La extrema derecha, aliada a la derecha tradicional, ha confirmado en las últimas semanas su decisión de desafiar a la sociedad chilena a través de su control del Consejo Constitucional. Todo indica que buscará consagrar el 17 de diciembre próximo un régimen autoritario y neoliberal más radical que el de la constitución de 1980.
Esto se traduce en normas liberticidas como la que prohíbe “las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado”, lo que puede interpretarse de manera arbitraria, y como la que establece que “las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley”. Adicionalmente, se prohíbe la participación en direcciones políticas de los dirigentes sociales. Se deja de lado la paridad de género en la representación parlamentaria y en otros órganos del Estado, se disminuye la proporcionalidad de la representación en la Cámara y se mantiene la sub-representación de las regiones con más habitantes en el Senado, con el objeto de consagrar un sistema electoral distorsionado y favorable a los conservadores. En materia cultural se establece una inaceptable definición según la cual “el Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura que no sean contrarias a la tradición chilena, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad del país”. Nada de esto es congruente con un régimen de libertades civiles, políticas y culturales.
Se vuelve, además, a una constitución pétrea, aumentando el quórum de reforma desde los 4/7 vigentes desde agosto de 2022 a 60%, mientras se lleva la aprobación de toda ley que interprete la constitución (todas lo hacen de alguna u otra manera) a ese quórum, sustrayendo potencialmente a la totalidad de la legislación de la soberanía popular y del principio de mayoría, lo que hoy solo ocurre con la leyes orgánicas y de reforma constitucional (4/7).
Se insiste, por otro lado, en el financiamiento directo de las Fuerzas Armadas por sobre la educación, la salud, las pensiones u otros gastos públicos, permite la liberación por edad de asesinos y torturadores, mantiene la falta de incidencia del parlamento en el nombramiento de altos oficiales, conserva la institución de bloqueo del gobierno constituida por la acusación constitucional a ministros, junto a adoptar un reconocimiento muy restringido de los pueblos originarios. Pero no se trata solo de temas institucionales, sino también de inducir la anulación del aborto por tres causales, junto a establecer la “objeción de conciencia individual e institucional” que puede hacer inviable el funcionamiento de los servicios públicos. Se establece que las familias “tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas”, sin que los recursos públicos estén asociados a normas básicas de laicidad educativa propias de toda República moderna. Y en lo económico-social, se restringe el derecho a la huelga, prohíbe formas de protección social compartida en nombre de la “libertad de elección”, impide la solidaridad previsional con las mujeres en nombre de la propiedad individual de los aportes obligatorios, constitucionaliza el privatizador financiamiento por alumno, pone cortapisas al ejercicio de los derechos sociales y lleva a ley toda reglamentación para disminuir su capacidad de aplicación. A su vez, se sobre-protege la propiedad privada y permite privatizar bajo la forma de concesión las aguas, los hidrocarburos, el litio, los recursos del mar y las playas, además de limitar la acción contra el cambio climático, que la derecha se niega siquiera a mencionar como materia de legislación.
El objetivo es evitar a toda costa un Estado democrático y social de derecho en Chile y que se consagre el control nacional de los recursos naturales y su protección. Aunque un Estado de este tipo reúne un amplio consenso en la sociedad, la derecha quiere impedir que se establezca y lo hace de una forma más rígida que todo lo conocido hasta acá, que ya es bastante. Para obtener adhesiones, juega al populismo, que tanto criticó a la Convención, pero en este caso con normas anti-inmigración de inspiración xenófoba y con la medida de terminar con el impuesto a la primera vivienda. Esto se traduce sobre todo en que no paguen tributos las casas de lujo en que viven los más ricos. Nada de esto existe en constitución alguna, pues se trata de evidentes materias de ley. Se trata de una nueva lista de privilegios para la casta oligárquica que pretende imponer la derecha en Chile, lo que amerita un amplio voto “en contra» en el plebiscito de diciembre.
La paradoja es que esta dinámica posiblemente ayudará a rearticular el escenario político, hoy dominado por la agenda de seguridad pública y de inmigración que anula al actual gobierno, sometido a una operación de acoso sin respiro por la derecha política, económica y mediática. Ésta se despliega para que el gobierno no pueda avanzar en sus prioridades sociales y para llevarlo al desprestigio y a una derrota electoral severa en 2024 y 2025.
Este diseño, hasta ahora exitoso, puede eventualmente ser contrarrestado, una vez consumada la derrota previsible de la derecha en diciembre próximo, si el gobierno retoma la iniciativa política. Podría partir por proponer reformas constitucionales razonables para avanzar a un Estado democrático y social de derechos, esta vez reuniendo 4/7 en el actual parlamento con ese fin. Si no lo logra, quedará establecida su plataforma ante la sociedad en las elecciones venideras. De paso, podrá con nuevo oxígeno consolidar su coalición de apoyo y, además, invitar a la Democracia Cristiana a participar del gobierno. Esto tiene sentido, pues su coalición seguramente compartirá candidaturas comunes a gobernadores y alcaldes con la DC, aunque en consejeros y concejales haya una legítima competencia electoral en listas que expresen la diversidad, además de la unidad.
Esto requiere que las fuerzas de apoyo al gobierno, es decir las distintas variantes de la izquierda chilena, tomen decisiones. EL PS deberá asumir que toda nostalgia de volver a sus coaliciones pasadas no tiene sentido y definir un entendimiento de largo plazo con el Frente Amplio, el PC y la izquierda movimientista. Esto debiera partir por traducirse en listas comunes en las elecciones territoriales y en las posteriores elecciones parlamentarias. Y en un compromiso temprano por realizar una primaria presidencial en 2025, que uno se puede imaginar con la presencia de Carolina Tohá, Camila Vallejos y Giorgio Jackson, por ejemplo, de nuevo en una perspectiva de simultánea diversidad y unidad.
Esto no tiene por qué impedir alianzas electorales y eventualmente de gobierno con el centro, pero desde una posición de coherencia, que es la que se perdió en la fase final de la Concertación y la Nueva Mayoría, cuando se privilegió la defensa conservadora del statu quo. A muchos de sus componentes dejar de luchar por un programa democrático y de cambios sociales equitativos les fue resultando aceptable. Pero su conducta los alejó de las aspiraciones de la sociedad y produjo un desgaste que llevó a los gobiernos de Piñera y luego a la rebelión social de 2019.
Requisitos para el futuro parecen ser, primero, que en el PS algunos caudillos locales, que se relacionan con el Frente Amplio desde una percepción de amenaza a sus dominios territoriales, acepten una disciplina de partido y de gobierno, pues los feudalismos, ahora sustentados en el clientelismo, no son una receta que lleve a ninguna otra parte que a aumentar el desprestigio de la democracia. Segundo, el Frente Amplio debiera ampliar la comprensión de que su conformación generacional post-moderna es parte de su historia pero no de su futuro, y tener sólidamente una acción política sustentada en un proyecto y no en identidades. Existe un tercer requisito que puede ser, tal vez, un hueso más duro de roer, y que es la futura política del Partido Comunista, un actor clave de la coalición de gobierno.
La emergencia en su momento del liderazgo de Daniel Jadue, desde la experiencia ciudadana de la gestión territorial, consolidó en el PC la búsqueda de una convocatoria amplia, que a algunos nos pareció importante acompañar. Pero su continuidad suponía no confrontar al gobierno de Boric, sino apoyarlo y hacerle ver eventualmente sus errores, lo que es una cosa distinta, lo que no siempre ha ocurrido al proyectarse una imagen de intolerancia, No obstante, ha primado la seriedad de su actuación.
En un momento en que el PC debe hacer el relevo de dirección, luego del fallecimiento de su líder, persiste, no obstante, un ruido provocado por su alineación internacional. A partir de ella polemiza con el gobierno, mucho más que con la orientación conservadora de algunas de sus políticas económicas, que en algún caso lo ameritan, especialmente para que no sean un factor contribuyente a fracasos como el de septiembre de 2022. Esto es parte del rol de los partidos en una coalición de gobierno: cautelar que su política se oriente hacia los objetivos pactados y hacia la continuidad de su proyecto. Cuando un país invade un país soberano y anexa territorios, solo cabe rechazarlo, aunque sea el sucesor de la Unión Soviética. No se observa cómo se podría defender el legítimo derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional de Cuba y Venezuela frente a Estados Unidos, o la de Palestina frente a Israel, si se niega la de Ucrania frente a Rusia. Hay que preguntarse, además, qué significa defender a un déspota conservador, antifeminista y homófobo, sustentado en un capitalismo mafioso. No tiene sentido proyectar que en el PC pudieran estar manteniéndose por algunos simpatías estalinistas, tal vez porque necesitan apoyarse en una identidad ortodoxa (otra vez las identidades y no los proyectos) o bien por adhesiones inexplicables a regímenes como los de Maduro y Ortega, que nada tienen que ver con cualquier definición que se pueda tener de un proyecto de izquierda. En todo caso, izquierdas europeas como las de Yolanda Díaz y Jean Luc Mélenchon, poco sospechosas de pro-imperialismo, condenan la invasión rusa a Ucrania, en lo que también podría persistir el PC chileno, como lo hizo en su declaración inicial sobre el tema. Reflexionar más a fondo sobre su posición internacional podría, tal vez, ser una contribución del PC a la consolidación de una coalición de izquierda con una proyección común en Chile.
Estos tipos de evoluciones en la conducta de las fuerzas de gobierno, que parecen ser requisitos para consolidar su unidad de propósitos y revertir el escenario político hasta ahora tan desfavorable, pueden parecer muy difíciles de lograr, o incluso una especie de cuadratura del círculo. Es posible que así sea. Lo que sí es una certeza es que una izquierda que arrastra y cultiva sus incoherencias puede hacer terminar muy mal al gobierno que hoy sustenta. Y también es una certeza que de su fracaso puede demorar muchos años en recuperarse.
