Una visita oficial de más

En Voces La Tercera 

Poco edificante fue la presencia de Jair Bolsonaro en Chile. El presidente Piñera ha justificado su empatía con un gobernante que, en rigor, no se puede calificar sino de… inaceptablemente extremo. Lo inaceptable proviene de que incluso no todas las extremas derechas son tan sistemáticamente contrarias a los elementos básicos del respeto a la dignidad humana. Aunque soy de los que cree que adjetivar no es de gran ayuda en el análisis político, no se puede considerar de otro modo a un actor público que en su prolongada carrera reivindica golpes de Estado, asesinatos, violaciones y discriminaciones contra las mujeres, los homosexuales, los afro-descendientes y los indígenas.

El presidente Piñera ha aludido para justificar su actitud de invitar en visita oficial a Bolsonaro un vínculo estratégico con Brasil que ya existe desde hace mucho tiempo. Lo que cabe es mantenerlo, pues es muy importante, pero con relaciones con el actual gobierno objetivas y parcas, sin piruetas de consumo interno. Pero, en este caso, la sobre actuación de agregar a la asistencia a la reunión de de diversos gobernantes una invitación especial a Bolsonaro para realizar una visita oficial fue innecesaria y conflictiva. Parece provenir de la necesidad de contar con Brasil para el nuevo esquema de Pro-sur, del que muchos gobiernos sudamericanos no son muy entusiastas. Esto es explicable, pues de partida excluye a un país muy importante como Venezuela (no se invitó ni al gobierno en ejercicio ni se intentó seguir con la ficción del gobierno “encargado”), mientras es muy difícil que la necesaria articulación de los gobiernos sudamericanos se proyecte en este esquema, dadas sus débiles bases. Convengamos que la parálisis de UNASUR como órgano político provino de su proceso de decisiones por unanimidad en un contexto de abierta hostilidad entre sus miembros de derecha cada vez más numerosos y los de carácter refundacional agrupados en el ALBA. Los gobiernos progresistas no refundacionales como Uruguay y en su momento Chile y Brasil, siempre mantuvieron una actitud constructiva, que permitió hacer coincidir a un Uribe y un Chávez.

La cooperación sudamericana tiene serios temas subregionales específicos que abordar, como los de seguridad, migraciones, medio ambiente, por mencionar los principales, admitiendo que los económicos tienen otros foros de más amplio espectro y que debieran sumar en particular a México y actuar en escala latinoamericana. Por ejemplo, no existen aún siquiera consultas periódicas latinoamericanas para abordar las reuniones del G20, principal espacio de coordinación económica mundial al que pertenecen Brasil, Argentina y México. Por su parte, el tratamiento más estable y más sereno de la cooperación sudamericana probablemente provendrá de algún esquema de consultas y acciones conjuntas sobre estos temas antes que de organismos de propaganda, que si se conciben como tales no podrán superar el vivir en y del conflicto permanente en su seno y con otros.

El hecho es que el presidente Piñera decidió convertir a Colombia y a Brasil en aliados ideológicos preferentes para impulsar su Pro-Sur y, probablemente, también para contentar las escabrosas alineaciones ideológicas de uno de los componentes de su coalición, la UDI, que compite con la todavía más extrema derecha que se desgajó de ella para ver quien es más amigo del inadmisible Bolsonaro. La falta de compostura aparece por todas partes en este lamentable episodio.

A raiz del repudio de las mesas del Congreso y de diversos representantes a sumarse a los homenajes al personaje de marras, en virtud de una defensa de valores humanos básicos, se planteó que estarían de por medio problemas de protocolo y de política exterior “de Estado”. Cabe afirmar que nunca ha habido tal cosa como una política exterior “de Estado”. Ninguna política exterior está por encima del bien y del mal, todas buscan proteger intereses y están inspiradas por unos u otros principios y valores. Está claro que los de Piñera son los propios de su sector (que logró ser mayoritario en la elección presidencial) y que no son los mismos del resto del país (que logró ser mayoritario en la elección parlamentaria). Lo mínimo en esta situación hubiera sido consultar a la oposición sobre la visita de Bolsonaro, lo que el gobierno no hizo, y tal vez le hubiera permitido atenuar los efectos de una visita oficial inútil y controversial. En los países democráticos existe colaboración interpartidaria en ciertos temas, siempre que se delibere y llegue a ciertos consensos de forma y fondo, pero en el contexto de un debate contradictorio sobre todos los asuntos públicos (si alguien tiene una duda, tal vez las controversias británicas sobre el Brexit pueden ilustrarle al respecto).

Alguien dirá que la política exterior se rige solo por intereses. Entonces quien lo sostenga debería criticar lo hecho por el actual gobierno en nombre de valores democráticos contra el gobierno de Maduro, dejando secuelas que van más allá del actual régimen con el país que tiene las principales reservas petroleras del mundo y con todos los países que observaron que Chile se sumaba al intento de derrocamiento de un gobierno instigado desde Washington. Conclusión: la política exterior es siempre una mezcla de defensa de valores e intereses (lo que en la literatura especializada se conoce como el debate entre idealistas y realistas).

Para Chile, la mejor defensa de sus intereses nacionales en tanto país pequeño y austral es proyectar una política exterior mesurada, de acompañamiento de los valores democráticos en todos los casos y en la defensa del derecho internacional y de los tratados. Es decir no haciendo gesticulaciones en un sentido u otro, que están totalmente de más, acogiendo “amigos” que atentan contra la dignidad humana o actuando y trasladándose de manera beligerante a fronteras para derrocar “enemigos” ideológicos, por condenables que sean. Lo que una política exterior sensata debe tratar de hacer es buscar la cooperación regional sud y latinoamericana, y no ser un factor de conflicto y división. Y menos alinearse con los halcones que hoy gobiernan Estados Unidos. Frente a los intereses no siempre convergentes, por decir lo menos, y en todo caso asimétricos de los países de la región en relación a los de las grandes potencias en materia militar, financiera, comercial, de inversiones y de propiedad intelectual, no tiene sentido subordinarse a ninguna de ellas ni menos servir sus intereses, sino cooperar frente a los temas que conforman una comunidad latino y sudamericana de destino, además de nutrirse de un pasado común.

En definitiva, el gobierno se expuso a un episodio altamente controversial con costos internos y externos, que se agrega a la insólita visita a Cúcuta para intentar derrocar a un gobierno. ¿Es mucho esperar que la política exterior deje de ser un campo de experimentos riesgosos que en nada sirven a Chile?

Posteo sobre el estilo y rol de la UDI

Otra indignidad de la UDI: además de tener a la presidenta Jacqueline van Rysselberghe imputada por cohecho y fraude al fisco sin que pase nada ni nadie diga nada, ahora el ministro UDI de Justicia Hernán Larraín, violando la separación de los poderes propia de la democracia, presiona a los jueces y apoya públicamente al UDI Jaime Orpis procesado por cohecho y fraude al fisco por 307 millones.

Sin olvidar que Pablo Longueira como senador y ministro intervino directamente en favor de intereses monopólicos privados, por lo que también está imputado y procesado. O a Jovino Novoa, que reconoció para evitar la cárcel el financiamiento ilegal de Penta para candidatos de la UDI. Los senadores en ejercicio Iván Moreira y Ena Von Baer fueron procesados por la misma causa. Todo esto refleja el desparpajo puro y simple con el que está acostumbrado a actuar el partido que promovió y sostuvo hasta el final a la dictadura. Y que hoy sigue defendiendo a los criminales de Punta Peuco y representa sin tapujos al poder económico privado, y de paso recoge abundantemente sus estipendios.

¿Y qué dice la oposición, que no se la escucha? ¿No amerita la inaceptable declaración de Hernán Larraín pedirle la renuncia? ¿O no va a pasar nada y este ministro de Justicia seguirá presionando a los jueces para defender a autores de delitos cuando son de su partido?

Post scriptum: leo que el presidente del Senado, Jaime Quintana, declaró en la mañana de hoy que "sus declaraciones (las de Larraín) no son probablemente muy aconsejables de emitir en este momento". Algo es algo. No mucho en verdad.

¿Hacia una recuperación de la oposición?

En Voces La Tercera

Al iniciarse el año político, el gobierno enfrenta un problema medular: su promesa de tiempos mejores se ha desdibujado. El sustrato es una gestión económica que no logró sostener la recuperación producida en el último semestre del gobierno anterior, después de un prolongado letargo. Esto ocurre en contraste con el éxito económico del primer gobierno de Sebastián Piñera, que se sustentó en los efectos del plan de reactivación luego de la crisis de 2009, en el gasto público en recuperación de infraestructura por el terremoto y en una mejor coyuntura internacional. La política fiscal algo más contractiva y las oscilaciones del Banco Central en su política monetaria, junto a un deterioro externo, han ahora, a la inversa, ralentizado el crecimiento de la actividad y el empleo respecto a un año atrás. Este año la economía tendrá un desempeño inferior al de 2018, quitándole holgura política al gobierno. Y reforzará los rasgos de agitación hiperactiva del presidente, que lo llevan a tomar decisiones precipitadas. Hace un tiempo el rechazo iguala o supera su aprobación en la opinión pública, luego de haber sido elegido por un sorpresivo amplio margen en 2017. La derrota de la actual oposición, aunque en condiciones de control “administrativo” de las cámaras, colapsó sus bases de acción común, lo que ya parece empezar a cambiar.

La Democracia Cristiana decidió en una primera etapa prolongar su opción por retomar un camino propio de centro, en medio de un país y un mundo muy distintos en los que los centros políticos no construyen ya mayorías sino las respuestas a las preocupaciones mayoritarias. No ha ayudado a que la DC pueda transmitir un mensaje identitario visible la ausencia de definiciones económico-sociales y culturales, pues hoy las definiciones la dividen. Y tampoco actuar un día en connivencia con el gobierno y al siguiente con la oposición de centro laico o con la de izquierda tradicional y emergente. La crisis provocada por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, que pareció más bien una postura irreflexiva de su sector más intransigente, parece haber permitido a la postre una conversación necesaria de la DC con los grupos más constructivos de la izquierda emergente sobre los temas de fondo: el rechazo a las reforma tributaria, laboral y de pensiones y a la agenda educativa del gobierno, todas con un claro carácter socialmente regresivo.

En vez de mantener la agrupación que le dio un buen resultado parlamentario, el centro laico y la izquierda tradicional se dispersaron en 2018 para intentar una quimérica vuelta a la coalición de 1989 (por tanto sin el Partido Comunista). Consiguieron solo anularse y detener procesos de renovación de su proyecto y de sus prácticas. El Frente Amplio ha tenido muy poca relevancia en contraste con su notable resultado parlamentario, lo que demuestra una vez más que construir una nueva fuerza política es una tarea de largo aliento que no puede basarse solo en personalidades (y menos en narcisismos postmodernos) sino en un proyecto común. Contrariamente a la leyenda interesada según la cual las diversas izquierdas no tendrían ya nada que ofrecer por la suma de la individuación provocada por la modernidad capitalista, el colapso soviético, la crisis de la socialdemocracia europea y el fracaso del chavismo latinoamericano, será inevitablemente a estas fuerzas a las que cabrá empezar en 2019 a articular un nuevo proyecto político amplio capaz de disputar el poder institucional en 2020 y 2021.

En primer lugar, en la elección parlamentaria las izquierdas representaron el 45% del electorado, los regionalistas el 2% y la DC el 10%. En segundo lugar, en materia de referencias globales el fin de la Unión Soviética no ha sido sino una muy buena noticia para la izquierda democrática; el desgate de la socialdemocracia tradicional europea está siendo reemplazada por coaliciones de gobierno exitosas en mantener el Estado de bienestar dirigidas por socialistas como la portuguesa y sueca y se verá qué pasa con la española, junto a fenómenos como los de Jeremy Corbyn en Gran Bretaña y la renovación demócrata en Estados Unidos y su New Green Deal; la izquierda chilena, salvo expresiones marginales, no reivindica para nada el modelo bonapartista y represivo de Maduro (condenando al mismo tiempo la intervención norteamericana) sino el carácter inequívocamente democrático del progresismo, como se expresa consistentemente en Uruguay, por ejemplo. El PC parece seguir su aggiornamiento en esta y otras materias.

El tema de fondo es que en la actual sociedad globalizada es cada vez más evidente que las respuestas neoliberales aumentan dramáticamente las desigualdades y además ponen en peligro cada vez más la propia vida en la tierra. A la vez, los conservadores son cualquier cosa menos portadores de una respuesta efectiva a la hiperconcentración económica, la desigualdad social estructural, la impostergable emancipación de la mujer y el deterioro ambiental descontrolado.

Aunque la derecha en Chile es electoralmente fuerte y ha logrado en parte generar una cultura del individualismo negativo, no es a la postre convincente en la idea de generar movilidad social, oportunidades económicas y orden público. Esto solo lo pueden lograr en las condiciones de Chile gobiernos progresistas consistentes, una vez asumidas las lecciones de la experiencia pasada. El gobierno de Sebastián Piñera está fracasando en estas tres dimensiones (como está ocurriendo también con Macri, dicho sea de paso). No está logrando hacer de la derecha una mayoría sociológica y cultural en Chile, como era su propósito. Recordemos que Piñera solo fue elegido con el apoyo de un 26,5% de los habilitados para votar. La victoria de Piñera fue fruto de la confusión y división de las representaciones políticas de centro e izquierda y de la desmovilización de su electorado. El camino hacia una nueva coalición alternativa, plural, con capacidad efectiva de gobierno y con un lugar para todos alrededor de un programa transformador serio y llamado a ser respetado, parece empezar a recorrerse luego de unos años 2017 y 2018 para el olvido.

De nuevo sobre la izquierda y Venezuela

En Voces La Tercera

Venezuela se ha tomado parte importante de la agenda política en Chile, lo que es probable se mantenga dado el intento del gobierno de utilizar en contra de la izquierda, así, en genérico, los dramas que vive su pueblo. Risible, pero así van los actuales tiempos de caricaturas.

Por nuestra parte, hemos señalado que la izquierda debe condenar toda intervención externa, y especialmente las amenazas de invasión militar norteamericana, más o menos explícitamente pedida por Guaidó. Este presidente de la Asamblea Nacional, y a ese título muy respetable,  ha articulado su accionar a partir de la ficticia  y a estas alturas un poco ridícula figura de “presidente encargado”. Y lo ha hecho con los halcones norteamericanos, la ultraderecha de Colombia y Brasil, las derechas latinoamericanas y hasta cierto punto los gobiernos europeos. Su fin es usar “todas las formas lucha” para derrocar a Maduro, sin negociación alguna ni respeto al derecho. El intento hasta ahora ha fallado. De paso ha contado con el también bastante ridículo movimiento de protagonismo en terreno de Piñera, realizado al precio de dejar en el aire la necesaria política exterior chilena de no participación en el derrocamiento de gobiernos.

Pero también venimos rechazando desde hace tiempo la idea maniquea del “ellos o nosotros”. Y por tanto planteando una crítica a la deriva antidemocrática de Maduro y su gestión catastrófica de la economía. Esta postura nos ha valido palabras poco amables de quienes se rehusan por espíritu sectario a aceptar que se puede estar en contra de toda intervención militar y económica y no a favor de Maduro.

El gobierno de Maduro es democráticamente repudiable, en mi opinión, por haber reemplazado al parlamento electo a través del desconocimiento de parte del resultado que permitía a la oposición alcanzar 3/5 de los escaños, para lo cual dispuso del férreo control construido previamente de los poderes judicial y de supervisión de la legalidad. Y luego convocando (como si la constitución vigente no fuera la de Chávez) una asamblea constituyente cuya función ha sido la de terminar con la división de poderes y eliminar las garantías para la oposición bajo el mando del ex militar Diosdado Cabello. Desde luego concuerdo bien poco con la oposición de derecha, y menos con el intento de hacerse del poder mediante un golpe militar interno o, peor aún, externo, es decir norteamericano, para aplastar al actual régimen: los chilenos sabemos como opera el revanchismo oligárquico por trágica experiencia propia. Pero de ahí a hacer lo de Maduro, es decir algo así como llevarse la pelota para la casa cuando perdió la mayoría en 2015, hay un paso inaceptable. Su gobierno impidió con pretextos variados la realización de un referéndum revocatorio previsto en la constitución, que también habría permitido resolver la crisis democráticamente, y empezó a meter presos, maltratar y exiliar a cientos de opositores y a cerrar y hostigar medios de comunicación. Y aceleró la toma de control inorgánico de cada vez más empresas, desorganizando la producción y aumentado el desabastecimiento de bienes esenciales.

Maduro se hizo reelegir adelantando la elección presidencial en 2018, sin participación de la oposición mayoritaria (lo que fue un grave error de ésta, creo) porque consideró que no había garantías. La deriva antidemocrática culminó con Maduro jurando el 10 de enero para un nuevo período hasta 2025, pero ya no delante de la Asamblea Nacional, como establece la constitución, sino del Tribunal Supremo de Justicia, órgano bajo su control. Esto fue el pretexto perfecto para la declaración de ilegitimidad por el parlamento, o lo que queda de él, y la ofensiva norteamericana coordinada con Guaidó.

El gobierno de Maduro es además repudiable por profundizar un modelo basado en la apropiación clientelar de la renta del petróleo, construido durante décadas por los partidos tradicionales pero continuado en lo esencial bajo el chavismo. Incluso amplió en 2016 las zonas de extracción minera en asociación con capital extranjero -el arco minero del Orinoco en un 12% del territorio- con graves daños ecológicos y a los pueblos indígenas. La caída de largo plazo de la rentabilidad de la extracción de petróleo pesado venezolano requiere enormes inversiones que no han sido atendidas. El cuasi colapso de la producción es muy anterior a las sanciones norteamericanas, cortando la rama sobre la que estaba sentado el régimen. La producción de petróleo pasó de tres millones de barriles diarios en 2014 a algo más de un millón de barriles diarios en 2018. Vean lo que opina el encargado de PDVSA durante Chávez, Rafael Ramírez: “Tenemos una empresa petrolera de la que han salido 30.000 técnicos gerentes, hay más de 100 presos de la industria petrolera, una producción que escasamente llega al millón de barriles por día. Y la empresa está en manos de una persona (el mayor general Manuel Quevedo) que no tiene idea de cómo conducir el negocio petrolero”. En todo esto la baja reciente del precio del petróleo tiene poco que ver. Y fue solo en 2017 cuando Estados Unidos estableció sanciones financieras, enteramente condenables porque afectan sobre todo al ciudadano común. Esto se amplió con la expropiación el 28 de enero de 2019 de los activos de PDVSA a su alcance, lo que es todavía más condenable, pues pone a la administración norteamericana en capacidad de adueñarse unilateralmente de activos de terceros países. Hasta entonces, Estados Unidos seguía comprando el 40% del petróleo venezolano y vendiendo todo tipo de insumos.

El factor causante principal de la descomposición económica es la acción de un grupo burocrático-militar que antepuso su acumulación de poder al bienestar cotidiano de la mayoría de los venezolanos y que ha preferido desorganizar la economía para hacerse de activos económicos y ponerlos en manos de grupos sin capacidad productiva. La distribución de alimentos y el petróleo están en manos militares, con altos niveles de corrupción y clientelismo que incluso horrorizaron a varios intelectuales que apoyaron el chavismo por su inicial redistribución directa de recursos a los más pobres y apoyarse en organizaciones populares de base. El resultado: la caída de 50% del PIB en un quinquenio, un alto desempleo, la falta de control de una de las criminalidades más altas de America Latina, la hiperinflación desatada, que carcome el ingreso de los pobres y de los asalariados y jubilados, y los 2 millones de emigrantes desde 2015. Hoy suma más de 10% la población emigrada de un país que atrajo a millones de inmigrantes en el siglo XX y que posee las mayores reservas petroleras del mundo.

Ni el enfoque político ni el económico de Maduro son propios de las ideas que la izquierda defiende históricamente, las de la igualdad de derechos y oportunidades efectivas, de la democracia con justicia social y de la libertad real mediante el mejoramiento de las condiciones de vida y la autonomía básica de todos los ciudadanos/as. Si en un momento dado el partido o coalición que gobierna en nombre del pueblo y sus intereses pierde la mayoría social y electoral, debe asumirlo y no violentar a la sociedad ni bloquear la alternancia. Y acto seguido luchar para que las conquistas sociales no retrocedan -cuando son profundas las derechas no logran revertirlas en lo sustancial aunque gobiernen, como en los países nórdicos- y prepararse para convencer de nuevo a la mayoría. Es decir, no aferrarse al poder como sea, sino que hacer funcionar la democracia, fuente primigenia de la legitimidad de la izquierda y de su proyecto histórico de transformación del capitalismo, es decir de aquel sistema basado en la concentración oligárquica de la economía y la acumulación ilimitada de capital, sin derechos sociales ni de género ni cuidado ambiental. 

La democracia consiste esencialmente en que el que gobierna lo hace por mandato popular, siguiendo reglas y por períodos limitados. Y entrega el poder a quien obtiene en cada período la mayoría, aunque no sea de su preferencia. Cuando eso no ocurre, se entra en los procelosos caminos de la violencia estatal en nombre del pueblo, claro que sin, y finalmente en contra, del propio pueblo. Esto incluye la supresión de las libertades, una economía que se centraliza en beneficio de la casta burocrática que gobierna y de sus prioridades de uso del excedente económico (con frecuencia en el dominio militar), con lo que inevitablemente se crean nuevas desigualdades en nombre de suprimir las que provoca el capitalismo. Ese no es el camino de la izquierda democrática, social y libertaria. Ese es el camino del estalinismo y de los regímenes burocráticos que sustraen al pueblo la soberanía en la toma de decisiones fundamentales. Hacia ese camino inaceptable deriva Maduro, y por eso la izquierda debe oponerse a su intento de perpetuación en el poder y de control burocrático de la sociedad. Y, al contrario del cinismo de la derecha que en realidad busca un aplastamiento antidemocrático, debe apoyar una salida concordada en base a que los ciudadanos vuelvan a elegir a los poderes del Estado, como propone José Mujica y parte de la oposición venezolana.