jueves, 29 de julio de 2021

Viejos temas, nuevos temas

 En La Mirada Semanal

El actual momento de cambios políticos requiere seguir abordando los temas no resueltos o no bien resueltos en la sociedad con proyectos consistentes y movilizadores. Los grandes dilemas que enfrenta la vida social siguen vigentes, lo que los mesianismos de distinta inspiración y la lógica del yo por sobre la historia muestran ser eternamente -o bien interesadamente- refractarios a asumir.

Uno de los lugares comunes más difundidos -y más absurdos- es aquel según el cual los cambios del mundo actual son de tal magnitud que toda visión de mundo hasta ahora constituida estaría obsoleta. Hay quienes han procurado construir sus plataformas políticas con este enfoque, algunos de buena fe y otros simplemente para esquivar definiciones sobre los grandes problemas actuales de la sociedad.

Los cambios en el mundo contemporáneo se presentan bajo el signo de la aceleración y son, en efecto, impresionantes. Entre ellos se cuentan los efectos ya perceptibles del cambio climático de origen antropogénico y la consecuente amenaza para la biosfera; la emergencia de nuevas tecnologías que permiten concebir el rápido reemplazo de las energías fósiles por las energías renovables; un gran aumento de la capacidad de transmisión y procesamiento de datos que circulan por redes digitales usando inteligencia artificial con una concentración de la información en gigantescos monopolios privados; la creciente robotización de la producción y del transporte; la manufactura aditiva; las biotecnologías y los nuevos desafíos de la reproducción humana; el internet de las cosas; la criptoeconomía y así sucesivamente, incluyendo las nuevas pandemias. Dominar el futuro plantea, entonces, desafíos enormes para la propia supervivencia de la especie humana.

Para ese fin, en medio de cambios culturales y mediáticos y de una crisis generalizada de la representación en las sociedades democráticas, se requiere partir por lograr mejoras sustanciales del orden social actual y seguir abordando los temas de la vida social no resueltos, o no bien resueltos históricamente, con proyectos de futuro consistentes y movilizadores. Esto requiere fuertes innovaciones y también consolidaciones y difusiones de la acumulación de conocimientos y de prácticas rescatables en el devenir de las sociedades humanas. Los grandes temas de la vida en sociedad siguen y seguirán asociados a la propia condición humana, vienen de su historia y no desaparecerán sino con ella, lo que los mesianismos y narcisismos de distinta inspiración son eternamente refractarios a asumir.

El primer tema de debate persistente y recurrente en toda sociedad es el de la convivencia en condiciones no violentas y de no dominación de personas y grupos por minorías que concentran el poder de coerción. Es absurdo que pueda ser considerado obsoleto o no pertinente el abordaje central y continuo del tema de la democracia y de los derechos individuales y colectivos, así como el del Estado nación y de la vida autogobernada de los territorios. La descentralización del poder como demanda de los pueblos y la necesidad de desplazar del poder a las oligarquías mediante mecanismos democráticos no nació ayer en la mañana. Esto es, por lo demás, precisamente lo que le toca hacer a la gran innovación política del Chile actual, la Convención Constitucional, que sin embargo está realizando algo muy antiguo: el ejercicio de la soberanía popular a través de la representación. Que en Chile históricamente la oligarquía económica haya logrado prevalecer sobre la mayoría social no es exactamente un tema que haya nacido hoy, pero cuya superación tiene ahora una gran oportunidad de ser resuelta positivamente. Pero esto no impedirá que en el futuro persistan los intentos de recuperar todo poder perdido por las minorías dominantes y reproduzca formas recurrentes de conflicto político.

El segundo gran tema, directamente vinculado al primero, es el todavía más antiguo y crucial asunto de la emancipación de la mujer del patriarcado. Se mantiene vigente el debate que lleva dos siglos sobre la necesidad, para que esa superación del patriarcado sea efectiva, de dejar atrás toda discriminación de la mujer, lo que incluye salir de la lógica capitalista que no remunera el trabajo doméstico y, por tanto, no crea las condiciones para eliminar la división sexual del trabajo.

El tercer gran tema es el de las desigualdades de clase y de posición social, que se traduce en crecientes inequidades de ingresos y de riqueza en los últimos dos siglos, con algunos paréntesis. Esto se ha agravado desde los años 1980 en casi todas partes del mundo y ha reforzado el dominio oligárquico sobre las mayorías, y también sobre los sistemas políticos a través del financiamiento de la política y de la concentración de los medios de comunicación, lo que condiciona la democracia. Este es el gran tema que con bastante frecuencia desaparece cada vez que los cultores del “mundo- nuevo-que-todo-lo-cambió- y- que-hace-obsoletos-todos-los paradigmas- existentes-salvo-el-mío” ponen sus argumentos de novedad por delante, o bien por quienes diluyen el rol central en las estructuras de dominación de las oligarquías económicas mediante el concepto de “élite” que mezcla alegremente peras con manzanas. Esto levanta las suspicacias de quienes consideramos inaceptable esa desigualdad por razones éticas y que, por estar social e históricamente construida, es perfectamente modificable, a condición de que exista un sujeto histórico suficientemente fuerte como para que el poder de las oligarquías económicas tenga como límite el interés colectivo a través de un poder social y estatal democrático más fuerte y consistente.

La variante más reciente del intento pueril de evacuación de los temas del orden económico capitalista vigente es “para qué nos preocupamos del poder económico existente y de sus contrapesos posibles, como los sindicatos, si el trabajo va a desaparecer en beneficio de la automatización; son batallas perdidas de los que no entienden que todo cambió”.

Ocurre que, si bien esta nueva etapa tecnológica tiene un impacto en el volumen del empleo (como viene ocurriendo desde la primera revolución industrial a principios del siglo XIX), se sobre- estima con frecuencia por los promotores de los miedos a un futuro más igualitario y sostenible. Cabe reiterar una y otra vez que el tema central sigue siendo no “cuánto empleo habrá” sino “el tipo de empleo que hay hoy y que habrá en el futuro”, y qué magnitudes de empleo remunerado directamente social serán deseables y necesarias, además de qué mejoramientos en las relaciones laborales permitirían terminar con la asimetría de poder en las empresas.

En materia económica, el tema sigue siendo si el cambio tecnológico puede y debe dejar de ser un mero impulso adicional de acumulación y concentración privada de capital o bien es posible ponerlo -mediante acciones públicas y sociales colectivas de entidad suficiente- al servicio de un bienestar equitativo y sostenible basado en el trabajo decente. No es exactamente un tema destinado a desaparecer de la agenda pública. Hay quienes, claro está, quisieran que estos temas ojalá nunca estén presentes en agenda alguna, para así poder prolongar sus privilegios ilegítimos sin demasiados cuestionamientos desde el sistema político y desde la sociedad. Pero los actuales desarreglos de la vida política y social, con el trasfondo del desarreglo sanitario, productivo y ambiental del insostenible actual modelo de crecimiento, no les harán la tarea fácil.


jueves, 22 de julio de 2021

Cambios y temores

 En La Mirada Semanal

La emancipación respecto a la sociedad de mercado y a los poderes oligárquicos parece vivirse en Chile como una carga imaginaria aún muy pesada de llevar. Esto inhibe el otorgamiento de un mandato mayoritario a alguna alternativa política dispuesta a conducirla y a no retroceder ante la primera dificultad.

El contexto principal es que persiste una postura de rechazo a la esfera pública existente o bien una desesperanza aprendida respecto a lo que puede o no hacer el sistema político a favor de la mayoría social por parte de al menos una buena mitad del país que se sustrae sistemáticamente de la participación electoral. Por su parte, la amplia mayoría de los que votan ha estado dispuesta a otorgar ese mandato para escribir nuevas reglas del juego, lo que es muy importante y constituye un hito histórico. Pero no prolonga esa voluntad a la idea de mandatar una gestión de gobierno que altere estructuralmente el orden existente, y prefiere los discursos de apertura de amplio espectro y de pequeños pasos.

El problema para la vida social en el Chile de hoy, sin embargo, es que, de no mediar un vuelco en la gestión de gobierno, se prolongará un equilibrio precario entre las promesas de progreso económico y de bienestar personal y un funcionamiento social que las produce en una proporción insuficiente y las frustra por múltiples vías. Esta frustración ha aumentado, y castigado políticamente a la derecha, con una gestión de la pandemia que ha puesto por delante los intereses del poder económico y evidenciado la fragilidad de un Estado sin espaldas suficientes para enfrentar a cabalidad las tareas sanitarias y sociales.

Esto crea una doble dinámica. Por un lado, la persistencia de las fuerzas políticas portadoras de discursos eclécticos, de retórica de amplio espectro, pero sin mayor rumbo, aunque sus continentes tradicionales se agoten y sean sustituidos por otros. Se vuelve a aplicar aquello de “que todo cambie para que nada cambie”. Por otro lado, persisten los factores de crisis social que se anidan en las profundidades de una desigualdad agravada por la pandemia y de los abusos cotidianos que viven quienes no tienen poder ni autonomía en la determinación de sus vidas. Y, por tanto, sufren de carencias, de la ausencia de igualdad de oportunidades efectiva o de movilidad social perceptible. Esto afianza la desesperanza, y también crea incertidumbres prolongadas e incitaciones a la violencia de una parte de la sociedad. Muchos no quieren asumir esta realidad y se refugian en la retórica repetitiva de la condena. Pero condenar algo no elimina ni sus causas ni impide su eventual repetición.

Hoy es menos viable – pues el escenario político parece evolucionar hacia una nueva versión del realismo de continuidad – una salida de crisis que aborde sus causas desde la raíz. Alejar el espectro de la gobernanza sin coherencia ni legitimidad social suponía, al menos, revertir en el corto plazo (y no en ocho años más) una parte de la desigualdad con una rápida reforma tributaria centrada en el 1% más rico y en el cobro de derechos justos sobre los recursos mineros, capaz de recoger suficientes recursos públicos para la creación estable de un sistema de ingresos básicos y de empleos sociales en un amplio sistema de cuidados y de reinserción de las mujeres que han quedando al margen de la recuperación o las que están confinadas en el trabajo doméstico subordinado. Y establecer un fuerte programa de fortalecimiento de los servicios públicos con una gratuidad más amplia y/o tarifas de los operadores que no escondan utilidades indebidas, junto a una inversión pública capaz de arrastrar al mundo privado a una reconversión económica con reglas de trabajo decente, verde, circular y de mayor valor agregado en base a un fortalecido sistema nacional de investigación y desarrollo. Esta perspectiva no ha conseguido una adhesión suficiente, pero, hasta prueba de lo contrario, no por ello sigue siendo menos indispensable para enfrentar la crisis nacional.El empleo mediático de “Venezuela”

Cabe constatar, además, la fuerza de un sentido común que presume que los procesos de cambio corren el riesgo de derivar a un orden neoautoritario como aquel en que han terminado procesos como el de Venezuela (una de cuyas consecuencias es el cerca de medio millón de inmigrantes de ese país que ha llegado a Chile e impacta cotidianamente en la percepción colectiva) o la deriva nepotista en Nicaragua, o a variantes de los regímenes burocráticos del siglo pasado que aún persisten. El poder mediático dominante se encarga de ponerlos por delante apenas puede, es decir todo el tiempo, mientras los acusados de la intención supuesta de seguir esos modelos no han construido un mensaje hacia la sociedad que aclare suficientemente el trayecto de las transformaciones a realizar y que tienen que ver con la profundización de la democracia y no con regresiones autoritarias.

Salir de la senda de gobiernos oligárquicos o bien de gobiernos centristas cuyo discurso marca un sentido que se contradice con una práctica de subordinación al poder oligárquico, al parecer requerirá de una preparación mayor y de más tiempo. En la sociedad chilena aún prevalecen temores variados y transversales, con una amplia mayoría que es crítica del orden existente y desea cambios importantes, pero no está necesariamente dispuesta a concretarlos. Solo cabe, entonces, inclinarse ante aquello de Vox populi, vox dei y seguir el camino de la persistencia democrática hasta que una coalición transformadora consistente se consolide y convenza a la sociedad de que hay que superar los temores y hay cambios que son ineludibles para alcanzar un nuevo equilibrio equitativo y sostenible en Chile.

jueves, 15 de julio de 2021

Un gobierno que no funciona

 En La Mirada Semanal

Un reciente informe de la OCDE pone en evidencia lo mal que lo hace el actual gobierno y la urgencia de reconstruir las instituciones públicas, sin las cuales no hay bienestar colectivo posible.

En efecto, en su informe bienal sobre gobiernos y administración, la OCDE reseña que Chile era en 2020 el país de la OCDE con menos adhesión de su población al Gobierno, ya que solo un 15% le tenía confianza. A su vez, se registra un fuerte deterioro desde 2007, cuando el gobierno todavía generaba confianza en un 43% de la población.

En el conjunto de los países de la OCDE, en contraste, un 51% de las personas tenía confianza en sus gobiernos en 2020. Esto es 6,3 puntos porcentuales más que en 2007. Esa tendencia al alza fue particularmente notoria en Islandia (35 puntos adicionales al 59%) y en Alemania (30 puntos, al 65%). La mayor confianza se registró en Finlandia (81%) y en Luxemburgo (78%). A pesar de las dificultades, la opinión positiva sobre el gobierno mejoró en estos países tras la irrupción de la crisis de Covid-19 a comienzos del año pasado. No es en absoluto el caso de Chile, que ha visto emerger una crisis social de gran magnitud y un mal manejo sanitario y de la crisis económica que le ha seguido desde marzo de 2020.

El trasfondo estructural es que hay una asociación entre fortaleza del gobierno, resultados de su acción y percepción positiva por los ciudadanos. Algunos autores destacan tres factores esenciales en el desempeño frente a la pandemia desde una perspectiva de gobernanza: capacidad estatal, confianza social y liderazgo político.

Uno de lo indicadores claves en materia de fortaleza gubernamental es la capacidad de los gobiernos para movilizar recursos en condiciones de emergencia, para atender de modo permanente las necesidades sociales básicas y para sostener la innovación productiva. Los ingresos públicos promedio son de 34% en la OCDE y de 21% en Chile. Las cotizaciones obligatorias que se canalizan a sistemas privados representan del orden de un 3% del PIB, por lo que la brecha, considerando este factor (aunque en rigor no corresponde hacerlo según el criterio de la OCDE), es entonces de unos 10 puntos del PIB.

¿De dónde podrían provenir nuevos recursos públicos en Chile para atender las necesidades sociales deficitarias en cuidado, salud, pensiones, vivienda y urbanismo, educación, por mencionar las principales, y para aumentar el fomento productivo y del empleo?

De los diversos estudios existentes se concluye que en la minería del cobre se puede aumentar la recaudación promedio en un 1,5% del PIB al gravar sobreutilidades originadas en rentas de escasez (la diferencia entre la remuneración normal de la actividad empresarial y aquella que resulta de la extracción de un recurso de oferta limitada y alta demanda) sin que se afecte significamente los incentivos a la inversión. Un impuesto a las transacciones bursátiles permitiría recaudar un 1% del PIB. La aplicación de un impuesto a los muy altos patrimonios personales podría recaudar otro 1% del PIB, poniendo a contribución a las personas más privilegiadas. Se podría recaudar un 0.5% del PIB al establecer una desintegración tributaria completa y no solo parcial entre los impuestos a las utilidades de las grandes empresas y los impuestos a los ingresos de las personas, como en Estados Unidos. Si se eliminara diversas exenciones tributarias injustificadas, se podría recaudar otro 1.5% del PIB, incluyendo la exención a las ganancias de capital. A su vez, aumentar el impuesto a las emisiones permitiría un incremento de 0,5% del PIB. Estos son órdenes de magnitud de una reforma tributaria que un próximo gobierno puede llevar a cabo sin provocar desórdenes en la economía. Por su parte, un esfuerzo serio de disminución de la evasión puede permitir un aumento de otro 3% del PIB en la recaudación.

Este tipo de cambios tributarios serían, además, un gran instrumento para controlar un déficit fiscal que el actual gobierno va a dejar en más de 7% del PIB al finalizar este año. Se está produciendo un inusitado incremento de nada menos que 27%, del gasto público en 2021, el que en realidad se debiera haber producido en 2020, algo nunca visto en la historia económica reciente en nuestro país.

Economistas de opinión fácil y no muy documentada argumentaron que no existirían precedentes para una reforma tributaria de esta magnitud. La base de datos de la OCDE muestra otra cosa. En Luxemburgo, Dinamarca, Italia, Suecia, Islandia y Turquía se han producido en el pasado reciente saltos en la carga tributaria de este orden en cuatro años. Los mencionados economistas tuvieron que reconocer que los precedentes existían, pero su argumento cambió a que en esos países habían aumentado otros impuestos como el IVA o las cotizaciones obligatorias. Esta observación no tiene mucho sentido porque evidentemente cada canasta de ingresos adicionales varía según las realidades nacionales.
¿Los más ricos y su carga impositiva?

Incrementos tributarios significativos que cambian los flujos de demanda y orientan recursos a nuevos motores de expansión del consumo y la inversión son los que resultaron de la decisión política de diversos países para construir sus modelos de Estado de bienestar. Eso es lo que tiene que construirse en Chile en el futuro próximo. Una nueva tributación a “rentas ricardianas” (regalía minera y otras), a las ganancias de capital y a las personas de muy alto patrimonio no van a paralizar ni la inversión ni el empleo y van a permitir ampliar fuertemente la inversión pública y satisfacer necesidades sociales urgentes. Lo que es definitivamente inviable es la rutina del más de lo mismo en un país que cambia aceleradamente y que requiere ser gobernado con nuevas prioridades.

jueves, 8 de julio de 2021

Las rebajas de impuestos de última hora


La ley del impuesto a los super ricos, cuyo articulado sobre el tema no fue aprobado en la Cámara de Diputados, pasó al Senado con el apoyo de la derecha y otros sectores con indicaciones que buscan una rebaja temporal del IVA a diversos bienes y del impuesto a los combustibles.

En esto la derecha sigue siendo invariablemente fiel al principio establecido por Milton Friedman, según el cual toda ocasión de rebajar impuestos es buena y que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía. Solo debe mantenerse la política monetaria y un Estado gendarme que no garantice derechos sociales o diversifique y desconcentre la economía. El mercado se encargaría de generar prosperidad y su chorreo permitiría subir a todos al carro del progreso. Este modo de pensar es el que llevó a Chile al estancamiento en la última década, a la continua dependencia de la producción de materias primas, a la sobre explotación de los recursos naturales y a una de las mayores desigualdades de ingreso y patrimonio en el mundo.

Bajar el IVA en algunos bienes esenciales tiene una buena presentación y seguramente reunirá múltiples simpatías. De ahí que la derecha lo proponga, arrastrando a algunos representantes políticos dispuestos a apoyar todo lo que aparezca como popular. Pero ocurre que por la concentración del consumo, el IVA es pagado esencialmente por el 40% de más altos ingresos de la población (aunque los más pobres pagan proporcionalmente más respecto a su ingreso, pues no tienen capacidad de ahorro). Su baja parcial tendría un escaso impacto en los precios en los mercados poco competitivos (la gran mayoría) y tendría el efecto de aumentar las utilidades empresariales.

La experiencia con la rebaja del IVA del 20 al 16% de Buchi en 1988 fue que no se disminuyó el costo de los bienes para los consumidores (lo que se reflejó en las cifras de inflación), se aumentaron las rentabilidades y se lesionó la capacidad fiscal del Estado. Es mucho mejor recaudar de manera general (sin perjuicio de establecer excepcionalmente diferenciaciones de algunas tasas de IVA hacia arriba y hacia abajo con un efecto neutro en la recaudación total, además de eliminar la exención a la construcción, al transporte y a diversos servicios) y redistribuir lo recaudado a través de los programas de suplementación universal de los ingresos familiares (pensión básica, asignación familiar, ingresos de emergencia), cuyo impacto proporcional en los ingresos de la población más pobre es sustancial. Es una manera de devolver el IVA pagado por las personas de menos ingresos mucho más eficaz y permitirá disminuir la desigualdad distributiva.

Lo que no se debe hacer es disminuir la capacidad recaudatoria de un Estado que necesita más que nunca ampliar sus capacidades sanitarias y de redistribución social. Desde marzo próximo deberá ser reforzada, pero con una reforma tributaria basada en el impuesto a los patrimonios, herencias e ingresos más altos, en el impuesto a las ganancias de capital y a las transacciones financieras, en el royalty minero y en el fin de las exenciones injustificadas.

La postura de bajar el impuesto a los combustibles tiene una argumentación adicional por parte de la derecha: este impuesto que se creó después del terremoto de 1985 para reconstruir infraestructuras ya no se justificaría. Esto es una falacia. El impuesto especial a los combustibles existe en todas partes del mundo y nada tiene que ver con terremotos. En Chile dejó hace rato de tener que ver con algo que ocurrió en 1985. Se justifica para encarecer los combustibles fósiles, desincentivar el excesivo uso del automóvil individual y disminuir así las emisiones de gases con efecto invernadero frente a la amenaza inminente del cambio climático y sus consecuencias catastróficas (se está ya cerca de llegar a un aumento de 1,5% de la temperatura promedio en el mundo). Y se justifica para recaudar recursos que permitan transitar rápidamente a la electromovilidad y disminuir la contaminación que provoca graves problemas de salud en nuestras ciudades. La actual red de metro de Santiago no existiría sin este impuesto. La transición a energías renovables que reemplacen los motores a combustión basados en petróleo y derivados es una responsabilidad crucial con las nuevas generaciones. La menor recaudación de US$ 1.000 millones que según el SII provocaría la rebaja propuesta, permitiría, por ejemplo, comprar 2.200 buses eléctricos con su infraestructura de carga.

Esta semana se debatirá el mencionado proyecto de ley, que rebaja en un 50% el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o una calamidad pública. Un estudio de Alejandro Tirachini, expuesto en la comisión de Hacienda, sostiene que el menor impuesto “no llegaría completo al consumidor, porque las distribuidoras no están obligadas a traspasarlo al precio” y que en un año el quintil de más altos ingresos recibiría por la rebaja unos US$ 413 millones, mientras que los primeros deciles, los más pobres, obtendrían US$ 26 millones. La razón es que el decil más rico consume 24 veces más gasolina que el decil más vulnerable y seis veces más que el de ingresos medios.

El uso de la demagogia para ganar popularidad no pone por delante los intereses colectivos ni menos el de las futuras generaciones y por eso estas rebajas de impuestos deben ser rechazadas.

jueves, 1 de julio de 2021

Incitación al odio


Gabriel Zaliasnik contraviene el espíritu de concordia entre comunidades intentando descalificar a un candidato presidencial motejándolo de antisemita. No es ser antisemita rechazar la ocupación ilegal de los territorios palestinos y condenar la violencia sistémica que allí de ejerce por los gobernantes del Estado de Israel.

Sobre la candidatura de Daniel Jadue se han vertido todo tipo de descalificaciones. Pero tal vez la más grave es la reiterada por Gabriel Zaliasnik, que le imputa a Daniel Jadue padecer de “judeofobia”. Argumenta de manera falaz del siguiente modo en una columna: “pero envuelve una enseñanza sobre el absurdo del antisemitismo, atingente en momentos que se conoce la biografía de Daniel Jadue elaborada por sus compañeros del Liceo Alemán (…) Lo anterior no pasaría de una racista y discriminadora burla si lo que los amigos advertían, no hubiera sido luego una constante en la vida pública de Jadue. En efecto, era un afinado prólogo de su trayectoria vital. El anuario ha sido actualizado recientemente por la organización internacional de Derechos Humanos Centro Simón Wiesenthal (…). Pero ¿qué impide a muchos distinguir los claros trazos de judeofobia que ya manifestaba Daniel Jadue al egresar del Liceo Alemán? La apatía general no puede explicarse solo en el paso del tiempo ni tampoco relativizarse a la luz de las características propias de un anuario juvenil. En palabras de Magris, la ambigüedad es un pretexto de los débiles para disimular su incapacidad de discernir, tal como un daltónico que ve en la hierba y en las amapolas colores indistinguibles”.

Se trata de una injuria y una calumnia construida por el defensor de Penta, SQM, Moreira y Fujimori con la peor mala fe, usando un anuario escolar escrito por terceros y los infundios de un centro que fue admirable pero que hoy está al servicio de la ultraderecha israelí. Es una abierta incitación al odio hacia una persona que juega hoy un rol público relevante y que, entre muchas otras cosas, defiende los derechos conculcados de su comunidad de origen. ¿O esos derechos no están conculcados de manera dramática? Y es una crítica falaz a los que no lo seguimos en su odiosidad, y que somos calificados de “débiles” sin “capacidad de discernir”.

Es importante consignar lo que un grupo de su propia comunidad ha declarado: “como judías y judíos, rechazamos tajantemente las acusaciones de antisemitismo/judeofobia que ha hecho en contra de Daniel Jadue la dirigencia de la Comunidad Judía «oficial» – asociada hoy en día a los sectores de derecha y extrema derecha de Chile – las que provienen claramente del interés político de obstaculizar los grandes cambios que requiere nuestro país”.

Los dirigentes o ex dirigentes de la comunidad judía oficial no debieran jugar con algo que muchos aspiramos sea un consenso en la sociedad chilena: el rechazo a todo racismo y discriminación, y especialmente a todo antisemitismo. Este ha sido una lacra terrible en la historia de la humanidad. El antisemitismo (que algunos autores han preferido denominar “judeofobia”) concentra las pulsiones de odio hacia el distinto y el extranjero. Pero no se encuentra en Daniel Jadue nada que se parezca a, por ejemplo, la definición de antisemitismo que el Parlamento Europeo (junio de 2017) pide compartir a sus Estados miembros: “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede manifestarse por un odio a su respecto. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo apuntan a individuos judíos o no y/o sus bienes, a instituciones comunitarias y a lugares de culto.”

Pero por las mismas razones que cabe rechazar el antisemitismo, no se puede justificar la opresión sobre el pueblo palestino que hoy ejerce el Estado israelí, contraviniendo de manera reiterada y sistemática las resoluciones de Naciones Unidas. Y recordemos la posición oficial chilena fijada al reconocer el Estado Palestino en 2011: “El Estado de Chile ha apoyado en forma permanente y consistente el derecho del pueblo palestino a constituirse como un Estado independiente, coexistiendo en paz con el Estado de Israel. Asimismo, ha respaldado plenamente el derecho del Estado de Israel a existir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Para el logro de estos objetivos, el Gobierno de Chile apoya resueltamente y considera indispensable reimpulsar el proceso de negociaciones entre ambas partes, con el apoyo de la Comunidad Internacional, con miras a alcanzar un acuerdo de paz pleno, definitivo y satisfactorio, conforme con las Resoluciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas. En este contexto, el Gobierno de Chile ha decidido hoy otorgar su reconocimiento a la existencia del Estado de Palestina, como un Estado libre, independiente y soberano“.

Gabriel Zaliasnik contraviene el espíritu de esta postura intentando descalificar a un candidato presidencial motejándolo de antisemita. No es ser antisemita rechazar la ocupación ilegal de los territorios palestinos y condenar la violencia sistemática que allí se ejerce por los gobernantes del Estado de Israel, así como su reiterada negativa a permitir la existencia de un Estado Palestino viable, como se estableció en la creación de Israel por las Naciones Unidas en 1948. En ese caso seríamos muchos los antisemitas, lo que es un absurdo y debilita la propia causa que dice defender.

Agrego que los que formamos parte de las culturas de izquierda mal podríamos ser antisemitas, dado que entre sus filas se encuentran tan connotados judíos como Carlos Marx, Rosa Luxemburgo, León Trotsky, Georg Lukács y tantos otros, como en Chile el fundador del PS Natalio Berman o el dirigente comunista Volodia Teitelboim. Y así sucesivamente. Nunca debemos olvidar que hay 20 chilenos judíos desaparecidos o ejecutados por la dictadura de Pinochet, como Diana Arón, Carlos Berger, David Silberman, Luis Guendelman, Juan Carlos Perelman o Raul Pellegrín, los que merecen nuestro reconocimiento por su consecuencia y sacrificio.

Gabriel Zaliasnik merece, en cambio, un profundo repudio. Esperemos que su pasión ultraderechista y la de los que lo siguen no termine por oradar la convivencia entre las comunidades chilenas de palestinos y judíos. Estas han entregado mucho a Chile y han sido un ejemplo en innumerables ocasiones de concordia y de buena convivencia. Es de esperar que sus representantes sigan siendo un aporte al espíritu de tolerancia y de respeto por la diferencia, aquella que los conservadores ultramontanos de distintas obediencias se empeñan todos los días en oradar en su afán irredento de considerarse dueños de Chile.

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