Un Banco Central a la deriva

En El Mostrador

En la actualidad tenemos probablemente el Consejo del Banco Central más partisano y sesgado en sus análisis desde 1990. ¿Qué se puede pensar de una afirmación como la del comunicado de su Consejo del 26 de enero?: "La inflación mundial ha disminuido en el margen, principalmente asociado a los menores precios de la energía. No obstante, la inflación persiste en niveles elevados y las presiones inflacionarias continúan siendo importantes".

Resulta que en diciembre se completaron en Estados Unidos 6 meses de caída del ritmo anual de inflación y el índice de precios de diciembre cayó en términos absolutos por primera vez en dos años. En la zona Euro, la inflación anual bajó en diciembre por segundo mes consecutivo. En China, la inflación no varió en diciembre y permanece en 2% anual. Y los precios que han bajado no son solo los de los combustibles, pues el índice de precios de los alimentos de la FAO cayó en diciembre en -1,9%, el noveno descenso mensual consecutivo, y es un -1,0% inferior al de hace un año, antes de iniciarse la invasión a Ucrania.

Una apreciación más razonable de la situación norteamericana e internacional es la de Susan Collins, presidenta de la Federal Reserve Bank of Boston: "Sigo viendo resiliencia en la economía y eso me hace optimista sobre una senda de reducción de la inflación sin una desaceleración significativa”. Los datos de inflación reseñados y los de PIB de Estados Unidos y Europa así lo confirman. Para el Banco Central de Chile, en cambio, en materia externa "las perspectivas de crecimiento para 2023 se mantienen débiles, aun cuando muestran un acotado ajuste al alza". En todo caso, este sería un factor de disminución de las presiones inflacionarias y no lo contrario.

Pero lo más desconcertante es la apreciación sobre la situación interna: "La inflación sigue siendo muy elevada". Una disminución del ritmo anual desde 14,1% en agosto a 12,8% en diciembre y un índice que creció solo 0,3% en diciembre no es suficiente evidencia aún para una proyección estable. Pero esta inflación mensual es la más baja desde febrero de 2022, justo antes de los efectos de la invasión a Ucrania. De confirmarse como tendencia, más allá de oscilaciones puntuales al alza, situaría la inflación bastante cerca del rango meta de 3% a 24 meses.

La pregunta clave es: ¿tiene una tendencia de este tipo alguna probabilidad significativa de mantenerse? Así se deduce del propio comunicado del Consejo:

1) "El tipo de cambio se apreció en torno a 8%, algo más que monedas comparables. Las implicancias macroeconómicas de la reciente apreciación del peso deberán ser evaluadas en el próximo IPoM". Un alivio notorio de las presiones inflacionarias importadas (que constituyen el grueso del problema) ¡queda para posterior análisis! Vaya uno a entender. Por el momento, el precio del cobre sube y el tipo de cambio sigue devaluándose, aliviando todavía más la inflación importada.

2) "Las condiciones de oferta permanecen restrictivas y la demanda ha seguido debilitándose", mientras "en el mercado laboral se sigue observando una baja creación de empleo y descensos en la variación anual de los salarios reales. Todo lo anterior se da en un contexto en que las expectativas de consumidores y empresarios persisten en niveles pesimistas". Nada de eso constituye, como se podrá observar, presión inflacionaria alguna.

Pero la insólita conclusión es que "las expectativas de inflación a dos años plazo continúan por sobre 3%". Esta es una afirmación totalmente subjetiva, sin ninguna evidencia seria que la justifique. Lo que ha ocurrido es que la inflación se ha moderado desde agosto porque lo han hecho precios internacionales claves como los de los alimentos y el petróleo, mientras el dato de PIB desestacionalizado del tercer trimestre muestra una caída anualizada de la producción de -4,9%. Esto es grave, muy grave. La caída del sector de la construcción es totalmente atribuible al aumento excesivo de tasas de interés por el Banco Central, a pesar de las políticas paliativas del Gobierno.

Más preocupante es todavía la conclusión según la cual "la convergencia a la meta de 3% aún está sujeta a riesgos" y que por eso se mantendrá la TPM en 11,25%. Es evidente que toda economía, y especialmente una pequeña y abierta como la chilena, está sujeta a riesgos. El ejercicio a realizar es ponderarlos adecuadamente y proteger a la población de la inflación, pero sin provocar destrozos mayúsculos en la producción y el empleo. Frente a esta perspectiva, el Consejo del Banco Central parece permanecer en completa indiferencia. Nunca debió haber llevado la Tasa de Política Monetaria a ese nivel y debiera disminuirla a la brevedad.

Mientras, el Consejo del Banco Central sigue mostrando una inexplicable intención expresa de provocar una recesión en 2023. Pero esta política no puede sino ser calificada de inútil. Contrariamente a lo que señala su cuestionable modelización, el brote inflacionario de 2022 es esencialmente de origen importado y está en retirada. Y es una política muy peligrosa, pues es de aquellas que se sabe cómo provocan una crisis económica, pero bastante menos cómo se sale de ella, dejando una estela de destrucciones productivas y de pérdidas de empleo, respecto de las cuales, por lo demás, después nadie responde.

Los dilemas de las coaliciones

En La Mirada Semanal

Frente a la elección por voto obligatorio de los integrantes del Consejo Constitucional el 7 de mayo próximo, tiene razón el gobierno al afirmar su preferencia por una sola lista de los partidos que lo apoyan, y que incluso esa lista incorpore a la DC. Mientras, las coaliciones de gobierno deben adoptar definiciones que serán cruciales para su futuro.

La lista única tiene el fundamento político de ofrecer un arco amplio de unidad y también el fundamento electoral de elegir el máximo de consejeros constitucionales, dado que la cifra repartidora favorece a las listas más votadas. Pero el PPD ha decidido que ser parte de esa lista unitaria le implicaría costos (“la lista del indulto”). Esto ocurre a pesar que la jefa política del gabinete es desde septiembre de 2022 la ministra del Interior Carolina Tohá, figura de ese partido. El PPD ha decidido privilegiar una alianza ideológica con fuerzas de centro como la DC, que no forma parte del gobierno, y los radicales y liberales. Su diseño es diferenciarse del bloque Apruebo Dignidad.

A los que les gusta mirar por dónde sigue rondando el añoso fantasma del comunismo, cabe señalarles que Apruebo Dignidad no es una coalición alineada con el PC, como al parecer pretenden diagnosticar la DC y el PPD. El PC ha sido, más bien, el que está alineado con las políticas de gobierno, las buenas y las no tan buenas. No obstante, le haría bien a ese partido encaminar su postura internacional hacia el no alineamiento activo y consolidar la defensa común de la alianza de gobierno de las democracias y los derechos humanos en todas partes. Esto no impide mantener el rechazo que merece la política norteamericana de intervención y de bloqueos. Pero la democracia y los derechos humanos son instituciones y valores que son acervos de los humanismos del mundo y, por tanto, de la izquierda chilena. Considerar esto sería muy útil para una nueva síntesis que fundamente una alternativa progresista de gobierno de largo plazo en Chile, inserta en las luchas sociales, culturales, territoriales y ecológicas de amplio espectro que se libran en el país y con un proyecto democrático autónomo y de orientación latinoamericanista. Lo contrario haría muy difícil esa síntesis.

Mientras, de persistir la definición del PPD, el Partido Socialista tiene también que tomar una decisión clave. La lógica indica que debiera ser parte de una lista de partidos de gobierno, considerando su participación relevante en la actual administración que incluye un rol decisivo tanto en la coordinación política, las relaciones exteriores y la defensa como en la gestión de la economía. Y dejar de lado la alta beligerancia contra el Frente Amplio de algunos de sus senadores, probablemente motivada por una especie de diagnóstico de desplazamiento generacional en los territorios y administraciones que algunos en esa agrupación mantienen como su identidad básica y que provoca la irritación del resto por su inconsistencia.

Que el PS se sume a la lista de centro que promueve el PPD será invocado por los que defienden un supuesto “eje histórico DC-PS“. Esto tiene dos problemas. Primero, la DC no quiere formar parte del gobierno y rechaza toda alianza con la coalición del presidente Boric, mientras el PS se ha comprometido con ella y a darle sustento al presidente. Si se debilita al gobierno y su alianza, no es posible avanzar en transformaciones y cerrarle el paso a la ultraderecha en 2025. Segundo, el “eje histórico” de la DC con el PS no es tal. Desde luego no existió entre 1989 y 2008, pues después del apoyo desde la DC al PC a Patricio Aylwin en 1989, el PS siempre compitió con la DC en materia presidencial, en primarias o en primera vuelta, y lo hizo desde 1989 en materia parlamentaria y desde 1992 en materia de sub-pactos de concejales. El PS nunca dejó de ser alternativa a la DC en las elecciones presidenciales, de concejales y de parlamentarios, aunque se sumara fuerzas contra la derecha. Solo no compitió con la DC en las elecciones de alcalde por la ausencia de segunda vuelta. Eso es lo que explica que Ricardo Lagos y Michelle Bachelet llegaran a ser presidentes de Chile, pues tenían detrás una fuerza política de apoyo que luchó por hacer avanzar sus ideas en la sociedad. Lo que hubo, en cambio, fue una coalición de gobierno para una etapa entre fuerzas distintas. Esta lógica de “vías paralelas en competencia regulada” se mantuvo durante veinte años. De paso, este esquema preservó mayorías amplias y una coalición con capacidad de gobernar, pero sin que el PS renunciara a construir una fuerza transformadora capaz de correr progresivamente las fronteras de lo que se entiende como posible.

Ninguna de esas cosas fueron fáciles de hacer y requirieron de mucho trabajo y persistencia estratégica, pues la acción política es siempre lucha por determinados objetivos. Pero nada dura eternamente y esa fórmula de gobernabilidad con competencia regulada fue interrumpida por la política disruptiva del grupo de poder que condujo el PS desde 2005. Por razones de cálculo electoral menor y falta de convicción estratégica, las conducciones socialistas privilegiaron a partir de la elección municipal de 2008 alianzas electorales con la DC, las que hasta esa fecha se habían circunscrito estrictamente al PPD y el Partido Radical en el marco de la idea de un “bloque progresista”. Además, se terminó por poner al primer gobierno de Michelle Bachelet en minoría, cuando por primera vez la coalición de gobierno disponía de mayoría simple en el parlamento. Esto ocurrió por el apoyo a rupturas en el PPD, en la DC y el propio PS, con una gestión autoritaria del emergente fenómeno de los “díscolos” de distinto signo. En vez de asumir que se expresaba la fatiga de la coalición de centroizquierda frente a la evolución de la sociedad, el liderazgo burocrático del PS fue restringiendo su convocatoria política y hacia el mundo popular y de los jóvenes, lo que facilitó la primera victoria de la derecha después de veinte años en 2010.

Pero, a la postre, fue la propia DC, o su sector conservador predominante, la que terminó por boicotear la coalición de centro e izquierda por dentro –en alianza con el neoliberalismo PPD y de otros sectores- durante el gobierno de Bachelet II, que había ampliado su alianza hacia el PC y permitido desplazar a la derecha del gobierno. La imposibilidad de una mayor coherencia política para cumplir con las promesas de cambio culminó con el descrédito de la DC y de la izquierda tradicional y el retorno de la derecha a La Moneda por segunda vez en 2018.

En una mirada retrospectiva, una cosa fue la necesidad de juntar fuerzas para salir de la dictadura y luego dar un sustento amplio a gobiernos de figuras progresistas en las nuevas circunstancias de Chile del siglo XXI, y otra muy distinta fue dejar de construir una fuerza propia programáticamente autónoma. Se terminó renunciando al proyecto histórico del socialismo chileno en aras de administrar beneficios clientelares en los órganos del Estado. Dejó de ser central la lucha por terminar con el veto oligárquico en las instituciones (“fumar opio”) y con las desigualdades sociales inaceptables. El acomodo a las situaciones de poder llevó al PS -y mucho antes a buena parte del PDC, el PPD y el PR-  a dejar de lado la prioridad de luchar con persistencia por una democracia soberana y por más justicia social, acompañada ahora por la defensa de la sustentabilidad ambiental.

Este proyecto transformador no es compatible con la connivencia con el capitalismo oligárquico vigente, aunque sí requiere de mercados regulados en economías mixtas, es decir de un “Estado democrático y social de derecho“. Al virar al centro y al acomodo con el Estado mínimo neoliberal, simbolizado por el apoyo a un ministro de Hacienda opuesto a reformas tributarias y laborales como Andrés Velasco, el PS abrió el camino a la emergencia de una nueva fuerza política a su izquierda. Esta nació de las luchas de 2006 y 2011 por una educación inclusiva, una de las grandes demandas de la sociedad. La nueva fuerza generacional terminó meritoriamente por gobernar, al constituirse en una mejor alternativa frente a la derecha que la izquierda tradicional o un centro sin norte.

Hoy el PS tiene la oportunidad de dejar de lado sus pasadas derivas y ser parte de una coalición de izquierda amplia y plural en construcción. Esto supone pagar costos -como la derrota del proyecto constitucional de 2022- dada una conducción política que no posee aún una experiencia suficiente y poco sentido estratégico, lo que la lleva a ensayar divertimentos con poco sentido y cometer múltiples errores. Pero de la consolidación de esa nueva coalición depende nada menos que el avance en las transformaciones democráticas e igualitarias que siguen siendo indispensables en el país. Y también evitar un futuro dominado por la ultraderecha.

Si no hay una lista única de gobierno al Consejo Constitucional, debe haber al menos una lista de los partidos dispuestos a contribuir a que el relanzado proceso constituyente consagre que la soberanía reside en el pueblo en base al principio de mayoría y no en enclaves no representativos, que su límite es el respeto a los derechos humanos y demás derechos fundamentales, incluyendo el de las minorías a procurar transformarse en mayoría en elecciones periódicas, que el de Chile es un “Estado unitario descentralizado” que reconoce las autonomías territoriales y la de los pueblos originarios en su seno, y que es un “Estado democrático y social de derecho”.

La voluntad política así expresada debe también extenderse a mejorar la tarea gubernamental. Es posible que la derecha en el parlamento actual bloquee todas las reformas, en especial la del sistema previsional y la reforma tributaria. Pero la gestión de gobierno no pasa toda por el parlamento, por lo que en ese escenario será crucial centrarse en una mejor gestión de los servicios públicos, aumentando su profesionalización y haciendo retroceder el clientelismo. En ese evento se debería trabajar, con los instrumentos disponibles, por el fortalecimiento de la salud y la educación públicas y el incremento de la pensión garantizada (si la derecha vota en contra del fondo de capitalización colectiva, debiera rechazarse un aumento de la cotización que termine en unas AFP reforzadas). Y encaminar el mejoramiento de la productividad económica en una perspectiva de sostenibilidad –como ya se está haciendo con el rechazo a Dominga– y de diversificación y creación de empleo decente. Esto no obsta a que se siga trabajando, con el apoyo de la sociedad civil, para presentar una y otra vez legislaciones que hagan tributar más a las grandes compañías mineras y a las grandes fortunas, que incrementen la capacidad de negociación de las remuneraciones de los asalariados y que permitan el paso de la semana laboral de 45 a 40 horas.  

El bloqueo parlamentario de la derecha debiera estimular, además, una fuerte alianza con las administraciones territoriales y avanzar en un plan de tres años de aumento de la calidad de vida en las ciudades y espacios rurales en ámbitos como la seguridad, el transporte público, la vivienda social, el equipamiento urbano y el control de las contaminaciones, redireccionando el gasto público. Esto debe incluir, además, planes de creación de empleo donde sea necesario, dada la recesión provocada erróneamente por el Banco Central y una política fiscal ultra restrictiva en 2022.

Así, mantener en alto la lucha por el cambio constitucional y por transformaciones estructurales, junto a realizar un trabajo gubernamental eficaz y que produzca resultados visibles en el contexto existente, sea quizá el camino a seguir por las fuerzas que apoyan al actual gobierno.

Apoyos, retiros y autopréstamos

 Columna en La Tercera

Hay personas y familias que enfrentan carencias permanentes y graves. Para estas situaciones de pobreza y marginación existen apoyos estatales. Es el mundo de la priorización para tender puentes de integración. A su vez, existen las emergencias colectivas, que requieren respuestas y apoyos cuando se producen. Una situación distinta es la que enfrentan casi todas las familias a lo largo de sus vidas en caso de enfermedad, accidentes, pérdida del trabajo o disminución de fuentes previas de ingresos. Es el mundo de la universalidad de la cobertura de riesgos, que cuando no existe hace entrar a las sociedades en crisis, lo que el enfoque neoliberal nunca ha querido entender.

La respuesta de la responsabilidad individual frente a los riesgos es dotarse de reservas económicas mediante el ahorro y su capitalización. El problema es que la propensión al ahorro (o la posibilidad práctica de no consumir todos los ingresos) existe solo para una parte de la población y la contratación de seguros tiene muchos problemas de “asimetrías de información”.

Esto lleva a la intervención de los Estados, que organizan coberturas compulsivas de esos riesgos, interrumpiendo la “soberanía del consumidor” y obligando a las personas a ahorrar y/o a recurrir a sistemas de seguro con primas no voluntarias en los ámbitos de la enfermedad, los accidentes, el desempleo y los ingresos en la vejez. Estas primas socializan el riesgo y usualmente se componen de aportes del trabajador como proporción de su salario y del empleador. Es lo que inauguró la Alemania del muy conservador canciller Von Bismarck a fines del siglo XIX, que ya tuvo que habérselas con los primeros sindicatos.

En nuestro caso, las políticas de seguridad social se intensificaron desde los años 1920, con las primeras rupturas del orden oligárquico, hasta que desde los años 1980, en una situación de dictadura militar con fuerte influencia de economistas ultraliberales, se transitó en las pensiones al ahorro obligatorio administrado en cuentas individuales por entidades privadas con fines de lucro. Cuando la pandemia de Covid-19 paralizó buena parte del empleo y los aportes a las familias se restringieron a 65 mil pesos, la situación de desesperación de muchos llevó a que el Parlamento sobrepasara al gobierno y aprobara por dos tercios, bajo la ficción de una reforma constitucional, el uso de parte de los ahorros para la pensión. Se aplicó aquello de más vale un pájaro en la mano que cien volando y el consumo presente antes que futuro. Ya se vería qué pasaría con las pensiones, que de todas maneras son provistas mayoritariamente con complementos estatales.

Nuevos retiros de fondos de pensiones no tienen sentido, pues esos recursos no están para atender urgencias, sino complementar la jubilación garantizada. Solo tendría sentido autorizarlo para situaciones de enfermedad terminal, como aporte reembolsable de ahorro inicial para la vivienda o como “autopréstamo” de bajo monto y recuperación en plazos breves para enfrentar alguna crisis individual, como propone el proyecto del gobierno. Pero estos mecanismos no pueden sustituir, en medio del desorden y la improvisación como en 2020-21, tanto las políticas públicas permanentes de apoyo a las familias como las situaciones de emergencia. Estas tienen su propia lógica y financiamiento, las que podrán ser fortalecidas con la reforma tributaria.

Un balance del rebrote inflacionario de 2022

En La Mirada Semanal

La inflación parece haber entrado en una senda de desaceleración, con un 0,3% en diciembre, la más baja del año junto a la de febrero, antes de la invasión rusa a Ucrania. Pero permanece el debate sobre sus causas y las políticas para contenerla.

La inflación del año llegó a 12,8%, luego de cifras de 7,2% en 2021 y de 3% en 2020. El momento más álgido fue el de agosto, cuando la inflación anual alcanzó un 14,1%. 

El primer gráfico muestra el origen predominantemente importado del brote inflacionario (en rojo se muestran los precios de bienes transables internacionalmente) y su fuerte aceleración desde marzo de 2022. Estos llegaron a aumentar en 17,3% anual en agosto. 

El segundo gráfico reseña, entre los bienes importados, la variación de los precios volátiles de los alimentos, que llegó a 25,6% anual en diciembre (en rojo en el gráfico) y que llevó la inflación anual de alimentos y bebidas a 24,7%, así como la variación de los precios volátiles de la energía, con un récord de 24% anual en septiembre (en verde en el gráfico), que llevó la inflación anual en el transporte a 18,3%. 

Ambas categorías de bienes tuvieron un gran impacto en el presupuesto de la mayoría de las familias, que habría sido mayor sin la contención de alzas a los precios de los combustibles a través del mecanismo de subsidio y estabilización Mepco y el nuevo suplemento de la asignación y subsidio familiar para compensar las alzas en la canasta básica de alimentos. Sus precios de base (petróleo y gas, así como cereales, oleaginosas, carnes y lácteos) se fijan en el exterior, con diversas interferencias de poder de mercado que inciden en la remuneración relativa de los agentes presentes en las cadenas domésticas de suministro al consumidor.

También contribuyó a acelerar el aumento de precios el brusco aumento de la demanda interna en 2021 por los retiros inorgánicos de fondos de pensiones, es decir 18 mil millones en el curso de un año a partir de agosto de 2020 con el primer retiro y otros 15,5 mil millones a partir de diciembre de 2020 con el segundo retiro. Si se agregan los 14,7 mil millones sacados desde las cuentas de AFP a partir de mayo de 2021 en el tercer retiro, la suma es de más de 49 mil millones de dólares (del orden de 8% del PIB de dos años, lo que desestabiliza potencialmente cualquier economía), cifra mucho más amplia que la pérdida de ingresos de las familias por efectos de la pandemia. Esa mayor liquidez presionó la demanda de consumo, aunque una parte fue inicialmente ahorrada o mantenida en cuentas corrientes. Se sumó, por su parte, un inusitado déficit fiscal (-7,7% del PIB) en 2021 que financió transferencias a las familias y empresas. Pero la inflación de 2021 provino sobre todo de los desajustes de las cadenas globales de suministro y la de 2022 del fuerte aumento de los precios de los alimentos y la energía. Los combustibles, en especial, producen impactos en los costos en todas las cadenas productivas domésticas, junto a la vasta gama de insumos importados, fenómeno que se agravó con la devaluación del peso frente a un dólar fortalecido internacionalmente. Estos últimos elementos no tienen nada que ver con la expansión del consumo de 2021, que por lo demás cae en 2022 según se observa en el tercer gráfico, y han sido decisivos en el rebrote inflacionario. 

Por eso la política de aumentar las tasas de interés de manera desmedida ha sido tan nociva, pues equivoca el diagnóstico, no contribuye a disminuir la inflación importada de manera significativa y, de mantenerse, provocará una recesión prolongada y sin justificación. Lo propio puede decirse de la política fiscal, que al parecer terminó el año con un superávit presupuestario cercano a 2% del PIB. Un ajuste fiscal en un año de cerca de 10% del PIB no tiene parangón ¡en el mundo! Fue conseguido a costa de una caída de -24,5% del gasto público, un ajuste fiscal brutal sin justificación programado por el gobierno anterior y no revertido por el actual. 

Como se observa, la política macroeconómica ha oscilado entre impulsos erráticos y una gran sobrevaloración ideológica de la ortodoxia fiscal, que no es lo mismo que un saludable rigor fiscal contra-cíclico. Una lógica de gradualidad era evidentemente mucho más aconsejable para lograr un aterrizaje suave de la economía después de la sobre-expansión de 2021. Este aterrizaje era indispensable por la pérdida de gobernabilidad económica durante Piñera II y la expansión de la demanda de consumo, pero se transformó en una desaceleración brusca e innecesaria, con intencionalidad política desde marzo. 

En todo caso, el presupuesto de 2023 contempla retomar el incremento del gasto público en algo más de 4%, lo que permite financiar las medidas sociales recién anunciadas que ampliarán algunos subsidios a las familias de menos ingresos (mayor bono marzo, continuidad del suplemento a la asignación-subsidio familiar e incremento de la misma, aumento de cobertura de la pensión universal). Lo adecuado es seguir por esa línea y fortalecer las transferencias a las familias dadas las holguras fiscales creadas, aumentando rápidamente a 250 mil pesos la pensión universal y ampliando más el monto y la cobertura de la asignación y subsidio familiar. Se debe también pensar en crear una asignación para las personas que realizan trabajo de cuidado doméstico y no solo deducciones tributarias como las que se acaban de aprobar en la Cámara de Diputados y Diputadas. 

La inflación bajará primordialmente en la medida en que no sigan aumentando los precios externos de alimentos y combustibles y que no haya devaluaciones masivas del tipo de cambio peso-dólar, y no por el encarecimiento del crédito o la restricción del gasto público. Salvo que se quiera hacer colapsar el consumo de las familias y la inversión, lo que es de esperar nadie esté deseando, por ejemplo por motivaciones de orden político. Este será otro año con elecciones, una a consejeros constitucionales y otra de sanción plebiscitaria de la nueva propuesta de Constitución. La política macroeconómica debe ser puesta en práctica pensando en el bienestar sostenible de la población, sea quien sea quien gobierne, y no con cálculos con sesgo político de instituciones supuestamente autónomas.

En todo caso, nuevos retiros de fondos de pensiones son equivocar el camino, pues esos recursos están para la jubilación y no para atender urgencias, salvo situaciones muy justificadas de enfermedad o de complemento de ahorro para la vivienda. Atender las urgencias sociales tiene su propio camino, y ese no es el del desorden y la improvisación producidos en el gobierno anterior.

¿Qué está pasando con el empleo y las remuneraciones?

En La Mirada Semanal

La ocupación experimentó una impresionante caída de dos millones de personas en el segundo trimestre de 2020, en el peor momento de la crisis. Al final de 2020 se había recuperado un millón de esos puestos de trabajo y hacia el segundo semestre de 2021 el empleo presentaba un importante dinamismo, pero desde entonces aumentó a un ritmo decreciente. La tasa de desempleo desestacionalizada subió en noviembre de 2022 por sexto mes consecutivo y cayeron las remuneraciones reales por octavo mes consecutivo.

Analizar las tendencias del empleo y de las remuneraciones supone aludir una serie abigarrada de indicadores cuantitativos, por lo que habrán de perdonarnos quienes leen esta columna.  Partamos por señalar que en noviembre de 2022, último dato disponible, se registró un 3,8% de incremento anual de la ocupación. Esta es una buena tasa de expansión, pero menor que la de los trimestres previos. La ocupación total alcanzó a 8,88 millones de personas, a comparar con los 8,56 millones de hace un año. No obstante, este volumen es todavía inferior al nivel previo a la crisis de la pandemia. Había 9,05 millones de personas ocupadas en noviembre de 2019 y 9,06 millones en febrero de 2020. En cambio, la producción recuperó su nivel previo ya en el cuarto trimestre de 2020.

Para entender mejor la evolución en curso, hay que acercarse a la composición de la ocupación. El empleo asalariado formal es la principal categoría de empleo en Chile (un 65% del total) y sumó en septiembre (últimas cifras disponibles) unos 5,77 millones de personas registradas como cotizantes dependientes por la Superintendencia de Pensiones. Este volumen es superior al de 5,41 millones de tres años atrás y al de 5,52 millones de febrero de 2020. En agosto de 2021, este tipo de empleo ya había recuperado su nivel previo a la crisis pandémica, con un dinamismo que persistió hasta el último trimestre del año. Pero en 2022 se evidencia una tendencia al estancamiento. Este indicador sigue muy de cerca el de la producción, como se observa en el gráfico.

Los ocupados por cuenta propia, en cambio, disminuyeron su número como consecuencia de la crisis. En el trimestre terminado en noviembre de 2019, se desempeñaban en esa condición 1,85 millón de personas, mientras tres años después lo hacían solo 1,81 millón. Es la evolución de este segmento, en el que se encuentra buena parte del trabajo informal, la que explica el retraso en la recuperación de la ocupación total en la economía chilena previa a la crisis. La ocupación informal ha disminuido de 29,1% del total en noviembre de 2019 a 27,3% en el mismo trimestre de 2022 y sumó 2,42 millones de personas. Los subsidios a la contratación establecidos durante la crisis han ayudado a contener la informalidad en el segmento de trabajadores asalariados, que sumó unas 835 mil personas en esta condición a noviembre. Pero en esta situación también ha influido la disminución del empleo por cuenta propia.

Por otro lado, el aumento reciente de la ocupación total ha sido menor que el de la fuerza de trabajo (ocupados más personas cesantes que buscan trabajo) y alcanzó un 4,3% anual en noviembre. Se siguen incorporando nuevos contingentes al mercado de trabajo, pues la población de más de 15 años crece al 1% al año y, a medida que el empleo crece, más personas inactivas desean trabajar. Pero este mercado, en el que la demanda de trabajo la constituyen las empresas, las administraciones públicas y las familias, no está siendo capaz de incorporarlos en la actualidad, lo que obliga a pensar en más programas de empleo al margen del mercado, por ejemplo en tareas de cuidado y de mejoramiento urbano y ambiental. En efecto, la tasa de ocupación (la relación entre la población ocupada y la población en edad de trabajar) bajó de 58,4% hace tres años a solo 55,1% en noviembre de 2022. A su vez, la tasa de ocupación femenina pasó de 48,4% a 45,8% en el mismo período.

Otra consecuencia de esta evolución es que, a pesar de la recuperación del empleo, el número de desempleados aumentó de 697 mil a 767 mil en un año, dado que más personas buscan ahora trabajo. Por su parte, el número de ellas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente (“fuerza de trabajo potencial”), pasó de 844 mil a 854 mil. La suma de los desempleados y de los trabajadores desalentados pasó en un año de 1,54 millones de personas a 1,62 millones, unas 80 mil personas adicionales, dato que evidencia el problema estructural y coyuntural de desempleo que afecta a la economía chilena. Hace tres años, la suma alcanzaba a 1,36 millones de personas.

Un segundo gran problema es que las personas de entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian (conocido como grupo NiNi) pasaron de 345 mil hace un año a 384 mil en el trimestre móvil terminado en noviembre de 2022, siempre según la encuesta de empleo del INE.

Como resultado de las tendencias descritas, la tasa de desempleo de la fuerza de trabajo (estacionalmente ajustada) aumentó de 7,6% en el trimestre final de 2021 a 8,2% en el trimestre terminado en noviembre. Se completó así un período de 6 meses de deterioros consecutivos de este indicador (desde el trimestre móvil terminado en junio). Entre los trimestres terminados en diciembre de 2021 y mayo de 2022, esta tasa se había mantenido estable en 7,6%, el nivel más bajo desde la salida de la crisis pandémica. Hace tres años, la tasa de desempleo desestacionalizada alcanzaba un 7,3% de la fuerza de trabajo.

Si se suma a los desocupados las mencionadas personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente, la “tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial” calculada por el INE alcanzó un 15,8% en el trimestre terminado en noviembre. Esta cifra es el doble de la tasa convencional de desempleo no desestacionalizada, que registró en el mismo período un 7,9% de la fuerza de trabajo. Hace tres años, antes de la crisis pandémica, esta tasa combinada alcanzaba un 14,2% de la fuerza de trabajo.

Por otro lado, las remuneraciones reales, según la muestra del INE entre las empresas de más de cinco trabajadores, resistieron la etapa de marzo 2020 a enero 2022 sin grandes sobresaltos. Incluso al iniciarse 2022 estas eran un 1,1% superiores a las de dos años atrás, en la etapa previa al inicio de la crisis. Pero han experimentado un deterioro que ya suma -2,6% entre febrero y octubre de 2022 (última cifra disponible).

Si se suma a los desocupados las mencionadas personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente, la “tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial” calculada por el INE alcanzó un 15,8% en el trimestre terminado en noviembre. Esta cifra es el doble de la tasa convencional de desempleo no desestacionalizada, que registró en el mismo período un 7,9% de la fuerza de trabajo. Hace tres años, antes de la crisis pandémica, esta tasa combinada alcanzaba un 14,2% de la fuerza de trabajo.

Por otro lado, las remuneraciones reales, según la muestra del INE entre las empresas de más de cinco trabajadores, resistieron la etapa de marzo 2020 a enero 2022 sin grandes sobresaltos. Incluso al iniciarse 2022 estas eran un 1,1% superiores a las de dos años atrás, en la etapa previa al inicio de la crisis. Pero han experimentado un deterioro que ya suma -30% entre febrero y noviembre de 2022 (última cifra disponible).

Esto se explica por el nuevo choque inflacionario en materia de alimentos y combustibles provocado por la guerra de Ucrania, que se sumó a la inflación de 2021 originada en los problemas de oferta en las cadenas globales de suministro y en la fuerte expansión de la demanda interna estimulada por los retiros de fondos de pensiones y el déficit fiscal. Así, la inflación anual pasó de 3,0% en 2020 a 7,2% en 2021, pero con una inflación de bienes transables internacionalmente de 8,6%, que revela la importancia decisiva de la inflación importada en todo el período. A la inflación se agrega una situación general de débiles mecanismos de indexación salarial y el reseñado aumento del desempleo que debilita la capacidad negociadora de los asalariados en las empresas.

Lo ocurrido con las remuneraciones reales ha contribuido a la desaceleración de la economía y de la creación de empleo en 2022, empujada por el encarecimiento del crédito desde junio de 2021 y la caída de -25% del gasto público en 2022. Este contexto general se ha traducido en la disminución de la actividad en -0,1% en el trimestre móvil terminado en noviembre. Un nuevo dato negativo del Imacec en diciembre implicará que la economía chilena habrá entrado en “recesión técnica” al completar caídas del PIB en los dos últimos trimestres del año.

La recesión y la inflación

En La Tercera digital

La actividad económica cayó en -0,8% en noviembre respecto a octubre en términos desestacionalizados. Esta es una mala noticia, luego del cese de la secuencia de caídas de producción entre abril y julio y el buen crecimiento promedio que se verificó entre agosto y octubre. Esta tendencia había permitido abrigar alguna esperanza de una mayor resiliencia de la economía frente al encarecimiento del crédito y la política de brusco ajuste fiscal en aplicación durante 2022.

La cifra se explica en buena medida por una caída de -4,3% de la minería en noviembre, luego de un fuerte crecimiento de 6,9% en el mes previo. Este es un sector internacionalizado y de enclave, con una oferta que se programa a mediano y largo plazo pero que está sujeta a fluctuaciones de corto plazo por las contingencias técnicas y sociales de las faenas de extracción. Pero también la actividad industrial se ha contraído, en este caso por segundo mes consecutivo. En contraste con esta preocupante trayectoria en la producción de bienes (su nivel conjunto es hoy inferior al de 2018), el suministro de servicios sigue mostrando un cierto dinamismo. Pero si el Imacec de diciembre fuera otra vez negativo, se completarían dos trimestres de caída de la producción (el tercero y el cuarto del año 2022), lo que configuraría una “recesión técnica”.

¿Sequirán manifestándose en los meses venideros los efectos en el consumo, la inversión y las exportaciones de las alzas de las tasas de política monetaria del Banco Central, de las caídas de los salarios reales, de la disminución del gasto público de -25% en 2022 y de una coyuntura internacional incierta? ¿O bien el crecimiento del gasto público de 4,2% previsto para 2023, un eventual fin del deterioro de los salarios reales ayudados por una revaluación del peso y una menor inflación externa, así como un mejor desempeño de China, permitirán acaso una recuperación de la economía y evitar una recesión prolongada? La resiliencia mostrada por el suministro de servicios es por ahora el único factor de cierto optimismo.

En todo caso, con el Banco Central no se puede contar para una política antirecesiva que incluya disminuciones prontas de la tasa de interés, pues esta entidad sostiene que una recesión es necesaria para bajar la inflación, a pesar de su origen predominantemente importado. Este es el caso directamente de los bienes que son objeto de comercio exterior y cuyos precios se fijan fuera del país, que aumentan en pesos adicionalmente en episodios de devaluación de la moneda nacional, o indirectamente al aumentar los costos de producción -especialmente los combustibles- de los bienes y servicios no transables internacionalmente.

El premio Nobel Joseph Stiglitz ha descrito recientemente lo que se podría denominar el “síndrome del martillo” en la conducta de los bancos centrales: “es bien conocida la frase del psicólogo Abraham Maslow según la cual, ‘si lo único que tienes es un martillo, todos los problemas te parecen clavos’. Que la Reserva Federal de los Estados Unidos tenga un martillo no quiere decir que tenga que salir a destruir la economía a martillazos”.

El martillo en este caso es la fijación de la tasa de interés de refinanciamiento del crédito de la banca que compete a la autoridad monetaria y su utilización como herramienta de control de la inflación. Un crédito más caro disminuye la demanda de inversión y de consumo en caso de un exceso de ambas en relación a la oferta disponible de bienes. El problema es que la inflación no solo se produce por un exceso de demanda, también puede provenir de presiones y ajustes de costos y de tasas de utilidades que se repercuten sobre el consumidor, lo que depende de situaciones sectoriales y de los poderes de mercado de los agentes económicos en los procesos periódicos de adaptación de los precios relativos, además de eventuales cambios en las preferencias de los consumidores. Es decir, de otros clavos que no están al alcance del martillo del Banco Central.

La política monetaria interna debía, en la salida de crisis, hacerse más restrictiva y buscar contener con moderación y cautela el exceso de demanda proveniente de los retiros inorgánicos de fondos de pensiones y del enorme déficit fiscal del segundo semestre, en pleno período electoral. Pero hacer pasar la tasa de política monetaria de 0,5% en junio de 2021 a 5,5% en febrero de 2022 estuvo en el límite de la imprudencia. Y lo que se situó fuera de toda lógica racional fue el incremento totalmente excesivo de la tasa de interés y llevarla mes a mes hasta 11,25%, una vez que se produjo el inesperado efecto de la guerra de Ucrania sobre los precios de los combustibles y los alimentos a partir de marzo de 2022. Entre tanto, la demanda de consumo y de inversión se habían moderado en el país, sin ya constituir una presión inflacionaria mayor frente a la expansión de las capacidades de suministro de servicios y la más lenta recuperación de la producción interna de bienes, con capacidades productivas excedentarias en muchos sectores de la economía. Esperemos que el martillo deje de ser usado a la brevedad, pues evitar una recesión prolongada es posible y ciertamente deseable.