jueves, 11 de junio de 2015

Política económica y las reformas

En Voces La Tercera


La economía crece por debajo de su potencial desde el segundo semestre de 2013. Los responsables de la política monetaria, en vista del deterioro de la coyuntura desde el segundo semestre de 2013, que no previeron, decidieron aplicar sucesivas disminuciones de la tasa de interés de referencia desde octubre de 2013 para reanimar el consumo y la inversión, y luego mantenerla sin variaciones.

La política del Banco Central ha ayudado además a devaluar el peso y mejorado la competitividad del sector exportador y el sustituidor de importaciones. En su reunión mensual de política monetaria del 14 de mayo, el Consejo del Banco Central acordó mantener por séptimo mes consecutivo en 3% anual la tasa de interés de política monetaria. Durante casi dos años, desde enero de 2012 hasta octubre de 2013, el Banco Central había mantenido en 5% la tasa de interés de política monetaria ante el incremento de la demanda interna. Luego aplicó rebajas sucesivas de 0,25 puntos entre noviembre y marzo de 2014 hasta alcanzar una tasa de 4%. Luego reanudó las rebajas sucesivas de 0,25 puntos cada mes entre julio y  octubre de 2014 para estabilizarla en el 3% actual.  

La política fiscal  vigente mantiene una orientación expansiva. El consumo de gobierno creció en 5,5 por cien anual en el último trimestre 2014 y el presupuesto de 2015 se ha programado con un déficit efectivo de -2% del PIB y un déficit estructural de -1,1% del PIB. El gasto público crecerá cerca de un 10% en 2015 e incrementará especialmente los proyectos de infraestructura. El 15 de abril el Congreso despachó además el proyecto que financia la reconstrucción de la zona norte del país, lo que representa un incremento del orden de 1% del gasto público para 2015.

El Balance del Gobierno Central Total en el período enero-marzo de 2015 arrojó un superávit  equivalente a 0,1% del PIB estimado para el año.  Al 31 de marzo, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) acumulaba US$14.487,4 millones, mientras que el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) acumulaba US$7.847 millones. Los Otros Activos del Tesoro Público y el Fondo para la Educación registraron saldos de US$2.962,7 millones y US$3.699,2 millones respectivamente. Los activos del Tesoro Público totalizaron así unos US$28.996 millones, cifra equivalente a cerca del 12% del PIB. No hay, en el presente, problemas fiscales y Chile dispone de reservas abundantes a las que acudir en caso de deteriorarse de la situación.

En cualquier caso, probablemente operarán en el resto del año mecanismos de “estabilización automática” como el incremento del déficit fiscal efectivo en 2015 más allá del 2% del PIB, empujando la demanda agregada, lo que es positivo y saludable. La pregunta que subyace es si este impulso será suficiente para evitar el estancamiento y si no será necesario, frente al estancamiento económico que se avizora, un mayor impulso fiscal combinado con una rebaja adicional de la tasa de interés de referencia.

Este tipo de enfoque de la política de estabilización coyuntural, que mostró su éxito en 2009-2012, encuentra fuertes detractores entre los economistas ortodoxos, partidarios de estímulos por el lado de la oferta consistentes exclusivamente en aumentar la rentabilidad empresarial con rebajas salariales y tributarias, que tendrían efectos mágicos sobre la economía. Sin prueba alguna, que no sea la de atribuir efectos negativos a la reforma tributaria como dogma de fe, por ejemplo Klaus Schmidt-Hebbel llega a afirmar que “debido al mal diseño de la reforma tributaria, el efecto total de la política fiscal sobre la actividad es bajo (o nulo) en 2015 y será negativo en los siguientes años”, en circunstancias que será manifiestamente expansiva. A su vez, las reformas tributaria y educacional reforzarán las capacidades de crecimiento del país, mientras la reforma laboral creará mejores condiciones para aumentar la productividad y mejorar la distribución del ingreso.

A la narrativa anti-reformas se ha agregado de manera imprudente el propio Banco Central, que en su Informe de junio hace afirmaciones basadas en suposiciones cuyos  fundamentos no se divisan (salvo el mal uso de correlaciones circunstanciales al que algunos economistas acuden para tratar de probar tesis definidas a priori, olvidando la regla de oro según la cual correlación no es relación causal), al sostener que  cuando la desconfianza y la incertidumbre se incrementan, “la inversión cae en 15%”, mientras pretende explicar que la caída de 6% de la inversión en capital fijo en 2014 se debería en un 38% al “deterioro de la confianza empresarial” y otro 33% a la debilidad de la actividad interna. Este es el típico caso en que la correlación tiene la explicación causal inversa: la caída de la inversión –en este caso el fin del ciclo de inversiones mineras, que llevó la FBCF en 2010-2012 a tasas de crecimiento de dos dígitos- es la que contribuye a deteriorar expectativas. Y su solución es un fuerte programa público de inversiones y una nueva estrategia de diversificación productiva, antes que detener las reformas. Si estas se dejan de lado, no veo por qué ni por donde el país crecería más.

Para complementar el argumento, desde la trinchera ortodoxa se agrega que la debilidad del consumo privado también se explicaría por expectativas políticas negativas. Si desde Keynes se atribuye a las expectativas empresariales (los “animal spirits” descritos por el célebre economista inglés) un fuerte rol en la dinámica de la inversión, no es menos cierto que los economistas ortodoxos debieran más bien apelar a la teoría de las “expectativas racionales” de Lucas y otros, y en todo caso no confundir el cálculo económico en procura de utilidades futuras con meras adscripciones ideológicas. Los empresarios racionales –y la mayoría la son- toman sus decisiones de inversión de acuerdo a las utilidades esperadas. Estar en contra de las reformas del gobierno es legítimo en una sociedad abierta y plural, pero lo es menos recubrir opiniones con una supuesta objetividad del “análisis económico” que en este caso deja mucho que desear en materia de calidad profesional. Basta observar las previsiones sobre inversión extranjera a partir de marzo de 2014, que los economistas ortodoxos indicaban se derrumbaría frente a un supuesto aumento sustancial del riesgo-país dadas las imaginarias amenazas constituidas por las reformas, y el contraste con las cifras récord en la materia en 2014 y lo que va de 2015.

Según el propio Banco Central, en 2014 ingresaron a Chile US$23.302 millones en Inversión Extranjera Directa, monto un 15% superior al registrado en 2013. Esta inversión se dividió en US$10.792 millones en Participaciones en el Capital, US$6.720 millones en Utilidades Reinvertidas y US$5.790 millones en Instrumentos de Deuda. Gran parte de estos montos están asociados a adquisiciones de compañías y desarrollo de nuevos proyectos. La expansión de la inversión extranjera en Chile contrasta con el contexto regional, en que los flujos de IED hacia Latinoamérica y el Caribe tuvieron en 2014 una baja de -19% y a nivel global de – 8%, según la UNCTAD.

Esto demuestra que muchas empresas internacionales siguen apostando a Chile como un lugar para realizar inversiones a largo plazo. Si parte del empresariado nacional, movido por razones puramente ideológicas contra el gobierno, desecha oportunidades de inversión, la cartera de capital simplemente se recompondrá a favor del capital extranjero. Otra cosa es la necesaria concertación público-privada para definir objetivos de innovación, ampliar la I+D y el financiamiento a los ejes productivos del futuro, con políticas de promoción de distritos industriales (“clusters”) que potencien una política pública de estímulo de la oferta y la diversificación productiva, y en particular aceleren la reconversión energética. Es decir definir una nueva estrategia de desarrollo. Pero, claro, los economistas ortodoxos no creen en las estrategias de desarrollo, sino en las supuestas ilimitadas virtudes del mercado. Y el predominio de estos economistas es a estas alturas el principal problema económico de Chile, que  no sigue los ejemplos exitosos del Asia basados en políticas activas de desarrollo y en economías mixtas, y permanece pasivamente sometido a los dogmas ultraliberales.

martes, 9 de junio de 2015

Lecciones sobre la última medición de la pobreza


El Ministerio de Desarrollo Social dio a  conocer a fines de enero de 2015  los resultados de la nueva encuesta de Caracterización Socio-Económica (CASEN) correspondiente a 2013. Este hecho pasó bastante desapercibido, en medio de la vorágine de acontecimientos políticos recientes, aunque la encuesta permite una mirada renovada sobre el fenómeno de la pobreza, pues incluye en esta ocasión cambios metodológicos sustanciales que no han sido objeto de mayor debate.
Vale la pena reseñarlas, sobre todo si se considera que la encuesta estuvo en entredicho después del conflicto provocado por el gobierno de Sebastián Piñera al presentar la encuesta 2009 en medio de controversias con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL). Desde 1987, los datos de ingresos de los hogares recolectados periódicamente por la encuesta CASEN habían sido validados, corregidos por no respuesta y ajustados con las Cuentas Nacionales por la CEPAL, junto al cálculo del costo de una canasta de alimentos que era contrastado con los ingresos de las familias. Hasta 2006, la CEPAL y el gobierno de Chile mantuvieron una medición común. Pero en 2009, se produjo una divergencia metodológica, con la consecuencia de que la estimación de la CEPAL registró una caída de la incidencia de la pobreza a 11,5% de la población, mientras para el gobierno de Piñera se habría producido un aumento de la pobreza a 15,1% de la misma.
La diferencia se originó básicamente en la diversa consideración del hecho  que los alimentos subieran sus precios más que el conjunto de la canasta de productos del IPC, lo que en las anteriores mediciones no se había producido. La CEPAL decidió deflactar el costo de alimentarse y el del resto de bienes con sus respectivos índices de precios, en circunstancias que los precios de los alimentos habían subido en mayor proporción. El gobierno de Sebastián Piñera no aceptó diferenciar la evolución de ambos tipos de precios, sobreestimando el costo real de la canasta de bienes considerada para fijar la línea de pobreza (costo de alimentos multiplicado por dos) y prefirió hacer un punto de imagen respecto al anterior gobierno, pero a costa de la credibilidad técnica de la encuesta y un quiebre con un organismo del Sistema de Naciones Unidas.
En 2011, para la CEPAL -utilizando siempre la encuesta CASEN y su propia metodología de registro de ingresos y de descuento de la inflación- la pobreza siguió bajando levemente y la cifra de la población en esa condición se situó en un 11,0% (y la de indigencia en un 3,1%), mientras para el gobierno de Chile las tasas alcanzaron cifras de 14,4 % y 2,8% respectivamente.
La adopción en la encuesta CASEN 2013 de una “Nueva Metodología de Medición de Pobreza por Ingresos”, además de la introducción de un nuevo indicador de pobreza multidimensional, cambió otra vez el panorama de la medición de la pobreza en Chile. Para el gobierno de Chile las tasas de pobreza y extrema pobreza alcanzaron en 2011 un 22,8% y un 8,1%, cifras que bajaron en 2013 a 14,4% y 4,5% respectivamente.
En cambio, para la CEPAL -siempre según su propia metodología- la incidencia de la pobreza experimentó un descenso de un 11,0% en 2011 a un 7,8% en 2013 (ver cuadro), mientras la extrema pobreza pasó de un 3,1% a un 2,5% de la población, es decir cerca de la mitad de la incidencia estimada por el gobierno chileno para el mismo año y con la misma encuesta. Según esta información dada a conocer en enero de 2015 por la CEPAL,  en términos comparativos regionales la pobreza registrada en Chile -manteniendo la metodología en base al costo de una canasta básica de alimentos- es sustancialmente más baja que los promedios de 28,1% y 11,7% consignados para América Latina por este organismo regional.
Como se observa, se obtiene resultados muy distintos según sean los métodos de cálculo de la pobreza y la extrema pobreza que se utilicen, a partir de unos mismos datos de base, en este caso los recogidos en terreno por la encuesta CASEN y los precios de alimentos registrados por el INE.
Por mucho tiempo ha tenido sentido medir la pobreza ligada a las carencias  de ingresos para solventar al menos la alimentación, pues el hambre es su aspecto más notorio y la desnutrición capta un importante aspecto de ella. Luego se consideró diferenciar la extrema pobreza y la pobreza en base a medir el resto de las carencias y se ha usado un  múltiplo del costo de alimentarse para medir la pobreza considerando el costo de otros bienes básicos para la subsistencia.
En Chile se ha considerado que un hogar está en situación de pobreza extrema si su ingreso mensual por persona es inferior a la “línea de pobreza extrema”, es decir, al ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades alimentarias de una persona. A su vez, un hogar se ha considerado en situación de pobreza si su ingreso mensual per cápita es inferior a la “línea de pobreza”, o ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de una persona en ese mismo período, es decir multiplicando el costo de alimentarse por dos, en base a la proporción aproximada del consumo de alimentos en el consumo total que arrojó la Encuesta de Consumo de los Hogares de 1978.
El uso del enfoque de necesidades de alimentación presenta, sin embargo,  problemas, pues éstas varían de acuerdo a la condición física, las condiciones climáticas y los hábitos de trabajo. Los requerimientos nutricionales mínimos encierran, como subraya Amartya Sen, “una arbitrariedad intrínseca”. Además, “resulta difícil definir los requerimientos mínimos para los rubros no alimentarios”, lo que ha llevado a la OCDE a medir la pobreza como una medida relativa (el 50% de la mediana de los ingresos) y no ya absoluta, es decir vinculada a la capacidad de solventar alguna canasta de bienes.  Para la OCDE, en 2011 la pobreza relativa es de un 17,8% de la población, cifra superior a la de la pobreza monetaria absoluta calculada por el gobierno chileno.
El Ministerio de Desarrollo Social abordó en esta ocasión cambios en la metodología de medición de la pobreza absoluta para procesar los datos de la encuesta 2013, nuevamente con la asesoría técnica de la CEPAL y también con de la Iniciativa de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI).  A partir de la medición de pobreza basada en la Encuesta Casen 2013, se innovó tomando en cuenta escalas de equivalencia en el consumo del hogar. El valor de la elasticidad de equivalencia utilizada por el Ministerio de Desarrollo Social para tomar en cuenta la presencia de economías de escala en el consumo es de 0,7 para todos los miembros del hogar. Se considera ahora que un hogar está en situación de pobreza si su ingreso mensual por persona es inferior a la “línea de pobreza por persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de una persona equivalente en ese mismo período. El valor de la línea de pobreza extrema equivale ahora a dos tercios de la línea de pobreza, lo que es cercano al gasto que realizan los hogares del grupo de referencia (los que están en el quintil inferior de la distribución del ingreso) en alimentación, vivienda y vestuario. Se asignaron precios a 95 productos, que representan un 76,4% del gasto per cápita promedio en alimentos del primer quintil. El valor de la canasta básica de alimentos por persona al mes así estimado asciende a $31.029 en abril del año 2012, considerando la más reciente encuesta de consumo de los hogares que se utiliza para calcular el IPC
Otro cambio tuvo que ver con que los ingresos agregados de los hogares calculados a partir de la encuesta CASEN habían sido tradicionalmente ajustados a aquellos que se obtienen de las estimaciones de la cuenta institucional de hogares del Sistema de Cuentas Nacionales. El Ministerio de Desarrollo Social decidió ahora no continuar con esta práctica, pues el análisis del comportamiento de la información de ingresos muestra que ésta es confiable, mientras las cuentas nacionales están en proceso de revisión permanente, lo que significa cambios metodológicos y de año base en períodos breves.
Se agregó además una medida de pobreza multidimensional que permite medir de manera directa las condiciones de vida de las personas y los hogares en relación a distintas dimensiones e indicadores de bienestar que se consideran socialmente relevantes, más allá de los ingresos monetarios. El Ministerio de Desarrollo Social usó la metodología propuesta por Alkire y Foster en 2007, adaptada por países como México y Colombia y por el Índice de Pobreza Multidimensional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se ha incluido en la medida de pobreza multidimensional para Chile las dimensiones de  educación, considerando años de escolaridad y asistencia escolar; salud, considerando malnutrición y desnutrición en niños(as) y adscripción a un sistema de salud y problemas en la atención; vivienda, considerando hacinamiento y calidad de la vivienda y servicios básicos, y finalmente trabajo y seguridad social, considerando desempleo, cotizaciones y acceso a jubilación. El Ministerio de Desarrollo Social definió una ponderación equivalente para cada uno de los 12 indicadores considerados y definió que los hogares en situación de pobreza multidimensional son los que tienen carencias en a lo menos tres de los doce indicadores.  
Un 20,4% de la población se encontraba de acuerdo a estos criterios en 2013 en estado de pobreza multidimensional, a comparar con un 14,4% en estado de pobreza según ingresos con la nueva metodología y un 7,8% con la metodología tradicional de la CEPAL utilizada, con ajustes, desde 1988 en Chile. Dicho sea de paso, la medición que más diverge es la que realiza el Banco Mundial, con su línea de pobreza definida en dos dólares diarios a paridad de poder de compra por persona: para este organismo la población pobre en Chile sería del orden de sólo 1,9%.
Lo que cabe subrayar es que todas estas metodologías cuentan para realizar sus estimaciones con los mismos datos de la misma encuesta y sus resultados son, sin embargo,  sustancialmente distintos. 
Se confirma así el enfoque del premio Nobel de economía Amartya Sen: “no hay razón alguna para suponer que la idea de pobreza deba ser tajante y precisa”, a la par que “es posible que haya que usar más de un criterio en vista de la falta de uniformidad en los estándares aceptados” y que “casi no queda más que aceptar el elemento de arbitrariedad presente en la descripción de la pobreza y hacerlo tan transparente como sea posible”. Debemos acostumbrarnos de aquí por delante a mirar varios indicadores de pobreza y no uno sólo, y constatar por ejemplo que entre el cálculo tradicional de la CEPAL y el de pobreza multidimensional del gobierno en 2013 hay que multiplicar la cifra de pobres casi por tres, es decir uno de cada cinco en vez de uno de cada trece, lo que parece, por otro lado,  acercarse más a nuestra percepción de sentido común. No obstante, todas las estimaciones registran una considerable baja de la prevalencia de la pobreza en los últimos tres lustros.

 Chile, Índices de pobreza (porcentaje de la población, a partir de encuestas CASEN)

Índices
1996

2006

2009



2011



2013

CEPAL, Índice de Pobreza
23,2
13,7
11,5
11,0
7,8
CEPAL, Índice de Indigencia
5,7
3,2
3,6
3,1
2,5
MIDEPLAN-MDS, Índice de Pobreza Tradicional
23,2
13,7
15,1
14,4
-
MIDEPLAN-MDS, Índice de Extrema Pobreza Tradicional
5,7
3,2
3,7
2,8
-
Ministerio de Desarrollo Social, nuevo Índice de Pobreza
-
29,1
25,3
22,2
14,4
Ministerio de Desarrollo Social, nuevo Índice de Extrema Pobreza
-
12,6
9,9
8,1
4,5
Ministerio de Desarrollo Social, Índice de Pobreza Muldimensional
-
-
27,5
24,3
20,4
OCDE, Pobreza relativa antes de impuestos y transferencias (50% mediana)
-
22.6
23,6
22,5
-
OCDE, Pobreza relativa después de impuestos y transferencias (50% mediana)
-
19,2
18,4
17,8
-
Banco Mundial, Tasa de extrema pobreza, US$1,25 por día (PPA)
2,2
1,1
1,3
0,8
-
Banco Mundial, Tasa de pobreza, US$ 2 por día (PPA)
6,5
3,1
2,6
1,9
-




Fuentes: OCDE (consultado en http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecd-social-and-welfare-statistics/income-distribution_data-00654-en el 28-05-2015), CEPAL, Ministerio de Desarrollo Social (consultado en http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/resultados-encuesta-casen-2013/ el 28-05-2015) y Banco Mundial (consultado en http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/CHL el 28-05-2015).




jueves, 4 de junio de 2015

La negociación colectiva y Alemania


El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés ha señalado en el Congreso que se opone a la negociación colectiva  por rama, pero por otro lado ha indicado en un comentario radial que admira la combinación de poder sindical y orientación a la productividad existente en Alemania. Aunque no se entiende mucho la lógica, pues el sistema de negociación alemana está basado en acuerdos supraempresas, por región y por sector, particularidad que ha sido considerada justamente una de las fortalezas del modelo económico alemán. Saludemos la apreciación del ministro sobre Alemania y sus fuertes sindicatos que animan el diálogo social.

En Alemania existe sólo marginalmente la negociación a nivel de la empresa, que es el principio de hierro en las  relaciones laborales que defiende el 99% de los economistas chilenos, tan influidos por los ultraliberales Friedman y Von Hayek, que en el resto del mundo son considerados casi unánimemente como unos ideólogos extremos, con excepción del Wall Street Journal y semejantes.

La negociación salarial y de condiciones de trabajo a nivel de la empresa  que defienden en Chile empresarios y economistas neoliberales como tabla de la ley divina es exactamente la antípoda del régimen laboral alemán. A ese  país los prejuicios antieuropeos de los economistas chilenos ortodoxos no pueden agregarle el mote de “estar quebrado” o no “ser competitivo”, lo que suelen hacer dada su acérrima y prejuiciosa oposición a una de las instituciones económicas civilizadas de la humanidad contemporánea más exitosas: los estados de bienestar. Recalquemos, de paso, que toda la evidencia indica que éstos son perfectamente compatibles con la eficiencia económica cuando están bien concebidos y evolucionan para adaptarse a las realidades económicas, como precisamente ha ocurrido en Alemania.

El caso es que la negociación colectiva es allí sólo sectorial y se realiza entre los sindicatos (organizados por grandes áreas económicas y reunidos en una Confederación) y las organizaciones patronales. Es el principal nivel de definición de las remuneraciones y las condiciones de trabajo, incluyendo el mecanismo utilizado en la reciente crisis que privilegia acuerdos de disminución de jornada y cesantía parcial, subsidiados por el Estado, antes que los despidos, y que ha permitido a Alemania tener hoy más empleos que antes de la crisis, a lo que aludía el ministro Valdés en su comentario radial.

Un 60% de los asalariados está cubierto con convenios colectivos y los restantes están frecuentemente  empleados con contratos individuales pero basados en esos convenios. Además, incluso aunque no exista un contrato laboral, los trabajadores tienen derecho a vacaciones, remuneración por licencia médica, poder elegir trabajar a tiempo parcial, capacitación laboral y protección por maternidad/paternidad. Las condiciones de trabajo que no llegan al estándar mínimo legal establecido no están permitidas.

Los convenios sectoriales son pactados por uno o dos años generalmente a nivel regional, pero se observa pocas diferencias entre ellos, especialmente en materia de aumentos salariales. Los comités de empresa a nivel de cada entidad productiva (los delegados del personal tienen la obligación de reunirse mensualmente con la parte patronal de acuerdo a la ley) no están autorizados para negociar convenios colectivos, aunque pueden firmar acuerdos con empleadores individuales sobre cuestiones que no están cubiertas por esos convenios, así como sobre modalidades de aplicación práctica de los mismos en función de circunstancias específicas de la empresa. La ley permite extender los convenios colectivos a todos los empleados de un sector por petición de las partes, en particular para asegurar salarios mínimos.

Los convenios colectivos se aplican primeramente a las relaciones laborales con aquellos trabajadores que son miembros del sindicato que los ha acordado. Un contrato individual puede sólo conducir a mejorar las condiciones mínimas del convenio, pero no a impedir su aplicación. Por regla general se sustituyen los convenios que dejan de tener validez por otros nuevos. Si en el momento de la firma del nuevo convenio aún existe la vinculación al anterior, no es lícito el acuerdo de cláusulas contractuales menos ventajosas para el trabajador que las contenidas en el convenio.

Los representantes de los trabajadores en la empresa poseen por ley el derecho de ser consultados y el de cogestión, lo que incluye el caso de medidas individuales como despidos y traslados. Ejercen también influencia en las condiciones de trabajo y el reparto de la jornada laboral. Cuando se prevén despidos existe la obligación de negociar un plan social o de compensación de intereses con el comité de empresa. En empresas con más de 500 trabajadores existe, además del comité de empresa, representación y participación de los trabajadores en las decisiones empresariales. En empresas de más de 2.000 trabajadores existe la llamada cogestión paritaria, con un mínimo de seis representantes de los socios y seis representantes de los trabajadores.

Todo esto encuentra en Chile contradictores enérgicos con argumentos no muy sólidos que se niegan a discutir todo cambio a la santa ley de la negociación en la empresa, donde los empleadores campean a sus anchas, claro. El primero de los argumentos es que mejores condiciones contractuales para los trabajadores derivarían en un lamentable pero inevitable incentivo a la informalización. Esto simplemente no tiene asidero: no porque existe la prohibición de cruzar con luz roja una calle va a haber menos gente que anda en auto. Este tipo de razonamiento, basado en una miope concepción de la operatoria de incentivos, es propio de la poca perspicacia de muchos economistas neoliberales, la que les viene de sus dogmas. Sin ir más lejos, consignemos que Chile ha aumentado sus regulaciones a las empresas mientras la formalización del empleo es cada vez más alta.

Otro argumento más serio es el de la diversidad de situaciones de las empresas -especialmente las más pequeñas- que desaconsejarían la homogeneidad salarial por sector. Pero nada impide en la negociación colectiva sectorial considerar hasta cierto punto diferencias en la situación de las empresas y la activación de cláusulas de salvaguardia. Y, sobre todo, las empresas están siempre sujetas a costos homogéneos (como el de la energía, o el del crédito –que dicho sea es más caro para las empresas pequeñas-, o de los diversos insumos, muchas veces impactados por las variaciones del dólar, que es igual para todos) a los que se deben adaptar y punto. Esto no induce a ningún economista neoliberal a hacer mayores comentarios que no sean que la empresa debe ajustarse y aumentar su productividad. Entonces, ¿qué impediría que las empresas se adapten a condiciones salariales mínimas negociadas por ramas por sus representantes? Nada. Por lo demás, mejores salarios suelen mejorar la productividad según la mayoría de los estudios existentes en la materia, y en muchos casos tienen efectos macroeconómicos benéficos al aumentar la demanda doméstica, y a la postre el empleo.

Otro argumento usual es que las rigideces salariales llevarían a sustituir trabajadores y disminuir el empleo. Pero, ¿no era que eso se llama aumento de productividad y que los aumentos de productividad terminan por generar más actividad, y por tanto más empleo?

El tema da para muchas más consideraciones, pero quedémonos con que existen argumentos sólidos para adoptar en Chile un régimen de negociación colectiva por sectores y regiones, como el alemán, que combine protección a los trabajadores e incentivos al aumento de la productividad. Y con que la autoridad económica actual, aunque sea de manera un tanto contradictoria, está ampliando los límites del tan limitado y pedestre debate económico nacional. Eso desde ya es digno de agradecerse. 

jueves, 21 de mayo de 2015

El proceso transformador


En Voces La Tercera

El discurso presidencial del 21 de mayo no abundó en “anuncios”, y no tiene por qué ser así. Antes bien, la presidenta reiteró su plan de gobierno y repasó sus logros, que no son pocos en un año, y abordó varias de las dificultades que se han presentado en su gestión. Se trata, entonces, propiamente de una cuenta a la Nación.

Llama la atención que la palabra “reforma” desapareciese del léxico, pero fue sustituida reiteradamente por la noción de “proceso transformador” y de “transformaciones de fondo”. Y eso es lo que la presidenta ha vuelto a indicar como su ambición. Concluida en septiembre pasado la reforma tributaria –que desgraciadamente no recaudará lo suficiente y complejizó en extremo el sistema de tributación de la renta de empresas y personas- la Presidenta abundó en la reforma educacional, e indicó, otra vez sin precisiones, su voluntad de dotar a Chile durante su gobierno de una nueva constitución. Eso en materia de sus tres prioridades de campaña. Pero reiteró que seguirá su curso la reforma laboral, que enviará una reforma a las Isapres junto a impulsar el fortalecimiento de la red pública de salud y que enviará una ley de reforma al sistema de pensiones. Y reiteró su compromiso con la agenda de probidad que se instaló en los últimos meses en el centro del escenario político. En suma, quedan para su concreción dos grandes reformas institucionales (constitución y probidad) y cuatro sustanciales reformas sociales (educación, laboral, seguros de salud y pensiones) que contribuirán a aumentar la calidad de vida de la mayoría de los chilenos. Es decir, un proceso transformador nutrido para los próximos tres años.

La Presidenta, por tanto, no retrocede en su voluntad política de avanzar en cambios en los que cree y respecto de los cuales comprometió su palabra en campaña o en su primer año de gobierno.Pero quedan dos incógnitas y un gran desafío.

Primero en materia constitucional: ¿cuándo y cómo serán la “participación incidente” y el “momento institucional” para tener una nueva Constitución? El tema queda, parece ser, para septiembre.

Segundo: ¿cómo se reactivará la economía para llevarla a su crecimiento potencial de al menos 4% anual? Es cierto que la presidenta hizo afirmaciones importantes al hablar de prioridades productivas, rompiendo con la ortodoxia, y subrayando la importancia de la transición energética de Chile, lo que el mercado simplemente no puede asegurar. Pero no dijo nada respecto de algo que se hace evidente: la necesidad de poner en práctica un nuevo plan de estímulo fiscal y monetario para acelerar el crecimiento, expandiendo la demanda interna. Y nada sobre lo que será la verdadera prueba de fuego de la separación de la política y el dinero: la rediscusión de la inicua tributación minera existente, con un parlamento que autocercenó sus atribuciones, probablemente a cambio de sustanciales subsidios electorales. El día que el gobierno y el parlamento vuelvan a discutir el tema, nuestra democracia habrá vuelto a ser digna de ese nombre.

El gran desafío pendiente es una mejor articulación con los movimientos sociales y sus expectativas. Se ha llegado a un punto en que ya no prevalece la voluntad de concordar entre las partes, sino la de presionar al gobierno por diversas organizaciones sociales y por el otro ministros que consideran a la movilización como una desechable expresión de intereses corporativos, poco menos que ilegítimos, y que no parecen querer trabajar acuerdos de largo plazo con el mundo social. Allí se requiere una gran transformación en el estilo gubernamental.

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