“La peor locura es ver la vida tal como es y no como debiera ser”
Miguel de Cervantes
Está en cuestión hoy en Chile, por parte de quienes no debieran, el que tenga sentido agrupar y federar a las fuerzas políticas progresistas y de izquierda, las que por lo demás constituyen una mayoría electoral de casi dos tercios de la coalición gobernante, y cerca de un 30% del electorado nacional. Más aún, los que se agruparon en el seno de la Concertación para apoyar a Ricardo Lagos y luego a Michelle Bachelet parecen hoy ni siquiera tener voluntad de existir como proyecto político, sino más bien se proponen sobrevivir como plataformas particulares de administración de intereses. Diplomáticamente hablando, el denominado progresismo es hoy un campo de ruinas. Y no porque su electorado lo haya abandonado, lo que por lo demás es siempre una posibilidad propia del proceso democrático, sino porque sus dirigentes no quieren representarlo. Extraño caso de disolución política “desde arriba” que necesitará sucesivos análisis.
Concertación y progresismo
Más allá del balance de su prolongada gestión de gobierno, tema de ineludible importancia que no se abordará aquí, la Concertación es una coalición que mantiene su vigencia porque tiene comunes denominadores, especialmente en el campo de la reivindicación de las instituciones democráticas y de los derechos humanos y en la convicción de que es necesario garantizar universalmente mínimos sociales, que ya es mucho y suficiente como para pactar una combinación de gobierno. Pero ya no puede eludir las diferencias en base a la astucia ni establecer vetos sobre ellas.
Cabe constatar, para ser justos, que el debate sobre la articulación entre políticas de crecimiento, de cohesión social y de sustentabilidad ambiental cruza transversalmente a los diversos componentes de la coalición de gobierno y que las posiciones más progresistas y promotoras del interés general por sobre el del poder económico concentrado no son hoy privativas de alguno de ellos en particular. Esto se explica de modo importante, sin embargo, por la reconversión de parte de la élite proveniente de la izquierda a posiciones neoliberales o a actitudes pragmáticas y de connivencia, incluso rentada, con intereses empresariales que influyen hasta hoy decisivamente en el sistema político y en los medios. Decantada y descartada esa reconversión en los partidos PS-PPD y PR (lo que tendrá que ocurrir tarde o temprano) y reconstruido un más amplio cuerpo de ideas económicas críticas, volverá a manifestarse una opción alternativa sólida al neoliberalismo duro de la derecha y blando de sectores de centro, es decir -simplificando mucho- de tipo socialdemócrata. Esta opción se encuentra hoy acallada por el avance del neoliberalismo en las filas tecnocráticas de la Concertación y sus soportes políticos desde 1990 y también, como consecuencia, sobrepasada por el maniqueismo ruidoso de extrema izquierda y sus consignas fáciles allí donde solo son posibles soluciones complejas, maniqueismo a veces sumido en la nostalgia de los socialismos reales y sus economías centralizadas dejadas atrás por la historia o en aspiraciones legítimas pero que no se condicen con la necesidad de realizar opciones y de atenerse al desafío político de responsabilidad que supone gobernar: no se puede querer todo al mismo tiempo.
Una opción económico-social progresista y de izquierda que reemplace la confusión reinante, repitiendo lo señalado en un comentario anterior, no supone desestimular el emprendimiento o proponer a los ciudadanos que todo lo requieran del Estado, sino de valorar la eficiencia económica siempre que sea puesta al servicio de acrecentar la cohesión social y los equilibrios ecológicos. El crecimiento sí, pero con normas de cooperación y reciprocidad para construir una prosperidad con libertades, seguridades y garantías para los que viven de su trabajo, sentidos colectivos, igualdad de derechos y oportunidades, acceso de todos a bienes públicos, al goce de la naturaleza y a incidir en las decisiones administrativas y políticas. Como estamos lejos de una sociedad deseable de esas características, entonces cabe persistir en obtenerla. A esa actitud algunos la llaman “autoflagelación”, cuando se trata simplemente de poseer una necesaria y humana mirada crítica y algo de optimismo histórico, de aquel que lleva a creer que se puede vivir en una sociedad mejor.
Se trata de postular con claridad que el gobierno puede estimular el crecimiento incrementando la inclusión de los marginados y la inversión en las capacidades humanas, que es el principal recurso económico. Esto requiere más y mejor gasto público en educación, salud y bienes urbanos, y no menos como proponen los neoliberales. Una economía moderna también requiere tomar riesgos e innovar, pero debe hacerlo logrando una inserción no asimétrica en los mercados mundiales acompañada de una fuerte protección social frente a los riesgos cíclicos de desempleo y marginación, y no menos protección a los más vulnerables. Esto tiene un costo alto para la sociedad que hay que asumir abiertamente, pues mucho mayor es a la larga el costo de la ruptura de la cohesión social y su secuela de menor seguridad y alto gasto en policías y prisiones.
La promoción del desarrollo requiere más y no menos Estado en infraestructura, formación, innovación tecnológica y coordinación de actividades productivas. Requiere incluso de un importante rol empresarial público y en todo caso de fuertes regulaciones para cautelar la explotación racional de recursos naturales, promover nuevas tecnologías, diversificar las fuentes de generación de energía, mantener el buen funcionamiento de las industrias de red y asegurar el financiamiento de la empresa innovadora.
En contraste con la propuesta económica de libre mercado y su profunda crisis, pues ha quedado demostrado con la catastrofe financiera de 2008 una vez más que los mercados de capital y del trabajo no se autoregulan, el progresismo de izquierda tiene hoy en el mundo una agenda que no solo ofrece una posibilidad de mayor crecimiento sino también una posibilidad de mayor justicia social que la que provee la ley de la selva de los agentes económicos librados a su suerte. ¿Es posible concordar este tipo de postulados con la DC? Probablemente sí, pero en base a un debate claro sobre los enfoques en competencia en la coalición: el socialdemocrata y el neoliberal.
Por otro lado, es no querer ver la realidad desconocer que existen al menos zonas de divergencia entre lo que representa el progresismo históricamente y la DC respecto a la extensión de la laicidad del Estado y de las políticas públicas en temas esenciales. Se trata nada menos que de la educación, en donde hay quienes en la DC consideran positiva la tesis inaceptable para el progresismo y la izquierda de mantener una segmentación educativa radical y otorgar recursos públicos a escuelas que no reconocen derechos republicanos básicos a alumnos y padres –como pensar como quieran- y mantienen barreras a la entrada y discriminaciones –como no aceptar a hijos de padres separados o niñas embarazadas- financiadas con impuestos, todo esto en nombre de la libertad de enseñanza. Y también se trata de la salud reproductiva: no es aceptable en una lógica republicana que haya quienes quieran imponer sin más sus convicciones particulares –respetables- a todos los ciudadanos por sobre las consideraciones de salud pública y la opinión de otros, y que desconozcan los derechos individuales que hacen aconsejable la contracepción públicamente promovida, la distribución gratuita y extendida de la píldora del día después y la despenalización del aborto terapéutico y en caso de violación. Los conservadores en la Concertación se niegan a aceptar que no puede vetarse el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo cuando así lo aconseje la salud física y mental de las mujeres, antes del desarrollo del embrión. Los conservadores en la coalición tampoco aceptan la libertad de preferencia sexual y el respeto que todo ser humano merece, y su derecho, además, a establecer uniones civiles. El derecho a no ser arbitrariamente discriminado en materia sexual, étnica, de género o social es parte de la reivindicación histórica del progresismo y no es ofender a nadie así señalarlo, reivindicarlo y promoverlo, sin aceptar vetos.
Existen también divergencias en otros planos, como en materia de la identidad latinoamericana de Chile, la que es confrontada desde el alineamiento con EE.UU.
Tampoco puede desconocerse el origen e identidad histórica diversos, que ha llevado a los dos componentes principales de la coalición, por ejemplo, a mantener posiciones no siempre coincidentes respecto al abordaje de las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Existen, por tanto, temas sustanciales que unen a las opiniones mayoritarias de los partidos PPD, PR y PS y que los diferencian de la DC, o de sus corrientes dominantes, cuyo reconocimiento y procesamiento constructivo no es ni ofensivo ni contradictorio con la voluntad de mantener un pacto de gobierno común y un respeto por la historia y las posiciones de cada fuerza aliada. La disolución de la identidad progresista de izquierda, que es la que han practicado las direcciones “pragmáticas” del progresismo, en nombre de no incomodar al conservadurismo DC, en nada contribuye a reanimar y proyectar a la Concertación y sobre todo a hacer retroceder a la derecha, que amenaza ya con gran fuerza con conquistar la adhesión de las mayorías por disolución de la que debiera ser su contraparte más fuerte en el sistema político.
La reivindicación de las ideas libertarias, progresistas y de izquierda
Las convicciones y sueños de una parte sustancial de los ciudadanos, en este caso de los que votan por las fuerzas progresistas y de izquierda, no deben jamás ser utilizadas para la conquista de espacios de poder estatal mediante el cálculo, la maniobra y el disimulo, sino que, en democracia, ser reconocidos y representados responsablemente como tales. Y la lógica posmoderna de adaptarse a la ola del momento, que produzca los mejores resultados de adhesión mediática momentánea, en nombre de la moderación y el elogio de la prudencia o de la provocación transgresora, sin deliberar sobre las opciones en presencia, solo lleva, como se ha demostrado, a la impotencia política.
La humanidad consagró desde el siglo de las luces la necesidad del pensamiento crítico y en nuestro país desde Arcos y Bilbao incubó una antigua tradición libertaria, que más adelante recogió la izquierda chilena en toda su diversidad. Esa tradición tiene continuadores que no han de dejarse amedrentar por la complacencia frente a un estado de cosas que ha mejorado mucho gracias a nosotros mismos y que contrasta sin lugar a dudas con las paupérrimas condiciones de vida de las mayorías en el pasado, pero que nada propone sobre los medios para alcanzar una sociedad más libertaria, cohesionada e igualitaria.
Existe una razón fundamental para la reivindicación de las ideas progresistas y de izquierda, que no es otra que la permanencia de la tarea de defensa y promoción de los valores de la libertad y la igualdad de derechos y oportunidades y la construcción de un orden político republicano basado en la no dominación de los ciudadanos con dos principios que nos sirvan de guía, siguiendo a Philip Pettit: "primero, un principio constitucional-democrático según el cual el Estado debe estructurarse de forma que el poder público o imperium no sea dominador; y, segundo, un principio socialdemócrata según el cual el Estado debe plantearse como objetivo la reducción de la dominación que conlleva el poder privado o dominium. El Estado debería actuar para proteger de la dominación privada y debería estructurarse para prevenir la dominación pública. El proyecto neorepublicano debe trasladar dichos principios a diseños institucionales específicos que faciliten el control cívico del poder público, y también a políticas públicas concretas que persigan el establecimiento de un orden social en el que incluso los ciudadanos más pobres puedan exigir el respeto de sus conciudadanos, siendo conscientes de no estar a merced del poder privado en los ámbitos básicos de decisión humana."(1)
El capitalismo moderno está inmerso en procesos de cambios constantes, algunos de ellos radicales y otros poco perceptibles en el corto plazo. Y a crisis económicas, sociales, ecológicas, demográficas, culturales de creciente intensidad. Es un sistema que puede ofrecer prosperidad para los sectores dominantes y segmentos medios y populares por ciclos a veces prolongados, pero no estabilidad ni menos distribución igualitaria de la riqueza ni respeto por la tierra en que vivimos. Como superar y construir alternativas a la lógica capitalista y sus crisis desestructuradoras desde la promoción del interés general es el campo privilegiado para la acción política progresista y de izquierda, en tanto esta se defina a sí misma con vocación crítica, transformadora, orientada a expandir las libertades, la igualdad de derechos y oportunidades y la responsabilidad con la nuevas generaciones, en naciones con Estados sociales y democráticos de derecho y con vocación de construcción progresiva de espacios de ciudadanía regional y mundial. Y debe actualmente hacerlo en un contexto en el que, siguiendo a Jurgen Habermas, “el equilibrio conseguido en la modernidad entre los tres grandes medios de integración social está en peligro porque los mercados y el poder administrativo expulsan de cada vez más ámbitos de la vida a la solidaridad social, esto es, a un tipo de coordinación social basada en valores, normas y usos lingüísticos orientados hacia el entendimiento. Resulta también en interés propio del Estado constitucional tratar con cuidado todas las fuentes culturales de las que se nutre la conciencia normativa y la solidaridad de los ciudadanos”. (2)
Por eso para el progresismo de izquierda su acción no es solo político-institucional, es también social y cultural, aunque la democracia es el espacio y límite de su acción y nunca debe desconfiar de ella, sino que promoverla incluso en períodos de convulsión y cambio social radical. Por eso desconfía de las izquierdas autoritarias, que no es fácil calificar como fuerzas progresistas: toda izquierda auténtica defiende primero las libertades, incluso como condición para conquistar derechos igualitarios. La izquierda pluralista cultiva la tolerancia de las ideas ajenas, y por tanto está abierta a coaliciones y pactos con otras fuerzas, incluso con fuerzas moderadas de centro y con la izquierda ortodoxa si es útil al movimiento general de progreso social en democracia –aunque es bastante claro que no se puede derrotar a la derecha hoy en Chile con un pacto minoritario de izquierda- y al mismo tiempo debe admitir el carácter estructurante del conflicto, aunque a priori pudiera aparecer como factor de desestabilización. La estabilidad democrática se obtiene con la legitimación de la representación de intereses contradictorios, no con su negación, y con mecanismos de deliberación sobre su pertinencia para alcanzar decisiones informadas sobre las opciones en presencia. Los sistemas políticos son más fuertes cuando las opciones existentes se ponen en juego antes que anularse mutuamente, normalmente en beneficio de los privilegios constituidos.
En este sentido, la defensa republicana del espacio público desde el punto de vista del interés general frente al individualismo negativo neoliberal, los intereses corporativos ilegítimos y el estatalismo invasivo, así como su defensa de la democracia, suponen afianzar los sistemas de separación de poderes y de representación para cautelar el pluralismo y evitar la concentración de poder. La visión progresista de lo público es al mismo tiempo una visión de desconcentración del poder y su difusión en diversos órganos estatales, especialmente territoriales, y su control por la sociedad, así como promotor de mecanismos periódicos y amplios de concertación entre gobierno, trabajadores, usuarios y empresarios para deliberar sobre las opciones de política pública en materia económico-social.
Cualquier sociedad en la que prevalezca la constante reversión de normas en nombre del incremento de la libertad individual de elegir se irá sumiendo en una creciente desorganización. Estará cada vez más atomizada y aislada y será en consecuencia incapaz de llevar a cabo tareas conjuntas y de alcanzar objetivos comunes, con el consiguiente incremento de la criminalidad, de las familias desestructuradas, de vecinos no solidarios y de ciudadanos que optan por marginarse de la vida pública.
La sociedad de mercado y el capitalismo como dominación del poder privado deben y pueden ser reemplazados por una sociedad plural, con un espacio público fuerte, con ciudadanos con derechos, en el que la economía y el mercado se subordinen al interés general y a la sustentabilidad democrática, social y ambiental del desarrollo. Ideas como estas u otras semejantes podrían sin dificultad expresarse en una plataforma programática para 2010-2014, con sus respectivos desarrollos políticos y técnicos, si es que los interesados en desarrollar una fuerza progresista y de izquierda en Chile aún existen. Pero ese ya es otro tema.
Jurgen Habermas, Entre Naturalismo y Religión, Ed. Paidós, 2006.