunciado? Esto es una mezcla de personas que no quieren sentirse parte de procesos de subordinación a través del financiamiento de la política y personas que hacen cálculos electorales.

También hay una crítica a los caudillismos.

-Sí claro, pero si te refieres a las declaraciones de Pepe Auth contra Guido Girardi, no sé cuál de los dos es más o menos caudillo.

¿Qué evaluación hace del Partido Socialista, en el que milita?

-El partido al que yo pertenezco dejó hace rato de ser un partido que reivindicara banderas socialistas. Se transformó en un partido de acomodo que mantiene el poder simplemente. No se escucha hablar en el PS de royalty minero, de ley de Pesca que preserve los intereses de la pequeña pesca y la preservación del recurso, ni se escucha hablar demasiado de las reformas laborales.

¿Ha evaluado renunciar?

-Es que cuando uno tiene convicciones, y las mías son convicciones socialistas, no tengo por qué abandonar el PS. Su actual declaración de principios en parte la redacté yo, comparto esas convicciones. No abandono la esperanza de que el Partido Socialista vuelva a ser un partido socialista. Ahora, si quieren echarnos que nos echen y digan por qué. Pero si alguien me pregunta por qué yo estoy apoyando formas electorales distintas a las que el partido ha decidido, le contesto que el partido ni siquiera es capaz de llegar a la hora a inscribir las candidaturas. Que no me vengan a criticar por posturas políticas, por lo menos la mía es seria.

Existen esfuerzos fuera de los partidos políticos tradicionales. Incluso usted aparece como un suscriptor a quienes convocan a armar una “tercera fuerza” política.

-Eso es muy simple. Lo que ocurre es que para la derecha es fácil recomponerse en torno a sus intereses, el centro político nunca se ha sabido mucho lo que es, y la izquierda está en una crisis profunda. Por lo tanto, existe mucha confusión. Entonces, en esos momentos hay que agarrarse de cuestiones fundamentales. ¿Cuáles son? Más democracia a través de una Asamblea Constituyente, retroceder la hiperconcentración del capital con más tributación a las utilidades de las empresas y una relación laboral más equilibrada y preservar nuestros recursos naturales con un nuevo modelo de desarrollo. ¿No parece sensato que nos juntemos los que estamos de acuerdo con esto?

Ha sido difícil para las fuerzas de izquierda aunarse, incluso ha habido quiebres últimamente como el de Izquierda Autónoma.

-Es que cuando las fuerzas más jóvenes emergen, suele haber conductas poco proclives a juntarse con parecidos. A veces se tiene al cercano y al parecido como el enemigo principal. He lamentado profundamente el conflicto que se produjo en Izquierda Autónoma. Uno escucha las partes y no ve realmente si en estas materias hay diferencias verdaderas. Hay problemas de énfasis en tipos de liderazgos o en el rol de la reforma educacional, pero son cosas que una fuerza política debería poder discutir sin quebrarse.

¿Qué tan amplia podría ser esta alianza?

-Caben quienes vienen de otros mundos que no son la izquierda. Jaime Mulet, desde el mundo de la DC, está viviendo un proceso de reflexión a propósito de reafirmar estructuras democráticas. El senador Horvath, desde la derecha, tiene una reflexión sobre modelo de desarrollo. Vuelvo a repetir: creen en la democracia, en un funcionamiento de la economía que no esté en manos del 1% más rico y en que hay que hacer una transición energética profunda para generar un nuevo modelo de desarrollo en Chile. Las personas para propiciar eso pueden venir de muchas partes.

¿No cree que le podría traer repercusiones dentro de su partido el participar de esta Tercera Fuerza?

-Ellos verán si me expulsan o no, pero mi partido ha decidido, como no ocurrió nunca hasta el año 2008, ir con la DC en las elecciones municipales, siendo que se ha dedicado a boicotear a la Presidenta Bachelet. Argumentan la idea de esta supuesta “alianza histórica” del PS y la DC. Una alianza que no es cierta. Yo no estoy de acuerdo con el aliarse con un partido que se ha dedicado a bloquear todas las reformas principales: la laboral, la educacional y la tributaria. Esto ha sido el colmo.

Hablando de reformas, la derecha también ha reaccionado. Usted ha hablado del “chantaje de los capitales” de marcharse del país. Lo podemos ver muy concretamente en el ejemplo de Hernán Büchi.

-Eso es un viejo cuento. Ayer en El Mercurio salía que a pesar de la disminución de las ventas de las empresas, las utilidades habían aumentado con respecto al año pasado. Entonces, ¿de qué me están hablando? El señor Büchi lo que no tiene es ganas de pagar impuestos nada más, se va a Suiza por los bajos impuestos, el resto es música. Por lo menos que tenga la honestidad de decirlo, en lugar de hace un cuento con respecto a las incertezas jurídicas.

En el tema de políticas públicas, con Büchi como uno de los fundadores de Libertad y Desarrollo, ¿cómo ve el desplazamiento que han realizado estos centros de estudios vinculados a la derecha a las universidades estatales?

-En eso no tengo problemas. Mientras más la derecha se preocupe de ideas y menos de golpear las puertas de los cuarteles mejor. Ellos tienen mucho financiamiento, el tema es que tengamos en Chile una revitalización de las universidades públicas, que tienen que dejar de tener el 15% de la matrícula y dejar de ser unas entidades que compiten por diminutas cantidades de dinero para proyectitos.

¿En qué temas se debería trabajar?

-Este país debería ser vanguardia en la transición hacia energías renovables no convencionales. Reunir a las universidades públicas y decir: “aquí hay un desafío, reúnan a científicos y jóvenes investigadores y vamos con todo a hacer de las universidades públicas un gran soporte a la transición energética”. De eso no se habla en este país, cero. Eso se llama ausencia de estrategia de desarrollo, exactamente lo contrario a lo que se hizo en Corea. El gasto público en Chile representa el 22- 23 % del PIB, en EEUU representa cerca del 40% del PIB para hablar de un país capitalista más liberal. Esa prosperidad se da con que hay que tomar los recursos humanos que tenemos y otros que estamos formando y a partir de eso diversificar y generar cambios.

¿Se está avanzando con esa voluntad?

-Nadie conversa de un sistema nacional de educación superior. Lo que se habla hoy es a nivel de subsidios, entonces la gratuidad se ha transformado en la gran pantalla de la distribución de subsidios para un mercado. Lo público ha pretendido trasladarse a universidades abiertamente privadas que no tienen ningún fin público. Cuando me dicen que la UC es una universidad con una dimensión pública, yo les digo que será pública, pero del Estado del Vaticano. Si quieren difundir valores cristianos, me parece muy bien, pero no me digan que eso es lo público.

¿Y las privadas que no necesariamente tienen fines católicos? El rector Carlos Peña de la UDP ha insistido en la idea de las universidades privadas con fines públicos.

-Yo creo que al rector Peña le encantaría que se mantenga muy privada su universidad a la hora de hacer lo que quiera ahí, y muy pública a la hora de que le den muchos subsidios. Esa es la hipocresía nacional.

Discusión constitucional: el veto permanente de la minoría

En El Mostrador

Chile entró en una etapa de rediscusión de sus reglas constitucionales, que por lo demás no sabemos cuánto durará. La discusión en la materia tiene diversos nudos y dilemas, de los que en esta ocasión trataremos dos.

Un primer nudo es el de la modalidad y plazos de aprobación de una nueva Constitución. El proceso en curso permitirá a muchas personas discutir el tema, lo que es muy meritorio como pedagogía cívica, pero sin consecuencias prácticas. No es razonable dilatar eternamente un tema tan importante como este, lo que puede traducirse en otra impotencia más del sistema político para resolver los problemas colectivos. Y el correspondiente aumento de la desinstitucionalización por falta de valores normativos compartidos. El hecho es que en el ordenamiento institucional vigente no se contempla un proceso de elaboración de una nueva Constitución, sino solo un mecanismo de reforma, con alto quorum, por tanto, con un derecho a veto de la minoría de derecha que, como sabemos, lo ejerce con entusiasmo.

Existen dos hechos: uno, una amplia mayoría de ciudadanos y sus representantes electos plantea la necesidad de una nueva Constitución; dos, es disruptivo y desestabilizador pretender mantener hasta el fin de los tiempos el bloqueo ilegítimo de una minoría a esa preferencia mayoritaria. Lo sensato para todos es, salvo que se quiera mantener al país permanente y gravemente dividido, resolver el problema recurriendo al árbitro en democracia: el pueblo.

Para ello, el Gobierno podría enviar al Parlamento a la brevedad –en paralelo al actual proceso de discusión ciudadana– un proyecto de reforma constitucional que establezca un procedimiento de consulta en diciembre de 2017, junto a la elección presidencial y parlamentaria, en el que se les pregunte a los ciudadanos si quieren o no una nueva Constitución. Y, en caso de marcar esa opción, definir una preferencia para que sea elaborada por el Parlamento elegido en 2017 o por una asamblea constituyente especialmente electa al efecto, previos cabildos ciudadanos y posterior plebiscito aprobatorio final hacia el año 2020. Y que cada sector político asuma sus responsabilidades de cara a los ciudadanos para darle o no una salida racional al conflicto constitucional.

El actual diseño gubernamental deja el tema constitucional en manos del actual Parlamento o del próximo, sin que los ciudadanos se pronuncien con poder de decisión. Esta no parece ser una buena idea, pues tendrá el resultado de ampliar el distanciamiento ciudadano con la democracia, de imprevisibles consecuencias de mediano y largo plazo.

Un segundo nudo es el tipo de Constitución. La apuesta mayoritaria parece ser una nueva Constitución que consagre una república democrática. La democracia tiene muchas definiciones e interpretaciones, pero su núcleo puede razonablemente definirse como el ideal del autogobierno del pueblo, donde las personas son libres de interferencias indebidas y las instituciones expresan la soberanía popular, la igualdad ante la ley y el gobierno de las mayorías con respeto de las minorías. La traducción institucional de estos principios ciertamente no debe constituirse en candado de la democracia, como el que consagró la Constitución de 1980 y se mantiene en la sucesivamente reformada, actualmente vigente.

Simplemente no existe en Chile hoy el principio de mayoría, antes con los senadores designados y el sistema electoral binominal y todavía con los altos quorum de aprobación de leyes fundamentales y de reformas de la Constitución y un Tribunal Constitucional en manos militantes de la oposición, que recurre a él para impedir toda reforma que amplíe los derechos sociales de los ciudadanos. Se trata de la idea de la “democracia protegida”… de sí misma.

Esto simplemente es insostenible y tiene que terminar, lo que implica dos consecuencias: una nueva Constitución debe establecer que sea la ley la que determine las orientaciones políticas y económico-sociales de la acción pública y no la Constitución; esta debe definir los principios de soberanía y los derechos fundamentales (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, como los definidos en los tratados internacionales suscritos por Chile y que el país debe respetar) y los deberes básicos de los ciudadanos (como los que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948), así como la organización de los poderes públicos (presidente y gobierno, Parlamento, formación de la ley, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, órganos territoriales, eventualmente Defensor del Pueblo y consejo económico, social y ambiental). Y no más.

La pretensión conservadora expresada en la actual Constitución, de imponer un modelo económico-social particular, no debe reemplazarse  por alguna otra pretensión de inscribir en el texto constitucional algún modelo económico-social o cultural particular. Esto debe ser materia de la ley, y por tanto del libre y periódico juego democrático. Pero no de cualquier manera, sino sobre la base del principio de mayoría, es decir, sin ningún quorum supramayoritario en la formación de la ley (como, sin ir más lejos, en la Constitución de 1925), manteniendo solo la mayoría simple de los presentes y, para ciertas leyes, la mayoría de los miembros del Parlamento, y sin candados constitucionales. La idea de que debe “protegerse” la vida colectiva de las decisiones  democráticas se traduce en darles un poder de veto a minorías conservadoras. Quien quiera podrá intentar justificar ese mecanismo como le parezca, pero un mínimo de honestidad intelectual debe llevarle a reconocer que democrático no es.

Atender la protección de las minorías y los derechos fundamentales contra mayorías ocasionales eventualmente abusivas –el usual argumento de la derecha conservadora– merece ser considerado, pero con una observación: en democracia las mayorías son siempre ocasionales, pues son las que determina el pueblo periódicamente. Y la ley no debe ser inamovible, debe provenir de la elección periódica de los representantes y de su trabajo deliberativo, o de la iniciativa popular de ley que debiera establecerse en el nuevo ordenamiento, y no de la Constitución. Y la Carta Magna tampoco debe ser inamovible, sino acompañar las evoluciones de una sociedad que se autogobierna.

Darles estabilidad a los derechos fundamentales es muy importante, pues no deben cambiar cada cinco minutos. Incluyendo que un derecho fundamental en democracia es que prevalezca la soberanía popular y el principio de mayoría en la dictación de las normas. Y no el veto de una minoría. En Chile, la minoría oligárquica encontró su propio procedimiento constitucional, una vez que diagnosticó que su poder en la sociedad retrocedió irremediablemente entre 1920 y 1973: imponer por la violencia normas constitucionales y luego declarar su carácter inamovible en nombre de la estabilidad institucional. De democrático esto no tiene nada, y de racional, menos.

Para darle estabilidad al núcleo básico de derechos fundamentales redefinidos en un proceso constituyente que exprese la voluntad de los ciudadanos, y sin violar el principio de mayoría, basta que su reforma sea refrendada en el futuro por dos legislaturas sucesivas y atender así el fantasma recurrente de la derecha conservadora en Chile, el de los “estallidos de pasiones” de los de abajo, que emana además de su pulsión oligárquica –que le viene de la hacienda– de gobernar contra la mayorías y de someterlas a regímenes de desigualdad intolerables.

El Tribunal Constitucional debe también velar por el núcleo de derechos fundamentales, pero sin interferir sobre las decisiones del Parlamento en el resto de materias públicas. Su composición debe asegurar tanto una ecuanimidad básica (e impedir el nombramiento de simples militantes, algunos bastante incompetentes, como en la actualidad) como un origen en la soberanía popular, es decir, nombramientos de tres miembros por la Cámara, tres por el Senado, tres por el Presidente (incluyendo el presidente del tribunal) e incorporar a los ex Presidentes de la República que así lo decidan.

Se trata, en definitiva, de resolver sin perder más tiempo el nudo gordiano de la cuestión constitucional en Chile y establecer que “los más tienen derecho a mandar, pero en el respeto de los derechos de la minoría”, en la expresión de Giovanni Sartori (2009), incluido su derecho a intentar transformarse en mayoría. Pero por medios legítimos, en ningún caso por la violencia, comprando el voto popular o el sistema político, y tampoco pretendiendo imponer candados constitucionales contra la soberanía popular.                        

¿Qué se puede esperar del 21 de mayo de 2016?

En Voces La Tercera 

En este 21 de mayo de 2016 se cumple poco más de la mitad del segundo mandato presidencial de Michelle Bachelet, en el contexto de una cierta decepción con sus resultados. ¿Cuáles son sus posibles claves de interpretación?

El primer gobierno de Michelle Bachelet estuvo marcado por la toma de distancia con los partidos de la coalición gobernante desde 1990 y con el estilo presidencial de Ricardo Lagos, en la idea de llevar a las responsabilidades de gobierno a nuevas caras y buscar la paridad de género en el gabinete y los cargos públicos. La presidenta Bachelet se propuso revertir el desgastado apoyo popular a las fuerzas que habían conducido la transición a la democracia –proceso en el que no participó- mediante un estilo empático, buscando inaugurar un nuevo método llamado ciudadano, en la práctica distante de los partidos políticos y del espacio público constituido, para llevar adelante una agenda gubernamental con el sello del respeto a los derechos humanos y el desarrollo de la protección social.

La paradoja es que su opción principal para gestionar esa tarea fue no tomar pie en las fortalezas acumuladas desde 1990, sino desconfiar globalmente de los partidos políticos y basar su gestión en personas como Andrés Velasco, sin trayectoria política, no perteneciente a ningún partido y de orientación económica pro-empresarial, en el que delegó buena parte de la gestión de gobierno. La paradoja continuó con que a la postre sería su competidor en las primarias presidenciales de 2014 y es hoy un rudo opositor a su segundo gobierno desde la centroderecha del espectro político. Velasco frenó el corazón de las políticas de superación del enfoque antineoliberal que se habían venido abriendo paso desde 1990, como fue el caso de su negativa a llevar a cabo a una reforma a la legislación laboral pinochetista y neoliberal de 1978,  reforma empujada por una cada vez más debilitada ala izquierda de la coalición de gobierno. El ministro Velasco condicionó su permanencia en el gobierno a que la presidenta optara por no enviar proyecto alguno de reforma laboral, lo que ésta aceptó para evitar desestabilizaciones económicas en medio del manejo de la crisis de 2008-2009, que Velasco manejó además tarde y mal, produciendo una recesión que, en cambio, evitaron los gobiernos del entorno vecinal, supuestamente menos dotados en materia de capacidad de manejo macro-económico.

Los sectores conservadores de la coalición de gobierno obtuvieron que nada se hiciera para llevar a cabo una reforma tributaria progresiva, que en particular permitiera a Chile beneficiarse del ciclo más favorable que haya conocido en su historia reciente con los muy altos precios del cobre. No se hizo siquiera el esfuerzo de establecer un royalty minero de mayor significación o de promover una expansión de la minería de cobre estatal. Aunque en la discusión programática los conservadores encabezados por Velasco también se habían opuesto a establecer un mínimo social subsidiado para el 60% de menos ingresos de la población (la “pensión básica solidaria”) que compensara parcialmente el carácter regresivo del sistema privado de pensiones, la presidenta Bachelet mantuvo esta bandera programática, lo que le valió una parte importante de su popularidad al terminar su primer gobierno y le permitió más tarde, al terminar el gobierno de Sebastián Piñera, estructurar su segunda candidatura a pesar de que su coalición perdió en 2009 la elección luego de que se dividiera y debilitara sin que la presidenta interviniera por su distancia y prescindencia con los procesos políticos.

El segundo gobierno de la presidenta Bachelet se inauguró, en cambio, con un claro sello reformista apoyado, recordemos, por el 62% de los votos obtenidos en las urnas, pero con el defecto de constituirse en una suerte de liderazgo providencial con colaboradores de bajo perfil, antes que uno que estructura equipos competentes y representativos de la coalición política y social de sustento del gobierno. Se comprometió a lograr una nueva constitución, pero su administración no avanzó cuando tenía mayor fuerza, al inaugurase en marzo de 2014, sino que dilató el tema hasta octubre de 2015, cuando definió una secuencia de educación cívica, debates diversos actualmente en desarrollo y la promesa de envío de un proyecto de ley constitucional. Este, en la práctica, pondrá la decisión en manos del gobierno y del congreso que entren en funciones en 2018, y que naturalmente serán libres de darle la orientación que estimen pertinente a la cuestión constitucional.

Al mismo tiempo, la presidenta Bachelet se propuso llevar a delante una reforma que hacia 2018 permitiera un incremento de 3% del PIB de la carga tributaria en base a impuestos a las utilidades empresariales y al consumo de alcohol, tabaco y actividades contaminantes. La primera parte de la reforma no obtuvo el apoyo de los conservadores de su coalición, que se unieron a la derecha para mantener parte de las ventajas tributaria que supuestamente estimulan la inversión en un acuerdo unánime del parlamento que permitió la aprobación de la ley de reforma en septiembre de 2014. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, no duró mucho y fue reemplazado por el economista conservador Rodrigo Valdés. Los nuevos ingresos debían financiar una reforma a la educación escolar y superior, probablemente de las más privatizadas del mundo en base a esquemas de subsidio estatal a la demanda, que han configurado un verdadero “capitalismo subsidiado”, con el resultado de mantener un sistema educativo segregado socialmente en niveles que no se conocen en otras partes del mundo. No obstante, la reforma escolar no abordó este aspecto en 2014 y no incluyó un fuerte programa de fortalecimiento de la educación pública, sino que estableció una secuencia conducente a la gratuidad de la educación privada subvencionada prohibiendo el lucro en ella, pero sin intervenir a favor de la escuela pública, por el predominio en la propia coalición de gobierno de los defensores de las instituciones privadas de educación.

En mayo de 2016  aún no se sabe si la reforma a la educación superior, de contornos aún inciertos y sin proyecto de ley, abordará el fortalecimiento de las universidades públicas, que son una escasa minoría de la matrícula, y sólo consagrará un mayor capitalismo subsidiado con la gratuidad del acceso a todas las universidades que cumplen con cuestionables requisitos de acreditación externa. Este enfoque, en un momento dado, llevó al ministro de Hacienda, con pretensiones de funcionar como primer ministro, al extremo inusitado de proponer que las universidades públicas más débiles en acreditación no entraran en el esquema de gratuidad, pero si lo hicieran diversas universidades privadas confesionales y comerciales, en la lógica de un mero mercado de universidades subsidiadas, otro récord mundial, lo que fue corregido por la presidenta Bachelet. Pero no se escucha hablar en el gobierno de abandonar  la educación superior de mercado o de poner fin al lucro en este nivel educativo, incluyendo CFT e IP. Tampoco se escucha mucho de la desmunicipalización y de un fuerte plan de fortalecimiento de la educación escolar pública.

En materia laboral, el gobierno planteó una reforma que desde la partida no incluyó lo importante, la negociación por rama, pero  si impedir los reemplazos externos en las huelgas y la posibilidad de realizar pactos de flexibilidad que suspendan parte de la legislación laboral si hay acuerdos entre las partes.  La titularidad sindical en la negociación colectiva por empresa terminó rechazada por el Tribunal Constitucional, órgano en el que el gobierno perdió la mayoría por un nombramiento originado en el poder judicial y que ya se consagró como una mera tercera cámara legislativa con incondicional mayoría opositora luego del fallo sobre el tema laboral y el previo sobre focalización del gasto público en educación. En todo caso, la reforma laboral ha concitado el rechazo empresarial y también el de la Central Unitaria de Trabajadores.

En definitiva, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet enfrenta un problema cada vez mayor de consistencia de sus políticas con los objetivos declarados y de relación con una parte de su coalición, dada la pretensión de un sector minoritario de actuar poniendo vetos desde dentro de la administración y desde el parlamento, lo que se expresará en 2016 en oposiciones a la postura presidencial de sacar los pactos de adaptabilidad de la reforma laboral,  a una reforma a la educación superior que fortalezca las universidades públicas y las ponga al servicio del desarrollo  y al proyecto gubernamental de interrupción del embarazo por tres causales. Este sector calcula que tiene mayores márgenes dada la prolongación de la baja popularidad presidencial, influida por las denuncias, tramitadas en la justicia, de tráfico de influencias contra familiares suyos.

Para terminar en buenas condiciones su segundo gobierno, la presidenta Bachelet tiene el desafío de hacer efectiva su autoridad sobre el sector de la coalición que mantiene posiciones cercanas a la oposición. Seguramente deberá hacerle ver que no se puede  estar simultáneamente dentro del gobierno y votar en contra de los proyectos de ley comprometidos ante la opinión pública y que cuentan con su apoyo.

Pero, además, la presidenta debe lidiar con una caída del crecimiento económico del 5 al 2% anual y el deterioro del precio del cobre. En 2014 y 2015, el Estado obtuvo ingresos de la minería del cobre por menos de la mitad de los recibidos en promedio entre 2005 y 2013, es decir una buena parte de lo que se quiere obtener con la reforma tributaria (unos US$ 8.500 millones adicionales). Esto deja al gobierno con menos márgenes para ampliar las políticas sociales en educación, salud y pensiones. La contribución de la estatal Codelco en 2016 será apenas de US$ 1.000 millones, menos de la décima parte de lo que aportó al gobierno en el año 2006.

El problema es que la actual orientación de la política económica ha dejado de poner énfasis en el esfuerzo de inversión pública. Esto disminuirá el crecimiento de corto plazo y el crecimiento potencial. El esfuerzo público en investigación y desarrollo sigue además languideciendo, en un contexto en que el gasto en I+D total apenas alcanza el 0,4% del PIB. La literatura económica reciente subraya que las nuevas tecnologías de mayor impacto en diferentes sectores tienen su origen en una inversión de un Estado activo y que asume riesgos. Nada de esto se escucha en el discurso de las actuales autoridades económicas y, sin embargo, es decisivo para estimular el crecimiento en las nuevas condiciones de un tipo de cambio competitivo para exportaciones y actividades sustituidoras de importaciones. Nada se escucha, por ejemplo, sobre un fuerte plan que acelere la transición energética hacia energías renovables no convencionales competitivas, que tienen en Chile un reconocido potencial, salvo referencias genéricas para el 2050. Para el consenso económico ortodoxo actual en Chile, el Estado debe “dar confianza” al gran empresariado, es decir, ser pasivo.

Esto es un gran error, y desde luego para el propio gran empresariado y para la creación sustentable de empleo. Las grandes inversiones innovadoras requieren tiempo y paciencia, y no miradas centradas en el corto plazo y en temores infundados. Con este enfoque, el crecimiento será crecientemente lento en Chile, poco diversificado y ambientalmente poco sustentable. Las crisis tipo Chiloé parecen tener probabilidades altas de reproducirse.

Sin políticas activas, el proceso económico seguirá, sin más, sujeto al ciclo del cobre, en circunstancias en que se requiere con urgencia reactivar la inversión y el consumo, respecto de lo cual ojalá este 21 de Mayo tengamos alguna novedad. Pero cabe ser pesimista al respecto, pues el Gobierno optó por no utilizar más intensamente las históricas reservas fiscales de que dispone y por disminuir la vigencia de la política contra-cíclica. El gasto en inversión va a caer en -4,7%, por lo que insensatamente el presupuesto de 2016 no ayudará a mantener un fuerte programa de infraestructura que incida en la reactivación de la economía en el corto plazo y aumente el crecimiento potencial en el largo plazo. La gran preocupación de la actual autoridad económica no es alcanzar rápidamente el crecimiento potencial sino el deterioro eventual de los coeficientes de endeudamiento neto fiscal, que sin embargo muestran aún importantes holguras que se cuentan entre las mayores del mundo. Si esas holguras se usaran en mejorar el potencial de la economía, mediante inversión física y en capacidades humanas, no solo no generan un problema de estabilidad fiscal sino que permiten el estímulo sustentable del crecimiento y mayores fortalezas fiscales en el futuro.

Ante las dificultades descritas –a las que se agrega la prolongada crisis de confianza y legitimidad del sistema político por las revelaciones de sistemático financiamiento ilegal de campañas por grandes grupos económicos, evidenciando su influencia indebida en las decisiones públicas- han ganado terreno en la coalición de gobierno quienes consideran que las reformas progresistas son poco realistas y “refundacionales”, como si no hubiera mucho que refundar en Chile, empezando por su constitución, su educación, sus relaciones laborales y el modo de uso de sus recursos naturales.

La situación económica, siendo difícil y desafiante, está lejos de ser catastrófica como para impedir reformas sociales e institucionales razonables y democráticamente puestas en práctica.

El espíritu reformista del 2011 y años siguientes no provino de ninguna élite extraviada por razones ideológicas sino que se originó en movilizaciones sociales amplias y en  el mandato popular mayoritario de realizar reformas económico-sociales contra la desigualdad de ingresos, de derechos y de oportunidades y de elaborar una nueva constitución que emane de la voluntad de los ciudadanos. La alternativa, a veces encubierta de la retórica del realismo, es mantener tozudamente, contra toda prudencia, la institucionalidad que se originó en la fuerza de las armas y que aún protege privilegios ilegítimos y una de las mayores desigualdades en el mundo.

No nos olvidemos que seguimos regidos por un sistema institucional que consagra la interdicción prolongada del principio de mayoría –en las democracias en forma no existe otro- para dirimir las opciones que se generan en el juego de intereses y valores en la sociedad y que deben presentarse y competir de manera plural frente a los ciudadanos. El resultado sigue siendo la pérdida sistemática de la legitimidad y del prestigio de la democracia como sistema de representación efectiva de la ciudadanía y como productor de acciones orientadas a la obtención de objetivos de desarrollo compartidos. En cambio, tenemos un sistema de regulación social que multiplica día a día los incentivos para la búsqueda corporativa, oportunista y utilizando cualquier medio –incluyendo en ocasiones la ausencia de todo respeto por los derechos de los demás-  de  ventajas particulares, al margen de proyectos comunes de más largo aliento que articulen y jerarquicen los intereses parciales y orienten las acciones públicas de corto plazo en función de objetivos de largo plazo. Por falta de consistencia y perseverancia de la acción reformadora, el país sigue por los derroteros que producen los enfoques liberales de regulación social: la vigencia cotidiana de la ley del más fuerte y del sálvese quien pueda de la manera que pueda, en vez de la construcción democrática de objetivos de interés general y de mecanismos legítimos y cívicos de resolución de conflictos, modulados y arbitrados por un Estado social y democrático de derecho que cautela los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantiza mecanismos razonados de avance hacia una prosperidad compartida.

Como se observa, estamos lejos todavía de la promesa de 1989, la de la democracia efectiva y el crecimiento con equidad. Y no hay razón valedera para no seguir luchando por ella, entre otras cosas porque es muy superior al modelo político y económico híbrido cada vez más inconducente en que derivó la transición y porque sigue siendo mayoritaria en la sociedad.

Aylwin y su paso a la historia

En Voces La Tercera

28 de septiembre de 1992 en juramento de Jorge Arrate como ministro de Educación, haciendo de Subsecretario del Interior subrogante

Cuando Patricio Aylwin asumió una vez más la presidencia del PDC en 1987, en reemplazo de Gabriel Valdés, para muchos de nosotros en la izquierda no era necesariamente una buena noticia. Patricio Aylwin había sido uno de los iniciadores de la Falange y del Partido Demócrata Cristiano, cercano colaborador de quien fuera presidente de Chile entre 1964 y 1970, Eduardo Frei Montalva, y fue parte de las luces -el espíritu reformador, que tuvo a su haber nada menos que una reforma agraria y una nacionalización parcial del cobre- y de las sombras  -el alineamiento anticomunista en la guerra fría y la férrea oposición a la izquierda hasta 1973, que llevó al apoyo al sangriento golpe de Estado del 11 de septiembre- del mundo político al que perteneció.

Resonaba en nuestra memoria su dureza contra el presidente Allende y el recuerdo de su voz en la radio el 12 de septiembre de 1973, escuchada en mi caso en la casa de una modesta familia que nos acogía en la población Santa Julia, donde intentábamos resistir, justificando el golpe de Estado en nombre de su partido, junto a Sergio Onofre Jarpa. Había dicho en una entrevista a The Washington Post el 26 de agosto de 1973 que si le dieran a elegir entre “una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la segunda”. El 17 de septiembre de 1973 declaró a la prensa extranjera que “el gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la ‘vía chilena hacia el socialismo’, y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista”, indicando que  “la mayor prueba es la enorme dotación de armas que tenían las ilegales milicias marxistas que formaban un verdadero ejército paralelo, con un poder de fuego equivalente a 12 regimientos regulares y con la presencia activa de más de diez mil extremistas extranjeros”.

Años más tarde, en su libro de 1998, Patricio Aylwin reconoció esto como un error de hecho: “aunque las irresponsables amenazas públicas de algunos líderes izquierdistas, sus simpatías con el régimen cubano, la existencia de brigadas populares armadas y la cercanía de algunos jefes militares al gobierno de entonces daban pábulo a esa opinión, los hechos demostraron que ese temor carecía de todo fundamento”. El hecho histórico es que nadie significativo en la izquierda estaba preparando un autogolpe para instaurar una dictadura comunista (el fantasma del “golpe de Praga” que rondaba al ex presidente Frei Montalva y a sus colaboradores cercanos), y así lo reconoció a la postre Patricio Aylwin. con gran honestidad política y personal. De paso, mencionemos que los archivos soviéticos dejan en clara evidencia que la URSS no apoyaba que en Chile se constituyera un gobierno satélite.

Este cambio de opinión refleja, creo, la personalidad de Patricio Aylwin frente a un tema tan doloroso y en el que su protagonismo fue tan directo. Y es que  Patricio Aylwin, además de destacado profesor de derecho, fue un político que intervino en la historia de su tiempo con capacidad de asumir errores y de tomar un camino de acercamiento a sus antiguos adversarios para un objetivo común: nada menos que la recuperación de la democracia y retomar una senda de avance hacia la justicia social en Chile.

Después de un período de retiro de la política de primer plano, se sumó desde 1977 al Grupo de Estudios Constitucionales, el llamado Grupo de los 24, que preparó una propuesta de nueva constitución y que fue uno de los prolegómenos del acercamiento entre la izquierda socialista y radical y el partido democratacristiano. Este acercamiento se plasmaría en la Alianza Democrática en 1983, con Gabriel Valdés a la cabeza, que había abierto el camino al encuentro político entre el PDC y parte de la izquierda. Pero fue Patricio Aylwin, una vez que asumió la conducción del PDC, quien terminó apoyando la ampliación de esa alianza hacia la izquierda, que desde el socialismo renovado reclamábamos, en este caso hacia la Izquierda Cristiana, el Mapu y el socialismo almeydista. Frente a su  actitud impecable de buscar el trabajo constructivo con la izquierda, nuestra reticencia inicial -que en todo caso  respetaba a las autoridades oficiales del PDC, pues habíamos definido desde el socialismo renovado una postura de salida política con movilización masiva contra la dictadura y la construcción del más amplio frente político posible para llevar a cabo ese desafío, aunque no concordáramos con sus conductas previas ni ellos con las nuestras- terminó por ceder.

La colaboración desde entonces se reforzó al punto de que el centro político y la izquierda democrática trabajaron codo a codo en la derrota política de la dictadura con Aylwin a la cabeza del Comando del NO y, paso crucial, en la construcción de una alternativa política a la derecha, con la formación de la Concertación. Aylwin obtuvo, en medio de refriegas internas, el apoyo de su partido y luego del resto de la Concertación, mostrando una gran firmeza de propósitos en su liderazgo y una gran capacidad de articulación. Se trataba de un momento que no requería capacidad de halagar a la opinión pública, sino esencialmente la aptitud para construir un sinuoso y difícil camino de tránsito a un régimen de libertades evitando nuevos sufrimientos al pueblo chileno. Después de una tan prolongada dictadura, cuyos resabios institucionales y sociales permanecían fuertes, en ese camino se cometieron errores, pero había que estar ahí para conocer  la complejidad de las opciones a tomar día a día. Muchos hoy juzgan a Aylwin y a la transición que condujo desde los errores e insuficiencias. Pero sacar a un país de la confrontación que prometía prolongarse de modo cada vez más sangriento, en el que los caminos insurreccionales eran éticamente legítimos pero, en las condiciones de Chile, totalmente inconducentes, es un legado digno de rescatar.

El gobierno de Patricio Aylwin confrontó la insubordinación militar, la prolongación de graves acciones armadas por grupos de extrema izquierda, el bloqueo parlamentario sistemático de la derecha –seguramente en el día de su muerte la derecha tomará la pose de la “democracia de los acuerdos” que fue en realidad la ”democracia de los chantajes”- con senadores designados y sistema binominal incluidos. La acción de Patricio Aylwin incluyó el hermoso acto reparatorio del Estado Nacional, la petición de perdón a las víctimas, el informe Rettig y -no sin debates y puntuales desencuentros – un intento de búsqueda de justicia frente a la violación de derechos humanos desde “la medida de lo posible”, pero que no impidió llegar a la larga, a lo menos parcialmente, a la justicia a la “medida de lo necesario”.  Y también fue relevante la declaración de que el “mercado es cruel”, en congruencia con el programa de gobierno que suscribió, que fue un programa de auténtica reivindicación de la democracia, del crecimiento con equidad, de la justicia social y de una política internacional autónoma. El ideal que Aylwin suscribió se confrontó a los derroteros áridos de la política y sólo pudo cumplirse en parte limitada. Pero quien encabezó el tránsito al régimen de libertades realizó un trabajo encomiable, que la historia no podrá sino juzgar probablemente como globalmente positivo.

En lo personal, puedo testimoniar de la sencillez, de la capacidad de conformar equipos y trabajar establemente con ellos, de la apertura al diálogo y al debate que Patricio Aylwin siempre manifestó en la etapa en que me tocó trabajar con él, tanto en el Comando del No, como secretario técnico de su campaña presidencial y como subsecretario en el Ministerio del Interior en los cuatro años de su gobierno. En su presidencia, me consta, se disentía y se discutía bajo su autoridad, pero una autoridad que respetaba la diversidad de opiniones y que, en ocasiones cruciales, buscaba expresamente la deliberación para mejor resolver y arbitrar considerando el interés general, aunque su opinión personal se situara eventualmente en otro sentido. Y que tuvo con los representantes sociales diversos y con la gente de izquierda que trabajó en su gobierno una actitud de permanente deferencia, pues cuidó con delicadeza la necesidad del reencuentro de los que, al confrontarse en el pasado, abrieron las puertas a la regresión social y la pérdida de los derechos y las libertades de las que todavía Chile no termina de recuperarse.

Legalidad y ética pública

Publicado en Voces La Tercera

En tanto Panamá y otros paraísos fiscales no quedan precisamente a la vuelta de la esquina, los que en Chile se toman la molestia de inscribir allí sociedades y abrir cuentas bancarias seguramente no lo hacen por comodidad sino porque la tributación a la renta y a las ganancias de capital es inexistente o muy baja. Si la renta se genera en Chile y llega a un paraíso fiscal sin tributar, se trata, en muchos casos, de blanqueo de capitales con el objeto de eludir o evadir impuestos. Esto plantea entonces el problema, además de cuánto se están o no violando las normas legales vigentes, de lo que tendrán que hacerse cargo las instituciones pertinentes, del tipo de ética pública que profesan los que actúan de ese modo. Según ha informado la prensa, aparentemente se incluye en el caso de chilenos a un ex Presidente de la República y a un ex candidato a Presidente de la República, ambos empresarios.

Si los más ricos eluden o evaden impuestos transfiriendo ingresos generados en Chile o en transacciones que involucran a nuestro territorio, quiere decir que consideran que los demás chilenos son los que deben sostener las cargas tributarias que permiten el funcionamiento del cuerpo social.Recordemos que las acciones públicas indispensables para el correcto funcionamiento de toda sociedad y su desarrollo en el tiempo incluyen tanto la provisión de bienes públicos en materia de seguridad interna y externa, infraestructuras diversas y producción de conocimiento, como el incremento de las capacidades humanas y la cohesión social del país a través de gastos en salud y educación y transferencias directas de ingresos y activos a los más pobres para la igualación de oportunidades y de resultados que aumentan la equidad distributiva.

La tarea pública no sólo tiene un costo para los contribuyentes, sino que también, cuando está bien hecha, reporta beneficios a la mayoría y a la larga a todos al incrementar la seguridad y el bienestar colectivo y la propia actividad económica.

Así, la acción gubernamental requiere necesariamente de financiamientos tributarios y de contribuciones obligatorias de los ciudadanos. Si los ricos eluden y evaden el pago de impuestos (y de paso corrompen el sistema político para favorecer legislativa y administrativamente sus intereses, como hemos visto en el último tiempo), mientras los sectores medios y los pobres pagan por los servicios públicos de los que también se benefician los ricos, ¿qué apelación a la ética pública y privada puede sostenerse con legitimidad? ¿No se erosiona acaso por esa vía los fundamentos de la vida en común?

Según François Perroux: “Cuando el alto funcionario, el soldado, el magistrado, el sacerdote, el artista, el científico son dominados por el… espíritu de lucro y de búsqueda del mayor lucro, la sociedad se derrumba y toda forma de economía es amenazada. Los bienes más preciados y más nobles en la vida de los hombres, el honor, la alegría, el afecto, el respeto por el otro, no deben venir sobre ningún mercado; sin lo cual, cualquier grupo social vacila sobre sus bases”. El afán de lucro, que algunos han querido persistentemente poner como el valor central de nuestra sociedad, es el que lleva, legal o ilegalmente, a eludir y evadir impuestos utilizando paraísos fiscales y a sustraerse de las obligaciones frente a la sociedad, con la consecuencia de debilitar sus bases de funcionamiento.

Vía Pública

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