Entrevista en El Mostrador

8 de Octubre de 2007

Presupuestos 2007 y 2008: ''Hay que ver para creer''

por Carlos Alvarez

"Creo que hay ideólogos neoliberales en posiciones importantes en el gobierno que buscan cualquier pretexto para, por un lado, no hacer crecer el gasto de acuerdo a los mayores ingresos permanentes, o bien que lo restringen arbitrariamente en su ejecución. Así es que hay que en esto ver para creer", afirma el economista Gonzalo Martner. Gonzalo Martner dice que aunque los presupuestos- como el del 2007 y 2008- contengan una importante expansión del gasto público, en esta materia hay que aplicar el "ver para creer" de santo Tomás, porque los supuestos establecidos hay que confrontarlos con los desembolsos efectivos.

- ¿La importante expansión de estos dos últimos años podría generar que la tendencia declinante o al menos de estabilidad, que se observaba del gasto público en relación al PIB entre 1990-2006 se revirtiera con el nivel de gasto del 2007-2008?

- Indudablemente, la política fiscal de la Presidenta Bachelet ha sido la de incrementar el gasto público a tasas superiores al crecimiento del PIB, dada la existencia de ingresos permanentes adicionales (por un mayor precio del cobre de largo plazo) y para 2008 en adelante, en virtud de la disminución decidida por la Presidenta del nivel del superávit estructural desde un 1% del PIB a un 0,5% del mismo. A los que la critican por que supuestamente no tomaría decisiones recordémosles ésta, que muchos consideraban "peligrosa", pero que en realidad se justificaba plenamente al desaparecer las causas que la originaron. Ahora, me gustaría ver la ejecución presupuestaria real de 2007 antes de sacar conclusiones, pues creo que hay ideólogos neoliberales en posiciones importantes en el gobierno que buscan cualquier pretexto para, por un lado, no hacer crecer el gasto de acuerdo a los mayores ingresos permanentes, o bien que lo restringen arbitrariamente en su ejecución. Así es que hay que "ver para creer".

-¿El hecho de que el gasto fiscal se haya mantenido e incluso bajado en relación al PIB en los últimos años implica una política deliberada de reducción, en definitiva, del tamaño del Estado de la economía?

- No quiero juzgar intenciones. Mientras fui subsecretario de la Presidencia con el Presidente Lagos no observé esa actitud, pero hay que constatar que en 2003-2005 se produjo un crecimiento del gasto público inferior al PIB, lo que nada justificaba desde el punto de vista económico y es lamentable desde el punto de vista de las necesidades sociales y productivas que el gobierno debe cubrir atendido nuestro actual nivel de desarrollo. Por ejemplo, con un buen financiamiento inicial al Transantiago y sus infraestructuras, otro gallo hubiera cantado para una política pública tan importante como la del transporte público. Pero los ortodoxos del libre mercado a ultranza y sus medios hubieran puesto el grito en el cielo. Una vez más, los ideólogos neoliberales -los que antes estaban al servicio de la dictadura y los que hoy, aunque distintos, forman parte del arco iris de la Concertación- le han hecho daño al país.

-La política actual de "gastar los ingresos permanentes y ahorrar los transitorios" es consistente con esa tendencia, o dado los altos recursos fiscales y la reducción de la meta de superávit estructural al 0,5%, puede producirse un cierto quiebre en la tendencia antes descrita?

-Creo muy importante subrayar la distinción entre ingresos permanentes y efectivos. El nivel permanente o estructural (o promedio en el tiempo, si se quiere) de los ingresos públicos, que es el que se considera para la formulación prespuestaria en Chile desde 2001, permite mantener o hacer crecer el gasto público en períodos de bajos ingresos en base al ahorro de los ingresos extraordinarios previos. Los ingresos efectivos de cada año, en cambio, fluctúan según sea la actividad económica o el precio del cobre: con la regla actual, si son bajos, pueden dar lugar a un déficit fiscal temporal, compensado más adelante con superávits fiscales, cuando llegan las vacas gordas de nuevo. Con esta política fiscal anticíclica, que distingue ingresos permanentes de ingresos corrientes, se puede tener un Estado muy grande o muy chico. Eso depende del nivel promedio permanente de ingresos públicos (básicamente impuestos) que la sociedad decide tener para financiar los bienes públicos a los que desea acceder. Si queremos una buena salud, educación, pensiones y transporte público, por ejemplo, entonces tenemos que tener impuestos suficientes que los financien establemente. En economía no hay milagros. No se puede querer servicios públicos suecos con impuestos haitianos o sin financiamiento y por tanto, inflaciones elevadas que penalizan a todo el mundo y preferentemente a los más pobres. Esa discusión sobre el nivel y estructura permanentes del gasto público no tiene nada que ver con la regla fiscal actual. Eso no obsta a que deba seguir siendo perfeccionada en el aspecto del superávit estructural que, insisto, pudo tener una justificación en el 2000 cuando teníamos un déficit fiscal efectivo y había que darle credibilidad a la política fiscal anticíclica ante los mercados internacionales, pero que hoy no tiene ninguna, cuando el Estado ha pasado a ser un acreedor neto y no tiene ninguna necesidad de acumular más excedentes fiscales.

-¿Qué debiera hacerse con la regla de superávit estructural?

- El 0,5% de superávit estructural debiera eliminarse para 2009 y mantenerse una política de largo plazo de balance estructural, como se practica en la Unión Europea. De más está subrayar que grandes déficits fiscales permanentes no son aconsejables, pues hacen recaer su financiamiento sobre las generaciones siguientes o bien, como en el caso del enorme y persistente déficit fiscal norteamericano, financiado con los excedentes comerciales asiáticos y no sujeto a ninguna regla, se constituyen en un factor de perturbación de la economía mundial.

- ¿La reducción del peso del gasto público en la económica que usted cita tiene que ver con el tipo de estructura tributaria que se ha ido desarrollando en Chile, que como dice Mario Marcel, también ha implicado algunas perforaciones tributarias importantes, más los efectos de los TLC, de las franquicias tributarias?

- En efecto. Y no olvidemos la equivocada rebaja tributaria a los tramos más altos del impuesto a la renta promovida por el entonces senador Foxley y aceptada por el entonces ministro Eyzaguirre, como si no tuviéramos en Chile un enorme problema de desigualdad. Todas esas perforaciones, sin embargo, tuvieron en la disminución de la evasión promovida por el Presidente Lagos y más tarde en el royalty promovido por los partidos de la Concertación y luego por el gobierno (por mucho que su versión final, luego del rechazo de la primera versión por la derecha, haya salido bastante descafeinada) un contrapeso importante, aunque no suficiente.

- Al finalizar el artículo usted postula una relación gasto publico PIB de un 35%. ¿Esto implica necesariamente una reforma tributaria y qué sentido debería tener? ¿Aumento a las empresas y reducción a las personas?

- La tarea es ahora eliminar la mayor parte de las franquicias tributarias manteniendo la progresividad del impuesto a la renta -que algunos quieren eliminar a título de la simplificación del sistema, con la grave consecuencia de incrementar aún más las desigualdades respecto de los que tienen menos ingresos. Las personas en Chile, especialmente las más ricas, pero también las de ingresos medios altos, pagan comparativamente muy pocos impuestos, aunque siempre, claro, todo el mundo considera que los impuestos que paga son enormes y la aspiración de muchos es recibir bienes públicos de todo tipo sin pagar por ellos. No me parece justo ni eficiente disminuir los impuestos a las personas, sino que se debe hacer que todos los paguen en efectiva proporción a sus ingresos, con el tope de 40% actual para el tramo más alto. Mantengo esta postura aunque suene políticamente atractivo ir a un "flat tax", un impuesto parejo a las empresas y a las personas, para terminar con los mecanismos de elusión que persisten en utilizar muchos (vía sociedades de papel y otras yerbas). Una sociedad más segura, próspera e igualitaria tiene un precio: impuestos progresivos que todos debemos pagar. Lo otro es sumarse a los mecanismos de impuesto bajo y plano que han adoptado algunos países ex-comunistas, hoy reconvertidos al capitalismo salvaje (con muchos ex comunistas o asociados incluidos en esa reconversión, como a veces vemos también en Chile). Por otro lado, se debe aumentar el royalty de inmediato -como lo han hecho diversos países recientemente para beneficiarse como corresponde del incremento de los precios de las materias primas-, pues las utilidades de las empresas mineras privadas son escandalosas, habida cuenta que no se originan en su actividad, sino en el uso de un recurso que se ha encarecido gracias a China e India, que pertenece a todos los chilenos y que estamos regalando a los accionistas de las empresas mineras transnacionales. En 2006, estas estuvieron entre las empresas más rentables del mundo, con tasas de utilidad increíbles. Yo personalmente no entiendo la ausencia de debate público en Chile en la materia. Cuando uno plantea estos temas, propios del intercambio democrático, con frecuencia es descalificado con argumentos inverosímiles y emocionales. Y las desigualdades de las que tanto se habla y respecto de las que poco o nada se avanza -en Chile somos expertos en dobles discursos- siguen tranquilamente reproduciéndose día a día.

La reducción de la desigualdad

En La Nación de hoy se encuentra artículo "La reducción de la desigualdad".


TRIBUNA

La reducción de la desigualdad

Si nada se quiere hacer, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad.


Desde la reciente campaña presidencial se ha hablado mucho sobre la necesidad de redistribuir los ingresos. Incluso un ex candidato perdedor forma hoy parte de la comisión que fue creada por la Presidenta Michelle Bachelet para hacer proposiciones en esta materia. Venimos arrastrando una persistente desigualdad de ingresos desde que en la década de 1970 se produjeron gigantescas transferencias de activos (contrarreforma agraria, privatizaciones) en beneficio de una minoría poderosa vinculada con la dictadura militar. La globalización de los mercados y varias crisis hicieron lo suyo, más tarde, para acentuar la concentración del capital productivo y financiero.
La más reciente encuesta Casen, cuya presentación oficial resulta algo confusa en sus criterios, revela una mejoría en la desmedrada situación chilena que es digna de destacarse. La distribución del ingreso autónomo por habitante entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, medida sin las transferencias públicas distintas de las pensiones- era de 19,7 veces en 1990 y de 21,3 veces en 2003. Se reflejó a esa fecha un deterioro en la distribución del ingreso primario (el que emana de la actividad económica) fruto del mal manejo de la crisis asiática y de sus efectos prolongados en el desempleo en nuestro país. Pero la buena noticia es que esta relación disminuyó a 19,3 veces en 2006.
La distribución del ingreso monetario o disponible entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, el ingreso que en definitiva está en manos de los chilenos- era de 18,4 veces en 1990 y de 18,9 veces en 2003. Estas cifras muy similares contrastaron con las del ingreso autónomo y reflejaron el buen impacto de una cierta focalización y expansión de los programas de transferencias monetarias. Aquí, de nuevo, la buena noticia es que esta relación disminuyó de manera importante a 16,5 veces en 2006, reflejando, probablemente, la mejoría en el empleo y en las transferencias a los más desfavorecidos.
No obstante, esta cifra sigue dejando al desnudo la enorme brecha de ingresos que todavía persiste (para no hablar de aquella en la posesión de activos productivos, que es aún mucho mayor). Cuando las cifras oficiales morigeran este dato sin considerar los ingresos por habitante (que es la variable pertinente, pues las familias más pobres son más numerosas y el mismo ingreso tiene que alimentar más bocas) o bien introduciendo de modo sólo parcial algunos gastos y recaudaciones públicas, equivocan el camino. La realidad hay que enfrentarla desnuda para poder actuar sobre ella y modificarla.
Hagamos un ejercicio simple con los datos de la Casen 2006: si por la vía tributaria y mediante subsidio directo se redistribuyera adicionalmente 5% del ingreso monetario disponible por habitante de los que pertenecen al 20% más rico hacia los que pertenecen al 20% más pobre, la relación entre sus ingresos promedio pasaría de las 16,5 veces mencionadas a 8,6 veces, es decir una cifra como la de EEUU (aunque este país no es de los más igualitarios si consideramos las 3,8 veces de Finlandia y Japón y las cuatro veces de Noruega y de Suecia).
En dinámica, este tipo de redistribución (que debiera organizarse desde los muy ricos a los que no tienen capacidad de ganarse la vida -niños, ancianos, discapacitados- o posibilidades de hacerlo debido a que están desempleados o enfermos) según los liberales plantearía un problema de incentivos que disminuiría el crecimiento. Esto no está probado en absoluto más que en sus dogmas, y debe dejar de ser un obstáculo mental, que es el que básicamente nos impide avanzar a una sociedad más igualitaria. La resignación es el mal nacional por excelencia de esta época de pragmatismos y dogmatismos mediocres.
Lo que nadie objetaría, pues no admite ningún problema de incentivos, es crear un fondo de redistribución de una parte de los excedentes del cobre que gastara sus intereses sólo para este fin, simplemente porque se declara prioridad nacional atacar directamente la desigualdad. A los fondos de estabilización y de reservas de pensiones ya creados por la Ley de Responsabilidad Fiscal, se podría agregar este fondo de redistribución en una ley de responsabilidad social, voluntad política mediante. El precio del cobre todavía más alto a lo previsto podría alimentarlo de modo significativo, en especial si se modifica el royalty que resultó ínfimo ante las increíbles ganancias que acumulan las mineras privadas con un recurso que es de todos los chilenos.
Si nada se quiere hacer en esta materia, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Y, en ese caso, terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad frente a la oportunidad histórica que se nos presenta con la prolongación de la bonanza del cobre.

Entrevista con La Nación Domingo

“No creo que Lavín esté comprometido con la equidad”

En La Nación Domingo aparece una entrevista sobre tópicos variados. Haga click aquí.

Invitación a presentación de libro

Viernes 10 de agosto a las 12.30 hrs Biblioteca de Santiago

Paradojas

En el diario La Nación del 15 de julio se publica la columna Paradojas que comenta que siendo este el peor momento de opinión pública para el gobierno, es también aquel en el que se constata el fracaso de la estrategia opositora. Y también se toma nota de la paradoja que significa que en un momento económico espectante, la opinión sobre la conducción económica es especialmente negativa.

La Segunda

"Me pareció necesario solidarizar con él". Con esas palabras, el ex timonel PS Gonzalo Martner explicó su decisión de reunirse el viernes pasado -junto a un grupo de socialistas entre los que también estaba Alejandro Navarro- con Zaldívar para manifestarle su apoyo.

A juicio de Martner, en el oficialismo "no se puede perseguir a nadie... Y aquí hay gente que está dedicada a perseguir". Añadió que "los asuntos políticos se tratan políticamente y no con medidas disciplinarias", pues en la Concertación "nos debemos respetos mutuos".

En ese sentido, si bien afirmó no compartir las críticas del senador colorín hacia Ricardo Lagos, el ex timonel PS aseguró que "Adolfo es parte del apisaje concertacionista desde sus inicios y no se le puede ahora pasar al Tribunal Supremo por ejercer su derecho a opinar".

Advirtió que "es un mal síntoma para la Concertación" el que se pase a alguien al Tribunal Supremo por tener opiniones distintas. "Si gente muy distinta fuimos capaces de juntarnos en la Concertación, en sus inicios, no veo porqué hoy no podemos respetar esa diversidad", aseguró.

Consultado si no se expone a críticas en su propio partido por defender a Zaldívar, Martner fue enfático en que "soy una persona libre, que piensa y dice lo que quiere".

La Nación Domingo

Gonzalo Martner, ex timonel PS

"Lagos no debiera dejarse afectar por las expresiones bastante agresivas de la derecha contra su figura y su gobierno, y debe seguir sirviendo a Chile como lo ha hecho toda su vida, manteniendo una cierta prescindencia para no interrumpir el gobierno de Michelle Bachelet. Debe prepararse para las siguientes etapas políticas y lo que viene en el post Bicentenario, donde él tiene mucho que decir".

- ¿Qué le parece que se le haya criticado por hacer pataletas al defender su gobierno?
Mire, a la gente que tiene carácter la acusan de tener pataletas, pero son episodios sin importancia. A mí me gusta la gente con carácter.

El debate sobre la reforma a las pensiones

En los próximos días el debate sobre la reforma provisional entrará en tierra derecha. Las autoridades del ministerio de hacienda informan que la reforma al sistema de pensiones, que constituye conceptualmente un gran avance y que incluye la nueva pensión básica garantizada y subsidios especiales a las mujeres y a los jóvenes, tendría un costo del orden de 1% del PIB en régimen de pleno funcionamiento.
Debe hacerse notar en primer lugar que esta reforma va a implicar que movilizará menos recursos que el gasto en pensiones militares, que es de 1,3% del PIB.
En segundo lugar, cabe también hacer notar que esta reforma va a movilizar mucho menos recursos que los que en promedio se vienen gastando en pensiones desde 1981. Según los propios datos de la Dirección de Presupuestos, el déficit previsional del sector civil financiado por el Estado entre 1981 y 2004 representó en promedio un 4,3% del PIB. El gasto en 2006 en pensiones (déficit operacional del sistema civil y bonos de reconocimiento) es de 3,7% del PIB y en 2010 sería de 3,2% del PIB, evidenciando una caída. En el período reciente empieza a notarse el efecto que provoca el que vaya disminuyendo el número de pensionados en el sistema antiguo. Se viene generando desde mediados de esta década una cada vez mayor holgura fiscal en materia de pensiones.
¿Se usarán estos recursos para el nuevo sistema de pilar solidario? No está previsto que sea así. En efecto, según el Informe Financiero del proyecto de ley de reforma su costo sería en 2010 de US $ 500 millones, menos del 0,3% del PIB, prolongando además la entrada en vigencia del beneficio hasta el 2017. Se trata de una novedad en las prácticas financieras del Estado: se fija un beneficio para siete años después de terminado el actual gobierno, en circunstancias que en Chile el gasto público se establece año a año y no corresponde anticipar decisiones de otros gobiernos.
Resultado: al final del gobierno de la Presidenta Bachelet se gastaría menos (3,5% del PIB) en pensiones que a su inicio (3,7% del PIB), lo que resultaría curioso para una prioridad presidencial. Recordemos que las reformas de educación y de salud involucraron en su momento un aumento de 1% del IVA en cada caso.
De imponerse el particular criterio enunciado por las autoridades del ministerio de hacienda, la sociedad chilena, en medio de una fuerte transición demográfica, va a disminuir sustancialmente el esfuerzo en gasto en pensiones civiles, lo que resulta francamente inexplicable.
Existen indudables dificultades de implementación que hacen comprensible una transición para llegar al 60% de la población con la pensión básica garantizada. Pero un calendario anual de incremento de la cobertura hasta 2010 (y no el 2017, como está previsto) por tramos es factible y con montos mayores al anunciado, pues los recursos están disponibles. En cambio, la reforma prevé una sustancial reducción del esfuerzo público en pensiones en largo plazo, lo que parece al menos incongruente con la promesa presidencial y con la necesidad de mejorar la distribución del ingreso.
Una reorientación de la reforma al sistema de pensiones debiera al menos incluir un acortamiento del calendario de entrada en vigencia al 2010, una pensión solidaria más alta (un criterio posible es que sea equivalente a un 80% del ingreso mínimo), el inicio del beneficio a los 60 años y no a los 65 para las mujeres, una participación de los empleadores en el sistema haciéndose cargo del pago de la prima de invalidez y sobrevivencia y una disminución de la incertidumbre en las pensiones contributivas, eliminando el sistema de retiro programado y estableciendo tasas de reemplazo con rangos mínimos y máximos, además de asegurar a través de licitaciones de cartera y una regulación de las cotizaciones la caída drástica de los cobros de administración de las AFP, que las tienen entre los negocios más rentables de Chile y el mundo a costa de los trabajadores chilenos.

Más antecedentes en usach

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Ilustración de Cecilia Martner

El desafío del largo plazo

El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (GICC), creado en 1988 por Naciones Unidas, hará público esta semana en Bangkok un informe que precisará los medios que pueden emplearse para mitigar el efecto invernadero.

Esta reunión es la tercera del año. De las dos primeras emergieron las siguientes conclusiones : en primer lugar, está prácticamente establecido (con una probabilidad de 90% contra 66% en el informe de 2001) que el ser humano está directamente en el origen del recalentamiento del planeta; en segundo lugar, esta evolución podría generar hambrunas, sequías, olas de calor y aumento del nivel del mar (entre 18 y 59 centímetros de aquí a fin de siglo).
La previsión es alarmante, según los científicos, que advierten que un aumento por encima de los 2 grados llevará a la desaparición de aproximadamente el 30% de las especies. De aquí a 2080, hasta 3,2 mil millones de personas estarán expuestas a la escasez de agua severa y 600 millones al hambre en razón de las sequías y de la degradación y salinización de los suelos. Cada año, de dos a siete millones de personas adicionales podrían verse expuestas a inundaciones en las costas y en los grandes deltas de Africa del Oeste, de Asia o del Mississipi. En nuestro país, disminuiría el régimen de lluvias y cambiarían fuertemente nuestra agricultura y nuestros bosques del sur.

Si no se toman medidas de control, las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta habrán aumentado entre un 25% y un 90% en 2030 respecto al nivel de 2000. El sector energético, el agrícola y los bosques destacan como idóneos para tomar medidas, mientras que el transporte presenta más dificultades.

Según algunos escenarios, el crecimiento del PIB mundial podría beneficiarse con el manejo de las emisiones, pues se trata de una actividad que podría tener un fuerte potencial económico en las próximas décadas. El economista británico Nicholas Stern, afirmaba en un estudio de 2006 que actuar desde ya tendría un costo de 1% del PIB mundial. El informe Stern compara los costos de no actuar contra el cambio climático a los asociados con las dos grandes guerras y la crisis económica del 29 y los cuantifica en una reducción del bienestar equivalente a una rebaja del consumo medio por persona de entre el 5% y el 20%.

Una gran lección del informe Stern es que, por un lado, la lucha contra el cambio climático puede derivar en grandes oportunidades económicas y que, por otro lado, es factible descarbonizar la economía mundial para hacerla compatible con la estabilización del clima, manteniendo el crecimiento. En el caso del cambio climático, Stern recomienda: (1) el establecimiento de un precio al carbono para que los agentes se enfrenten a los costos sociales totales de sus acciones; (2) la puesta en marcha de políticas de apoyo al desarrollo urgente de tecnologías bajas en carbono; (3) la eliminación de barreras a los cambios, motivando a todos para que aprovechen las oportunidades en el marco de la eficiencia energética y, (4) la puesta en marcha de políticas de adaptación para aquellos impactos que no podrán ser evitados. Finalmente, ofrece una valoración económica de la actuación pública, elemento crucial para saber si es mejor el remedio que la enfermedad. Y aquí está otro de los grandes mensajes de Stern: los beneficios de la toma de fuertes y urgentes medidas contra el cambio climático superan ampliamente los costos de no hacerlo.

Nuestro país debe mirar más al largo plazo. Los debates del día a día, las restricciones del aquí y ahora y la ausencia de instituciones que se ocupen del futuro, no han permitido elaborar una agenda del 2020 y del 2050 que aborde los desafíos, entre tantos otros, energéticos y ambientales. La excepción ha sido el tema previsional, que aborda por definición el largo plazo y considera el dramático cambio demográfico que estamos viviendo en Chile y nos obligará a un esfuerzo mucho mayor que el previsto si queremos permitirle una vida decente a los adultos mayores en este siglo 21. Llegó tal vez el momento de volver a preocuparse también de la prospectiva, de la planificación y del legado que dejaremos a nuestros hijos, incluyendo nuestra contribución como chilenos a la contención del cambio climático.

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Ilustración: Vitral de Cecilia Martner

Un regalo innecesario

El tercer paquete de medidas del actual Ministro de Hacienda incluye la depreciación instantánea de activos por dos años. Esta modificación resultará en una menor recaudación tributaria durante los años 2008-2010 de 540 millones de dólares. En comparación, el costo del reajuste de las pensiones más bajas realizado en 2006 fue de 181 millones de dólares al año y el gasto previsto en el proyecto de ley de reforma previsional es de 81 millones en 2008, 302 millones en 2009 y 492 millones de dólares en 2010, mientras el de la ley de subvención preferencial es de 305 millones al año. Este empujón tributario a las empresas que invierten es entonces de alto costo en el corto plazo en comparación a las principales iniciativas sociales del gobierno. Las presiones para la mantención del mecanismo más allá de lo previsto serán probablemente muy altas.
El efecto de la depreciación instantánea dependerá de cuánto incida el menor pago de tributos en la rentabilidad global de los proyectos de inversión de las empresas. Si incide poco, como es lo más probable, las empresas seguirán con el cronograma inicial y con un incremento de rentabilidad en el corto plazo. Una observación somera a las utilidades de las sociedades anónimas en 2005 y 2006 revela que este no es precisamente un problema para la economía chilena.
El problema que enfrenta la autoridad económica es una brusca desaceleración de la inversión en 2006, la que venía sosteniendo tasas de crecimiento especialmente elevadas y contribuyendo al crecimiento agregado de modo decisivo en 2004 y 2005. A la inversa, el freno brusco de la inversión –pasando de tasas de dos dígitos a tasas de un dígito- incidió en el débil crecimiento de 2006. Lo más probable es que ese proceso se haya debido a una renovación generalizada de maquinarias y capital fijo por el grueso de las actividades productivas, luego de un largo período de recuperación de sus ventas y producción. La inversión tiene un ciclo que le es propio y que no se verá alterado de modo importante por la mecánica de la depreciación inmediata.
El argumento de un eventual efecto multiplicador de la aceleración de las inversiones en la economía (que se argumenta en este caso compensaría entre 70% y 80% de su efecto neto), se parece mucho al de los adeptos de la llamada “curva de Laffer” (las rebajas de impuestos reactivan la economía permitiendo recaudar más impuestos) que ha inspirado a diversas administraciones conservadoras en EE.UU. Su resultado ha sido un estruendoso fracaso y el más alto déficit fiscal de la historia.
Será la inversión minera y energética la principal beneficiada por este mecanismo fiscal. Esto se ve refrendado por la información sobre los principales proyectos de inversión en curso: los proyectos mineros El Morro (US$ 1.380 MM); Pascua (US$ 1.301 MM); Desarrollo Los Bronces (US$ 761); Proyecto Gaby (US$ 706 MM) y Mina Esperanza (US$ 695 MM); las centrales hidroeléctricas Energía Austral (US$ 700MM) y Río Puelo (US$ 650 MM); las líneas de transmisión de XI región a la Zona Central (US$ 614 MM), entre los más importantes.
En el caso de la actividad minera, lo más probable es que no se modifiquen mucho los calendarios de inversión, pues están sujetos a restricciones técnicas, y que la depreciación instantánea constituya un regalo en el corto plazo a unas pocas grandes empresas y en el largo un crédito subsidiado sin justificación económica. Este beneficio fiscal va directamente en la orientación contraria a la aplicación del royalty desde el punto de vista recaudatorio. En el caso energético, es también muy poco probable que haya modificaciones en el calendario de inversiones.
Se trata de un regalo tributario que apunta a apurar los proyectos en carpeta para 2007 y 2008, con poca probabilidad de lograrlo, y no a mejorar el desempeño de la inversión en el largo plazo, dada la duración de la medida, ni pretende transformar en rentables proyectos que no lo eran. Se trata de una medida muy cara e inútil, que contrasta con la ausencia de financiamiento de tantas otras prioridades.

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Ilustración: Trabajo en vidrio de Cecilia Martner

¿Porqué ardió París?

En los tiempos recientes ha ido ampliándose el debate sobre el tipo de sociedad que los chilenos queremos construir hacia el futuro. La Presidenta Bachelet ha planteado caminar hacia un Estado de bienestar moderno, lo que ha sido rebatido por nuestros neoliberales con los argumentos libremercadistas ya demasiado conocidos. En estos días ha aportado lo suyo el diputado de derecha sueco de origen chileno Mauricio Rojas. Dice que ha venido a explicarle a la Presidenta Bachelet porqué ardieron los suburbios de Paris hace poco tiempo atrás: el Estado de Bienestar constituiría una pesada carga para el crecimiento y el empleo.
En primer lugar, el estallido en los suburbios franceses se explica básicamente porque un gobierno de derecha disminuyó los sistemas de apoyo y los subsidios al trabajo de acción social de organismos gubernamentales y no gubernamentales en los lugares en que se concentra la inmigración. Países con impuestos tan o más altos que los de Francia, no han visto emerger ningún estallido social recientemente, entre otras cosas porque han contado con gobiernos que llevan adelante una exitosa política económico-social de integración.
En segundo lugar, no basta con mostrar un par de gráficos para demostrar que impuestos altos generarían poco crecimiento y empleo. Es importante precisar algunas relaciones de causalidad: si un país crece aumentando menos el empleo que otros, no quiere decir que está en decadencia sino todo lo contrario: está aumentando su productividad. Así, Francia es el país de mayor productividad por hora trabajada en el mundo, superior a EE.UU., país que sin embargo genera más riqueza agregada porque se trabaja más días en el año por trabajador. ¿Qué es preferible, trabajar más por menos dinero con menos derechos o tener ingresos algo inferiores porque se trabaja menos, con amplios derechos sustentados en una alta productividad? Las democracias de los respectivos países han ido dando su respuesta en el tiempo, con un “modelo norteamericano” y un “modelo francés” igualmente, grosso modo, eficientes pero uno mucho más desigual que el otro. Los chilenos mientras tanto estamos entre los que más trabajamos en el mundo, pero con baja productividad y bajos ingresos para los que tienen menos y muy altos para unos pocos, injustificadamente.
Joel B. Slemrod y Jon Bakija, con datos de 1950 a 2002, demostraron que los períodos de fuerte incremento de la productividad ocurrieron cuando las tasas marginales del impuesto a la renta superiores eran más altas y que, en promedio, los países de más altos impuestos son los más ricos, contrariamente a lo que sostienen los neoliberales como el diputado Rojas[1]. Y escuchemos a Vito Tanzi y Howell Zee, del FMI: “la evidencia empírica sobre la relación entre tributación y crecimiento es mucho más débil que lo que la teoría hubiera llevado a uno a esperar”[2]. La noción de que los impuestos hieren el desempeño económico es sólo eso: una noción sin evidencia que la sustente. Y el costo de ignorar la experiencia a favor de postulados de fe puede ser alto: déficit fiscal, decaimiento de la infraestructura, inadecuada inversión en investigación, educación y salud. Y por tanto a la larga menor crecimiento. Y mucho menor equidad. Tiene razón entonces la Presidenta Bachelet al invitarnos a tener más y no menos protección social.
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[1] Joel B. Slemrod y Jon Bakija, Taxing Ourselves: A Citizen's Guide to the Great Debate over Tax Reform, The MIT Press, 2004.
[2] Vito Tanzi y Howell H. Zee, “Política fiscal y crecimiento a largo plazo”, Revista Internacional de Presupuesto Público, nº 38, 1998.

* Acuarela de Carlos Martner

¿Qué pasó con el modelo económico neoliberal?

En buena hora se va ampliando entre nosotros el debate sobre la política económica seguida desde 1990 y su capacidad de revertir el modelo neoliberal de Estado mínimo, mercado máximo, desregulaciones y privatizaciones heredado de la dictadura. Para que se entienda mejor el texto anterior publicado en este blog, entrego este texto que es parte también de mi libro Remodelar el modelo de próxima publicación.

En el campo económico y social la situación es más opaca. ¿En qué hemos avanzando, en qué no, porqué? ¿En qué medida ha habido cambios en el “modelo neoliberal chileno” heredado de la gestión autoritaria de 1973-1989[1]?

El tránsito a la democracia debía dar lugar, en el diseño original de sus promotores, a una nueva estrategia de crecimiento con equidad alternativa al modelo neoliberal sustentada al menos por la amplia mayoría de la coalición de centroizquierda constituida por la Concertación de Partidos por la Democracia, expresada en su oferta programática. Esto ha sido controvertido por los neoliberales chilenos y por diversos autores que se sitúan a la izquierda de esta coalición, que sostienen la tesis de la continuidad con el modelo neoliberal de la dictadura.

Modelo neoliberal chileno hubo desde luego entre 1973-1989, que para solaz de los Chicago boys nacionales fue precursor de la aplicación de las ideas de sus inspiradores Milton Friedman y Friedrich Von Hayeck, y que provocó graves perjuicios para Chile, su Estado y su sociedad civil, así como para la situación socioeconómica de los desposeídos, de gran parte de los sectores medios y de no pocos empresarios. Sostendremos por nuestra parte que temas como la apertura al exterior (que se puede hacer de muchas maneras pero se realizó hasta 1989 con daño innecesario al tejido productivo) o los equilibrios macroeconómicos (que durante el período de dictadura se buscaron con políticas de choque recesivas o con enfoques equivocados como la fijación del tipo de cambio) no necesariamente tienen que ver con el modelo neoliberal y si con estrategias económicas basadas en el interés general. Y sostendremos que las políticas redistributivas seguidas no han tenido la fuerza suficiente para superar la situación de exclusión en que vive una cuarta parte de la población chilena, razón por la cual la estrategia económica puesta en práctica ha logrado crecimiento pero no la equidad necesaria, manteniendo un modelo de desarrollo híbrido.

¿Validación del modelo neoliberal?

Es de destacar, no obstante la mayor lentitud desde 1998, el éxito en materia de crecimiento. El crecimiento del período 1990-2006 ha sido el mayor de la historia económica reciente, al punto que Chile es, según las estimaciones del FMI para 2006, el país de América Latina de más alto ingreso por habitante (con 8 570 dólares, a comparar con los 2 409 dólares de 1990, año en el que Chile se situaba en sexta posición, detrás de Argentina, Uruguay, Brasil, México y Venezuela) y el único del continente que ha acortado distancias con los países industriales en el período reciente.

La postura de varios de los creadores del modelo neoliberal chileno ha sido la de intentar apropiarse, sin mucha elegancia, de los éxitos económicos posteriores a 1990. En palabras del ex ministro de economía de Pinochet Pablo Baraona, no ha habido cambios ni podría haberlos: “los socialistas de todos los colores han aprendido que en el mundo no se puede hacer otra cosa, sino seguir estas líneas centrales de apertura comercial, equilibrio fiscal, libertad de precios y ojalá pocas empresas públicas(...) Con todo lo que a Aylwin no le gustaba este sistema, se lo tuvo que tragar completo”[2].

Pablo Baraona desarrolla la tesis de la victoria en toda la línea del enfoque neoliberal: “es cierto que subieron los impuestos en 4% del PIB en estos 15 años, pero esos son gajes del oficio, mañana puede llegar otro que los baje. Yo opino que las regulaciones son excesivas y la más importante de todas es la inflexibilidad en el mercado laboral, pero estamos discutiendo en otro peldaño, no en la base del modelo”[3].

De modo similar, pero más defensivamente, se han expresado los grandes empresarios, por ejemplo a través de Hernán Somerville: “aprendiendo lecciones del pasado, logramos en los ’90 hacer un compromiso constructivo para mirarnos al futuro con moderación, incluso de mucha gente renunciando a sus legítimas posiciones. Logramos aceptar (sic) las reformas del gobierno militar y perfeccionarlas con un hilo de continuidad a través de un diálogo público y privado ejemplar. Hay que ir ajustando el modelo, pero si se me habla de cambiar los fundamentos, el no es tajante”[4].

Sergio de Castro, ex ministro de hacienda y responsable de una de las recesiones más profundas de la historia económica chilena (la de 1982-83, catástrofe solo comparable a la que provocaron sus colegas Chicago-boys en 1975 y a la de Argentina 20 años después), mantiene la línea de la apropiación pero revelando más claramente su convicción real: “siempre he dicho y seguiré diciendo que el gran mérito del gobierno de Aylwin fue precisamente validar el modelo, porque al leer todo lo que publicaba CIEPLAN, eran incendios contra la política económica”, para luego añadir que “se ha perdido el culto a la eficiencia, lo que para un economista es crucial (…), se han aprobado una serie de leyes por motivos políticos más que técnicos, específicamente en el campo laboral, donde me parece una cosa casi perversa. Todos saben que esas cosas le hacen mal a los trabajadores y sobre todo a los más pobres y, sin embargo, se aprueban, como la ley que reajustó excesivamente el salario mínimo en 1998. Con todo esto se va perdiendo la competitividad chilena”[5]. Y agrega a mayor abundamiento: “debieran haberlo (el salario mínimo) eliminado hace mucho tiempo (...) y con flexibilidad laboral absoluta”[6]. Todo esto dicho por quien tiene seguramente ingresos no una sino varias decenas de veces superior al ingreso mínimo, y que propone que este sea aún inferior a su nivel actual, no precisamente demasiado elevado, para “aumentar la competitividad”...

Los defensores de las ideas neoliberales parecen intentar en realidad “validar” su propia reivindicación ante la sociedad, después de no haber sido aceptadas por la mayoría de los ciudadanos (véase las candidaturas presidenciales de Hernán Buchi en 1989, de José Piñera en 1993 y Joaquín Lavín en 1999-2000 y 2005, todos ellos economistas neoliberales colaboradores de la dictadura militar), sobre la base de oponer a su enfoque el fantasma de la planificación centralizada y la estatización de los medios de producción. Todo lo que no sea reinvidicar, en términos actuales, algo así como el “modelo norcoreano”, los neoliberales chilenos lo consideran una victoria de sus ideas, como si no hubiera en el mundo, y en Chile, una vasta gama de idea económicas distintas de las de los coreanos del norte y las de ellos, y de modelos de desarrollo económico que combinan Estado, mercado y sociedad de variadas formas, con resultados considerablemente más exitosos que los que se empeñaron en imponer mediante los procedimientos criminales de una dictadura. Y al mismo tiempo que se atribuyen los éxitos desde 1990 en materia de materia de crecimiento, rechazan las regulaciones laborales y tributarias establecidas, como si estas no fueran parte de la política que condujo a los resultados que reivindican para sí.

Desde el otro lado del espectro ideológico, se ha enunciado la tesis del transformismo. De acuerdo a Tomás Moulián, las políticas seguidas desde 1990 serían una especie de engaño premeditado de los que han gobernado el país en democracia para mantener la continuidad de lo que llama la “fase constitucional” de la dictadura después de 1980: “la actual coalición no ha creado un proyecto, más bien administra con expertise el diseño de modernización del Gobierno militar, marcado por el sello neoliberal”[7]. En la misma vena, Gabriel Salazar y Julio Pinto señalan de manera perentoria: “es un hecho que en materia de estrategias de desarrollo, los gobiernos de la Concertación han optado por mantener el curso adoptado por la dictadura”, excepción hecha de “una mayor sensibilidad frente a las inequidades sociales[8]”.

Guillermo Larraín, en un análisis más complejo y desde la coalición de gobierno, tiende a darle razón a esta interpretación. En efecto, caracteriza a lo que denomina genéricamente el modelo chileno como una síntesis que entiende en definitiva armónica y satisfactoria de tres componentes: 1) la herencia del régimen militar, que considera mucho más reducida que la que se autoadjudican sus autores [“en el plano conceptual su aporte fue la reforma de la seguridad social, las privatizaciones y la desregulación (...) y en el plano práctico (...) llevó a cabo no sólo aquellas reformas que conceptualmente creó, sino otras cuya necesidad era clara desde hace un par de décadas”, agregando que “el paradigma de esto es la apertura de la economía, la cual se pretendió hacer sucesivamente en los gobiernos de Ibáñez, Alessandri y Frei, pero todos fracasaron”]; 2) las políticas de los gobiernos democráticos desde 1990 y 3) las ideas de Aníbal Pinto y Jorge Ahumada, que entiende inspiraron tempranamente “la apertura comercial, la tecnificación de la política económica, el control presupuestario y la estabilización inflacionaria y financiera” [9]. Se trata de una suerte de ecumenismo de amplio espectro que, puede conjeturarse, no necesariamente identificaría a unos y otros de los convocados a semejante síntesis, lo que nunca sabremos pues Ahumada y Pinto fallecieron hace ya mucho tiempo. Pero sobre todo ¿quien con un poco de criterio profesional se va a oponer a la intención de tecnificar la política económica o de controlar el presupuesto o la inflación? Son pocos los economistas chilenos, o de cualquier parte del mundo, que se opondrían a algo así, con lo que pierde especificidad toda discusión sobre modelos económicos. En suma, la inespecificidad inconducente de las tesis de la gran complicidad o de la gran síntesis ecuménica no nos hace avanzar mucho en la respuesta a la pregunta sobre la continuidad y cambio en materia económico-social en Chile desde 1990.

Una tesis en este sentido es la que desarrolla Manuel Castells al establecer la distinción entre lo que denomina el paso de un modelo liberal autoritario excluyente a un modelo liberal democrático incluyente[10]. Sin embargo, como veremos, la dimensión de inclusión ha encontrado límites importantes, por lo que esta descripción no refleja, o al menos no aún, las realidades prevalecientes en Chile. Por lo demás, es propio de los modelos económicos liberales no ser incluyentes, pues se oponen al Estado Social, aunque el entorno político en el que se desenvuelvan haya mutado del autoritarismo a la democracia. Recordemos a Bobbio: aunque el liberalismo conciba al Estado tanto como Estado de derecho como al mismo tiempo Estado mínimo, existen Estados de derecho que no son mínimos (por ejemplo el Estado Social contemporáneo) y también existen los Estados mínimos que no son Estados de derecho.

Ernesto Ottone y Carlos Vergara, por su parte, prefieren referirse no ya a modelos antitéticos de desarrollo presentes en la historia económica chilena reciente, sino a la “experiencia chilena” desde 1990, con sus componentes de política pública orientadas al crecimiento y a la equidad[11], lo que de alguna manera elude el debate.

En la economía académica actual se emplea la noción de “modelo” como algo distinto de un ideal a alcanzar o un conjunto sistemático de políticas económicas orientadas en una dirección, que son las acepciones del lenguaje cotidiano en la materia. La “corriente central” de la economía convencional recurre con frecuencia a modelos en tanto estilizaciones altamente abstractas, en que a partir de supuestos conductuales básicos de los agentes económicos (maximizadores de utilidad, en particular) se realiza una o varias construcciones de encadenamientos lógicos. Estas construcciones están basadas necesariamente en simplificaciones, las que con frecuencia son sin embargo poco realistas, pues suponen que las prácticas efectivas de los agentes económicos resultan de un cálculo racional orientado a optimizar resultados. Y esto es harina de otro costal, aunque subrayemos que las conductas socioeconómicas suelen ser más complejas que estas simplificaciones, que denotan juicios de valor no fundados, mientras las estimaciones econométricas que a veces las acompañan no validan con demasiada frecuencia sus predicciones. Este es el caso de muchos modelos de estimación del crecimiento, de modelos de impacto del gasto público y la tributación, de modelos de impacto de las regulaciones salariales y así sucesivamente, como se hará notar en diversas partes de este texto.

Siguiendo un método histórico-analítico, el más recomendable en economía, Robert Boyer y Michel Freyssenet, nos guían por el derrotero de la especificidad en materia de desarrollo económico. Distinguen en el siglo XX no menos que unos ocho modos de crecimiento de la economía. Lo hacen considerando que el ingreso nacional puede ser principalmente dinamizado: 1) por la inversión, 2) por el consumo interno 3) por las exportaciones, y además consideran 4) la forma de distribución de ese ingreso, 5) las maneras de manejar las incertidumbres en el mercado de bienes y de capitales y 6) el uso de la fuerza de trabajo. Distinguen también modelos productivos a nivel de la empresa según 1) la política de producto, 2) la organización productiva y 3) la relación salarial[12].

A pesar de la amplitud de las distinciones ofrecidas por estos autores, que nos llevaría un largo trecho describir aquí en su totalidad, ninguna permite encasillar cabalmente nuestro actual “modo de crecimiento”, aunque el modo de crecimiento desigual y rentista que identifican describe bastante bien aquel prevaleciente en Chile durante 1974-1989, pero no así la evolución posterior[13].

Pero si seguimos la filosofía de estas distinciones, definiremos para nuestros propósitos un modelo de desarrollo como una modalidad de interacción estable entre las estructuras políticas y un modo de crecimiento económico, asociado éste a un modo de asignación de recursos y a un modelo productivo de organización predominante de las empresas y las relaciones salariales. Nuestra noción de modelo de desarrollo incluye entonces el entorno institucional (democrático o autoritario y sus variantes), el modo de crecimiento (con sus diversas combinaciones posibles en las fuentes dinamizadoras del ingreso y en su distribución), el modo de asignación de recursos (en el mercado de bienes y en el mercado de factores) y el modelo de empresa prevaleciente.

Esto nos lleva a diferenciar “estrategia” de “modelo”, en tanto la primera (conjunto de políticas orientadas en una dirección determinada) puede ser congruente para mantener un modelo desarrollo, o proponerse modificarlo, lo que solo es posible si tiene la extensión en el tiempo requerida y la intensidad suficiente, o bien, alternativamente, puede no lograr alterar el modelo vigente si su extensión es limitada y su intensidad es baja.

La estrategia neoliberal consagró en Chile con los medios de una dictadura un modelo de desarrollo autoritario y desigual en el período 1973-89, que incluyó un modo de crecimiento basado en las exportaciones, que deprimió el consumo promedio y el gasto público, que deterioró la distribución del ingreso y el consumo, que desreguló el mercado de bienes y estableció una relación salarial desregulada y un modelo de empresa hiperconcentrado.

Este dejó de existir no porque terminó el autoritarismo, mudando simplemente a un modelo de desarrollo democrático-neoliberal, sino porque una estrategia de crecimiento con equidad de baja intensidad cambió el modo de crecimiento a nivel de las fuentes de dinamización del ingreso (inversión y consumo), aunque no su distribución, reguló algo más el mercado de bienes y modificó solo en parte el modelo productivo a nivel de la empresa. Por ello no es posible considerar, a su vez, que esté en vigencia un modelo de desarrollo democrático igualitario (con mejor distribución del ingreso, mayor regulación del mercado de bienes, de capitales y del trabajo conducente a más cohesión social) como el que desearía la mayoría de los componentes de la coalición que ha gobernado desde 1990, sino un modelo de desarrollo democrático híbrido.

En efecto, Chile ha podido obtener un crecimiento de su economía del orden de 5% anual en promedio desde 1990, sin graves recesiones (con excepción de la de 1999), lo que le ha permitido más que duplicar el ingreso por habitante, contrastando con toda la historia económica de Chile en el siglo XX. Esto no puede atribuirse al modelo autoritario-neoliberal, pues aunque evidentemente no se ha adoptado un sistema de planificación central de precios y cantidades, ironías aparte, la política macroeconómica se ha alejado de los ajustes automáticos y las políticas que inciden en los mercados de factores han alterado sus parámetros previos, como lo subrayan los economistas ortodoxos de la Universidad de Chicago antes citados. Subrayemos que el crecimiento en el período en que estuvieron a cargo de la economía no fue ningún milagro, contrariamente a lo que sostienen sus propagandistas y que los impulsa a intentar apropiarse de lo que vino después: alcanzó en promedio solo cerca de 3% anual, es decir una cifra inferior a la del período democrático previo a 1973 (3,8% entre 1940 y 1970), y sustancialmente inferior a la etapa democrática actual (cercano al 6%). Si milagro hay, aunque en economía no hay milagros, es el del crecimiento desde 1990, que es casi el doble del obtenido por el régimen militar en un período similar de tiempo.

Entre 1973 y 1990 el crecimiento fue dinamizado por las exportaciones y la inversión, mientras en promedio el consumo de los hogares y del gobierno permaneció estancado, especialmente desde 1982, con consecuencias negativas para el bienestar de una mayoría de la población que vio caer su nivel de vida de manera dramática en las crisis de 1975 y de 1982-83. 

En cambio, a partir de 1990, el crecimiento empezó a ser dinamizado también por el consumo de los hogares, que ha experimentado una mejoría considerable al crecer a una tasa incluso levemente superior a la del PIB, en contraste con su estancamiento previo (promedio que escondía una regresión en el consumo de los hogares más pobres durante la severa crisis de 1982-83), generando un patrón de comportamiento más equilibrado entre los grandes componentes de la demanda agregada. El consumo de gobierno también se recuperó en democracia, pero con tasas de expansión promedio modestas e inferiores al crecimiento del gasto global.

Mientras la inversión crecía menos, a precios constantes, que las exportaciones entre 1973 y 1990, y también en la década de 1990, desde el año 2000 la formación de capital se incrementa a un alto ritmo anual promedio, superior al de las exportaciones, manteniendo el consumo de los hogares un buen ritmo de crecimiento. La salida de la crisis de 1999, lenta y dificultosa, se ha encaminado a reforzar el peso de la demanda interna en la dinámica económica, aunque se mantenga un buen ritmo de expansión exportadora.

En sus trazos gruesos la estrategia de crecimiento con equidad ha tenido como resultado un importante crecimiento promedio acompañado de un mejoramiento de la magnitud y del impacto de las políticas sociales, imposibilitadas sin embargo hasta ahora de alterar los parámetros distributivos lo que, como veremos, mantiene a una proporción significativa de la población en una condición de exclusión social severa[14]. No obstante, esta estrategia logró contener en Chile la regresión distributiva que se ha observado en América Latina de manera generalizada en la década de 1990. Este es un logro que contrasta además con el sistemático deterioro distributivo ocurrido en 1973-1989.

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[1] Amén de una abundante literatura al respecto, el tema de los cambios impuestos después de 1973 está tratado en Gonzalo D. Martner, Gobernar el mercado. Las nuevas fronteras del Estado en el siglo 21, LOM Ediciones, Santiago, 1999.
[2] Pablo Baraona, entrevista en La Tercera, 23 de octubre de 2005.
[3] Pablo Baraona, ibid. El cambio a la base 1996 de las Cuentas Nacionales y el cambio de metodología de las cuentas presupuestarias implicó un recálculo del peso de los ingresos y gastos públicos, por lo que los datos de un incremento de 4% de la carga tributaria se redujeron a 2%, como se menciona más adelante.
[4] Entrevista a Hernán Somerville, presidente de la asociación empresarial Confederación de la Producción y el Comercio, El Mercurio, 23 de octubre de 2005.
[5] Sergio de Castro, entrevista en La Tercera, 23 de octubre de 2005.
[6] Sergio de Castro, entrevista en La Segunda, 21 de octubre de 2005.
[7] Tomás Moulián, op.cit., p.75.
[8] Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia Contemporánea de Chile, Volumen III, op.cit., p.61.
[9] Guillermo Larraín Ríos,Chile Fértil Provincia. Hacia un Estado liberador y un mercado revolucionario, Random House Mondadori, pp 38-43.
[10] Manuel Castells, Globalización, desarrollo y democracia, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2005.
[11] Ernesto Ottone y Carlos Vergara, Ampliando Horizontes. Siete Claves Estrátegicas del Gobierno de Lagos, Editorial Debate, Santiago, 2006.
[12] Robert Boyer y Michel Freyssenet, Les modèles productifs, Editions La Découverte, Paris, 2000.
[13] Describamos dos de estos ocho modos de crecimiento para tenerlos como referencia negativa y positiva. En primer lugar, el modo de crecimiento desigual y rentista sería, de acuerdo a nuestros autores, el que corresponde a muchas economías periféricas y se caracteriza por un crecimiento dinamizado por las exportaciones de materias primas o de productos agrícolas y por una distribución de los incrementos de renta fuertemente desigual y con tendencia al clientelismo, con una evolución del mercado interno fuertemente cíclico y con condiciones legales de producción sometidas a cambios frecuentes. En segundo lugar, el modo de crecimiento coordinado y exportador organizado, que corresponde al de Alemania y Suecia desde los años cincuenta, sería aquel que se apoya en la exportación de bienes y servicios suficientemente especializados como para no poder ser objeto de competencia vía precios. La distribución del ingreso nacional se realiza en este caso en función de las ganancias de este tipo de competitividad, de manera nacionalmente coordinada y poco jerarquizada, con predominio de los segmentos medios y superiores a raíz de sus altos salarios. El trabajo, por su parte, estaría caracterizado por una gran estabilidad en el empleo, una importante proporción de asalariados calificados, sindicatos poderosos y cooperativos y una protección social desarrollada.
[14] Respecto de la sustentabilidad ambiental de este esfuerzo, cabe señalar que, sin perjuicio de los fundamentos de política ambiental creados desde 1990 frente al absoluto vacío existente previamente en la materia, ha prevalecido en buena medida el aserto equivocado según el cual un mayor crecimiento permitiría más tarde abordar políticas efectivas de conservación, lo que constituye esta área en una tarea pendiente, especialmente en la creación de normas de uso de recursos naturales y de emisión y sobre todo la vigilancia de su cumplimiento, muchas veces inexistente o precario.

El modelo

Próximamente será editado por LOM mi libro Remodelar el Modelo. De ahí extraigo estas líneas.

Afirmar que en Chile se lleva adelante una continuidad neoliberal, con un Estado que ha cambiado sustancialmente su tamaño absoluto y en una proporción modesta su peso relativo desde la recuperación democrática en 1990, que ha pasado desde el signo de la disminución al del incremento de su rol, no refleja la realidad de los hechos. Las grandes inversiones sociales y en infraestructura (con una no ortodoxa cooperación público-privada) no se habrían realizado con gobiernos neoliberales, y eso marca una diferencia sustancial con la trayectoria anterior a 1990.
Valga una observación: no porque una opción no tenga la intensidad y velocidad suficientes de aplicación de acuerdo a parámetros exigentes, entonces estaríamos en presencia de la opción contraria. Estamos simplemente en presencia de una opción que va en una dirección con una intensidad y/o velocidad que no permite avanzar sino con lentitud respecto a metas distributivas de alta exigencia. No es lo mismo tomar la carretera al norte que la carretera al sur, no obstante se vaya lento. Aunque quien se encamina al sur a paso de tortuga terminará preguntándose cual es el sentido de ir al sur...
En efecto, más allá de las intenciones de sus responsables, la estrategia de crecimiento con equidad o con igualdad, según las versiones de 1990 o de 2000, no logró constituirse en un modelo de desarrollo establemente integrador (que cumpla entre otras con la condición de no ser fácilmente desmontable por un cambio de coalición gobernante: un modelo de desarrollo es tal cuando, entre otras cosas su reversibilidad es costosa), en tanto no ha logrado disminuir suficientemente los niveles de exclusión social y no cuenta aún con los contrapesos suficientes al predominio avasallador del capital concentrado en pocos conglomerados dominantes en los principales mercados, logrado con considerable éxito por las reformas posteriores a 1974. La estrategia seguida, como conjunto más o menos ordenado de políticas que se orientan en una misma dirección, no ha consolidado aún un nuevo modelo de desarrollo entre otras cosas porque, así como se han desarrollado políticas orientadas a la equidad, no se han modificado lo suficiente otras que se orientan en un sentido contrario. En efecto, el desarrollo reciente no es caracterizable, de acuerdo a lo argumentado, como la “continuidad neoliberal”, sino como el resultado de una reconfiguración que combina una pesada herencia, especialmente en materia de exclusión social, (que induce una suerte de path dependency, de dependencia de la trayectoria) con modificaciones de esa herencia en variados aspectos que dan lugar, si de modelística se trata y simplificando el argumento, a un “modelo híbrido”, con simultáneamente componentes de capitalismo salvaje y de Estado social.
¿Cual de esos componentes prevalece y sobre todo prevalecerá sobre el otro en el futuro? Materia de discusión, llamada a perdurar si se prolonga el empate político en el país, o a evolucionar, si ese empate se desanuda, hacia una trayectoria de transición a un modelo crecientemente incluyente de desarrollo o a sufrir una regresión hacia el modelo neoliberal de Estado mínimo, mercado máximo y sociedad civil dispersa, socialmente polarizador, como el que conocimos hasta 1990. Esta segunda transición, además de la político-institucional, a un “modelo de desarrollo democrático igualitario”, supondrá una mixtura de más alta intensidad entre mayores grados de ciudadanía social y políticas públicas explícitamente igualitarias. Mientras, convengamos que la sociedad chilena es hoy heterogénea y fragmentada y está en muchos sentidos todavía desconcertada frente a un incremento de expectativas de bienestar, especialmente de las nuevas generaciones, y frente a la carencia de sentidos fuertes que acompañen los procesos de cambio que experimenta. Mantener la actual “configuración híbrida” consagraría un fuerte déficit de cohesión social, en un país persistentemente dominado por oligarquías económicas concentradas y poderosas y que funcionaría de modo cada vez más desigual y polarizado, fruto de las múltiples velocidades entre ganadores y perdedores de la dinámica económica que el mercado librado a su suerte inevitablemente trae consigo.

Insistencia: La nueva agenda de modernización del Estado

La derecha, siempre igual a sí misma, no encontró nada mejor que, por voz de Cristián Larroulet y varios de sus personeros, proponer, a propósito del tema de la corrupción, que se coloque "en el mercado un 30% de las acciones de empresas públicas", empezando por CODELCO. En 2006, el excedente fiscal de CODELCO es del orden de 7 000 millones de dólares. Con la receta de Larroulet hubieran ido a parar a manos privadas 2 100 de esos millones, y no a todos los chilenos. Sigue estando claro que la derecha y el interés general no van juntas. Y los chilenos, sabiamente, siguen rechanzándola encuesta tras encuesta.

Pero de nuestro lado no todo anda bien.

La constatación por la Contraloría General de la República del uso incorrecto e ilegal de recursos en un organismo público de alto impacto social como es Chiledeportes y de irregularidades en las rendiciones de cuentas de algunos candidatos en las elecciones del año 2005, incluyendo un ex postulante al cargo de Presidente de la República, crearon, al sumarse a episodios anteriores, un fuerte y en muchos sentido deprimente impacto mediático. Por momentos pareció que el país se derrumbaba bajo el peso de una corrupción generalizada. Sin embargo, por los mismos días, Chile aparecía en el listado de Transparencia Internacional en la mejor posición de América Latina en materia de probidad y la número veinte en el mundo. ¿Con cual de las dos imágenes quedarse?

Existe un lamentable pero explicable interés de utilización partidista de los temas de corrupción. Esto genera una profusión de acusaciones que no ayudan a separar la paja del trigo. A ello se suma la hipersensibilidad ciudadana sobre el tema, lo que habla de la persistencia de un rechazo genérico a la política, pero sobre todo habla muy bien de los valores cívicos imperantes en el país, que no tolera que sus autoridades públicas desvíen los recursos colectivos para fines particulares (personales o partidistas), ni el tráfico de influencias, ni el clientelismo. Es muy probable que la arbitrariedad reinante en el mundo de las actividades privadas, los abusos de poder que se originan en los privilegios que provienen del dinero, acrecienten, con justa razón, la demanda del ciudadano común por honestidad intachable en el uso de los recursos públicos. Pero siendo la lucha contra la corrupción como andar en bicicleta (si no se pedalea, la caída es inevitable), hay que pasar del justo alegato a la acción permanente, persistente y pertinente, dejando atrás la tentación de tomar medidas histriónicas que duran tanto como su anuncio mediático o la descalificación al voleo que tanto daño le hace a las instituciones públicas y quienes muchas veces con gran sacrificio se desempeñan en ellas.

Nadie puede garantizar que entre centenares de miles de funcionarios públicos, miles de directivos y centenares de responsables del uso de recursos fiscales o de la aplicación de regulaciones, no haya quienes realicen actos corruptos, cediendo a la codicia. Tampoco algo así se puede garantizar que no ocurra en el sector privado, o en las organizaciones sin fines de lucro de variada índole. Lo que si el gobierno –y los responsables de cualquier organización que administra recursos de otros- puede y debe hacer es garantizar una actitud: perseguir sin demora y con todo el peso de las normas internas y de la ley todo acto de desvío para fines particulares de los recursos de los demás. A ello debe agregarse, porque entre otras cosas suele involucrar recursos muy cuantiosos, el castigo de todo trato de privilegio respecto de intereses privados a cambio de dinero o de favores presentes o futuros, grandes o pequeños, y cualquiera sea su motivación. Nunca debe haber excusa para conductas reñidas con el interés público.
El gobierno desde el primer momento puso todos los antecedentes en manos de los tribunales y de los fiscales que investigan los hechos cuestionados. La Presidenta declaró su auténtica indignación. Pero sobre todo, las medidas propuestas por el grupo de asesores de la Presidenta Bachelet y los anuncios aún más audaces realizados por ella el 23 de noviembre de 2006 van en la adecuada dirección de dar un salto en la calidad de nuestra democracia.

Más transparencia

Si el parlamento aprueba lo planteado por la Presidenta, se avanzará en asegurar mejor la publicidad de los actos públicos de toda índole, con énfasis en las compras estatales y en las asignaciones directas. Junto a revalorizar la virtud cívica, reemplazada en las últimas décadas por el desembozado predominio del afán de lucro, el mejor remedio es y seguirá siendo que muchos ojos miren la actividad pública, aunque haya quienes consideren que se rigidiza la gestión de gobierno, o que se abren espacios para la antigua costumbre nacional de acusar sin fundamento, de la que pocos se privan. Sin embargo, a la larga se gana más de lo que se pierde.
De esta manera, si todo avanza bien, se logrará disminuir las “oportunidades de corrupción” y, en especial, terminar con la asignación discrecional de recursos (sin reglas de asignación, sin concursos, sin decisiones colegiadas, sin rendición de cuentas, sin expresión de causa). Se requiere vigilar con extremo celo las licitaciones, lo que se fortalecerá con el mejoramiento de los sistemas de control anunciado por la Presidenta, aunque falta precisión respecto del área municipal, donde las licitaciones de recolección de basura y otros servicios urbanos dejan mucho que desear, por decir lo menos. A esto cabe agregar la amplia publicidad que debe darse de aquí en adelante a las autorizaciones de actividad privada y a las fijaciones tarifarias, que tienen enfrascadas al Estado chileno en múltiples juicios por cientos de millones de dólares con algunas empresas reguladas que buscan todos los resquicios posibles para incrementar sus utilidades a costa del consumidor.

Se trata de terminar con el clientelismo, de pasar de la discrecionalidad a las reglas ¿Porqué no acudir además a la sociedad civil, estableciendo, junto a la mayor transparencia de las decisiones públicas anunciada, Comités de Usuarios que sean habilitados, además de los organismos oficiales de control, para revisar procedimientos y decisiones en cada órgano público, especialmente los que gestionan fondos concursables o directamente asignables? Ya existen experiencias de Comités de Usuarios, como en el nuevo mecanismo del Seguro de Desempleo aprobado en 2002.

Reemplazar el favoritismo por el mérito en el nombramiento de cargos públicos

La igualdad de acceso a los cargos públicos es un principio democrático que ha perdido fuerza en Chile, o que más bien nunca tuvo mucha fuerza en un Estado tradicionalmente prebendario. No olvidemos que ya formaba parte de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Permítasenos citar parte de su artículo 6, respecto del cual hay poco que agregar para fundar la sana doctrina democrática en la materia: “La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir a su formación personalmente o a través de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y de sus talentos”.

La violación del principio de igualdad ante la ley, que incluye la igualdad de acceso a los empleos públicos, provoca universalmente en el mundo moderno la mayor de las irritaciones ciudadanas contra los gobernantes y es el factor principal de su deslegitimación, que en determinadas circunstancias arrastra la de la democracia en su conjunto (“que se vayan todos”).

En democracia, los gobernantes son elegidos, o debieran serlo, para llevar a cabo un programa de acción. Para ello deben poder trabajar en los puestos de liderazgo del gobierno con colaboradores de su confianza, en el sentido que comparten el mandato popular de realizar un programa y están exclusivamente motivados por su realización, nombrados discrecionalmente (y siendo en todo momento removibles) por el jefe de gobierno de cara al público. Estos deben poder disponer de pequeños equipos de apoyo técnico y político que expresamente entren y salgan con ellos de los gabinetes de los ministerios. El informe de los expertos convocados por la Presidenta hace proposiciones muy pertinentes en este sentido.

El resto de los empleos públicos, en una democracia moderna, debe ser de carácter profesional, no sujeto a discrecionalidad y menos a persecución política. Para ello se inventó el sistema de plantas, en el que los funcionarios no pueden ser removidos sino por mal desempeño, y en ningún caso por sus opiniones o convicciones. Y el ingreso y los ascensos deben realizarse mediante evaluaciones objetivas, anónimas, basadas exclusivamente en el mérito y no en el pago de favores o la constitución de clientelas. Este último es el camino más directo al desvío de recursos públicos, a la ineficiencia y la mediocridad en detrimento del mandato de servir a los ciudadanos.

Asegurar normas objetivas de acceso y promoción interna, con una cultura de la evaluación permanente de los recursos humanos, debe hacerse además sin la arbitrariedad constituida por los miles de cargos a contrata y honorarios, que son una de las fuentes principales del clientelismo que se ha instalado en nuestra administración. Los planteamientos de la Presidenta van en el buen sentido, al redefinir de manera drástica el uso de personal a honorarios, pero no avanza lo suficiente en materia de contratas. Debe recalcarse que el Estatuto Administrativo señala como norma general que en cada servicio público no más del 20% de los recursos humanos debe ser a contrata, lo que es materia de modificación cada año en la Ley de Presupuestos en muchos casos. ¿Porqué no obligar en lo sucesivo a cada responsable público a una justificación anual exhaustiva frente al parlamento de la derogación de la regla general? Ahí hay una tarea para el parlamento, que debiera atreverse a rechazar la actitud cómoda de los responsables de las finanzas públicas que no se hacen cargo de esta dimensión de la profesionalización de la función pública bajo el falso principio de la flexibilidad y de la economía, que suele transformarse a larga en despilfarro por el exceso de discrecionalidad que lleva al abuso y al pago de favores.

El cuerpo de funcionarios debe ser reclutado mediante estricto concurso de oposición, anónimamente, con movilidad horizontal. Su función debe ser ejecutar eficazmente las políticas impulsadas por la autoridad que responde ante los ciudadanos y contribuir técnicamente a su diseño. Por tanto su carrera no debe llegar hasta la cima de la jerarquía estatal, salvo que cuente con la confianza presidencial, cima que debe ser ocupada por las razones expuestas por personas mandatadas directa o indirectamente por la soberanía popular. Los funcionarios de carrera deben poder trabajar con gobiernos de un signo u otro, siempre que sean competentes (en este sentido el alegato por aumentar los embajadores de carrera realizado por funcionarios mediocres del Ministerio de Relaciones Exteriores ingresados en medio de la arbitrariedad militar no tiene fundamento).

La consecuencia de esta afirmación es que se debe restringir drásticamente en Chile los cargos de confianza política y limitarlos a no más de unas 300 posiciones directivas (con sus respectivos colaboradores directos). Y en esto el informe de los expertos avanza positivamente en algunos criterios.

Hagamos un poco de historia. Hasta diciembre de 1989, y desde 1973, todos, léase bien, todos los cargos de la administración del Estado eran de exclusiva confianza de la autoridad presidencial. Bastaba un decreto del Ministro del Interior para la cesación en el cargo de cualquier funcionario. Los mismos que hoy son adalides de la profesionalización pública (duele un poco el estómago ver en una foto del periódico del 4 de diciembre de 2006 al ex Ministro del Interior Cáceres junto al Ministro Ferreiro discutiendo sobre administración pública) practicaron cuando eran funcionarios de la dictadura las mayores arbitrariedades…hasta que dictaron al terminar su gestión ilegítima un estatuto que después de 17 años le daba a los funcionarios la más completa inamovilidad, con excepción del primer (ministros y subsecretarios) y segundo (unos 700 jefes de división y equivalentes) niveles de la administración. Se dejó además en suspenso todo mecanismo de calificación, lo que hubo que corregir en el primer gobierno democrático, con excepción de los profesores, lo que se hizo solo recientemente.

Por esta razón, el entonces Presidente electo Patricio Aylwin solicitó a la feneciente junta militar, y obtuvo de ella, una modificación de la ley del Estatuto Administrativo para que el tercer nivel (los del orden de tres mil jefes de departamentos) fueran también de exclusiva confianza presidencial, con garantías de continuidad funcionaria (“plantas paralelas”) para los desplazados del cargo. Lo que tuvo una justificación circunstancial, pues en realidad muchos de esos jefes de departamento no tenían las competencias necesarias y habían llegado ahí arbitrariamente, se transformó en un problema en el largo plazo: un espacio de oro para el clientelismo y para el sistema de pase partidario informal a la hora de nombrar a personas que debían cumplir funciones profesionales al servicio de los ciudadanos.

La Presidenta anuncia, en una buena decisión, que se ampliará los servicios con director reclutado por concurso y que un proyecto de ley distinguirá entre servicios cuya jerarquía máxima será concursable y otros en que lo será solo un segundo nivel. Esto va en la buena dirección, aunque es bastante discutible poner en un mismo plano por ejemplo la Casa de Moneda (cuyo compromiso con el programa presidencial no parece ser un requisito de buen desempeño) con la Dirección de Relaciones Económicas, que si requiere que su responsable no tenga una política exterior contradictoria con la del Jefe de Estado. O que los representantes de la pluralidad de Chile en el Consejo de Televisión se nombren por concurso…

Habrá que distinguir acuciosamente y con fundamento entre los servicios que definen políticas y los que ejecutan políticas cuyo directivo debe tener un compromiso con el programa de gobierno, que deben seguir siendo de confianza presidencial (y periódica rendición de cuenta ante el parlamento), y los de ejecución técnica. Allí habrá un papel para la deliberación parlamentaria.

Terminar con la intervención de la política por el dinero

Aunque a muchos ciudadanos de buena fe no siempre les guste reconocerlo, porque consideran ilegítimo el uso de recursos de todos para la actividad política, esta tiene un costo. De manera austera, ese costo debe ser cubierto por recursos públicos, y así evitar la influencia de los intereses económicos entre los legisladores, el pretexto para el desvío de recursos fiscales o el trato de favor a privados para financiar campañas. En esto se ha avanzado, pero debía prohibirse el inexplicable aporte legal de empresas a la actividad política y consagrarse que el incumplimiento de estas normas debe llevar a la pérdida inmediata del cargo para el que se ha sido elegido. Esto lo ha anunciado la presidenta como parte de sus medidas, lo que no estaba contemplado por los asesores, y revela su decidido liderazgo en la materia (que uno de ellos vinculado a la oposición impugnara a la Presidenta por hacerlo revela que hay quienes aún no respetan como se debe a la autoridad que emana de la soberanía popular). Veremos en el parlamento qué actitud toma la derecha en esta cuestión medular de su poder político: la representación del dinero en las instituciones, y un amplio subsidio para hacerlo. Ahí veremos si es sincera su actitud de mejoramiento de la democracia.

La oposición debiera entender que estos son temas a situar por encima del debate contingente, entregar ideas y prestar su apoyo para preservar lo que sigue siendo cierto: en Chile hay corrupción, pero esta es perseguida, socialmente castigada y constituye la excepción, no la regla. Y la Presidenta ha señalado con pertinencia una dirección hacia la cual caminar.

Crónica de una manipulación

El domingo 17 de diciembre de 2006 apareció en el diario “El Mercurio” una entrevista mía, a solicitud del periodista Mauricio Carvallo, quien había tenido a lo largo del tiempo una actitud correcta en sus diálogos conmigo, basada en una larga conversación. Esta fue presentada mediante una gran titular en primera página, que en realidad era lo único que interesaba a ese medio, señalando:

“Martner: “Los partidos de la Concertación recibían recursos de gastos reservados”.

El Lunes 18 de diciembre “El Mercurio” titula, de nuevo en primera página:

“Martner remece a partidos de la Concertación al revelar que recibían gastos reservados”.

Y agrega: “El ex presidente del Partido Socialista (PS) Gonzalo Martner reafirmó ayer sus dichos expresados en una entrevista publicada el domingo en "El Mercurio", donde reconoció abiertamente el desvío de recursos fiscales, en particular gastos reservados, hacia los partidos de la Concertación”.

¿Cuáles fueron mis dichos, de acuerdo a la transcripción que amablemente me facilitó el periodista Carvallo?:
“P: Boeninger y Schaulsohn condenaron el desvío de fondos fiscales hacia el aprovechamiento político ¿Cómo lo ve usted, como PS?
—R: Aspiro a que el tema esté por sobre la contingencia, que las autoridades desarrollen conductas de plena probidad, que se respeten las normas y las leyes y que todos condenemos unánimemente la corrupción, es decir el desvío para fines particulares de los recursos del país.
—P: ¿En qué les da razón o discrepa?
—R: Comparto con Boeninger que de alguna manera se creó (porque nadie lo dijo explícitamente y reivindicó como tal) el estado de ánimo que, habida cuenta de que el poder del dinero estaba en la derecha, era muy difícil competir en las vías democráticas con un mínimo de igualdad. Y que entonces se justificó usar recursos públicos para financiar la actividad política de nuestras fuerzas. Esto sigue siendo en muchos sentidos efectivamente cierto, y no puede autorizarse ¡nunca! porque deslegitima la democracia.
“Pero no puedo estar de acuerdo cuando, al apoyar este argumento, Schaulsohn (a quien veo en un proyecto distinto a la Concertación) agrega que se creó una “ideología de la corrupción”. Ahí cruza una frontera. Una cosa es que condenemos no ser estrictos en el uso de los recursos fiscales, pero otra asegurar esto.
Ahora, cuando Jorge indica que los partidos de la Concertación recibían recursos de los gastos reservados está aludiendo a hechos ciertos. Éstos tuvieron una corrección en el tiempo: entre el 2003-04 gobierno y oposición reconocieron que restaba legitimidad al proceso democrático que, por una parte, sólo hubiera recursos financieros de los grandes empresarios y, por el otro — el nuestro— que se usaran, aunque fuera legalmente, los recursos reservados para los partidos de gobierno”.

Esto se transformó en la entrevista publicada por El Mercurio en una pregunta que no fue hecha y en un acomodo de la frase anterior:
“-P: Y usted corrobora que los partidos de la Concertación recibían recursos de los gastos reservados de los ministerios?”:
R: Sí, él aludió a hechos ciertos, etc”.

Por tanto, aparezco corroborando algo que ¡no me fue preguntado! De motu propio en la respuesta anterior, efectivamente condené el uso partidista de gastos reservados, lo que mantengo, no en base a la revelación de nada, sino en base a hechos de público conocimiento. Tenía en mente al hacer esta afirmación la denuncia, que en su momento me pareció verosímil, aunque no me consta ni podría constarme, y la investigación posterior por un juez en 2003, del uso de gastos reservados en una campaña interna del PPD en 1994, que generó gran debate público. Este hecho dio lugar en aquel momento político a una reforma de la ley en materia de gastos reservados, prohibiendo su uso en actividades partidistas, lo que no habrá escapado, supongo, a tanto parlamentario que en estos días me ha atacado en forma artera rasgando vestiduras con una hipocresía muy nacional, en circunstancias que ellos legislaron sobre un tema que estaba en debate para corregir, en buena hora, una regulación insuficiente.
En la entrevista hago una serie de consideraciones adicionales en cuanto a mi opinión sobre la legalidad del uso de gastos reservados para fines “entre otras cosas, de estabilidad social” y que “no deben financiar actividades político-partidistas, como se hizo”, “en montos francamente modestos, lo digo con conocimiento de causa”, aludiendo a mi observación directa por muchos años de las penurias del funcionamiento de los partidos democráticos, que con frecuencia han tenido dificultades “para pagar la luz”.

Reproduzco lo siguiente, también aparecido en la entrevista:
“P: ¿Eran los presidentes de los partidos de la Concertación quienes recibían este dinero?
R: No puedo responder por otros, sí por mí. Los presidentes del PS han sido o parlamentarios o, como en mi caso, personas que nunca recibieron un peso ni del partido ni del Estado (…).

Yo no he hablado en ningún momento de dineros públicos que hayan llegado al Partido Socialista.

Y mi opinión política sobre el tema, que mantengo plenamente, la señalé del siguiente modo: “Pero no nos confundamos: hubo prácticas que tuvieron cierta legitimidad en un momento, las que debían ser cambiadas y fueron cambiadas. Todavía tenemos en Chile personas corruptas, algunas de las cuales están en la actividad política, y la idea es que estemos vigilantes y con los mecanismos para echarlos de inmediato apenas los pillemos. Con el paso del tiempo y en ausencia de una política clara, sistemática, dura en la lucha contra el tráfico de influencias, el clientelismo y la corrupción, todo esto fue ganando terreno”. Estoy aludiendo, por supuesto, a los diferentes juicios en tribunales en la materia, que nadie en su sano juicio puede negar ni debería minimizar. Mis alusiones fueron siempre políticas y a hechos de público conocimiento, y no supuestas “revelaciones”. A los que han hablado de declaraciones “confusas” les pido que las lean y constrasten exactamente mis dichos con los titulares de diario, que parecen ser lo único que en realidad leen.

Mantengo también mi crítica a la derecha y a los empresarios (de los que mis contradictores no han hablado una palabra), al exceso de cargos no profesionales en la administración y la falta de regulación del lobby y de los conflictos de intereses. Todo esto lo hago desde mi condición de simple ciudadano que no habla a nombre de nadie y no ocupa cargo partidario ni público alguno y que se desempeña en el ámbito académico. A los que les molesten mis opiniones, no tengo nada que señalarles salvo que lo siento mucho, pero que vivimos en una democracia que nos costó enormes sacrificios reconquistar y que garantiza la libertad de opinión. Y las descalificaciones (desde el “tonto útil” de un senador al “gusano” de otro senador, entre tantas otras afirmaciones odiosas) las tomo como de quien vienen, simplemente. Por mi parte creo que lo válido es trabajar por una democracia que funcione mejor en Chile, para que le podamos legar a las nuevas generaciones un sistema político éticamente sólido, de convivencia civilizada y progresista, en el que crean y que valoren.

Pero es evidente que a “El Mercurio” le interesaba, como siempre, la manipulación de la información –créanme que me reprocho haber creído en la buena fe de un periodista de ese medio, olvidando en un momento de inadvertencia que El Mercurio en definitiva es lo que es- y en este caso abonar el triste y penoso intento de tapar su impotencia política actual con un desfile de figuras de la Concertación ante los tribunales. Debo confesar mi equivocada creencia de que ya es posible ir visualizando en Chile un debate público abierto y honesto, pues en realidad seguimos en el mundo de la manipulación, de la descalificación y del intento de castigar judicialmente a los que opinan. La buena fe no tiene lugar en el Chile de hoy. La política primitiva y arcaica tiene para mucho rato.

Y El Mercurio sigue con su rol nefasto de creación de un clima de intrigas y descalificaciones.

Y para muestra un botón, de El Mercurio del día de hoy 25 de diciembre: “El reconocimiento del ex Presidente de la República Patricio Aylwin en entrevista con "El Mercurio" de que durante su gestión autorizó el pago de sobresueldos a ministros con cargo a gastos reservados causó ayer impacto en el mundo político. Dirigentes de oposición sostuvieron que sus declaraciones confirman la existencia de irregularidades en el uso de dineros fiscales hacia fines electorales. Pero eso fue categóricamente negado por Aylwin. En la Alianza también señalaron que las palabras del ex Mandatario confirman los recientes juicios emitidos por otros personeros oficialistas, como Gonzalo Martner, Jorge Schaulsohn y Edgardo Boeninger”. De nuevo las verdades a medias y la eterna trama de la manipulación para tratar de generar en la opinión pública una idea falsa sobre supuestos “reconocimientos y revelaciones” de temas conocidos, abordados y corregidos legislativamente hace ya tiempo.

Como se ve, para la derecha y sus medios, no hay clima navideño que valga. Y habrá que hacer de tripas corazón y seguir cabalgando para poco a poco construir un país mejor, cada uno desde lo suyo y su propia manera de apearse.

Viaje de estudios, columna La Nación

En la columna "Viaje de estudios" se hace un comentario sobre el tema de la flexibilidad laboral y otras yerbas.

Francisco Velasco Martner-Fragmentos

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