Lecciones sobre la última medición de la pobreza

En El Mostrador

El Ministerio de Desarrollo Social dio a  conocer a fines de enero de 2015  los resultados de la nueva encuesta de Caracterización Socio-Económica (CASEN) correspondiente a 2013. Este hecho pasó bastante desapercibido, en medio de la vorágine de acontecimientos políticos recientes, aunque la encuesta permite una mirada renovada sobre el fenómeno de la pobreza, pues incluye en esta ocasión cambios metodológicos sustanciales que no han sido objeto de mayor debate.

Vale la pena reseñarlas, sobre todo si se considera que la encuesta estuvo en entredicho después del conflicto provocado por el gobierno de Sebastián Piñera al presentar la encuesta 2009 en medio de controversias con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL). Desde 1987, los datos de ingresos de los hogares recolectados periódicamente por la encuesta CASEN habían sido validados, corregidos por no respuesta y ajustados con las Cuentas Nacionales por la CEPAL, junto al cálculo del costo de una canasta de alimentos que era contrastado con los ingresos de las familias. Hasta 2006, la CEPAL y el gobierno de Chile mantuvieron una medición común. Pero en 2009, se produjo una divergencia metodológica, con la consecuencia de que la estimación de la CEPAL registró una caída de la incidencia de la pobreza a 11,5% de la población, mientras para el gobierno de Piñera se habría producido un aumento de la pobreza a 15,1% de la misma.

La diferencia se originó básicamente en la diversa consideración del hecho  que los alimentos subieran sus precios más que el conjunto de la canasta de productos del IPC, lo que en las anteriores mediciones no se había producido. La CEPAL decidió deflactar el costo de alimentarse y el del resto de bienes con sus respectivos índices de precios, en circunstancias que los precios de los alimentos habían subido en mayor proporción. El gobierno de Sebastián Piñera no aceptó diferenciar la evolución de ambos tipos de precios, sobreestimando el costo real de la canasta de bienes considerada para fijar la línea de pobreza (costo de alimentos multiplicado por dos) y prefirió hacer un punto de imagen respecto al anterior gobierno, pero a costa de la credibilidad técnica de la encuesta y un quiebre con un organismo del Sistema de Naciones Unidas.

En 2011, para la CEPAL -utilizando siempre la encuesta CASEN y su propia metodología de registro de ingresos y de descuento de la inflación- la pobreza siguió bajando levemente y la cifra de la población en esa condición se situó en un 11,0% (y la de indigencia en un 3,1%), mientras para el gobierno de Chile las tasas alcanzaron cifras de 14,4 % y 2,8% respectivamente.

La adopción en la encuesta CASEN 2013 de una “Nueva Metodología de Medición de Pobreza por Ingresos”, además de la introducción de un nuevo indicador de pobreza multidimensional, cambió otra vez el panorama de la medición de la pobreza en Chile. Para el gobierno de Chile las tasas de pobreza y extrema pobreza alcanzaron en 2011 un 22,8% y un 8,1%, cifras que bajaron en 2013 a 14,4% y 4,5% respectivamente.

En cambio, para la CEPAL -siempre según su propia metodología- la incidencia de la pobreza experimentó un descenso de un 11,0% en 2011 a un 7,8% en 2013 (ver cuadro), mientras la extrema pobreza pasó de un 3,1% a un 2,5% de la población, es decir cerca de la mitad de la incidencia estimada por el gobierno chileno para el mismo año y con la misma encuesta. Según esta información dada a conocer en enero de 2015 por la CEPAL,  en términos comparativos regionales la pobreza registrada en Chile -manteniendo la metodología en base al costo de una canasta básica de alimentos- es sustancialmente más baja que los promedios de 28,1% y 11,7% consignados para América Latina por este organismo regional.

Como se observa, se obtiene resultados muy distintos según sean los métodos de cálculo de la pobreza y la extrema pobreza que se utilicen, a partir de unos mismos datos de base, en este caso los recogidos en terreno por la encuesta CASEN y los precios de alimentos registrados por el INE.

Por mucho tiempo ha tenido sentido medir la pobreza ligada a las carencias  de ingresos para solventar al menos la alimentación, pues el hambre es su aspecto más notorio y la desnutrición capta un importante aspecto de ella. Luego se consideró diferenciar la extrema pobreza y la pobreza en base a medir el resto de las carencias y se ha usado un  múltiplo del costo de alimentarse para medir la pobreza considerando el costo de otros bienes básicos para la subsistencia.

En Chile se ha considerado que un hogar está en situación de pobreza extrema si su ingreso mensual por persona es inferior a la “línea de pobreza extrema”, es decir, al ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades alimentarias de una persona. A su vez, un hogar se ha considerado en situación de pobreza si su ingreso mensual per cápita es inferior a la “línea de pobreza”, o ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de una persona en ese mismo período, es decir multiplicando el costo de alimentarse por dos, en base a la proporción aproximada del consumo de alimentos en el consumo total que arrojó la Encuesta de Consumo de los Hogares de 1978.

El uso del enfoque de necesidades de alimentación presenta, sin embargo,  problemas, pues éstas varían de acuerdo a la condición física, las condiciones climáticas y los hábitos de trabajo. Los requerimientos nutricionales mínimos encierran, como subraya Amartya Sen, “una arbitrariedad intrínseca”. Además, “resulta difícil definir los requerimientos mínimos para los rubros no alimentarios”, lo que ha llevado a la OCDE a medir la pobreza como una medida relativa (el 50% de la mediana de los ingresos) y no ya absoluta, es decir vinculada a la capacidad de solventar alguna canasta de bienes.  Para la OCDE, en 2011 la pobreza relativa es de un 17,8% de la población, cifra superior a la de la pobreza monetaria absoluta calculada por el gobierno chileno.

El Ministerio de Desarrollo Social abordó en esta ocasión cambios en la metodología de medición de la pobreza absoluta para procesar los datos de la encuesta 2013, nuevamente con la asesoría técnica de la CEPAL y también con de la Iniciativa de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI).  A partir de la medición de pobreza basada en la Encuesta Casen 2013, se innovó tomando en cuenta escalas de equivalencia en el consumo del hogar. El valor de la elasticidad de equivalencia utilizada por el Ministerio de Desarrollo Social para tomar en cuenta la presencia de economías de escala en el consumo es de 0,7 para todos los miembros del hogar. Se considera ahora que un hogar está en situación de pobreza si su ingreso mensual por persona es inferior a la “línea de pobreza por persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de una persona equivalente en ese mismo período. El valor de la línea de pobreza extrema equivale ahora a dos tercios de la línea de pobreza, lo que es cercano al gasto que realizan los hogares del grupo de referencia (los que están en el quintil inferior de la distribución del ingreso) en alimentación, vivienda y vestuario. Se asignaron precios a 95 productos, que representan un 76,4% del gasto per cápita promedio en alimentos del primer quintil. El valor de la canasta básica de alimentos por persona al mes así estimado asciende a $31.029 en abril del año 2012, considerando la más reciente encuesta de consumo de los hogares que se utiliza para calcular el IPC

Otro cambio tuvo que ver con que los ingresos agregados de los hogares calculados a partir de la encuesta CASEN habían sido tradicionalmente ajustados a aquellos que se obtienen de las estimaciones de la cuenta institucional de hogares del Sistema de Cuentas Nacionales. El Ministerio de Desarrollo Social decidió ahora no continuar con esta práctica, pues el análisis del comportamiento de la información de ingresos muestra que ésta es confiable, mientras las cuentas nacionales están en proceso de revisión permanente, lo que significa cambios metodológicos y de año base en períodos breves.

Se agregó además una medida de pobreza multidimensional que permite medir de manera directa las condiciones de vida de las personas y los hogares en relación a distintas dimensiones e indicadores de bienestar que se consideran socialmente relevantes, más allá de los ingresos monetarios. El Ministerio de Desarrollo Social usó la metodología propuesta por Alkire y Foster en 2007, adaptada por países como México y Colombia y por el Índice de Pobreza Multidimensional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se ha incluido en la medida de pobreza multidimensional para Chile las dimensiones de  educación, considerando años de escolaridad y asistencia escolar; salud, considerando malnutrición y desnutrición en niños(as) y adscripción a un sistema de salud y problemas en la atención; vivienda, considerando hacinamiento y calidad de la vivienda y servicios básicos, y finalmente trabajo y seguridad social, considerando desempleo, cotizaciones y acceso a jubilación. El Ministerio de Desarrollo Social definió una ponderación equivalente para cada uno de los 12 indicadores considerados y definió que los hogares en situación de pobreza multidimensional son los que tienen carencias en a lo menos tres de los doce indicadores.  

Un 20,4% de la población se encontraba de acuerdo a estos criterios en 2013 en estado de pobreza multidimensional, a comparar con un 14,4% en estado de pobreza según ingresos con la nueva metodología y un 7,8% con la metodología tradicional de la CEPAL utilizada, con ajustes, desde 1988 en Chile. Dicho sea de paso, la medición que más diverge es la que realiza el Banco Mundial, con su línea de pobreza definida en dos dólares diarios a paridad de poder de compra por persona: para este organismo la población pobre en Chile sería del orden de sólo 1,9%.

Lo que cabe subrayar es que todas estas metodologías cuentan para realizar sus estimaciones con los mismos datos de la misma encuesta y sus resultados son, sin embargo,  sustancialmente distintos. 

Se confirma así el enfoque del premio Nobel de economía Amartya Sen: “no hay razón alguna para suponer que la idea de pobreza deba ser tajante y precisa”, a la par que “es posible que haya que usar más de un criterio en vista de la falta de uniformidad en los estándares aceptados” y que “casi no queda más que aceptar el elemento de arbitrariedad presente en la descripción de la pobreza y hacerlo tan transparente como sea posible”. Debemos acostumbrarnos de aquí por delante a mirar varios indicadores de pobreza y no uno sólo, y constatar por ejemplo que entre el cálculo tradicional de la CEPAL y el de pobreza multidimensional del gobierno en 2013 hay que multiplicar la cifra de pobres casi por tres, es decir uno de cada cinco en vez de uno de cada trece, lo que parece, por otro lado,  acercarse más a nuestra percepción de sentido común. No obstante, todas las estimaciones registran una considerable baja de la prevalencia de la pobreza en los últimos tres lustros.

 Chile, Índices de pobreza (porcentaje de la población, a partir de encuestas CASEN)

Índices 1996 2006 2009 2011 2013 CEPAL, Índice de Pobreza 23,2 13,7 11,5 11,0 7,8 CEPAL, Índice de Indigencia 5,7 3,2 3,6 3,1 2,5 MIDEPLAN-MDS, Índice de Pobreza Tradicional 23,2 13,7 15,1 14,4 - MIDEPLAN-MDS, Índice de Extrema Pobreza Tradicional 5,7 3,2 3,7 2,8 - Ministerio de Desarrollo Social, nuevo Índice de Pobreza - 29,1 25,3 22,2 14,4 Ministerio de Desarrollo Social, nuevo Índice de Extrema Pobreza - 12,6 9,9 8,1 4,5 Ministerio de Desarrollo Social, Índice de Pobreza Muldimensional - - 27,5 24,3 20,4 OCDE, Pobreza relativa antes de impuestos y transferencias (50% mediana) - 22.6 23,6 22,5 - OCDE, Pobreza relativa después de impuestos y transferencias (50% mediana) - 19,2 18,4 17,8 - Banco Mundial, Tasa de extrema pobreza, US$1,25 por día (PPA) 2,2 1,1 1,3 0,8 - Banco Mundial, Tasa de pobreza, US$ 2 por día (PPA) 6,5 3,1 2,6 1,9 -

Fuentes: OCDE (consultado en http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecd-social-and-welfare-statistics/income-distribution_data-00654-en el 28-05-2015), CEPAL, Ministerio de Desarrollo Social (consultado en http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/resultados-encuesta-casen-2013/ el 28-05-2015) y Banco Mundial (consultado en http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/CHL el 28-05-2015).

La negociación colectiva y Alemania

En Voces La Tercera

El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés ha señalado en el Congreso que se opone a la negociación colectiva  por rama, pero por otro lado ha indicado en un comentario radial que admira la combinación de poder sindical y orientación a la productividad existente en Alemania. Aunque no se entiende mucho la lógica, pues el sistema de negociación alemana está basado en acuerdos supraempresas, por región y por sector, particularidad que ha sido considerada justamente una de las fortalezas del modelo económico alemán. Saludemos la apreciación del ministro sobre Alemania y sus fuertes sindicatos que animan el diálogo social.

En Alemania existe sólo marginalmente la negociación a nivel de la empresa, que es el principio de hierro en las  relaciones laborales que defiende el 99% de los economistas chilenos, tan influidos por los ultraliberales Friedman y Von Hayek, que en el resto del mundo son considerados casi unánimemente como unos ideólogos extremos, con excepción del Wall Street Journal y semejantes.

La negociación salarial y de condiciones de trabajo a nivel de la empresa  que defienden en Chile empresarios y economistas neoliberales como tabla de la ley divina es exactamente la antípoda del régimen laboral alemán. A ese  país los prejuicios antieuropeos de los economistas chilenos ortodoxos no pueden agregarle el mote de “estar quebrado” o no “ser competitivo”, lo que suelen hacer dada su acérrima y prejuiciosa oposición a una de las instituciones económicas civilizadas de la humanidad contemporánea más exitosas: los estados de bienestar. Recalquemos, de paso, que toda la evidencia indica que éstos son perfectamente compatibles con la eficiencia económica cuando están bien concebidos y evolucionan para adaptarse a las realidades económicas, como precisamente ha ocurrido en Alemania.

El caso es que la negociación colectiva es allí sólo sectorial y se realiza entre los sindicatos (organizados por grandes áreas económicas y reunidos en una Confederación) y las organizaciones patronales. Es el principal nivel de definición de las remuneraciones y las condiciones de trabajo, incluyendo el mecanismo utilizado en la reciente crisis que privilegia acuerdos de disminución de jornada y cesantía parcial, subsidiados por el Estado, antes que los despidos, y que ha permitido a Alemania tener hoy más empleos que antes de la crisis, a lo que aludía el ministro Valdés en su comentario radial.

Un 60% de los asalariados está cubierto con convenios colectivos y los restantes están frecuentemente  empleados con contratos individuales pero basados en esos convenios. Además, incluso aunque no exista un contrato laboral, los trabajadores tienen derecho a vacaciones, remuneración por licencia médica, poder elegir trabajar a tiempo parcial, capacitación laboral y protección por maternidad/paternidad. Las condiciones de trabajo que no llegan al estándar mínimo legal establecido no están permitidas.

Los convenios sectoriales son pactados por uno o dos años generalmente a nivel regional, pero se observa pocas diferencias entre ellos, especialmente en materia de aumentos salariales. Los comités de empresa a nivel de cada entidad productiva (los delegados del personal tienen la obligación de reunirse mensualmente con la parte patronal de acuerdo a la ley) no están autorizados para negociar convenios colectivos, aunque pueden firmar acuerdos con empleadores individuales sobre cuestiones que no están cubiertas por esos convenios, así como sobre modalidades de aplicación práctica de los mismos en función de circunstancias específicas de la empresa. La ley permite extender los convenios colectivos a todos los empleados de un sector por petición de las partes, en particular para asegurar salarios mínimos.

Los convenios colectivos se aplican primeramente a las relaciones laborales con aquellos trabajadores que son miembros del sindicato que los ha acordado. Un contrato individual puede sólo conducir a mejorar las condiciones mínimas del convenio, pero no a impedir su aplicación. Por regla general se sustituyen los convenios que dejan de tener validez por otros nuevos. Si en el momento de la firma del nuevo convenio aún existe la vinculación al anterior, no es lícito el acuerdo de cláusulas contractuales menos ventajosas para el trabajador que las contenidas en el convenio.

Los representantes de los trabajadores en la empresa poseen por ley el derecho de ser consultados y el de cogestión, lo que incluye el caso de medidas individuales como despidos y traslados. Ejercen también influencia en las condiciones de trabajo y el reparto de la jornada laboral. Cuando se prevén despidos existe la obligación de negociar un plan social o de compensación de intereses con el comité de empresa. En empresas con más de 500 trabajadores existe, además del comité de empresa, representación y participación de los trabajadores en las decisiones empresariales. En empresas de más de 2.000 trabajadores existe la llamada cogestión paritaria, con un mínimo de seis representantes de los socios y seis representantes de los trabajadores.

Todo esto encuentra en Chile contradictores enérgicos con argumentos no muy sólidos que se niegan a discutir todo cambio a la santa ley de la negociación en la empresa, donde los empleadores campean a sus anchas, claro. El primero de los argumentos es que mejores condiciones contractuales para los trabajadores derivarían en un lamentable pero inevitable incentivo a la informalización. Esto simplemente no tiene asidero: no porque existe la prohibición de cruzar con luz roja una calle va a haber menos gente que anda en auto. Este tipo de razonamiento, basado en una miope concepción de la operatoria de incentivos, es propio de la poca perspicacia de muchos economistas neoliberales, la que les viene de sus dogmas. Sin ir más lejos, consignemos que Chile ha aumentado sus regulaciones a las empresas mientras la formalización del empleo es cada vez más alta.

Otro argumento más serio es el de la diversidad de situaciones de las empresas -especialmente las más pequeñas- que desaconsejarían la homogeneidad salarial por sector. Pero nada impide en la negociación colectiva sectorial considerar hasta cierto punto diferencias en la situación de las empresas y la activación de cláusulas de salvaguardia. Y, sobre todo, las empresas están siempre sujetas a costos homogéneos (como el de la energía, o el del crédito –que dicho sea es más caro para las empresas pequeñas-, o de los diversos insumos, muchas veces impactados por las variaciones del dólar, que es igual para todos) a los que se deben adaptar y punto. Esto no induce a ningún economista neoliberal a hacer mayores comentarios que no sean que la empresa debe ajustarse y aumentar su productividad. Entonces, ¿qué impediría que las empresas se adapten a condiciones salariales mínimas negociadas por ramas por sus representantes? Nada. Por lo demás, mejores salarios suelen mejorar la productividad según la mayoría de los estudios existentes en la materia, y en muchos casos tienen efectos macroeconómicos benéficos al aumentar la demanda doméstica, y a la postre el empleo.

Otro argumento usual es que las rigideces salariales llevarían a sustituir trabajadores y disminuir el empleo. Pero, ¿no era que eso se llama aumento de productividad y que los aumentos de productividad terminan por generar más actividad, y por tanto más empleo?

El tema da para muchas más consideraciones, pero quedémonos con que existen argumentos sólidos para adoptar en Chile un régimen de negociación colectiva por sectores y regiones, como el alemán, que combine protección a los trabajadores e incentivos al aumento de la productividad. Y con que la autoridad económica actual, aunque sea de manera un tanto contradictoria, está ampliando los límites del tan limitado y pedestre debate económico nacional. Eso desde ya es digno de agradecerse. 

El proceso transformador

En Voces La Tercera

El discurso presidencial del 21 de mayo no abundó en “anuncios”, y no tiene por qué ser así. Antes bien, la presidenta reiteró su plan de gobierno y repasó sus logros, que no son pocos en un año, y abordó varias de las dificultades que se han presentado en su gestión. Se trata, entonces, propiamente de una cuenta a la Nación.

Llama la atención que la palabra “reforma” desapareciese del léxico, pero fue sustituida reiteradamente por la noción de “proceso transformador” y de “transformaciones de fondo”. Y eso es lo que la presidenta ha vuelto a indicar como su ambición. Concluida en septiembre pasado la reforma tributaria –que desgraciadamente no recaudará lo suficiente y complejizó en extremo el sistema de tributación de la renta de empresas y personas- la Presidenta abundó en la reforma educacional, e indicó, otra vez sin precisiones, su voluntad de dotar a Chile durante su gobierno de una nueva constitución. Eso en materia de sus tres prioridades de campaña. Pero reiteró que seguirá su curso la reforma laboral, que enviará una reforma a las Isapres junto a impulsar el fortalecimiento de la red pública de salud y que enviará una ley de reforma al sistema de pensiones. Y reiteró su compromiso con la agenda de probidad que se instaló en los últimos meses en el centro del escenario político. En suma, quedan para su concreción dos grandes reformas institucionales (constitución y probidad) y cuatro sustanciales reformas sociales (educación, laboral, seguros de salud y pensiones) que contribuirán a aumentar la calidad de vida de la mayoría de los chilenos. Es decir, un proceso transformador nutrido para los próximos tres años.

La Presidenta, por tanto, no retrocede en su voluntad política de avanzar en cambios en los que cree y respecto de los cuales comprometió su palabra en campaña o en su primer año de gobierno.Pero quedan dos incógnitas y un gran desafío.

Primero en materia constitucional: ¿cuándo y cómo serán la “participación incidente” y el “momento institucional” para tener una nueva Constitución? El tema queda, parece ser, para septiembre.

Segundo: ¿cómo se reactivará la economía para llevarla a su crecimiento potencial de al menos 4% anual? Es cierto que la presidenta hizo afirmaciones importantes al hablar de prioridades productivas, rompiendo con la ortodoxia, y subrayando la importancia de la transición energética de Chile, lo que el mercado simplemente no puede asegurar. Pero no dijo nada respecto de algo que se hace evidente: la necesidad de poner en práctica un nuevo plan de estímulo fiscal y monetario para acelerar el crecimiento, expandiendo la demanda interna. Y nada sobre lo que será la verdadera prueba de fuego de la separación de la política y el dinero: la rediscusión de la inicua tributación minera existente, con un parlamento que autocercenó sus atribuciones, probablemente a cambio de sustanciales subsidios electorales. El día que el gobierno y el parlamento vuelvan a discutir el tema, nuestra democracia habrá vuelto a ser digna de ese nombre.

El gran desafío pendiente es una mejor articulación con los movimientos sociales y sus expectativas. Se ha llegado a un punto en que ya no prevalece la voluntad de concordar entre las partes, sino la de presionar al gobierno por diversas organizaciones sociales y por el otro ministros que consideran a la movilización como una desechable expresión de intereses corporativos, poco menos que ilegítimos, y que no parecen querer trabajar acuerdos de largo plazo con el mundo social. Allí se requiere una gran transformación en el estilo gubernamental.

Cambio de gabinete: ¿para las reformas?

Publicado en Voces La Tercera

La Presidenta Bachelet concluyó su cambio de gabinete con sustituciones de envergadura: el equipo de La Moneda y los ministros de Hacienda y Trabajo, junto a otros cambios. Se requería una nueva iniciativa política y un nuevo equipo económico y social. El nuevo equipo político tiene las condiciones para reestablecer mayores dosis de confianza en el trabajo gubernamental. Los tres nuevos ministros de La Moneda han sido parlamentarios, permitiendo que sean fluidos los vínculos con Valparaíso, lo que es de gran importancia por la densidad de la agenda de reformas y sus derivaciones legislativas.

En cambio, el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ex brazo derecho de Nicolás Eyzaguirre en el período de Lagos, tiene poca experiencia en la materia, pero sí un recorrido gubernamental.

Desde el punto de vista de la coalición de gobierno, no consultada en este cambio -por lo que el sistema de partidos no queda demasiado realzado y a estas alturas uno se pregunta para qué sirve exactamente-, la DC debiera quedar satisfecha por recuperar posiciones de primer plano en Interior con Burgos y Trabajo con Rincón. El PPD  otro tanto con el acceso de uno de sus miembros a Hacienda y el Partido Radical con la llegada de Gómez a Defensa. El PC sube a dos ministros, tomando adicionalmente el de Desarrollo Social. El PS, en cambio, queda con sólo tres ministros (Díaz, Furche y Pacheco), lo que no deja un balance muy boyante en materia de influencia en el gobierno para Andrade y el partido de la Presidenta.

La gran pregunta es, ¿hacia dónde sigue la tarea gubernamental? Llevar adelante la agenda de probidad parece ser la tarea más urgente para producir el quiebre del clima de sospechas generalizadas, sin lo cual lo demás estará permanentemente interferido.

Pero las grandes reformas no parecen demasiado bien aspectadas si se considera el nuevo equipo. Jorge Burgos y promover un plebiscito para consultar por una Asamblea Constituyente no parecen ser exactamente un matrimonio afiatado. Al quedar en manos de Jorge Burgos, el equipo político va a tener un sesgo más conservador, pues si bien el convencido reformista Marcelo Díaz ocupa ahora la vocería, ésta no suele tomar decisiones; mientras Jorge Insunza se encargará del vínculo con el Congreso, proviniendo de la Cámara y antes de una empresa de lobistas. Las competencias de la ministra Rincón en materia de reformas laborales no son muy conocidas, ni tampoco sus vínculos con el mundo laboral. Y el nuevo ministro de Hacienda no es precisamente un keynesiano convencido, como tampoco el de Economía, en momentos en que la economía necesita un nuevo impulso fiscal y monetario para no empantanarse en el estancamiento.

Las reformas  no lucen bien aspectadas, para tranquilidad del arco conservador e inquietud del arco reformador. Pero a veces se producen impulsos inesperados de quienes no se espera.

Cambio de gabinete: una espera decisiva

Publicado en Voces La Tercera

Después de la petición de renuncia de la Presidenta Bachelet a su gabinete, y el plazo de 72 horas que estableció para conformar uno nuevo, no tiene mucho sentido especular. Salvo -tal vez- constatar que es probable que el ministro del Interior y jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo, será reemplazado o enrocado, y que el de Relaciones Exteriores ha sido confirmado  para que pueda seguir con tranquilidad su gestión en La Haya.

La tarea del ministro Peñailillo hasta el 30 de enero se presentaba bien, con dos grandes activos: haber logrado el cambio del sistema electoral binominal y haber mantenido básicamente en funcionamiento una coalición cuyos polos son los dos grandes actores de la guerra fría en Chile (la DC y el PC), cuya confrontación hasta 1973 fue homérica. Esto es del  orden de la proeza política y debe consignarse a favor de Rodrigo Peñailillo. Pero la pérdida de legitimidad global del sistema político por la evidencia de la gran influencia del poder económico en la política, llegó muy cerca del jefe de gabinete, víctima de un sistema que había naturalizado mecanismos de financiamiento de la política y de campañas por grandes empresas, al margen de la ley, y por insuficiencia manifiesta de la normativa.

Lo que viene para el nuevo equipo de gobierno supondrá abordar la continuidad de las reformas en curso -la de educación y la laboral en particular- y avanzar rápido en un nuevo sistema de financiamiento de la política, que establezca una muralla china entre el poder del dinero y las representaciones ciudadanas. Y que dé curso a las recomendaciones de las comisiones para reformar los seguros de salud, de crecimiento urbano y la que vendrá de previsión. Y, por supuesto, el nuevo equipo deberá dar curso al proceso constituyente convocado por la Presidenta a partir de septiembre.

En este contexto de cambio de gabinete, la tarea de la Presidenta Bachelet se debe colocar en perspectiva. No es una tarea perfecta, pero representa un inmenso cambio cultural en Chile  el solo hecho de que una mujer haya sido elegida, no una, sino dos veces para ejercer la primera magistratura. Además ha conformado la más amplia coalición política de la historia de Chile. También ha encaminado esa coalición a un compromiso con transformaciones sustanciales que Chile necesita. No es poca cosa. Y tampoco lo es, en medio de dificultades más importantes que las que nadie hubiera podido prever, que haya logrado mantener y proyectar, como se ha evidenciado en estas horas, los resortes de poder necesarios para llevar a buen puerto su compromiso reformador. Mientras tanto hay que esperar y ver.

El socialismo chileno y su década perdida

Publicado en Voces La Tercera

El PS chileno ha sido dirigido desde hace una década por la corriente de Escalona y Andrade. El primero desde 2006 hasta 2010, cuando debió renunciar luego de contribuir a la división, derrota y fin de la Concertación, y luego Andrade desde 2010. Los resultados de esta gestión han sido un retroceso para el proyecto socialista en Chile, han dispersado su base de apoyo y diluido su influencia cultural. Se requiere un drástico cambio de orientación, que esperamos se concrete a partir de la elección del 26 de abril. Muchos pensamos que ese giro necesario debe reunir muchas voluntades, como ha logrado hacerlo Isabel Allende a la cabeza de una amplia coalición interna. Y que desde luego ayude a llevar a buen puerto la gestión de gobierno de la presidenta Bachelet.

El balance, efectivamente, no es bueno. El PS contribuyó poco o nada al programa del actual gobierno, no ha ayudado en su gestión, ni tampoco en la resolución de la actual crisis de legitimidad del sistema político. Más aún, se ha debilitado sustancialmente como fuerza articuladora y portadora de un proyecto de cambio social. La idea de la “casa común de la izquierda”, que presidió la reunificación de 1989, está destruida. Atrás quedó el intento de una construcción política plural inspirada en una nueva síntesis ideológica que reivindicara la democracia en lo político, el dinamismo y la sustentabilidad en lo económico, la igualdad en lo social, el progresismo en lo cultural y el latinoamericanismo en lo internacional. Unificado, el socialismo chileno pudo transformarse en un actor clave en la transición.

Con el tiempo, se apartó de su tarea primordial de romper las trampas constitucionales y el veto minoritario de la derecha en las instituciones, con la consecuencia de no construir pilares de equidad en la sociedad y evitar la inédita concentración del poder económico. Terminó prevaleciendo el acomodo y la resignación ante los poderes fácticos. La construcción de un proyecto de cambios estructurales fue abandonada en beneficio de reconversiones neoliberales o bien, más frecuentemente, en favor de la mera lucha burocrática por ocupar cargos en el Estado. Para ese tipo de práctica política no se requiere la búsqueda de adhesiones mayoritarias y la construcción de hegemonía en el campo de las ideas. Para la política burocrática basta con construir clientelas, lograr alianzas para acceder al Estado, aunque sea en condiciones de subordinación, y ser parte del partido del orden para llegar o mantenerse en los puestos públicos.

La corriente que ha dirigido el PS en la última década terminó encarnando la opción acomodaticia. Su pulsión autoritaria contribuyó decisivamente a poner en minoría en la Cámara y el Senado a la presidenta Bachelet en su primer gobierno, al reemplazar la lógica de la articulación por una lucha obsesiva contra los “díscolos” de distinto signo,  y al mismo tiempo dando soporte político a las opciones neoliberales en la coalición. Esa dirección barrió con la diversidad interna y no quiso o supo evitar la salida del PS del senador  Navarro en 2008, que creó el MAS; del Senador Carlos Ominami y del diputado Marcos Enríquez-Ominami en 2009, que crearon el PRO; del diputado Sergio Aguiló, en 2011, que creó la Izquierda Ciudadana; y, finalmente, la de jóvenes que, como Miguel Crispi, crearon Revolución Democrática ante la ausencia de sintonía del PS con las movilizaciones estudiantiles. Y logró que dos ex militantes socialistas (Jorge Arrate y Marcos Enríquez-Ominami) fueran candidatos a la presidencia en 2009, marginándose de un  partido que les negó el derecho a competir democráticamente, y que terminaron sumando nada menos que el 26% de los votos. Se trató de una gestión política que resucitó la lógica de la división y la dispersión que tanto había costado revertir.  

Durante el gobierno de Piñera, la Nueva Izquierda y Escalona terminaron de consagrar su pertenencia al partido del orden. Votaron a favor del royalty del gobierno, que sustrajo de la soberanía popular hasta 2023 cualquier cambio a la tributación minera, en un acto inaceptable de renuncia a sus potestades por el parlamento chileno. Y luego no dijo nada, como unos pocos hicimos, entre ellos la senadora Isabel Allende, contra la licitación a SQM de nuevos yacimientos de litio. Luego, vino la descalificación de mala manera de la idea de Asamblea Constituyente, aprobada formalmente por el Congreso del PS en 2011, y ahora especula con adelantar elecciones, debilitando a la presidenta.  No es éste un enfoque y un balance que merezcan ser reivindicados.

Los dirigentes del PDC que celebran a Escalona, y que en 2014 le ofrecieron, para dividir a la izquierda, un cupo senatorial luego de que declinara participar en primarias en su propio partido -en un acto de muy poca prestancia política- debieran evaluar que a la larga estas alianzas miopes no son capaces de conformar una coalición con reglas y prácticas  basadas en la lealtad mutua y la competencia democrática.

Es tiempo que el PS haga un giro y vuelva a su proyecto de ser un eje de la izquierda democrática chilena, promotor de la igualdad de derechos y oportunidades y de transformaciones democráticas, progresivas pero estructurales. Debe volver a ser la fuerza organizadora de un bloque social y político por los cambios, que reunifique en vez de dividir a la izquierda para lograr entendimientos constructivos con el centro y, en definitiva, proveer solidez a la democracia.

En el corto plazo, es indispensable que el PS no sea un factor de tensión que ataca a ministros de la presidenta Bachelet y se desentiende de las reformas estructurales. Antes bien, lo congruente es que el PS elija un nuevo liderazgo, mediante la confluencia de gente experimentada con nuevas figuras, que apoye a la presidenta Bachelet y su programa de reformas. La tarea es reconstruir un socialismo moderno legitimado ante su base social y el conjunto del pueblo chileno, con vocación mayoritaria y reformadora.

Vale la pena, para concluir, citar un texto de Maquiavelo: “No existe nada de trato más difícil, de éxito más dudoso y de manejo más arriesgado que la introducción desde el poder de nuevos ordenamientos, porque el que introduce innovaciones tiene como enemigos a todos los que se benefician del ordenamiento antiguo, y como tímidos defensores a todos los que se beneficiarán del nuevo”. A pesar de la dificultad provocada por el poder oligárquico, los países deben ser capaces de reformarse si no quieren instalarse en la decadencia, la polarización y la emergencia de caudillos y demagogos en un mundo que exige cambios. No es tiempo de retrocesos conservadores sino de nuevas perspectivas y nuevas esperanzas democráticas, igualitarias y libertarias.

La crisis de legitimidad democrática

Publicado en Voces La Tercera

No es aventurado afirmar que a estas alturas estamos en presencia de una verdadera crisis de legitimidad del sistema político. Los que deben gobernar y legislar aparecen para la mayoría de los ciudadanos -mezclándose el antiguo sustrato autoritario pinochetista contra los “políticos” con el contemporáneo rechazo al clientelismo y el oportunismo, que incluye la subordinación a intereses privados de muchos representantes políticos- como sólo sirviéndose a sí mismos.

Los hechos son contundentes para extender este tipo de interpretación: se constatan mecanismos naturalizados de especulación, abuso de usuarios y corrupción, junto al ahora visibilizado financiamiento ilegal generalizado de campañas por grandes empresas, lo que permite presumir un fuerte control del sistema político por intereses económicos y corporativos. Es doloroso hacerlo, pero se debe constatar que muchos de los que gobiernan y legislan están representando -en mayor o menor medida- a poderes empresariales o sectoriales y no a quienes los eligieron para defenderlos en el tratamiento en la esfera pública de los temas que les preocupan cotidianamente: sus condiciones de empleo, salarios y sus pensiones, atención de salud, condiciones del transporte, de la vivienda y del entorno urbano, así como el presente y futuro de sus hijos a través de la educación y la expansión de oportunidades económicas, como también el legado ambiental a las nuevas generaciones.

La representación política se encuentra hoy enturbiada en su sentido básico de canalización racional de las aspiraciones y opciones mayoritarias. Se acentúa la reacción colectiva, que se viene constatando -desde el punto de vista de la participación electoral- al menos a partir de 1997, mediante un alejamiento generalizado de los ciudadanos de la esfera pública. Probablemente no pasará en el corto plazo nada catastrófico en la sociedad chilena –aunque la naturaleza está siempre poniéndonos a prueba-, pero los síntomas de una descomposición de la vida en común están a la vista: anomia y percepción generalizada de injusticia de la situación personal y familiar, no respeto de la ley, repliegue en el interés privado y en el individualismo negativo (cuando no en las adicciones), violencia cotidiana, avance del narcotráfico y del gran delito. Sus consecuencias serán severas en el mediano y largo plazo, y llevan hoy a confusiones inaceptables, como cuando un subsecretario del Interior -supuestamente de izquierda- plantea la receta del estado de sitio frente a la violencia (lo que revela un carácter autoritario y su falta de idoneidad para ejercer el cargo en un régimen de libertades democráticas, en mi opinión).

Frente a esta perspectiva peligrosa de descomposición social, es tarea de la esfera política reaccionar para relegitimar y fortalecer la democracia como forma de gobierno, aunque sea a estas alturas sumamente tardía, dada la rigidez y miopía mostrada por la derecha en la defensa de las oligarquías que representa y el oportunismo de parte del centro y de la izquierda, que renunció a defender los intereses de las mayorías y se acomoda a un sistema de privilegios. Lo que está en juego es ampliar las bases de un régimen de libertades y de promoción de la igualdad de derechos y oportunidades, en el que todos los sectores y grupos sociales sean parte legítima y reconocida, y no sólo pequeñas oligarquías. Régimen a partir del cual -en tanto alternativa a los autoritarismos de diverso signo- se aborden las tareas del fortalecimiento de la productividad y de la eficiencia económica, sin desligarlas de la sustentabilidad social y ambiental del desarrollo, y que son las que permiten dar respuestas de largo plazo a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos antes mencionadas.

Atacar una crisis de legitimidad de esta envergadura no tiene muchas variantes. Sólo cabe recurrir a la fuente primaria de la legitimidad democrática, que no es el sistema de partidos, no son los parlamentarios ni representantes regionales y locales, menos aún es el poder económico o el poder religioso; es el pueblo.

El problema del sistema político actual tiene su origen en una dictadura que lo entendió como concesión inevitable, pero sólo bajo la forma de una “democracia protegida” que permitiera mantener el dominio del poder económico oligárquico reconstruido entre 1973 y 1989. Las enmiendas parciales y sucesivas desde entonces, valiosas, no han estado en condiciones de superar esa falta de legitimidad de origen, y simplemente ya no lo harán. El gobierno debiera reaccionar, tomar la iniciativa y someter al Congreso una reforma constitucional que permita la realización -en 2015- de un plebiscito en el que los ciudadanos se pronuncien por mantener la actual Constitución y sus mecanismos de reforma, o bien por la elección de una asamblea constituyente, que en caso de ser aprobada por el pueblo y elegidos nuevos representantes, redacte de manera pacífica y civilizada una Constitución legítima que sea luego plebiscitada hacia fines de 2016.

Mientras, el gobierno y el Congreso debieran avanzar en las reformas a la educación y a la negociación colectiva que ha propuesto la Presidenta Bachelet, y preparar junto a diversos otros temas del programa de gobierno, las reformas a los seguros privados de salud y a las pensiones, que han sido o están siendo trabajadas por comisiones asesoras. Y además debieran abordar los temas que están en juego para separar la política del dinero y terminar con la clientelización del Estado, que son los componentes inmediatos de la crisis del sistema político.

En materia de financiamiento de la política, se debe legislar para, entre otras cosas, disminuir sustancialmente los límites del gasto electoral; restringir la publicidad en la vía pública; prohibir el aporte de personas jurídicas; limitar el aporte privado y mantener el carácter anónimo sólo hasta 20 UF por demanda del donante y publicidad a las de monto mayor a 20 UF, con límite; invalidación de la eventual elección a cualquier cargo de elección popular si se infringen los límites de gasto y llamado inmediato a una elección complementaria; ampliación de la titularidad de los denunciantes y de la prescripción por transgresión a la legislación electoral.

En materia de tráfico de influencias, se debe reforzar la ley de lobby, publicitando detalladamente la identidad y representación de intereses de los que concurren a audiencias o se comunican por cualquier vía con autoridades, y su eventual aporte previo a campañas electorales o partidos, e impedir de ese modo que la ley de lobby sea eludible vía llamado telefónico y correo electrónico. Se debe prohibir la militancia en partidos políticos de los lobistas. Se debe ampliar los sujetos obligados de la ley de transparencia a todos aquellos que puedan incidir en las decisiones públicas. Se debe realizar una ampliación sustancial del plazo de prohibición (cinco años) para que ex funcionarios opten a un empleo en empresas reguladas.

En materia de profesionalización de la función pública, el legislador debe disminuir drásticamente los cargos de exclusiva confianza, y distinguir los que requieren requisitos técnicos y profesionales, y los que no los requieren, pues deben expresar por sobre todo un compromiso con la realización de un programa comprometido ante los ciudadanos (como ministros, subsecretarios y jefes de determinados servicios, junto a restringidos equipos de asesores de confianza). Se debe fortalecer las normas objetivas de acceso a la administración pública, privilegiando los concursos anónimos de oposición, y llevar la carrera profesional hasta el nivel de jefes de división y departamentos y equivalentes, mediante calificaciones objetivas y concursos anónimos de oposición, creando un sistema de movilidad horizontal entre las plantas de los diversos servicios públicos.

El actual Sistema de Alta Dirección Pública debe remitirse a ser un procedimiento de certificación de cumplimiento de requisitos y habilitación para el nombramiento de determinados cargos. Se debe, además, establecer un procedimiento de justificación detallada en la ley de presupuestos de los cargos a contrata que superen el 20% de la planta funcionaria, junto con eliminar los honorarios como modalidad de contratación de personal en la administración, que se presta tanto para el pago de remuneraciones desmedidas a cercanos, es decir, el clientelismo puro para algunos, y para la mayoría la precarización de sus derechos como trabajadores.

Como se observa, la agenda pública está especialmente recargada. Razón adicional para no seguir retardándola y rindiéndose frente al peso del conservadurismo.

Aclaración contra infundio

El señor Juan Miranda declaró ayer en la inscripción de candidaturas del PS que "el compañero Martner aparece mencionado en el caso Soquimich y eso nos parece inaceptable". A mi también me parece inaceptable, pues no tengo nada que ver con SQM. En una comunicación privada el señor Miranda alude para hacer su afirmación a lo mencionado en la prensa respecto a Chile 21 y la consultora Aserta. 

Primero, participo en actividades de Chile 21 desde su fundación hace 20 años, y actualmente me ocupo de sus análisis económicos. Chile 21 se financia con aportes de fundaciones internacionales y la venta de informes a múltiples organismos y empresas, diversificación que asegura su independencia de criterio. No participo en temas administrativos o de financiamiento. Segundo, realicé en 2011 un trabajo de consultoría contratado por Aserta Consultores, sobre tributación de recursos naturales. Nunca he tenido vínculo contractual ni de ningún tipo con SQM, no conozco a sus dueños o ejecutivos.  

Anexo una presentación en un seminario con los sindicatos de trabajadores del cobre en la que me opuse a la política del litio de Piñera y a la licitación de la que se benefició SQM (http://www.gonzalomartner.blogspot.com/2012/10/sobre-el-litio-y-la-tributacion-minera.html) y defendí la idea de "derivar el negocio a Codelco" y no a SQM (.http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=54725).

Ahí están mis dichos y mis actos contra las mineras y contra SQM y mis planteamientos sobre el royalty (http://www.gonzalomartner.blogspot.com/2010/10/dejando-constancia.html ).  Nunca he estado condicionado por interés privado alguno y me gano la vida en una universidad pública como académico, en condiciones de absoluta independencia, con la que he defendido y seguiré haciendo el carácter público que en mi opinión debe tener la explotación de recursos naturales en Chile.

Pero claro, hay quienes nunca pierden la ocasión para descalificar y honrar la cultura de la maledicencia.

Decisión sobre candidatura

El lunes 6 de abril se inscriben las candidaturas al Comité Central y otros cargos de dirección del Partido Socialista para la elección del 26 de abril.

Se conformó para esta elección la lista llamada Tercera Vía-Socialistas por la Asamblea Constituyente, que se inscribirá este lunes. Sin perjuicio de prestarle todo mi apoyo a la lista, he decidido no ser candidato. Declino postular a ocupar cargos de dirección en el PS y seguiré aportando desde el campo programático y de las ideas y desde mi condición de académico.

En estos tiempos de confusión y malestar, creo que es necesario mantener posiciones claras y de principios y también saber converger para impedir que los conservadores mantengan el control sobre el PS y lo transformen definitivamente en un pilar del partido del orden. Está en juego el legado transformador del socialismo y darle un nuevo rumbo para que sea parte decisiva de las  tareas de acción contra las desigualdades y la refundación institucional que Chile requiere urgentemente.  El PS se ha transformado en una organización que sólo busca el poder en el Estado, sin contenidos ni proyectos ni otro programa que no sea la ocupación de cargos burocráticos o de representación, mientras la mayoría de los chilenos observa con estupor como se reproduce un sistema político capturado por el poder económico oligárquico, que no actúa sobre los privilegios ilegítimos y no representa sus intereses y aspiraciones.

Me parece claro que alrededor de Isabel Allende se ha conformado una coalición interna por el cambio que está llamada a ser mayoritaria en el Partido Socialista, de modo de impedir que sea tomado por los partidarios del orden, opción autoritaria y oportunista que representa la Nueva Izquierda. Espero y confío que la lista de la Tercera Vía-Socialistas por una Asamblea Constituyente obtenga un gran resultado y sea parte de una nueva dirección que encabece Isabel Allende, que seguramente sabrá recoger la plataforma de lucha por una Asamblea Constituyente y por un gobierno que realice reformas estructurales en beneficio del mundo del trabajo y de la cultura, es decir de la mayoría de Chile.