Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

 En Facebook

Cada 30 de agosto se celebra el día internacional de los detenidos-desaparecidos. Muchos de mi generación en la izquierda tenemos en la memoria a cercanos en esa condición. Los míos tienen que ver con la militancia en el MIR entre 1972, cuando me sumé con 15 años a actuar en favor de la idea de una revolución social necesaria frente a la magnitud de las desigualdades existentes, y 1976, cuando fui destituido en el exilio por discrepancias variadas sobre métodos y fines y me integré a la convergencia socialista.

Compartí en la dirección de estudiantes secundarios de la que formaba parte, a cargo de los estudiantes particulares, con Luis Valenzuela Leiva y Mauricio Jorquera Encina, ambos del Instituto Nacional. Luis fue candidato del MIR a la FESES en 1972 y fue el jefe de la dirección de estudiantes secundarios del MIR en 1973. Leonidas, como le decíamos, era afable, tranquilo, muy capaz, organizado, y dirigía ese grupo de una manera cordial y dedicada. Fue detenido a los 21 años el 10 de enero de 1975. Nadie supo las circunstancias de su detención. Nadie lo vio más, salvo los agentes de la represión.

En esos meses prestábamos un apoyo crítico, en medio de una situación convulsionada, a la iniciativa de la Escuela Nacional Unificada, que habíamos discutido junto al representante de la Comisión Nacional Estudiantil del MIR, Sergio Riffo Ramos, una persona cálida y capaz, estudiante de Sociología de la Universidad de Concepción. Permanece desaparecido, luego de ser detenido a los 23 años por la DINA el 25 de noviembre de 1974.

Mauricio Jorquera (el chico Pedro, como le decíamos) destacaba por su inteligencia, su oratoria y vehemencia tranquila, y también por su cordialidad. En el tráfago de actividades y tensiones, no lográbamos coordinar mucho, salvo ser parte de todas las movilizaciones. La derecha secundaria dirigida por Allamand y la DC por Salazar y Artaza estaban en la calle periódicamente y nosotros los confrontábamos e intentábamos impedir que los liceos y colegios se sumaran al paro indefinido conducente al golpe de Estado que promovían. En agosto de 1973, en la Alameda a la altura de la Iglesia San Francisco, avanzamos algunas decenas de militantes hacia un grupo de manifestantes de extrema derecha que ocupaba la calle a una cierta distancia. Sonaron disparos. A dos metros cayó baleado en el cuello Mauricio y rápidamente fue evacuado hacia la Posta Central. Se recuperó. Pero el 5 de agosto de 1974, cuando cumplía 19 años, Mauricio fue detenido en la calle por una delación de la "flaca Alejandra". Fue visto en Londres 38, Cuatro Álamos y José Domingo Cañas, en malas condiciones. Luego nadie que no fueran los agentes de la represión lo vio más. Mauricio fue parte de la lista de los 119 publicada en un vergonzoso montaje periodístico de La Segunda el 24 de julio de 1975.

Muchas veces nos movilizábamos alrededor de la Casa Central de la Universidad de Chile y el Instituto Nacional, situaciones en las que veía con frecuencia a Alfonso Chanfreau Oyarce, de la dirección de estudiantes universitarios del MIR. El 30 de julio de 1974 fue detenido, entre otros por Osvaldo Romo, y torturado en Londres 38 y Villa Grimaldi. Desde el 13 de agosto, nadie que no fueran los agentes de la represión lo vio más. Alfonso fue parte de la lista de los 119.

Luego están mis compañeros y compañeras de la estructura territorial de la zona oriente en que militaba, diezmada por la DINA a partir de 1974, especialmente por Osvaldo Romo. Quien nos dirigía, el jefe del llamado G3, "Aníbal", Agustín Reyes Gonzalez, una persona cálida y afable, fue detenido y desaparecido el 27 de mayo de 1974, con 23 años. Anibal fue parte de la lista de los 119.

El Pampa y el Titín, Miguel Ángel Acuña Castillo y Héctor Garay Hermosilla, amigos y jóvenes de 19 años y alegres estudiantes del liceo 7, fueron detenidos y desaparecidos el 8 de julio de 1974, por entonces recién ingresados a la universidad. El 10 de julio también cayeron, a sus 20 años, la pareja conformada por Edwin Van Yurik y Bárbara Uribe, entusiastas y gentiles. Todos ellos fueron parte de la lista de los 119. Más tarde caería otro de los encargados del G3, apodado el "Topaloma", de una gran simpatía, Mario Maureira, detenido y desaparecido el 8 de agosto de 1976, con 23 años.

Con parte de ellos compartí los días posteriores al golpe y el intento de resistencia de tres días en la zona. Luego, dado que tenía 16 años y ninguna condición para permanecer clandestino, salí al exilio, con mi familia forzada a salir del país, para estudiar y luego volver a Chile, a fines de 1980. Desde entonces, trato de honrar con los mejores esfuerzos, en los distintos derroteros recorridos, la memoria de mis compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, como la de todos los demás caídos, en la lucha común por un mundo más libre y de iguales en dignidad y derechos.

¿Nada que proponer?

En La Nueva Mirada

Ya se va aproximando, una vez pasadas las elecciones territoriales, el tiempo de volver a discutir la orientación general del país y la elección del próximo liderazgo y la representación de la ciudadanía.

Luego de la derrota de la propuesta de nueva constitución en septiembre de 2022, los conservadores parecen estar viento en popa, según las encuestas, ayudados por pocos resultados en algunos campos de un gobierno que no cuenta con mayoría parlamentaria. Pero no debe olvidarse el fracaso de su propia propuesta constitucional en el plebiscito de diciembre de 2023, cuya consecuencia ha sido mantener la constitución reformada vigente, pero además volver a darle perspectivas a alternativas progresistas para el futuro del país.

Desde el inicio de la transición, los conservadores -la derecha liberal prácticamente no existe en Chile- han intentado, con éxitos y fracasos, que el camino de la izquierda y el progresismo se reduzca a un pasillo estrecho entre el acomodo al dominio oligárquico reinstaurado bajo la dictadura militar y la trampa de las alineaciones con ortodoxias autoritarias. Estas tienen poco eco en la izquierda (se remiten a parte del PC y a la ultraizquierda ortodoxa) y en general en la sociedad, pero tienen la virtud para los conservadores de operar como espantapájaros en la construcción de mayorías políticas favorables a la transformación social y ecológica con libertades, que deben incluir a todos sus componentes potenciales. El caso es que, para no desnaturalizarse en beneficio de nuevos despotismos, esa transformación debe ser democrática. Para ser viable, debe orientarse por el interés general por sobre los múltiples intereses particulares, considerando que no todo puede hacerse al mismo tiempo. En efecto, solo secuencias articuladas pueden hacer avanzar establemente los procesos de cambios, aunque signifique frustraciones temporales en una u otra dimensión de las aspiraciones presentes en la sociedad, a contrapelo de una época en que casi todo se rige por expectativas inmediatas. Esto hace más difícil, aunque nunca imposible, el ejercicio de la política de izquierda y progresista.

El tema de fondo es que los conservadores suelen ser defensores de valores tradicionales autoritarios y jerárquicos, pero sobre todo del poder económico constituido. Al igual, en este campo, que los liberales y neoliberales, impulsan una y otra vez la creación de un sentido común según el cual todo lo estatal sería ineficiente y corrupto. Sostienen que, por ende, se debería debilitar todo rol regulador o de provisión de bienes y servicios por parte de los poderes públicos. Su utopía es que reine la iniciativa privada en medio de mercados no regulados, los que asegurarían la armonía social y la prosperidad general a lo largo del tiempo.

Consideran, además, que el orden natural es el que resulta de la fórmula de mercado máximo y Estado mínimo, salvo en materias de orden policial y militar, aunque produzca precariedad (un 30% de las ocupaciones son informales) y marginalidad (un 17% de la población sufre de pobreza multidimensional), así como desigualdades estructurales de ingresos y oportunidades. Consideran un premio legítimo el que las utilidades empresariales y la riqueza sean concentradas por unos pocos y miran para otro lado incluso si provienen de rentas de monopolio o de la apropiación privada de recursos colectivos. También lo hacen con las barreras de acceso al empleo, las remuneraciones de los que viven de su trabajo inferiores a su aporte (especialmente las mujeres), la desconsideración del mérito y la subordinación general de la ciudadanía de a pie, junto a depredaciones crecientes de los recursos naturales. Llegado el caso, esos efectos a lo más deberían, en su enfoque, morigerarse focalizadamente, para no alterar la dinámica económica privada.

Algunos piensan que los parámetros tecnológicos y organizacionales de la producción han cambiado hacia redes y adaptaciones más flexibles e incluyentes. Pero los mercados funcionan más que nunca con una tendencia a favorecer poderes asimétricos entre sus participantes: existe un premio sistemático para las economías de escala y para los actores socialmente inescrupulosos. La iniciativa privada y el emprendimiento es factible solo para unos pocos: en Chile los empleadores son menos del 5%, mientras el 70% de la ocupación es asalariada.

La postura propiamente política de los defensores de un orden que no puede sino calificarse de oligárquico, concentrado en el 1% de los poseedores de riqueza, es que, si no queda otra opción que mantener formas democráticas, deben estar condicionadas por poderes mediáticos y fácticos bajo su control. La democracia debe ser limitada por contrapoderes institucionales y nunca reflejar la voluntad de las mayorías, la que se tacha de populismo, con o sin fundamento. Esta es una contradicción en los términos, pues la base de la democracia es el principio de prevalencia de la mayoría popular. El respeto de las minorías que le es consustancial no implica el gobierno de oligarquías dominantes que se impongan a la voluntad popular mayoritaria. 

Como señala Daniel Innerarity, «el liberalismo, en muchas de sus actuales manifestaciones, tiene graves déficits democráticos y que está dando lugar a ciertas disfuncionalidades, como se pone de manifiesto en el crecimiento de los populismos o de la extrema derecha. Entiendo por democracia liberal no la simple separación de poderes o el rule of law, sino un diseño institucional que concede un gran poder a instituciones no mayoritarias, organismos no electos, agencias independientes, revisión judicial, un constitucionalismo cerrado o que dificultaba su modificación constituyente, es decir, que resuelve la tensión entre soberanía popular y primacía del derecho con un claro desequilibrio hacia este segundo término. Estamos presentando el liberalismo como una víctima inocente de las pulsiones iliberales y no consideramos la posibilidad de que haya una fuerza expansiva del liberalismo que limita la democracia«.

El diseño dominante para inhibir la democracia es mantener una sociedad del temor ante el futuro y de desconfianza con las libertades y con la acción colectiva, paralizada en el día a día por el miedo ante la precarización económica y la delincuencia, que por otro lado resultan de la desintegración social libremercadista. El delito se asocia erróneamente a la inmigración y a una supuesta debilidad de la democracia en el control del orden público. La guinda de la torta es la política post-moderna que hoy practica casi todo el espectro de partidos, de tipo mediático y frecuentemente demagógica, centrada en las emociones e intervenida por el dinero, la que dista de conducir a resultados socialmente significativos y termina por alejar aún más a la ciudadanía de la participación democrática.

De lo que se trata por parte de conservadores y neoliberales es de dar por obsoletos a la izquierda y al progresismo, en un argumentario reiterativo, o bien sostener que no tienen ideas que proponer. En realidad, temen a aquellas que son a la vez coherentes y conectan con el sentido común, por lo que buscan descalificarlas de raíz. Aquí van algunas a modo de ilustración, en la lógica de las economías mixtas contemporáneas y de un camino de transformación que es indispensable para los intereses de la mayoría social (el mundo del trabajo, de la cultura, del precariado) si su horizonte es el logro de grados crecientes de igualdad de derechos y oportunidades, de acceso a condiciones de vida y trabajo decentes y de bienestar equitativo y sostenible.

Si algunas empresas no aseguran la continuidad de servicios básicos como el eléctrico, de agua potable, de sanidad urbana o de transporte, la autoridad debe poner fin a su concesión. Y reemplazarlas con rapidez por otras, sin excluir a priori empresas públicas nacionales. El marco regulatorio debe estar al servicio del usuario y no de las empresas, las que deben ser sometidas a competencia allí donde es posible. Cuando no es el caso, las tarifas públicas deben cubrir los costos del servicio e incluir incentivos para reducirlos e impedir utilidades monopólicas. En particular, en la provisión de electricidad debiera establecerse un sistema en el que el generador de energía la ofrezca de manera competitiva a los usuarios finales, pagando una tarifa regulada de uso de la red de distribución. A su vez, la regulación del acceso a Internet debe ser también reforzado en su condición de servicio público a ser provisto por múltiples agentes en condiciones de competencia y de garantía de continuidad, dado su impacto en la vida cotidiana y en la marcha de la economía.

Si empresas de alta significación en la provisión de insumos cruciales para diversas cadenas de producción y con fuerte impacto en las economías regionales quedan temporalmente fuera de mercado, dadas las condiciones cambiantes de la economía mundial, la autoridad debe evitar su cierre con una toma rápida de decisiones contra la competencia desleal e incluso con participación pública hasta su normalización.

Si la economía no crece lo suficiente, el Estado debe actuar para aumentar la productividad y utilizar una parte mayor de la renta económica que proviene de los recursos naturales que pertenecen a todos, hoy en manos privadas y que salen del país en cantidades ingentes, o que son explotadas por empresas públicas no suficientemente eficientes y autonomizadas en exceso. Esta renta debe utilizarse para aumentar la innovación y la sostenibilidad a través de la inversión en investigación y desarrollo (que alcanza un 0,4% del PIB contra un 2,7% promedio en la OCDE), en infraestructuras y en la diversificación de la economía para avanzar en la frontera tecnológica, y también para apoyar a las empresas emergentes de menor escala, junto a un salto en la formación continua de capacidades humanas avanzadas.

Si la distribución del ingreso es altamente desigual, el Estado debe hacer más progresiva la tributación, terminar con los monopolios que abusan de los consumidores en beneficio de los ingresos del capital corporativo, asegurar una redistribución a través de asignaciones familiares más amplias y el uso del bolsillo familiar electrónico para devolver el pago de IVA a los alimentos y suministros básicos a las familias de menos ingresos, junto a fortalecer los programas de inserción en el empleo y así ampliar la acción contra la exclusión y la marginalidad y la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan.

Si la relación laboral es desequilibrada y frecuentemente abusiva, deben fortalecerse los sindicatos y la negociación colectiva por rama de actividad, y compartirse los incrementos de productividad del trabajo sin dejar atrás el salario mínimo y la disminución de la jornada laboral para asegurar una mejor relación trabajo-calidad de vida.

Si las mujeres son discriminadas salarialmente, la legislación debe impedirlo con más rigor. Si existen dificultades para su inserción en el trabajo, se debe fortalecer la oferta de sistemas de cuidado, así como la continuidad de estudios y la formación profesional con perspectiva de género.

Si el acceso a la educación pre-escolar es de cobertura insuficiente y si las escuelas y universidades están segmentadas y la calidad promedio de la enseñanza es baja, entonces debe fortalecerse y financiarse la oferta pública de calidad y valorarse más el rol del profesorado, ampliando, además, el apoyo a todas las expresiones de la ciencia y de la cultura.

Si el sistema previsional privado de capitalización no asegura tasas de reemplazo del salario por la pensión adecuados, debe ser reemplazado por un sistema mixto que garantice mínimos, especialmente para las mujeres, que son las que viven más, financiados por mayores cotizaciones e impuestos.

Si los seguros de salud privados no garantizan coberturas de salud adecuados y el sector público tiene bajos recursos y capacidad operativa, entonces la cotización obligatoria debe ir a un fondo único de salud que aumente la garantía oportuna de las coberturas públicas y privadas y utilice el poder de contratación de insumos y servicios al mínimo costo. Los recursos deben invertirse más en la capacidad preventiva y resolutiva de la salud primaria y en el fortalecimiento de las infraestructuras de los hospitales públicos, con un uso más exigente y productivo al servicio de las personas y de la reducción de las listas de espera.

Si las mujeres tienen un bajo acceso a una salud reproductiva en condiciones de libertad y seguridad, debe aumentarse su capacidad de decisión, en especial en materia de despenalización del aborto antes de las 14 semanas.

Si el acceso a la vivienda se hace cada vez más difícil y el transporte privado congestiona las ciudades y las contamina, se debe fortalecer los programas de arriendo de vivienda social asequible y los de acceso a la vivienda propia y su mejoramiento, junto al de la infraestructura social en los barrios y los sistemas de transporte sostenible, como el metro y los buses eléctricos, facilitando el trabajo parcial a distancia.

Si la nueva delincuencia aumenta los temores cotidianos, debe reforzarse la acción de los cuerpos de seguridad contra las bandas organizadas y los tráficos ilegales y mejorar el sistema de cárceles para impedir su uso por ellas, junto a una mayor presencia policial de cercanía, mayores redes de colaboración entre vecinos y el fortalecimiento de la labor preventiva municipal y de todos los órganos públicos en la acción sistemática contra las causas sociales y culturales de la delincuencia.

Si se infiltran delincuentes de otros países y tráficos por la frontera norte, se debe establecer una nueva policía de fronteras bien equipada y mantener una inmigración constructiva de manera ordenada por vías regulares y sistemas de cuotas, según las posibilidades y necesidades del país.

Si los servicios públicos para lograr un horizonte de prosperidad compartida y sostenible están hoy desfinanciados -y lo estarían todavía más con las propuestas anteriores- y algunos se han sumido en una cultura de la clientelización, entonces deben fortalecerse con reformas que los conservadores en el parlamento no podrán bloquear eternamente. Éstas deben llevar la presión tributaria de los más ricos a los niveles de la OCDE, junto a una simultánea profesionalización generalizada de la función pública que implique el fin del acceso prebendario a los órganos de la administración, sin perjuicio de la responsabilidad política propia de los más altos cargos.

Parte de estas acciones públicas ya se realizan, se están iniciando o está prevista su puesta en práctica. Pero tienen una cobertura e intensidad insuficientes, lo que alimenta el malestar social recurrente, o están sometidas a bloqueos institucionales que incluyen los de la actual mayoría parlamentaria conservadora. Y también, en parte, a la falta de convicción y capacidad resolutiva de quienes están a cargo, pues no hay sociedad ni grupos dirigentes que funcionen de manera adecuada cuando mantienen inhibiciones desde los poderes fácticos y prácticas burocráticas de sostén clientelar o de tipo generacional. Esto solo se mejora con liderazgos y acuerdos colectivos que comprometan el cambio de esas prácticas.

Poco de esto tiene que ver con la falta de ideas. Los que sostienen que no las hay en la izquierda y el progresismo, en realidad no las comparten, lo que es legítimo en la deliberación democrática. Pero ese es otro debate.

La situación de la distribución eléctrica

En Facebook

Son sorprendentes las reacciones privatistas, incluso en el gobierno (hay ministros que han sido empleados de asociaciones de empresas privadas del sector monopólico regulado que debieran ser más prudentes), frente a un asunto de sentido común: en muchos países la distribución eléctrica es estatal para cautelar el interés público, adicionalmente a la regulación. Es lo que ha dicho con toda razón el ministro Pardow.

Frente a los incumplimientos en el servicio eléctrico, ha surgido la idea obvia de introducir un actor estatal nacional. Algunos dicen que el Estado chileno no tiene como financiar inversiones. Los privados tampoco: van a los mercados de capitales. El Estado también lo puede hacer, y a un costo inferior.

En el debate reciente hay una situación curiosa. Los que, por ideología liberal, se oponen a que opere una empresa estatal chilena en la distribución eléctrica para mejorar la continuidad del servicio, como Endesa hasta la década de 1980, están prefiriendo la operación de empresas estatales italianas y chinas y a las que esa continuidad, como se demostrado, no les importa mayormente, aunque estén bien remuneradas por tarifas atractivas para obtener utilidades. Su rentabilidad sobre capital en la operación de distribución debiera ser publicada periódicamente, por lo demás.

La combinación del sistema de contratos de largo plazo desde 2015 para la distribución regulada y la fijación de tarifas a costo marginal ha derivado en altas tarifas, congeladas desde 2019 y ahora sometidas a una recuperación progresiva. La distribución eléctrica tiene costos marginales (en la última unidad de servicio) decrecientes, por lo que lo eficiente es que opere una sola empresa en cada zona de cobertura, pero sujeta a una tarifa pública que refleje los costos medios y tenga incentivos para disminuirlos. Dado que la distribución eléctrica es por esta razón un monopolio natural la pregunta que surge es si una estatal chilena prestaría más atención a la continuidad del servicio. Como en ese caso el gobierno sería el responsable ante la gente, la respuesta es si. Por lo demás, hay empresas estatales en Chile que funcionan bastante bien, como Enap y el Metro, y son claves para el interés público. Codelco y Enami, en cambio, están al debe y deben mejorar con urgencia, aunque por mucho tiempo no se las ha dejado invertir para mejorar por políticas de inspiración liberal absurdas, como las que se han vuelto a manifestar en el debate sobre los cortes de electricidad.

Una empresa estatal de distribución eléctrica puede funcionar adecuadamente y permitir una mejor regulación pública del servicio en tanto le provee información crucial sobre la operación del sistema. Además, en la provisión de electricidad debiera transitarse a un sistema en el que el generador de energía la ofrezca de manera competitiva a los usuarios finales, como en el segmento de clientes libres, pagando una tarifa fija regulada de uso de la red de distribución. Un sistema de oferta competitiva por los generadores de electricidad existe en diversos países.

Crisis en Venezuela

En La Nueva Mirada

La reciente elección en Venezuela volvió a ser materia de fuerte interés y controversia en Chile. Esto se explica por la importancia de ese país en el contexto global y latinoamericano, pues mantiene las principales reservas petroleras del mundo y su posición geopolítica en Sudamérica es relevante. A la vez, es el único país del continente que ha visto reducirse su población en las últimas décadas, con unos 28 millones de habitantes en la actualidad y cerca de 8 millones que han emigrado en lo que va de siglo XXI, una cifra inédita en el contexto mundial. De ellos, unos 700 mil lo han hecho a Chile.

Además, existen nexos que en la historia vinculan a Chile y Venezuela, desde los lejanos tiempos en que uno de los intelectuales que compartió los esfuerzos independentistas de Francisco de Miranda y Simón Bolívar, Andrés Bello, fue protagonista de la historia de Chile en el siglo XIX. Llegó al país en 1929 contratado por el gobierno y contribuyó de manera relevante a la edificación institucional de la naciente república. Fue primero el equivalente a un subsecretario de relaciones exteriores, más tarde senador y el primer rector de la Universidad de Chile, además de autor del código civil. Su postura fue siempre más conservadora que la de Bolívar, quien en el discurso de Angostura de 1819 defendió que "un gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela; sus bases deben ser la soberanía del pueblo: la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios". Bello, en cambio, era partidario de las monarquías constitucionales y cercano a los conservadores (pelucones) chilenos. Más tarde, parte del exilio del partido Acción Democrática, perseguido por una dictadura militar, tuvo apoyo y soporte del Partido Socialista chileno. En la segunda mitad del siglo XX, aumentaron los lazos tanto a través de la emigración económica chilena a Venezuela en los años sesenta y la de tipo político en los años setenta, con diversos exiliados chilenos recibidos por los gobiernos de Acción Democrática y Copei. Pero lo fundamental es la reciente y masiva inmigración venezolana a Chile.

El tema Venezuela se ha transformado en simbólico en muchos sentidos en los últimos años. Lo es para la derecha chilena, que adhiere a la oposición a la pérdida de poder de la oligarquía tradicional venezolana desde la llegada al gobierno del ex militar Hugo Chávez en 1999, y es un cómodo espanta-pájaro para sus posturas políticas. Para el progresismo, se ha constituido en un contra-ejemplo por el deterioro progresivo de las instituciones democráticas en Venezuela y el colapso económico de su Estado rentista y clientelar, mientras la izquierda ortodoxa apoyó los postulados de Chávez contra Estados Unidos y presta un apoyo incondicional al régimen de Maduro (y también al de Díaz-Canel en Cuba y al de Ortega en Nicaragua), aunque con una cierta incomodidad en sus filas. Recordemos que el Partido Comunista de Venezuela se opone a Maduro en la actualidad, lo que le ha valido ser intervenido por el gobierno, junto a otras fuerzas de izquierda democrática.

La oposición del progresismo chileno al régimen de Maduro tiene que ver con que rechaza que el autoritarismo y la supresión progresiva de la democracia, las libertades y la alternancia en el poder sea el camino para superar la desigualdad y la falta de libertad real que implica el predominio de poderes oligárquicos. Sostiene, a la vez, que la democracia debe ser la principal barrera de contención del intervencionismo norteamericano u otras potencias, en vez de derivas autoritarias. Y que no tiene sentido justificar alianzas con rusos, turcos e iraníes, como hace Maduro, que no se ve qué puedan tener que ver con progresismo o izquierda alguna.

Las absurdas y condenables sanciones norteamericanas desde 2019 por Donald Trump no pueden esconder que el clientelismo y la corrupción en la gestión del Estado son las causantes principales del colapso económico, la hiperinflación durante años y la consiguiente ola migratoria, que ha afectado sustancialmente a casi todos los países sudamericanos. Estos procesos no son atribuibles más que a las políticas del régimen vigente, que agravaron la histórica dependencia de la renta petrolera. La estrategia de vivir del petróleo sin siquiera lograr mantener su producción, y en paralelo debilitar la producción de alimentos, implicó no cuidar la solidez de la rama sobre la que se está sentado y derivó a una alianza atrincherada del grupo chavista con los militares asociados a la gestión centralizada, inepta y corrupta de la economía. Esto no es un proyecto de transformación equitativa de la sociedad que enfrenta dificultades por el cerco imperialista norteamericano, sino un proyecto de mantención en el poder de un grupo civil-militar con apoyo en grupos empresariales, algunos tradicionales y otros emergentes, que prosperan en la economía especulativa en detrimento del resto de la sociedad. Se ha terminado en privatizaciones y en la dolarización de hecho de la economía, con una pérdida catastrófica de ingresos para la mayoría, que sobrevive en buena medida con las remesas de sus familias desde el exterior. Ha sido, el voluminoso endeudamiento con China lo que le permitió primero a Chávez y luego a Maduro paliar en parte la increíble destrucción de la industria petrolera, en parte contrarrestada con la apertura de nuevas zonas de inversión minera desregulada con fuertes consecuencias sociales, ambientales y respecto a los pueblos indígenas, como el Arco Minero del Orinoco, de 112 mil kilómetros cuadrados, el 12% del territorio, en el que quedan suspendidas leyes fundamentales. Se ha consolidado, en palabras de Edgardo Lander "el modelo extractivista depredador que ha caracterizado la economía venezolana durante un siglo; el gobierno ha optado por empujar al país en el camino de un nuevo patrón rentista-extractivista, ahora basado en la minería a gran escala".

Pensar que regímenes burocrático-militares como los de Venezuela o Nicaragua, o incluso teocracias islamistas, son defendibles porque se confrontan con Estados Unidos, es simplemente un enfoque binario y simplista que las izquierdas democráticas no tienen ninguna razón válida para compartirlo. Más aún, esta identificación puede tener un muy alto costo para su proyecto político.

La elección presidencial del 28 de julio ha terminado en una nueva impasse. La autoridad electoral subordinada al gobierno anunció que Nicolás Maduro había obtenido un 51% de los votos y que el candidato opositor, Edmundo González, había conseguido un 44%. Recordemos que la justicia del régimen inhabilitó a María Corina Machado, la líder de la oposición que se impuso en primarias, a través de un procedimiento que no cumplió con las normas, y luego se escogió a Edmundo González como su segundo sustituto luego de la inhabilitación de Corina Yoris. Pero según las actas de la oposición el resultado es el inverso: González habría obtenido el 67% y Nicolás Maduro el 30%. ¿En qué país democrático la autoridad electoral emite dos comunicados sin mostrar datos de mesas de votación como respaldo? Al parecer el Consejo Nacional Electoral terminó por entregar esos datos a una corte de justicia subordinada al gobierno, pero no los ha dado a conocer. Entre tanto, cerró a las pocas horas todo el proceso y otorgó formalmente al supuesto ganador el poder presidencial por otros seis años sin más trámite, con los respectivos certificados.

El régimen de Venezuela no puede pedir que se reconozca un resultado electoral sin que nadie pueda verificarlo, incluyendo los partidos y candidaturas legalmente inscritos. Es lo que afirmó el presidente Boric, lo que llevó a la expulsión del embajador Gazmuri y del personal diplomático y consular, dejando además a la deriva a cientos de miles de inmigrantes con el retiro de la representación de Venezuela en Chile. A mayor abundamiento, quien dirige el partido oficialista, el PSUV, Diosdado Cabello, ha dicho «nosotros no vamos a entregar actas, no vamos a enseñar nada». Ha reiterado que seguirán en el poder y que la oposición será reprimida. Eso es lo que está ocurriendo con requerimientos por "instigación a la insurrección" contra González y Machado, por llamar a las fuerzas de orden a respetar la constitución y la ley electoral, lo que parece bastante obvio en una situación como la existente. Machado, además ha liderado la unificación de la oposición a través del uso de los mecanismos electorales para enfrentar a Maduro y su régimen, de manera consistente.

¿Qué se puede pensar si sigue sin aparecer el respaldo del resultado en las urnas, salvo las actas mostradas por la oposición, que difícilmente serán todas inventadas, y que muestran un resultado contundente a favor de González? En particular, la posición del PC chileno ha quedado en una situación de vulnerabilidad en la coalición de gobierno, por su resistencia a desligarse del régimen de Maduro y su fuga hacia adelante en lo que tiene todos los visos de ser un fraude electoral que siguió a la inhabilitación de candidatos y la severa restricción del voto de los venezolanos en el exterior. Al parecer, estos dos elementos llevaron al régimen de Maduro a confiar en un resultado electoral favorable, que a la postre no se produjo. De ahí que no se diera curso a los procesos de verificación electoral, bajo un aparente ataque informático desde Macedonia del Norte, país que ha desmentido el hecho.

El problema político de fondo para la coalición de gobierno en Chile es que no puede asociarse, ni lo hará, a un proceso que no respeta las reglas de la democracia. Eso sería poner una lápida a los proyectos emancipatorios de las izquierdas, pues esas reglas son el instrumento insustituible de la construcción de derechos e igualdades y el marco primordial para luchar por ellos y en contra de sus adversarios y enemigos, al menos para la izquierda que considera la profundización de la democracia como su modelo político irrenunciable y que los medios que se usan no pueden desmentir y desnaturalizar los fines que se persiguen.

Si la izquierda latinoamericana no cautela con energía su legitimidad democrática o, en la otra cara de la medalla, deja de defender los recursos que pertenecen a sus naciones, de representar a los que viven de su trabajo y de proteger la libre expresión de la cultura y la diversidad, simplemente se hundiría en medio de la pérdida de su razón de ser: expresar con pluralidad los intereses de la mayoría social por sobre los intereses de las oligarquías dominantes. Es un conjunto cuyas partes no son separables. Hay quienes postulan, en nombre de "intereses superiores" (de clase, geopolíticos o lo que se quiera), que está muy bien ser demócrata si eso permite llegar al poder gubernamental o retenerlo, pero que no se debe dejar ese poder aunque sea en contra de la voluntad del pueblo. Es el espejo de la mera relación utilitaria con la democracia de las derechas oligárquicas y de los imperios económicos y geopolíticos, como bien lo sabemos en Chile.

No hay razón alguna para dejarse encerrar en un dilema falso. La democracia incluye que los adversarios ganen elecciones. En ese caso lo que cabe no es desconocerlas, sino defender en su marco las conquistas de libertades, el control de los recursos naturales y el progreso social y cultural por las que se ha luchado y se lucha, junto a recabar fuera del gobierno y con los movimientos sociales y las representaciones locales las lecciones de por qué se ha sido puesto en minoría en un momento dado, el de la alternancia. Solo de ese modo se puede volver a optar de manera renovada y legítima a ser mayoría en una siguiente elección para nuevas etapas de progreso democrático y social. Si se produce una reprobación electoral, hay que respetarla, salvo que se crea que el pueblo y sus decisiones no cuentan porque están amañadas por el poder oligárquico e influencias externas y que lo que cabe es pasar por encima de una voluntad popular manipulada.

Los que consideran un tema no definitorio la aprobación o rechazo del pueblo, debieran asumir las consecuencias en la legitimidad democrática de su conducta, la que no puede ser sino considerada como propia de una minoría autoritaria. Y dejar de practicar juegos de máscaras. Es lo que hizo Lenin, por lo demás, al disolver la asamblea constituyente en 1918, en la que su partido quedó en franca minoría, mereciendo la acerba crítica de una Rosa Luxemburgo que no concebía el socialismo sin libertades democráticas. El líder de la revolución rusa consideró abiertamente que solo debía respetarse el interés de clase del proletariado, expresado en los soviets y en un partido único supuestamente depositario de su destino, sin considerar al resto de la sociedad, aunque admitía una cierta diversidad en la representación partidaria de ese proletariado. Stalin terminó de eliminar de manera sangrienta cualquier disidencia en el partido único, marcando la definitiva fractura de concepciones políticas en la izquierda mundial entre sus ramas democráticas y plurales y las autoritarias, que permanece hasta hoy.

La alternativa a las posturas autoritarias siempre ha existido y consiste en sostener la democracia siempre con más democracia y, en América Latina, a partir de la no alineación con potencias hegemónicas. Es lo que debe prevalecer respecto a la crítica situación de Venezuela.