La violencia en el sur y sus actores

 En La Mirada Semanal

Se va perfilando en sus raíces parte del tema de la violencia en el sur. Esta semana se detuvo a empresarios que participan de una amplia red de robo de madera y su lucrativa comercialización ilegal, con pactos con grupos insurgentes que proveen materia prima desde ocupaciones y “protección”, por lo que cobran para financiar su actividad. Y se dio de baja a dos Carabineros que participaban encapuchados en el robo de camionetas a empresas forestales.

Estas alianzas de contornos mafiosos son uno de los factores que han ido haciendo endémica la violencia en el sur y que sostiene a parte de la insurgencia, pues crea en ella la ilusión de la viabilidad material de la estrategia de “control territorial”, es decir de logro de una suerte de autonomía mapuche de hecho en zonas del país, atacando intereses forestales y destruyendo infraestructuras y actividades de transporte y turismo y sosteniendo supuestamente una economía autocentrada.

Esta es una ilusión, pues aunque logre provocar daños a empresas de diversos tamaños y a sus trabajadores, no lo logra respecto a la actividad empresarial forestal, pues la destrucción es menor frente a su magnitud global, y sobre todo supondría, para sostenerse, una derrota militar del Estado. Un mínimo análisis de la materialidad de las fuerzas en presencia indica que esa estrategia no tiene sentido, salvo una alianza de gran alcance con los agentes del robo de madera y otros tráficos ilegales, como hizo sin éxito la guerrilla con el narcotráfico en Colombia, y de ese modo financiar la masiva internación de armas y/o alianzas con algún Estado dispuesto a entrar en conflicto con el Estado chileno, lo que no se avizora en el horizonte.

Pero, sobre todo, esta estrategia hace retroceder la disposición de la sociedad chilena, como se vio en septiembre pasado, para dar lugar a la autonomía indígena en algunas de las zonas históricas mapuche entre el Bíobío y el Toltén y de otros pueblos en otros lugares, como ya ha ocurrido, pero en una menor escala, en el norte y otras partes con la gestión autónoma de algunos territorios y recursos. Los estrategas insurgentes debieran considerar que el “control territorial” no puede sustituir un pacto con el Estado chileno, única vía para lograr parte de los grados de autonomía que demandan, pero con respeto de los derechos fundamentales que, por su parte, demanda la democracia chilena en todos los territorios. Ésta no podría aceptar una autonomía sin libertades, separación de poderes, elecciones de representantes, paridad de género y respeto de los derechos humanos en nombre de la especificidad cultural y étnica. La autonomía territorial, a su vez, solo es viable económicamente con una colaboración intensa con los diversos órganos del Estado y con un replanteamiento de la actividad forestal empresarial.

Ahora bien, si la utopía de los grupos insurgentes implicara (según un dirigente de la CAM “nuestra lucha por la independencia, por la autodeterminación es tomar el planteamiento histórico de nuestro pueblo para mantenerse y seguir siendo pueblo” en https://www.mapuche.nl/espanol/resumenlatino0204.htm), reconstruir e independizar una nación atávica exclusivamente mapuche e indígena, entonces esto supondría expulsar de parte del territorio actual de la nación chilena a los habitantes de otras proveniencias que las originarias (que también vinieron históricamente de otros continentes, dicho sea de paso) y a la inmensa mayoría de población mestiza. ¿Hacia dónde iría la población expulsada? ¿O bien sería sometida sin derechos? Se trataría en ese caso de una utopía que terminaría no ya en la emancipación de un pueblo oprimido, sino en un hipotético orden indígena de tipo autoritario en un territorio “étnicamente puro” y en un desencuentro político, social y humano profundo entre los pueblos que habitan el territorio chileno. Sería una lucha de intolerancia racial, del tipo de las que en la historia humana han demostrado ser las más sangrientas, enconadas y recurrentes, por mucho que sea altamente condenable la violencia del despojo colonial y luego oligárquico de las tierras mapuches y su brutal sometimiento, así como el de otros pueblos y naciones.

En efecto, la memoria histórica debe recoger las nefastas consecuencias del afán de lucro y la codicia que motivó la apropiación ilegítima de territorios y riquezas indígenas, como ha vuelto a documentar recientemente Martín Correa en su libro La historia del despojo. Con el resultado de la creación de un espacio de pobreza y exclusión en la actual Araucanía que convive con espacios en los que existen niveles de ingreso del primer mundo. Se trata de un innegable despojo que llevó a la desigualdad estructural hasta nuestros días.

Salir de una perspectiva de violencia en la dialéctica despojo/desigualdad/resistencia/represión que eventualmente se reproduzca por generaciones, supone que la democracia chilena actúe con decisión. En el corto plazo, debe hacerlo frontalmente contra el robo empresarial mafioso de madera y los otros tráficos con que se financia la insurgencia y tampoco aceptar sus destrucciones y violencias contra bienes y personas, pero con las exclusivas armas legítimas del Estado de derecho. Y también ofrecerle, aunque por el momento no la considere, una deliberación leal sobre su causa histórica y sus vías de salida. El Estado chileno debe empezar por reconocer el nulo avance en el reconocimiento de los derechos colectivos y autonómicos de los pueblos originarios, bloqueado de manera obtusa e irresponsable desde 1990 por la derecha, e iniciar el debate en serio de un pacto que deje atrás la república oligárquica y su incapacidad de reconocer la diversidad de orígenes de la nación chilena. Antes que sea demasiado tarde.

Recordemos que esto no es inédito, pues en parte terminó haciéndolo la colonización española en los dos siglos que siguieron a la férrea resistencia inicial mapuche a la invasión española (heredera de la resistencia a la invasión incaica décadas antes, contenida en la batalla del río Maule), a partir del primer “parlamento” de Quilín de 1641 y otros doce adicionales hasta 1814, que reconocieron en el río Bíobío una frontera nacional. También lo hizo en el de Tapihue en 1925 la naciente república, que todavía reconocía a la nación mapuche: se lee en el tratado que “queda desde luego establecido, que el chileno que pase a robar a la tierra; y sea aprendido, será castigado por el Cacique bajo cuyo poder cayere; así como lo será con arreglo a las leyes del país el natural que se pillase en robos de este lado del Biobío, que es la línea divisoria de estos nuevos aliados hermanos“. Recuérdese, además, la notable carta de O’Higgins de 1819 a los pueblos originarios, no difundida durante 190 años, en la que los trata en pie de igualdad y que conocía muy bien -hablaba mapudungún- por su proveniencia de la zona del Bíobío (ver https://www.territorioancestral.cl/…/el-documento…/).

El tratado fue roto décadas más tarde por la ocupación de la Araucanía entre 1861 y 1883. La responsable fue la república oligárquica instaurada después de la guerra civil de 1929-1930, representando los intereses de terratenientes chilenos y neocoloniales en su afán de apropiación de tierras al sur del Bíobío, en alianza con sus equivalentes argentinos al otro lado de la cordillera y su mortal “Campaña del desierto” contra los puelches. Se afianzó de ese modo una tragedia histórica que requiere de una reparación progresiva a la altura del daño colectivo infligido en el marco de un Estado democrático y social de derecho que se entienda como expresión de una nación que reconoce en su seno a los pueblo-nación prehispánicos, les otorga derechos colectivos y los apoya en sus esfuerzos autónomos por mejorar las condiciones de vida en que se desenvuelven.

Voluntad crítica y extravío del alma de la izquierda

Cada tanto emerge la intolerancia a la crítica en nuestra sociedad, con expresiones que se han escuchado con altisonancia en los últimos días frente a apreciaciones sobre la gestión del gobierno. Vale la pena citar en esta materia la conclusión de una columna reciente de Jorge Volpi (autor mexicano de En busca de Klingsor y muchas otras novelas sobresalientes): "Ha de celebrarse que en muchas partes de América Latina las antiguas oligarquías conservadoras, empeñadas en mantener sus privilegios desde tiempos ancestrales, y de sumir a sus sociedades en la desigualdad y la violencia, al fin sean apartadas del poder. Pero ello no significa darle carta blanca a los regímenes que se proclaman progresistas sin serlo. A ellos les corresponde no solo admitir la crítica entre sus filas, sino propiciarla con denuedo, pues se trata de un elemento crucial para crear sociedades más justas, más igualitarias y más libres. El siglo XX nos enseñó con creces que, cuando la izquierda pierde su voluntad crítica, extravía su alma".

Aquí van, a título ilustrativo, elementos de crítica a la izquierda y al gobierno de izquierda desde la izquierda, como diría Volpi. Hubo un tremendo gol en contra el 4 de septiembre por las impericias en la pedagogía de los cambios que se proyectó desde la Convención y la falta de conexión con la subjetividad de la mayoría social en estilos y contenidos. Prevaleció la defensa de causas parciales que sobrecargaron el proyecto constitucional por sobre una idea de país que diera paso a una futura dinámica de cambios en vez de querer resolverlo todo en un texto. Paradójicamente, reunir dos tercios en la Convención obligó a pactar con la retórica de minorías en vez de producir moderación.

A partir de marzo de este año, el nuevo gobierno optó por improvisaciones con poco sentido en su conformación y primeras acciones y no formalizó una coalición de apoyo con una discusión programática precisa y puntual que diera lugar a un compromiso estable para cuatro años. Se atuvo al ajuste económico poselectoral de choque heredado del gobierno anterior, dejó el Banco Central en manos de una ideóloga de la UDI y produjo un equilibrio fiscal en 2022 sin sentido, en un caso único en el mundo, en vez de uno gradual. No se plantearon con fuerza ante la sociedad las reformas que son significativas para la mayoría, las que el gobierno perfiló poco (transferencias limitadas a las familias a través de la asignación familiar) o muy tarde (reformas de pensiones, salud, vivienda, financiamiento tributario), aunque otras muy importantes, como el aumento del salario mínimo y las 40 horas, junto a la contención de precios de los combustibles, siguieron un curso a un buen ritmo. Pero a la postre, los temas de orden público, que no son ninguna novedad pero generan fuertes emociones, se tomaron de manera abrumadora la agenda pública.

La falta de conducción y la fragmentación política (¿alguien ha sacado la cuenta de la cantidad de partidos y grupos que hoy apoyan al gobierno a su manera, es decir, girando las más de las veces sobre sí mismos?) desconcertó a la base de apoyo popular aún afectada por la pandemia y las incertidumbres de la salida de crisis. Tampoco se produjo alguna secuencia de cambios meditados en el enfoque de orden público, salvo retomar la retórica represiva y los Estados de Excepción en el sur. Esta es la salida lineal y de muy corto plazo, pero que termina por mantener el ciclo represión-legitimación de la protesta destructiva y sin perspectiva de grupos insurgentes minoritarios. La ausencia de capacidad de abordar el tema mapuche con una oferta de avance en la necesaria autonomía en el marco del Estado social y democrático de derecho, ha sido desconcertante.

Para cualquier persona de izquierda, es decir, grosso modo, que está por construir una sociedad de libertades sin privilegios, sin desigualdades injustas y sin discriminaciones arbitrarias, el éxito de este gobierno es indispensable para consolidar una alternativa estable y seria a la derecha y la ultraderecha, lo que requiere seguir bregando por su proyecto, que se puede expresar como una “mesa de cuatro patas”, a saber: 1) la expansión de las libertades y del autogobierno en los territorios con derechos y protecciones efectivas para la ciudadanía; 2) la creación progresiva de una base productiva dinámica y equitativa para empleos de calidad más allá de la extracción de recursos naturales y de servicios de baja productividad, con una estructura tributaria progresiva y una legislación laboral, de pensiones y de salud equitativa; 3) el avance sistemático en el cierre de las diversas brechas de desigualdad; y 4) un vuelco rápido hacia la sostenibilidad ambiental de la producción y de la vida en las ciudades.

Con una propuesta clara de interés general que ponga en perspectiva las urgencias y resitúe las demandas particulares, se podrá tal vez cerrar el paso a un próximo gobierno de derecha extrema. Esto no ocurrirá si no se avanza en pilares como los descritos y si persiste la incapacidad de la izquierda gobernante de lograr, simultáneamente a esos cambios, una nueva articulación con el centro y con diversos sectores medios de la sociedad, inmersos en las lógicas de la competencia individual en los mercados que, entienden, son una mejor garantía de bienestar que transformaciones ignotas, lejanas y de viabilidad incierta, percepción que se debe revertir.

Todo lo anterior supone no excusar u omitir los errores en las distintas esferas de la acción colectiva de la izquierda, sino señalarlos y someterlos a debate. Lo que nunca es demasiado simpático y se (mal) entiende como poner palitos en la rueda, especialmente cuando se hace con la claridad necesaria y desde convicciones y argumentos más o menos racionales, aunque esté de moda lo voluble, lo líquido y lo bien pensante en el discurso convencional.

Después de la derrota del 4 de septiembre, el Presidente y su coalición debieran tal vez definir un plan concreto y preciso de avance en tres años de las reformas básicas de las instituciones y de medidas socioeconómicas en beneficio de la mayoría social , aunque sean progresivas, y batallar por él. Incluso puede ser inevitable despejar con rapidez la dilación de la derecha en el tema constitucional y decidirse a avanzar, si esta no da lugar a un proceso propiamente democrático, con cambios legales parciales concentrando esfuerzos en reunir la mayoría del Parlamento frente a los temas de interés social. Y acudiendo al consenso de la sociedad para los cambios constitucionales indispensables en el corto plazo, que recordemos hoy requieren solo 4/7 de los votos, hasta que un próximo Parlamento permita un proceso constituyente en forma.

Así se podrá, a lo mejor, unificar el campo propio de fuerzas y atraer a los amplios segmentos populares que están a la expectativa por estar inmersos en temores variados en materia de ingresos básicos y de acceso a servicios sociales y urbanos de mayor calidad, y también actuar frente a los temores en materia de orden público y de inmigración ilegal. Estos sectores no parecen estar necesariamente muy entusiasmados con que el gobierno consuma su energía política en las arenas movedizas del debate constitucional, en vez de abordar al menos con la misma intensidad las urgencias sociales.

Nada de eso es fácil, por supuesto. Al contrario, es muy difícil cuando no hay mayoría en el Parlamento y las demandas sociales son acuciantes. Por eso hay que trabajar duro y bien. Descalificando las críticas, aunque sean rudas, nunca se avanza. Debatiéndolas, se podrá poner en evidencia su eventual falta de fundamento. O bien se podrá hacer emerger un consenso deliberativo sobre su pertinencia y sobre nuevas acciones para corregir y avanzar. 

El alcance de la aprobación del TPP 11

En El Mostrador

El Senado ratificó la aprobación del tratado comercial y de protección de inversiones y propiedad intelectual con 10 países del Pacífico, incluyendo Japón, Vietnam, Malasia, Singapur y Brunei en Asia, Australia y Nueva Zelandia en Oceanía y Canadá, México y Perú en el continente americano. 

No se trata de países que estén en el corazón de políticas imperiales. Nadie podría sostener, por ejemplo, que Vietnam, que libró un guerra legendaria y victoriosa contra Estados Unidos y es dirigido por un Partido Comunista, está ahora subordinado al Imperio. O que los gobiernos de Canadá, México, Perú o Nueva Zelandia, todos actualmente de orientación progresista, se someten a intereses ajenos en vez de procurar negociar ventajas mutuas en sus relaciones exteriores. Este grupo de países del Pacífico, con el que tiene sentido anudar relaciones internacionales de cercanía, permite proyectar una cierta estabilidad de la inserción exterior chilena frente a la dinámica de conflictos y disputas de hegemonía cada vez más agudas entre Estados Unidos y China y entre Rusia y Europa. Estos estarán en el horizonte en las próximas décadas, pues la idea de la "globalización tranquila", más o menos prevaleciente entre la caída del muro de Berlín y la crisis de 2008-2009, no preside exactamente las relaciones internacionales actuales. Chile debe garantizar espacios para su economía de la mejor manera posible. El grupo de países del TPP-11 no es el peor para una estrategia de este tipo.

No obstante, en el TPP-11 se mantienen mecanismos cuestionables y cuestionados de solución de controversias, aun cuando ya están vigentes en los tratados ya firmados por Chile con esos países. Además, incluye artículos que pudieran usarse para condicionar las políticas internas aludiendo el concepto de "expropiación indirecta" frente a políticas industriales y sociales nacionales que afecten utilidades esperadas. Por su parte, las normas de protección de la propiedad intelectual pueden encarecer y dificultar el desarrollo tecnológico endógeno, que se encuentra extremadamente atrasado, aunque las normas más cuestionables en la materia salieron del tratado con el retiro de Estados Unidos, que consideró que el TPP-11 no le era favorable. 

Tenía poco sentido una aceleración en la ratificación del TPP-11 hasta que no hubiera una evolución en las materias mencionadas y se consolidaran compromisos bilaterales entre los firmantes para no acudir a tribunales externos que pudieran estar sesgados a favor de los intereses de las empresas, conocidos como cartas laterales o "side letters", las que siguen en negociación.

Pero a los que piensan que la ratificación es un gran retroceso, cabe señalarles que ningún país es a estas alturas enteramente soberano en materia económica, por lo que los Estados deben cooperar entre sí en muchas materias. Los tratados bilaterales firmados previamente no impiden a priori realizar políticas industriales y sociales, y el TPP-11 tampoco lo hará. 

La interrogante es si habrá o no controversias con las reformas de mayor alcance que se propone el actual o futuros gobiernos. Si alguna transnacional, por ejemplo ante cambios en el régimen de AFP o por la aplicación de una regalía minera más alta, invocara en un tribunal arbitral previsto en el tratado el concepto de "expropiación indirecta", se produciría una controversia jurídica en la que Chile tendría que defender sus espacios propios de política y el interés nacional en vez de no hacer reformas estructurales. La idea que Chile no podrá industrializarse ni hacer políticas sociales es una resignación pesimista que no debe transformarse en una profecía autocumplida. Es una eventual batalla futura que no debe impedir hoy la lucha por las transformaciones que el país necesita.

El tema de fondo es el tipo de inserción internacional que se debe buscar. Cuando un país representa el 0,25% de la población mundial, simplemente no puede aislarse del mundo. Cabe rechazar el nacionalismo contra todo tratado económico que en ocasiones emerge de la defensa razonable de causas específicas, pero que se transforma en una especie de pasión autárquica que no considera que Chile deba tener una especialización internacional, aunque diversificada, y deba aprovechar las ventajas del comercio y de las economías internacionales de escala, así como  de inversiones externas reguladas social y ambientalmente que aporten recursos y tecnología en condiciones razonables de rentabilidad. 

Mientras la participación de América Latina y el Caribe en la producción mundial pasó, según los datos del FMI, de 10,0% en 1990 a 7,3% en 2021, la de Chile pasó de 0,28% a 0,36% en el mismo período. La inserción internacional con acuerdos bilaterales no ha sido lesiva para la producción agregada chilena. Por su parte, los países del MERCOSUR perdieron todos participación en la economía mundial en las últimas tres décadas. Solo en 2019 han logrado, después de 20 años de negociaciones, un acuerdo con la Unión Europea (tienen un arancel común elevado y negocian en conjunto). Con la entrada en vigor del acuerdo, el MERCOSUR pasaría a tener tratados de libre comercio con 23,5% del PIB global, contra solo un 1,4% en la actualidad. No obstante, la ratificación no avanza pues la Comisión Europea considera ahora necesario que el acuerdo sea complementado por un "instrumento adicional" que aborde "retos reales" de contención de la deforestación en la Amazonía. La idea que los tratados internacionales atentan contra el medio ambiente puede ser en realidad su contrario.

A su vez, los espacios nacionales de política deben defenderse en una política inteligente de inserción externa. Cabe rechazar el aperturismo unilateral basado en la teoría ricardiana de las ventajas comparativas estáticas y en el teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson, que condena a Chile a ser un país especializado en exportar recursos naturales con escasa manufactura. En el mundo real, estos están controlados por transnacionales que no necesitan demasiados recursos humanos nacionales bien formados y remunerados para su explotación, lo que concentra todavía más los ingresos en un país como Chile y limita la innovación productiva, mientras se apropian de rentas que no les pertenecen. El aperturismo irrestricto provoca depredaciones de carácter social, pues permite mantener deprimido el costo salarial sin que esto impacte en la demanda, que es externa, y de carácter ambiental, pues las empresas exportadoras procuran no pagar las externalidades negativas en el territorio para mantener su competitividad. Estos actores invierten, pero retiran utilidades para sus accionistas con rentabilidades extra-normales, derivadas de la explotación de recursos limitados no renovables o de la operación en los mercados financieros y de seguros que producen una alta renta de monopolio. Esta no es puesta al servicio del desarrollo del país para financiar más infraestructura sostenible, más escuelas y universidades, más hospitales y redes de salud y más inversiones en las ciudades para aumentar su calidad de vida. 

No obstante, la alternativa a la apertura sin condiciones no es encerrarse en las fronteras propias. Esto se traduciría en limitar la expansión sostenible de las capacidades productivas y de los niveles de vida de la mayoría social. Más aún, la transformación estructural requiere de una inserción internacional suficientemente estable para lograr ser exitosa. Lo que cabe es hacer avanzar cuidadosamente interdependencias mutuamente beneficiosas en el largo plazo y dejar de lado los enfoques simplistas.

La narrativa conservadora sobre el 18 de octubre

En La Mirada Semanal

Ya se va perfilando el discurso de los defensores del orden sobre el mayor acontecimiento de lo que va de siglo XXI en Chile, los sucesos de rebeldía social de octubre-diciembre de 2019 que cambiaron la historia del país.

La idea es que estos fueron un exabrupto inaceptable, que debe “condenarse” porque sería solo una expresión de violencia, mientras la fuerza pública no habría sido la causante de miles de agresiones ilegales comandadas por el gobierno y oficiales de alta graduación y de violaciones de los derechos de las personas que merecían una desobediencia civil en las calles, sino una mera víctima pasiva de delincuentes. Y que la delincuencia no actuó como en toda situación de alteración de la vida cotidiana, sino que habría sido la esencia de una movilización social propugnada por intelectuales llenos de “cobardía” (Peña dixit). Estos le prestaron apoyo o intentaron interpretar sus causas más allá del único enfoque autorizado por los bien pensantes, el de tipo conservador paranoico con afirmaciones como que la rebelión social se habría originado en el Foro de San Pablo y otros inventos del tipo que el comunismo se aprestaba para tomar el poder por la fuerza. O bien de carácter seudo-moralizante, con el orden como valor supremo de la vida social, aunque sea para mantener una sociedad de privilegios inaceptables. Que más de un millón de personas se manifestara en las calles en la “gran marcha” del 25 de octubre en todo Chile no tendría ningún significado de rechazo al orden existente y solo habría existido la destrucción urbana de pequeños grupos que la izquierda “no condena” (lo que no es cierto en el caso de sus representaciones responsables).

No contenta con no querer abordar las causas de una crisis social generalizada -simplemente porque todo diagnóstico mínimamente serio cuestiona el statu quo– la derecha y los representantes del orden oligárquico se empeñaron en una salida institucional trucada que no les resultó en un primer abordaje, al no poder bloquear con vetos la Convención Constitucional, ni impedir que la nueva generación surgida de las movilizaciones de 2011 llegara al gobierno en la elección de 2021. Y luego se empeñaron con éxito en poner todo el poder mediático al servicio de derrotar su propuesta, lo que lograron por la debilidad y retórica excedida de la misma y por una situación económica provocada por las circunstancias internas y externas y por políticas pasivas desde marzo que hicieron del plebiscito de septiembre de 2022 un momento de castigo a un nuevo gobierno con exceso de improvisaciones y ausencia de políticas suficientes frente a las turbulencias externas.

Ahora con nuevos aires, la ambición de la derecha política y mediática es mayor: acallar las ideas de transformación social, para lo cual requieren amarrar y anular al gobierno y las propuestas de cambio que llevaron a la nueva generación de izquierda al poder.

Que el funcionamiento de la sociedad era un factor de crisis larvada que en algún momento iba a estallar -contrariamente a la leyenda del “Chile oasis en América Latina” (Piñera dixit) que construyó la elite política e intelectual complaciente- se niega como una falacia de los que propalaban peregrinas ideas. Entre ellas, que el afán de lucro no podía ser la base de la prestación de derechos sociales en la educación, la salud, las pensiones, el urbanismo y el transporte. Y que la desigualdad de ingresos y de posiciones superior a la cualquier capitalismo maduro se traducía en asimetrías de poder en todos los ámbitos, los que generaron una realidad y una percepción generalizada de abuso en la ciudadanía de a pie por parte de los actores privados concentrados, empezando por la banca y las casas comerciales que promueven un muy caro crédito al consumo al que se suma el arrastre de deudas educativas.

El problema para los ideólogos de derecha es que la realidad social es más fuerte que su narrativa negadora del conflicto estructural. La concentración del poder y de los ingresos crean descontento todos los días, especialmente cuando se pierde el valor real del salario y el desempleo es alto, cuando el acceso a las atenciones de salud más complejas es incierto para la mayoría, cuando la educación de mercado no ofrece un futuro a muchos jóvenes de familias de menos ingresos y cuando la vida urbana es insegura y los tiempos de transporte cotidiano muy elevados, mientras las pensiones no son suficientes para alejar el fantasma de la pobreza en la edad avanzada en una población que envejece aceleradamente.

Los temas de fondo que siguen requiriendo soluciones desde la política se acumulan. Está en juego el cambio de un sistema de representación que no refleja las preferencias ciudadanas, el de un régimen de concentración económica que no ofrece oportunidades de progreso a la mayoría, el de una estructura social y una configuración de políticas que producen una situación distributiva, de inserción en la educación y el empleo y de cobertura de riesgos caracterizadamente desigual. El resultado es la recurrente fractura política y social del país, que sigue necesitando el inicio de respuestas de largo plazo tres años después del 18 de octubre de 2019, las que deben ser necesariamente el principal componente de la agenda del actual gobierno.

Un escenario político incierto

En La Mirada Semanal

La derrota del proyecto constitucional de la Convención por 62% puso a la ofensiva a quienes defienden los vetos de minoría, las soluciones autoritarias a los problemas públicos y la mantención del statu quo, incluyendo políticas sociales de baja intensidad y la concentración económica y mediática en Chile.

El gobierno se encuentra con una doble dificultad. Por un lado, no tiene mayoría en el parlamento para sus prioridades legislativas (reformas tributaria, de pensiones y de salud), salvo que rebaje sustancialmente los cambios a realizar. Por otro lado, no se encamina un acuerdo interpartidario sobre el proceso constitucional, por lo que puede llegarse a uno con fuertes limitaciones de soberanía de la eventual futura entidad constituyente o a ningún acuerdo.

Esta situación obliga a dejar el voluntarismo de lado y diagnosticar de la mejor manera posible lo que ocurre en la sociedad chilena, pues este es en definitiva el parámetro esencial para la definición de la agenda pública.

La derrota de la propuesta constitucional de la Convención es el primer asunto sobre el que volver la mirada, pues representa un cambio sustancial de la situación política. Sabemos que tiene múltiples causas, pero entre ellas se encuentra un insuficiente procesamiento por el cuerpo social del necesario reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos originarios. La autonomía territorial en los asuntos que son propios de las regiones y comunas genera, por su parte, adhesión verbal, pero a la hora de la verdad se prefiere aún la sujeción al poder central en el sistema tradicional de peticiones y dádivas, en la expresión de Sergio Galilea. También estuvo presente la combinación entre un poder mediático formal y por redes que está en capacidad de difundir falsedades y miedos de manera extensa y sistemática y el hecho de sicología social según el cual una parte amplia de la población está dispuesta a creer esas falsedades y dejarse influir por los miedos que canalizan.

Una hipótesis de trabajo razonable para explicar esa propensión es que las personas y familias viven en el temor cotidiano por fuertes incertidumbres respecto a su posibilidad de a) lograr y mantener medios de vida suficientes dada la inestabilidad y alta rotación del empleo y como consecuencia poder responder ante el endeudamiento incurrido o en el que se está incurriendo; b) enfermarse y lograr una atención oportuna y económicamente abordable; c) lograr para los hijos e hijas un acceso adecuado a la educación, una permanencia en ella y titulaciones que permitan el acceso a empleos al menos relativamente bien remunerados; d) vivir en un entorno seguro y no ser víctima de la delincuencia y e) evitar una vejez sin medios de vida suficientes en medio del aislamiento social.

Es posible conjeturar que todas estas incertidumbres con las que la mayoría social debe lidiar todos los días crean ya sea un clima de descontento proclive a los cambios estructurales o bien una inclinación a la desconfianza respecto a la capacidad del sistema político de abordar esos temores con mecanismos instituidos y estables.

Los avances de las últimas décadas son reales en cada una de estas áreas, pero no alcanzan a crear un ambiente de seguridad cotidiana y una confianza suficiente en los cambios promovidos desde el sistema político por las fuerzas que los proponen. El contexto es de un importante desgaste sufrido por lo que se entiende son promesas incumplidas y conductas incorrectas en el largo proceso de transición y consolidación de la democracia, con un fracaso en avanzar sistemáticamente en la dirección de consagrar más derechos sociales. El bloqueo en el sistema político y la captura de una parte de las elites que se suponía progresistas por el poder económico y el pensamiento conservador ha pasado por ahí.

La conducta electoral de la mayoría adulta parece oscilar entre la preferencia por las fuerzas de cambio respecto a aquellas conservadoras de tipo tradicional y el escepticismo abstencionista respecto a su capacidad de concretar transformaciones de la sociedad. Una parte incluso desea, pero considera un peligro para la estabilidad avanzar a esas transformaciones, y ha sido impactada negativamente por las violencias callejeras y destrucciones de pequeños grupos que han acompañado prolongadamente la movilización social.

Esta situación otorga oportunidades de crecimiento a la extrema derecha que se propone manipular las carencias sociales con sus discursos antipolíticos, contra la delincuencia, el desorden, la corrupción y la inmigración que serían causados por los políticos tradicionales, abstracción hecha de toda estructura económica y del sistema político explicativas de la reproducción de la desigualdad y de la protesta social. No se necesita mucha más imaginación para canalizar el descontento social primario con la delincuencia, la precariedad o el temor al inmigrante y construir una estrategia de reversión antidemocrática como la que logró perfilar el candidato José A Kast, que obtuvo una muy alta votación en la elección presidencial reciente y puede repetir en la próxima.

Esta votación fue la precursora de la derrota de la nueva constitución en septiembre pasado.

La pulsión autoritaria y la defensa de la mercantilización generalizada de la vida social siguen con su presencia mediática sistemática, procurando modelar en el día a día un sentido común contrario a la democracia como medio para mejorar las condiciones de vida e intentando anular en el sistema político todo intento de disminución del poder económico oligárquico, incluyendo su dominio de los medios masivos de comunicación además de las grandes empresas y su presencia generalizada en los servicios sociales y urbanos básicos.

Pero esta situación también crea la oportunidad, a pesar de la condición de minoría en el parlamento, de reforzar la acción gubernamental en el aumento sustancial de la pertinencia, eficacia y eficiencia de los programas públicos, con un especial celo contra el clientelismo y la corrupción, creando un ethos de reforma y profesionalización generalizada de la gestión pública. Y también crea la oportunidad de avanzar en la creación de condiciones sociales y políticas para la disminución de los temores y dar a la agenda transformadora en el plano socioeconómico un soporte mucho más amplio que el actual, empujando avances legislativos que pudieran no tener apoyo inicial suficiente. La política de una izquierda racional es siempre buscar correr las fronteras de lo posible, aunque sea milimétricamente.

Economía: la sorpresa de agosto

 En El Mostrador

La economía chilena “pasó agosto” con una sorpresa positiva en el Índice Mensual de Actividad Económica. El índice desestacionalizado presentó un incremento de 0,6% respecto del mes previo, una buena cifra. En contraste, entre abril y julio se habían producido caídas en este indicador, haciendo prever una recesión en breves plazos. El buen resultado de agosto se explica por la expansión mensual de 1,9% en el suministro de servicios, aunque se produjo una caída de -2,1% en el comercio. La producción de bienes no experimentó variaciones. 

¿Qué se puede pensar sobre estos datos? En los 8 primeros meses del año, el crecimiento de la actividad económica es de 4,9% en comparación con el mismo período del año anterior. Este promedio esconde una evolución dual: la producción agregada de bienes (pesca, agricultura, minería, manufactura, construcción) ha caído en -2,0% anual y se encuentra "en recesión", mientras se evidencia un estancamiento en agosto respecto al mes previo en términos desestacionalizados. Sus precios, y los de sus insumos, son frecuentemente determinados internacionalmente. Por su parte, la producción de servicios (que recordemos representa la mayor parte del PIB y del empleo e incluye los servicios a las personas como la educación y la salud y los servicios a las empresas) ha crecido en un notorio 10,4% anual en los 8 primeros meses, es decir se encuentra "en auge" y con un aún mayor nivel de crecimiento anualizado en agosto. Sus precios están determinados internamente y presentan una mayor flexibilidad en la expansión de sus capacidades de oferta ante aumentos de la demanda, como los ocurridos desde 2021, por lo que sus presiones inflacionarias son menos intensas. 

El consumo de los hogares ha disminuido en el primer semestre de 2022 respecto a su nivel del segundo semestre de 2021 en -1,0% en términos desestacionalizados y parece haberse recompuesto en beneficio de los servicios, relegando la compra de bienes, especialmente de bienes durables. Esto en buena hora está moviendo la economía y tendrá efectos positivos en la balanza comercial, a pesar del intento pertinaz del Banco Central de provocar una recesión que supuestamente aliviaría la inflación, la que recordemos es esencialmente de origen importado. Por su parte, la inversión (FBCF) ha caído en -7,0%, lo que es una muy mala noticia para el crecimiento futuro. Dado su diagnóstico erróneo, probablemente el Banco Central va a seguir subiendo la tasa de interés, pues pareciera querer llevar a toda costa el nivel de actividad agregada a un nivel del orden de aquel del primer semestre de 2021. El crecimiento empujado por la demanda del segundo semestre de 2021 puso excesivamente nerviosa a la entidad encargada de la política monetaria y cambiaria. 

Es de esperar que el alza de tasas de política monetaria siga siendo neutralizada, al menos en parte, con una buena operación del FOGAPE para mantener tasas subsidiadas a disposición de las pymes y que la actividad, en vez de deprimirse, se sostenga, en beneficio del bienestar general y del empleo. 

Despejado de efectos estacionales, entre los trimestres terminados en marzo y agosto el empleo total no ha experimentado mayores variaciones, según el INE, en consonancia con la evolución de los servicios. En cambio, el empleo asalariado formal disminuyó en cien mil personas entre mayo y julio, según los registros administrativos. Por su parte, los salarios han disminuido entre enero y agosto en -2,7% anual en términos reales, por efecto de la inflación y la ausencia de reajustes salariales nominales significativos.

Desde el segundo semestre de 2021 se inició un proceso de aceleración inflacionaria de origen interno (por el fuerte aumento del consumo en 2021 a raíz de los retiros masivos de ahorros previsionales) y externo (por el inicio del aumento de los precios de alimentos y combustibles dada la normalización de la demanda postpandemia). Este proceso se aceleró en marzo de 2022 en su componente externo con la invasión rusa a Ucrania, con sus respectivos impactos en los precios de bienes y servicios elaborados o suministrados internamente en Chile. En efecto, casi todos los alimentos incluyen insumos importados y muchos lo son como bienes finales, mientras casi todas las actividades usan combustibles, cuya materia prima Chile prácticamente no produce.

Como se observa en el gráfico adjunto (el IPC es la línea azul), luego de una distensión del impacto inicial de marzo hacia junio de 2022, se produjo un segundo impulso externo alcista en julio, el que empezó a ceder desde entonces (el petróleo bajó su precio). En particular, los precios no transables internacionalmente (línea verde) han aumentado mucho menos que los de los bienes que si son objeto de comercio exterior, fruto de una normalización de su suministro. Estos precios internos se encuentran ya con incrementos "normales" (0,2% en septiembre). En cambio, los precios de los bienes sujetos al comercio internacional (línea roja) han aumentado a ritmos aún significativos (1,4% en septiembre). Los precios transables, ayudados por la devaluación del peso, se han incrementado en el último mes nada menos que 7 veces más que los precios no transables internacionalmente (básicamente de servicios, a pesar de la fuerte expansión reciente de su suministro).

Para evitar una recesión, aunque no sea su mandato actual, el Banco Central debiera bajar la tasa de interés, en vez de seguir subiéndola dado su escaso impacto en la inflación importada. Y especialmente para no seguir afectando la inversión, incluyendo la construcción a través de las altas tasas hipotecarias, así como la actividad en general dado el muy elevado costo de las líneas de crédito para empresas (salvo las subsidiadas a través del FOGAPE) y personas. La inflación externa no puede ser controlada por el Banco Central, mientras su compensación corresponde al gobierno a través de una política de ingresos como el subsidio del aumento del precio de los alimentos a través de la asignación familiar, la que está en aplicación pero debiera extenderse a más sectores de la población, y las políticas de contención temporal de los aumentos de precios de los combustibles en aplicación. La política de llevar expresamente la economía a una recesión para contener la inflación importada -sin lograrlo hasta el momento, por lo demás, dada la mencionada expansión de los servicios- es algo así como salir a cazar moscas con escopeta, si se me permite la expresión. Además, dado que esta inflación externa se origina en fenómenos internacionales con componentes de coyuntura, las sobre-reacciones internas no han sido exactamente la política adecuada y ponen en peligro el empleo de las familias más vulnerables, su bien más preciado pues es el que hace la diferencia entre la miseria y la incertidumbre y una vida mínimamente digna. 

 

La inaceptable agresión territorial rusa en Ucrania

 En La Mirada Semanal

Rusia ha dado un paso adicional en su política de sometimiento militar de Ucrania iniciado en febrero de este año al anexar una parte del país invadido, agravando las tensiones internacionales, la confrontación con Europa y Estados Unidos y las reticencias de China.

Invadir territorios es el tipo de confrontación internacional que desde 1945 el nuevo orden basado en la Carta de la ONU ha procurado evitar, con Estados Unidos (con las invasiones a Irak y Afganistán e intervenciones en Siria y antes a Panamá y Granada, entre las más recientes) y ahora Rusia (que se suma a Israel en la lógica de las anexiones puras y simples) como actores que mantienen una lógica de imperios en sus relaciones internacionales.

El origen de este proceso se encuentra en el rechazo retrospectivo por parte del actual liderazgo ruso y de Vladimir Putin al fin de la Unión Soviética. Este hito histórico de fin de la guerra fría del siglo XX incluyó la independencia de Bielorrusia y de Ucrania por decisión de su antecesor y mentor Boris Yeltsin, entonces gobernante elegido en la república de Rusia. Esto ocurrió contra la opinión de Mijail Gorbachov, todavía presidente de la URSS, que postulaba mantener la Unión bajo una fórmula federativa. Vladimir Putin declaró el 30 de septiembre de 2022: “En 1991, en los bosques de Belavezha, las élites de entonces [los Gobiernos de Moscú, Minsk y Kiev] decidieron disolver la URSS sin contar con la voluntad de sus ciudadanos y la gente se vio de pronto aislada de su patria. Esto desmembró a nuestra comunidad, se convirtió en una catástrofe nacional”.

Ucrania inició su vida independiente con el reconocimiento formal de Rusia, luego de que fueran evacuadas las innumerables instalaciones militares nucleares soviéticas en su territorio, una de las más próximas a Europa de la ex URSS. En el “Memorando de Budapest” de 1994, Rusia acordó con Reino Unido y Estados Unidos respetar las fronteras de Ucrania y no amenazarlas con la fuerza, a cambio de que Kiev transfiriera sus armas nucleares a Moscú. Pero esa independencia no ha estado exenta de prolongadas disputas entre el bloque proruso y el bloque proeuropeo, incluyendo la llamada revuelta del Maidán en 2014 y el separatismo en algunas provincias fronterizas con Rusia, apoyado por Putin desde entonces. Ucrania optó a la postre soberanamente por integrarse a la Unión Europea, proceso en curso con un procedimiento acelerado, antes que al bloque ruso (contrariamente a lo hecho hasta acá por Bielorussia). Y también terminó buscando la protección de la OTAN, como lo hicieron previamente otros países fronterizos con Rusia como los países bálticos y Polonia, a los que se sumaron Eslovaquia, Chequía, Hungría, Rumania, Bulgaria y diversos países de los balcanes. Existe una voluntad de expansión de los intereses occidentales que choca con los intereses del régimen neoimperial y oligárquico ruso, pero también el legítimo afán de las poblaciones este-europeas de defenderse de posibles invasiones rusas. Hoy está claro que no es exactamente una quimera, lo que ha llevado recientemente a Suecia y Finlandia a sumarse a la OTAN y a abandonar su condición histórica de neutralidad.

El fin de la neutralidad ucraniana, por su parte, es una decisión soberana, pues Ucrania no es una colonia ni un protectorado ruso, como suelen dar por hecho los comentaristas pro Putin. La idea de que Ucrania es un país de la ONU que no puede tomar decisiones soberanas es extemporánea. Pero ha tenido como reacción el intento ruso de ocupación de Ucrania (hasta ahora fracasado) y la anexión de territorios ocupados parcialmente por fuerzas militares rusas de las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón a la Federación Rusa, luego de la de Crimea en 2014 (que pertenecía a Ucrania desde 1954). Estas provincias forman parte de la integridad territorial de Ucrania. La nueva anexión fue proclamada por Putin luego de referendos que culminaron a fines de septiembre sin registros de votantes ni debate contradictorio, en medio de la ocupación y coacción militar y con grandes desplazamientos de población fruto de la guerra.

La invasión y la anexión viola expresamente el derecho internacional y la carta de Naciones Unidas, firmada en 1945 tanto por la URSS como por Ucrania, que tuvo una representación propia en la ONU a pesar de su pertenencia a la URSS. Recordemos que la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 2 del primer capítulo, establece que “todos los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.

Para dotar de formalidad un proceso que no reconoce el resto del mundo -y tampoco países como China, India, Kazajistán o Serbia que no han condenado la invasión de Ucrania- Putin firmó en la víspera el reconocimiento de la “independencia” de Jersón y Zaporiyia, pese a que sus autoridades son una administración militar impuesta por el ocupante, lo que ya había hecho con las otras dos provincias anexadas.

Para Putin, la ocupación y anexión de Crimea, el ataque a Ucrania y la anexión de 4 provincias en septiembre de 2022 forman parte de “la destrucción de la hegemonía occidental que ha comenzado” y que considera “irreversible”, pues “nada será como antes. El campo de batalla al que nos ha llamado el destino y la historia es el campo de batalla de nuestro pueblo, por una gran Rusia histórica”, en nombre de la lucha contra “la negación de las dictaduras occidentales del ser humano, de su derrocamiento de la fe y de los valores tradicionales”. Putin asegura que la promoción de la cultura occidental en su país es una forma de racismo, y añade que esos valores “no tienen las características de una religión sino del satanismo absoluto”.

Aquellos izquierdistas con nostalgias pro-soviéticas que defienden a Putin porque se opone a Occidente ya están más que advertidos de aquello a lo que se asocian: al hegemonismo conservador gran ruso heredado del imperio zarista. Su actitud es incomprensible desde el punto de vista de los valores de la izquierda, y en su momento de la propia voluntad de Lenin de otorgar la independencia a Ucrania. Lo es todavía más sostener que un país dirigido por un judío elegido por los ciudadanos y controlado por el parlamento está sometido a un régimen nazi. Y cuando se alude la existencia activa de una extrema derecha radical en Ucrania, se omite que ésta existe desgraciadamente en muchas partes, incluyendo Rusia y Chile.

No obstante, hay algunos elementos de optimismo. Pese a las alusiones a una respuesta nuclear ante ataques a los “nuevos” territorios rusos, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, anunció un día antes de la anexión que Washington y el Kremlin habían reanudado los contactos para volver a aplicar el mecanismo de control del tratado START III sobre sus arsenales nucleares.

A su vez, en el terreno la guerra sigue en un frente de más de mil kilómetros, con la consolidación de la recuperación en septiembre por las fuerzas de Kiev de territorio invadido en el noreste de su país y la caída del nudo ferroviario estratégico para Rusia de Liman, en el Donetsk ahora anexado, junto a la recuperación de territorios en el sur. Esto revela una inesperada capacidad de Ucrania para sostener una doble ofensiva militar, apoyada por equipamiento e inteligencia occidental, que ha obligado a las fuerzas rusas a retroceder. Estos hechos tendrán consecuencias difíciles de prever para la propia estabilidad interna del régimen de Putin, cuya competencia estratégica y la de sus generales es crecientemente cuestionada.

¿Qué ha pasado con la distribución del ingreso en los últimos 30 años?

 En El Mostrador

Chile sigue exhibiendo una de las más deficientes distribuciones del ingreso del mundo (la peor es la de Sudáfrica). Según el Informe 2021-2022 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, recientemente publicado, el indicador usual que mide la concentración del ingreso en la población (coeficiente de Gini del ingreso de los hogares o del ingreso promedio por persona miembro del hogar) muestra que Chile se sitúa, en el promedio 2010-2020, en el lugar 24 entre los países del mundo y el lugar 10 en América Latina. En la concentración del ingreso en el 1% más rico, según las cifras disponibles en 2020 pero más difíciles de comparar, se sitúa con un impresionante nivel de 27,1% en el lugar 5ª, después de Mozambique, República Centroafricana, México y Malawi.

Chile, coeficientes de Gini, Palma y de concentración del ingreso

Fuentes: Encuestas de Caracterización Socio Económica (CASEN), CEPAL (2022), Ministerio de Desarrollo Social (2012, 2020), PNUD (2017), Data.worldbank.org (consultado el 26-09-2022) y OECD Income Distribution Database (consultado el 26-09-2022).

Esta situación no es aceptable en una democracia propiamente tal y nada tiene que ver con el nivel de PIB por habitante y otras leyendas neoliberales. Es fruto del nivel de concentración de los activos productivos, de la falta de redistribución y del tipo de inserción internacional que proviene del predominio de la oligarquía económica sobre la sociedad, portador, a la postre, de una inestabilidad creciente.

Desde 1990 se ha producido, sin embargo, una mejoría distributiva no suficiente, según todos los indicadores disponibles, ya sea los de concentración del ingreso en el 10% más rico (que pasó de 47,1% en 1990 a 35,8% en 2020), el Índice de Gini y el de la relación de ingresos promedio entre el 10% más rico y el 40% más pobre (índice de Palma, por el chileno Gabriel Palma), que permiten construir una serie de tiempo de una capacidad descriptiva bastante razonable. El cuadro que se adjunta reseña los cálculos hechos por los gobiernos de Chile e instituciones internacionales como la CEPAL, el PNUD, el Banco Mundial y la OCDE. A pesar de los diversos criterios de medición, la evidencia indica un progreso desde 1990, especialmente en 2000-2006, un estancamiento en 2017 del Gini y un deterioro del Palma y un retroceso notorio en 2020 en ambos indicadores, con Piñera y su abordaje de la pandemia. 

No hubo entonces "30 años de políticas que profundizaron la desigualdad". La desigualdad y la distribución regresiva del ingreso se instauraron a sangre y fuego durante la dictadura, que fue por sobre todo una restauración patrimonial capitalista, y no en democracia. Los lentos avances posteriores, y algunos retrocesos como el aumento del peso del IVA y la rebaja de las tasas a los ingresos más altos en el impuesto a la renta, no son su causa de origen, ni reflejan un agravamiento inexistente. La causa es un régimen de acumulación de capital y una institucionalidad que favorecen la concentración, con agentes políticos y mediáticos que sostienen y protegen los intereses oligárquicos y no han permitido los cambios redistributivos necesarios para una cohesión social básica en Chile. 

El problema sigue siendo la híper concentración económica que resultó de la restauración capitalista. Los avances posteriores en el margen son valorables, pero no la resuelven. Solo podrían producir una mitigación significativa de la hiperconcentración económica chilena políticas simultáneas, además de las transferencias directas, como las siguientes: 1) un cambio en la regulación del sistema financiero para difundir el crédito en el tejido económico con márgenes bancarios y utilidades normales y no sobrenormales como en la actualidad; 2) una regulación para un uso no concentrado en los grandes conglomerados de los fondos de las AFP; 3) una legislación que autorice relaciones laborales con negociación colectiva equitativa más allá de la empresa individual para vincular productividad, remuneración salarial y participación en las utilidades; 4) multas significativas a la renta oligopólica de las actividades con competencia distorsionada; 5) un impuesto a las transacciones financieras; 6) un impuesto significativo a los grandes patrimonios y herencias y 7) una regalía que capture para fines públicos la renta minera (aquella que sobrepasa la utilidad normal y remunera la propiedad de un recurso escaso no renovable). 

Los recursos provenientes de las medidas 4 a 7 debieran asignarse con prioridad a la promoción de la diversificación productiva sostenible y a los aumentos de productividad mediante un gran salto en las infraestructuras físicas y digitales y en las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de productos y procesos en las universidades y centros de creación de conocimiento, incluyendo los regionales, en especial en materia de energías renovables y sostenibilidad, electromovilidad y alimentación saludable y la formación de personas de todos los niveles educativos en los servicios asociados a estas actividades.

El cambio institucional posible en septiembre pasado, que hubiera facilitado las mencionadas políticas después de largas y múltiples luchas, sufrió un severo revés por causa, entre otros, de quienes se han quedado repitiendo una narrativa de crítica generacional a sus mayores de similares ideas en vez de apuntar a las estructuras desiguales de la sociedad y sus sostenedores y abordar de frente la mejoría de las condiciones de vida de la mayoría social. Empezando por revertir la trampa económica dejada por el gobierno de derecha en materia de ajuste fiscal, así como cuestionar la política monetaria recesiva del Banco Central. Ambas trampas no obtuvieron una respuesta suficiente desde marzo de este año. 

Ese es uno de los temas primordiales a discutir, junto a construir coaliciones mayoritarias que permitan el cambio estructural en la sociedad, más que emitir juicios livianos sobre el pasado en el que la acción política antioligárquica y antimilitarista fue todo menos sencilla de llevar a cabo y que tuvo luces y sombras de las cuales extraer lecciones. Como también las tiene el actual período, pues no hay meros blancos o negros ni superioridades ni inferioridades genéricas en la historia de las sociedades sino procesos que producen o no determinados resultados según el peso e interacción de unos y otros agentes estatales, sociales y culturales que terminan por determinar los niveles de concentración del poder y de los ingresos.