Una barrera sanitaria contra la ultraderecha

En La Mirada Semanal

Frente a un candidato de marcado signo ultraderechista, se debe establecer un cordón sanitario sin distinción de corrientes políticas democráticas para impedir su legitimación o, peor aún, que llegue al gobierno, y apoyar, en el caso que Kast llegue a la segunda vuelta, a cualquier demócrata que pueda derrotarlo.

Kast se propone reforzar el carácter autoritario del Estado, incluyendo establecer un Consejo de Seguridad Nacional de carácter permanente, ocupar militarmente la Araucanía, autorizar la violación de la correspondencia y establecer lugares de detención distintos de las cárceles, es decir campos de concentración o lugares secretos de detención, como indica su programa. Se propone derogar la ley de aborto por tres causales, terminar con el Ministerio de la Mujer, con el "lenguaje de género", con el Convenio 169 que establece la consulta indígena, derogar leyes de reparación por violaciones a los derechos humanos, indultar a los criminales presos por esta causa, dictar una "ley de punto final" y cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Siendo hijo de un inmigrante nazi que llegó a Chile con papeles falsos y que participó en el asesinato de campesinos en 1973, se propone perseguir la inmigración, construir una insólita zanja en el norte, expulsar extranjeros eliminando los recursos judiciales y administrativos y "sancionar" a las ONG que presten apoyo a los inmigrantes ilegales.Niega el cambio climático y quiere mantener las centrales a carbón. Es partidario de la versión más extrema del libremercadismo y de bajar impuestos y reforzar a las AFP, la legislación laboral y toda la legislación económica que protege al gran empresariado. Y así sucesivamente, incluyendo privatizar CODELCO, con un programa extremo que es simultáneamente autoritario y neoliberal.

Pero lo más grave es que Kast ha insinuado que la Convención Constitucional es ilegítima, augurando una grave confrontación civil en el país en caso de que su tesis prevalezca entre los poderes fácticos.

Frente a un candidato de marcado signo ultraderechista, los que creemos en la democracia, cualquiera sea nuestra legítima adscripción a una corriente política que concursa para llegar al poder mediante elecciones periódicas, debemos establecer un cordón sanitario para impedir su legitimación como un candidato más.  Y debemos apoyar, en el caso que Kast llegue a la segunda vuelta, a cualquier demócrata que pueda derrotarlo.

Es evidente que una postura auténticamente republicana no es la que está adoptando la derecha en Chile. Está dispuesta una vez más a apoyar el triunfo de la ultraderecha y a empujar al país a un retroceso autoritario que llevaría otra vez a una confrontación política y social de gran escala. Esto lo muestra Francisco Chahuán, presidente de RN, quien señala “que el candidato que va a pasar a segunda vuelta va a ser Sebastián Sichel, en caso contrario claramente votaremos siempre por el candidato del sector”. Lo que refrendan todos los voceros de la UDI, que en realidad son más cercanos a Kast que a Sichel.

Esta actitud de la derecha consistente en considerar a la ultraderecha autoritaria “como parte del sector“, puede llevarla otra vez al escenario del que no ha querido o sabido salir, aunque algunas de sus figuras lo hayan intentado: la confrontación entre un modelo de neodictadura que se remite a defender los intereses oligárquicos y un modelo de democracia en forma, en la que los ciudadanos determinan, a través de sus representantes o directamente mediante votación plebiscitaria, las orientaciones de gobierno y la legislación que rige la vida colectiva en el marco de un Estado de derecho y de separación de poderes que garantice los derechos individuales. De más está decir que la ultraderecha intentará plantear que el dilema es ellos o el chavismo, lo que es una evidente falsedad. Las fuerzas políticas representativas de la mayoría social que no está dispuesta a ningún retroceso en materia de libertades junto al avance de nuevos derechos sociales son sólidas y están llamadas a seguir colaborando.

La oposición debiera invitar a la derecha a establecer el mencionado cordón sanitario contra la ultraderecha. El propio Sichel se vio obligado a tomar distancia de los partidos de la derecha por su vuelco evidente hacia Kast.

Si la derecha no lo acepta, quedará en evidencia que sus convicciones democráticas no son sino de papel y cabrá ponerla frente a sus responsabilidades ante el futuro democrático de Chile y el bienestar de las nuevas generaciones.

La autonomía del Banco Central

En El Mostrador

En estos días en que Sebastián Piñera renovó el mandato de Mario Marcel a la cabeza del Banco Central, se escuchó con frecuencia el concepto de independencia de la autoridad monetaria, en circunstancias que su definición constitucional en Chile es la de autonomía. Quienes quisieran adquirir esa independencia expresan una típica pretensión de algunos jefes de entidades públicas que quisieran no estar sometidos al control de nadie, empezando por los ciudadanos y sus representantes elegidos. O la pretensión de los portadores de tesis dogmáticas en economía que no aceptan debatir sus ideas, las que, por lo demás, han mostrado ser con frecuencia bastante equivocadas precisamente porque son dogmáticas.

El trasfondo es atribuirle a "la política" y a "los políticos" una conducta de tontorrones irresponsables que solo piensan en su interés de corto plazo, y detrás de ellos a los ciudadanos y ciudadanas, de los que la política económica debiera estar protegida mediante su gestión por "técnicos" inspirados en el "pensamiento económico". Es decir, la suma del neoliberalismo (que considera inconducentes las intervenciones de política monetaria y fiscal contracíclicas) y de los prejuicios antidemocráticos (“la democracia protegida”) en acción.

El problema es que no hay tal cosa como "técnicos" neutros en economía, ni "pensamiento económico" consensual, sino opciones analíticas y de política diversas, más o menos rigurosas según los casos y más o menos capaces de interpretar las realidades y de inspirar acciones que permitan mantener los equilibrios macroeconómicos, incluyendo la estabilidad tendencial de precios y el pleno empleo en condiciones sostenibles.

Ninguna de esas opciones es neutral desde el ángulo que se le mire, y son fruto de ideas siempre controvertidas y de valores e intereses frecuentemente en conflicto, y deben ser consideradas y deliberadas como tales. Lo peligroso de consejos del Banco Central homogéneos es la ausencia de deliberación contradictoria sobre las opciones que toma la autoridad monetaria, las que son ampliamente discutibles. Y en ocasiones muy equivocadas, como en 1999 y 2008, situaciones en las que la política monetaria restrictiva frente a episodios inflacionarios no permanentes precipitó recesiones evitables y explosiones de desempleo de las que no se rindió cuenta a nadie. El actual aumento de las Tasas de Política Monetaria, con el argumento de llegar a la brevedad a una quimérica tasa "neutral" de 1% real, y detener expectativas inflacionarias que el mismo consejo del Banco Central ha contribuido a crear, está incrementando el peligro, según la opinión que algunos tenemos, de otra recesión en 2022 o al menos de un estancamiento evitable.

¿Qué dirían los que suelen rasgar vestiduras en nombre de la seriedad técnica si alguien propusiera que las autoridades de gobierno pudieran acusar ante la Corte de Apelaciones a un miembro del Consejo del Banco Central por estar favoreciendo intereses particulares? Con toda seguridad, que esto es un acto de populismo inadmisible que atentaría contra la necesaria independencia del Banco Central. Pues bien, esta figura está descrita en el artículo 15 de la actual ley.

¿Qué dirían los mismos si alguien propusiera que el gobierno pudiera destituir al presidente del Banco Central si así lo pidieran 3 consejeros y la mayoría del Senado? ¿O destituir a alguno o la totalidad de los consejeros con acuerdo del Senado? Horror, otro atentado contra la independencia del Banco Central. Pues bien, esta figura está incluida en los artículos 16 y 17 de la actual ley.

¿Qué dirían si alguien propusiera que el gobierno tuviera el derecho de suspender la aplicación de cualquier acuerdo o resolución que adopte el Consejo hasta por quince días, para su rediscusión, incluyendo subir la tasa de interés, salvo que la totalidad de los consejeros insista en su aplicación? Eso si que no: definitivamente se pondría en peligro la independencia del Banco Central. Pues bien, otra vez esta figura está incluida en el artículo 19 de la actual ley.

Algunos utilizan estadísticas que correlacionan sin causalidad demostrada las autonomías de la política monetaria –muy variadas según cada arreglo institucional– y descensos de la inflación, sin considerar la "varianza" en esa correlación: hay casos para todos los gustos. Otros radicalizan el argumento y tratan de establecer una correlación entre independencia del Banco Central del poder político y crecimiento elevado. El argumento es en ese caso todavía más pueril: ¿alguien tiene alguna duda que el caso más resonante de crecimiento acelerado y sostenido en las últimas décadas es China? En ese país no hay nada que se parezca a un Banco Central independiente o siquiera autónomo.

Se cita con frecuencia el caso de Estados Unidos como uno en el que la política monetaria estaría al margen de toda interferencia política de corto plazo. El excelente libro de Binder y Spindel (2017), The Myth of Independence: How Congress Governs the Federal Reserve, muestra que la situación es la inversa: lo que ocurre en la práctica es una creciente interdependencia entre las autoridades responsables de los distintos componentes de las políticas económicas. El propio expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y reconocido economista académico, sostiene una postura que debiera inspirar las normas que rijan en el futuro al Banco Central en Chile: “En ningún caso abogo por la independencia incondicional para los bancos centrales. (…) Los objetivos de política deberían ser puestos por el gobierno, no por el banco central en sí mismo; y el banco central debe demostrar con regularidad que cumple con los objetivos conferidos por mandato".

Consignemos también que, según el Acta de 1998, el Banco de Inglaterra puede recibir directivas en forma unidireccional del Departamento de Gobierno de Gran Bretaña: “El Tesoro, luego de consultar con el gobernador del Banco, puede darle órdenes a su dirección bancaria respecto de la política monetaria si ellas son requeridas por el interés del público y por las extremas circunstancias económicas”. Esas órdenes también deben ser aprobadas por el Parlamento dentro de un plazo de 28 días. Un mecanismo de este tipo debe ser contemplado en la futura legislación chilena.

En el caso de Japón, se mantiene un alto grado de coordinación con el gobierno en su legislación: “En reconocimiento del hecho de que la moneda y control monetario es un componente fundamental de la política económica, el Banco de Japón deberá mantener un contacto cercano con el gobierno y Ministerio de Economía, de manera que la moneda y el control monetario y la postura del gobierno en materia de política económica puedan ser mutuamente armoniosos”.

La razón es muy sencilla: la política fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos debe ser un todo coherente para ser exitosa. Esa ausencia de coherencia institucional en la Unión Europea –que carece de coordinación entre la política fiscal de los gobiernos y la monetaria de la Unión– y un cierto dogmatismo doctrinario y traumas históricos de algunos de los países que la conforman, explica que el desempeño del BCE haya sido poco eficaz en buena parte de la crisis de 2008, aunque mejoró con Draghi y su política de compra indirecta de bonos públicos, cuestionada por los ordodoxos, y con Lagarde, que se propone ampliar el rol del BCE al financiamiento de las acciones contra el cambio climático, rompiendo con el dogma de la neutralidad sectorial de la política monetaria.

La pretensión de independencia del Banco Central, suponemos que al estilo de la que se garantiza al Poder Judicial, es exhibida en Chile por los economistas del sistema, y los políticos conservadores que los apoyan, como una supuesta verdad tecnocrática. Pero en realidad no es más que una pretensión indebida de irresponsabilización democrática. Las autoridades económicas deben llevar a cabo una política coordinada con objetivos explícitos y coherentes –con estudios acuciosos sobre las situaciones existentes y sobre las trayectorias posibles y sus efectos– y responder por ellos periódicamente ante los ciudadanos y sus representantes elegidos.

La autonomía del Banco Central debe remitirse, en la doctrina de Bernanke, a escoger los medios técnicos para obtener resultados fijados por la autoridad gubernamental, no a sustituirse a esa autoridad en la fijación de esos objetivos. La Contraloría General es autónoma para verificar la legalidad de las actuaciones públicas. Pero no es independiente ni menos determina la orientación de esas actuaciones públicas, lo que corresponde a las autoridades elegidas por el pueblo. Y si la coherencia no existiera o se perdiera en alguna crisis, como en la actualidad, no será un grupo de cinco personas, por honorable que sea pero que pudiera creer que no debe responder ante nadie, el que esté en condiciones de obtenerla o restablecerla, sino el conjunto del sistema de decisiones públicas en el seno de las instituciones democráticas, a las que ningún órgano público debe sustraerse. 

David Card y los salarios mínimos

En La Mirada Semanal

Es una buena noticia que se le haya otorgado a David Card, de la pública Universidad de California en Berkeley, el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, establecido en 1969. La entidad premió a Card junto a Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens por procurar “utilizar experimentos naturales”, es decir “situaciones que surgen en la vida real que se asemejan a experimentos aleatorios”, las que son muy poco frecuentes en la vida económica y social.

David Card y Alan Krueger (ya fallecido) mostraron en la década de 1990, utilizando datos comparativos de los estados de New Jersey y Pennsylvania en Estados Unidos -los que fijan su propio salario mínimo- que su aumento en una situación comparable no provoca desempleo. El libro que reseña esta investigación se llama sugestivamente “Mito y medición” (ver https://archive.org/details/mythmeasurement00davi), la que fue pionera entre las muchas que han derribado los mitos liberales con estudios empíricos rigurosos. La medición de Card y Krueger contradijo el análisis neoclásico típico de la interacción entre precios y cantidad demandada en el “mercado de trabajo”, según el cual el aumento del salario mínimo (precio) disminuiría la demanda de trabajo de las empresas, creando desempleo.

Como sabemos, la soberbia infundada de la academia convencional es bastante frecuente. El propio David Card testimonia que se alejó por un tiempo de la investigación sobre el tema por la hostilidad de sus colegas. Pero su metodología fue replicada en diversos casos por varios autores, en estudios en los que se compara la evolución del empleo en territorios en los que se ha aumentado y no aumentado el salario mínimo en el mismo período de tiempo. Se confirmó que ese incremento aumenta los ingresos de los trabajadores más pobres (ver https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.20170085), sin efectos mayores en otras variables económicas, empezando por el empleo.

Este resultado no es banal si se considera la creciente pérdida de la participación relativa de los salarios en la distribución funcional del ingreso en el capitalismo contemporáneo. Según Jan Eeckhout, por ejemplo, la relación entre utilidades y planilla de salarios en Pfizer subió de 41% en 1980 a 210% en 2019, mientras tanto en el caso de Apple como de Facebook ese coeficiente es actualmente superior a 300%. Estas hiper-empresas han acumulado un impresionante poder de mercado que inhibe la entrada de nuevos competidores y la difusión de la innovación, mientras les permite un creciente control de los medios de comunicación y, en diversos casos, una fuerte influencia sobre el sistema político. 

David Card también estudió el efecto de la ola migratoria desde Cuba hacia Miami en 1980, mostrando que no provocó una ola de desempleo ni una baja de salarios, como el análisis convencional hubiera esperado. En estudios posteriores, refrendó la idea que la migración no provoca un mayor desempleo de los nativos de baja calificación (en https://web.archive.org/…/econ/conf/immigration/card.pdf).

Ahora el trabajo de Card es reconocido y recompensado por una entidad, el Banco Central de Suecia, que no es exactamente una ONG vanguardista. Los que postulan que debe mantenerse salarios mínimos bajos defienden intereses (contener los costos salariales es sostener altas utilidades), lo que es explicable desde su punto de vista. Pero ya no se puede aludir tan fácilmente la defensa de un eventual interés general (evitar el aumento del desempleo) para mantener remuneraciones legales mínimas bajas e impedir la negociación colectiva del salario con sindicatos fuertes. Esto ya lo había establecido Keynes -ver la reseña de economistas del FMI en https://www.imf.org/…/ft/fandd/spa/2014/09/pdf/basics.pdf- desde el punto de vista macroeconómico (los salarios bajos mantienen una demanda agregada insuficiente y un “equilibrio de subempleo”), pero los trabajos de Card y otros lo han demostrado con estudios empíricos en situaciones comparativas reales en escala microeconómica. Esto lo hizo acreedor del reconocimiento sueco y, esperamos, ayudará a disminuir la intensidad de las afirmaciones perentorias, pero no por eso menos equivocadas, de los economistas convencionales, los que suelen aludir un supuesto pensamiento económico no controversial que es simplemente inexistente.

La necesidad de una nueva regulación frente al sobreprecio del gas y otros bienes de consumo básicos

En El Mostrador

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha publicado un estudio –respecto del cual el Gobierno no ha dicho nada relevante– que concluye que existen sobreprecios del orden de un 15% en el suministro de gas licuado (mercado oligopólico con pocos oferentes) y de 13 a 20% en el de gas natural de cañería (mercado monopólico con un solo oferente). La FNE calcula que los distribuidores mayoristas de gas licuado han aumentado su margen anual de un 35% a un rango de entre 50% y 55% entre 2014 y 2020, unos US$ 261 millones anuales que se sustraen del bolsillo del consumidor.

Ya la FNE había concluido en enero de 2020 que muchos medicamentos se siguen vendiendo con sobreprecios y que “una reforma estructural a este mercado podría traducirse en ahorros en torno a 40% en los precios de estos productos”.

También, planteó que “las farmacias por regulación deban dispensar el producto más barato dentro de una categoría de medicamento clínico, y que el precio de este sea fiscalizable y compuesto por el costo efectivo que la farmacia pagó por el mismo más una suma fija única en pesos que cobraría la farmacia por su labor como intermediario respecto de cualquiera de los productos médicos que dispense”.

Es decir, una fijación de utilidad máxima, lo que rompe con el dogma del libre mercado, sin que el Gobierno hiciera nada al respecto. Los consumidores siguen esperando, por lo que la próxima administración gubernamental y el Parlamento deberán actuar a la brevedad en la materia. Otra prueba de que el libre mercado es problemático en diversas situaciones ha sido el tema del examen de PCR para identificar el COVID-19, en el que el Gobierno tuvo que fijar un precio máximo: la realidad resultó más fuerte que el dogma frente a los abusos de precios que empezaron a producirse al iniciarse la pandemia.

A partir de marzo próximo, la FNE y las superintendencias respectivas debieran avanzar rápidamente en el análisis de otros dos mercados de servicios básicos en los que se puede presumir tarifas públicas que permiten ganancias monopólicas privadas injustificadas: el suministro de electricidad y de agua.

El tema es simple: donde hay monopolios naturales, es decir, en el caso en que los costos fijos son de gran magnitud, por lo que no se justifica más de un productor, dado que los costos unitarios caen a medida que aumenta la producción, deben existir tarifas públicas que permitan a los operadores cubrir los costos de producción y distribución pero impidan utilidades monopólicas en detrimento de los consumidores. Es el caso de la electricidad, el agua, el gas de cañería y la telefonía fija.

Donde hay oligopolios en el suministro de bienes de consumo básico –pocos oferentes que tienden a administrar los precios sin competencia–, es decir, al menos en el gas licuado, algunos medicamentos y algunos alimentos, debe existir una vigilancia e información pública de los precios, además del cobro de un impuesto a las sobreutilidades sobre el capital invertido (un parámetro razonable es el 5%), las que se originan en colusiones de precios. En el caso del gas licuado, es apropiada la recomendación de la FNE de impedir que los mayoristas intervengan en el mercado minorista, vale decir, prohibir la integración vertical. La banca debe también ser objeto de una vigilancia más estricta respecto a las comisiones cobradas y también ser objeto de un impuesto a las sobreutilidades.

De otro modo, se mantendrá el abuso de sobreprecios que penalizan a los consumidores y a los usuarios. Los libremercadistas pondrán otra vez el grito en el cielo. Pero su ideología no justifica el sistemático perjuicio al ciudadano común que monopolios y oligopolios producen en la prestación de servicios indispensables y de amplio consumo.

A dos años. Los significados del 18 de octubre de 2019

 Primera versión en La Mirada Semanal

Se discutirá por mucho tiempo sobre las causas de la rebelión popular de 2019. Pero entre éstas se cuenta el desfase institucional respecto a las demandas de la sociedad y la pérdida del rol de representación del mundo del trabajo y de la cultura por parte de la izquierda histórica.

Al cumplirse dos años del inicio de la rebelión popular el 18 de octubre de 2019, volverán a ofrecerse múltiples interpretaciones sobre sus causas y proyecciones. Esta rebelión no fue un episodio puntual sino un terremoto social. Duró más de tres meses, se generalizó con intensidad en todo el territorio chileno y tuvo hitos como el de los 1,2 millones de personas de todas las generaciones en las calles de Santiago y cerca de tres millones en todo Chile el 25 de octubre.

Se atribuye a Zhou Enlai haber respondido al ser preguntado sobre el significado de la revolución francesa que aún era muy temprano para saberlo. Desde luego, los múltiples libros que se publicaron a la rápida sobre el tema de la rebelión de octubre no han dejado un gran recuerdo. Pero puede aventurarse que hay al menos dos grandes causas y sus respectivas proyecciones que deben destacarse.

La primera es el desfase institucional respecto a las demandas de la sociedad. Existe una amplia literatura, a partir de Samuel Huntington, sobre la explosión de expectativas y demandas en contextos de crecimiento económico en “países en desarrollo”, que dio lugar a una interpretación autocomplaciente de las tensiones sociales acumuladas desde 1990: eran inevitables y no había mayor cosa que hacer que no fuera desplegar paciencia y habilidad política en la búsqueda de consensos. No obstante, no se consideró lo suficiente lo afirmado por el propio Huntington, en el sentido que el retraso en el surgimiento de las instituciones políticas apropiadas para permitir el cambio social y económico ponía en peligro el desarrollo democrático. La necesidad de pasar con rapidez a un régimen político que expresara la voluntad popular mayoritaria y que acudiera al pronunciamiento popular en las situaciones de crisis se dejó progresivamente de lado en la coalición de gobierno por falta de interés de su sector derechista.

Esto ocurrió a pesar del esfuerzo de quienes fuimos puestos en minoría en ella en beneficio del acomodo a una situación de veto oligárquico en las instituciones, que permitía mantener una relación no demasiado conflictiva con el poder económico, devenido con el tiempo en subordinación y complicidad parcial considerada no solo necesaria, sino que deseable. Al mismo tiempo, el acomodo a la constitución de 1980 y sus insuficientes reformas de 1989 -solo en parte morigeradas en las de 2005 con el término de los senadores designados y el restablecimiento de las potestades del presidente sobre las fuerzas armadas- permitía al sector derechista de la coalición de gobierno endosar a las trabas institucionales heredadas la ausencia de avances económicos y sociales sustantivos.

Se generó una conducta generalizada de desesperanza aprendida en los partidos de izquierda de gobierno y el deslizamiento al clientelismo al estilo del PRI mexicano, junto a connivencias financieras indebidas con el gran empresariado. Y finalmente al triunfo de Piñera en dos ocasiones. La integración social no se sustentó en redistribuciones de ingresos suficientes ni en la construcción de un Estado de bienestar con derechos sociales consagrados, sino en el crecimiento prolongado del empleo (aunque precario y sin negociación colectiva con sindicatos fuertes), de las remuneraciones (aunque menor que el incremento de la productividad), de gastos sociales (aunque muy por debajo de la proporción media en la OCDE en relación al PIB) y de un mayor acceso a la educación (al costo de un endeudamiento de los estudiantes y sus familias que financió establecimientos privados de baja calidad y que desplazó la educación pública).

Estos son logros paradojales y parciales, junto a la expansión del acceso al consumo masivo y el aumento de las infraestructuras, a los que no cabe quitar relevancia. Pero, junto a las contradicciones en los avances logrados,  las pensiones y la atención de salud permanecieron peligrosamente rezagadas y privatizadas, mientras los servicios básicos se mantuvieron en manos de monopolios privados con regulaciones débiles en un cuadro de desigualdad de acceso y de aguda concentración de la riqueza. La derecha ejerció sin contemplaciones su derecho a veto nacido de la persistencia de los senadores designados, del sistema electoral binominal y los altos quórum de aprobación de las leyes y reformas constitucionales, es decir con un  fraude institucional generalizado desde el punto de vista democrático.

¿Podían la desesperanza y la integración subordinada permanecer eternamente como cimiento del cuerpo social y de un sistema político con soberanía popular vetada? Evidentemente no. La resignación terminó por dar a lugar a una rebelión inorgánica, aunque precedida de múltiples luchas sociales organizadas o espontáneas, desencadenada por un aumento del pasaje del metro bajo la consigna directamente política de “no son 30 pesos, son 30 años”. El “esto no prendió muchachos” se transformó en la mayor rebelión social desde las emblemáticas protestas de 1983-1986 y sus barricadas, que permanecían en la memoria colectiva y en la transmisión intergeneracional mucho más de lo que la sociología convencional postulaba, convertida, por otro lado, en sociología de mercado y en acción de lobby empresarial.

Una segunda causa de la rebelión de 2019 fue la pérdida del rol de la izquierda en darle perspectiva política a las luchas sociales. Probablemente algún grupo pequeño quemó estaciones de metro, pero lo esencial del fenómeno fue su carácter espontáneo y masivo, aunque haya devenido con el tiempo en parte en una movilización minoritaria alentada por grupos ultra radicalizados. Buena parte de las distintas variantes de la izquierda había dejado de representar los intereses de la mayoría social y no había logrado pesar para establecer siquiera algún tipo de "pacto socialdemócrata" propiamente tal, que funcionó solo en ocasiones puntuales durante 30 años. La auto-atribución de la apelación de socialdemócrata por la izquierda reformadora devenida en izquierda reformada y acomodada (el bloque PS-PPS-PR), es simplemente una ironía frente a la realidad de su renuncia práctica a representar los intereses del trabajo y de la cultura y la promoción de una sociedad igualitaria y libertaria, y a luchar de manera organizada y persistente por ellos.

El primer resultado fue la pérdida de conexión con las generaciones jóvenes que se autonomizaron con razón a partir de 2011. Y luego con el resto de su mundo social de origen. Algo similar ocurrió con la cultura socialcristiana, nacida de la reivindicación de la promoción popular, la reforma agraria y la chilenización del cobre. Las llamadas fuerzas progresistas, como en otras partes, terminaron descompuestas por el largo acomodo a un poder burocrático subordinado al poder económico, o en todo caso sin voluntad suficiente de cuestionar su hegemonía.

El socialismo debiera haber constatado que ya no tenía nada que hacer en una coalición que terminó siendo el soporte político de una semi-democracia dominada por un capitalismo hiperconcentrado y gobiernos amarrados a políticas sociales débiles y a la carencia de regulaciones sólidas de los mercados y sus efectos sociales y ambientales negativos. No tenía sentido que el socialismo permaneciera instalado en concesiones y acomodos con el control oligopólico de la banca, la distribución y muchas actividades productivas, incluidas  la industria, la pesca y la agricultura de exportación; la entrega a capitales privados y a transnacionales de la minería nacionalizada en 1971; la persistencia de la privatización del agua y de los servicios básicos; la privatización de la educación y de una parte la atención de salud; la mantención de las pensiones en manos de las AFP y la persistencia de relaciones laborales asimétricas y precarias favorables al capital concentrado. El mérito de una coalición amplia que sirvió para terminar con la dictadura, no se extendió ni a la voluntad de terminar con los amarres institucionales antidemocráticos ni a establecer una economía regulada, sostenible y con derechos sociales efectivos. Para evitar la completa desnaturalización de su proyecto histórico, el socialismo debió haber reinstalado en la izquierda hace mucho tiempo su ubicación en el espectro político, lo que suponía redefinir su relación con el centro y dejar de hacer concesiones programáticas en nombre del realismo político. No lo hizo, por lo que la rebelión de 2019 también se produjo en parte contra los abandonos de la izquierda histórica.

Pero esa rebelión ha sido fecunda en sus efectos, aunque ha pagado altos costos represivos. Ha sido el punto de partida de la reconstrucción por etapas de un bloque de izquierda plural, capaz de llegar al gobierno en marzo próximo para sostener un proyecto de transformación social, cuya vigencia es evidente frente a la magnitud de las desigualdades y los abusos, del dominio patriarcal y de la depredación de la naturaleza. Y que, además, deberá hacerse cargo de los desastres de la gestión de Piñera en materia económica, social y sanitaria. Y sobre todo ha sido el punto de partida de un proceso constituyente único en la historia de Chile, cuya fuerza y profundidad es irreversible y dará lugar a la construcción, salvo errores graves en el camino, de una institucionalidad democrática basada en la soberanía popular, la que tendrá la potencialidad de dejar atrás el dominio oligárquico sobre la sociedad.

Piñera y la moralidad pública

En La Mirada Semanal

Debe producirse una señal histórica de la sanción de la violación del pacto republicano según el cual los ricos y los poderosos no usan el Estado a favor de sus intereses económicos o los de su familia ni eluden pagar impuestos.

Las nuevas publicaciones por la prensa internacional de documentos de estudios jurídicos que operan en paraísos fiscales revelan la profundidad de los mecanismos globales de evasión y elusión tributaria. En efecto, es extendido el uso de países o territorios con baja o nula tributación a los que los dueños de fortunas -bien o mal habidas- trasladan sus capitales. En ellos realizan transacciones sin mediar una actividad propiamente tal en el lugar, con una total ausencia de transparencia que asegura el secreto de la identidad de las personas y dueños finales de las empresas involucradas. En ocasiones, se trata de operaciones internacionales legítimas, pero las más de las veces existe la motivación de esconder ingresos y/o evadir o eludir los impuestos que deben pagar empresas y personas en los países en que realizan sus operaciones y extraen sus utilidades. En Europa se calcula en un 10% del PIB los recursos que los paraísos fiscales restan a las arcas gubernamentales.

El control de los paraísos fiscales ha avanzado por parte de diversas instituciones multilaterales y compromisos de los países. El Common Reporting Standard fue elaborado como mecanismo de intercambio automático de información financiera entre administraciones por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evitar la evasión de impuestos y rige desde 2018.

A cada país le corresponde, en todo caso, sancionar la evasión de impuestos y terminar con el uso de paraísos fiscales para eludir su pago. Establecer una norma general antielusión con estándar OCDE es la primera tarea en Chile, pues hoy su ausencia impide investigar a cabalidad los ingresos de empresas y personas y hacer efectivo el pago de los impuestos correspondientes. Se debe, además, terminar con un secreto bancario extemporáneo que contribuye a la evasión del pago de impuestos.

Pero el hecho más dañino para la fe pública en Chile es que se ha confirmado que el propio presidente Piñera ha operado al menos como mandante en paraísos fiscales, figura que él mismo condenaba públicamente en 2016. Además, ha quedado en evidencia nada menos que la venta de un activo de una sociedad de familiares constituida mediante donaciones de su parte -venta que produjo altas utilidades- sujeta a una cláusula contractual de no modificación de regulaciones públicas en las que Sebastián Piñera tenía una alta incidencia. Señalar que el presidente no estuviera al tanto de ese contrato no parece una situación muy creíble.

La actuación recientemente conocida del presidente Piñera debe ser objeto de sanción política, pues su gobierno no declara hasta el día de hoy la protección ambiental -para la que existe una solicitud formal- de una zona que alberga un ecosistema marino único y en la que se planea inversiones mineras vinculadas a sus hijos y amigos. El parlamento debe hacer efectiva la responsabilidad de Sebastián Piñera y decidir la destitución de su cargo. El hecho que debe ser sancionado políticamente es que el gobierno ha insistido en hacer posible una inversión minera que daña el ambiente marino y en la que han estado involucrados negocios familiares del presidente y de amigos cercanos, con pagos asociados a mantener la normativa ambiental que está su cargo.

Esta debe ser la señal histórica, en momentos de refundación institucional, del cese de la violación por el actual presidente del pacto republicano según el cual los ricos y los poderosos no usan el Estado a favor de sus intereses económicos o los de su familia ni eluden pagar impuestos. En efecto, sin financiamiento suficiente de las instituciones y de los servicios públicos, no hay estabilidad social posible ni puede hacerse efectiva cualquier idea de igualdad de oportunidades en la sociedad. Además, debe legislarse con urgencia pasar al régimen general de impuesto a la renta los ingresos por herencia o donación, o su pago mediante transferencia de activos a un fondo patrimonial público que financie la desconcentración de la propiedad y la diversificación productiva. La contribución de los herederos a la prosperidad colectiva es simplemente igual a cero.