El ministro de Hacienda Mario Marcel parece, en estos días de difícil debate presupuestario en el parlamento, empeñado en hacer de necesidad virtud. La ausencia de mayoría parlamentaria lleva a hacer compromisos, como el reciente acuerdo de una rebaja de US$600 millones del gasto público para llevarlo en 2025 desde un aumento del 2,7% inicial al 2,0%. Son las realidades de la política, no hay objeción en ello. Pero no se debe olvidar que esto tiene como trasfondo la negativa persistente de la oposición a aprobar una reforma tributaria progresiva (rechazó la idea de legislar en marzo de 2023), lo que ha aumentado el déficit fiscal estructural, que se mantiene en todo caso en límites razonables.
Y cabe preguntarse, ¿es necesaria tanta buena letra con los defensores del Estado mínimo y el mercado máximo, al declarar Marcel que "durante este periodo, si tomamos las cifras que están ahora en discusión para el Presupuesto 2025, en tres años acumulativamente el gasto público va a haber crecido menos de 7%, que para un periodo de tres años es el crecimiento más bajo que hemos tenido desde el retorno a la democracia"? Afirmar esto en tono aparentemente positivo -aunque tal vez se trate de un momento de insistencia ante la oposición frente a su postura contra el gasto público en período electoral- no es congruente con la visión programática con la que fue elegido el actual presidente con 56% de los votos en 2022.
Este es un asunto de opciones de sociedad, en el que no tiene ningún sentido acoplarse a las modas tipo Milei, quien acaba de declarar en el G20 que se opone al "hambre y la miseria que trae la intervención estatal" y que "la solución es correr al Estado del medio", desechando toda la evidencia en sentido contrario para oponerse a la proposición de Lula de erradicar “el hambre y la pobreza". Para el presidente de Brasil "no son resultado de la escasez o de fenómenos naturales” sino de “decisiones políticas que perpetúan la exclusión", por lo que propuso en la reunión del G20 en Brasilia que los 3.300 mayores multimillonarios del mundo aporten un 2% de su riqueza anual para recaudar unos 200-250 mil millones de dólares destinados a combatir la pobreza, el hambre y los efectos del cambio climático. Este es el tipo de política propia del progresismo, alternativa a sumarse a la restricción de las capacidades redistributivas del Estado que propone la derecha en todas sus variantes. Por lo demás, ya tuvimos en Chile suficiente con los Chicago Boys en dictadura y su proyecto de destrucción del Estado inspirado en Friedman y Hayek, que llevó el gasto en educación, salud, pensiones e infraestructura al mínimo, con un fuerte incremento de la desigualdad y un crecimiento inferior a las etapas democráticas previa y posterior. El PIB se ha multiplicado por cuatro entre 1990 y 2023 y por 2,6 por habitante, como nunca antes en la historia reciente y con más regulaciones y más gasto público, mientras la desigualdad ha tendido a disminuir desde su muy alto nivel inicial al recuperarse la democracia, aunque no todavía de modo suficiente.
No olvidemos que el gasto del gobierno general representó en Chile un 27,4% del PIB en 2023, después de un máximo de 33,6% en 2021 durante la vigencia de los subsidios de emergencia a las empresas, el empleo y las familias, a comparar con el 21,0% de 1990. Esa evolución ¿es positiva o negativa? Desde el momento en que no hay en Chile impuestos manifiestamente antieconómicos, el aumento anual del gasto público por sobre el del PIB, debidamente financiado (la deuda pública bruta era de 37% del PIB en 1990 y de 39% en 2023 y la deuda pública neta de 22% y 23% del PIB respectivamente, casi sin cambios luego de una etapa de baja importante y otra de aumento para enfrentar la crisis social y pandémica), es necesario para:
a) proveer más bienes públicos que aumenten el crecimiento sostenible, como infraestructuras, conocimiento, investigación y desarrollo tecnológico y educación;
b) incrementar el bienestar general, mediante más gastos en salud, cultura, vivienda, equipamiento urbano, descontaminación y preservación de la naturaleza y
c) disminuir las desigualdades, mediante el financiamiento de redistribuciones que permitan ingresos básicos universales y mayores programas para la niñez, las mujeres discriminadas, las personas excluidas, los adultos mayores y los territorios desfavorecidos.
La corriente neoliberal sostiene que esas acciones públicas provocan pérdidas de crecimiento, lo que es históricamente falso. Las afirmaciones de esta corriente sirven de justificación para los que privilegian la expansión de la gran empresa que procura liberarse de cargas y regulaciones, aunque implique un bajo crecimiento general, concentración de mercados, alta desigualdad de riqueza e ingresos, depredación ambiental, y el consiguiente malestar social. La idea de que el crecimiento solo se produce si los mercados se expanden con un mínimo de impuestos, gastos y regulaciones, para no hablar de la promoción de la economía social y solidaria, no tiene asidero en la historia económica (como se puede leer, por ejemplo, en el trabajo de Bradford DeLong), crecimiento que, además, no crea en estas condiciones un bienestar equitativo, integrador y sostenible. Los datos muestran que los períodos de mayor crecimiento de las economías prósperas en el siglo XX coinciden con los de mayor expansión de los gastos públicos, resultados que se potencian mutuamente.
Como señala el premio Nobel Paul Romer, "si uno mira los hechos, no es cierto que sea mejor dejar todo al mercado (...). En vez de ver al gobierno como el problema y de que hay que sacarlo del camino, tenemos que reconocer que no podemos progresar a menos que tengamos un gobierno que hace su trabajo."
En promedio, los países de más altos impuestos son los de mayor PIB por habitante. La afirmación que los impuestos y el gasto público per se hieren el desempeño económico no tiene base empírica que la sustente. Recordemos que entre las economías avanzadas, según los datos del FMI para 2023, Francia y Finlandia alcanzan un gasto público de 57% del PIB, Bélgica de 55%, Italia de 54%, Austria de 52%, Alemania de 48% (que los conservadores suelen citar en Chile como modelo, mientras algún empresario de origen alemán se permite afirmar contra toda evidencia, como Holger Paulmann, que “si seguimos aumentando más el gasto público que el crecimiento vamos a terminar como Argentina”), Dinamarca y Suecia de 47%, Noruega de 46%, España de 45%, Reino Unido de 44%, Países Bajos de 43%, Portugal de 42%, Nueva Zelandia y Canadá de 42% y Japón de 41%, países que cuentan con altos indicadores de prosperidad y bienestar sin estar en absoluto al borde de la quiebra ni nada semejante. Mientras, en Australia y Estados Unidos el gasto público representa el 38% del PIB. En este último caso, el gasto público se sitúa 10 puntos de PIB por encima de aquel vigente en Chile, mientras muchos países ya tenían gastos públicos proporcionalmente mucho más altos que los de Chile hoy con un ingreso por habitante más bajo. Suiza y los países asiáticos prósperos, por su parte, tienen Estados de bienestar menos desarrollados y una carga pública menor al promedio, pero ostentan una desigualdad antes de impuestos y transferencias menor que el resto de los países de altos ingresos.
No por casualidad, entonces, el promedio del gasto público como porcentaje del PIB en los países de la OCDE ronda el 40%. Esto ocurre por lo que señala ese organismo como buena práctica: "Un sistema fiscal eficiente no solo genera los ingresos necesarios para financiar servicios públicos, sino que también puede apoyar metas de desarrollo. Por ejemplo, puede ayudar a combatir los flujos financieros ilícitos, reducir la desigualdad mediante la redistribución y abordar objetivos de salud y medioambiente". No es algo para olvidar, aunque se produzca alguna previsible altisonancia en el debate parlamentario.
.
