¿Sabía usted?

¿Sabía usted que en abril de 2008 el presidente de Zambia, Levy Mwanawasa, promulgó una nueva ley de impuestos a la minería, considerando que su país no estaba recibiendo ingresos adecuados por su principal producto de exportación, el cobre? El nuevo régimen tributario aumentó el royalty de 0.6% a 3% del valor bruto de los minerales exportados. El impuesto a la renta para las empresas mineras aumentó del 25% al 30%. También se estableció un impuesto a la renta de 15% (adicional a la tasa del 30%), cuando las utilidades superasen el 8% de sus ingresos totales, y un Impuesto a las Ganancias Extraordinarias para aprovechar para su país los altos precios del cobre: el impuesto es de 25% cuando el precio del cobre se sitúa entre 2.50 y 3.00 dólares la libra; de 50% cuando el precio sube al rango de más de 3.00 y hasta 3.50 dólares la libra. Llega al 75% cuando el precio del cobre es superior a 3.50 dólares la libra.

Usted dirá que eso es típico tercermundismo, de aquel que no sabe estimular la inversión extranjera para salir del subdesarrollo. El FMI no objetó la fórmula, pero no se preocupe, el Presidente Mwanawasa falleció en agosto de 2008, y el nuevo gobierno derogó, por presión de las empresas mineras, el impuesto a las ganancias extraordinarias.

Pero, ¿sabía usted que Kevin Rudd, el Primer Ministro de Australia, uno de los países más prósperos del primer mundo, también propuso este 2 de mayo aumentar los impuestos a las ganancias de la minería? Ha declarado nada menos que “a lo largo de una década, las mineras han tenido ganancias extraordinarias de 74.000 millones de dólares: mientras tanto, los gobiernos, en representación del pueblo australiano, han recibido solo 9.000 millones de dólares en ingresos adicionales en el mismo período” y que “las compañías mineras merecen obtener una rentabilidad justa sobre sus inversiones, eso es importante. Sin embargo, creemos que también es importante que el pueblo australiano reciba una retribución justa por los recursos que les pertenecen.” Casi habla como Allende este Kevin Rudd: claro, es socialdemócrata, le ganó no hace mucho las elecciones a la derecha, qué lástima. Y ha agregado este señor que BHP Billiton, la empresa más grande de Australia, es actualmente de propiedad extranjera en un 40 por ciento, porcentaje que en el caso de Río Tinto alcanza a un 70 por ciento: “eso significa que este masivo incremento de utilidades, construido en base a recursos australianos, se está yendo mayoritariamente al extranjero”. Y fíjense que para evitar semejante situación propone un impuesto a las utilidades mineras de 40%.

Usted dirá: hasta a Australia están llegando las malas influencias del estatismo y de esta gente que considera, horror, que los recursos naturales les pertenecen a sus países, y que las empresas privadas deben pagar por ellos.

Pero eso en Chile, claro, no pasa. Aquí a Allende, que nacionalizó el cobre, como se le ocurre, le hicimos un golpe de Estado. Ahora tenemos buenos economistas que convencen a casi todos los presidentes, o ellos mismos están convencidos, como el actual, que no se debe, horror, “discriminar” a la inversión extranjera, no vaya a ser que se nos enoje. A lo más les pedimos unos poquitos aportes voluntarios, pero a cambio de “más invariabilidad tributaria” para que no crean que nos comportamos mal: deben tener bien claro que nos encanta regalarles los recursos de los que dotó la naturaleza a los chilenos, porque lo que nos importa en realidad es la empresa privada, sea de donde sea, y el libre mercado, no se nos olvide. Sin estatismos. Y naturalmente votamos en contra del royalty que propuso Lagos, vaya mala idea. Al final le aceptamos solo un poquito de impuesto especial a la minería y con mucha invariabilidad para que no se les fuera a ocurrir entusiasmarse a los estatistas de siempre, estos que, no hay caso, no entienden que es la propiedad privada bien privada la que conduce al desarrollo, o en todo caso a nuestro desarrollo, pues.

¿Y qué hay de los déficits del país en hospitales, escuelas, guarderías infantiles, pensiones, infraestructura productiva local y regional, universidades, medio ambiente, sin los cuales ninguna empresa privada innovadora, social y ecológicamente responsable, puede en definitiva prosperar? ¿Y qué hay del terremoto? Bueno, hay un plan, que incluye unos poquitos impuestos (temporalmente, por supuesto, no nos confundamos) y bastante endeudamiento (que paguen otros y después) y naturalmente ventas de activos estatales: ¿qué hacen todavía en manos del gobierno, que todo lo administra mal, si deben estar en manos nuestras? Para eso somos los dueños del país, los de la empresa privada (la grande, claro, no nos confundamos de nuevo). Y si este no es un buen momento para vender activos –esta molestosa crisis mantiene muchas incertidumbres que deprimen sus precios- si lo es para comprar baratos los recursos del Estado, que es lo que hemos hecho siempre, para qué vamos a perder la costumbre.

Mientras tanto, ¿sabía usted que hasta 2002, mientras el precio del cobre estuvo más bien bajo, las remesas anuales de ganancias de las empresas al exterior no alcanzaron a 4.500 millones de dólares? ¿y que desde entonces, cuando China, India y otros emergentes han terminado de irrumpir en la economía mundial con su fuerte demanda por materias primas –perdón, ahora se dice “commodities”, no nos desubiquemos- las ganancias remesadas han superado en algunos años recientes del nuevo ciclo los 25 mil millones de dólares? ¿y que este año podrían alcanzar unos 20 mil millones de dólares, que van a ir a parar a manos de prósperos accionistas extranjeros de las empresas mineras en vez de a las de los chilenos y sus hijos?

Es de esperar, vea usted, que no haya quienes propongan que nos pongamos como los de Zambia y Australia, que planteen que dejemos en Chile, con un impuesto a las ganancias extraordinarias de 40% o más si los precios alcanzan niveles muy altos, los recursos que nos permitirían reconstruir mejor lo que la naturaleza destruyó. Y además abordar las tareas del desarrollo en plazos mucho más breves de los que los bloqueos de los últimos dos decenios han permitido. Usted dirá: no vengan con malas ideas otra vez, pues. Igual no lo hicieron cuando gobernaban. En realidad, seamos justos, no los dejamos mucho, con esto de los senadores designados y la genial idea del quórum calificado que permite que sea la minoría la que legisla y no la mayoría, qué buena ocurrencia que nos aceptaron en 1989. Esto de que las mayorías gobiernen hay que ponerle límites, ¿no es verdad? Se les pueden ocurrir cosas raras. Y más bien se resignaron o se fueron acostumbrando a la idea de que para qué hacer estas cosas estatistas, ya no es propio de la época, vea usted. Les dijimos: dejen que el mercado cumpla su tarea y les fue gustando porque estaban demasiado ocupados en repartirse cargos en el Estado, salvo unos recalcitrantes que nunca faltan que insisten en que el mercado tiene demasiadas fallas y miopías como para no actuar con estrategias públicas de desarrollo para formar capital humano, hacer redistribuciones importantes de los ingresos y protecciones de los recursos naturales. A varios hasta les encantó recibir estipendios para defender los intereses de las empresas mineras que antes querían chilenizar y nacionalizar. Por lo demás, cuando se pusieron a chilenizar y nacionalizar con Frei y Allende, les votamos sus reformas, pero claro, terminamos llamando a los militares, ¿se fijan?

¿Y no ven que ahora ganamos las elecciones los partidarios de la propiedad privada? Así es que organicemos peleítas menores, veamos el mundial y que los que siempre han esperado, que sigan esperando. Total, a eso los tenemos acostumbrados. ¿O no?

Sobre impuestos

Ver video sobre impuestos con Guido Girardi.

Impresiones y Reflexiones

Permanecer un poco más de un año fuera de Chile, como ha sido mi caso, permite observar algunas cosas que de otro modo no se  ven con tanta nitidez. Lo que salta a la vista es  una cierta falta de veracidad como sello de nuestra cultura, y también de la vida política. Ejemplo: Sebastián Piñera promete crear un millón de empleos en su gobierno, a razón de doscientos mil por año, lo que suma, a ojos vista, ochocientos mil. Pero un millón suena mejor que ochocientos mil. Para que la incongruencia no se note tanto, se lleva la meta a cinco años, solo que es uno más de lo que dura su gobierno... Y está la promesa de Sebastián Piñera de vender las acciones de LAN antes de asumir el gobierno, venta que se dilata con un alto costo de imagen para, parece ser, aprovechar ventajas tributarias legales pero cuantiosas.

Este aire de falta de veracidad que nos acompaña incluye una cierta falta de pudor en materia de un tema central de la vida pública: el eventual uso del aparato de Estado para fines privados. Esto va desde un canal de televisión hasta un club de fútbol que permanecen en manos de la persona del Presidente de la República y sigue con los bienes e intereses de sus ministros e intendentes, obligados, de acuerdo a la legislación vigente,  a abstenerse de tratar numerosos temas de sus carteras en los que tienen un interés personal involucrado. Mientras, se nos dice que esta situación no empañará la objetividad de sus decisiones y que serán muy eficientes. Veremos. Lo que está claro es que la imagen de Chile en el exterior como país serio y probo no gana con este tipo de configuración de equipos gubernamentales. ¿Qué opinarán de la capacidad de preservación del interés público en Chile las opiniones públicas de los países de origen de las empresas concesionarias extranjeras, que ven,  sin más, que empleados de sus asociaciones gremiales pasan al otro lado del mostrador a dirigir la entidad pública que las regula? Esto no se da en ninguna parte del mundo.

Se anuncian por fin las medidas económicas para financiar la reconstrucción. Sebastián Piñera se permite, de nuevo sin veracidad, criticar el estado de las finanzas públicas. Este incluye un déficit fiscal limitado, perfectamente justificado para reanimar una economía que viene saliendo de una recesión, en medio de una de las más graves crisis que haya conocido la economía mundial. Nunca un gobierno había entregado a otro un país con las cuantiosas reservas fiscales que están a disposición de Sebastián Piñera. Al menos las actuales autoridades debieran reconocerle al anterior gobierno su gran seriedad fiscal. Sorprendentemente, esto se transforma en crítica a la Presidenta Bachelet, a cuyo gobierno se le atribuye un falso deterioro de las finanzas públicas con el fin de socavar su imagen: no se está actuando así con honestidad intelectual, ni ciertamente espíritu de unidad nacional.

Los que hemos pugnado por décadas por cambiar el sistema tributario  en un sentido progresivo, proponiendo sin mucho éxito,  reconozcámolo,  incrementar el impuesto a las utilidades de las grandes empresas, ampliar la tributación especial a la minería, subir la contribución de las propiedades de más alto valor,  penalizar con mayor energía tributariamente males sociales como los que atentan contra la salud, no podríamos sino saludar diversas medidas anunciadas el viernes por Sebastián Piñera. Supuestamente no era posible diferenciar impuestos por sectores y tamaño de las actividades económicas y no se podía  gravar más el patrimonio so pena de gravísimas catástrofes. El hecho es que si se podía y si se puede en beneficio, por lo demás, de la eficiencia y la equidad, como se hace  en buena parte de las economías modernas. Sebastián Piñera anuncia que está dispuesto a hacerlo. Seguramente hay allí un cierto cálculo político, del tipo tomar temas de la agenda del adversario que este nunca se atrevió a enfrentar. Pero es buena lid. No cabe sino valorarlo si mantenemos un apego, aunque sea poco frecuente en nuestros adversarios, por una básica honestidad intelectual en el debate político (y, ¿porqué no? también un apego a las formas civilizadas: lo cortés nunca ha quitado lo valiente). El hecho es que terminan de caer en Chile -fuera de Chile esto ya ocurrió hace mucho tiempo-  los dogmas de los discípulos de Milton Friedman y otros neoliberales presentes en buena parte del espectro político chileno. Estos han recibido en los últimos veinte años, dicho sea de paso,  un apoyo injustificado de quienes no tuvieron el coraje de oponérseles en nombre de un realismo mal entendido, transformado en resignación o en reconversión interesada.

En todo caso somos muchos -o al menos algunos, no exageremos, pues Chile ha sufrido una fuerte derechización intelectual-  los que seguimos afirmando que, detrás del terremoto, la principal catástrofe de Chile son sus desigualdades.  El sistema tributario debe ayudar a enfrentar ese terremoto permanente y no agravar las desigualdades, como ocurre hoy. Ya decía Platón hace muchos siglos que no se puede tratar del  mismo modo a los desiguales, y la exitosa  experiencia histórica de muchos Estados de bienestar está allí para demostrar la viabilidad de sistemas tributarios progresivos en los que los que tienen más pagan más para financiar las tareas públicas.

Quisiéramos, claro, en nombre de la veracidad que reclamamos, que las anunciadas desgravaciones tributarias a las donaciones y un nuevo mecanismo de depreciación para supuestamente acelerar la inversión no terminen perforando en grado significativo el incremento del impuesto a la renta de las grandes empresas  que se le plantea al país. Quisiéramos que el leve incremento del impuesto especial a la minería no termine de nuevo costándonos más caro a los chilenos por aumento de la “invariabilidad tributaria” que garantiza utilidades más que sobrenormales a unas pocas empresas  mineras. Pareciera que Chile no tuviera necesidades urgentes, antes y después del terremoto, como para seguir regalando a unos pocos accionistas de mineras extranjeras los recursos con que la naturaleza nos ha dotado. Quisiéramos que personas que no inscriben las casas en que viven a su nombre sino de sociedades inmobilliarias de su propiedad y que descuentan el pago del impuesto territorial, pagaran como los demás chilenos ese impuesto. En estos días hemos sabido que el Presidente de la República es de los que descuenta el impuesto territorial de su casa, pues no está a su nombre.

Y quisiéramos que los modestos incrementos  de tributos a los que más tienen fueran permanentes, para así  financiar la eliminación de la cotización de  7% para salud de los jubilados o para aumentar las becas para estudiantes sin recursos, por ejemplo. Tal vez sea esta la ocasión, después de grandes avances en materia de democracia y derechos humanos,  para un debate en serio sobre el país que queremos en materia económica y social, aunque lo hayamos escamoteado durante tanto tiempo o nos hayamos incluso rendido en más de una ocasión -lo digo autocríticamente por no haber enfrentado más a la tecnocracia y apoyado más las demandas de equidad de la sociedad civil- ante el poder económico y su capacidad de influir por diversas vías sobre el sistema político.

Renuncia

Gonzalo Martner deja la embajada en España y regresa a Chile

Madrid, 12 mar (EFE).- Gonzalo Martner deja la embajada de Chile en España tras encabezar la legación diplomática durante más de un año, que concluye con la satisfacción de haber cumplido un "período constructivo" en las relaciones entre los dos países.

"Las relaciones entre España y Chile se pueden catalogar de óptimas desde el punto de vista de político, en materia de intercambios comerciales y económicos, y en el ámbito cultural", declaró hoy a EFE Martner, quien entregó su cargo de embajador este jueves coincidiendo con la toma de posesión de Sebastián Piñera.

Al hacer balance de su gestión, Gonzalo Martner destacó, además de las consolidación de las relaciones bilaterales definidas por un "estilo de cordialidad mutua", el avance que han logrado varios proyectos de cooperación universitarios y científicos.

Desde que llegó a Madrid a fines de 2008, Martner recordó que ha impulsado un acuerdo entre universidades de Chile y España denominado "Programa Becas Chile", así como varios acuerdos científicos firmados con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CESIC).

También destacó el impulso que han tomado las relaciones con varias autonomías españolas, entre las que citó Cataluña, La Rioja, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Castilla león y Castilla y La Mancha.

Gonzalo Martner agradeció el apoyo mostrado por España tras el seísmo que sacudió a Chile del pasado día 27.

Este país, dijo, "abrió sus puertas" para enviar ayuda a Chile tras el terremoto que ha causado dos centenares de víctimas mortales.

"Ha habido una respuesta muy significativa por parte de los ciudadanos y del Gobierno de España, que agradecemos", subrayó Martner.

Gonzalo Martner Fanta, economista de formación, regresará el próximo martes a Chile, donde volverá a ocupar su cargo de profesor titular en la Universidad de Santiago, mientras no se ha desvelado el nombre del nuevo embajador que ocupará la legación diplomática de Chile en Madrid. EFE

Entrevista en El Mercurio

"Se debe entender que ser DC no es lo mismo que ser de izquierda"

Actual embajador en España llama a fundar una Federación Progresista, que incluya al PS, PPD, PRSD y a los seguidores de ME-O, y desde ahí relacionarse con la DC.
Andrea Sierra

A exactos 21 días de dejar su cargo como Embajador en España, Gonzalo Martner ya llegó a Chile. Y aunque está aquí por vacaciones, desde Villarica prepara su retorno: en lo profesional a la Usach como profesor titular y en lo político a su partido, el PS, del que fue presidente, con varias propuestas bajo el brazo.

"A mi generación le va tocar una experiencia nueva: nunca hemos sido oposición en democracia", dice.

-¿Y que rol deberá jugar en este nuevo escenario?

"Lo que esencialmente cabe hacer es reunificar todo aquello que estaba resquebrajado. Desgraciadamente aquí se resquebrajó el partido socialista, el mundo progresista y la Concertación. Desde hace unos años las directivas socialistas dejaron de representar lo que los socialistas somos. Cuando el PS renunció a toda reforma tributaria en el gobierno de Bachelet y a su vez levantara la postulación del Presidente Frei yo dije 'acá tenemos un grave problema: hemos dejado de ser lo que somos'".

-¿A qué se refiere?

"He visto a la actual directiva del PS que ha reaccionado al nuevo gabinete señalando que expresa a un conjunto de personajes que vienen de la actividad privada. A mí me parece que mezclar la política y los negocios es muy negativo, pero si uno tiene un poco de honestidad no se puede menos que constatar que connotados personeros del gobierno de los últimos años también provenían de directorios de grandes empresas. Entonces yo me pregunto: si nosotros criticamos a Sebastián Piñera porque pone a gente del directorio en su gabinete. ¿Esa no es una queja válida para nosotros?"

"Hay que hacer una oposición que se haga cargo también de lo que nosotros hicimos mal"

-¿Es posible seguir con la Concertación?

"Yo creo firmemente en la continuidad de la Concertación, pero de otra manera".

-¿Con los mismos integrantes?

"La agenda progresista en la Concertación, tal como ha existido en los últimos años, ha sido vetada en aspectos valóricos o culturales. Un ejemplo: la entonces diputada PS Fanny Pollarolo a mediado de los 90 trató de buscar un acuerdo para plantear el derecho a abortar en Chile. Yo le dije que eso significaba que se rompía la coalición de inmediato y que no era el momento. 15 años después yo creo que las mujeres en Chile tienen ciertos derechos que les son propios y no tenemos porqué, los que somos progresistas, negárselos porque estamos en una determinada coalición política".

-¿Qué plantea entonces?

"Chile tiene que seguir modernizándose e incluir el derecho al aborto, a un estado de bienestar sustentado por la reforma tributaria y negociación colectiva de manera generalizada. El mundo progresista tiene que luchar por ellos y por lo tanto, tiene que reconstituirse programáticamente. Entre socialistas, PPD y PRSD no hay ninguna diferencia esencial en estos aspectos. Hay que federarse y llevar adelante una agenda política".

-¿A qué se refiere?

"Tiene que armarse una federación progresista al más breve plazo que invite también a quienes han seguido a ME-O y que de ese modo tengamos en Chile una expresión progresista clara, nítida, con oferta al país. Esto no supone romper con la DC ni mucho menos, sino pedirle a la DC que siga con su camino, con sus propios temas, sus propias preocupaciones, que los ciudadanos entiendan que la Concertación no es un partido único de centro, sino que es la reunión de un centro cristiano con una izquierda democrática, y nosotros desde el ámbito de las fuerzas progresistas tenemos que reconstituir nuestra agenda".

-¿Qué significa que la DC siga su camino?

"Se debe entender que ser DC no es lo mismo que ser de izquierda. Ser DC significa tener un vínculo con las normas que la iglesia pretende establecer en la sociedad que para la izquierda no son tolerables. Por tanto, reconozcamos y en ese sentido cada uno debe ser claro en lo suyo. Lo cual no impide colaborar en otras cosas".

-¿Cómo?

"Por ejemplo, que tengamos candidato a presidente común en primera vuelta, que para elegirlo tengamos primarias entre nosotros, entre el PPD, el PS y el PRSD ; y que con la DC tengamos un apoyo mutuo en segunda vuelta. Que en materia programática busquemos tener un programa común en la federación, que tengamos lista común de concejales".

-¿Qué hará el PS para llevar a cabo la Federación Progresista?

"Al interior del PS hay quienes no creen mucho en estas cosas. Hay quienes creen que hay que mantener dispersa a la izquierda, para así buscar una alianza privilegiada con la DC y de esa manera dar vida a la Concertación como una especie de conjunto de acuerdos para la conquista del poder burocrático del Estado. A aquellos es a quienes los chilenos dijeron "no más", dándole el 20% de apoyo en primera vuelta a ME-O y en segunda dándole el triunfo a Piñera. Entonces, hay que hacer un giro, una rectificación, y no a costa de decir que el progresismo no exista en Chile".

La Crisis y el Estado Activo

Intervención en la presentación de mi nuevo libro La crisis y el Estado activo, que trata sobre la intervención del Estado en la economía a la luz de la crisis actual, junto a Enrique Iglesias y José Luis Gurría, en la sede de la Secretaría General Iberoamericana, en Madrid, el 1 de febrero de 2010.

El siglo XX fue testigo de la Gran Depresión que entre 1929 y 1933 arrojó al desempleo a millones de personas. Los inicios del siglo XXI han conocido, por su parte, la Gran Recesión de 2008-2009, la que ha sido enfrentada con bastante éxito por planes de estímulo de gran envergadura, recogiéndose en parte las enseñanzas de la Gran Crisis. Pero diversos gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, cometieron graves errores que originaron la actual situación, especialmente al desregular el sistema financiero, en un contexto en el que durante más de treinta años prevaleció la idea del “retiro del Estado”. Frente a la magnitud de la crisis que se ha vivido, resuena irónica la afirmación de Robert Lucas, de la Universidad de Chicago en 2003, según la cual “el problema central de la prevención de depresiones ha sido resuelto”, afirmación sustentada en la sempiternamente errónea fe -porque se trata de una creencia y no de una hipótesis teórica más o menos sustentada en la evidencia- en la capacidad inherentemente autoregulatoria de los mercados, incluyendo los financieros.

La paradoja es que mientras el enfoque dominante fue generando las condiciones para la crisis financiera más importante que haya conocido la historia de la humanidad y para una crisis económica solo comparable con la de 1929, en la práctica en muchas áreas, y por la fuerza de la realidad de las sociedades modernas, los órganos de gobierno continuaron realizando un importante número de tareas y empleando un volumen considerable de recursos al iniciarse el siglo XXI, en la mayoría de los casos muy superior al de la etapa de construcción inicial de los Estados de bienestar. Así, la crisis actual ha permitido mirar mejor la historia reciente y reforzado la idea de que los gobiernos tienen roles estabilizadores, redistribuidores y de provisión de bienes públicos que son insustituibles, temas que son tratados en detalle en el libro.

En América Latina, el impacto de la crisis de los años treinta y de la segunda guerra mundial fue devastador. Pero dio lugar a una posterior recuperación en base a dejar de lado la ortodoxia y establecer esbozos de política industrial (incluyendo la política de sustitución de importaciones, que en muchos casos no fue una opción sino una obligación frente a la ausencia de alternativas en un mundo fragmentado por la crisis y la guerra) y de política social cuyos resultados no fueron del todo negativos, contrariamente a la narrativa neoliberal tan repetida en las últimos tres décadas. Los años del desarrollismo latinoamericano permitieron sostener tasas de crecimiento relativamente elevadas (de 3,9% al año del PIB por habitante entre 1960 y 1980 para el conjunto de América Latina y el Caribe), inferiores a las del sudeste asiático pero bastante superiores a las de la “década perdida” de 1980-1990 (-0,4%) y las de los años 1990-2004 (1,1%), según los datos del Banco Mundial. El quinquenio de oro 2004-2008, que vio emerger un conjunto variado de políticas no ortodoxas y se benefició de un ciclo al alza en los precios de las materias primas, permitió tasas de crecimiento muy superiores a las período neoliberal y avances en la disminución de la pobreza que se vieron interrumpidos por la crisis en curso.

A su vez, el desempeño de América Latina en la actual crisis ha sido bastante positivo, gracias a una visión más activa del rol gubernamental en la regulación macroecónomica, con políticas fiscales contracíclicas

Con la crisis actual entramos en una nueva fase, imprevista y para muchos imprevisible, la del retorno del Estado. Se ha creado ya un nuevo clima intelectual, que busca dilucidar cuales serán las proporciones, modalidades y profundidad de este retorno del Estado de difícil predicción, pero que en todo caso incluye hechos tan inéditos como que General Motors, símbolo del capitalismo norteamericano de posguerra, está hoy en manos del gobierno. En esta perspectiva, el libro propone revisitar los fundamentos de la intervención del Estado en diversas áreas, y estimular al lector a reabrir pistas de reflexión por largo tiempo relegadas a un segundo plano en el análisis de los avatares de la economía. Se puede inferir de su lectura cinco tesis.

Tesis 1: En economía, cabe mantener el espíritu crítico y el respeto por la evidencia. La crisis actual mostró una vez más que la teoría económica no es una ciencia exacta, que la actual corriente dominante es frágil y se constituyó en una moda –el efecto manada también existe entre los intelectuales- marcada por prejuicios ideológicos. El “main stream” económico terminó por actuar no solo con su tradicional arrogancia sino con franca ceguera frente a los trastornos y burbujas financieras que se desplegaban ante sus ojos, mucho mejor explicadas por las corrientes económicas heteredoxas que constatan que los mercados son inherentemente inestables y que requieren de regulaciones públicas para funcionar y para producir resultados sociales y ecológicos medianamente aceptables.

Tesis 2: Ni el Estado ni los mercados son siempre malos ni siempre buenos. Los gobiernos deben ser el soporte institucional de los intercambios, y ser una factor de coordinación y control de los efectos positivos y negativos de las transacciones privadas sobre terceros (las llamadas externalidades), y a la vez asegurar la provisión de bienes públicos, la estabilización y redistribución de ingresos y activos, la regulación macroeconómica fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos. Existen sólidos argumentos racionales para la intervención del Estado frente a mercados inestables e incompletos que contradicen la tesis del Estado inevitablemente depredador.

Tesis 3: El mejor Estado no es el más pequeño ni el más grande, es el mejor diseñado para cumplir los fines de disminuir la inestabilidad e inequidad de los mercados, y en general las tareas antes descritas y los fines que la sociedad determine –de preferencia con uso intensivo del conocimiento y la investigación especializada en políticas públicas- en base al control de los gobiernos por los ciudadanos y una democracia fuerte y efectiva,. El mejor Estado es el que democráticamente es capaz de gobernar al poder económico y someter los intereses particulares al interés general, especialmente en materia de estabilidad, seguridad y equidad y le preservación de los intereses de las futuras generaciones, evitando la descarga sobre ellas de deudas que financian un exceso de consumo presente y modelos productivos que penalizan y destruyen el ambiente y la biosfera.

Tesis 4: En América Latina, los gobiernos progresistas que han emergido más o menos con el nuevo siglo tuvieron razón en abandonar el consenso de Washington (desregular, privatizar, disminuir el gasto público, liberalizar indiscriminadamente). Se constató una mejoría de las políticas macroeconómicas desde el inicio del siglo XXI y se logró más que en otras etapas mantener niveles consistentes de inversión pública y de gasto social, financiados por impuestos y no mediante un déficit estructural e inflación, y mantener políticas fiscales anticíclicas y cambiarias flexibles. El estudio Panorama Social de América Latina 2009 de la CEPAL "muestra que hemos avanzado en el combate a la desigualdad en la distribución del ingreso en la región, tanto que entre 2002 y 2008 en siete de los 18 países estudiados disminuyó la desigualdad, mientras que aumentó en sólo tres" en contraste con la regresión social generalizada sufrida durante la ola neoliberal.

Tesis 5: Las estrategias de salida de la crisis deberán contemplar un doble desafío: en el corto plazo, mantener el estímulo de la demanda mediante políticas fiscales expansivas y déficits públicos que compensen la caída del consumo y la inversión; en el largo plazo, velar por la sostenibilidad de la deuda pública. Se trata de crear empleo en el corto plazo mediante estímulo fiscal y realizar acciones hoy que reduzcan el déficit más tarde, en particular fortaleciendo los sistemas tributarios y creando condiciones sustentables para los sistemas de pensiones y de salud, y en general para el gasto público. En ese doble desafío se juega el progreso, la estabilidad y el futuro democrático de América Latina, tan duramente conquistado.

Proposiciones para el futuro

Después de la derrota del 17 de enero de 2010, el peor camino es de la espiral de recriminaciones. Atender lo ocurrido es necesario, habrá largo tiempo para hacerlo, y lo es también asumir las responsabilidades que corresponden a una derrota de proporciones. Pero la acción política siempre debe proyectarse hacia los nuevos desafíos. Discutir sobre esos desafíos es por lo demás una manera de dar cuenta de los errores cometidos. En nuestro caso, se trata de reencaminar la situación de serio retroceso actual hacia un nuevo proyecto político. La Concertación debe redefinirse y entenderse como una expresión de alianza entre el centro político democrático y el arco de la izquierda moderna, progresista y popular, es decir una entidad con vocación mayoritaria que incluye dos grandes identidades diferentes que se unen para fines específicos. La izquierda concertacionista, luego de años de renuncia a su propia agenda transformadora en nombre de un pragmatismo de vuelo rasante y de una absorción unívoca en la función gubernamental, con buenos resultados de consolidación democrática pero finalmente un balance bastante estéril desde el punto de vista de su proyecto histórico de expansión de las libertades, de la igualdad social y del bienestar colectivo, debe reagruparse de una vez, incluyendo si es posible las nuevas expresiones polìticas que surjan a su izquierda, y abrirse a la sociedad para representar a los trabajadores y postergados de Chile que compartan los valores e ideas igualitarias y libertarias, propias del acervo histórico de la izquierda, y a las ideas ecológistas, propias de los nuevos desafíos de la condición humana. Debe revincularse a variadas formas de acción social y ciudadana y dejar de situar al Estado como su único espacio de actividad. El PS debe contribuir, una vez renovadas sus autoridades a la brevedad, a ese propósito central de desestatización y resocialización, aunque siempre estará abierta la opción de la autodestrucción o la esterilidad de las querellas y ambiciones de personas y la defensa de intereses burocráticos particulares. Las nuevas bases de un renovado proyecto político deben ser programáticas y organizativas y dar amplia cuenta del alejamiento producido respecto a las aspiraciones de la sociedad que nos ha llevado a la derrota.

1. Las nuevas bases programáticas progresistas deben ser congruentes con los valores y principios permanentes de la izquierda democrática. En primer lugar, deben reiterar que la democracia es el espacio y límite de su acción en favor de la justicia social, de los derechos de los que viven de su trabajo y de los derechos de las nuevas generaciones a que no se destruya el medio ambiente. Somos partidarios de una sociedad pluralista en la que se cultiva la tolerancia de las ideas ajenas y se respeta las reglas del juego democrático, en el gobierno y en la oposición. Los sistemas políticos son más democráticos y fuertes en su capacidad de proveer una forma de gobierno que respete los derechos individuales y colectivos cuando las opciones existentes y los intereses que representan se ponen en juego frente a los ciudadanos, llamados a dirimirlas periódicamente. Las izquierdas autoritarias no merecen ser calificadas como fuerzas de izquierda: toda izquierda auténtica defiende el ejercicio de las libertades como condición para conquistar derechos igualitarios y un orden social justo.

2. La visión de izquierda y progresista debe afirmar con energía que considera obsoletas las instituciones de la transición y que luchará por una nueva Constitución con una visión de desconcentración del poder, buscando su difusión territorial y el control por la sociedad de los órganos del Estado y del poder económico. En Chile existe un déficit de interacción de los poderes públicos, un déficit de representación y un déficit de concertación social. El parlamento debe poder jugar un rol mayor en la orientación de las políticas públicas y en su fiscalización y al mismo tiempo componerse de un modo congruente con la orientación del ejecutivo mediante un sistema electoral que refleje a las mayorías y represente a las minorías políticas significativas. La tarea es cambiar las instituciones parlamentarias para dejar atrás el sistema de empate y negación de la soberanía popular y sus opciones mayoritarias, fuente de parálisis y alejamiento de la opinión pública de su principal institución representativa. El espacio institucional regional y local debe robustecerse para tener más autonomía en los asuntos que le competen, elegirse democráticamente y establecer el mecanismo de primera y segunda vuelta para elegir alcaldes y presidentes de gobiernos regionales. A la vez, debe confiarse en el diálogo social y establecerse mecanismos periódicos y amplios de debate y acuerdo entre gobierno, trabajadores, usuarios y empresarios para deliberar sobre las opciones de política pública en materia económico-social.

3. La visión progresista no puede seguir resignándose al veto conservador que se niega a reconocer que las mujeres tienen derechos igualitarios y además derechos que les son específicos. Entre estos debe ser establecido el derecho a la interrupción del embarazo cuando así lo aconseje su salud física y mental, y desde luego en caso de violación e incesto. Los conservadores tampoco aceptan la libertad de preferencia sexual y el respeto que todo ser humano merece. El derecho a no ser arbitrariamente discriminado en materia sexual, étnica, de género o social es parte de la reivindicación histórica del progresismo que debe adquirir de aquí en adelante toda su fuerza, y no aceptar ser subordinada al juego de las alianzas políticas con el centro y sus vetos arbitrarios.

4. La izquierda moderna debe promover una economía social y ecológica con mercados, siguiendo las experiencias socialistas democráticas de economía mixta, pero no ser meros defensores de la economía de mercado, a lo que hemos sido asimilados en la práctica, por sentido de la oportunidad, omisión o convicción, lo que ya es más grave. La derecha es la que defiende la economía de mercado en la que prevalecen los intereses oligárquicos establecidos, la concentración económica, los salarios injustos, la desigualdad de ingresos, la falta de competencia, los subsidios a los grandes empresarios, los impuestos regresivos, la no regulación ecológica, la indefensión del consumidor. Este sistema económico tiene por nombre capitalismo y los que lo defienden promueven políticas neoliberales de minimización del Estado y de negación del interés general. Y a ese sistema y a esas políticas es contraria la izquierda moderna y democrática, que defiende la distribución equitativa de la riqueza, el derecho de los trabajadores a luchar organizadamente por ella, la protección social frente a los riesgos y la defensa de la naturaleza. La visión progresista no aceptará de aquí en adelante mantener la colonización por el neoliberalismo de sus propuestas económicas y sociales por falta de convicción en su propio proyecto histórico igualitario y ambientalista. La izquierda moderna considera que los mercados no deben suprimirse, pero deben funcionar en beneficio del interés general y en el de las futuras generaciones. Cuando no es el caso, deben ser regulados y controlados por las autoridades públicas democráticas y por la sociedad organizada. Los mercados sirven para asignar recursos de manera descentralizada en el corto plazo, y no deben ser ahogados por burocracias incompetentes, pero no deben ser idolatrados y menos desconocidos sus límites en materia de eficiencia y de equidad, que requieren de un Estado sólido y capaz de servir a los ciudadanos con transparencia y diligencia. Porque esto es consustancial a su proyecto, la izquierda moderna cree que el peor error que se puede cometer frente a los ciudadanos que confían en ella es descuidar el carácter profesional del Estado y someterlo al clientelismo y la incompetencia, prácticas que se compromete a desterrar de sus filas.

5. El crecimiento es un medio para salir del subdesarrollo, pero debe fomentarse en el marco del ejercicio de las libertades políticas y sociales. Nuestro horizonte es construir, junto a los ciudadanos, un nuevo Estado democrático y social de derecho que garantice seguridades básicas, igualdad de derechos y oportunidades, acceso de todos a los bienes públicos, al goce de la naturaleza y a incidir en las decisiones administrativas y políticas. Esto requiere más gasto en educación y salud pública, bienes urbanos y protección de la naturaleza, y no menos como proponen los liberales y sus soluciones de mercado o de Estado subsidiario y marginal. Requiere una fuerte protección social frente a los riesgos cíclicos de desempleo y exclusión, y no menos protección para los más vulnerables. Requiere más y no menos Estado en infraestructura, formación, innovación tecnológica. Requiere incluso de un importante rol empresarial público y en todo caso de fuertes regulaciones para cautelar la explotación racional de recursos naturales, promover nuevas tecnologías, diversificar las fuentes de generación de energía, mantener el buen funcionamiento de los servicios básicos y asegurar el financiamiento de la empresa innovadora. Esto tiene un costo para la sociedad, expresado en una mayor carga tributaria, que debe ser suficiente y justa en su distribución. Pero mucho mayor es, entre otras lacras, el costo de la ruptura de la cohesión social y su secuela de menor seguridad y alto gasto en policías y prisiones. La sociedad de mercado debe ser reemplazada por una sociedad plural, con un espacio público fuerte, con ciudadanos con derechos, en el que la economía y el mercado se subordinen al interés general y a la sustentabilidad democrática, social y ambiental del desarrollo.

6. Volver a conectarse con las aspiraciones de la sociedad a través de un proyecto político que les otorgue orientación y sentido de futuro requerirá un cambio en la configuración organizativa del progresismo. Llegó la hora de desechar la dispersión que se ha mantenido en nombre de “cautelar la Concertación”, al precio de renunciar a la agenda progresista y de distanciarse de los ciudadanos. La mejor fórmula es la de una federación de fuerzas que incluya a las existentes y a nuevas expresiones políticas que se reconocen en el proyecto político progresista y están dispuestas a ser parte de su desarrollo, sin exclusiones. Esta federación debe sustentarse mediante procedimientos democráticos de representación proporcional en un consejo nacional, que delibere sobre sus bases programáticas y las orientaciones políticas en cada coyuntura, y en una dirección política conjunta que combine representatividad y pluralidad de los componentes de la federación. El procedimiento federativo supondrá escoger en primarias abiertas una candidatura presidencial de primera vuelta cada cuatro años, con un pacto de apoyo mutuo previo con el centro y el PC para segunda vuelta. Las candidaturas parlamentarias y candidaturas a alcaldes deberán ser pactadas por el mismo espectro mientras permanezca el sistema electoral actual, pero mediante un estricto procedimiento de primarias internas en el caso de la federación progresista. Las candidaturas a concejales deben permitir representar la pluralidad en una lista progresista.

7. La existencia de la federación progresista no supondrá terminar con las alianzas de gobierno con fuerzas del centro político y especialmente con la Democracia Cristiana, sino redefinirlas en los términos mencionados. Supondrá su autonomía en materia de candidaturas presidenciales, en las que promoverá sus bases programáticas propias, con disposición a realizar pactos de gobierno de coalición sustentados en un programa destinado a cumplirse en cada período presidencial de modo exigible por los ciudadanos. La Concertación no puede seguir siendo el espacio de la dispersión del progresismo y de su competencia interna descarnada en beneficio de la agenda conservadora y de la subordinación del sistema democrático a los poderes económicos oligárquicos, que por nuestros errores y falta de voluntad política han conquistado ahora el gobierno, único espacio del que aún no disponían en propiedad en Chile. La Concertación debe en cambio ser en el futuro próximo el espacio de encuentro para tareas comunes delimitadas en cada período político entre el centro político y el progresismo unificado y estructurado como fuerza política federada.

¿Cuando empezó la declinación de la Concertación?

Respuesta a pregunta de Diario La Tercera:
"En las parlamentarias del 97. Perdimos un millón de votos que nunca más recuperamos. Era la época de Frei Ruiz-Tagle, en donde muchas cosas no se hicieron bien. Ahí se produjo el distanciamiento. La transición a la democracia ya terminó su motivación política. La gente empezó a querer ver resultados y se encontró con que nosotros no se los estábamos dando, sobre todo en materia económica y social. No se dio el salto hacia un Estado de bienestar en las condiciones chilenas, sino que se mantuvo una lógica de Estado subsidiario, de políticas sociales de pequeña escala".

Nuevas etapas, nuevos desafíos

La Concertación, al menos tal como la hemos conocido desde que se fundó en 1988, ha dejado de existir en la reciente elección. Ya no está en condiciones de reunir bajo una misma opción al electorado de centro y de izquierda progresista en primera vuelta y en el plano parlamentario constituye listas solo instrumentales, acogiendo con éxito candidaturas comunistas en tanto respuesta a la negativa de la derecha de que todas las fuerzas relevantes estén en el parlamento.

La manera sensata de abordar el tema hacia el futuro es tomar nota que, más allá de los deseos de cualquier directiva de partido, una candidatura presidencial democratacristiana tiende a hacer crecer candidaturas a su izquierda. Ocurriría lo mismo a la inversa: una candidatura encabezada por la izquierda progresista estimularía otras más o menos vinculadas al centro. Todo esto no es sino la constatación de las dinámicas de la actual vida política del país. No hay que darle la espalda a esa realidad, hay que darle un nuevo cauce.

Las voces de centro tienen razón cuando señalan que no pueden quedar subsumidas en la izquierda progresista. A su vez, la izquierda progresista no puede ya permitir que desaparezca su agenda. Ese pacto implícito no puede seguir. Hablemos con claridad: lo que no puede seguir es una alianza en que se veta lisa y llanamente abordar el aborto y las uniones homosexuales, en que no se respeta los símbolos históricos de cada cual y se rehúye temas económico-sociales esenciales. Quedan fuera las reformas laborales y tributarias, no se apoya como se debe la educación pública, no se regula el poder omnímodo de los seguros privados de salud, no se descentraliza más el país, no se evita suficientemente la captura del sistema político por intereses empresariales. Frente a semejante situación, y a prácticas clientelísticas crecientes, no podía sino ocurrir que la agenda progresista buscara cauces nuevos de representación, aunque fuera de manera imperfecta y en muchos sentidos improvisada. Ahí está, conquistado en nueve meses, el 20% de adhesión a Marcos Enríquez-Ominami, atacado por doquier, hasta en la dignidad de su nombre.

De aquí para adelante, resulta verosímil que se consagre que el centro y la izquierda progresista ofrezcan su propia alternativa en primera instancia frente a los ciudadanos, favoreciendo el debate sobre las opciones de país. Para que sea eficaz, este esquema supondría un pacto previo de apoyo mutuo en segunda vuelta que tome en cuenta en la definición final de un programa común de gobierno los pesos ciudadanos obtenidos por cada cual. Asimismo, supondría un acuerdo parlamentario instrumental global mientras permanezca el sistema binominal. A su vez, maximizar la diversidad local supondrá no una sino varias listas a los consejos municipales, con candidaturas únicas a alcalde de todas las fuerzas no derechistas, mientras no se introduzca la segunda vuelta en ese nivel. Un nuevo esquema de autonomía y convergencia podría darle opciones y al mismo tiempo gobernabilidad al país, con un pacto democrático que sea alternativa frente a una derecha que sigue siendo la de los privilegios y el autoritarismo.

Sigamos siendo claros: si la agenda progresista está actualmente bloqueada con el aval de los partidos de la Concertación, en todo caso ni un ápice de ella podrá avanzar con un gobierno de derecha. Los progresistas deben contribuir fervorosamente a derrotar a la derecha, a lo que ayudaría mucho que las burocracias de partido asuman que la preservación de sus intereses no puede hacerse al costo de una derrota general. La lógica de las cosas parece ser hoy la siguiente: el candidato de centro en la segunda vuelta tiene en sus manos la posibilidad de constatar la votación de la izquierda progresista y de la izquierda tradicional e integrar por propia iniciativa a su programa de gobierno aquello que sea representativo de estas fuerzas y que le resulte asumible para su propia identidad. Y éstas debieran, en virtud de ese esfuerzo positivo, y en la medida que les resulte suficientemente creíble, convocar a votar por el candidato que esté en condiciones de derrotar a la derecha. Quien no quiera que gobiernen los dueños de fundo, que se amnistíe a los criminales pinochetistas, que se privatice CODELCO, el Banco del Estado, la salud y la educación más de lo que están, que pase la Dirección del Trabajo a manos de los empresarios, que el medioambiente se deteriore todavía más frente a los intereses del dinero, tiene solo una opción. Ni la abstención ni el voto nulo derrotarán a Piñera. Lo hará marcar el 17 de enero una preferencia en el voto por Eduardo Frei Ruiz-Tagle y seguir movilizados a favor de la agenda progresista. Converger en el nombre de Frei en la segunda vuelta se facilitará con lo que será sin duda su llamado a trabajar firmemente durante cuatro años como una alternativa serena y eficaz frente a la derecha, comprometida con una propuesta de gobierno que combinará lo mejor del centro y del progresismo.

La primera vuelta en perspectiva

En las dos elecciones presidenciales anteriores a la de diciembre de 2009 la derecha obtuvo en primera vuelta un muy buen resultado. En 1999, con Joaquín Lavín como único candidato, alcanzó el 47,5% de los sufragios válidamente emitidos (sin contabilizar los votos nulos y blancos), situándose a menos de medio punto porcentual de Ricardo Lagos, con apenas unos 31 mil votos de desventaja. En 2005, las candidaturas de Sebastián Piñera y de Joaquín Lavín sumaron juntas el 48,6%, lo que en esta ocasión implicó superar el 46,0% de Michelle Bachelet, con una diferencia a favor de la derecha de nada menos que 186 mil votos, lo que a veces se olvida. En efecto, hace ya una década que quedaron atrás las victorias holgadas de la Concertación en primera vuelta, dirimiéndose desde entonces la contienda presidencial en la segunda vuelta electoral que prevé nuestro sistema institucional.

En enero de 2000, Joaquín Lavín incrementó su votación de primera vuelta en 143 mil votos, pero Ricardo Lagos lo hizo en 300 mil votos, sellando su victoria por una diferencia porcentual de 2,6 puntos (51,3% contra 48,7 %). Se produjo probablemente el apoyo de buena parte de los 291 mil votantes de Gladys Marín, Tomás Hirsch y Sara Larraín, mientras unos 123 mil ciudadanos se sumaron al proceso electoral en comparación a los que sufragaron en primera vuelta.

En cambio, en enero de 2006 el comportamiento fue diferente: no se incrementó mayormente la participación electoral (con solo 17 mil votos más), mientras Sebastián Piñera no logró reunir tras su nombre los votos que se habían expresado a favor de la derecha en la primera vuelta presidencial, con una pérdida de 140 mil votos. En cambio, Michelle Bachelet logró un espectacular repunte en la mencionada ocasión, sumando 532 mil votos adicionales, es decir 7,5 puntos porcentuales de votación, una cifra bastante mayor a los 375 mil votos que había obtenido el candidato del Juntos Podemos, Tomás Hirsch. Así, una parte del voto de Joaquín Lavín se transfirió hacia la primera mujer que ha llegado a la primera magistratura del país, que logró ser electa con una importante diferencia de sufragios respecto a la derecha ( 53,5% contra 46,5%).

Como vemos, la primera y la segunda vuelta tienen sus propias dinámicas, en donde la fortaleza inicial de la derecha hasta acá no se ha traducido en un crecimiento suficiente en la segunda vuelta. Pero naturalmente, cada elección es distinta, y la de hoy 13 de diciembre deparará seguramente más de alguna sorpresa, como es propio de la democracia, en la que nada está escrito hasta que los ciudadanos de pronuncian.