Dejando constancia

La atribución del Premio Nobel  a Mario Vargas Llosa nos ha provocado a sus admiradores literarios una gran alegría. Su obra excepcional  y abundante, con los altibajos propios de quien explora permanentemente temas y estilos,  no había sido reconocida por la academia sueca, tal vez por las incisivas y siempre controvertidas opiniones políticas del novelista. Estas no son siempre dignas de ser compartidas, especialmente en su vertiente de liberalismo más bien ingenuo y su apoyo a algunas derechas -como la de Piñera- que no están a su altura.  Pero nunca se vio a Vargas Llosa apoyando dictaduras ni violaciones a los derechos humanos, y eso debe subrayarse. Lo que importa para estos efectos es el sublime legado literario de Vargas Llosa, que nos ha regalado páginas que han hecho mejores nuestras vidas, y eso es más que suficiente para ser celebrado.

El plano local sigue su curso bastante particular. ¿Qué dirían ustedes de un país en el que el gobierno y supuestos opositores parlamentarios se ponen de acuerdo, a cambio de recursos que se pueden obtener de otra manera, para establecer normas a ser aplicadas a partir de 2018 a los actuales productores de cobre, que son los que hoy importan, por otro gobierno y otro parlamento, y que a su vez no podrán ser revisadas sino hasta 2024? ¿Dónde se ha visto semejante desdén del fundamento democrático básico, el respeto de la soberanía popular? ¿Qué dirían ustedes  de un país en el que el manejo de su principal recurso económico se excluye para tres gobiernos futuros, en los que los ciudadanos y sus representantes nada tendrán qué decir? ¿Cómo explican los encargados de ser opositores  que una invariabilidad tributaria -que fue un error aceptar en su momento- se consagre y se prolongue a cambio de muy poco (pasar teóricamente de 37% a 41% la tributación sobre margen operacional) para beneficiar a un gobierno de la derecha y un puñado de empresas transnacionales? Simplemente grotesco y de pacotilla.

Ese es el Chile de hoy, con una derecha que defiende desembozadamente sus intereses económicos, con unos opositores que no son capaces de oponerse a  nada importante y con algunos senadores socialistas que olvidaron que representan a una fuerza política que se construyó  en base a la convicción de que Chile debía recuperar el control sobre sus riquezas naturales y poner sus frutos a disposición de la Nación. Se ha cerrado un acuerdo que garantiza a un gobierno de derecha una tributación menor a sobreutilidades de 40% a 60% de la gran minería privada, provenientes de un recurso que pertenece a todos los chilenos, precisamente en el período de la historia económica mundial que dará un mayor valor a las materias primas de que Chile dispone y que podría ser utilizado para invertir en el capital físico y humano que necesita para encaminarse al desarrollo. ¡Y se cierra la posibilidad de tomar decisiones soberanas futuras, contrariando la esencia de la democracia!

Dejo constancia, como ex dirigente político socialista y  como fundador de la Concertación y redactor de su programa de 1989, de una opinión: los que hoy conducen el conglomerado, los Walker y los Escalonas,  y varios de sus parlamentarios han perdido completamente la brújula en su afán de ser reconocidos como “serios y respetables” por los poderes existentes y no representan a los que jamás concebimos la construcción de una salida política a la dictadura en base a consensos amplios como renuncia a nuestra identidad y a nuestro propósito de ofrecerle a Chile un desarrollo equitativo y sustentable.  Muchos concurrimos a los acuerdos que las circunstancias imponían para evitar más tragedias al pueblo de Chile, a mucha honra, pero nunca para abandonar nuestras convicciones y para dejar de luchar por un país más justo, en el que entre otras cosas el cobre y sus frutos fueran de todos. Veintidós años después ese compromiso ha terminado de ser severamente desfigurado. Que cada cual asuma sus responsabilidades.

Soñar con un país mejor

Los seres humanos necesitamos marcar con hitos el paso del tiempo y recurrimos a ciertas fechas para simbolizarlos. En Chile, la celebración del bicentenario es uno de estos hitos, que encuentra al país sin resolver problemas del siglo 16 (la cuestión mapuche), del siglo 19 (la descuidada seguridad en  faenas mineras  y en general  relaciones laborales que permiten la lisa y llana explotación de buena parte de los trabajadores chilenos), del siglo 20 (democracia limitada, derechos reproductivos de la mujer no asumidos, discriminaciones sexuales) y del siglo 21 (un modelo energético y de cuidado del ambiente que no permite un desarrollo sustentable).

El país actual es uno de fuertes contrastes: carece de grandes relatos pero construye mitos con frecuencia sobre los del siglo XX; gira alrededor de la contingencia más inmediata, pero mantiene una carga de memoria histórica que cuando es expulsada por la puerta vuelve por la ventana;  convive con el “peso de la noche” conservador pero es iconoclasta en muchas de las prácticas cotidianas y en sus expresiones culturales; en la economía es dominado por élites oligárquicas, ha dado lugar a una ola de acumulación de riqueza como nunca concentrada en unos pocos y a la prolongación de formas severas de exclusión social, pero a la vez experimenta una ampliación considerable del acceso de toda la población a bienes materiales y a bienes culturales y de consumo colectivo y a mejores mecanismos de protección social. 

En el contexto de estas situaciones contradictorias y ambivalentes, se mantiene una falta de decisión clara sobre la dirección hacia la que podría encaminarse el país si se propone otras metas para dejar atrás su actual hibridación postmoderna entre islas de primer mundo, áreas de progreso igualitario y a la vez un trasfondo clásicamente subdesarrollado y arcaico con situaciones de atraso, exclusión y discriminación, así como de cierta confusión intelectual y moral. 

¿Por qué no volver a plantearse derrotar a la derecha en 2013 en base a la aspiración de construir una democracia social moderna? Tiene mucho sentido hacer del nuestro un país dotado de instituciones políticas verdaderamente representativas y descentralizadas, en el que se desenvuelvan individuos autónomos y libres pertenecientes a comunidades acogedoras de la diversidad; un país en el que la responsabilidad frente a los demás, incluyendo a las nuevas generaciones, sea la base de la convivencia y de una esfera pública activa e informada; un país en el que los incrementos de prosperidad se traduzcan equitativamente en el mayor bienestar para el mayor número posible de personas; un país que ofrezca una mejor educación y oportunidades a sus jóvenes para que puedan construir con autonomía sus propios proyectos de vida y en el que nadie quede encadenado a un destino de exclusión que no puede modificarse; un país con un gobierno efectivo e instituciones probas al servicio de los ciudadanos; un país que gobierne una economía dinámica para ponerla al servicio de la calidad de vida, de los derechos sociales y del respeto por el ambiente; un país con un Estado democrático redistribuidor de las oportunidades, los activos y los ingresos que disminuya las desigualdades injustas que no por ancestrales son menos intolerables. 

¿Y por qué los que gobernamos entre 1990 y 2009 no avanzamos en esta dirección sino muy parcialmente? Porque las realidades políticas fueron de empates de poder. Pero además porque retrocedieron las convicciones. Prevalecieron, no sin luchas, las de quienes enfatizaron, al volver el país desde 1990 a ser dirigido por gobiernos elegidos por el pueblo, su preferencia por la llamada ética de la responsabilidad por sobre la ética de la convicción, siguiendo la distinción de Max Weber. La primera terminó por reemplazar la energía inicial de la transición y justificó una especie de pragmatismo blando sin grandeza que ha devenido en una práctica política crecientemente conservadora entre quienes debieran representar el cambio y la transformación. 

La dialéctica entre el realismo y el sueño, la moderación y la audacia, ha estado siempre presente en los procesos sociales de “alta intensidad”, como han sido los del Chile contemporáneo. Pero la referencia extendida en algunas élites a la distinción weberiana es un síntoma del conformismo que se ha instalado en Chile, que se traduce en una subordinación de muchos a los poderes económicos y de la Iglesia Católica. La ética de la convicción, que defendemos, no excluye la cautela que deben mantener los promotores del cambio social frente a los peligros de involución en la consecución de sus objetivos por conductas maximalistas irreflexivas. Pero la cautela y la flexibilidad en la defensa de una convicción son una cosa, no conducirse con arreglo a convicciones en nombre de la responsabilidad es otra muy distinta. En cambio, una inspiración libertaria puede resumirse en las palabras de Michel Onfray: “querer una política libertaria es invertir las perspectivas: someter la economía a la política, pero poner la política al servicio de la ética, hacer que prime la ética de la convicción sobre la ética de la responsabilidad, luego reducir las estructuras a la única función de máquinas al servicio de los individuos y no a la inversa”.

¿Será posible caminar en esta dirección en las circunstancias actuales de Chile y el mundo, aprender consistentemente de los aciertos y dramas nacionales y universales del siglo 20 para dejarlos atrás de manera creativa y reconocer en profundidad los cambios en curso? ¿Será posible hacer emerger desde una democracia política en consolidación una democracia social moderna que promueva, además de la consagración de derechos de amplio espectro, la celebración de la vida humana que merecen los chilenos del siglo 21 y el respeto a la naturaleza?   

En Chile, el obstáculo aún decisivo es el peso de los conservadores y del poder económico y político que mantienen y la prevalencia de las ideas neoliberales que no solo defienden sus intereses sino también han dado consistencia a un programa sistemático de cooptación de una parte de la centroizquierda. Han tenido relativo éxito en la domesticación de aquella izquierda que confundió renovación con conversión al neoliberalismo y de aquella neoizquierda que sufre del “síndrome esteoriental” (en referencia a la caída del muro de Berlín, que implicó una rápida transición de los dogmas marxista-leninistas a la religión del libre mercado y al atlantismo pro-occidental, en tanto ahí estaban las nuevas fuentes de poder, en vez de abrazar las ideas socialistas democráticas) y que busca estabilizar vínculos con los poderes constituidos, no sin al mismo tiempo mantener un lenguaje y una identidad populistas destinados a mantener su clientela electoral.  

El “optimismo de la voluntad” de inspiración libertaria e igualitaria ha tenido y tiene entonces una gama de huesos duros de roer y muchos esfuerzos que realizar. Pero para eso son las fechas simbólicas: para volver a soñar en un mundo y un país mejor.

Hace 37 años

Hay días como hoy 11 de septiembre que,  aunque uno trate de soslayarlos, simplemente son de un peso demasiado grande. Para el país, que no solo vio caer destruida su democracia sino, mucho más que eso, vio reestablecido en medio del dolor el poder de sus oligarquías de siempre. Ese poder que largas luchas habían hecho retroceder. Las consecuencias hasta el día de hoy han sido enormes no solo para la izquierda y sus organizaciones, sino para el pueblo llano, el ciudadano de a pie, los excluìdos que se identificaban con sueños de dignidad. Retroceso histórico y conquistas aplastadas, muertos, desaparecidos, torturados, exiliados han sido un costo para varias generaciones. Y para todos los chilenos, más allá de sus posturas políticas, es un día finalmente triste. Incluso para los que descorcharon champaña, porque fue el día en que se llegó por algunos a aplaudir la muerte trágica de un Presidente y el inicio de horrores infligidos a compatriotas. Esas degradaciones nunca han dignificado a nadie, y así va quedando registrado en nuestra historia para las nuevas generaciones.
Y es un día indeleble en la memoria personal de muchos de nosotros. Desde donde escribo estas líneas siento ruido de aviones, banales, sin significado particular. Pero que evocan aquel día, que amaneció despejado y que luego quedó signado por los ruidos de bombardeos y balazos y también más tarde por una lluvia tenue y triste. Ese día nos juntamos un grupo que terminó reducido a una veintena, en el Pedagógico, luego en las industrias aledañas, en la noche en los barrios cercanos. Eramos universitarios y secundarios, trabajadores jóvenes, ninguno con mucho más de 20 años, el mayor si acaso 25, yo el menor con 16. Intentamos resistir, defender el gobierno legítimo del Presidente Allende. Unas pocas armas de las que disponíamos nada podían hacer frente al poder de fuego militar. Nosotros teníamos arrojo y mucho susto. Ellos tenían miedo y recibían órdenes de matar. Después de tres días nos dispersamos. Algunos partimos al exilio, otros siguieron resitiendo en Chile, como pudieron. Cuatro están desaparecidos. Treinta y siete años después, solo cabe rendir honor a su memoria de jóvenes ejemplares y valientes que querían un país libertario y justo.

Un bicentenario marcado por el más antiguo conflicto

En las últimas semanas el “conflicto mapuche” ha agregado un nuevo episodio con la huelga de hambre de miembros de ese pueblo procesados o condenados bajo la ley anti-terrorista. Este no puede entenderse desde una perspectiva de orden público y no puede hacer abstracción de su origen histórico. Los españoles llegaron en el siglo XVI a un territorio habitado por varios centenares de miles de personas de etnias diversas y con predominio de lo que se conocería más tarde como pueblo mapuche.  Cuando partieron solo quedaban unos noventa mil, según el censo de Ambrosio O'Higgins. El pueblo mapuche llegó a habitar entre el río Choapa en el norte y la isla de Chiloé en el sur y evolucionó incluso hacia las pampas argentinas, sin perjuicio de la presencia aymara y de los atacameños en las pampas del norte, de los changos en la costa norte, de los chonos de Chiloé al sur, y de cuatro pueblos que habitaban el extremo austral del país, los sélknam, los aónikenk, los yámana y los kawéskar, Los mapuche del norte detuvieron primero la expansión del imperio Inca. Luego resistieron la conquista española, lo que se conoce a través del poema épico "La Araucana", en el que Alonso de Ercilla describe la magnitud del conflicto y la eficacia militar indígena. Se produce entonces lo que en ninguna otra parte de América Latina: la derrota y muerte en combate del conquistador y gobernador español, Pedro de Valdivia, en 1553, y una prolongada resistencia bélica de los mapuches. Esto no impidió la derrota de los ejércitos de Lautaro en 1557 y luego de sus sucesores dada la superioridad de la tecnología militar española (en especial el arcabuz y la pólvora) y el impacto de las nuevas  enfermedades. En los primeros cincuenta años de contacto con los españoles se habría producido la muerte de dos tercios de la población originaria de Chile y la destrucción de la sociedad ribereña organizada en aldeas en los ríos del sur. No obstante, el conflicto se estabilizó en un  "modus vivendi" con el pueblo mapuche, cuyos diversos jefes de familias extendidas al sur del río Bío-Bío pactaron con la Corona una relativa autonomía a través de “parlamentos”, el más conocido de los cuales fue el de Quilín celebrado en 1641. Junto a intercambios  basados en trueques con la economía colonial, el territorio mapuche en el centro-sur del país se mantuvo bajo el dominio de este pueblo sin estructuras políticas estables, con una economía basada originalmente en la pesca, recolección y algunas siembras y más tarde en la explotación ganadera de su territorio, pero que nunca llegó a estar organizado en un Estado-nación ni adoptó los sistemas agrícolas andinos basados en el riego que suponían algún grado de centralización.
En el ideario de los próceres de la independencia de Chile existió una visión romántica sobre el mundo indígena. Los libertadores latinoamericanos, muchos de los cuales se agruparon en la “Logia Lautaro” creada por Francisco de Miranda, entendían que este mundo fue objeto de un desplazamiento y despojo y admiraban su capacidad de resistencia. Bernardo O'Higgins estableció al proclamarse la independencia en 1819 la libertad de los indígenas y su igualdad con el resto de la población chilena. Los mapuche no se sumaron sino parcialmente a los criollos y siguieron viviendo en sus territorios al sur del Bío-Bío con acomodos en sus sistemas de producción e intercambio de frontera.  Por su parte, el extremo sur, aunque pretendido por los españoles, no había sido verdaderamente ocupado por la Corona y se mantuvo en la práctica como territorio indígena hasta avanzado el siglo diecinueve. Si bien el Chile republicano estableció en 1843 una guarnición en el estrecho de Magallanes, fue a través de alianzas con la población indígena que la influencia chilena en la Patagonia creció de lado y lado de la cordillera, en especial mediante el comercio de ganado. Hasta la década de 1870 Chile reclamaba para sí toda la Patagonia al sur del río Negro. La guerra de Chile con Perú y Bolivia de 1879-84 cambió la situación. En el lado argentino se gatilló la llamada Conquista del Desierto por el general Roca: las fuerzas argentinas ocuparon los territorios indígenas hasta el río Negro, en una campaña iniciada días después de la declaración de guerra de Chile a Bolivia.
A esta presión por el lado argentino se agregó por el lado chileno que el gobierno en 1866 había declarado como fiscales las tierras indígenas y dado inicio a distribuciones a colonos y criollos en medio de la conformación de una economía cerealera orientada a la exportación complementaria de la actividad minera del norte. La ocupación militar de la Araucanía, en una trágica, codiciosa y miope decisión, comenzó en 1881. El ejército chileno, una vez conquistados los territorios a Bolivia y Perú, fue orientado al desplazamiento violento de los mapuches de sus tierras ancestrales. Se puso en marcha el proceso de radicación en  reducciones a través del otorgamiento de "títulos de merced" en unas 510 mil hectáreas (el 6 por ciento de su territorio). El resto de las tierras, las más ricas, fueron entregadas a colonos nacionales y extranjeros, a título gratuito en el caso de estos últimos. Dadas las concepciones eurocéntricas de la élite de la época, se entendía que había que traer a Chile alemanes, y también franceses e italianos, que podían colonizar la selva templada del sur y transformarla en un territorio agrícola. Se estima que la mitad de los mapuche fueron desplazados hacia zonas de la costa y la montaña. Dejó así de existir el territorio indígena con una cierta autonomía de hecho. En el extremo sur, cuya población originaria alcanzaba a fines del siglo XIX unas diez mil personas, se produjo un exterminio en el siglo XX: los sélknam y aónikenk terminaron por desaparecer, en tanto los yámana y kawéskar apenas sobrevivieron.
Dos conflictos permanecen fruto de este proceso de “conquista interior”. El primero es que una parte de la población indígena no recibió títulos, y sin embargo siguió residiendo en los mismos lugares. Durante más de un siglo hubo un choque permanente con quienes iban recibiendo títulos legales de parte del gobierno de manera legal o fraudulenta.  También se instaló un conflicto con el Estado chileno respecto de las propias tierras entregadas a los indígenas. Las comunidades mapuches recurrieron con frecuencia ante los tribunales con documentos de mercedes de tierra otorgados por el Estado de Chile, en contraste con lo progresivamente establecido en sentido contrario por los registros de propiedad de bienes raíces de manera poco ortodoxa en beneficio de terratenientes no indígenas. Se cambió el carácter de un tercio de esas mercedes de tierra, aumentando la expoliación de la población mapuche. Estas situaciones han sido y son la fuente de un conflicto que no proviene ya de la conquista del territorio mapuche de origen colonial, sino que tiene origen en la conducta del Estado chileno al servicio de las nuevas oligarquías dominantes.
Este proceso se entronca en el siglo XX con dos grandes corrientes en el mundo indígena. La primera busca la integración a la institucionalidad tradicional y conservadora del país en distintos ámbitos junto a una defensa de sus  derechos adquiridos. Otra parte se vincula con movimientos que se identifican con el ideario socialista y laico que proviene de Europa y forma parte de organizaciones sindicales y partidos políticos de izquierda. Este proceso no estuvo exento de una cierta incomprensión mutua, que favoreció una inclinación electoral hacia la derecha. En los años sesenta se inició el proceso de la reforma agraria destinado a redistribuir tierras del gran latifundio tradicional en beneficio de los trabajadores de la tierra. El tema indígena se subsumió en el tema campesino. El proceso se aceleró desde 1967, y muy en especial en el período de Salvador Allende, que culmina una rápida reforma agraria. Se produce además un fenómeno de tomas ilegales de tierras, incluyendo grupos indígenas que reclamaban sus derechos. Este proceso termina trágicamente cuando el  presidente Allende es derrocado por una dictadura militar que desata una contra-reforma agraria drástica y una represión violenta en las zonas donde se habían producido las mayores movilizaciones autónomas de campesinos y de indígenas, con el resultado de muertes, fusilamientos, exilios y la desarticulación de las organizaciones de campesinos e indígenas. En el año 1979 se estableció la desaparición del trato diferenciado de la propiedad territorial indígena para subdividir las comunidades y entregar títulos de propiedad individual, que, sin embargo, solo podían ser objeto de venta 20 años después de entrados en vigencia los Decretos Leyes 2568 y 2750. Se produce en una década la disolución legal de la casi totalidad de las comunidades.
La vuelta a la democracia incluyó la búsqueda de un nuevo trato con los pueblos indígenas. La nueva coalición elaboró, antes de asumir el gobierno, una propuesta que asumía como válidos muchos de los planteamientos formulados por las organizaciones indígenas en octubre de 1989 en Nueva Imperial, en el Encuentro Nacional Indígena con el candidato presidencial Patricio Aylwin. En él se suscribió un Acta mediante la cual los representantes de los pueblos originarios se comprometían a apoyar los esfuerzos del futuro gobierno en favor de la democratización del país y a canalizar sus demandas a través de los mecanismos institucionales. La coalición de gobierno, a su vez, se comprometía a obtener el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con la participación activa de estos pueblos, y crear una Comisión Especial con participación de los distintos pueblos para estudiar una nueva legislación sobre la materia. El balance más de 20 años después es que en tanto las organizaciones del mundo mapuche presentes cumplieron su palabra, el Estado chileno no la cumplió sino de manera incompleta, especialmente por la negativa de la oposición en el parlamento a otorgar el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. No obstante, se consolidó la propiedad indígena de la tierra y se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que contempla dos mecanismos: un consejo elegido por las comunidades y un director  nombrado por la Presidencia de la República, que a su vez administra un fondo nacional de tierras y aguas. Se generaron así las condiciones para satisfacer al menos parcialmente las demandas ancestrales de reconocimiento de derechos sobre parte de las tierras indígenas.
Se configuró entre tanto una nueva generación de dirigentes, una parte de la cual asumió posturas radicales, identificada con la idea de la vuelta a la comunidad perdida y la creación de una Nación Mapuche. Un grupo asumió incluso la lógica de la "acción directa" con tomas de fundos, quemas de casas y de propiedades forestales, con la consecuencia de acusados que están en prisión bajo proceso o condena.   En este tema hay dos visiones. Una plantea que no se ha actuado con suficiente energía para mantener el orden público y se ha permitido un retroceso del Estado de Derecho y que por tanto se debe acentuar la represión. Otra visión subraya que se trata de una situación de conflicto frente a derechos no reconocidos, que existen personas que sienten que sus derechos están siendo violados y que están siendo acusados de hechos no constitutivos de delitos terroristas, sin cuya invocación estarían en libertad. La prudencia indica que, junto con hacer prevalecer el respeto a la ley democrática en condiciones no discriminatorias, y por tanto sin recurrir a las leyes antiterroristas de origen dictatorial de dudosa legitimidad, es necesario al menos que la democracia chilena ofrezca al mundo indígena lo comprometido o esbozado  desde 1989: un reconocimiento constitucional aún pendiente, participación de representantes en el parlamento, la conformación de nuevas comunas con predominio indígena y de instituciones representativas propias, junto a programas masivos de desarrollo de los territorios indígenas y de la educación y salud interculturales.

¿Es necesario que Chile siga regalando su riqueza minera?

El Mostrador

Chile es un país que prácticamente regala a terceros su riqueza minera. Y para los que nos gobiernan la idea parece ser que esto siga ocurriendo. El jueves 12 de agosto, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín ha declarado: “Lo importante es cerrar una discusión en un tema importante para un sector que tiene cerca de US$ 50 mil millones de inversión proyectada”. He aquí develado, y se agradece la franqueza, el fondo del tema: cerrar la discusión.

Chile tiene la más competitiva industria del cobre del mundo gracias a sus minerales de alta calidad. Y al mismo tiempo tiene una de las menores tributaciones mineras. Y si el país ha estado anestesiado en este tema, es probable que no lo siga eternamente: de ahí, probablemente, la premura del Ministro Larraín.

En los años 1950-1970, es decir antes de la nacionalización, la tributación representó del orden de 60% de las utilidades brutas de la gran minería del cobre, según Patricio Meller en su texto Un siglo de economía política chilena (1890-1990). En 2008-2009, los impuestos (a la renta y especial) de las 15 mayores compañías mineras privadas promediaron apenas un 13% de las ventas. El costo medio de la minería del cobre es del orden de 1,3 centavos de dólar la libra. La principal consultora en materia de precios del cobre (CRU) prevé un precio superior a tres dólares la libra en los próximos cuatro a cinco años. Con ese precio, el margen operacional de Escondida y el del conjunto de las empresas del Consejo Minero, excluida Codelco, superaría el 60% en el primer caso y el 40% en el segundo. Si se considera una utilidad más que razonable de 30% sobre las ventas, que justifica desde luego cualquier decisión de inversión, entonces con el cobre a tres centavos de dólar la utilidad de la gran minería privada no explicada por capacidades empresariales sino por el valor del recurso minero que pertenece a todos los chilenos, sería de nada menos que 4.700 millones de dólares. Esa es una cifra astronómica, que bien utilizada permitiría sacar a Chile del subdesarrollo en plazos breves. Como se observa, no es poco lo que está en juego.

Frente a semejante perspectiva, el gobierno de Sebastián Piñera propuso, como parte del financiamiento de la reconstrucción, un pequeño incremento temporal del impuesto especial a la minería vigente desde 2005 con una nueva tasa para dos años sobre las utilidades operacionales de entre 4%y 9%.

Como las empresas mineras están acogidas a una invariabilidad del tributo de 4% de las utilidades operacionales hasta 2017, la moneda de cambio era ampliar esa invariabilidad hasta 2025, de modo que las empresas acepten pagos voluntarios por unos 600 millones de dólares durante 2011 y 2012. Claro, a partir de ahí el gobierno actual y los próximos tres gobiernos democráticamente elegidos nada tendrían ya que decir en la materia.

La invariabilidad tributaria no existe en ningún país maduro. En Chile no hemos logrado (¿no hemos querido? ¿tan capturado está nuestro sistema político por la gran minería privada?¿tan graves siguen siendo las secuelas del golpe de 1973?) evitar sustraer del gobierno y del parlamento, depositarios de la soberanía popular, la potestad de cambiar normas en la materia, lo que es una anomalía democrática manifiesta. La Concertación se opuso a su ampliación y la votó en contra en julio, pero en su seno hoy se la discute de nuevo. ¿Qué pasó entre medio? Recordemos que se prevé una década de altos precios del cobre, que podría llevar a una monumental transferencia de utilidades al exterior.

En algunos países desarrollados se grava el valor de las ventas mineras, lo que lleva con el resto de mecanismos normales la tributación a las utilidades a niveles de 40-60% en el sector. ¿Por qué no pensar para la minería chilena de gran escala un régimen como el noruego, que grava la explotación privada del petróleo con una regalía (“royalty”) de entre 8 y 16% de las ventas, además de un impuesto a las ganancias de hasta 78%?

Adicionalmente, no existen razones valederas para mantener el carácter indefinido de las concesiones mineras, que al ser tales no son sino una transferencia gratuita ilegítima de derechos de propiedad que pertenecen a la Nación.

Si se plantea un problema jurídico con la invariabilidad tributaria otorgada, ello no impide que se establezcan desde ya reglas más exigentes para las nuevas inversiones y para las actuales a partir de 2018, con un premio en tasas menores para las compañías que se acojan desde ya a ellas. Lo que no cabe desde el punto de vista del interés nacional es ampliar la invariabilidad a cambio de una recaudación temporal de poca monta.

Cualquier combinación de mecanismos que llegara a gravar, por ejemplo, solo un 45% de las utilidades extraordinarias (llevando del 13% al 30% la tributación total sobre ventas) permitiría recaudar más de dos mil millones de dólares al año. Esa sería una batalla digna de grandes chilenos como Radomiro Tomic y Salvador Allende. En contraste con los poco dignos arreglos menores a los que estamos asistiendo.

El toro por las astas en la minería

http://blog.latercera.com/blog/gmartner/entry/el_toro_por_las_astas

Sebastián Piñera propuso, como parte del financiamiento de la reconstrucción, un pequeño incremento del impuesto especial a la minería vigente desde 2005. Eso sí, a cambio de una todavía mayor invariabilidad tributaria que la que existe, de modo que las empresas mineras acepten nuevos pagos voluntarios durante 2011 y 2012. Esta invariabilidad se proponía fuera ampliada hasta 2025, ocho años más que la que la derecha le había arrancado al gobierno de Ricardo Lagos, es decir hasta el 2017, cuando éste propuso modificar la ley de concesiones y establecer una regalía de hasta 3 % de las ventas, dependiendo la tasa del margen operacional, que podría haber llevado la tributación efectiva hasta  cerca de un 50% de las utilidades. Recordemos de paso que “regalía” es la expresión castellana equivalente de “royalty“, la que en propiedad lingüística debiéramos utilizar. Regalía o royalty, el hecho es que fue rechazada la propuesta en el parlamento en  julio y agosto de 2004. Devino en junio de 2005 en un pequeño avance respecto a la cuasi ausencia de tributación minera previa mediante una  nueva ley pero ahora de impuesto especial en base a las utilidades imponibles operacionales del explotador minero. Por encima de 50 mil toneladas y con un margen operacional de al menos un 8%, la tasa es de 5%. Para montos inferiores la tasa es de 0,5% a 4%. Este pago es adicional al impuesto normal aplicable a todas las empresas (primera categoría) e incluyó una rebaja del llamado impuesto adicional, que se aplica a la repatriación de utilidades, de 42% a 35% para que las empresas acogidas a inavariabilidad tributaria aceptaran la nueva fórmula. Su recaudación entre 2006 y 2009 ha sido del orden de 3 mil millones de dólares, incluyendo Codelco. En 2009 fue de 315 millones de dólares en la minería privada.
Lo grave de la imposición de la derecha, sin la cual no hubiera habido legislación ni recurso adicional alguno por el alto precio del cobre en la etapa de bonanza que hemos vivido, fue consagrar una invariabilidad tributaria, figura existente desde los años setenta para la inversión extranjera, que supone sustraer del parlamento, depositario de la soberanía popular, la posibilidad de cambiar normas en la materia. Y esto precisamentge cuando se producían cambios tan relevantes en la industria del cobre que  podrían cambiar el destino de Chile, si empre que el país actúe con inteligencia. La invariabilidad congela una situación en extremo favorable para la minería privada y representa un privilegio exorbitante para las empresas que explotan un recurso no renovable que pertenece a todos y una anomalía democrática manifiesta. La Concertación y el MAS votaron en contra de la propuesta de incrementar la tasa de tributación a cambio de aumentar la invariabilidad hasta cuatro gobiernos más por considerarla lesiva al interés nacional. Hicieron bien,. Pero hoy se reactiva la posibilidad de un acuerdo Concertación-gobierno. ¿Qué cambió en pocos días entre los actuales directivos de la Concertación? Aparentemente un diagnóstico de encuestología primaria: la mala valoración actual de la Concertación debería poder corregirse con una actitud más colaborativa con el gobierno... Es como para no creer la levedad del argumento frente al peso de lo que está en juego.
El país viene cometiendo error tras error en este tema.  Primero José Piñera en la dictadura de Pinochet vació de contenido la nacionalización lograda por Salvador Allende en 1971, al establecer las concesiones indefinidas de las pertenencias mineras que incluso la constitución de 1980 señala como de exclusiva propiedad pública. Luego, en democracia, pese a las advertencias de Radomiro Tomic, mantuvimos el abuso del carácter indefinido de las concesiones y no controvertimos suficientemente la equivocada idea de los neoliberales de que se debía favorecer con urgencia la explotación privada de cobre porque este recurso perdería valor en breves plazos por la emergencia de sustitutos como la fibra óptica. Sabemos hoy que el consumo ha seguido en expansión y que las economías emergentes son grandes demandantes de cobre hoy y en el futuro, con su respectivo impacto en los precios. ¿Bien para Chile entonces? Si, en el caso de las mayores utilidades para la proporción menor al 30% de la producción de CODELCO, y para la recaudación del impuesto minero que logró Ricardo Lagos. Y espectacularmente bien para los accionistas de las compañías del sector, que están beneficiándose de una renta no originada en la actividad empresarial sino en la apropiación de un recurso del subsuelo no renovable, es decir de un bien natural escaso que pertenece a otros, en este caso a la Nación chilena.
Hagamos un paréntesis. La primera ministra de Australia, Julia Gillard, anunció a principios de julio de 2010 un acuerdo con los representantes de las compañías mineras BHP, Rio Tinto y Xstrata sobre un nuevo impuesto a los recursos naturales, poniendo fin así a una agria disputa que duró dos meses después que su antecesor, Kevin Rudd, antes de ser desestabilizado, había propuesto un cambio audaz a la legislación tributaria con un nuevo impuesto a las ganancias mineras extraordinarias de 40%. El acuerdo logrado establece una tasa para la extracción de petróleo y gas del mencionado 40%, y para el mineral de hierro y el carbón una tasa de 30% a partir de julio de 2012. El impuesto se aplicará a las utilidades que excedan a un equivalente a un retorno de 12% sobre las inversiones, en lugar de 6%. Con los cambios, el gobierno recaudará unos US$ 1.360 millones menos que los US $ 10.900 millones del plan original.  No obstante, no parece del todo un mal acuerdo para el gobierno, mientras las mineras lo aceptaron pues hace tributar solo las ganancias extraordinarias. Una regalía propiamente tal, es decir un tributo basado en el pago por el valor del volumen físico extraído, es una primera opción válida y recomendada por los libros de texto. En algunos países se grava con hasta un 18% de las ventas. Pero este mecanismo pudiera seguir menos de cerca las realidades de la inversión privada, especialmente en los períodos de precios bajos, inversión que eventualmente podría verse afectada, lo que es discutible, pero argumentable. La tributación a las sobreganancias, en cambio, nunca va a afectar a inversión minera alguna, salvo que compita con las tasas de retorno del narcotráfico o la venta clandestina de armas.
¿Porqué no aplicar un esquema semejante en Chile, donde están presentes las mismas compañías mineras? Sería una primera opción. Australia posee los mejores yacimientos de hierro, Chile los de cobre. El que puede allá podrá acá, indica el sentido común. Incluso compartimos pertenencia a la OCDE, el club de los países pudientes. Pero no: como se sabe en Chile es el menos común de los sentidos.  Acordemos mejor modificaciones no sustantivas a la propuesta piñerista. Grave error, que esperamos no se concrete.
En efecto, la principal consultora en materia de precios del cobre (CRU) prevé un precio superior a tres dólares la libra en los próximos cuatro a cinco años.  Con ese precio del cobre, el margen operacional de Escondida y el del conjunto de las empresas del Consejo Minero, excluida Codelco, superaría el 60% en el primer caso y el 40% en el segundo. Estas son cifras astronómicas.
De esos datos se infiere que una propuesta rigurosa y justificada es la de un impuesto como el que prevaleció durante un tiempo en Zambia para las ganancias extraordinarias derivadas de los altos precios del cobre, que en su momento recibió el apoyo del Banco Mundial: una tasa sobre utilidades de 25% para un precio entre 2,5 y 3 dólares la libra; de 50% para un precio de más de 3 y hasta 3,5 dólares la libra y de 75% para un precio superior a 3,5 dólares la libra.
Pero la opción australiana, que debe ser refrendada aún por un nuevo parlamento,  y la  de Zambia, que no logró perdurar, chocan en Chile con la oposición empresarial, a la que sabemos es bastante sensible el actual gobierno, y con el problema jurídico de la invariabilidad tributaria, que puede ser invocada en tribunales internacionales.
Por ello es una opción válida la propuesta que ha planteado Juan Villarzú. Si se trata de recaudar en el corto plazo, entonces obviemos el tema de la invariabilidad del impuesto especial a la minería ya vigente. Simplemente deroguémoslo  y establezcamos un impuesto a las utilidades extraordinarias de todas las empresas no pymes (a las utilidades operacionales que  excedan el 30% de los ingresos por venta), fijando una tasa marginal del 30% cuando las utilidades extraordinarias se sitúen entre más del 30%  y el 40% de las ventas; una tasa del 40% cuando las utilidades extraordinarias se sitúen entre más del 40% y el 50% de las ventas y una tasa de 50% con utilidades por encima del 50% de los ingresos por ventas.  Con un precio del cobre de tres dólares la libra las mineras privadas quedarían con este esquema afectas a sobretasas de 50% en Escondida, y de 30% y 40% en el resto de las compañías. Tributarían unos dos mil millones de dólares anuales que no le vendrían mal a Chile para financiar la reconstrucción y mucho más, frente a los 600 millones por dos años de la propuesta de Piñera, con una tasa sobre utilidades operacionales entre 4%y 9%, sin paralizar la inversión privada dada la naturaleza de lo gravado: las utilidades extraordinarias.  ¿No habrá llegado la hora de tomar el toro por las astas en vez de concordar con el gobierno de Piñera condiciones inaceptables para el bien de Chile y su futuro?

La necesidad de debatir

Con Girardi, Ominami, Silber y Vidal hemos planteado en días recientes que el gobierno de Sebastián Piñera y su coalición de derecha han utilizado el aumento de 1,1 puntos porcentuales registrado por el índice de pobreza monetaria medido por Mideplan para darle una connotación de fracaso global a las políticas sociales durante los últimos 20 años,. Esto resulta clamorosamente incongruente con el 45,1 por ciento de pobreza y el 17,4 por ciento de extrema pobreza registrado hacia 1987, que fue el legado que la dictadura le dejó a la democracia, con cerca de la mitad del país viviendo en condiciones pauperizadas y uno de cada seis chilenos sumido en la miseria.


Los causantes de esa gigantesca regresión social fueron los neoliberales y Chicago Boys que desmontaron las políticas sociales construidas con mucho esfuerzo durante sucesivos gobiernos democráticos desde 1920 hasta 1973. No tienen hoy demasiada autoridad moral para juzgar una baja sistemática de la población que vive con ingresos inferiores al doble del costo de una canasta alimentaria básica desde un 45,1 por ciento en 1987 a un 13,7 por ciento hacia 2006,  aunque en medio de la crisis se haya ahora experimentado lamentablemente un incremento al 15,1 por ciento de la población. No tiene presentación que se descalifique el esfuerzo social de los último años, que se saludaba durante la campaña electoral, y menos que se insista en que “falta focalización”, como si hubiera un exceso de prestaciones sociales en Chile cuando lo que existe es aún una clara insuficiencia de las mismas.


No cabe tampoco reaccionar con una actitud defensiva del tipo “siempre supimos que la lucha contra la pobreza es larga” o que “esto se debe a que en 2009 subió el desempleo y el precio internacional de los alimentos”, lo que traduce la idea de que este incremento de la pobreza era inevitable. Y manifiestamente no era inevitable, máxime cuando el país, con nuestro decidido apoyo, había acumulado reservas fiscales y holguras macroeconómicas considerables.


Se debió actuar con mayor prontitud en materia de política monetaria, cambiaria y fiscal y con mayor profundidad frente a la grave crisis de 2008-2009, como lo sostuvimos en su momento  (ver en este blog). Las autoridades económicas, está a la vista, se equivocaron y llevaron al país a tener uno de los comportamientos menos exitosos en Sudamérica frente a la crisis, solo acompañados en la recesión por Venezuela y Paraguay, lo que no fue el caso de Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil, que crecieron en medio de la crisis global. El propio Banco Central proyectaba a inicios de 2009 que Chile no tendría una recesión, en circunstancias en que finalmente el PIB cayó en un -1,5 por ciento. Muy tarde y muy poco, esa es la lección a aprender en materia de política económica reciente. Este error de los economistas neoliberales que han conducido la política económica desde el Ministerio de Hacienda y el Banco Central en el pasado reciente, que ya se había cometido de manera similar en 1999 frente a la crisis asiática, no debe volver a repetirse: Chile debe ampliar y no restringir el carácter anticíclico de su política económica. No haber utilizado los instrumentos que hemos construído provocó el incremento de la pobreza que hoy lamentamos.


Quien reconoce errores no se humilla sino que se enaltece. Y especialmente porque al hacerlo está en mejores condiciones de sacar lecciones positivas para el futuro. Lo contrario ocurre con quienes se niegan a asumir responsabilidades y transforman su gestión en un dogma de fe, empobreciéndose moral e intelectualmente. Toda obra humana es imperfecta, y si la realizada desde 1990 está llena de realizaciones positivas, también tiene zonas grises y oscuras que deben ser corregidas por una nueva mayoría que se constituya como alternativa a la derecha en los próximos eventos democráticos en el país y a la que nos proponemos contribuir activamente.


Entre las lecciones a sacar está que el programa Chile Solidario creado por el Presidente Lagos y que apoya a los 200 mil familias de menores ingresos, parece haber estado en condiciones de contener el nivel de indigencia, medido como el porcentaje de familias cuyos ingresos son inferiores al costo de una canasta de alimentación básica: aunque aumentó levemente, es cinco veces menor que el existente en 1987. Por su parte, la reforma a las pensiones impulsada personalmente por la Presidenta Bachelet –el anterior Ministro de Hacienda fue reacio a que esta medida estuviera siquiera incluida en su programa, así como cualquier reforma tributaria progresiva- , contribuyó a que la pobreza medida por Mideplan afecte solo al 8,9 por ciento de los mayores de 60 años, la mitad menos que al resto de la población. Se debe perseverar por ese camino y seguir extendiendo y aumentando la Pensión Básica Solidaria.


Muy preocupante resulta por su parte que la pobreza monetaria alcance aún al 24,5 por ciento de los jóvenes menores de 3 años o al 21,5 por ciento de los niños entre 4 y 17 años. Esto es moralmente inadmisible. Si bien es cierto que el Subsidio Único Familiar se extendió durante 2009 de 1,3 a 1,7 millones de causantes, su monto, al igual que el de la Asignación Familiar, es manifiestamente insuficiente. Debe ser aumentado con prontitud. Lo propio puede decirse del seguro de cesantía, que solo cubrió a menos de uno de cada cinco cesantes en la crisis reciente. No es de extrañar que entre los cesantes la pobreza haya alcanzado un 51%. El dispositivo creado en 2002 debe fortalecerse sustancialmente, así como los programas de creación directa de empleo, que mostraron su fortaleza en  evitar aumentos de la pobreza en la crisis de 1999-2000.


El país debe además revisar la metodología de medición de la pobreza. Ninguna metodología cubre todas sus facetas, según muestra la experiencia comparada y especialmente la de los países de la OCDE. La medición vigente de la pobreza monetaria absoluta con la canasta de alimentos de 1988 no debe suprimirse sino complementarse con mediciones adicionales utilizando una canasta de consumo básico actualizada. También debe utilizarse líneas de pobreza relativas (como las que calcula la Unión Europea, con líneas de 40%, 50% y 60% del valor de la mediana de los ingresos por unidad de consumo o la que calcula la CEPAL con 50% de la mediana) y así enriquecer la percepción de esta realidad compleja y multifacética. Especial relevancia tiene la medición por tramos de edad y por estructura familiar, pues la experiencia comparada indica que los niños, las familias uniparentales y las personas solas son las que más sufren de pobreza y requieren de programas especializados en su apoyo. Asimismo, la experiencia comparada –y las pocas investigaciones de panel existentes en Chile- demuestran que la rotación de personas que entran y salen de situaciones de pobreza es muy alta, por lo que fortalecer la protección social frente a los ciclos económicos y del empleo sigue siendo una tarea crucial y nuestra seña de identidad en materia de políticas económicas y sociales frente al dogmatismo neoliberal que se opone a las intervenciones públicas necesarias sobre la economía en aras del bienestar de las mayorías.

Buena y mala política económica

Tribuna publicada en El Mercurio el 15 de junio de 2010

Las discusiones sobre política económica están en la plaza pública, como por lo demás otros temas controvertidos en nuestra sociedad. En buena hora nuestra democracia va madurando. En el tema que nos ocupa, una determinada visión económica, la liberal, intentó hacer creer que la política económica debía remitirse a unos bancos centrales autónomos y a unas autoridades económicas gubernamentales a las que se les otorga el monopolio del manejo de temas considerados demasiado complejos y delicados. Pero detrás de las políticas económicas suelen estar opciones de sociedad, las que en democracia se dirimen en la esfera pública si se quiere evitar, precisamente, los populismos de uno u otro signo.

Véase lo que ocurre en el mundo de la OCDE: arrecia la controversia sobre apretarse el cinturón para reducir los grandes déficits públicos o perseverar en las políticas de estímulo hasta que el crecimiento económico vuelva a ser lo suficientemente robusto, y contribuya al equilibrio de las cuentas fiscales. Alemania ha optado por lo primero, arrastrando a los europeos más débiles bajo la férula de Merkel-Trichet y su culto calvinista por la austeridad, que sumirá a Europa en un bajo crecimiento prolongado. En Estados Unidos se ha optado por mantener los estímulos, monetizando incluso masivamente los bonos gubernamentales, con la inspiración más o menos lejana de la dupla de premios nobeles neokeynesianos Stiglitz-Krugman. Se sigue apostando por reanimar el crecimiento, hasta aquí con cierto éxito.

En Chile se ha abierto una controversia entre ex ministros en donde las buenas formas, que siempre se deben agradecer, no parecen estar a la orden del día. Sin embargo, el tema de fondo es relevante, y ojalá no termine en caricaturas. ¿Será que por un lado están los que no entienden de economía y en general de no muchas cosas y por el otro los que sí entienden y han hecho una adecuada política económica basada en la disciplina fiscal y son hoy injustamente atacados?

Pongamos las cosas en perspectiva. No olvidemos que el razonamiento durante el gobierno de Lagos fue que la crisis asiática puso una vez más a Chile frente a una restricción de liquidez externa que llevó a subir drásticamente las tasas de interés internas y a la recesión. Debía construirse paso a paso una mayor autonomía financiera con una especie de “autoseguro” frente a los ciclos externos. El Presidente Lagos aprobó una política fiscal de desendeudamiento y contracíclica —que poco tiene que ver con la “disciplina fiscal” ortodoxa marcadamente procíclica— para poder reaccionar ante las crisis. Tuvo razón la Presidenta Bachelet en reafirmar esa política.
Parece haber en esto un consenso generalizado en los que apoyaron a la anterior administración, aunque es debatible la tardanza de los encargados de la macroeconomía en bajar las tasas de interés, en aplicar el plan de estímulo y en pasar de un superávit estructural, ya obsoleto, a un balance estructural del presupuesto. Esta tardanza del Banco Central y de Hacienda se tradujo en una recesión evitable. ¿Por qué, según el FMI, en Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Colombia la economía creció en 2009 y en Brasil prácticamente no hubo recesión? Chile compartió números negativos solo con Paraguay y Venezuela, entre sus vecinos. Un buen enfoque puede ser mal y tardíamente aplicado, y este parece ser el caso.

Una discusión distinta es el nivel de gasto fiscal que se estima necesario para proveer bienes públicos a la población, y especialmente a los más pobres y vulnerables, y promover la innovación productiva. Eso no tiene que ver con la política fiscal contracíclica, que puede funcionar con impuestos y gastos estructurales altos o bajos. Y sí tiene que ver con una conducción económica que redujo impuestos en diversos proyectos de ley (¿no es eso populismo?). Y que fue la primera desde 1990 en negarse a toda reforma tributaria, recomendación que hizo extensiva al candidato Frei, en circunstancias en que se hacía crecientemente evidente que el país ha perdido enormes recursos por no realizar una tributación inteligente a sus recursos naturales, como la que hace, por ejemplo, Noruega. La equivocada opción por rebajar impuestos y por transferir casi gratis la renta minera nada tiene que ver con la política de bajo endeudamiento fiscal y de protección frente a los vaivenes financieros. Esa fue una política adecuada.

Lo equivocado fue apostar a una política liberal de reducción de impuestos (en 2009 la recaudación tributaria disminuyó a uno de sus niveles más precarios, y no solo por la caída del precio del cobre) que se tradujo en no incrementar como se debía el gasto para hacer una reforma educacional consistente, insuflar dinamismo a la investigación y desarrollo, y hacer una reforma previsional con un pilar solidario más amplio que rebajara claramente la pobreza en las personas de edad avanzada (en el actual se gastará menos que en pensiones militares; es decir, 1% versus 1,4% del PIB), para no hablar de la oposición liberal a toda reforma laboral que permita un nivel decente de negociación colectiva en Chile.

Las políticas de empleo privilegiaron subsidiar contrataciones, lo que está demostrado en todo el mundo que sustituye empleo y no lo crea, mientras se sobredimensionó fondos de ahorro como el de becas en el exterior, improvisado, mal gestionado y que complica el desarrollo de los posgrados nacionales. Macroeconomía, pensiones, empleo, educación, entre otros temas: el verdadero debate, ojalá con altura de miras, entre liberales y progresistas debe seguir, por lealtad con los ciudadanos y para la buena salud de nuestra democracia.

¿Tiene Piñera un componente DC en su ADN?

"Los nuevos fichajes de militantes decé en el Gobierno, y el discurso del 21 de mayo reabren el debate sobre los lazos del Presidente con el partido."

En El Mercurio del domingo 30 de mayo, Rocío Montes pregunta: ¿Tiene Piñera un componente DC en su ADN?



R.  Los hechos: Piñera era un DC que partió a la derecha. Su programa y estilo son de centroderecha pragmática. No gusta a muchos UDI. Más hechos: hay una centroderecha en la Concertación. Algunos han ido al Gobierno y a la empresa, no sólo desde la DC. El futuro: Piñera debe tener al frente a un fuerte centro democrático aliado a una amplia izquierda progresista".

Las cartas sobre la mesa

Llama la atención en el discurso del 21 de mayo de Sebastián Piñera la promesa de que “antes que esta década concluya, Chile habrá alcanzado el desarrollo y superado la pobreza”.  Agrega Cristián Larroulet que Chile será “el primer país de América Latina en haber alcanzado el desarrollo”. Excelente idea, como por lo demás el tono no confrontacional y de apertura al diálogo del actual Presidente, así como la promoción de valores como el respeto a los derechos humanos y la no discriminación, lo que siempre se agradece viniendo desde la derecha. Hay en el mensaje, ya visto en el tema del financiamiento de la reconstrucción, un tono centrista. ¿Estaremos en presencia de una nueva derecha civilizada, tan ausente en el Chile contemporáneo? ¿Pero cómo se pasa de los deseos y la retórica a concretar realidades?
Destaca que las primeras prioridades sean la tríada crecimiento-empleo-delincuencia, más típicamente conservadora. Son las mismas de Lavín en su momento. Y mientas un presidente como Sarkozy encargó a una comisión dirigida por los nóbeles Stiglitz y Sen enriquecer la medición del desarrollo, reiterativamente nuestros tecnócratas solo miran un indicador, el PIB por habitante. Según el FMI, el PIB por habitante en 2010 a paridad de poder de compra será de 39 700 dólares en los siete países más avanzados del mundo, de 30 800 en España, de  24 800 en Chequia, de 22 030  en Portugal. Y de 14 900 en Chile, el segundo más alto en América Latina, después de Argentina (que es ahora levemente superior al nuestro, gracias a su alto crecimiento de los últimos años). Efectivamente, para alcanzar en 2020 un nivel de vida situado entre el de Portugal y Chequia del 2010, Chile debiera crecer al menos al 4,8% anual por habitante (6%, considerando un 1,2% de crecimiento de la población).  Si se tiene en cuenta las turbulencias de la economía mundial, y la evolución de las últimas dos décadas con un crecimiento por habitante de cerca de 4% anual, lo más probable es que se llegue a ese nivel de vida en más que una década. No obstante, si se completasen treinta años de crecimiento al doble de la tasa de 2% por habitante al año prevaleciente hasta 1990, Chile estará en otra realidad en su nivel de vida material promedio. Lo que plantea  varios desafíos, pues el desarrollo no es solo el PIB por habitante,  es también el desarrollo social y el desarrollo sustentable.  
Viejos desafíos como el de la desigualdad, que está en la base de la pobreza. Piñera plantea que Chile “habrá superado la pobreza”  en una década. El que ni los países grandes más desarrollados hayan logrado hacerlo, pues mantienen bolsones de pobreza importantes y se confrontan a las inmigraciones masivas desde los países pobres, debiera llamar a más prudencia. Con su enfoque, Piñera y la derecha no nos llevarán a la superación de la pobreza.   Un valor de PIB por habitante y unas pocas políticas de subsidio compensatorio pueden no querer decir nada para los perdedores del juego del mercado y para los que no poseen capital material ni humano y por tanto sobreviven como pueden, en precarias condiciones apenas mejores que las de generaciones anteriores. Se requiere algo más que unos subsidios adicionales, aunque siempre sean bienvenidos,  para paliar la situación de los excluidos de la economía y de la sociedad, y se requiere para abordar la marginalidad y la droga algo más que policías, cárceles y mano dura, que ya nos tienen entre los países con más presos por habitante en el mundo.
Se requiere en cambio una estrategia de innovación y desarrollo en vez de dependencia, clientelismo y represión. Será una economía del conocimiento -que sustituya progresivamente la especialización en la explotación de recursos naturales cada vez más depredados- la que permitirá crear empleos con derechos sociales (incluyendo la negociación colectiva generalizada y la cobertura de los principales riesgos de enfermedad, desempleo y vejez sin ingresos), y empleos en una reinventada economía social cuando los anteriores falten. Se requiere penalizar las desigualdades que provienen del mercado no regulado y de la hiperconcentración del capital y promover las conductas cooperativas en la sociedad. Para crear una economía del conocimiento que sustente una sociedad del bienestar, el país tiene recursos variados, pero especialmente los de su riqueza minera, pero no los quiere usar y prefiere regalárselos a inversionistas extranjeros que han demostrado ser más inteligentes que nosotros.
El segundo desafío de siempre es el de la educación. Recordemos que Piñera negoció como senador en 1993 el financiamiento compartido como condición para prolongar la reforma tributaria del gobierno de Aylwin. Cometimos un grueso error al aceptarlo, aunque fuese como mal menor, pues se terminó de hundir ahí la educación pública. Se culminó la visión neoliberal de fragmentar la educación, bajo el pretexto de la competencia, y se consiguió una para ricos, otra para clases medias emergentes, otra para clases medias modestas y otra para pobres, concentrando a los marginados en la educación municipal más precaria. Se permitió la emergencia de cientos de establecimientos educacionales a cargo de mediocres que buscan lucrar, impidiendo que la educación cumpla su rol integrador y de cohesión social. Esto no tiene nada de moderno y si tiene mucho de clasista y de mercantilista. El descuido de la Universidad pública y de la formación de docentes, junto a la masificación de la educación universitaria en universidades privadas de dudosa calidad, han llevado a una cohorte de profesionales cesantes y a la catástrofe de una educación básica y media en la que los docentes no saben lo que enseñan, por tanto los alumnos no aprenden a leer, escribir y contar correctamente, rebajando los niveles de exigencia a profesores y alumnos  hasta niveles insospechados. No se trata solo de que los que tienen menos capital cultural quedan a la deriva y sin opciones. La última noticia es que tampoco un 8% de los que llegan a la Universidad de Chile  entiende lo que lee…  
Mientras se mantenga el libre mercado en educación, normas laxas, un ministerio mediocre, no habrá educación de calidad ni el valor del mérito tendrá ninguna presencia en nuestra sociedad de clientelas, arreglos precarios y parches. Mayores exigencias a las entidades públicas y a las privadas con subsidio público solo pueden hacerse rehabilitando la función pública en educación: se debe recurrir a los mejores especialistas, sin cuoteos ni clientelismo, en un Ministerio de Educación digno de ese nombre y en corporaciones regionales que se hagan cargo de las escuelas municipales y tutelen con profesionalidad las privadas sin fines de lucro (las con fines de lucro simplemente deben desaparecer, del mismo modo que el financiamiento compartido) y no confundan descentralización con desorden y lenidad. El mensaje en todos estos temas es básicamente más de lo mismo. Se puede predecir que nada nuevo pasará en educación, y con ello se mantendrá un factor de decadencia del país. Lo mismo puede decirse en materia de salud, con el sistema dual de medicina privada para personas de altos ingresos y no mucha edad, y hospitales y consultorios públicos para el resto, con listas de espera y bajos presupuestos para atender al grueso de la población, aunque deba saludarse el aumento del subsidio maternal y la eliminación gradual del pago de 7% para salud de los jubilados, que los neoliberales y obtusos ministros de hacienda de la Concertación se negaron a abordar, del mismo modo que la refoma tributaria, por razones ideológicas. Soy de los que espera que sea esta una razón más para que de una vez por todas disminuyan su lesiva e indebida influencia en el pasado reciente de Chile y que los que les prestaron apoyo político lo piensen dos veces en el futuro.   
Debe, por otro lado, saludarse la promoción de la inscripción automática, del voto parcial de los chilenos en el exterior, de primarias vinculantes para elegir candidatos a elección popular en los partidos, la iniciativa popular de ley, facilitar los plebiscitos comunales. Son todas reformas institucionales bienvenidas, que esperamos permitan dejar atrás el discurso de que estos “no son problemas reales de la gente”, como si la calidad de la democracia no fuera un problema colectivo. No obstante, no se aborda la cuestión medular, que sigue poniendo a nuestra derecha debajo de los estándares democráticos básicos: la mantención del sistema binominal y de las leyes orgánicas con quórum calificado, que permiten a las minorías ser más que las mayorías y bloquear las legislaciones progresistas a su antojo. Y desde luego las uniones homosexuales (que la UDI logró hacer desaparecer del discurso) y la regulación del aborto, que evite los 200 mil abortos clandestinos al año en las peores condiciones sanitarias. Esta falta de ethos democrático es una de las razones por las cuales menos de uno de cada cuatro jóvenes hasta aquí participa en la elección de sus gobernantes. Ese es nuestro principal fracaso democrático como país.

¿Sabía usted?

¿Sabía usted que en abril de 2008 el presidente de Zambia, Levy Mwanawasa, promulgó una nueva ley de impuestos a la minería, considerando que su país no estaba recibiendo ingresos adecuados por su principal producto de exportación, el cobre? El nuevo régimen tributario aumentó el royalty de 0.6% a 3% del valor bruto de los minerales exportados. El impuesto a la renta para las empresas mineras aumentó del 25% al 30%. También se estableció un impuesto a la renta de 15% (adicional a la tasa del 30%), cuando las utilidades superasen el 8% de sus ingresos totales, y un Impuesto a las Ganancias Extraordinarias para aprovechar para su país los altos precios del cobre: el impuesto es de 25% cuando el precio del cobre se sitúa entre 2.50 y 3.00 dólares la libra; de 50% cuando el precio sube al rango de más de 3.00 y hasta 3.50 dólares la libra. Llega al 75% cuando el precio del cobre es superior a 3.50 dólares la libra.

Usted dirá que eso es típico tercermundismo, de aquel que no sabe estimular la inversión extranjera para salir del subdesarrollo. El FMI no objetó la fórmula, pero no se preocupe, el Presidente Mwanawasa falleció en agosto de 2008, y el nuevo gobierno derogó, por presión de las empresas mineras, el impuesto a las ganancias extraordinarias.

Pero, ¿sabía usted que Kevin Rudd, el Primer Ministro de Australia, uno de los países más prósperos del primer mundo, también propuso este 2 de mayo aumentar los impuestos a las ganancias de la minería? Ha declarado nada menos que “a lo largo de una década, las mineras han tenido ganancias extraordinarias de 74.000 millones de dólares: mientras tanto, los gobiernos, en representación del pueblo australiano, han recibido solo 9.000 millones de dólares en ingresos adicionales en el mismo período” y que “las compañías mineras merecen obtener una rentabilidad justa sobre sus inversiones, eso es importante. Sin embargo, creemos que también es importante que el pueblo australiano reciba una retribución justa por los recursos que les pertenecen.” Casi habla como Allende este Kevin Rudd: claro, es socialdemócrata, le ganó no hace mucho las elecciones a la derecha, qué lástima. Y ha agregado este señor que BHP Billiton, la empresa más grande de Australia, es actualmente de propiedad extranjera en un 40 por ciento, porcentaje que en el caso de Río Tinto alcanza a un 70 por ciento: “eso significa que este masivo incremento de utilidades, construido en base a recursos australianos, se está yendo mayoritariamente al extranjero”. Y fíjense que para evitar semejante situación propone un impuesto a las utilidades mineras de 40%.

Usted dirá: hasta a Australia están llegando las malas influencias del estatismo y de esta gente que considera, horror, que los recursos naturales les pertenecen a sus países, y que las empresas privadas deben pagar por ellos.

Pero eso en Chile, claro, no pasa. Aquí a Allende, que nacionalizó el cobre, como se le ocurre, le hicimos un golpe de Estado. Ahora tenemos buenos economistas que convencen a casi todos los presidentes, o ellos mismos están convencidos, como el actual, que no se debe, horror, “discriminar” a la inversión extranjera, no vaya a ser que se nos enoje. A lo más les pedimos unos poquitos aportes voluntarios, pero a cambio de “más invariabilidad tributaria” para que no crean que nos comportamos mal: deben tener bien claro que nos encanta regalarles los recursos de los que dotó la naturaleza a los chilenos, porque lo que nos importa en realidad es la empresa privada, sea de donde sea, y el libre mercado, no se nos olvide. Sin estatismos. Y naturalmente votamos en contra del royalty que propuso Lagos, vaya mala idea. Al final le aceptamos solo un poquito de impuesto especial a la minería y con mucha invariabilidad para que no se les fuera a ocurrir entusiasmarse a los estatistas de siempre, estos que, no hay caso, no entienden que es la propiedad privada bien privada la que conduce al desarrollo, o en todo caso a nuestro desarrollo, pues.

¿Y qué hay de los déficits del país en hospitales, escuelas, guarderías infantiles, pensiones, infraestructura productiva local y regional, universidades, medio ambiente, sin los cuales ninguna empresa privada innovadora, social y ecológicamente responsable, puede en definitiva prosperar? ¿Y qué hay del terremoto? Bueno, hay un plan, que incluye unos poquitos impuestos (temporalmente, por supuesto, no nos confundamos) y bastante endeudamiento (que paguen otros y después) y naturalmente ventas de activos estatales: ¿qué hacen todavía en manos del gobierno, que todo lo administra mal, si deben estar en manos nuestras? Para eso somos los dueños del país, los de la empresa privada (la grande, claro, no nos confundamos de nuevo). Y si este no es un buen momento para vender activos –esta molestosa crisis mantiene muchas incertidumbres que deprimen sus precios- si lo es para comprar baratos los recursos del Estado, que es lo que hemos hecho siempre, para qué vamos a perder la costumbre.

Mientras tanto, ¿sabía usted que hasta 2002, mientras el precio del cobre estuvo más bien bajo, las remesas anuales de ganancias de las empresas al exterior no alcanzaron a 4.500 millones de dólares? ¿y que desde entonces, cuando China, India y otros emergentes han terminado de irrumpir en la economía mundial con su fuerte demanda por materias primas –perdón, ahora se dice “commodities”, no nos desubiquemos- las ganancias remesadas han superado en algunos años recientes del nuevo ciclo los 25 mil millones de dólares? ¿y que este año podrían alcanzar unos 20 mil millones de dólares, que van a ir a parar a manos de prósperos accionistas extranjeros de las empresas mineras en vez de a las de los chilenos y sus hijos?

Es de esperar, vea usted, que no haya quienes propongan que nos pongamos como los de Zambia y Australia, que planteen que dejemos en Chile, con un impuesto a las ganancias extraordinarias de 40% o más si los precios alcanzan niveles muy altos, los recursos que nos permitirían reconstruir mejor lo que la naturaleza destruyó. Y además abordar las tareas del desarrollo en plazos mucho más breves de los que los bloqueos de los últimos dos decenios han permitido. Usted dirá: no vengan con malas ideas otra vez, pues. Igual no lo hicieron cuando gobernaban. En realidad, seamos justos, no los dejamos mucho, con esto de los senadores designados y la genial idea del quórum calificado que permite que sea la minoría la que legisla y no la mayoría, qué buena ocurrencia que nos aceptaron en 1989. Esto de que las mayorías gobiernen hay que ponerle límites, ¿no es verdad? Se les pueden ocurrir cosas raras. Y más bien se resignaron o se fueron acostumbrando a la idea de que para qué hacer estas cosas estatistas, ya no es propio de la época, vea usted. Les dijimos: dejen que el mercado cumpla su tarea y les fue gustando porque estaban demasiado ocupados en repartirse cargos en el Estado, salvo unos recalcitrantes que nunca faltan que insisten en que el mercado tiene demasiadas fallas y miopías como para no actuar con estrategias públicas de desarrollo para formar capital humano, hacer redistribuciones importantes de los ingresos y protecciones de los recursos naturales. A varios hasta les encantó recibir estipendios para defender los intereses de las empresas mineras que antes querían chilenizar y nacionalizar. Por lo demás, cuando se pusieron a chilenizar y nacionalizar con Frei y Allende, les votamos sus reformas, pero claro, terminamos llamando a los militares, ¿se fijan?

¿Y no ven que ahora ganamos las elecciones los partidarios de la propiedad privada? Así es que organicemos peleítas menores, veamos el mundial y que los que siempre han esperado, que sigan esperando. Total, a eso los tenemos acostumbrados. ¿O no?

Sobre impuestos

Ver video sobre impuestos con Guido Girardi.