El litio y el interés nacional

En El Mostrador

El Gobierno propondrá al Congreso crear una Empresa Nacional del Litio para llevar a cabo una política de puesta a disposición de la colectividad de la integralidad de los frutos de un recurso que pertenece a la Nación. No olvidemos que hoy día la situación es una en la que la principal empresa del sector, SQM, se niega siquiera a pagar el Impuesto Específico a la Minería, por 745 millones de dólares en 2022, pues considera que no le es aplicable, aunque su operación se sustenta en pertenencias mineras. Albemarle, la segunda empresa del sector, paga ese impuesto.

La mala decisión de permitir la extracción de litio en los años 1990 por la privatizada SQM, ya había conducido al intento de esa empresa, dada la magnitud de los intereses en juego, de comprar el sistema político mediante financiamiento ilegal. Buscó asegurar y ampliar su explotación cuasimonopólica en el salar de Atacama, lugar de nuestra geografía que posee grandes ventajas competitivas para la extracción de salmueras que contienen litio. En 2022, los ingresos de SQM fueron de US$10.711 millones y sus utilidades de US$3.906 millones, debido a los altos precios del litio. Estos bajaron sustancialmente en lo que va de 2023, mientras las baterías en base a sodio, mucho más baratas pero menos eficientes, están dando importantes saltos tecnológicos. No obstante, el litio seguirá siendo con alta probabilidad un material de amplio uso en la transición global a la electromovilidad, aunque mucho más lo será el cobre, cuyo lugar en los mercados mundiales está asegurado para las próximas décadas.

En esta situación, Chile tendrá que optar otra vez entre el uso de sus recursos naturales en beneficio de grandes empresas privadas y de transnacionales, como en buena medida ocurre hasta ahora, o en beneficio del país. El interés nacional indica que el valor de sus recursos minerales debiera emplearse en diversificar su economía mediante más aplicación de conocimiento y más infraestructuras productivas y sociales, y así aumentar el bienestar de su población.

Esto pone al sistema político ante la obligación de redefinir las pautas de la extracción minera. Pero lo hace con una gran ventaja fruto de largas luchas: la nacionalización –aprobada por la unanimidad del Congreso en 1971 a propuesta del Gobierno de Salvador Allende– del subsuelo y por tanto la propiedad sobre los minerales, incluyendo el cobre y el litio, que ya fue considerado un mineral de interés nuclear desde 1965. La restauración oligárquica de 1973-1989 no logró revertir esa nacionalización, aunque los civiles neoliberales del régimen dictatorial intentaron hacerlo a través de la figura de la concesión minera, transformada en privatización permanente. Consideraciones estratégicas hicieron que una parte de los militares en el poder se opusieran a privatizar Codelco y reservaran el petróleo y el litio para el Estado. El resultado es que hoy se puede autorizar la extracción comercial del litio por privados solo mediante contratos temporales. Al ampliarse con el tiempo el interés por el litio en usos medicinales y en baterías, Corfo amplió los contratos con privados (básicamente SQM) en la década de 1990, con el resultado ya comentado.

El Gobierno se propone ahora negociar a la brevedad, lo que será uno de los grandes hitos de su gestión económica, la presencia del Estado en las dos empresas que operan bajo contrato con Corfo, SQM Salar y Albemarle. El contrato de operación con la filial SQM Salar vence en 2030 y debe reconsiderarse a más tardar en 2027. Lo óptimo sería que el actual Gobierno y Corfo –que administra los recursos del salar de Atacama– busquen crear las condiciones para que la operación de SQM pase en 2030 a manos de la nueva empresa pública anunciada, la que podrá establecer todas las alianzas necesarias con empresas privadas, pero con contratos mutuamente convenientes de extracción del recurso. Los privados deberán pagar, como corresponde, los respectivos impuestos y regalías (el pago por el uso de un recurso que no les pertenece). Para fijar esos contratos y esas regalías, la información sobre los costos efectivos de operación es esencial y requiere del control mayoritario de una empresa pública directamente presente en las operaciones de extracción y con control sobre los diversos derechos de explotación.

Es un modelo parecido al de la empresa pública del petróleo en Noruega, que se vincula con el sector privado a través de contratos para fines específicos, pero controla el recurso, su explotación y la mayor parte de su renta en beneficio de la sociedad. El cuestionamiento de la derecha ha sido volver al primitivo ataque a las empresas públicas. Está más que demostrado que el bienestar colectivo sería inferior sin las diversas empresas públicas que existen en todas partes, incluyendo Estados Unidos, contrariamente a la leyenda neoliberal. Por eso existen, a pesar de la ola privatizadora de fines del siglo pasado. En Chile no son numerosas, pero tienen por vocación contribuir a asegurar para el país la captación de la renta de los recursos naturales, prestar servicios estratégicos en diversas áreas o ser actores de mercados claves. Se enfrentan a los mismos problemas de maximización de la eficiencia que las empresas no gestionadas directamente por sus propietarios, es decir, la mayoría de las grandes empresas modernas.

No deja de ser paradójico que las empresas que hoy controlan la mayor parte del sector eléctrico en Chile, privatizado erróneamente desde la década de 1980, sean de propiedad total o parcial del Estado chino. Otras empresas del sector son de propiedad del Estado francés, en el caso de EDF, o noruego, en el de Statkraft, o bien tienen una participación estatal, como la italiana Enel. Ninguna de esas empresas públicas o con participación pública extranjeras que operan Chile está en quiebra, es anticuada u obsoleta. Más bien gozan de bastante buena salud y operan en Chile con utilidades por sobre lo razonable para un sector con tarifas reguladas. Dicho sea de paso, un socio público en ese sector, especialmente en transmisión y distribución, sería bienvenido para atenuar las asimetrías de información y lograr una mejor fijación tarifaria en beneficio del consumidor, junto a acelerar la transición a energías renovables.

La Sofofa y la derecha se han alineado con los intereses de SQM y de las transnacionales, como ya lo hace en la discusión parlamentaria de la regalía del cobre, junto a otros sectores permeables a esos intereses. Como se observa, la tarea política de recuperar para el país el uso y beneficios de sus recursos naturales y la provisión al mínimo costo de servicios básicos, junto a establecer un Estado social e innovador, sigue con plena vigencia. El Gobierno ha hecho bien en ponerla en el centro de la agenda pública.

La derecha y sus aliados se aprestan ahora –en continuidad con su rol de defensa de los intereses del gran empresariado– a impedir una regalía minera favorable al país, así como impedir el control nacional del litio. Buscarán declarar este mineral objeto de concesiones indefinidas a privados, las que debieran ser siempre de duración limitada y revocables. Pretenden lograr ahora lo que no obtuvieron bajo la dictadura de 1973-1989 ni en la transición: evitar que el Estado maneje el litio como un recurso estratégico que solo se puede extraer por privados mediante contrato de duración limitada con el Estado. Lo hará en el articulado de la nueva Constitución, que definirá el Consejo Constitucional después de la elección del 7 de mayo. El interés nacional requiere que fracase en el intento.

La hora de la xenofobia como arma política

En La Mirada Semanal

Desde hace ya un tiempo, la alcaldesa y precandidata presidencial, Evelyn Matthei, encabeza, junto a José Kast, la degradación irresponsable de las posiciones de la derecha exacerbando la frustración y el miedo frente a la delincuencia y ahora buscando crear un falso nexo entre crímenes y extranjeros. La delincuencia es, desgraciadamente, una realidad que acompaña a todas las sociedades, especialmente a las más desiguales y con mayor marginalidad social, junto a instituciones integradoras débiles o directamente violentas. Actuar contra ella y contra sus causas es una tarea permanente y ardua, frente a la cual no caben las irresponsabilidades.

Ha declarado la alcaldesa Matthei: «hay crímenes que nosotros en Chile no veíamos, esas son personas extranjeras. ¿Por qué los tenemos que aguantar en Chile? Si cuando una persona delinque ‘pa’ afuera’, hay que deportarlo, si nuestras cárceles ya están llenas”. Como se observa, se busca de mala fe difundir la idea de que crímenes «que no veíamos» (¿cuáles?) son cometidos por extranjeros como si no hubiera delincuentes chilenos involucrados mayoritariamente en todos ellos. Lo que cabe es perseguir a la delincuencia, cualquiera sea su nacionalidad, especialmente las bandas violentas del crimen organizado y sus ajustes de cuentas. En materia de deportación de los delincuentes extranjeros, cabe recalcar que  ya se aplica cada vez que es posible (237 casos en lo que va de año). Lo que no es posible es hacerlo sin más trámite: ¿hacia dónde? Tal vez la alcaldesa no sabe, o no le interesa saber, que el espacio aéreo venezolano, por ejemplo, está cerrado para vuelos con deportados desde Chile y que cada caso de expulsión supone superar trabas diversas con interlocutores de países soberanos.

Todo este ruido se inscribe en la disputa por el liderazgo de la derecha, que ya ha usado políticamente por largo tiempo la delincuencia sin escrúpulos, salvo cuando está en el gobierno, claro. Ahora ha llevado el tema al punto que pareciera que la hubiera inventado el presidente Boric y que la acción policial y judicial fuera inexistente. Y este sector político ha cruzado un umbral al empezar a mezclar delincuencia con inmigración y utilizar la xenofobia anti inmigración contra el gobierno, después de que Piñera en persona alentara abiertamente a la población venezolana a migrar a Chile.

Todo este ruido se inscribe en la disputa por el liderazgo de la derecha, que ya ha usado políticamente por largo tiempo la delincuencia sin escrúpulos, salvo cuando está en el gobierno, claro.

El problema es que se trata de una postura irresponsable, pues puede terminar por quebrantar artificialmente a la sociedad chilena. Hay del orden de 1,6 millones de extranjeros en Chile, de los cuales cerca de un millón ha llegado desde 2015 por las distintas circunstancias que atraviesan países de América Latina y el Caribe, especialmente el colapso social de Venezuela y de Haití. Los no nacidos en Chile son hoy un 8% de la población, cifra inferior a la de los países de altos ingresos: el promedio OCDE es de 14%, con 27% en Nueva Zelandia, 29% en Australia y 30% en Suiza. En el mundo moderno no hay solo globalización del comercio y de las inversiones, también hay inmigración. El difícil desafío es evitar una inmigración irregular masiva y sin derechos y encauzarla en magnitudes prudentes por la vía legal y con una integración adecuada. Recordemos que el presidente Boric solo lleva un año en el cargo y que su administración hace lo necesario con los medios de que dispone. La inmigración irregular ya cuenta con más instrumentos de control, incluyendo los patrullajes de las FF.AA. en la frontera norte.

La derecha parece haber olvidado el cero resultado con aquello de «narcos, tienen los días contados» y «a los delincuentes se les acabó la fiesta» de Piñera. Un poco de pudor debiera llevar a este sector político a moderar sus exigencias quiméricas de delincuencia e inmigración cero y dejar de mezclar ambos fenómenos. Y el resto debiera resistir con más claridad y decisión, aunque aparezca como impopular en lo inmediato, la carrera frenética para establecer un Estado militar-policial sin límites y con más y más populismo punitivo en materia legal y de acción de la fiscalía, con insospechadas consecuencias eventuales para el sistema penitenciario.

Mantener una inmigración ordenada en los tiempos actuales no es una tarea fácil sobre la que se pueda, además, especular alegremente. Lo que se puede y debe hacer, como ya ocurre, es mejorar el control de fronteras, establecer lugares de estadía temporal digna para los inmigrantes irregulares y trabajar por vías diplomáticas sobre la principal presión migratoria, la que se origina en la situación de Venezuela y que también presiona a otros países andinos. Y no olvidemos que si la inmigración es una realidad hoy en Chile, también lo ha sido en el pasado. ¿O no es de origen inmigrante Evelyn Matthei, como lo es José Kast, hijo de un oficial nazi refugiado en Chile luego de haber dejado Alemania con papeles falsos?

El desafío es que la política contribuya a valorar la idea que este es un país construido por inmigraciones sucesivas, desde las originarias de los primeros pueblos, que también vinieron ancestralmente de otros continentes, y de posteriores colonizaciones e inmigraciones europeas y latinoamericanas. Pese a quien le pese en su búsqueda irrisoria de inexistentes purezas étnicas, Chile es un país de mestizaje destinado a ser cada vez más igualitario, integrador y respetuoso de todas las diversidades, incluyendo las autonomías de los pueblos originarios en un Estado común, para riqueza y orgullo de los humanos que vivimos en esta tierra.

Países y violencias

En El Mostrador 

Ksenia Bolchakova y Veronika Dorman son dos periodistas rusas que han publicado recientemente un libro sobre su país y hecho un programa de TV sobre el mismo tema en Francia. Exploran los resortes de la sumisión voluntaria del individuo ruso, en una sociedad en la que las jerarquías en siglos de historia repiten que este no es nada, y en todo caso no un ciudadano sino a lo más parte de un engranaje. Reflexionan las autoras sobre la omnipresencia de la violencia, que señalan no esperó la guerra con Ucrania para penetrar cada intersticio de la sociedad rusa, desde las prisiones hasta la intimidad de los hogares. Reseñan que la violencia, la dominación, la ley del más fuerte rigen no solo la relación entre el Estado y la población, sino también las relaciones entre individuos en la empresa, la escuela o el hospital.

Guardando las distancias, algo de esto se puede reconocer en nuestra realidad. Por momentos pareciera que no logramos tampoco salir de la dominación oligárquica ancestral y del patriarcado en Chile, que no deja de concebir el modelo de la hacienda como el único modo de constituir las relaciones sociales. Y su consecuencia: la violencia que se proyecta en el Estado, las instituciones y las empresas, con el trasfondo del modelo de la ley del más fuerte en la vida cotidiana.

La tesis de la mano dura y del gatillo fácil como respuesta al clima mediático exacerbado sobre la delincuencia, más o menos asimilada a la inmigración y con la pretensión de extenderla a todo “desorden” y a todo lo distinto de lo tradicional, encuentra un amplio eco no solo en la llamada opinión pública sino también –y cada vez más– en la elite política posmoderna de distinto signo. Se trata de aquella que ya no sorprende con su ausencia de convicciones y de visión de país más allá de las encuestas y de los matinales de TV, en un contexto en que se han debilitado los muros de contención cultural a las respuestas bárbaras a las barbaridades. Pocos se atreven a impugnar la violencia constituida en ideología del orden como cimiento de popularidades efímeras. En esta lógica, el paso siguiente será una nueva degradación: la manipulación masiva de la xenofobia, de la que ya existen signos preocupantes. Según la encuesta Bicentenario 2022 de la UC, un 71% de la opinión pública cree que “hoy en Chile existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes”, al tiempo que paradójicamente solo un 7% declara haber tenido frecuentes “malas experiencias” con esos mismos inmigrantes.

Mientras, demasiada gente manifiesta hoy una absoluta ausencia de sentido de la proporcionalidad en la acción punitiva del Estado y un desprecio a la idea misma de Estado de derecho y de debido proceso ante las infracciones a la ley. Olvidan esas personas que es una garantía de preservación de la dignidad humana, incluyendo la suya propia. La ceguera punitiva y la idea de una sociedad con una supuesta delincuencia cero e inmigración cero es estimulada irresponsablemente desde los grandes medios de comunicación. El fondo del asunto es que sus dueños, la oligarquía dominante conservadora, no se resigna a aceptar la rebelión social de 2019, las evoluciones culturales globales y la existencia persistente de alternativas que impugnan su dominio ilegítimo sobre las instituciones, los medios y la economía. Es lo que quisieron hacer desaparecer hace 50 años. Y ahora se empeñan en debilitar al Gobierno del Presidente Boric con el pretexto de un supuesto desborde de la delincuencia y la mayor presencia del crimen organizado, como si esta fuera de responsabilidad de quienes gobiernan desde hace solo un año y Sebastián Piñera no hubiera estimulado la inmigración venezolana sin límites.

Esta ceguera de los grupos dominantes, con una capacidad de influir en la sociedad que ha vuelto a demostrar el 4 de septiembre de 2022, pretende impedir que la sociedad pondere suficientemente la relevancia fundamental de la democracia, del Estado de derecho y de su extensión necesaria a un Estado social. Con ello se cultiva la acumulación de confusiones en la interpretación de las diferencias y conflictos en la vida social, que entre otras cosas terminaron por provocar los hechos de 2019, y se esconde el funcionamiento inadecuado de las instituciones y de las estructuras económicas y sociales. A su vez, destaca la creciente ausencia de ideas y formulaciones sólidas en diversos grupos dirigentes, que han sido reemplazadas progresivamente por la cultura de la liquidez y la adaptación irreflexiva, y con frecuencia irresponsable, a los humores y circunstancias del día.

El problema es que, cuando se cruzan ciertos umbrales, se avanza aceleradamente a una regresión hacia una ciudadanía inexistente y al individuo inexistente en los engranajes de las estructuras de dominación. Sus promotores usuales son los que en la extrema derecha recogen sin escrúpulos la reivindicación de la violencia estatal y aprovechan la confusión discursiva y práctica de las fuerzas democráticas. Pero también hay espejos miméticos en una cierta izquierda circunscrita a consignas y banderas autosatisfactorias y en aquella que, al defender Estados agresores como el ruso y regímenes democráticamente inaceptables como el venezolano o el nicaragüense, no termina de encajar con el temperamento democrático, que es la condición de existencia y oxígeno cotidiano de toda izquierda y humanismo verdaderos. Las ambigüedades al respeto no son una apertura a la complejidad, sino a debilitar la médula de la capacidad de convencer establemente a la mayoría de la necesidad de la democracia política y social-ecológica como alternativa al desorden individualista y desigual de la sociedad de mercado.

Siempre se puede, frente a esta situación, caer en el pesimismo y la inacción. Pero también se puede pensar que hay suficientes rasgos culturales de respeto a la dignidad humana y los valores democráticos en al menos una parte del espectro político y social chileno, como para que funcionen como antídotos eficaces frente a la degradación que se respira cada vez más en el país.

La economía en la encrucijada

En La Nueva Mirada

Las perspectivas de la economía para los próximos meses siguen siendo inciertas. Puede producirse tanto un crecimiento leve como una recesión, pues la política fiscal ha expandido la inversión y el consumo público y aumentado algunas transferencias a las familias. Pero el Banco Central arriesga que se pierda lo ganado en la recuperación post pandemia por medir mal las expectativas y no bajar la TPM a tiempo, limitando el crédito a las empresas y a las personas. Por el momento, el empleo creció en los dos primeros meses del año y lo mismo ocurrió con las exportaciones de bienes, pero han emergido nuevas tensiones en el sistema financiero internacional que apuntan a un menor crecimiento global que puede afectar al de la economía chilena pero también disminuir la inflación importada. 

En lo que va de 2023, la economía sigue absorbiendo los desequilibrios originados en la fuerte expansión de la demanda interna de 2021. El proceso reciente no solo generó desequilibrios, también tuvo el mérito de producir una salida de la crisis pandémica a un ritmo muy superior al promedio mundial, a pesar de originarse en un desborde de la gobernabilidad económica durante Piñera. Se revirtió así el hecho que en la década de 2010 la economía chilena se distanció del crecimiento promedio mundial por primera vez desde 1980, con ministros de Hacienda aplicando políticas cada vez más ortodoxas.

Fuentes: Banco Central de Chile y Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database.

Recordemos que la economía es dinamizada por la demanda interna, compuesta mayoritariamente por el consumo de las familias y de los servicios de gobierno, y en menor medida por la inversión pública y privada, así como por la demanda externa, constituida por las exportaciones de bienes y servicios netas de importaciones. Un exceso de demanda agregada  sobre las capacidades de producción puede conducir a más inflación, pero ajustes por inflación importada y restricciones temporales de oferta que provocan aumentos de costos por una vez no justifican una política monetaria y fiscal restrictiva. A su vez, un déficit de demanda agregada, como el de la década hiper-ortodoxa, disminuye el crecimiento. Este es el caso cuando se mantiene una política que se centra en maximizar las utilidades de las empresas, especialmente las orientadas a la exportación, lo que aumenta la desigualdad de retribuciones entre capital y trabajo, aumenta la inestabilidad, hace operar a la economía por debajo de sus posibilidades y disminuye esas posibilidades en el largo plazo. La insuficiencia de la demanda termina por comprimir la previsión de flujos futuros de ingresos, que son la clave de las decisiones de inversión. 

 

Fuente: Banco Central de Chile.

En la coyuntura, la gran interrogante sigue siendo:  ¿es necesaria una recesión -como la que pronostica el FMI en 2023- para hacer bajar la inflación? Para esto, se debe responder a otra pregunta:  ¿la inflación se debe a un exceso de demanda interna o primordialmente a factores externos? 

Constatemos que por el momento se mantiene un cierto dinamismo productivo. En el trimestre diciembre-febrero se registró un crecimiento sobre el anterior de 0,4%. Anualizado alcanza un 1,6%, que no es boyante pero mejor que una recesión, después de caídas en los tres primeros trimestres de 2022 y una leve recuperación en el cuarto trimestre. Aunque la producción es superior a la existente al inicio de la pandemia de Covid, aún no se recupera el nivel de ocupación previo a la crisis. El retraso se expresa en que la tasa de ocupación de la población en edad de trabajar pasó de 58,2% hace tres años a 50,6% en el segundo trimestre de 2021, el momento más bajo, y a 55,8% en el registro más reciente. 

Pero hay una persistencia en la creación de empleo (este creció en el trimestre diciembre-febrero en 0,4% en términos desestacionalizados respecto al trimestre previo) que es una señal de resiliencia de la actividad frente a la política monetaria restrictiva en aplicación, pero su evolución futura es incierta precisamente por la persistencia de esa política, que busca actuar sobre el brote inflacionario iniciado en el segundo semestre de 2021. 

En ritmo anual, la inflación siguió su curso descendente y pasó de 12,3% en enero a 11,9% en febrero y a 11,1% en marzo. El peor mes fue el de agosto de 2022, con un 14,1 % de inflación anual, por los efectos de los desajustes globales de oferta y demanda en la salida de la pandemia y luego por la guerra de Ucrania, que disparó entre marzo y agosto los precios internacionales de la energía y los alimentos. El hecho es que estos precios han tendido a bajar desde entonces, con altibajos, atenuando la inflación doméstica. Son bienes que ostentan precios internos determinados de manera más o menos inmediata por el valor internacional de sus insumos y por el tipo de cambio peso/dólar. Son los que causaron el grueso del brote inflacionario ocurrido desde principios de 2021, lo que ha sido subestimado sistemáticamente por un Banco Central que insiste en la idea de un exceso de demanda interna.

El  IPC sin alimentos y energía, la llamada inflación subyacente, registró un aumento de 1,4% en marzo, un mal dato que incidió en el IPC mensual de 1,1%.  Este índice subió de 8,6%, a 9,1% y a 9,4% anual en los tres últimos meses registrados, fruto de los impactos “de segunda vuelta” frente al incremento de los precios de insumos básicos como los combustibles, que se difunden en la economía con más lentitud que los de los bienes de consumo directamente importados. Lo propio ocurrió con la inflación de bienes no transables internacionalmente, que sigue una evolución muy similar al IPC subyacente SAE (sin alimentos y energía), como se observa en el gráfico. Este dato es el que subraya el Banco Central para negarse a bajar la tasa. 

En cambio, los alimentos subieron sus precios promedio en febrero en solo 0,4%, mientras los del transporte bajaron en -0,7%.  Lo nuevo es que en los precios de algunos servicios, que habían experimentado una inflación menos intensa, incluso con bajas en el sector de las comunicaciones, la situación cambió drásticamente en marzo. En el caso de la educación, se registró un incremento de precios de nada menos que 10,8% en un solo mes, lo mismo que todo lo acumulado desde enero de 2021. Este ha sido un caso excepcional, junto al 2,2% de cultura y recreación, pues otros servicios en marzo bajaron sus precios, como las comunicaciones (-0,1%), o bien los aumentaron más levemente, como la salud (0,2%), restaurantes y hoteles (0,5%) y la vivienda y servicios básicos (0,7%). Los servicios de educación no reajustarán sus precios en los meses siguientes, por lo que este factor dejará de presionar el IPC. Debiera, en todo caso, producirse una vigilancia de la competencia en este sector por la Fiscalía Nacional Económica, que en general brilla por su ausencia, pues se trata de aumentos desmedidos. Lo propio ocurre en otros sectores, en los que los márgenes han aumentado, dados los resultados en materia de utilidades de las principales empresas. El caso más notorio es el de las empresas de electricidad, con utilidades que aumentaron en 210% en 2022. 

Mantener el horizonte de inflación en 3% en 24 meses es una política razonable, aunque una meta de 4% sería más pertinente para permitir ajustes de precios relativos con cierta holgura sin gatillar políticas restrictivas, siempre en la perspectiva de mantener una demanda interna dinámica. Este es exactamente el escenario con los datos de hoy pronosticado por el Banco Central: "las proyecciones de este IPoM indican que, en el escenario central, la inflación total seguirá reduciéndose en los próximos trimestres y convergerá a la meta de 3% en la última parte de 2024. La inflación finalizará 2023 en 4,6% anual". Por ello, no se justifica mantener una política monetaria tan restrictiva como la actual, con cálculos dudosos sobre las expectativas de inflación futura por parte de los agentes económicos. 

La insistencia del consejo del Banco Central en querer disminuir sustancialmente el consumo, para lo que se requiere entre otras cosas aumentar el desempleo con la ayuda de la política monetaria y provocar una recesión, es una recomendación de política a la que es difícil encontrarle algún fundamento analítico o empírico consistente. Se observa cada vez menos en las economías actuales una relación de signo inverso entre aceleración de la inflación y bajas en la tasa desempleo y por tanto aumentos del consumo (la llamada curva de Phillips). En Chile, coexisten años de aceleración de la inflación con alto desempleo y otros de menos inflación y también alto desempleo (ver el gráfico). Lo propio ocurre con la relación simple entre inflación y desempleo, que parece permanecer en una situación inversa en las grandes economías, pero con menos intensidad, con una curva más plana que en el pasado.

 

Fuente: a partir de INE.

El incremento temprano y desmedido de las tasas de interés no ha influido sobre la inflación importada, porque no tiene como hacerlo, ni tampoco afectado aún demasiado el empleo, como es su voluntad por una interpretación ortodoxa de la Curva de Phillips, pero si lo ha hecho de manera significativa en materia de inversión. Según el propio Banco Central, "muestra un débil desempeño desde hace varios trimestres", pues "el nivel de la formación bruta de capital fijo se mantiene estancado desde mediados de 2021", lo que "es coherente con un escenario en que el costo del crédito aumentó; las expectativas de los empresarios se deterioraron; y la incertidumbre político-económica local fue elevada". En el caso de los dos primeros elementos (costo del crédito y expectativas) la equivocada política del Banco Central es la que ha tenido la principal responsabilidad en el deterioro de la inversión, mientras su apreciación sobre la "incertidumbre político-económica local" es a lo menos discutible. Convengamos que no es exactamente su especialidad. 

El fondo del asunto es que no hay evidencia sobre un "exceso de gasto” (dicho sea de paso, muchos bancos centrales tienden a subestimar los márgenes de expansión no inflacionaria del gasto por las metodologías de medición que utilizan), lo que desde luego no es el caso de la inversión. Hubo un fuerte incremento de la demanda interna en 2021, pero no dificultades persistentes de suministro o cuellos de botella productivos. Al contrario, la reactividad de la oferta ante aumentos de demanda es una característica de buena parte de la economía chilena actual, en especial los servicios. 

Asimismo, se ha corregido el desequilibrio externo (expresado en la cuenta corriente de la balanza de pagos), que experimentó fuertes incrementos en los pagos al exterior por servicios y por remesas de utilidades de las empresas mineras, además de un incremento desmedido de las importaciones de 53% en 2021, el que bajó a 12% en 2022. Según el propio Banco Central, "en el último trimestre de 2022, el déficit de la cuenta corriente tuvo un descenso relevante y los datos parciales del primer trimestre de este año apuntan a que el déficit externo seguiría reduciéndose". El financiamiento del déficit ha estado asegurado por el buen comportamiento de la inversión extranjera y de la inversión de cartera que ingresa a Chile y en un tercio por el uso de reservas.

Seguir bajando la inflación no requiere provocar una crisis mayor. No obstante, el consejo del Banco Central sigue buscando equivocadamente precipitar una sustancial baja en el consumo, con la consecuencia de llevar la economía a una recesión y una crisis de desempleo. Es de esperar que la política de gobierno no haga un seguidismo con ese enfoque y mantenga una política fiscal expansiva.

Sobre la inseguridad y la concentración del ingreso

 En El Mostrador

Nuestro país se ha visto envuelto de manera insólita y obsesiva en el tema de la seguridad. La muerte lamentable de tres carabineros en actos de servicio en lo que va de abril parece tener un significado muy distinto que otras muertes, como el fallecimiento diario del orden de diez personas por COVID, o que se produzcan 4.500 defunciones cada año porque un 60% de la población está expuesta a concentraciones de material particulado superiores a lo permitido, o que unas 600 mil personas padezcan subalimentación (hambre persistente), conducente a muertes prematuras.

La esfera pública está sometida a la máquina mediática de fabricar temor a la delincuencia, que paraliza y excluye casi todo lo demás. Una mayoría está convencida de que “el país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico”, lo que es falso. En respuesta, las autoridades discurren cotidianamente sobre “la crisis de seguridad”, lo que será de nunca acabar. Delitos se cometen todos los días y ocurrirá incluso cuando las policías aumenten su eficiencia y se controle todo el crimen organizado y bajen todos los índices de delincuencia.

Entretanto, nadie menciona demasiado que mientras en 2022 el ingreso nacional real creció en 1,5%, las empresas que entregan resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (550) obtuvieron un incremento anual de sus beneficios de 49%. Sumaron 45,9 mil millones de dólares, con 10 empresas que concentran un 51% de esas ganancias. Estas constituyen el corazón de la oligarquía económica chilena. Dos pertenecen al sector de materias primas y dos al financiero. Quiñenco y Antofagasta PLC, del grupo Luksic, dueño de un canal de TV, sumaron ganancias por 5,7 mil millones de dólares. SQM, tras el boom del precio del litio en 2022, consiguió beneficios por 3,9 mil millones de dólares, un alza de 567%. Las empresas del grupo Matte sumaron utilidades por 2,2 mil millones y AntarChile, de la familia Angelini, obtuvo utilidades por 924 millones de dólares. El sector eléctrico fue el que ostentó el mayor aumento de ganancias, nada menos que un 210%, y sumó 2,9 mil millones de dólares, lo que revela que el sistema tarifario no está repercutiendo como debiera en las bajas de costos de producción sobre el consumidor.

No es de extrañar, entonces, que las 30 empresas del IPSA hayan subido su valor en bolsa en 128% en 2022. En contraste, los salarios reales cayeron en -1,8%. Cuando han crecido en años previos, ha sido a un menor ritmo que el del ingreso nacional. Como resultado, la mitad de los ocupados ganaba menos de 528 mil pesos en 2021, el dato más reciente del INE. Vale la pena recordar lo dicho por Warren Buffett en 2014: "Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando".

El problema no es que se remunere el capital invertido, es la magnitud de esa remuneración en contraste con la del trabajo. Y más aún cuando se trata de sobreutilidades por la apropiación privada de rentas de escasez (recursos no renovables) o de monopolio, lo que se agrava con la negativa tanto a pagar impuestos suficientes (SQM debe 745 millones de dólares de regalía por el litio que sostiene no le corresponde pagar) como a terminar con las rentas de monopolio y respetar con rigor las reglas laborales y ambientales. Así, “la desigualdad factorial” en la retribución del capital y del trabajo sigue aumentando. El aumento de la regalía minera sigue sin avanzar y no se legisla sobre negociación colectiva supraempresa. Mientras, sigue bloqueada la posibilidad de disminuir “la desigualdad de las familias”, que se puede aminorar a través de impuestos progresivos y transferencias, pues la derecha y sus aliados en el Parlamento se niegan siquiera a la posibilidad de legislar en la materia.

Tampoco hay un mayor debate sobre los cambios estructurales en curso. Citemos al economista Daren Acemoglu: "El poder predictivo de los algoritmos se podría usar para servir a la gente en vez de reemplazarla. Por desgracia, nadie presta atención a estas oportunidades, porque la mayoría de los directivos de empresas tecnológicas estadounidenses siguen apostando al desarrollo de software que pueda reemplazar a los humanos en tareas que estos ya hacen bien. Saben que podrán ganar dinero fácilmente vendiendo esos productos a corporaciones que han desarrollado una visión de túnel. Todo el mundo está enfocado en aprovechar la IA para reducir costos laborales, y a nadie le interesan ni la experiencia inmediata de los clientes ni el futuro del poder adquisitivo de la gente".

Si esto es así, la defensa de una mayor seguridad para el mundo del trabajo y de la cultura parece estar más que vigente, y debiera alimentar la agenda pública. ¿O dejó de tener sentido un Estado social que contribuya a que el trabajo sea decente, creativo y protegido y que la negociación colectiva de los salarios permita una mejor distribución del excedente económico entre capital y trabajo? ¿Y que las tarifas y precios no abusen de los consumidores? ¿Y que se socialice una parte de ese excedente para el financiamiento de más bienes públicos de uso colectivo, una mejor cobertura de los riesgos de enfermedad, desempleo y vejez sin ingresos y más redistribuciones al margen del mercado? Establecer una tributación progresiva, financiar y gestionar mejor los servicios estatales y expandir la inversión pública para avanzar en diversificación productiva, ciudades y territorios sostenibles e infraestructuras para la resiliencia ambiental crearían, además, condiciones macroeconómicas más favorables para aumentar la prosperidad colectiva, el pleno empleo y la estabilidad de precios, contrariamente a la leyenda neoliberal. La concentración del ingreso en los poseedores de capital no crea una demanda efectiva suficiente para dinamizar la economía ni menos aumenta la productividad.

¿Conclusión? La inercia del dominio oligárquico considerado como un hecho natural y de un Estado militar-policial reforzado es una respuesta posible a los desafíos del país. Pero hay otras, como las propias de un Estado democrático y social de derecho. El poder oligárquico busca bloquear en todo lo que pueda los cambios constitucionales y circunscribir el espacio público al tema de la inseguridad. Aunque no para hablar de sus causas, como la desigualdad y la globalización del crimen organizado, sino de sus manifestaciones más sensibles, cuando no truculentas. El problema es que es una ilusión pensar que las dinámicas concentradoras, que son la fuente principal de inseguridad estructural en la sociedad, van a dejar de producir sus efectos polarizadores simplemente porque no se hable de ellas.

Sobre el orden público y la legislación de matinal

En El Mostrador

El número de denuncias de delitos de mayor connotación social por cada 100 mil habitantes cayó en un 42,4% entre 2012 y 2022, según los datos recopilados por la consultora Unholster. Esto quiere decir que no hay un desborde de la delincuencia, por doloroso e inquietante que sea cada caso producido para las víctimas y sus entornos. En cambio, el número de homicidios pasó de 824 en el año 2004 a 2.795 casos en 2020 y bajó a 2.427 en el año 2021, de acuerdo a los datos del Ministerio Público. La información de la Subsecretaría de Prevención del Delito indica 934 casos para 2022 y que la tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes pasó de 2,8 en 2012 a 4,7 el año pasado.

Este significativo incremento de las muertes violentas es en parte atribuible a una nueva situación, la que ha corroído a otros países de América Latina: los ajustes de cuentas entre mafias organizadas que pugnan de manera sangrienta por controlar los territorios y circuitos del narcotráfico y la economía ilegal y sus ganancias. Aunque Chile no sea un productor ni exportador significativo de drogas, esta nueva situación debe atacarse adecuando a las policías sobre nuevas bases tecnológicas y de inteligencia. Esto es indispensable para avanzar en el objetivo de desmantelar la gran amenaza que es el crimen organizado, que requiere de una mucho mayor eficiencia y contundencia policial. El actual Gobierno está ayudando a incrementarla, lo que ya se observa en mejores resultados en diversos casos, sin olvidar que su complemento indispensable es la policía de proximidad, la que interactúa con los vecinos, los municipios y las entidades públicas de distinta índole para aumentar la seguridad humana en todos los rincones del territorio.

Esto no tiene nada que ver con introducir impunidad en el uso indebido de armas de servicio, como ha sido la respuesta de aquella parte del sistema mediático y político propenso al alarmismo y al uso político y electoral de la delincuencia. Las policías no deben ceder a cantos de sirena y cumplir su tarea siempre en el marco de la legalidad, lo que implica mantener un uso reglamentado y proporcional de las armas de fuego que la ciudadanía pone a su disposición, incluyendo el que se despliega para su legítima defensa en situaciones críticas. No se debe ceder ante el populismo penal impulsado por los matinales de televisión en busca de audiencia ni ante la presión por desresponsabilizar a los agentes públicos en el uso de armas de fuego. Esto tiene como horizonte la conformación de un Estado militar-policial violento y descontrolado, un remedio mucho peor que la enfermedad.

No deben olvidarse algunas situaciones de fondo en materia de seguridad. Carabineros, que es una institución con 60 mil miembros dotada de armamento suficiente y con un alto presupuesto, mantiene un aprecio colectivo por su rol de protección y ayuda a la población en todo el territorio y por su función auxiliar de la justicia. Pero enfrenta dos serios problemas frente a la sociedad.

El primero de ellos es que en Carabineros –y en alguna medida en la PDI– se realizó por largo tiempo un desfalco sistemático de recursos públicos organizado por altos oficiales, hoy perseguidos por la justicia, que es el de mayor envergadura en la historia de Chile. Esto no hace de este cuerpo una institución ejemplar en la materia en el pasado reciente. Para recuperar su pleno prestigio ante la ciudadanía y su rol en el orden democrático, debe terminar con una cierta cultura interna de no responder ante nadie por sus actos, incluyendo en algunos casos, como se ha visto, ilegalidades. Debe, en cambio, ampliarse una cultura de mayor convivencia con la rendición de cuentas ante la sociedad, la superioridad civil y los órganos contralores y de administración de justicia. Carabineros debe reformar en profundidad sus métodos de gestión y el control del uso de los recursos presupuestarios puestos a su disposición por la ciudadanía, además de acentuar la equidad de la distribución de sus recursos humanos y materiales en el territorio. La aguda demanda social de lucha inmediata contra la delincuencia no debe ser una excusa para dilatar o no realizar estas reformas indispensables.

El segundo problema es el de las violencias policiales (y militares, en su caso). Estas fueron generalizadas en el proceso de la rebelión social de 2019 y meses y años siguientes, con centenares de lesionados por la fuerza pública. Esto se tradujo en un maltrato generalizado a los miles de detenidos, incluyendo agresiones a mujeres, y la grave situación de daño a personas que terminaron con lesiones oculares irreparables por disparos de balines de goma y disparos horizontales de bombas lacrimógenas al rostro realizados por oficiales (lo que pude observar personalmente en la calle).

Se trata de delitos cometidos por quienes tienen el deber de proteger a los ciudadanos, incluso cuando se manifiestan, y no de perseguirlos, agredirlos o lastimarlos gravemente. Las policías (y los militares en los Estados de Excepción) deben ser un factor de control y no de ampliación de los desórdenes públicos. Las fuerzas del orden deben actuar a tiempo, lo que no siempre hacen, y simultáneamente autocontenerse. Si responden con violencia indebida, su rol pierde la legitimidad que requiere el control de las destrucciones de bienes públicos y de personas. Deben modificarse los conceptos que presiden la acción del personal de resguardo del orden público, sin olvidar nunca que el derecho a manifestarse es una garantía constitucional.

Por su parte, la retórica de violencia contra Carabineros, cuyo emblema es el "perro matapacos", es inapropiada, indefendible y nunca debe ser aceptada por ninguna fuerza política responsable. Los que la adoptaron frívolamente en algún momento debieran, como ha instado el Presidente Boric, revisar su sentido democrático y humanitario. Manifestarse y/o condenar las violencias policiales es una cosa, insinuar simpatías por matar a miembros de una institución pública es otra muy distinta. Se trata de personas que deben gozar del mismo derecho a la integridad y dignidad que cualquier otra. Y menos debe tolerarse bajo ninguna circunstancia la violencia delincuencial contra las fuerzas del orden público y los asesinatos de uniformados. Tampoco debe tolerarse de modo alguno que el derecho a manifestarse se transforme en sinónimo de agresiones a personas con o sin uniforme y destrucciones violentas de bienes comunes.

Así, el cambio de enfoque de Carabineros en la contención de los desórdenes públicos y la presión social de los que legítimamente se manifiestan sobre los que realizan destrucciones y violencias con el pretexto de manifestarse, se pueden combinar de manera virtuosa y cambiar la degradación de la situación en las calles desde 2019, lo que en alguna medida ya viene ocurriendo.

Los problemas descritos deben abordarse con la urgencia requerida. Pero nunca se debe abandonar el trabajo sistémico sobre las causas de la delincuencia. Estas son económico-sociales (ausencia de oportunidades laborales decentes y de inserción creativa en la vida activa, con 428 mil jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni están ocupados en febrero de 2023, según el INE) y psicoculturales (individualismo negativo, degradación del respeto a las normas de convivencia, culto del matonaje y de la violencia, desvalorización del trabajo honesto como medio de vida y su mejoría como horizonte de cambio individual y social). Actuar sobre ellas en todos los ámbitos de la sociedad y por todos sus actores es lo que al final de cuentas logrará hacer retroceder la delincuencia, junto a una actuación policial y judicial apropiada.

La elección del 7 de mayo

 En El Mostrador

A poco más de un mes de la elección de consejeros constituyentes, no se observa en el país una mayor motivación en la materia. El desgaste de la temática constituyente ha sido importante desde la secuencia de la rebelión social de 2019, el plebiscito habilitante de octubre de 2020, la elección de convencionales de mayo de 2021 y, finalmente, el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, que terminó frustrando los procesos previos.

El acuerdo político de diciembre de 2022 relanzó el proceso, pero supuso la recuperación del poder constituyente por el Congreso, contrariamente al pronunciamiento ciudadano mayoritario en sentido contrario de 2020. En este espacio institucional se expresa en plenitud el peso de la derecha en el uso de los vetos derivados de los altos quórums existentes para la aprobación de normas constitucionales. Este sector impuso un sistema de elección que, como espejo del que elige a los senadores, limita severamente la proporcionalidad de la representación y establece una gran desigualdad del voto. Penalizar a la ciudadanía de las regiones más pobladas constituye una evidente anomalía democrática.

Se establecieron, además, limitaciones a la potestad de la instancia que será elegida el 7 de mayo próximo notoriamente impropias. Los representantes que resulten elegidos se encontrarán con temas que no podrán discutir y con un borrador hecho por “expertos”, en realidad representantes políticos de la derecha y la centroizquierda e izquierda nombrados por el Congreso. Estos podrán incluso observar articulados y participar en votaciones que diriman discrepancias.

Era todo eso o nada. De este modo, solo el voto obligatorio podrá salvar al nuevo proceso constituyente de una indiferencia generalizada.

Ante la imposibilidad de conformar una lista que agrupara a todas las fuerzas distintas a la derecha, como hubiera deseado el Gobierno, las izquierdas –agrupadas en una lista del PS y liberales más Apruebo Dignidad (Frente Amplio, PC, FREVS y Acción Humanista)– probablemente habrán de señalarle a la lista autodenominada de centro –compuesta por participantes de la coalición de gobierno como el PPD y el PR y un partido que, como el PDC, no forma parte de él– que sus votos en muchos casos favorecerán la elección de más constituyentes de derecha. Esto resulta de la mecánica del poco proporcional sistema electoral del Senado adoptado para este evento (cifra repartidora con pocos escaños a elegir, en este caso de 2 a 5 según las regiones).

Es posible que los partidarios del Gobierno deban señalarle que puede volver a producirse un voto de castigo en su contra, especialmente por los temas de orden público y la ausencia de iniciativas sociales de envergadura. Promoverán seguramente una narrativa sobre seguridad que resalte los parámetros de acción que no estén al vaivén de los episodios delincuenciales, repercutidos hasta la saciedad por los grandes medios de comunicación y que por desgracia siempre se producirán (la cero delincuencia no existe). Seguirle la corriente al populismo penal no hace sino favorecer a la derecha, pues ese es su terreno.

Y posiblemente los partidarios del Gobierno plantearán la necesidad de más impulsos sociales que se agreguen a los ya logrados. Entre estos se cuenta el avance del proyecto de reducción progresiva de la jornada laboral de 45 a 40 horas y la aprobación del aumento del bono marzo y de la asignación familiar. Y también, asociados al universo que recibe esta última, los subsidios temporales a los precios de los alimentos a través de una tarjeta de compras electrónica. Este es un innovador mecanismo que debiera transformarse en un método permanente de devolución del IVA de productos básicos y medicamentos a los grupos de ingresos medios y bajos. Una mayor provisión de bienes públicos en urbanismo integrador y seguridad, un aumento progresivo de la pensión universal, de los subsidios familiares y a la vivienda, combinado con un nuevo plan de apoyo al cuidado de personas, podría terminar de configurar un sistema de redistribución justa de cierta envergadura que avanzaría en la disminución de las enormes desigualdades de ingresos y de bienestar existentes en nuestra sociedad. Esa envergadura será menor a la que podía concebirse antes del rechazo de la reforma tributaria, pero podrá tener niveles iniciales que tengan un impacto en la condición de vida de la mayoría. Y que generen una aprobación social que facilite nuevos cambios tributarios progresivos en el futuro próximo.

El Gobierno debiera, además, dar un fuerte impulso a una política del litio que recupere este recurso para el país, en vez de dejar su extracción y ganancias principales en manos de empresas privadas como SQM, que se ha permitido interferir de manera ilegal en las decisiones del sistema político y en las campañas electorales. Sus contratos de explotación en el Salar de Atacama no debieran ser renovados y ser puestos en manos de una entidad pública.

También debe fortalecerse Codelco y el cobro de regalías sustanciales a la minería privada, ampliando la capacidad recaudatoria antes que vaciando de contenido el proyecto de ley en tramitación. La nueva legislación debe incluir tasas muy altas sobre las ventas –eliminadas en el Senado– cuando se supere un umbral de precios del cobre, como estableció el proyecto aprobado en la Cámara. Centrar la regalía en los márgenes operacionales se presta para la elusión del pago, pues depende de información proporcionada por las empresas. La necesidad de una legislación seria sobre regalías no es arbitraria: todas las proyecciones indican un nuevo ciclo largo de altos precios del cobre.

Esta renta no tiene por qué seguir siendo regalada a inversionistas privados. Si esos recursos pertenecen a la colectividad, lo que es el caso desde 1971, es esta la que debe recibir su valor económico. Hacer otra cosa no sería congruente con cualquier idea de mayor progreso social y de retención nacional de la renta en las coyunturas de altos precios de los recursos naturales no renovables. Sin esto, la propia noción de Estado democrático y social de derecho carece de mayor sentido.