¿Está obsoleta la izquierda en el siglo XXI?

En El Mostrador

Cada vez con mayor frecuencia es posible encontrar en el azar de las lecturas cotidianas la afirmación de que la izquierda estaría hoy obsoleta por haberse quedado pegada en el siglo XX y sus temáticas. Esto lo afirma la derecha pero también desde Guido Girardi a Oscar Landerretche (h) y Carlos Ruiz, los unos para justificar sus propias posiciones, los otros para enfatizar las insuficiencias de la izquierda histórica como si no tuviera ningún mérito rescatable y así afirmar un alternativismo generacional que está de moda. Otros llegan a escribir que la izquierda tiene pánico a perder su identidad si va logrando sus objetivos, y otras cosas creativas de esa índole. Pero sigo sin encontrar algo que se parezca a un argumento de peso para sostener semejantes afirmaciones, una vez que se despeja que no hay izquierda perfecta, ni agrupación humana alguna que lo sea, desde luego.

Y cabe vincular este tipo de afirmaciones con aquello de que "los demás no entienden lo que pasa y yo con mi sapiencia se los voy a explicar". Como si los demás no pensaran ni deliberaran y fueran unos necios porque tienen otras ideas y centros de interés que las propias. Lo cual no debe impedir defender con firmeza las opiniones que se tenga, pero reconociendo que son tales y no verdades reveladas o garantizadas por el manto de alguna seudociencia. O bien enunciar proposiciones -más allá de las simples opiniones y afirmaciones- pero con la disponibilidad de someterlas al rasero de algún razonamiento lógico y/o de contrastación empírica fundada en algún tipo de demostración. Solo así podremos pedir con legítimidad que nuestras afirmaciones sean consideradas por los demás, y eventualmente aceptadas aunque siempre temporalmente hasta demostración de lo contrario, como diría Karl Popper. Esta es una de las principales lecciones de la modernidad a la que no cabe renunciar en aras de los tiempos convulsos.

Vamos a lo nuestro: evidentemente el mundo ha cambiado aceleradamente desde la revolución industrial, así como lo han hecho la configuración del capitalismo global y las estructuras productivas locales y las internacionalmente integradas desde fines del siglo XX. Como resultado, el trabajo y la sociabilidad se han transformado considerablemente. Y el afán de lo cotidianamente nuevo, de la “página en blanco”, del eclecticismo post-moderno, han construido una representación un tanto particular del mundo actual. Tomemos como ejemplo las "fake news". ¿Alguien piensa seriamente que nacieron con las redes sociales o que estas las iban a evitar? La mentira, la tergiversación y su manipulación por esferas de poder son "más antiguas que el pan", que, como hoy sabemos, fue inventado hace al menos 14,4 mil años. Otro ejemplo:¿han cambiado las redes sociales y las nuevas tecnologías los fundamentos del funcionamiento del inconsciente en las conductas humanas? Tal vez muchos significantes, pero no en demasía los significados, como diría Lacan. Internet y las redes sociales han acelerado y multiplicado muchas cosas. Pero se llega a afirmar que la sociedad ya sería radicalmente otra, como Byung-Chul Han, que nos propone la idea de la autoexplotación generalizada a través de las redes y la consecuente “sociedad del cansancio”. Para no hablar de la bioingeniería que prepararía una sociedad de posthumanos, y otras especulaciones.

¿Ha cambiado la sociedad hasta ese punto?

Habemos quienes opinamos que las estructuras sociales, los elementos fundantes de la sociabilidad y la cultura y los sistemas de centro y periferia a escala mundial, mantienen muchos de sus rasgos y no han cambiado en lo esencial en los últimos 50 o 100 años, que son los que han modelado nuestra actual sociedad y sus conflictos, sin perjuicio de constantes de la condición humana que no parecen estar cerca de desaparecer.

La izquierda nace de la realidad post feudal y colonial para reivindicar derechos de los trabajadores asalariados y precarios, ya no sujetos a la explotación de la tierra como en los modos de producción anteriores sino a la producción industrial o extractiva mecanizada. Ha aumentado primero y disminuido después el peso de los trabajadores ligados a ese tipo de producción, en faenas repetitivas concentradas y sin calificación. Ha aumentado una división del trabajo parcelada y desterritorializada, así como el peso de los servicios a la producción y a las personas, con una fuerza de trabajo de mayor calificación. Los servicios son ya el principal componente de la actividad económica en casi todas partes. En Chile representaron en 2018 cerca del 70% del PIB,aunque de baja complejidad, contra un 58% hace 25 años. mientras la minería y la industria pasaron cada una del 15% al 10% del PIB respectivamente.

Todo esto ha cambiado, junto a la urbanización acelerada, el mundo de los que tienen que trabajar para (sobre)vivir y cuya emancipación la izquierda se propone contribuir a viabilizar. Pero la causa esencial que dio nacimiento a la izquierda permanece: la sociedad se divide entre, por una lado, una pequeña clase propietaria que concentra el grueso de los activos y del excedente económico -con el cual suele además controlar el poder político- y, por otro, todos los sectores de la sociedad que (sobre)viven de su trabajo subordinado, es decir los asalariados, los pequeños productores independientes y el "precariado", como diría Guy Standing, de inserción inestable.

En Chile, el trabajo asalariado representa el 70% del total, sin grandes modificaciones en el tiempo. El trabajo por cuenta propia representa hoy una proporción no muy distinta a la de 40 años atrás, es decir inferior al 20% del total del empleo. El trabajo informal, por su parte, llega a cerca de 30% del mismo.

No hay nada más actual que procurar la (auto)organización de los asalariados en defensa de sus intereses y la construcción de representaciones políticas con poder suficiente para obtener un control al menos parcial (con una socialdemocracia reformista y sus variantes) o sistémico (con un socialismo revolucionario o transformador y sus variantes) de ese excedente y de los activos y las rentas económicas apropiadas ilegítimamente por los dueños del capital en las finanzas, las tecnologías, la distribución, los servicios básicos monopólicos y en los recursos naturales privatizados. Esos clivajes, como dice una cierta ciencia política actual (cabe llamarlas más bien oposiciones sociales fundamentales), ¿han acaso desaparecido?

Nada sería una mejor noticia, pero ahí están la discusión sobre el salario, las pensiones contributivas (que no son otra cosa que salarios diferidos)  y los servicios básicos como una de  las causas principales de las movilizaciones de estos días en Chile, o en Francia y otros lugares del mundo. Los conflictos por el control del excedente y los activos económicos siguen más presentes que nunca. Los que consideran este tema como algo obsoleto no parecen haber visto las cifras de concentración económica en Chile y el mundo y suelen más bien haber tomado partido por los dueños del capital en la pugna distributiva, ya sea por convicción o por las necesidades emanadas de la prestación de servicios al propio capital, voluntaria o involuntariamente (la lectura de Capital e Ideología, el nuevo y grueso libro de Thomas Piketty, es muy ilustrativa al respecto).

Pero al menos los polemistas podrían ahorrarse sus ataques a la izquierda, que sigue en lo esencial definiéndose alrededor de algo que no ha desaparecido para nada: el conflicto de intereses entre trabajo y capital. A los utopistas del reemplazo del trabajo por máquinas y tecnologías, cabe oponerles las reflexiones de Paul Kugman: esto es muy antiguo y lo nuevo -automatización más inteligencia artificial- no hará desaparecer el trabajo sino que lo transformará. Y menos desaparecerá la lucha por el control del excedente económico y su destino privado o socializado, cualquiera sea la combinación futura entre trabajo humano directo y automatización.

Además ese conflicto, y por las mismas razones, se ha extendido a la relación capital-naturaleza, pues el afán de acumulación del primero se basa en depredar a la segunda. Pero en este caso, lo hace hasta el punto de poner en cuestión la propia sobrevivencia del planeta. Ese conflicto siempre incluyó, aunque no haya sido reivindicado en la esfera política y cultural con la fuerza suficiente hasta el presente, la subordinación de una parte sustancial de las mujeres en un rol de reproducción doméstica no remunerada para que los asalariados hombres estuvieran disponibles como fuerza de trabajo. La subordinación de la mujer en las diferentes sociedades patriarcales es prolongada en el capitalismo bajo nuevas formas (lo que muestra Nancy Fraser), dado el carácter eminentemente masculino del poder empresarial, como también estuvieron reprimidas la diversidad sexual y variadas identidades culturales. La causa ecológica y la causa feminista, la de la diversidad sexual y la de las identidades originarias y contemporáneas, agregan más razones para situarse en la izquierda, es decir para proponerse la emancipación de las sociedades del dominio del capital, del patriarcado y del conservadurismo cultural. (Un comentario: mucha gente prefiere llamarse progresista en vez de izquierdista, pero ¿quién podría oponerse a la idea de progreso? Algunos pocos lo hacen, pero no alcanza para “clivaje”).

Lo mismo puede decirse de la relación entre centros y periferias. La ruptura del monopolio de los centros de poder político y económico europeo occidental y estadounidense que dominaron los siglos XIX y XX es evidente. La emergencia de China e India en el escenario de hegemonía económica y tecnológica, aunque aún no política, ha puesto en cuestión este monopolio desde alrededor de los años ochenta del siglo pasado (recuperando su rol previo a 1800, dicho sea de paso). Pero en la escena mundial, como destacaba Immanuel Wallerstein, ¡siguen habiendo centros y periferias! Adivinen quienes tienen más poder en el mundo de hoy: ¿los centros o las periferias?.

Cabe preguntarse si existe, entonces, algo sustancialmente nuevo para América Latina y Chile en materia de búsqueda -hoy bajo otras formas- de una inserción más favorable en las cadenas internacionales de valor y en la distribución internacional de poder, en las que tiene un rol subordinado desde el siglo XVI. Si algunos piensan que la globalización actual es un destino inevitable, acepten que otros pensemos que lo inevitable son las pugnas por los roles de los distintos actores en los sistemas centro-periféricos y que defendamos políticas industriales autónomas, diversificaciones, protección y regalías para captar la renta de los recursos naturales, cooperaciones e intercambios no tradicionales y otras yerbas para hacer de los nuestros unos países que no estén meramente sujetos a los vaivenes del capitalismo financiero globalizado y sus crisis recurrentes y a modelos de producción y consumo depredadores. Y que nos sumemos a los esfuerzos de una economía sostenible para contener el cambio climático de origen humano que hoy amenaza el planeta.

Si la izquierda es aquella que en la pugna distributiva inherente al capitalismo se define no ya a favor de la acumulación concentrada de capital sino de los intereses del trabajo -por mucho que este sea hoy más heterogéneo y diverso que en el pasado-, de la producción social sostenible y de la regulación pública, entonces la izquierda no está obsoleta sino que más vigente que nunca. Si es aquella que se declara contraria a las discriminaciones y favorable a los intereses de las periferias dominadas y a un destino sostenible del planeta, entonces es una alternativa que no está aferrada al siglo XX, sino a las luchas actuales por la emancipación de las sociedades humanas, aún cruzadas como están por disparidades inaceptables de poder que no aseguran su continuidad civilizatoria o ecosistémica.

El problema de la izquierda es más bien directamente político: las derivas estalinistas, antidemocráticas y caudillistas en su nombre provocaron y provocan un daño a su tarea emancipadora. Y también la deriva social-liberal (que tiende a autodenominarse de "centro-izquierda") hacia compromisos y connivencias de largo plazo que desdibujan la identidad del proyecto democrático e igualitario al preservar lo esencial del dominio del capital sobre el sistema político, la economía y la sociedad. Los compromisos de corto plazo son, en cambio, siempre necesarios, pues ningún proceso emancipatorio es instantáneo y sin transiciones. Pero cuidando, y eso es lo propio de la política de izquierda bien concebida, que consoliden avances y no pongan en cuestión la credibilidad y la viabilidad de los objetivos de más largo plazo, y en especial establecer una democracia participativa y un modelo económico de bienestar que sea social y ambientalmente sostenible.

Los problemas que hoy afectan su identidad y su identificación por la sociedad no invalidan ni la vigencia de la izquierda como vector de ideas y valores y representación de intereses, ni menos las causas estructurales de su existencia histórica. Mientras haya desigualdad económica, depredación ambiental, discriminación de género, social, étnica y de preferencia sexual, habrá izquierda. Y parece que todavía por algún tiempo.

¿Qué nos depara el 2020?

En La Tercera.com

Partamos por la economía. El nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, prevé un crecimiento entre 1 y 1,5% en 2020, es decir un segundo año de cuasi estancamiento. El Banco Central, por su parte, proyecta una disminución de la inversión el próximo año y un crecimiento entre 0,5% y 1,5%. El Banco Central presenta un panorama sombrío sobre el empleo en su informe más reciente: “de mantenerse la relación histórica entre la demanda de trabajo y la actividad, y de no producirse cambios significativos por el lado de la oferta, la tasa de desempleo podría superar el 10% a inicios de 2020”. Pero el Banco Central no ha demostrado mucha capacidad de anticipar la coyuntura. Llegar tarde se ha hecho una costumbre para la política económica. Pero nadie podría hoy hacer previsiones con mucha exactitud, dada la volatilidad externa y ahora interna. Pero si construir escenarios. 

Un primer escenario para 2020 es una reacción minimalista al choque social que prolongue las debilidades de la economía. Entre estas se cuentan los efectos cada vez más notorios de la falta de diversificación que limita el crecimiento del PIB y del empleo. Y también de una concentración del patrimonio, los mercados y los ingresos que provoca una creciente falta de dinamismo de las remuneraciones para sostener el consumo y un aún mayor debilitamiento de la escasa movilidad social. Esto, a su vez, tensa las relaciones sociales y limita la innovación, la creatividad y el horizonte de inversión, y por tanto el crecimiento a largo plazo. La mantención de un escenario externo poco favorable a las exportaciones chilenas tradicionales podría acentuar la tendencia al estancamiento y consolidar una “trampa del ingreso medio”, con la consecuente incapacidad de insertarse en cadenas de valor de mayor productividad y la persistencia de una alta conflictividad social y política. Este escenario, que podría agravarse con mayores turbulencias externas y eventuales pérdidas del dinamismo del consumo, además del de la inversión, podrían afectar las expectativas y llevar a proyectar crecimientos del orden del 1% para 2020 y 2021. 

Otro escenario es el que se apoya en la resiliencia que han demostrado tener la sociedad y la economía chilenas frente a situaciones adversas, pero que requiere de un fuerte impulso keynesiano de reactivación de la demanda interna en el corto plazo. Su énfasis debiera estar en la reconstrucción de las infraestructuras dañadas, en más facilidades financieras para las Mipymes y en programas de empleo para los jóvenes. Y estar basado en un nuevo pacto social con una revalorización sustancial de los ingresos mínimos y medianos del trabajo y de las pensiones, junto a activas políticas de inserción de los que no trabajan ni estudian. No hay peligro inflacionario a la vista y las tasas de utilidades en muchas actividades podrían absorber, adaptación mediante, una nueva distribución del excedente entre capital y trabajo. En el mediano plazo, políticas más activas de formación continua podrían canalizar el esfuerzo educativo de los últimos quinquenios para producir incrementos de productividad, una mayor diversificación productiva y una expansión de las energías renovables y de la economía circular, de futuro promisorio en Chile, y acercarse a un crecimiento potencial que se puede estimar en un 3-4% anual. Esto, junto a una negociación colectiva efectiva, favorecería la creación de empleos con derechos. 

Sigamos ahora con la política. Para contener el acoso de la protesta social, y con la seguridad de contar con un veto si la derecha reune al menos 1/3 en el órgano que redacte una nueva constitución, Sebastián Piñera dio el aval a una reforma constitucional -que fue aprobada por amplia mayoría en el parlamento el 19 de diciembre- para realizar, con voto voluntario, un plebiscito en abril de 2020. En este se preguntará, como sabemos, sobre la aprobación o rechazo a la elaboración de una nueva constitución y, en caso de aprobación, sobre la opción de una convención constituyente con delegados especialmente electos o con una mezcla de parlamentarios en ejercicio y de delegados electos. 

Las encuestas indican que ganará con creces tanto la opción de una nueva constitución como la convención sin parlamentarios. Los delegados serán, entonces, elegidos en octubre de 2010 junto a la elección de las autoridades regionales y municipales. Está previsto que luego, durante 9 meses, extensibles a otros 3, se elabore la nueva constitución con un quorum de aprobación de 2/3, cuyo resultado será también plebiscitado. 

La pregunta que permanece sin respuesta es si las medidas sociales y políticas tomadas por el gobierno serán suficientes para canalizar la rebelión social de octubre-diciembre de 2019 por las vías institucionales previstas. Permanecerá un ambiente de rechazo al gobierno y en especial al presidente Piñera, lo que es clave en un régimen presidencial. La herida provocada por la represión policial masiva en un amplio segmento de jóvenes -recordemos que en Chile existe en la actualidad 1,2 millones de estudiantes en la educación superior y medio millón de jóvenes que no trabajan ni estudian- los inducirá a mantener formas activas de movilización callejera periódica y eventuales violencias urbanas. 

La clave del futuro político inmediato estará en si vuelve o no a producirse la confluencia de esas expresiones juveniles radicalizadas con el descontento de los sectores de trabajadores y segmentos medios que reciben bajos salarios y pensiones y acceden a servicios de salud y educativos de baja calidad, en un contexto de fuerte endeudamiento de los hogares. La amplia mayoría no verá su situación mejorada con las recientes medidas del gobierno. Estas se remiten a los salarios y pensiones más bajos, mientras la suma de la desaceleración económica previa y los efectos de la crisis social agravarán el descontento y los factores de inestabilidad en las condiciones de vida de los sectores populares y medios. 

El gobierno propondrá en los próximos meses, al parecer, más reformas en pensiones, salud y educación superior. Pero esto provocará una mayor división en su coalición, una parte de la cual sigue defendiendo el "modelo" y no quiere ampliar el rol del sector público ni redistribuir ingresos. Y ve con recelo el cambio constitucional, aunque en él esté asegurado su poder de veto por el mecanismo de decisión por 2/3 en la elaboración de la nueva constitución que le fue aceptado por la mayor parte de la oposición parlamentaria. Incluso, el 20 de diciembre, el partido UDI declaró que "congelaba" su pertenencia a la coalición de gobierno, dado que sus partidos socios prestaron apoyo a la integración paritaria de la Convención Constitucional y con cuota para los pueblos indígenas, en caso de aprobarse esa opción en el plebiscito de abril. Este partido considera que estarían haciéndose demasiadas concesiones a la oposición, en una actitud cada vez más ultraconservadora. 

En marzo y abril el escenario será, entonces, de polarización plebiscitaria alrededor de la aprobación o no del proceso constituyente, en el que el partido de origen del presidente, Renovación Nacional, estará dividido en la postura a tomar, mientras el partido UDI estará virulentamente en contra del mismo, junto a la extrema derecha emergente de José Antonio Kast. Solo el partido Evópoli prestará apoyo al cambio constitucional desde la coalición de gobierno. 

Este cuadro favorece los postulados comunes de la oposición en materia social y constitucional, aunque sigue dividida en casi todo y con una gran dificultad para ponerse de acuerdo. No se puede excluir que una parte del actual centro opositor preste aún más apoyo parlamentario al gobierno y reconfigure el escenario político, lo que podría darle algún oxígeno al piñerismo. 

El problema de la gestión política del gobierno, por su parte, es la falta de liderazgo presidencial. Sebastián Piñera se inclina por apoyar el cambio constitucional, dado que reúne una adhesión mayoritaria de la sociedad. Pero será al costo de una posible fractura de su coalición y de la mantención de una gestión gubernamental improvisada al ritmo de las encuestas y análisis de “big data”, como acostumbra el actual gobernante. 

Pasado el plebiscito de abril, se producirá una lucha electoral con el horizonte de la elección municipal y regional de octubre, junto a la probable elección de convencionales constituyentes. La incógnita es cuánto ese proceso será intervenido por las movilizaciones sociales y si se creará o no un ambiente de mayor inestabilidad política.

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La UDI al desnudo

En Cambio21

Ayer, Juan Antonio Coloma declaró en un homenaje a Andrés Chadwick, que reunió a la UDI:

"No nos doblegarán. Nacimos para cambiar Chile. Más que nunca necesitamos recuperar Chile, que no nos arrebaten el país de las libertades, de la familia. Necesitamos enfrentar a la izquierda, que se quiere apoderar del país."

¡Uf! El enemigo sigue siendo la izquierda, y los de la UDI siguen siendo los redentores que necesitan "recuperar Chile" para que no se los "arrebaten".

Coloma se mostró como lo que en definitiva es: el último de los coroneles UDI en ejercicio que acompañaron a Jaime Guzmán en su proyecto mesiánico ("salvar a Chile" de la izquierda y de paso de la democracia cristiana), conservador (defender "los valores de la familia", con mucha hipocresía de por medio, claro está), oligárquico (imponer en la institucionalidad el derecho de propiedad privada y la libertad empresarial por sobre cualquier otro derecho o libertad) y antidemocrático (apoyando primero una dictadura y sus crímenes, aunque digan con cinismo lo contrario, y luego una "democracia protegida" sin soberanía popular y siempre sujeta al veto de la minoría, la de ellos).

Coloma hace lo que en sicología se llama una proyección. Al atribuirle a la izquierda aquello de que "se quiere apoderar del país", está en realidad hablando de sí mismo: es él y lo que representa -la oligarquía dominante- la que se ha apoderado del país (y desde luego en lo económico) y teme que otros se lo "arrebaten". Ahí sigue estando el problema principal de la UDI, y del resto de la derecha: representa los intereses de la minoría oligárquica. Su declinación, aunque demore, ya muestra signos de ser irreversible. La rebelión social de fines de 2019 así parece demostrarlo.

Para la izquierda democrática chilena -me atrevo a tomar en esto la representación de muchos- la UDI no es un enemigo. Es un adversario a combatir y derrotar, por los medios de la democracia y la movilización social, para terminar con el veto y la dominación oligárquica en Chile y establecer un Estado social y democrático de derecho.

Nunca seremos como ellos. Nunca justificaremos respecto de ellos las violencias que ejercieron sobre nosotros. Y tienen un problema: mientras haya injusticia social (que incluye la injusticia de género) y ausencia de libertades reales en la sociedad chilena, siempre habrá izquierda.

Hasta la vista.

Posteo sobre Piñera y la conspiración

En Facebook

Dice Piñera: "nunca lo voy a olvidar, se desató una ola de violencia sistemática, profesional, organizada con tecnología punta que buscaba destruirlo todo. Querían incendiar el país (...) Ha habido mucha información de países amigos que indican que aquí hubo algo no fue casual y que fue deliberado".

Ha pasado el tiempo y Piñera sigue sin poder armar su teoría de la conspiración con algún antecedente. Ha tenido que mencionar en su entrevista a la Cadena Ser que existía un descontento con el orden existente, pero agregando que lo principal es que alguien planificó todo como una acción en su contra.

¿Podremos ponernos de acuerdo en que aquí hubo una rebelión social, colectiva, detonada por el aumento del pasaje del metro y su cierre abrupto el 18 de octubre, dejando a la deriva a millones de personas en la capital e iniciando un ciclo de protestas masivas en las calles y de desbordes de violencia destructiva, junto a la acción oportunista de delincuentes y traficantes, sin conducción ni representación? ¿Y que el trasfondo, para los millones que se han movilizado, es el rechazo a la desigualdad y los abusos en la sociedad chilena, encarnados en Piñera?

La respuesta represiva virulenta expresó el pánico de Piñera y su círculo. Se defienden señalando que dieron instrucciones para que no se violaran los derechos humanos y que han dado orden de "instruir sumarios" y "enviar los antecedentes a la fiscalía" frente a los casos numerosos y gravísimos de violencia policial. Pero lo esencial de su conducta ha sido mantener los mandos ineptos y violentos de Carabineros y prestarle el apoyo gubernamental a la represión desatada. Esta se ha concentrado más en los manifestantes que en los saqueos (y se ha dado el caso que algunos de ellos fueron organizados por personal uniformado que delinque o por un concejal de RN...).

El gobierno considera los daños a las personas como una suerte de efectos colaterales inevitables y frente a los cuales no hay mucho que hacer, todo en nombre de "mantener el orden". Y no se ha immutado mayormente frente a los casos de muerte por golpes policiales, de heridos por bala, incluyendo por militares, de violaciones y vejaciones múltiples a mujeres y hombres, de daños oculares y de golpizas en las calles y comisarías. ¿Cuánto se demoraron en parar el uso de escopetas con perdigones que era obvio desde el principio que no eran de goma? ¿Qué han hecho Piñera y su gente para parar los disparos a la cara de bombas lacrimógenas? Sin ir más lejos, y para que no se diga que uno reproduce rumores, a mi en una ocasión me pasaron tres muy cerca a la altura del rostro, disparados a corta distancia. Y ahí están los innumerables heridos graves.

Esta es la verdad difícilmente refutable que se expresó ayer en la acusación constitucional votada en el Senado contra Andrés Chadwick. Los hechos, incluso para quienes prefieren la hipocresía y los arreglos entre honorables antes que la contrastación política, han sido demasiado evidentes, masivos e intolerables.

Así pasarán Piñera y su gente a la historia: como los autores de una respuesta violenta, inepta e inconducente a la mayor rebelión social que ha vivido Chile desde las protestas de 1983-1986 y que jamás se imaginaron que podía ocurrir.

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¿Qué contexto falta? ¿Guerrilleros cubanos y venezolanos?¿Los comunistas? ¿El Frente Amplio? ¿La izquierda que considera legítima la movilización social? Hubo un grupo inicial de algunas estaciones atacadas e incendiadas con coordinación operativa, al parecer. Pero las 70 estaciones de metro fueron destruidas por grupos masivos de personas enfurecidas por el cierre del Metro y enceguecidas irracionalmente, que se autorizaron a sí mismas a destruir bienes públicos como un modo de expresar un hartazgo y rechazar el orden existente, algunos de los cuales, pocos, con un algún trasfondo ideológico más estructurado. No lo fueron por alguna organización "que planificó-la-violencia" contra el pobre Sebastián Piñera. ¿Durante siete semanas? ¿Dónde está la evidencia que lo pruebe? Si esa evidencia aparece, entonces discutámosla. Y desde luego en esto la izquierda organizada, que siempre ha defendido cuidar los bienes públicos, especialmente los que son esenciales a la calidad de vida de las mayorías, no tiene nada que ver. Mientras, tratemos de entender lo que ha pasado en Chile con los instrumentos de la razón, no de la paranoia...

La urgente revalorización de las pensiones

En Cooperativa.cl

El resultado básico de la reforma de 1981 es que los que se pensionan hoy reciben una pensión contributiva equivalente al 20% o menos de su último sueldo. Y esta tasa de reemplazo irá disminuyendo para los próximos jubilados, dada una rentabilidad de los fondos de pensiones que se estima girará en torno al 3% en las próximas décadas, muy lejos del 7,8% que promedia el sistema desde su inicio. Este es uno de los factores de la rebelión social de fines de 2019.

Después del escaso aumento de la pensión básica concedido por el gobierno, escalonado en dos años (55 mil pesos para los más de 80 años ahora, llegando a 165 mil pesos al mes, y 27,6 mil pesos para el 60% de la población de menos ingresos), se constata que no se avanza lo suficiente en materia de pensiones.

La propuesta oficial original en relación a las pensiones contributivas cambia, además, poco el sistema actual y prevé que en plazos largos las pensiones aumentarían en 30% (en 40 años) con el incremento de 4-5% de la cotización obligatoria, en este caso de cargo del empleador. Esta nueva cotización se agregaría al 10% obligatorio de cargo del trabajador, siempre administrado por las AFP. Este proyecto ha avanzado lentamente desde que se envió al parlamento.

Se ha conocido una nueva propuesta del PDC, que es relevante porque este partido la ha venido consensuando con el gobierno. El problema es que mantiene a las AFP a cargo de la seguridad social. Incluso les agrega, de acuerdo al texto de la propuesta, un 3% adicional de cotizaciones obligatorias al ya existente 10%, dejando el 2% adicional restante para solidaridad (con una temporalidad de aplicación de cinco años), lo que es positivo. Es también positiva la propuesta de universalizar la pensión básica solidaria, que hoy abarca solo al 60% de la población. Pero dejarla en 165 mil pesos es mantener en situación de pobreza a demasiada gente. Dado que esa pensión universal se agregaría a la pensión contributiva, la pensión promedio pasaría de 240 mil pesos a cerca de 400 mil. Esto es un avance, pero deja muy débiles a las pensiones bajas.

La economía chilena está en condiciones, a pesar de la difícil coyuntura, de hacer mucho más.

No es absurdo, en primer lugar, aumentar a 220 mil pesos (la mitad de la línea de pobreza de una familia de 4 personas) la pensión básica para el 80% de la población mayor de 65 años en una primera etapa, aumento que podría ser financiado con el término de la exención tributaria a las ganancias de capital y el fin de la renta presunta.

Y, en segundo lugar, cabe hacer un vuelco conceptual -a lo que el gobierno ha señalado estar dispuesto, pero en una escala irrelevante- y crear  en el corto plazo un mecanismo de reparto con el 5% de la prevista cotización adicional de cargo del empleador a ser distribuido entre el 1,37 millón de pensionados actuales por las AFP. Esta cotización adicional debiera subir de inmediato en 2% y el resto a razón de un punto porcentual por año y completar el proceso en 4 años. Solo así se podría subir de manera sustancial en el corto plazo las pensiones contributivas más bajas, especialmente las de las mujeres, y acercarlas al nivel del salario mínimo, junto a aumentar el resto de las pensiones.

El horizonte debe ser terminar con el modelo actual de seguros privados y crear un sistema de pensiones solidario y de reparto intergeneracional, junto a una capitalización colectiva de una parte de las cotizaciones para sostener las pensiones frente al cambio demográfico.

En un nuevo sistema, la base debiera ser efectivamente extender en el mediano plazo la actual pensión básica a una pensión ciudadana universal, financiada con impuestos y de un monto que con el tiempo se acerque al salario mínimo.

Y además, las AFP debieran salir del sistema de pensiones contributivas. Estas pensiones debieran basarse en las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida activa. Los empleadores debieran cotizar no solo un 5% sino un 7,5% de la remuneración bruta, mientras el aporte obligatorio de los trabajadores debiera pasar de un 10% a 7,5% de la remuneración, sin tope. Las pensiones contributivas debieran financiarse, así, con un aporte bipartito equivalente, sumando un 15%. 

De ese 15%, un 10% debiera destinarse al pago de pensiones por reparto, recibiendo cada cual una pensión de acuerdo a los aportes previsionales obligatorios a lo largo de la vida laboral. El sistema debiera entregar un bono mujer y de reconocimiento a la maternidad, para elevar sustancialmente las pensiones de las mujeres, utilizando un 1% de las cotizaciones.

El 4% restante debiera utilizarse para un Fondo de Ahorro que, mediante su inversión y capitalización administrada por un órgano público, sostenga el sistema de pensiones en el largo plazo frente a una menor relación futura entre cotizantes y pensionados. Hoy existe 1 jubilado por cada 5,8 personas en edad de trabajar, mientras en el 2100 las proyecciones indican que habrá 1 jubilado por cada 1,7 personas en edad de trabajar. Ese fondo, que ya existe con la denominación de Fondo de Reserva de Pensiones, es indispensable para sostener un nuevo sistema previsional basado -además de en un mínimo universal para todos financiado con impuestos- en el reparto de lo recaudado anualmente de acuerdo a lo cotizado a lo largo de la vida, llamado sistema de cuentas nocionales, existente en diversos países europeos.

Las AFP debieran ser en el futuro sólo un pilar de ahorro individual voluntario, como el actual APV, destinado a complementar las pensiones, reorientando el trabajo de las administradoras privadas de fondos hacia rendimientos estables y con bajos riesgos y cambiando el actual cobro de comisiones por flujo a un cobro por saldo.

Esta propuesta tiene una gran ventaja: terminaría con las ganancias de los dueños de las AFP a costa de las cotizaciones de los trabajadores (que se dimensiona en cientos de millones de dólares anuales que se ahorrarían) y permitiría aumentar de modo inmediato las pensiones contributivas.

Nada de esto se contempla en el proyecto del gobierno, porque su objetivo es mantener el sistema de AFP repudiado por las amplias mayorías.

Un decálogo para avanzar a un nuevo modelo

En La Tercera.com (primera versión) 

La revuelta social de fines de 2019 puso en cuestión el orden político, social y económico que ha resultado -de manera híbrida y en muchos sentidos incoherente- de los últimos casi 50 años de conflicto político en Chile, desde aquel golpe de Estado que derrumbó nuestra democracia en 1973.

La narrativa dominante construida ha sido la de un país exitoso, próspero y estable. Pero lo que ha ocurrido es que se ha prolongado un conflicto político hasta ahora larvado, pero no por ello de menor envergadura, y que ha terminado por estallar abiertamente. El problema de fondo es que permanece, a pesar de los esfuerzos infructuosos de muchos, una democracia con un veto oligárquico persistente. Este veto ha llevado a políticas sociales de bajo impacto, a una mínima reducción de las desigualdades, a una severa concentración de la riqueza, a la emergencia de nuevos sectores medios pero sumidos en la precariedad y a espacios urbanos segmentados con franjas de exclusión y de penetración sin control del microtráfico de drogas.

Pero ¿hacia dónde debemos y podemos avanzar? Por supuesto se trata de una construcción eminentemente colectiva con actores muy diversos que se desplegará en un tiempo largo.

Pero podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hoy muchas más personas consideran (¿una amplia mayoría?) que para reorganizar la vida en común en las próximas décadas se deberá partir de otra base que la del individualismo y la des-socialización. Y de otra base institucional que la enmendada pero originada en dictadura que hoy nos rige.

¿Por qué no pensar que la nueva base institucional sea la de una comunidad que se constituye políticamente a través de una democracia política participativa y descentralizada, no condicionada por las oligarquías económicas y sus quorum supra-mayoritarios sino sustentada en la soberanía de ciudadanas y ciudadanos, en el respeto de los derechos fundamentales, en un amplio autogobierno de los territorios y en la paridad de género? Esto es lo que deberá consagrar primordialmente una nueva Constitución.

Esta democracia no debe ser “protegida”, sino una en la que todos los actores acepten el principio de mayoría y el ejercicio del gobierno y la alternancia en el poder según ese principio. Y esta democracia debe consagrar con firmeza la separación de poderes para evitar arbitrariedades de quienes ejercen temporalmente funciones ejecutivas y/o con capacidad de coerción sobre los ciudadanos y ciudadanas. Su base de acuerdo común debe ser el reconocimiento de la igualdad de la dignidad humana, de la diversidad y de las libertades individuales y colectivas, así como la lucha activa contra toda discriminación, especialmente de género, y el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos originarios.

¿Por qué no pensar que la base económico-social de un nuevo modelo sea una economía mixta? Mixta en la asignación de recursos, con planificación de la provisión de bienes públicos, fijación centralizada de ciertos precios y operación de un mercado descentralizado en varias esferas. Y mixta en la propiedad de los activos productivos, con actores públicos y privados (sujetos a reglas de responsabilidad social, ambiental y territorial) con y sin fines de lucro (cooperativos, asociativos y comunitarios) o con combinaciones de ambos tipos de fines en las organizaciones económicas.

Para lo anterior se deberá aplicar un principio de "subsidiariedad inversa" como alternativa al promovido por los neoliberales: dejar al mercado o a la economía social y solidaria solo lo que al Estado no le es necesario para promover el interés general o muy costoso o poco ventajoso de hacer, en vez de dejar al Estado solo lo que el mercado no puede hacer.

Si se adoptase este nuevo principio, debería en el futuro existir una prevalencia de los órganos públicos (y por tanto llevar el gasto público progresivamente a 35% del PIB desde el 24% actual) para garantizar progresivamente el interés general en diez áreas claves en materia económica y social:

- La orientación de la política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos para acercarse al pleno empleo, con lógica contracíclica, y una distribución más equitativa del ingreso que la que resulta del funcionamiento de los mercados. Esto supone recaudar tributos suficientes y progresivos, con mayor contribución de las personas de muy altos ingresos y equidad territorial, además de la fijación de precios claves como la tasa de interés, el salario mínimo y las tarifas de servicios básicos, junto a la determinación de las normas de trabajo y de la negociación colectiva y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

- La planificación estratégica de la transición a una economía circular diversificada, la agregación sostenible de valor y la inserción selectiva en cadenas globales de producción y prestación de servicios (apoyada en un fortalecimiento sustancial de la investigación, desarrollo e innovación productiva), junto a la fijación de precios sociales ambientales (a través de impuestos al daño ambiental y otros instrumentos) para asegurar la sostenibilidad del uso de recursos y la resiliencia de los ecosistemas y de los bienes comunes. Las regalías sobre recursos naturales, que deberán ser muy superiores a las actuales, deben financiar el esfuerzo de reconversión y diversificación productiva y un nuevo esfuerzo de industrialización sostenible y de ampliación de los servicios a la producción de alta tecnología.

- La planificación estratégica de las grandes infraestructuras y de los espacios urbanos y rurales como bienes públicos y con sentido de fomento productivo socialmente integrador y ambientalmente sostenible, junto a la regulación estricta del uso del suelo y de las prácticas de especulación inmobiliaria que segmentan socialmente las ciudades.

- La desconcentración de la propiedad, mediante el traspaso de parte importante de las herencias a fondos públicos de administración de capitales con criterio social y ambiental, y la promoción del acceso de los jóvenes a la actividad empresarial con responsabilidad social y ambiental mediante un capital inicial que progresivamente se universalice.

- La desconcentración de los mercados, con fuertes mecanismos anticolusión y de defensa del consumidor, además de la promoción de la pequeña empresa y de la economía social, solidaria y sostenible mediante una banca de fomento efectiva, la faciitación de acceso a mercados y la transferencia tecnológica y de buenas prácticas en las economías locales.

- El acceso universal y gratuito a salas cunas, a una educación preescolar y escolar no segmentada, con escuelas públicas ampliamente fortalecidas y valoradas como fuente primordial de la integración social y la igualación inicial de oportunidades, universidades más reguladas y 100% gratuitas al menos cuando son estatales, junto a un sistema subsidiado de formación continua a lo largo de la vida en las empresas y territorios.

- La provisión de una seguridad social que garantice una cobertura universal de pensiones para todo mayor de 65 años superior a la línea de pobreza y con pensiones contributivas de reparto financiadas con el 10% de la cotización en base a derechos adquiridos por las cotizaciones a lo largo de la vida activa y un 1% destinado a la solidaridad con las mujeres y a asegurar pensiones mínimas cercanas al salario mínimo. El 4% restante debe ser agregado al Fondo de Reserva de Pensiones para sostener el cambio demográfico. Las AFP deben dejar de recibir cotizaciones obligatorias y constituirse en un sistema de ahorros complementarios en condiciones competitivas y voluntarias.

- El fortalecimiento sustancial de la salud pública primaria, de urgencia y hospitalaria, el despliegue de especialistas en todo el territorio y el establecimiento de un Fondo Unico de Salud con la cotización del 7% que garantice un Plan de Salud Universal, junto a la fijación de precios de los medicamentos bioequivalentes y su provisión universal pública directa.

- La provisión de un ingreso básico de inserción social, de creciente universalidad según aumente la productividad y la recaudación tributaria y disminuyan los empleos formales con la automatización creciente en perspectiva.

- La desconcentración de los medios de comunicación para asegurar la diversidad y la pluralidad de las expresiones legítimas existentes en la sociedad.

Todos los componentes de este decálogo están ya en discusión en la esfera pública, de distintas maneras y con diferente profundidad y extensión. Por ello no resulta aventurado afirmar que la revuelta social puso en definitiva en cuestión la idea hayeckiana de que la sociedad no existe y que el valor principal de cada individuo es perseguir el interés propio. Y que, en el caso de los que están más abajo en la escala de la jerarquía social, su aspiración debe ser la de procurar la movilidad social individual a través de las oportunidades que ofrecerían las relaciones de mercado. Con el agregado institucional guzmaniano de no permitir en ninguna circunstancia que opere el principio de mayoría, cuyo abandono definitivo es la batalla política principal para el futuro democrático de Chile.

Posteo sobre noticias constitucionales

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Bastante triste el desempeño de la "comisión técnica" del acuerdo constitucional. Dado que así lo habían firmado los presidentes de partido, y otros que se representaron a sí mismos sin mucho rubor (recordemos que estamos en tiempos de "narcisismo desregulado") dejaron fuera -postergados para mantener las formas- los temas de la paridad de género en la representación final en la Convención Constituyente, la presencia de independientes para dar más cabida al mundo social y la representación autónoma de los pueblos originarios. Los relatos indican que RN algo se abrió...pero que la UDI vetó todo. Y ahí sigue el problema.

Sigo sin entender -nadie es perfecto- por qué los nuevos partidarios de los consensos que tanto criticaron y admiradores de la magia de la página en blanco no asumen de una vez que el nudo político chileno es quitarle el poder de veto a la UDI y por qué no actúan en consecuencia. Los más viejos hemos testimoniado una y otra vez que ya fuimos engañados en la materia -de buena o mala fe, a estas alturas da lo mismo- por Jarpa y Allamand en 1989. Estos pidieron a Aylwin y Aylwin al resto de la coalición democrática, que aceptáramos el acuerdo negociado por Cáceres a nombre de la dictadura -y luego plebiscitado con nuestro apoyo en 1989- pero con el compromiso incumplido que las reformas democráticas se realizarían en el primer parlamento elegido. Aprovecho de recordar que no todo fue concesión de este lado. El artículo 5 que establece la prevalencia de los tratados internacionales sobre la ley interna es lo que permitió la anulación práctica de la ley de amnistía y los avances en derechos humanos, que no han sido pocos, de lo que los militares represores presos no están muy contentos.

Pero cometimos el error de confiar: Aylwin en Jarpa, nosotros en Aylwin y muchos en nosotros dado que nos habíamos jugado contra la dictadura con alguna eficacia. Y ese error -debimos haber tensado la situación, aunque hubiera sido muy riesgoso, y no aceptar el poder de veto contra la mayoría democrática desde el primer parlamento- marcó todo el largo derrotero de la transición que permitió mantener -hasta ahora- la regulación neoliberal de extensos espacios de la sociedad chilena y un poder de la oligarquía económica que fue creciendo sin parar.

Así, la historia parece repetirse, primero como tragedia pero luego ya como farsa, como decía un señor con barba en el siglo XIX...

¿Qué hacer con la seguridad pública?

En La Mirada Semanal

El debate sobre las causas de la rebelión social será de largo aliento y estará centrado en el cambio del modelo económico y en una nueva agenda social. Lo propio ocurrirá con el tema de la nueva constitución, que tomará dos años según el calendario previsto. Pero el tema de la seguridad pública es acuciante.

Hay quienes proponen la represión militar y volver a un esquema de violaciones masivas de derechos humanos. Parece más sensato, en cambio, una acción efectiva contra las destrucciones y saqueos que debe empezar por establecer un nuevo mando y formar equipos de control civil directo de la acción policial en un Ministerio del Interior dotado de toda la autoridad sobre los mandos de Carabineros.

Lo primero que debe cambiar es la agresión policial gratuita y el descontrol que ha llevado a muchos jóvenes a la violencia reactiva por rabia e indignación frente al abuso policial, para no hablar del disparo a los ojos de perdigones y bombas lacrimógenas y las dramáticas consecuencias que han producido.

Se debe permitir las manifestaciones. Esto ya bajaría una parte de la violencia y la tensión existente. Hoy existe una obsesión por disolverlas, en vez de dejarlas transcurrir, lo que evitaría muchas de las violencias que son provocadas precisamente por la represión policial. El derecho a manifestarse sin permiso previo está garantizado por la constitución.

En segundo lugar, cabe darle un rol de primer plano a los alcaldes. En muchos casos sorprende la nula coordinación operativa con ellos por parte de las Intendencias y Carabineros. En muchas comunas la violencia ha sido menos intensa. Esto se explica porque funciona la contención que provee el capital social local, capilar, invisible, pero eficaz, que los alcaldes, cuando hacen bien su labor, conocen y activan mejor que nadie. Debieran recibir muchos recursos para que organicen a los vecinos y a los jóvenes en tareas de prevención de destrucciones y saqueos y de promoción de cabildos y de espacios para la organización popular para canalizar positivamente la rabia social acumulada. La consulta que estaban organizando los alcaldes -aunque se realizará una con menos impulso en los temas- hubiera servido mucho a la pacificación, pero desde la política una mayoría parlamentaria cometió el error de no articularse con ella y de producir un acuerdo que, si bien abre esperanzas de cambio institucional, no resuelve mucho de aquello por lo cual la gente está en las calles.

En tercer lugar, cabe comprometer a los que actúan desde la política para, con las organizaciones populares en los territorios, proponerse positivamente y con firmeza controlar colectivamente y aislar a los que realizan destrucciones y saqueos que perjudican enormemente el espacio público y la calidad de vida de las mayorías. A los que queman equipamientos públicos solo se les puede llamar lumpen y se les debe combatir. Pero no desde la represión policial y militar desproporcionada que violenta derechos, lo que no ha logrado mayor eficacia. Lo que verdaderamente va produciendo efectos es el control social combinado con la acción policial selectiva y proporcional, lo que no excluye la necesaria firmeza en la reducción de los que delinquen.

En cuarto lugar, en vez de usar el enorme contingente con el que se atacan las manifestaciones pacíficas, transformándolas en no pacíficas, las Fuerzas Especiales debieran concentrarse operativamente, con mucha movilidad, en la inmediata respuesta a los saqueos en directa conexión con los vecinos y los alcaldes. La falta de eficacia policial ha sido muchas veces abismante. La policía debe volver a una lógica de proximidad, como la que siempre hemos visto en los bomberos, que han sido los héroes públicos en estas semanas junto al personal sanitario, los que merecen el reconocimiento de todos.