Sobre el litio y la tributación minera a los recursos naturales

Presentación sobre el litio, en el seminario de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales Rol A Codelco – Chile (Fesuc), que representa cerca de 2000 profesionales de la gran minería del cobre, el 10 de septiembre de 2012.

1. Del “máximo desarrollo” a la optimización fiscal y la sustentabilidad

·          Los objetivos que parecen haber dominado las opciones de política tributaria de los recursos no renovables en los años cincuenta y sesenta del siglo 20, en muchos países en desarrollo pero también en Estados Unidos y Canadá, pueden resumirse en el concepto de “máximo desarrollo”, sobre la base de considerar los efectos en cadena del sector en términos de producción, exportaciones y empleo. Dados los usos alternativos de los recursos públicos, o simplemente ante la escasez de ellos, muchos gobiernos optaron por fomentar las inversiones privadas para este fin. Además, dado que la actividad minera se realiza en áreas geográficas frecuentemente carentes de otras opciones productivas, se agregó un componente de fomento del desarrollo regional. En algunos casos, como en Estados Unidos, se agregó el objetivo de abastecimiento autónomo de recursos en una perspectiva de seguridad nacional.
             El "máximo desarrollo" fue cambiando en casi todo el mundo, en beneficio tanto de una lógica de preservación de los recursos naturales como de maximización de su retorno fiscal. Esto incluyó una ola de nacionalizaciones, especialmente de recursos petroleros, pero también, como en Chile, del cobre y otros minerales, lo que se tradujo en la reforma constitucional de 1971 que consagró la propiedad pública del subsuelo. Esta se mantuvo en la constitución de 1980, pero fue revertida por la ley de concesiones mineras. La tributación minera desde la dictadura ha buscado, con excepción de sectores como el petróleo y el litio -que en su momento recibieron la calificación de “bienes estratégicos”-, el objetivo de "máximo desarrollo de las empresas privadas" en el sector, bajo el supuesto de anticiparse a posibles sustitutos tecnológicos que disminuirían el valor del recurso, especialmente el cobre, lo que resultó ser totalmente erróneo frente a la demanda creciente de los países emergentes. 
                En los años recientes se experimenta en Chile cambios hacia una preocupación por la conservación de recursos combinada con un objetivo de maximización de los ingresos fiscales y de morigeración del impacto macroeconómico. Se discute en la actualidad más ampliamente que los encadenamientos multiplicadores hacia delante y hacia atrás en la actividad de extracción de recursos no renovables es relativamente poco significativa, así como su capacidad de creación de empleo, mientras se entiende que la expansión exportadora tiende a provocar efectos en el tipo de cambio real de largo plazo conducentes a alguna forma de “enfermedad holandesa” que deprime la actividad agrícola e industrial. En este conjunto de temas uno de los que destaca en el debate sobre la definición de la política pública para el sector es el de la maximización de ingresos fiscales. En efecto, el control del acceso a los recursos no renovables da al gobierno la posibilidad de recuperar una renta por la explotación de estos recursos. La discusión se remite al concepto de renta económica y a las modalidades pertinentes para obtener para los ciudadanos el máximo de beneficio de la explotación de sus recursos naturales no renovables. Las opciones son: 
a           a) propiedad pública y explotación pública,
             b) propiedad pública y explotación privada con maximización de la tributación sobre la          renta,
             c) propiedad pública y explotación privada sin maximización de la tributación sobre la            renta y
            d) propiedad privada (o concesiones permanentes, que vienen siendo lo mismo, como         en el caso de Chile) y explotación privada sin maximización de la tributación sobre                la  renta, es decir asimilando el sector a los otros sectores de la economía.

        2. El concepto de renta económica 
          Todo excedente por sobre el rendimiento necesario para mantener en explotación un recurso escaso, constituye una renta económica. Este es un ingreso del propietario del recurso distinto de la utilidad que pudiera obtenerse de su explotación. Sin utilidad, no habrá actividad económica. Sin renta, pero con una utilidad que justifique la inversión de capital habida cuenta comparativa de la rentabilidad de otras actividades, habrá actividad económica. La definición neoclásica de renta económica se enuncia como la diferencia entre el dinero que recibe el propietario de un factor de producción y su precio de reserva, es decir la cantidad mínima necesaria para inducirlo a darle el fin que tiene en su actividad económica presente. La renta económica es en el mercado de factores de producción el equivalente del excedente del productor en el mercado de bienes (el excedente del productor son los ingresos que exceden del mínimo necesario para generar una oferta dada de producción en el mercado de bienes). Esta definición incluye tanto la "renta de escasez pura" como la "renta diferencial". La distinción entre ambas se ilustra desde David Ricardo en 1819 con el ejemplo clásico de la tierra agrícola –totalmente aplicable a los recursos mineros, incluyendo el litio- disponible en unidades homogéneas pero escasas (oferta inelástica), por las que los propietarios de cada unidad de tierra van a recibir una renta periódica similar y cuyo monto va a depender de la demanda por tierra. Si además las unidades de tierra son de calidades diferentes, la tierra marginal (la unidad de tierra de peor calidad) recibirá la renta de escasez – que será tan importante como intensa sea la demanda- mientras las tierras de calidad superior recibirán además una renta diferencial.
           En la medida en que la tierra es un recurso que no se agota, su tasa de uso en el tiempo no tendrá ninguna influencia sobre el valor presente potencial de la renta. Este no es el caso de los recursos no renovables, como los mineros, pues se debe necesariamente considerar adicionalmente la trayectoria temporal de explotación del stock existente, la que puede realizarse con mayor o menor rapidez hasta su agotamiento. El valor presente de la renta a retirar se verá modificado. El concepto pertinente para la evaluación económica será entonces el valor presente de la renta sobre la vida del stock de recursos.
          En una economía competitiva la renta vuelve al propietario a través de la siguiente secuencia: el recurso que está en el origen de la renta reporta al empresario que lo explota un rendimiento más elevado que el rendimiento normal en cualquier otra industria, lo que suscitará la llegada a la industria de nuevos interesados, los que harán aumentar el valor del recurso. La renta del propietario aumentará en el monto pleno del incremento de precio del activo. Los empresarios que exploten el recurso no retirarán sino el rendimiento normal.
            En el caso de un gobierno propietario o concedente de los recursos del subsuelo, la tributación se transforma en un medio para recuperar la mencionada renta, que de otro modo, y en ausencia de algún mecanismo de asignación competitiva de las eventuales concesiones (como el que utilizó Codelco con la mina Gabi para un porcentaje de la concesión), quedaría en manos del que explota el recurso y no del dueño legítimo del recurso, el conjunto de ciudadanos.
            Las múltiples variantes existentes en unos y otros países y territorios se resumen en dos modalidades básicas: "regalías brutas" y "regalías netas". Las primeras son ad-valorem o bien específicas y son proporcionales o bien progresivas, pero tienen como característica no incluir el costo de explotación en la base de tributación. Las "regalías netas" se asemejan a una forma de tributación de las utilidades, en el sentido de que procuran tomar en cuenta los costos de explotación. También pueden ser proporcionales o progresivas.
·            La regalía bruta tiene la ventaja considerable de ser de fácil aplicación. Su cálculo es sencillo, no requiere de grandes costos de administración y no deja lugar a elusiones fiscales. Sin embargo, al no considerar los costos de explotación, tiene fuertes probabilidades de no lograr captar la renta económica potencial si los yacimientos tienen costos que varían mucho. Si la regalía bruta está concebida para captar el costo de uso marginal, y por tanto la renta sobre el yacimiento de costos más altos, los empresarios que exploten los otros yacimientos "inframarginales" se beneficiarán de rentas diferenciales que no serán captadas por la regalía. Así, la regalía bruta puede ser la mejor opción en el caso en que no haya grandes variaciones de calidad de los yacimientos, y por tanto en sus costos de explotación, y la regalía neta en el caso de variaciones importantes.
            La opción de explotación del recurso mediante una empresa pública tiene, por su parte,  la ventaja teórica de captar la totalidad de la renta. Pero esto supone que no se produzcan fenómenos de captura de la empresa pública por parte de sus asalariados (y de los que mandan, los ejecutivos) para lograr remuneraciones por sobre las del resto de la actividad económica corregida por su productividad, o bien por sus proveedores, que abastezcan a la empresa pública con insumos a costos superiores a los de mercado. Así, la solución de la empresa pública está en condiciones de hacer recaer sobre los ciudadanos tanto los beneficios como la renta de la explotación del recurso natural, siempre que no sea capturada por sus administradores, asalariados y proveedores directos, mientras la solución de la empresa privada sin cobro tributario de renta remunera a esta última más allá de la utilidad que puede obtenerse en las demás actividades. Esto es así incluso si se ajusta por el eventual mayor riesgo de la actividad, lo que siempre es discutible, mientras tiende a sobreexplotar el recurso en el corto plazo frente a la volatilidad de los precios de los no renovables en el largo plazo.

.     3. Recomendaciones para evitar la “maldición de los recursos naturales”

              La literatura sobre la “maldición de los recursos naturales”, es decir la paradoja de que muchos países que poseen recursos de este tipo se ven envueltos en efectos negativos antes que positivos en sus economías, ha producido recomendaciones relativamente precisas en materia de acuerdos entre los Estados y las empresas cuando los primeros optan por no realizar su explotación directamente, en parte o totalmente, sino captar la renta económica mediante mecanismos tributarios establecidos en contratos y/o leyes. 
           Una primera recomendación es condicionar el acuerdo sobre tributación de recursos naturales a la evolución de los precios futuros y otras circunstancias económicas relevantes. En palabras de Macartan Humphreys, Jeffrey Sachs y Joseph Stiglitz (Future Directions for the Management of Natural Resources, 2007), tomando el caso del petróleo, “ningún gobierno democrático puede aceptar un acuerdo en el que la corporación recibe un muy alto retorno y el país recibe migajas por su recurso natural. Las compañías deben ser compensadas de modo justo por sus inversiones, pero tasas de retorno que no guardan relación con el riesgo nunca serán aceptadas. Las matemáticas son relativamente simples. Ignorando los costos de extracción, considérese un acuerdo con un royalty fijo bruto de 50 por ciento. Si la compañía de petróleo estaba dispuesta a llevar a cabo la extracción cuando esperaba precios del petróleo a $20 el barril, entonces, si los precios se disparan a $80 el barril, la compañía recibe cuatro veces el retorno requerido ($40 comparado con $10). Si incrementos de precios de este tipo se consideran poco verosímiles, acuerdos “progresivos” que incrementan la parte del país cuando suben los precios, pueden tener solo un impacto menor en el valor ex ante del acuerdo pero pueden eliminar gruesas situaciones inequitativas ex post (…). Los contratos deben especificar retornos al gobierno ante un amplio rango de escenarios de precios, costos y producción. De otra manera, una vez que los precios empiezan a crecer sin un incremento correspondiente en los retornos a las naciones que poseen los recursos, habrá un previsible aumento de las tensiones entre países y corporaciones y un correspondiente aumento en el nacionalismo de los recursos”.         Una lógica progresiva de este tipo se estableció en la modificación del royalty minero en 2010, aunque con una escala insuficiente para obtener para el país una proporción de la renta que se aproxime siquiera a la mitad de la misma, dados los significativos incrementos observados en los márgenes operacionales de las empresas del sector con los precios actuales, y además a cambio de una insólita prolongación de la invariabilidad tributaria hasta el año 2023.
           Una segunda recomendación es diseñar las licitaciones considerando las asimetrías de información. El diseño adecuado de contratos y de licitaciones de acceso al recurso natural puede hacer emerger informaciones económicamente relevantes para el dueño del recurso y disminuir la magnitud de las asimetrías de información sobre costos y utilidades entre el gobierno y las empresas privadas. Y puede incidir en aumentar el número de participantes y en su intensidad de competencia en las licitaciones para asegurar una mejor revelación de información acerca del valor de los activos.  
        Una tercera recomendación es requerir transparencia en los temas negociados. La vigilancia pública permite establecer restricciones sobre los negociadores gubernamentales para evitar diversas formas de corrupción y así producir mejores acuerdos para el dueño  legítimo del recurso natural. En general, no existen razones valederas para cláusulas no públicas en las licitaciones y contratos.

.     4. El caso del litio
            Estimaciones privadas proyectan que hacia 2015 la demanda de carbonato de litio se duplicará, pasando de 125.000 toneladas a 250.000 toneladas al año. No existe ninguna razón que no sea ideológica para excluir a Codelco de nuevas actividades de extracción de litio, empezando por las reservas existentes en sus propias pertenencias (salar de Pedernales), o bien haciéndose partícipe de nuevas explotaciones. Esto aseguraría que la renta del recurso natural quede en manos de todos los chilenos y que la eventual explosión de su demanda –como ocurrió con el cobre- no implique aumentos de la renta que sean apropiados por inversores privados, con un capital ilegítimamente sobre remunerado, y no por la Nación chilena. Se trata de evitar que esta se vea otra vez impedida, como en el caso del cobre, de usar los retornos de recursos que le pertenecen en el desarrollo de infraestructuras productivas y sociales, en habilidades humanas y en ciencia y tecnología, especialmente para desarrollar capacidades productivas distintas de la extracción de recursos no renovables, por definición limitada en el tiempo.
·         En otras presentaciones se demuestra la carencia de fiscalización de la explotación actual en el Salar de Atacama y la ausencia de conocimiento experto sobre sus consecuencias productivas y ambientales en el caso de Soquimich (SQM) y la Sociedad Chilena del Litio (SCL) que ostentan concesiones con cuotas otorgadas por la CORFO para la extracción de litio (la primera hasta el año 2030). El principio de precaución debiera impedir cualquier explotación adicional antes de la puesta en vigencia de un Instituto de los Recursos No Renovables, con una instancia especializada en el estudio de la explotación del Litio y su impacto en los salares y en la trayectoria de extracción del recurso. La tributación a la extracción privada del recurso hoy existente mientras permanezca la vigencia del contrato se debe aplicar además con un esquema de tasas progresivas sobre las ventas, dadas las incógnitas sobre el precio futuro, especialmente si se generaliza la tecnología de automóviles eléctricos en base a baterías de ion-litio. 
         La extracción actual del litio se establece de acuerdo a dos modalidades: la de la Sociedad Chilena del Litio (hoy Rockwood Litio, de capitales extranjeros), en que el litio es el producto principal, y la de Soquimich-SQM (de capitales chilenos y extranjeros), en que el litio es un producto secundario derivado de la producción de potasio a partir de salmueras. Los costos unitarios de extracción son muy disímiles en este contexto. En consecuencia, no es pertinente aplicar la regalía tributaria en función de las ventas brutas, lo que hoy ocurre con una tasa fija de 6,8%, mientras los Contratos Especiales de Operación de Litio (Ceol) que el gobierno actual pretende establecer lo fija en 7% de las ventas. Lo pertinente desde el punto de vista del interés nacional es una tasa sobre el excedente neto cuando se considera útil asociar a privados con experiencia y capacidades tecnológicas a la extracción sustentable de recursos naturales no renovables. O en el caso de optar por simplicidad por una tributación sobre los ingresos brutos, establecer tasas marginales progresivas según el precio de mercado. La maximización de la captación de la renta del recurso por el Estado supondría tasas medias más elevadas que las vigentes y una tasa marginal de fuerte progresividad, lo que es perfectamente legítimo para el interés nacional y no afectaría la inversión, que recordemos no necesita de tasas de utilidad sobre normales para hacerse efectiva. En cualquier caso, la opción de reversión a la explotación pública debe estar siempre presente en los contratos de extracción temporal.
            A la ausencia de tasas progresivas se agrega en los Contratos Especiales de Operación de Litio el grave defecto de establecerse un comité paritario de administración del contrato entre los privados y el Estado, con una fiscalización de cargo de la empresa privada. Estas son condiciones inaceptables para el Estado chileno, insólitamente consagradas por el gobierno chileno actual. Existe por último la incógnita de si estos contratos tendrán un fin específicamente productivo o si tendrán un carácter especulativo, de constitución de reservas en el contexto de carteras de activos. En efecto, fuera del salar de Atacama los costos de producción parecen ser mucho más altos. Según han informado ejecutivos de Rockwood Litio, el estudio de la química de las salmueras entre la I y III Región permite estimar que estos salares tienen leyes de aproximadamente 200 partes por millón de litio, mucho menor a las 1.500 partes por millón de litio que ostenta el salar de Atacama.

Independencia y soberanía popular

La celebración de fiestas patrias es desde hace tiempo la suma de unos feriados, unos tedeum, una parada militar y muchas ramadas. Es la llegada de la primavera y un momento de expansión. Muy bien. Pero no es un momento de reflexión, como también debiera ser. Es probable que la causa sea que para las oligarquías dominantes (concepto que prefiero al de élites, demasiado ascéptico e impreciso, oligarquías que son como las brujas: de haberlas, las hay, y son económicas, políticas y mediáticas)  no sea del todo bienvenido recordar que la independencia fue un proceso emancipador. Y que incluyó luchas insurreccionales, conflicto social y político, choque de intereses, retrocesos y nuevos impulsos, con un desenlace que marcó la ruptura con los privilegios del orden previamente existente. En suma, una revolución. 

El 18 de septiembre de 1810 no es el día de la independencia: es el día de la declaración de lealtad a un rey español depuesto por Napoleón, realizada por una junta que declaró haber “prestado el juramento de usar fielmente su ministerio, defender al reino hasta con la última gota de su sangre, conservarlo al señor don Fernando Séptimo y reconocer al Supremo Consejo de Regencia”. Nada muy heroico, aunque fue un primer paso. La independencia vino en realidad años después, en 1818, cuando maduró aquella aspiración firmada en la ciudad de Concepción, en enero de 1812, entre los plenipotenciarios de la Junta de Concepción y los representantes de la Junta de Gobierno de Santiago, en la llamada Convención de Concepción: "La autoridad suprema reside en el pueblo chileno". Llegaba para quedarse, y para ser cuestionada desde entonces por las mentadas oligarquías, con frecuente éxito, la decisiva y noble idea de la soberanía popular. Frente a ella el rey Fernando VII, repuesto en el poder en diciembre de 1813, no quiso hacer concesiones, a pesar de la Constitución liberal de Cádiz elaborada en su ausencia. Esto provocó finalmente la pérdida de su imperio americano.

Pero es solo después de muchas vicisitudes, el 1 de enero de 1818, cuando Bernardo O’Higgins termina proclamando la independencia de Chile en Concepción, en el fragor del combate y frente a un nuevo desembarco de tropas españolas, cuyo texto es aprobado de forma definitiva, corregido y firmado por el Director Supremo, el 2 de febrero de 1818 en Talca. Poco después se consolidaría la declaración en los hechos en la Batalla de Maipú, en la que bajo el mando de San Martín los patriotas derrotaron para siempre, el 5 de abril de 1818, al ejército realista. ¡Que poco se conoce y se asume lo allí expresado!: “La fuerza ha sido la razón suprema que por más de trescientos años ha mantenido al Nuevo Mundo en la necesidad de venerar como un dogma la usurpación de sus derechos y de buscar en ella misma el origen de sus más grandes deberes. Era preciso que algún día llegase el término de esta violenta sumisión”. Sostenía O’Higgins que el sentido de la declaración de independencia era "que entiendan las naciones que ya no existe la debilidad que nos ha mantenido en forzosa sumisión; que debe esperarse un manifiesto de la justicia que nos asiste para nuestra heroica resolución; que tenemos fuerzas bastantes para sostenerla con decoro; y que jamás nos sujetaremos a ninguna otra dominación". 

La independencia se hizo contra dogmas sostenidos por la fuerza y para no aceptar la sujeción a dominaciones por encima de la Nación y de la soberanía popular, según nuestros textos fundacionales. Se entiende así tal vez mejor por qué se habla tan poco de esta lección primigenia de la independencia nacional. Y de otro hecho que no resulta casual: el acta original, con las correcciones de O’Higgins, quedó destruida el 11 de septiembre de 1973, cuando un valiente Presidente de Chile decidió no aceptar la renuncia que los militares alzados contra la democracia le exigían y optó por resistir el bombardeo destemplado del Palacio de La Moneda, que destruyó hasta el Acta de Independencia, aunque esto lo obligara luego a quitarse la vida, pues su título provenía del pueblo y no estaba dispuesto a que fuera mancillado por la fuerza de la brutalidad.

Así, las naciones se construyen con valores que constituyen su cimiento. En el caso de las naciones modernas y democráticas, con el valor de la soberanía popular como supremo origen del poder. Y con el ejemplo de resistencia y rebeldía de sus líderes frente a la injusticia manifiesta. No es entonces de extrañar que surja con vehemencia creciente, pues proviene del origen de la Nación y de sus momentos más significativos, la consideración de que la actual configuración constitucional no es aceptable. Solo unos cuantos interesados en mantener sus privilegios y unos pocos necios pretenden negar que el actual orden constitucional carece de legitimidad de origen, a pesar de sus 31 procesos de enmienda, y de legitimidad de ejercicio suficiente, precisamente por no permitir la expresión de la soberanía popular. Lo impide el sistema de elección del parlamento y los quorum que dan poder de veto a la minoría en desmedro de la voluntad mayoritaria en materias decisivas. Al día de hoy, disponemos de un régimen de libertades pero de poco más que de una democracia interdicta por una configuración de oligarquías económicas y políticas para lo que verdaderamente importa: los derechos civiles, políticos y sociales, el nivel y estructura de los tributos para financiarlos, las regulaciones económicas y ambientales. Las oligarquías políticas se han consolidado e incluyen a las que representan directamente a las oligarquías económicas y a las que han sido cooptadas por estas últimas, con ayuda del sistema de financiamiento de las campañas por las empresas. Esta interdicción se origina en una transición que algunos tomaron como punto de llegada, mientras para la mayoría de los participantes en la gesta de octubre de 1988 era un mero punto de partida hacia un orden democrático y civilizado que gradualmente debía establecerse respetando los derechos de las minorías pero haciendo prevalecer la voluntad mayoritaria. Esa fue la promesa de 1990 y no el gatopardismo -que todo cambie para que nada cambie- según puede leerse expresamente en el primer programa de la Concertación, que en todo caso ha tenido cumplimientos parciales de gran relevancia. Pero no en la promesa de establecer en Chile la soberanía popular.

Los “realismos” en esta materia que duran ya 22 años son a estas alturas insostenibles, pues en realidad se llaman renuncias. Estas no tienen apoyo en la sociedad y menos en las nuevas generaciones, que observan una radical distancia con el orden actual y su sociedad de mercado, por mucho que quieran convencernos de lo contrario quienes hicieron de necesidad virtud y se explayan con abundante eco en los medios, como si representaran algo más que sus personales reacomodos. Se requiere un cambio de folio en la vida institucional del país, salvo que se quiera mantener el statu quo de desigualdad, marginación de las mayorías, crisis de representación y… creciente ingobernabilidad. Renunciar por consideraciones subalternas de poder a dar curso a un nuevo proceso constituyente (incluyendo a algunos que no debieran y que lo hacen en nombre de una gobernabilidad precisamente puesta en cuestión por la sobrevivencia de un orden institucional que bloquea la representación de una sociedad cada vez más plural y exigente), es a estas alturas propio de incivilizados, de autoritarios y de miopes. Prefieren provocar a la juventud activa del país y a vastos sectores medios y populares, que juntos constituyen la mayoría, y de paso aumentar la anomia y violencia social que nada bueno augura, antes que escuchar a un insigne conservador, Winston Churchill: “el principio central de la Civilización es la subordinación de la clase dirigente a las costumbres establecidas de la población y a su voluntad expresada en la Constitución”. Nunca mejor dicho.

Homenaje a un hombre de convicciones

Ha muerto Juan Enrique Vega. Sucumbió a una crisis cardíaca, a los 69 años. Juan Enrique ocupó cargos públicos como embajador en Cuba con el Presidente Allende y en Naciones Unidas en Ginebra con el presidente Lagos, y en el Consejo de TVN con el presidente Frei. Esto suena a rasgos burocráticos, tan alejados de la personalidad de Juan Enrique. En efecto, fue sobre todo un intelectual muy destacado y significativo en la trayectoria de la izquierda chilena y sus vicisitudes. Fue uno de los fundadores del Mapu y uno de sus dirigentes históricos, y se sumó luego a la renovación socialista desde su exilio en México, en donde compartí con él inolvidables jornadas. Siempre su opinión fue incisiva, desprendida y lúcida. Era un analista fino y culto de las complejidades de la época y de las tendencias políticas contemporáneas. La inteligencia, y la lucidez a veces pesimista, no tiene porqué opacar la voluntad del que tiene y mantiene convicciones: Juan Enrique no buscó acomodos. Se dice de quienes  militaron en el Mapu que tienen una capacidad especial de adaptarse al poder, lo que efectivamente ocurre de manera notoria con algunos que tienen la mala costumbre de justificar sus propias decisiones y renuncias más o menos respetables por supuestas circunstancias generales. Pero no me gustan las simplificaciones y puedo dar fe -aunque provengo de la izquierda laica- de que es el caso sólo de unos pocos, y con una resonancia en los medios equivalente a su acercamiento al campo conservador. El acomodo al poder es tan antiguo como la condición humana y no es privativo de ningún grupo particular. Puedo dar fe de que Juan Enrique, como muchos de sus amigos de generación, se mantuvo hasta el final de su vida fiel a sus convicciones, a su izquierdismo de razón pero sobre todo de corazón y pasión, que presumo venía desde sus correrías de dirigente de los estudiantes secundarios a fines de los años 1950 y del Liceo Aplicación, en el que hizo sus primeras armas políticas. Juan Enrique no era de los que privilegiaba protagonismos. Fue capaz de mantener una posición propia, aunque significase renunciar a la condición de embajador en Ginebra, para mantenerse fiel a sus convicciones, en este caso a propósito de un proyecto de resolución sobre la política de Estados Unidos en Irak en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2003. No buscó posiciones fáciles y siguió ganándose la vida, no sin dificultades, y por largo tiempo fuera de Chile, como investigador social. Nunca dejó de ejercer la crítica razonada con los valores propios de un "intelectual de izquierda", figura hoy tan desvalorizada. Pero Juan Enrique Vega fue sobre todo un entrañable ser humano, divertido, sarcástico, irreverente, leal compañero, un padre y abuelo que adoraba a sus hijos y nietos, solitario pero muy amigo de sus amigos, especialmente con los que compartió una vida de compromiso político. Esa irreverencia le significó a veces el aislamiento. Pero nunca dejó de ser respetado. A muchos, aunque personalmente lo conocí mucho más tarde, nos hará falta su actitud y su amistad en las vicisitudes y batallas que seguirán viniendo.

De mal en peor

Se anunció el 3 de septiembre un acuerdo en la comisión mixta de diputados y senadores sobre la reforma tributaria enviada por el gobierno el 4 de mayo y reformulada el 2 de agosto. Fue aprobado el 4 de septiembre por ambas cámaras. No se honra mucho, en un día simbólico, las tradiciones de nuestra República.

Por el lado de los aumentos de ingresos, el ministerio de Hacienda los cifró en su momento por concepto de incremento del impuesto a las utilidades de las empresas en 1796 millones de dólares en 2013 (nótese la precisión, bastante curiosa pues está basada en supuestos aproximativos, pero todo sea por la imagen de seriedad tecnocrática), para luego descender en principio a 1358 millones en 2017. En realidad, dado que este pago constituye un crédito para el pago de impuestos personales de los dueños de las empresas, el efecto neto en el largo plazo va a depender de la política de retiro de dividendos, pero en fin esas son precisiones técnicas. Otras medidas incrementarían la recaudación en 130 a 535 millones de dólares adicionales en 2013 y 2017 respectivamente, a lo que se agregaría 35 millones de impuesto adicional al tabaco previsto en el acuerdo de la comisión mixta y una estimación de 400 millones más por aplicación de factura electrónica, que en realidad rebaja la evasión.

Luego el gobierno, con la aceptación de la mayoría de la oposición (tengo un problema con esa denominación: a esta altura uno se pregunta a qué se opone en realidad), introdujo una serie de rebajas tributarias por 696 millones de dólares en 2013, las que llegarían a 1017 millones en 2017. En el caso del impuesto a los ingresos de las personas, la rebaja es muy precisa: los que ganan más de 6 millones de pesos al mes, el 0,3% de los contribuyentes más ricos, tendrán una disminución promedio del impuesto a la renta del orden de un millón de pesos al año. En la parte baja de la escala de los que tributan a la renta, el 12% de contribuyentes que ganan menos de 1,2 millones de pesos al mes, tendrán una rebaja anual de 27 mil pesos al año. Un millón contra 27 mil pesos: así va la equidad en Chile.

Por cierto, el 81,2% de los chilenos que por tener ingresos inferiores a 500 mil pesos al mes no pagan impuesto a la renta (pero si mucho IVA, que nadie pensó en rebajar) no tendrán beneficio alguno.

Claro, los representantes del realismo pedestre dirán que han obtenido una gran victoria, porque originalmente el gobierno iba a rebajar en 1,5 millones el impuesto anual de los más ricos y ahora solo en un millón. Así, los adalides de la “gobernabilidad”, van legitimando y profundizando una y otra vez las desigualdades en Chile en acuerdo con la derecha, como ya lo habían hecho con el royalty minero, en el que prolongaron condiciones inaceptables para el Estado chileno en materia de renta minera que pertenece a todos hasta el año 2024.

Cabe recordar que la reforma tributaria del 2010 propuesta por el Gobierno para enfrentar la reconstrucción incluyó alzas transitorias y rebajas permanentes. El resultado tributario neto de largo plazo de esa reforma fue una caída en la recaudación del orden de 400 millones. Esto implica que las dos reformas del gobierno, la aprobada en 2010 y la del proyecto aprobado ahora en el parlamento generarían del orden de 0,2% del PIB de 2015 en adelante. Se necesita recursos por al menos diez veces más sólo para abordar las necesarias reformas en educación. La reforma de 1990 aumentó la recaudación en 2% del PIB. Diez veces más. Así va nuestra dirigencia política actual respecto a los grandes desafíos del país. De mal en peor.

Entrevista a La Tercera

Entrevista en La Tercera


Ex presidente del PS Gonzalo Martner: "Bachelet se asoció a un grupo que ha llevado a la ruptura del PS"

El ex presidente del PS anuncia que congelará su militancia en el PS debido a sus diferencias con la conducción del sector de Andrade y Escalona.

por María José Pavez


Ayer en la mañana, el ex timonel del PS Gonzalo Martner recibió en su celular una serie de mensajes de dirigentes del PS. En ellos se le invitaba a asistir a un encuentro convocado por el actual presidente de la colectividad, Osvaldo Andrade, para abordar el escenario de crisis interna y se le instaba a no congelar su militancia en el PS, idea que Martner venía evaluando hace días con algunos correligionarios. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada.

¿Cómo ve el actual escenario en la Concertación y los tironeos entre el eje DC-PS y los otros partidos?

La Concertación dejó de existir el día en que fue electo Presidente Sebastián Piñera. Pero en la Concertación siempre hubo un bloque de izquierda. Ese bloque, en tanto tal, eligió al Presidente Lagos en una primaria y a la Presidenta Bachelet en otra primaria que no llegó a culminar, de manera que nunca fue necesario, para que la Concertación expresara los puntos de vista de la izquierda y el centro, lo que ha ocurrido ahora: que el PS divida a la izquierda y que su dirección expresamente haya buscado dividir a la izquierda para subordinarse a la DC.

¿Cree que este giro, que busca asegurar el regreso y triunfo de Bachelet, es un error?

Absolutamente. Es un giro de la actual dirección socialista, un giro de Escalona y Andrade. La ex presidenta fue presidenta sin esta alianza, de modo que simplemente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es un giro hacia la derecha.

¿Cuáles son los principales motivos de su descontento con la dirigencia del PS?

Lo primero es que el PS ya no defiende como institución y con obligación de voto parlamentario, causas que son históricas. Además, ya hay una carencia manifiesta de estado de derecho interno, no se respeta la diversidad interna.

La tercera razón es que el PS abandonó su domicilio político, que fue la izquierda. Soy del pensamiento de los que tempranamente planteó la necesidad de articular a la izquierda con el centro y sigo pensando lo mismo, pero la Concertación no podía nacer con el PC porque estaba en otra política. Entonces no era posible, pero eso no quiere decir que en el seno de la Concertación no hubiese desde el inicio un bloque de izquierda. Escalona y Andrade cambiaron esa política por una de subordinación a la DC.

Hace unos días dijo estar en un “estado de reflexión” por su militancia. ¿Ya tomó una decisión?

Efectivamente, he tomado esa decisión. Sigo siendo socialista, por fidelidad a su historia y a sus valores, pero me declaro autónomo de su estructura y desde hoy congelo mi militancia en el PS hasta que estas cosas no cambien. La dirección verá si me expulsa o no, pero ahora me declaro socialista autónomo, voy a trabajar con gente desde dentro y desde fuera del PS.

¿Es reversible la crisis en el PS?

Menos mal en la vida casi todo es reversible. Espero que este episodio de captura del poder interno por un grupo con intereses propios, al servicio de una persona, sea reemplazado por lo que siempre fue, que es la casa común de la izquierda, un lugar plural.

Concretamente, ¿qué propone?

Tiene que haber un congreso refundacional, al cual el PS debe invitar a otras fuerzas políticas, en la perspectiva de armar un gran partido de izquierda democrático en Chile. Si eso no es posible, al menos un frente amplio progresista que, por supuesto, se mantenga en diálogo, vínculo y alianza, en determinados aspectos, con el centro político, pero no aceptando sus vetos. La gobernabilidad, deben saberlo, creo yo, todos, la garantiza mucho mejor una izquierda fuerte, articulada y coordinada.

¿El encuentro de hoy se enmarca en ese esfuerzo?

Las cosas hay que hacerlas de otra manera. El punto uno de la tabla es recoger la opinión de los ciudadanos. Cuando Andrade le contesta a Boric que Bachelet no necesita comandos juveniles, le está diciendo al presidente de la Fech, que tan importantes roles ha jugado en la historia de Chile, que al PS no le interesa la dirigencia juvenil. Eso es contra lo que yo me estoy rebelando definitivamente.

Andrade llamó a una reunión de ex timoneles ¿Participará en ella?

Francamente, me parece muy poco y muy tarde, pero participo en cualquier reunión a la que se me invite, desde la condición de socialista autónomo.

Durante el gobierno de Bachelet, el PS tuvo un éxodo de militantes. Ahora la crisis parece replicarse a propósito de su eventual regreso. ¿A qué se debe esto?

Porque se produjo la toma del poder en el PS de un grupo interno que, esencialmente, se ha movido por el afán de reconocimiento y por la búsqueda de espacios de poder. Y, desgraciadamente, la ex presidenta se asoció a ese grupo que ha llevado a sucesivas rupturas en el PS.

¿Cuánto influyó el gobierno de Bachelet en esta crisis interna que, a su juicio, se arrastra de esa época?

Me complicó mucho, como presidente del PS, luego de obtener el apoyo unánime del partido a su candidatura, y luego haber hablado con uno y otro liderazgo en el PPD y haber obtenido el apoyo de todos esos sectores... Me dolió mucho que ella dijera que nunca había tenido apoyo de partido político alguno y que era una candidata de los ciudadanos, porque simplemente eso no es cierto. Los dos partidos principales de la izquierda chilena estuvieron detrás de ella. La desvalorización de las instituciones políticas a mí me dolió. Eso se traduce en que, finalmente, se busca gobernar con tecnócratas que hacen grandes errores. Andrés Velasco es un tecnócrata inepto.

Creo que lo que se necesita son instituciones políticas y no liderazgos personales. Siempre en segunda vuelta voy a votar por el no derechista que esté mejor situado, pero no voy a darle, a esta altura de mi vida, apoyos incondicionales a nadie.

¿Esta decisión de quitar peso a los partidos es parte de la génesis de la actual crisis?

De alguna manera, sí.

Entonces, usted piensa que Bachelet tiene una alta cuota de responsabilidad...

Todos nosotros, claro.

No más de lo mismo

Hemos, con algunos amigos, señalado que seguimos siendo  socialistas por fidelidad a su historia  y a sus valores pero que nos declaramos autónomos de la estructura del PS actual por  tres razones. 

Primero, el PS  ya no defiende como institución -y con obligación de voto parlamentario-  banderas  históricas del socialismo, como la educación pública  (dio apoyo a la ley de Lavín) y la defensa de la soberanía de los recursos naturales (dio apoyo al royalty minero de Piñera y en estos días a la ley de pesca de Longueira, con algunas honorables excepciones). Con demasiada  frecuencia se inclina frente a los intereses de las grandes corporaciones, pues se ha hecho permeable a los grupos de presión empresarial. El propio  secretario general firma documentos con lobistas. 

Segundo, el PS carece de Estado de derecho interno: no se respetan las resoluciones de los congresos, la Mesa dejó de ser representativa, el Comité Central sesiona sin quorum, no se respeta la diversidad  interna sino que se procede por el grupo dominante con lógica de tierra arrasada  frente al que piensa diferente. La casa común de la izquierda que contribuimos a crear es cada vez más el refugio conquistado de un grupo sin propósito programático alguno que no sea la búsqueda de reconocimiento por la élite  dominante  y de posiciones burocráticas en el Estado. Es decir un partido al servicio de un grupo de personas y sus intereses particulares, y no el representante de los “trabajadores manuales e intelectuales” creado en 1933.

Tercero, el PS abandonó su domicilio político: la izquierda. Creemos en la necesidad de articular  a la izquierda con el centro. Pero la Concertación siempre tuvo un bloque de izquierda en su seno, que fue capaz de llevar a la presidencia a Lagos y Bachelet. Los parlamentarios  PS y PPD siempre fueron elegidos por los militantes de  ambos partidos. Escalona  y Andrade dividieron al bloque progresista y aceptan sin más trámite los  vetos programáticos y políticos de la DC, que exige mantener a la izquierda dividida. 

No aceptamos la política ni las conductas mencionadas. Mientras estas no cambien, mantendremos congelada nuestra militancia. Trabajaremos como socialistas autónomos, creando un espacio de acción con militantes de dentro y fuera del PS para bregar por reunificar a la izquierda y el progresismo, ojalá en un gran partido plural de la izquierda o al menos en un frente amplio progresista, con una lista parlamentaria que lo exprese. Desde una izquierda reagrupada podremos entendernos amigablemente con el centro, pero sin aceptar vetos, como los que el conservadurismo ha impuesto en materia de aborto, matrimonio igualitario, educación pública y reformas estructurales tributarias, laborales y de defensa de los recursos naturales.  Los partidos deben estar al servicio de causas y no de los  intereses de las personas que logran capturarlos para sus fines.

En materia presidencial, nos guiaremos por adhesiones a programas, pero siempre apoyaremos sin dudas ni tergiversaciones al candidato no derechista mejor situado en la segunda vuelta del año 2013.

Pregunta sobre un manifiesto

Un grupo de personas que se identifican con la Concertación ha entregado un manifiesto, lo que se agradece en tanto permite promover el debate de ideas sobre el futuro del país que tanto hace falta en la esfera política. Se trata de un grupo constituido por algunos dirigentes políticos y ex autoridades, algunos devenidos en jefes de empresas de lobby que, mediante pago por otras empresas, defienden profesionalmente intereses particulares buscando influir sobre las autoridades elegidas por el pueblo, y otros devenidos en empresarios o directivos de empresas, incluyendo algunos del dominio de la educación privada subvencionada. Pero hagamos un ejercicio de  abstracción de la proveniencia de los firmantes –difícil, es cierto-  y revisemos la idea central que inspira los temas y propuestas tratados. 

En efecto, resalta  la curiosa afirmación inicial del manifiesto de que “la identidad concertacionista dejó de ser diferenciadora, porque la hicimos identidad de todo el país: democrática, transformadora, garantía de gobernabilidad y sobre todo, comprometida con los problemas, dolores, sueños y protección de nuestro pueblo”. Impresionante noticia: ya las ideas autoritarias y neoliberales de la derecha no existen, ni los intereses empresariales que sustentan, ni que hayan bloqueado el sistema político durante más de dos décadas, impedido reformas tributarias y políticas sociales amplias, la recuperación de la educación pública, el acceso igualitario a la salud, el control nacional de los recursos naturales.  O la derecha neoliberal desapareció (pero ahí sigue su "obra", la de Guzmán y los Chicago Boys: la educación de mercado, la seguridad social y la salud privatizadas, la debilidad sindical y de la negociación colectiva, un sistema tributario limitado e injusto, la entrega de los recursos naturales y su depredación y el corolario de todo esto, la desigualdad generalizada), o los firmantes se acercaron a su ideas. ¿No será, en efecto. que los suscriptores del manifiesto dejaron de diferenciarse en lo sustancial de la derecha? ¿Y que esa es la causa fundamental de la derrota y progresiva descomposición de la Concertación? Hipótesis digna de análisis, sobre todo si se considera que la diferenciación entre las ideas e intereses de derecha y el programa de la Concertación de 1989 era evidente. Pero los autores del manifiesto están ahora en otra cosa. Luego de describir con justeza la magnitud de las desigualdades, limitan sus ambiciones a "avanzar en la igualdad de oportunidades". Esta es una idea tipicamente liberal de derecha, traducida vulgarmente como aquella de "emparejar la cancha": la igualdad de oportunidades es una de las inspiraciones de actuación minimalista contra la desigualdad. Pero existe otra distinta, y que es propia, con diversos matices, del socialcristianismo, de la socialdemocracia y del socialismo: la necesidad de consagrar la igualdad de resultados en determinadas áreas de la vida social. Hay ciertas cosas que deben ser iguales para todos y traducirse en "derechos del hombre y del ciudadano", más allá del rayado de la cancha y del rendimiento que en ella puedan lograr eficientes e ineficientes. La gran promesa republicana, retomada por la izquierda democrática y el progresismo en las sociedades modernas es que deben existir derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales por sobre el mercado,  y no solo correcciones menores del mercado.

Directamente contradictoria con este enfoque progresista es la afirmación de que "cuando se alcanzan ingresos per cápita de US$ 15.000, el crecimiento pierde fuerza como factor de cohesión social". Esta idea no es otra que la del derrame neoliberal  que pretende que se debe esperar que haya determinados niveles de riqueza para abordar acciones directas en favor de la cohesión social. Nada de eso estuvo en la formulación de la Concertación en 1989, que por el contrario se planteó modificar el statu quo socioeconómico con el PIB de entonces (recordemos aquello de que, ya que el "mercado es cruel", debíamos "crecer con equidad") como ya lo habían hecho los países hoy avanzados mucho antes y con mucho menos que 15 mil dólares de PIB por habitante. La revolución francesa no hubiera existido con semejante criterio, ni tampoco los Estados de bienestar modernos. Las palabras "redistribución del ingreso", "seguridad social", "negociación colectiva", "universidad pública" o "desarrollo sustentable" simplemente no existen en el manifiesto.

Al contrario de sus autores, habemos quienes seguimos adhiriendo al principio republicano de que los seres humanos somos iguales en dignidad, derechos y oportunidades, en ese orden. Y no por tener "alma de detractores" que "siempre encontrarán 'insuficiente` la obra de constructores de realidades nuevas" sino por adherir a algo que acompaña a la modernidad desde el siglo de las luces: el espíritu crítico que alimenta el alma humanista contra todo oscurantismo, todo dogma y todo interés creado que sustenta privilegios ilegítimos. Y que, a ese título, será crítico de la conservación pusilánime de realidades antiguas y encontrará siempre insuficiente lo que esté por debajo de las convicciones republicanas y democráticas y, necesariamente hoy, de la defensa del planeta para las nuevas generaciones. Y por supuesto en contra de la autocomplaciencia de aquellos que nunca han hecho avanzar a sociedad alguna porque carecen de la ambición de cambiarla o porque están imbuidos de un afán de reconocimiento que los lleva a adaptarse y pactar sistemáticamente con el orden existente.

Reformas tributarias en Chile y Francia

Publicado en El Mostrador 

http://www.elmostradormercados.cl/blogs/reformas-tributarias-en-chile-y-francia/

Una comparación entre las reformas tributarias que promueven, guardando todas las distancias y proporciones, Sebastián Piñera en Chile y François Hollande en Francia, es reveladora. Piñera avanza a una reforma tributaria con rasgos fuertemente regresivos, con la rebaja a los tramos altos del impuesto a la renta, al impuesto de timbres y estampillas y al impuesto específico a los combustibles, junto al crédito contra gastos privados en educación. Hollande, en cambio, en su programa presidencial llamado “60 compromisos”, busca reforzar la progresividad del sistema tributario francés, deteriorado luego de una década de gobiernos de derecha.

En primer lugar, Hollande se compromete a diferenciar la tasa del impuesto a las utilidades de las empresas en 35%, 30% y 15%, según su tamaño. Estamos lejos de la tasa de 20% mantenida por Piñera, cuya recaudación por lo demás constituye un crédito para el pago del impuesto a la renta de las personas, con lo que en definitiva transforma el pago del impuesto de primera categoría en un mero mecanismo recaudatorio del impuesto a las personas, contrariamente a la separación completa entre impuesto a las utilidades y a las rentas personales que existe en Estados Unidos y los países avanzados. Hoy, la tasa  normal en Francia es de 33,3 % para ventas superiores a 7,73 millones de euros, más 3,3% adicional cuando el impuesto supera 0,76 millones de euros y, temporalmente, otro 5% adicional para las empresas con ventas superiores a 250 millones de euros para los años 2011 a 2013. Para las empresas más pequeñas, con ventas inferiores a 7,73 millones de euros, existe una tasa de 15%, pero solo aplicable a los primeros 38 mil euros de utilidades.

Hollande propone además una nueva diferenciación de la tributación a las utilidades al plantear aumentar en 15% el impuesto a las utilidades de los bancos. Las sobreganancias oligopólicas de las que suele beneficiarse la banca justifican ampliamente una medida de este tipo, que en Chile en todo caso superan ampliamente los límites de lo razonable (por sobre 25% en la última década)  y nada se hace al respecto, ni en esta ni anteriores reformas.

Luego plantea Hollande que los ingresos personales provenientes del capital sean considerados como ingresos iguales a los del trabajo (por tanto sin exenciones ni tasas especiales como hoy ocurre con lo que se llama la Cotización Social Generalizada, un impuesto a la renta adicional que financia parte de la seguridad social establecido por Michel Rocard) para efectos de aplicar las tasas de un nuevo impuesto a la renta unificado. Estas son  tasas progresivas y diferenciadas que van desde 5,5% a partir de 5 964 euros anuales a 41% más allá de 70 830 euros anuales (para un soltero sin hijos, pues el ingreso se divide, con un tope, por el número de cargas).

Además, mientras en Chile Piñera plantea bajar la tasa marginal más alta de 40% a 36%,  Hollande se compromete a aumentar la progresividad del impuesto a la renta, agregando un nuevo tramo de 45% para los ingresos superiores a 150 000 euros, limitando las exenciones a no más de 10 mil euros de rebaja del impuesto al año y volviendo atrás en las rebajas pasadas sobre el impuesto a las grandes fortunas, impuesto establecido por Mitterrand en 1981. Y en la campaña planteó hacer tributar con una tasa de 75% los ingresos que excedan un millón de euros al año (lo que lleva a nada menos que 59% de los ingresos totales la tributación efectiva de los que ganan más de esa cifra), nivel de tasa marginal, dicho sea de paso, que existió en los países avanzados por décadas, incluido Estados Unidos,  pero que fue suprimido con la ola neoliberal a partir de los años setenta y ochenta. Así, los socialistas franceses avanzan en dirección contraria a lo que tanto se escucha en Chile, y no solo en la derecha, en materia de propuestas de “flat tax”, aquella idea de Milton Friedman orientada a quitarle toda progresividad al impuesto a la renta.

En efecto, ¿qué sentido tiene renunciar a una buena idea aplicada desde principios del siglo 20, y en Chile desde los años 1930, la de la tributación progresiva para que la desigualdad de ingresos se aminore? La lógica igualitaria en materia de tributos ha sido siempre diferenciar los impuestos para hacerlos progresivos, según el principio de equidad vertical (el que tiene más paga proporcionalmente más). En cambio, la reforma de Piñera rebaja las tasas del impuesto progresivo, con un único resultado: debilitar aún más la capacidad pública de corregir la desigualdad de ingresos en Chile, una de las más altas del mundo.

Una nueva reforma regresiva

No se conocen aún todos los detalles de la  reforma tributaria anunciada el 26 de abril por Sebastián Piñera. Pero queda claro que recaudará poco (del orden de 0,3% del PIB), y en este sentido todo el proceso ha sido de mucho ruido para bien pocas nueces. Se confirma que el paquete incluye  volver a llevar la tasa del impuesto a las utilidades de las empresas a 20%, pero sin alterar el que ese pago constituya un crédito para los impuestos personales (contrariamente a lo que ocurre en Estados Unidos y los países avanzados, en que se encuentran totalmente separados), junto a nuevas medidas regresivas. En efecto, en un país en que menos del 20% de las personas –las de más altos ingresos-  pagan el impuesto a la renta, y mientras el grueso de los impuestos proviene del consumo –que paga el 100% de las familias- nos encontramos con ninguna rebaja al IVA y si con rebajas a las tasas marginales del impuesto a las personas más ricas. Además, se agrega rebajas a la base de ingresos imponibles por gastos en educación de esas mismas personas más ricas.  El impuesto a la renta de las personas pierde una vez más progresividad. Es de esperar que la oposición cumpla esta vez su tarea y se oponga a ambas medidas injustas.

El fondo del asunto es que la derecha  considera que la redistribución debe restringirse al gasto público y no realizarse en la etapa del impuesto, aunque se disminuya considerablemente la capacidad redistributiva del sistema de impuestos-transferencias. El esquema tributario vigente procura acercarse a un esquema de tributación al gasto en consumo, excluyendo la tributación del ahorro. 

¿La consecuencia? Las exenciones al rendimiento del ahorro y a las ganancias de capital disminuyen los impuestos a las personas de más altos ingresos sin efectos significativos sobre el ahorro. ¿O alguien cree seriamente que las personas más ricas difieren su consumo por los incentivos tributarios de los que se benefician? Basta darse una vuelta por los barrios altos de nuestras ciudades para darse cuenta de  los niveles de consumo de los más ricos, que entre otras cosas disimulan sus gastos personales –incluyendo restaurantes y viajes- como gastos de sus empresas. Esta es la situación que debe cesar en Chile, y no perforar todavía más el pago de impuestos directos progresivos a los ingresos de las personas de ingresos más altos, como propone la reforma de Piñera. Y si la idea es aumentar el ahorro global, los incentivos regresivos a los privados más ricos se pueden remplazar  por el cobro efectivo de impuestos a las utilidades y destinar esa recaudación  a aumentar el ahorro público y por tanto el ahorro  agregado que financia la inversión.

El cobro del impuesto a las utilidades de las empresas debiese realizarse en base devengada efectiva, eliminando la renta presunta y con pago de la totalidad de la obligación tributaria en cada operación renta, eliminando el mecanismo de diferimiento en el tiempo del pago del Fondo Único Tributario. Además, debiesen eliminarse las exenciones  al impuesto de primera categoría y el crédito al impuesto global complementario por utilidades empresariales. Y debiese ser aumentado el impuesto adicional de 35% que pagan las empresas que transfieren utilidades al extranjero  para aumentar sustancialmente el aporte de la industria minera privada, sin modificar el royalty, sujeto injustificadamente –por corresponsabilidad del actual gobierno y de la mayoría del parlamento, incluyendo a buena parte de la oposición, que en estas materias se opone bastante poco a los intereses abusivos de las grandes empresas- a la insólita condición de invariabilidad hasta el año 2023. Se trata de recursos que los chilenos estamos regalando ante la indiferencia general y que se transfieren al exterior por un monto del orden del 5% del PIB al año.

¿A alguien le cabe alguna duda sobre qué sectores sociales tienen el poder en Chile? En todo caso, ciertamente no las mayorías que viven de su  trabajo.

¿Se reagrupa el progresismo?

En estos días la discusión política gira alrededor de los gastos parlamentarios. Poco se escucha sobre reforma tributaria, educación, Isapres, negociación colectiva, descentralización, medio ambiente: los representantes elegidos están peligrosamente anulados por su desprestigio ante la opinión pública. Mientras, el gobierno mantiene un manejo sin eficacia ni imaginación de la agenda pública y en la oposición se incuba una crisis, cuyo sustrato es la ausencia de coherencia y de propuestas alternativas  (ejemplo: su propuesta tributaria apenas plantea aumentar el royalty, mientras las utilidades de las mineras privadas alcanzan niveles estratosféricos sin que casi nadie diga nada) y cuyo paroxismo parece ser el anuncio del PDC de suspender todo acuerdo amplio de oposición para enfrentar a la derecha en la elección de alcaldes a raíz de un anunciado pacto entre PPD, PR y PC para concejales. 

Aumenta así el marasmo de la esfera política, a mitad de camino del período de gobierno, en que toca ir configurando las opciones de remplazo. En el caso de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, los que promovimos sus candidaturas aliamos en su momento al PS, PPD y  PR y le propusimos al PDC dirimir la legítima disputa de opciones ante los ciudadanos, en primarias abiertas. En el primer caso, Lagos le ganó en 1999 a Zaldívar por 70 a 30% de los 1,4 millones de votantes y ganó la elección presidencial. En el segundo, Alvear se retiró frente a Bachelet antes de concurrir a las urnas de las primarias. En el caso de Frei hubo una aproximación sectaria, especialmente en el PS y la DC, que terminaron supuestamente aliados pero en realidad fracturados, y no hubo primarias reales ni propuestas progresistas (Frei no consideró siquiera una reforma tributaria para disminuir las desigualdades), se levantó  una candidatura  fuera de la Concertación y Frei perdió su opción presidencial, a pesar de la buena valoración del gobierno saliente por la opinión pública. 

En la actualidad, los que dominan el PS han reiterado su lógica conservadora y sectaria y desechan toda alianza de los partidos progresistas, que en la nueva etapa debe incluir  a todas sus expresiones, incluido el PC, y las recientemente creadas a partir de escisiones del socialismo PRO y MAS-MAIZ, con una plataforma que dé cuenta del Chile del siglo 21, empezando por la despenalización del aborto, nuevos derechos sociales y laborales, recuperación del control de los recursos naturales, educación y salud públicas de calidad, lucha contra el cambio climático con una nueva matriz energética y productiva, entre otros temas. El socialismo conservador ha mantenido una actitud interna y externa hostil con las expresiones de izquierda para aliarse en las elecciones municipales y parlamentarias con un PDC dirigido por conservadores, que se niegan siquiera a restablecer en materia de aborto la legislación vigente entre 1931 y 1989 y no están dispuestos a aumentos relevantes del royalty minero, por ejemplo. 

Ha roto así lo realizado exitosamente en lo político en décadas pasadas y renunciado a su identidad y a toda reflexión programática, con el pretexto de promover una nueva candidatura de Bachelet, pero ahora con otra fórmula de alianzas y sin otro contenido que recuperar el poder. El resultado: ningún compromiso DC de apoyo presidencial hasta ahora y la dispersión y división del progresismo en las elecciones municipales, lo que probablemente se prolongará hacia la  elección parlamentaria y presidencial futura. ¿Su único sustento?: la popularidad en la lejanía de la expresidenta Bachelet, que ha roto su silencio solo para  dirigirse a los conservadores de la Concertación, es decir prologar un libro del neoliberal Velasco y para felicitar efusivamente a Escalona, que asume la presidencia del Senado con la bandera de un anacrónico “Estado protector”, que calza bien con las mentalidades autoritarias que se sienten llamadas a “proteger” a los demás, como si la idea del Estado democrático y social de derecho, que en Chile debe ser urgentemente instaurado en base a un nuevo proceso constituyente, no fuera la base necesaria de toda propuesta progresista moderna. 

Los que se sienten fuera de la alianza contranatura y exclusivamente pragmática entre las burocracias partidarias DC y PS, hacen bien en reagruparse y sintonizar con las aspiraciones mayoritarias de la sociedad chilena.

Nuevas ideas y destino común

La etapa que vive el país es una de expresión de aspiraciones de la mayoría a transformaciones en su calidad de vida que considera posibles y legítimas. Y que choca con un gobierno en vías de fracasar, cada vez más acantonado en su ideología libremercadista y antiestatal y en su defensa de intereses de una minoría privilegiada. La oposición social ha abierto nuevas esperanzas de cambio y se ha manifestado con una gran actividad. La oposición política vive todavía una secuencia de  reconfiguración, con cierto grado de confusión y polémica, como hemos visto desgraciadamente con las descalificaciones que recibió la creación de un modesto foro entre representantes parlamentarios, académicos y sociales para debatir ideas para el futuro desde una perspectiva progresista y de izquierda.

       En esto de plantear nuevas ideas y propuestas para el futuro están involucrados temas de método y de contenido. En materia de ideas hay que preferir sistemas de pensamiento complejo, dar cuenta de los avances de la ciencia que requieren de límites éticos y de las transformaciones tecnológicas, de las amenazas sobre el clima, los ecosistemas y la biodiversidad en el planeta, de la crisis económica global, de los cambios culturales y de las nuevas formas que adquieren las opresiones sociales y de género ancestrales. Pero como nunca antes los temas de método tienen un peso gravitante: excelentes ideas y su traducción programática fundada terminaron entre 1990 y 2010 en la podadora de la tecnocracia y del bloqueo político. La tecnocracia adquirió un peso inaceptable desde el punto de vista de los cánones democráticos, probablemente por el temor de una parte de la esfera política a enfrentarse con los poderes fácticos o por la directa connivencia con ellos,  como pude observarlo en diversas ocasiones, lo que dio ínfulas indebidas a la burocracia conservadora y a las ideas de derecha en las administraciones de centroizquierda. El parlamento se instaló sin reaccionar en demasía en el sistema de veto de la mayoría por la minoría, dado  el sistema electoral y los quorum antidemocráticos en la aprobación de leyes.

      La consecuencia del inmovilismo político fue a la larga la de provocar un amplio descrédito de la deliberación y de la competencia democrática entre partidos, proyectos y programas, a pesar del esfuerzo de muchos y de los que fracasamos en el intento. La mayoría, y en especial los más jóvenes, simplemente constató que se decía una cosa y luego, en muchos aspectos cruciales, las promesas no se concretaban –sin mediar explicación sobre los bloqueos institucionales que las inviabilizaban ni llamar a romperlos- o derechamente se hacía lo contrario. Por otra parte, muchos ciudadanos le reclamaron a los gobiernos post-dictatoriales el cumplimiento de promesas que no habían hecho, pero que entendían les era dable esperar que fueran asumidas por éstos, en tanto existían como expectativas aunque no hubieran sido formuladas como tales por responsables políticos que postulaban ser sus representantes.

     El paradigma de este tipo de procesos fue la revolución secundaria de 2006, que fue acogida por el gobierno, canalizada en una gran comisión técnico-social, y con un  resultado paupérrimo en transformaciones del sistema escolar en materia de equidad y calidad una vez completada la etapa parlamentaria, manos alzadas mediante. No es de extrañar el sentimiento de abandono cuando no de traición por el sistema político de muchos jóvenes que hoy están en las universidades, animando las actuales movilizaciones estudiantiles, y que tienden a ser fuertemente críticos del sistema imperante. En muy buena hora: la sociedad chilena ha cambiado y avanzado, pero acumula desigualdades intolerables y se ha sumido en una cultura del individualismo que los jóvenes cuestionan a su manera, expresando una vitalidad transformadora que debe ser siempre bienvenida.

     Todos estos factores acumularon diversos sedimentos de frustración y de enojo colectivo más o menos amplio, que dieron impulso a la alternancia política en el gobierno en 2010. Y luego a movilizaciones en oposición a la administración de derecha, pero al margen, cuando no en contra, de los partidos de centro e izquierda.

    Un movimiento social puede tener un impacto notable en determinados momentos en la historia, pero en pocas ocasiones triunfa en sus demandas sin un soporte político, por la sencilla razón de que los tiempos de elaboración y puesta en práctica de  las políticas públicas son distintos de los de los movimientos sociales, especialmente los estudiantiles. Dicho sea de paso, en sociedades como la chilena estos son los que tienen mayor posibilidad de expresarse con contundencia, pues no ponen en juego la subsistencia familiar, como ocurre con las movilizaciones sindicales o de minorías discriminadas. El hecho es que hoy los activos y variados movimientos sociales o temáticos, propios de una sociedad crecientemente exigente y plural, no quieren escuchar  hablar de estructuras políticas ni de representación.  Ni de programas hechos por otros para otros.

    Por tanto esta no es solo una etapa de elaboración de ideas, especialmente para enfrentar las desigualdades de derechos y de oportunidades que ya se hicieron socialmente inaceptables (lo que es un enorme progreso respecto a la etapa de primacía de la gobernabilidad), sino de debate de ellas en el contexto de la sociedad y sus actores. Ningún partido político o agrupación podrá estructurar un nuevo programa creíble de cambios en sus oficinas, con sus técnicos, su personal tradicional y su lenguaje de iniciados. Primero se deberá recuperar la credibilidad de los liderazgos, antiguos o nuevos,  elaborar proyectos, en plural, porque es hora de transparentar los falsos consensos, que ojalá enuncien valores y voluntad de reforma de las instituciones, de la política económica, de los sistemas de protección social y ambiental, de tratamiento de los recursos naturales y de, como no, la educación. Proyectos a ser dirimidos por los ciudadanos en primarias y primeras y segundas vueltas. El programa de gobierno específico de una nueva alternativa a la derecha habrá de venir después, una vez recuperadas las confianzas, establecidos los grandes compromisos con la sociedad y validados los liderazgos por los ciudadanos. Sin vetos ni inhibiciones que conduzcan a nuevas frustraciones, reuniendo a todos lo que quieran una sociedad distinta a la de mercado que nos ofrece la derecha, es decir más justa, más libre y más responsable con el destino común.

Crecimiento y reforma tributaria

El promedio de ingresos tributarios en la OCDE es de 35% del PIB, mientras en Chile es de 17%. Una reforma tributaria que se proponga incrementar la tasa de tributación al menos al nivel de los países avanzados con menos carga tributaria para aumentar en Chile la calidad del servicio público en educación, salud, protección social  e infraestructura y reequilibrar la composición de las contribuciones obligatorias hacia los más adinerados, requiere romper con el mito de que los impuestos dañan el crecimiento.

El contrato social en los países avanzados ha incluido desde la posguerra mundial la provisión de importantes servicios públicos estatales y transferencias redistributivas a través del impuesto progresivo, las cotizaciones de seguridad social de empleadores y trabajadores y el gasto público. Una alta carga tributaria no impidió el crecimiento sistemático de dichos países. Veamos por qué

Existe en primer lugar un conjunto de impuestos que no sólo no dañan la asignación eficiente de los recursos sino que la incrementan. Es el caso de los impuestos correctores de externalidades negativas, que internalizan dichas externalidades, es decir transforman en costo privado el costo social en que incurren en sus actividades actores económicos privados. Los impuestos sobre actividades que provocan daño directo a la salud (tabaco, alcohol) o que son contaminantes y los que se aplican a la extracción de recursos naturales, corresponden a esta categoría que mejora la asignación de recursos. Son un componente central de las políticas públicas modernas.

En segundo lugar, hay efectivamente impuestos que pueden incidir negativamente en el comportamiento de los agentes económicos en las economías de mercado. Pero este efecto puede ser alto o bajo. La tributación puede provocar la llamada “pérdida irrecuperable de eficiencia”. Esta proviene de eventuales distorsiones en los incentivos de los productores (incitándolos a producir menos y disminuyendo el excedente del productor) y los consumidores (incitándolos a comprar menos y disminuyendo el excedente del consumidor). El principio de la igualdad distributiva tiene que transigir con el principio de la provisión de incentivos que aumenten el volumen total de ingresos disponibles para ser redistribuidos. Por ello los enfoques de la progresividad tributaria óptima ven el problema como un dilema entre los beneficios sociales de una distribución más igualitaria de los ingresos después de impuestos y el daño económico provocado por impuestos altamente progresivos.

¿Cuán importante es ese daño?  Se entiende en el enfoque económico liberal que provocan pocas modificaciones en la conducta y pocos efectos distorsionadores los impuestos indirectos a las ventas, mientras los impuestos directos al patrimonio y a los ingresos del capital y el trabajo disminuirían la oferta de ahorro y de trabajo. Para los economistas no ortodoxos, cuando la presión fiscal aumenta, los contribuyentes de más ingresos ven disminuidos sus incentivos a trabajar, pero pueden igualmente querer evitar que sus ingresos disminuyan de manera importante y por tanto… trabajar más.

Expertos como Thomas Picketty  afirman que “el estado actual de los conocimientos disponibles respecto de las elasticidades de la oferta de trabajo sugieren que la atención tradicionalmente acordada a los efectos desincentivadores sobre los altos ingresos es totalmente excesiva y no permite un análisis global de los límites alcanzados o no por los sistemas modernos de redistribución”. Diversos economistas dudan que la política tributaria tenga mucho efecto sobre la inversión o el ahorro. Y constatan que en Estados Unidos la tasa de ahorro personal disminuyó en la época de Reagan, a pesar de las rebajas tributarias sobre los retornos del ahorro, y comenzó a recuperarse cuando se introdujeron restricciones a los incentivos tributarios al ahorro...al revés de lo que debía ocurrir según la visión liberal. 

El argumento pertinente es que un gasto público que incrementa el capital físico y humano y las transferencias que disminuyen las desigualdades de ingresos pueden tener efectos positivos sustanciales sobre el crecimiento al permitir aumentar la productividad y disminuir la conflictividad distributiva. No de otro modo se explica que muchos países de altos ingresos per cápita tengan las grandes cargas tributarias que sustentan masivos volúmenes de gasto público. De acuerdo a Joel B. Slemrod y Jon Bakija, con datos de 1950 a 2002, el examen de la relación entre la tasa marginal del impuesto a la renta y la productividad revela que los períodos de fuerte incremento de la productividad coexistieron con las tasas marginales superiores más altas en el impuesto a la renta en la posguerra y que, en promedio, los países de más altos impuestos son los más ricos. En palabras de Peter Lindert: “Desde hace algunos años, ha habido una creciente brecha entre el registro empírico y una historia que es contada una y otra vez con insistencia creciente. No solo escuchamos que existe el peligro de que redes de seguridad y programas antipobreza basados en impuestos pueden tener altos costos económicos. Nótese cuan frecuentemente se nos dice que los economistas han `demostrado' y 'encontrado' que esto es cierto. Estas afirmaciones son frecuentemente un bluff (...). Antes que demostrar o encontrar este resultado, han escogido imaginarlo".

En efecto, cuando existen costos en eficiencia asignativa de la tributación, estos son al menos en parte compensados por los incrementos en dicha eficiencia debidos a los impactos estimuladores de los bienes públicos y las externalidades positivas que financian los impuestos. Existe suficiente evidencia para afirmar que en materia de tributos y gastos en las economías avanzadas, las con mayor expansión en las últimas décadas son las que tienen tributos menos desincentivadores y más gastos públicos que contribuyen al crecimiento, especialmente en infraestructura y recursos humanos, y no los de Estados de menor peso en la economía. Es este un tema de estructura más que de nivel. La afirmación que los impuestos per se hieren el desempeño económico no tiene base empírica que la sustente. Y el costo de ignorar la experiencia a favor de postulados de fe puede ser alto: déficit fiscal estructural, decaimiento de la infraestructura, inadecuada inversión en investigación, educación y salud y conflictividad generalizada.  Y por tanto, en el largo plazo, menor crecimiento.

Una reforma tributaria estructural: ¿por qué no?

Nuestros ingresos tributarios son bajos y equivalen al 17% del PIB en 2010 (a lo que cabe agregar un 3% de ingresos por cobre, que varía mucho de año en año), contra un promedio de 35% en la OCDE (cuyos rangos van de 24% en EE.UU. y 26% en Corea a 42% en Francia, 48% en Suecia y 49% en Dinamarca). La cifra chilena es además mucho más baja respecto a diversos de estos países cuando tenían un PIB por habitante similar al nuestro (del orden de 15 mil dólares por habitante a paridad de poder de compra). 

Su estructura es además inequitativa. Pagan proporcionalmente en relación a sus ingresos más impuestos los más pobres, por el mayor peso de los impuestos parejos a las ventas de bienes y servicios. Los impuestos sobre ventas representan en Chile el 50% de los ingresos tributarios, contra un promedio de 32% en la OCDE. El impuesto a la renta y las utilidades representa en Chile un 8% del PIB (incluyendo cobre) en comparación con el 13% promedio de la OCDE (con un rango de 5% en México y nada menos que 29% en Dinamarca). La tasa del impuesto a la empresas en Chile (17%) - la tasa vigente es de 20% como efecto de la reforma tributaria de 2010, pero se reducirá a 18,5% en el año 2012 para volver a 17% en el 2013- está también muy por detrás de la media de la OCDE. Esta tasa es en Estados Unidos de 35%. En Chile, la estructura tributaria y la debilidad de la negociación colectiva contribuyen de manera muy importante a explicar la alta concentración del ingreso en unas decenas de miles de familias y la alta desigualdad en la distribución del ingreso y el patrimonio.

Una reforma tributaria debe proponerse incrementar progresivamente la tasa de tributación al menos del 17% al  26% (nivel de Corea) para abordar las tareas de educación, salud, pensiones  e infraestructura que avanzar al desarrollo demanda de manera inmediata. Debe reequilibrar la composición de las contribuciones obligatorias hacia los impuestos directos a los perceptores de ingresos más adinerados, especialmente los muy ricos, para lo que cabe al menos, como hemos propuesto en la Fundación Chile 21:

a) aumentar y diferenciar el impuesto a las utilidades, estableciéndolo para las  micro y medianas empresas en 15%, para las empresas medianas en 20% y para las grandes empresas (incluyendo los bancos) en   un 25%;

b) aliviar y diferenciar el IVA, llevándolo a 15% para alimentos básicos, medicamentos y cultura y para el resto de los bienes fijarlo en 20%; 

c) disminuir la carga de los impuestos a la renta de los sectores medios y aumentarlos a los sectores altos, aumentando la progresividad, para lo que se debe subir el tramo exento a $ 750 mil pesos de ingresos mensuales  y establecer las tasas en 10% hasta 1,5 millones de pesos, 20% hasta  3 millones, 30%  hasta 6 millones  y 40% en los tramos de ingresos superiores a 6 millones.

d) eliminar el 50% del crédito al impuesto global complementario por utilidades empresariales y las exenciones injustificadas al impuesto de primera categoría, que supuestamente estimulan el ahorro, pero que en realidad disminuyen los impuestos a las personas de más altos ingresos sin mayores efectos sobre el ahorro.

e) aumentar el impuesto adicional de 35% que pagan las empresas que transfieren utilidades al extranjero a un 40%, para igualar así la tasa marginal del impuesto a la renta, con lo que las utilidades retiradas de inversionistas chilenos y extranjeros tributarían de la misma manera y se aumentaría el aporte de la industria minera, sin modificar el royalty, sujeto desgraciadamente -por irresponsabilidad del actual gobierno y parlamento- a invariabilidad hasta el 2023. 

Este programa de reforma tributaria permitiría una recaudación total anual adicional neta en torno a US$ 8 mil millones en régimen (3,3% del PIB de 2011),  a lo que habría que agregar un fuerte plan de disminución de la evasión para completar en los próximos cinco años la meta de recaudación tributaria necesaria para el desarrollo de Chile.      

El argumento de que esto disminuiría la inversión y por tanto el crecimiento, en base a la idea de que los inversores dejarían de mantener su esfuerzo o se irían del país, no tiene sustento en los estudios disponibles, que subrayan que con bases amplias de tributación de las utilidades y sin facilitación de la elusión mediante exenciones variadas la recaudación no disminuye. En materia de inversión extranjera, ésta se concentra en los recursos naturales, con unas sobreutilidades exorbitantes que les permiten en diversos casos de la minería recuperar la inversión en dos años, con lo que difícilmente dejarían las oportunidades existentes en el país.

Una alta tributación con estímulos al crecimiento funciona, como lo subraya el economista Philippe Aghion. Ahí están los países escandinavos, que son los que mejor han resuelto la ecuación entre equidad e incentivos a la innovación y a la inversión en capital humano (menor concentración en el ingreso y al mismo tiempo crecimiento y altas tasas de patentes por habitante), con una combinación de tasas marginales del impuesto a la renta que se acercan o superan el 50% (Suecia, incluso bajo gobiernos de derecha, como en la actualidad, mantiene una tasa marginal de 55%, a comparar con el 40% en Chile) y con tasas de tributación pareja de los ingresos del capital de 30%. Mientras, en Chile mantenemos diversas desgravaciones sustanciales e injustificadas de los ingresos y ganancias de capital. 

Ni la crisis internacional ni la situación de las empresas en Chile son pretexto para no promover una mayor recaudación del impuesto de primera categoría en el corto plazo y viabilizar un gran acuerdo sobre la educación, junto al inicio de la reforma tributaria estructural que se propone. Lo que corresponde es que el Estado capture e invierta las rentas del cobre y las sobreutilidades monopólicas en proyectos de alta rentabilidad social  y enfrente el fomento productivo para la competitividad sustentable de las pymes y los sectores productivos capaces de generar empleos, preservar los ecosistemas e incrementar el bienestar en todo el territorio. Para ello se requiere un Estado más fuerte, eficiente y al servicio exclusivo del interés público, que es la reforma paralela a la de la tributación que se debe acometer con energía para que no se malgaste un solo peso del presupuesto público.

Un presupuesto conservador

La política fiscal debe financiar eficientemente en el tiempo los bienes públicos y los bienes privados de provisión pública de diversa índole que se determinan como necesarios y/o posibles de ser puestos a disposición de los ciudadanos por el gobierno y el sistema político en cada ley de presupuestos del sector público. Una buena política fiscal  es además la que en el ciclo económico actúa como estabilizadora del desempeño económico, y que por tanto admite déficits temporales cuando la demanda agregada se debilita y superávits en la situación inversa. Y también es la que admite “déficits estructurales” que puedan financiarse a costos razonables para obtener incrementos del capital físico y humano y de la productividad total de los factores de producción en el largo plazo, y por tanto de la propia recaudación fiscal futura. 

En Chile, desde el presupuesto de 2001 se innovó optando explícitamente por una regla estructural consistente en: a) estimar los ingresos de mediano y largo plazo del Gobierno Central que derivan del crecimiento potencial de la economía y de precios claves de largo plazo (cobre y molibdeno), es decir aquellos ingresos fiscales de los que se dispondría en caso que estas variables se encontrasen en su nivel de tendencia, y b) consagrar en la ley de presupuestos de cada año el nivel de gasto público que permite que la diferencia entre los “ingresos estructurales” así estimados y el gasto público anual resulte ser de una determinada cuantía, inferior o superior al equilibrio según el criterio de la autoridad pública. Esto implica ahorrar en tiempos de bonanza y desahorrar en tiempos de baja del ciclo económico interno y externo. Una ley de responsabilidad fiscal creó además en 2006  el Fondo de Estabilización Económica y Social (para hacer frente al gasto en situaciones de caída coyuntural de los ingresos públicos) y el Fondo de Reserva de Pensiones (para asegurar el pago de las obligaciones fiscales derivadas de la Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario de vejez y de invalidez), alimentados ambos por los ingresos tributarios extraordinarios. A la vez, se estableció que la Ley de Presupuestos deberá incluir anualmente el ítem correspondiente a un programa de gastos de empleo de emergencia, que se activa cuando el desempleo supera el 10% o el promedio de los últimos cinco años.   

En una primera etapa, para ganar credibilidad fiscal de largo plazo, se fijó en los presupuestos de 2001 a 2007 un nivel de gasto inferior a los ingresos estructurales en un monto de 1% del PIB. No obstante esta restricción conducente a un “superávit estructural”, fue posible mantener año tras año un crecimiento promedio del gasto público superior al del PIB, con excepción de 2003. Se mantuvo así un déficit fiscal efectivo moderado (entre -0,5 y -1,2% del PIB), para salir de los efectos internos de la crisis asiática y de la burbuja puntocom entre 2001 y 2003, que pudo ser financiado en buenas condiciones en el exterior, con una baja tasa de riesgo-país. Luego, al mejorar el crecimiento e iniciarse un ciclo de aumento del precio del cobre por la demanda China y de otras naciones emergentes, se produjo un sustancial superávit entre 2004 y 2008 (entre 2,1 y 8,2 % del PIB) que permitió acumular reservas fiscales por 20,2 mil millones de dólares en el Fondo Económico y Social hacia diciembre de 2008. 

De ellas se utilizaron 8,9 mil millones en la crisis de 2009, en medio de una caída de 1,7% del PIB y de un déficit fiscal efectivo de 4,5% del PIB, el mayor en décadas experimentado por la economía chilena, sin que la solidez fiscal del país se viera afectada. Se cosechó así los frutos de la política iniciada en 2001. El déficit efectivo ya fue mucho menor en 2010 (-0,4% del PIB), mientras Chile se mantuvo en condición de país con un gobierno con más activos fiscales que deudas (acreedor a razón de un 7,5% del PIB en 2010), contrariamente a casi todos los gobiernos en el mundo, que enfrentaron sustanciales endeudamientos públicos adicionales. Con los mayores ingresos tributarios provenientes tanto de la mayor actividad económica como de un precio del cobre más alto que lo previsto, el Ministerio de Hacienda anticipa que se alcanzará un resultado fiscal positivo de un 1,2% del PIB en 2011 y un déficit efectivo de -0,4% del PIB en 2012.

Con un sustancial y creciente ahorro fiscal que derivó de la regla inicial de 2001 y que transformó al gobierno de Chile de deudor en acreedor, la meta de “superávit estructural” de 1% se cambió en 2007 a solo 0,5% del PIB para 2008. Un nuevo cambio se anunció en enero de 2009 para solo mantener un “balance estructural” a partir de esa fecha. En 2009 y 2010, tanto la severa crisis externa como el terremoto disminuyeron los ingresos y generaron la obligación de incurrir en mayores gastos que los previstos. Se produjo así, por primera vez, un “déficit estructural”, y no se cumplió la meta de “balance estructural”: hubo más gastos públicos no solo que los ingresos de corto plazo que se pudieron recaudar, sino también que los que se estima se recaudan en años normales. En medio del cambio de gobierno, la magnitud de este “déficit estructural” fue objeto de una controversia: -1,2% o bien -3,1% del PIB en 2009 y -1,6% o bien -2,3% en 2010, según los criterios utilizados por la anterior o por la nueva administración. 

Retomar el “balance estructural” hacia fines de su período de gobierno fue una de las metas del programa de Sebastián Piñera. Sin embargo, en agosto de 2010 el Ministerio de Hacienda informó que no podría cumplir con dicho objetivo y que decidió acoger las recomendaciones realizadas por el Consejo Asesor de Balance Estructural, instancia creada por el nuevo gobierno que propuso cambios a la metodología de cálculo. Producto de las modificaciones, el escenario de equilibrio fiscal cambió radicalmente para el Gobierno, con una estimación de déficit estructural de -1,6% para 2011 y de -1,5% para 2012. Volver al balance estructural es ahora más exigente. De ahí que el Ministro de Hacienda mantenga en la presentación del presupuesto para 2012 que la nueva meta es alcanzar un déficit estructural de 1% del PIB...hacia 2014. 

El crecimiento global del gasto público es equivalente a la proyección del crecimiento de la economía, es decir de un 5% en ambos casos. Es poco probable, frente al precario escenario externo, que tal cifra de crecimiento del PIB pueda resultar efectiva. Por lo tanto, contrariamente a las definiciones ideológicas de los centros de estudios de la actual coalición de gobierno, el gasto público respecto del PIB crecerá probablemente en 2012, y el “tamaño del Estado” aumentará, aunque levemente. El crecimiento del gasto público previsto para 2012 es en todo caso inferior al previsto y ejecutado año a año en la administración anterior.

Mientras, Chile mantiene un gasto público en relación al PIB inferior al prevaleciente hasta fines de la década de 1980 (26% del PIB en 1987 versus 23% del PIB en 2011). Recordemos que el régimen militar entregó el país a las autoridades democráticamente electas en 1989 con un IVA rebajado en 4 puntos porcentuales y con el menor nivel de ingresos y gastos públicos de la historia reciente, junto a un sistema de veto de la minoría en el parlamento que ha hecho imposible el incremento de la presión tributaria. Esta situación se ha mantenido en las dos últimas décadas, con excepción de un incremento en la etapa final de la anterior administración, hoy revertida. 

Con el actual nivel de gasto público respecto al PIB es simplemente imposible procurar obtener indicadores sociales propios de los países desarrollados, cuyo gasto público total es de 40 a 50% del PIB. El de Brasil y Argentina es superior al 30% del PIB. El presupuesto de 2012 está lejos de avanzar hacia el cierre de las brechas distributivas que aquejan a la sociedad chilena. Es un presupuesto conservador, que aumentará la distancia entre los ciudadanos y el gobierno. Y que nos mantendrá más cerca del estancamiento del bienestar que de un desarrollo social y ecológicamente sustentable.