Medidas económicas tardías

En Voces de La Tercera

En el primer trimestre de este año la economía se estancó, medida por el Producto Interior Bruto (PIB) corregido de efectos estacionales y en comparación al trimestre anterior. Según el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) más reciente, en los cuatro primeros meses de 2019 la economía creció en 1,7% respecto al mismo período de 2018. En los dos próximos cuatrimestres la economía debiera aumentar sustancialmente su crecimiento para llegar al 3-3,5% promedio anual, que estableció como meta el presidente Piñera en la cuenta pública del 1 de junio. Esta es una cifra que el contexto internacional no permite seriamente proyectar.

El gobierno decidió el jueves 6 de junio adelantar obras públicas por unos mil millones de dólares en inversiones que se iniciarían en 2019 y 2020 “a través de hacer más expedito el proceso de autorización presupuestaria necesarias para sacar adelante esas obras”. Esto representa un volumen de gasto adicional pequeño con efectos macroeconómicos mínimos, pero cuya “agilización” probablemente incluirá la enésima iniciativa para disminuir los estándares ambientales en los proyectos de inversión.

Por su parte, luego de meses de inacción, porque supuestamente todo iba más o menos bien, el 7 de junio el Consejo del Banco Central por fin se decidió a bajar de la tasa de interés de referencia. Esta pasó a 2,5% desde el 3% vigente desde enero, lo que se explica por los malos datos de la actividad económica y especialmente de la inversión, cuya dinámica el Banco Central ha sobreestimado en el período reciente, así como una caída de las exportaciones mineras e industriales.

Entre tanto, los desocupados sumaron 626 mil personas en el trimestre febrero-abril, un aumento de 3,4% respecto a los 605 mil del mismo período del año pasado, según la encuesta del INE. El empleo creció en 1,4% en doce meses, un buen ritmo. Los cotizantes dependientes (con contrato formal de trabajo) en las AFP aumentaron en el trimestre diciembre 2018-febrero 2019 en 3,3% en doce meses, según la Superintendencia de Pensiones, lo que indica una tendencia a la formalización del empleo. Pero el 28,5% del empleo es informal, una cifra muy alta en el contexto de los países de la OCDE, aunque baja en el contexto latinoamericano. Las remuneraciones reales crecieron, de nuevo según el INE, en 2,6% en 12 meses en abril de 2019.

Este crecimiento del empleo y de las remuneraciones es el que sostiene el consumo y el que ha permitido que la actividad económica no haya entrado en recesión, en un contexto de caída en la inversión y de las exportaciones.

Esto explica la decisión reciente del Banco Central, pero no explica su carácter tardío, la que viene además a compensar el error de haber subido a fines de 2018 y principios de 2019 esa tasa en 0,25 en cada ocasión, llevándola del 2,5% al 3% en medio de signos que no eran expansivos, especialmente por el contexto externo. Ahora el Banco Central reconoce que “a la luz de la actualización de los parámetros estructurales, la recuperación de la economía no ha sido suficiente para cerrar la brecha de actividad e impulsar la inflación. Por ello, estimó necesario recalibrar el impulso monetario”. La inflación está próxima a completar tres años bajo la meta de 3% anual, por lo que es urgente que el Banco Central revise su concepto de “impulso monetario”, basado en reglas obsoletas frente a una relación entre desempleo e inflación que ha cambiado sustancialmente en todo el mundo (en Estados Unidos el desempleo bajó desde la gran crisis de 2009 de 10% a menos de 4% pero la inflación, contrariamente a las previsiones de los economistas conservadores, ha permanecido en menos de 2% anual) y también en nuestro país.

Todo este episodio confirma el sesgo sistemáticamente recesionista de la política monetaria en Chile y la timidez contracíclica de la política fiscal. Este sesgo tuvo graves consecuencias en 1999 y 2008-9, cuando se aumentaron las tasas de interés en vez de disminuirlas, con sendas caídas evitables del PIB y fuertes aumentos del desempleo.

Los macroeconomistas convencionales en Chile siguen demostrando una gran impericia para manejar el ciclo económico, siempre inestable por la alta exposición a pocos bienes de exportación.

Por el momento, el gobierno y la autoridad monetaria no ofrecen una respuesta suficiente al deterioro del escenario externo. Tampoco lo hizo el gobierno anterior, dicho sea de paso, cuyos economistas no pensaban de manera muy distinta que los del actual. Una respuesta que mantenga una mayor creación de empleo y aumente su calidad solo puede provenir de una política contracíclica más contundente en materia monetaria (bajando todavía más la tasa de interés en los próximos meses) y fiscal (ampliando sustancialmente la inversión pública y el apoyo a la construcción y obras urbanas mediante endeudamiento hoy disponible a bajo costo). La derecha en Chile no cree en ese tipo de políticas, y por tanto la economía probablemente languidecerá con tasas de crecimiento bajas. Es de esperar que la cantidad de desempleados no siga aumentando, pues son los que en definitiva sufren las consecuencias de las decisiones equivocadas de política económica y por los que casi nadie habla.

La insustancial cuenta de Piñera

En Observatorio de Medios

Después de la cuenta presidencial anual, queda en evidencia la ausencia de respuesta del actual gobierno a tres de los principales problemas que aquejan a la sociedad chilena.

El primero de ellos es la crisis institucional. No se observa en la cuenta nada sustantivo para mejorar el clima institucional después de lo visto en la apropiación de fondos públicos en Carabineros y el Ejército, las coimas de algunos jueces, la guerra entre los fiscales de la región de O´Higgins, la denuncia de manipulación del IPC en el INE y así sucesivamente. O para evitar con mejores sistemas de control nuevos brotes de corrupción y los conflictos de interés entre funcionarios de gobierno y actividades privadas. Parece ser que para Piñera estos simplemente no importan, visto lo del viaje a China de sus hijos empresarios, la reacción posterior y el silencio frente al no pago de contribuciones en propiedades del actual presidente.

Parece ser que para Piñera estos simplemente no importan, visto lo del viaje a China de sus hijos empresarios, la reacción posterior y el silencio frente al no pago de contribuciones en propiedades del actual presidente.

Crear una comisión dirigida por el ministro del Interior para buscar un nuevo “acuerdo nacional” no hace más que dilatar medidas drásticas contra la corrupción y los conflictos de interés, por un lado, y el rediseño global de las instituciones políticas, por el otro.

Una Contraloría General en crisis debilita el control de la legalidad de los actos de los órganos administrativos, y especialmente la ejecución presupuestaria. No se necesita una comisión para enviar con urgencia un proyecto de ley que dote a la Contraloría General de capacidades de control de todo tipo de gastos reservados y de los sistemas de compras públicas, donde se concentra la corrupción, y termine con la crisis de mando de la institución. A su vez, la sanción frente a conflictos de interés que permiten, por ejemplo, a familiares ser parte de las actividades de altas autoridades, debe aumentar drásticamente y a la brevedad.

Piñera decidió, por otro lado, dar una respuesta absurda a la caída de la legitimidad de los órganos de representación. Disminuir el número de parlamentarios suena bien a los oídos de los que, por diversas razones, aborrecen de su rol, y de paso permitiría disminuir la diversidad de la representación y favorecer a la UDI, que nunca aceptó el cambio del sistema electoral hacia una mayor proporcionalidad. Un pequeño cuerpo parlamentario aumenta las posibilidades de captura del sistema político por los intereses de las grandes corporaciones empresariales.

Las claves están más bien  en la disminución de la remuneración desmedida de los parlamentarios, la profesionalización de los sistemas de asesoría (creando en especial una oficina parlamentaria de presupuesto que sea una contraparte seria del ministerio de Hacienda para aumentar la calidad de la discusión de las leyes), el límite real a la reelección y la pérdida inmediata del cargo y del derecho a ser elegido a quienes financian ilegalmente sus campañas.

Pero lo principal es que no se aborda el problema central: Chile no posee instituciones dotadas de suficiente legitimidad, por lo que su futura prosperidad y estabilidad democrática requieren ineludiblemente de un cambio constitucional.

Pero lo principal es que no se aborda el problema central: Chile no posee instituciones dotadas de suficiente legitimidad, por lo que su futura prosperidad y estabilidad democrática requieren ineludiblemente de un cambio constitucional.

Ello fue muy mal manejado por el gobierno anterior, sin lograrse ningún avance, pero con el actual el tema simplemente desapareció de la agenda. Instituciones como los quorum calificados de aprobación de leyes y un Tribunal Constitucional activista que interfiere en las decisiones del parlamento y del poder judicial no merecieron ninguna mención en el mensaje presidencial, mientras no hubo un compromiso claro con mantener la fecha de la elección de gobernadores regionales el año próximo. La derecha en el gobierno está al debe en materia de reforma democrática a las instituciones.  Y esto tiene una explicación: su compromiso con las instituciones democráticas es en esencia débil e instrumental.

Ello fue muy mal manejado por el gobierno anterior, sin lograrse ningún avance, pero con el actual el tema simplemente desapareció de la agenda.

El segundo gran problema del país es la pérdida de dinamismo económico. Si se mide la actividad económica más reciente a través del PIB ajustado por factores estacionales, se constata que se estancó en el primer trimestre de 2019. Cayeron las exportaciones y la inversión. Solo mantuvo un cierto crecimiento el consumo, empujado por mejores remuneraciones reales promedio por la baja de la inflación, de acuerdo a los datos del Banco Central, lo que aún sostiene la demanda interna y no ha deteriorado el empleo.

En el presente año, el PIB no crecerá más de 2 a 3%, por lo que Piñera no tuvo más remedio que rebajar la proyección gubernamental de crecimiento y de paso hacer desaparecer la promesa de tiempos mejores. El hecho es que el gobierno no ofrece una respuesta suficiente al deterioro del escenario externo, lo que solo puede provenir de una política contra cíclica contundente en lo monetario (disminuyendo la tasa de interés) y fiscal (ampliando sustancialmente la inversión pública y el apoyo a la construcción y obras urbanas). La derecha en Chile no cree en ese tipo de políticas, y por tanto la economía languidecerá.

El hecho es que el gobierno no ofrece una respuesta suficiente al deterioro del escenario externo, lo que solo puede provenir de una política contra cíclica contundente en lo monetario (disminuyendo la tasa de interés) y fiscal (ampliando sustancialmente la inversión pública y el apoyo a la construcción y obras urbanas). La derecha en Chile no cree en ese tipo de políticas, y por tanto la economía languidecerá.

El tercer gran problema de Chile, y este es de carácter estructural pero no por eso menos acuciante, es la persistencia de las desigualdades, tema que apenas fue mencionado en la cuenta presidencial. En cambio, Piñera ha intentado conectar con la idea de representar a la clase media. La derecha, que representa de manera directa a las oligarquías económicas que concentran el poder en Chile, necesita dotarse de alguna legitimidad y conseguir adhesiones y votos, y hoy privilegia la idea de representar a la clase media aspiracional.

Sin embargo la realidad esencial es que los sectores medios se encuentran sometidos a relaciones laborales asimétricas y precarias en el contexto de una economía menos dinámica. Con alto costo de la educación, como en el gasto de las atenciones de salud a través de seguros privados, bajas pensiones que provee el sistema de AFP y altas tarifas que protegen a monopolios empresariales y no a los usuarios, como es el caso de los peajes de vías concesionadas y diversos servicios básicos. El programa de clase media recientemente anunuciado y reiterado en el mensaje no actúa de manera significativa en ninguno de estos aspectos.

Sin embargo la realidad esencial es que los sectores medios se encuentran sometidos a relaciones laborales asimétricas y precarias en el contexto de una economía menos dinámica. Con alto costo de la educación, como en el gasto de las atenciones de salud a través de seguros privados, bajas pensiones que provee el sistema de AFP y altas tarifas que protegen a monopolios empresariales y no a los usuarios, como es el caso de los peajes de vías concesionadas y diversos servicios básicos.

Peor aún, el compromiso adquirido con la Democracia Cristiana de permitir la cotización salarial adicional de 4% por un órgano público fue relativizado, evidenciando la incapacidad del gobierno para lograr la aprobación de sus iniciativas legales. La rebaja tributaria a los más ricos fue reiterada, lo que no contó siquiera con el apoyo del presidente de Renovación Nacional.

 La rebaja tributaria a los más ricos fue reiterada, lo que no contó siquiera con el apoyo del presidente de Renovación Nacional.

Junto a una conducción errática y acciones que evidencian una y otra vez una lógica de preservación de privilegios, estos factores son los que explican la sustancial pérdida de popularidad del actual gobierno, que la cuenta presidencial no parece haber contribuido a revertir.

Más sobre la reforma de pensiones

En Voces La Tercera

Diversas personas han vuelto a sostener en estos días que los sistemas de pensiones de reparto serían inviables, sumándose al coro neoliberal que viene diciendo lo mismo desde 1981. Esto simplemente no es cierto.

Se alude por los que argumentan esta supuesta inviabilidad que el cambio demográfico lleva inevitablemente a que menos activos deban sostener a cada vez más pasivos. Eso es cierto, pero lleva a distintas conclusiones. Los sistemas de reparto, en el que los que hoy trabajan sostienen a los que ayer trabajaron, es decir los hijos/hijas a sus padres, están obligados a ajustarse a ese cambio, como todo sistema de pensiones, por lo demás. Pero es absurdo sostener que deban inevitablemente desaparecer. Es como decir que dado que habrá más personas de edad que se enferman, entonces no debería haber más hospitales y servicios médicos para todos porque no son sostenibles para tanta gente.

Lo que habrá que hacer es invertir más en pensiones y en salud. O vivir en sociedades basadas en la ley de la selva y en el abandono de las personas más frágiles.

En el caso de las pensiones, si menos personas que trabajan producen más (es decir aumentan su productividad), entonces pueden financiar a más jubilados con la misma proporción de sus ingresos. Si la productividad no aumenta lo suficiente, deberá aumentarse esa proporción de los ingresos o deberán aumentar menos las pensiones en el tiempo o retrasar la edad de jubilación. Ajustes, desde luego. De inviabilidad, nada. De paso, señalemos que los que defienden desde distintos horizontes ampliar sustancialmente la pensión básica están defendiendo un esquema de reparto (“pay as you go”, en su denominación en inglés), solo que en vez de financiarse por cotizaciones se financia con impuestos, lo que es una buena idea, como veremos.

Los neoliberales debieran partir por constatar que hay numerosos países que o bien están locos por no hacerles caso o bien piensan que sus sistemas de pensiones con componentes de reparto son viables, sostenibles y preferibles al libremercadismo de los ahorros o a cotizaciones obligatorias y pensiones administradas por privados con fines de lucro. Para empezar, este es el caso de Estados Unidos, país que mantiene un sistema de reparto, el Old-Age, Survivors, and Disability Insurance (OASDI), creado por Roosevelt en 1935 y que los republicanos no han logrado echar abajo, por mucho que lo hayan intentado. En opinión del Nobel Paul Krugman, en Estados Unidos “la Seguridad Social no enfrenta una crisis financiera; su disminución de financiamiento de largo plazo puede fácilmente cerrarse con un modesto incremento en los ingresos”. Y así, diversos países van modulando sus beneficios de pensiones y edades de jubilación a los ingresos actuales y futuros, haciendo lo que en la jerga económica se denomina cambios paramétricos, como Canadá, Alemania, Dinamarca y una larga lista, mientras otra lista de países volvió del sistema de capitalización individual a uno predominantemente de reparto, encabezados por Polonia, o bien el caso de Suecia, que pasó a un sistema de reparto pero basado en las cotizaciones a lo largo de la vida registradas en cuentas individuales.

Sin embargo, no parece recomendable volver al sistema antiguo chileno de reparto, porque más de 20 cajas distintas que se fueron creando inorgánicamente a lo largo del tiempo no aseguraban el mismo trato a los pensionados, creando privilegios financiados por el resto de ciudadanos (como ocurre hoy con el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que cuesta un 0,9% del PIB, más que el sistema de pensiones solidarias). Y porque la cotización obligatoria basada en el salario no permite integrar a los trabajadores informales (un 30% del total) y tampoco hacer contribuir equitativamente a las personas con altos ingresos de capital. Además, la esperanza de vida de los jubilados más pobres es inferior a la de los de más altos ingresos. No existen cifras oficiales al respecto, lo que es una carencia inaceptable del sistema estadístico chileno, pero se ha estimado diferencias de hasta siete años en la esperanza de vida al nacer en comunas pobres y ricas de Santiago. Por ello, las cotizaciones de los más pobres que viven menos terminan pagando de manera desproporcionada las pensiones de los que viven más y son más ricos. Por ello estos deben contribuir más.

Un nuevo sistema debiera basarse en ingresos que financien en primer lugar una pensión básica universal que sea progresivamente equivalente a una canasta promedio de consumos de mínima dignidad para los mayores (con un gasto que pase del actual 0,7% del PIB para financiar la pensión básica y los aportes solidarios a un objetivo en una década de un gasto en pensión ciudadana de 5% del mismo, como en Nueva Zelandia). Estos ingresos deben provenir no solo de aportes salariales sino también de los otros ingresos que tributan en el impuesto a la renta. Por eso es un error solo subir, como propone el proyecto del gobierno, las cotizaciones basadas en salarios, que aunque las paguen nominalmente los empleadores en definitiva las pagan los trabajadores, especialmente los nuevos contratados, pues forman parte del costo salarial. En segundo lugar, se debe reestructurar un sistema de incentivos para ahorros para la vejez en diversos instrumentos, que incluya una entidad estatal que también pueda administrar ahorros voluntarios, terminando con el monopolio del ahorro forzoso administrado por las AFP para beneficio de sus dueños.

Así se configuraría un nuevo sistema con, en primer lugar, una pensión ciudadana universal y complementos de las actuales pensiones más bajas, financiados con el aporte obligatorio de una proporción de todos los ingresos generados en la economía. De este modo se lograría mejoras de pensiones que entren en vigencia a partir de ahora y no en 40 años más. Y, en segundo lugar, una nueva entidad estatal debiera estar habilitada, además de entidades privadas debidamente reguladas, para gestionar en condiciones competitivas los ahorros complementarios que las personas quieran realizar para mejorar sus ingresos más allá de la pensión universal, con costos de administración razonables, de acuerdo al esfuerzo de ahorro de cada cual y con premios tributarios equitativos.