Una nueva tragedia

En Voces La Tercera

El uso desmedido de la fuerza por Carabineros para causar terror termina otra vez en el asesinato de un mapuche, esta vez Camilo Catrillanca. El gobierno de Sebastián Piñera debe hacerse responsable de su política de armar comandos a la colombiana, que terminan, como era previsible, saliendo a matar por la espalda con balas en la cabeza a alguien que “arranca en un tractor”, y que supuestamente “ha participado antes en delitos” pero ostenta un certificado de antecedentes incólume. Sería cómico si no fuera trágico. Junto a la investigación judicial de rigor, que ojalá no demore años como suele ocurrir en estos casos y conduzca a sanciones penales proporcionales al delito cometido, no podrán esquivarse las responsabilidades políticas

Ya se habían producido asesinatos de mapuches por la fuerza pública en gobiernos previos, en un contexto que ha llegado a tomar la injustificable forma de castigos colectivos a diversas comunidades. La Inteligencia (¿?) de Carabineros llegó, al parecer, al extremo de inventar falsas pruebas contra dirigentes mapuches, validadas por las autoridades del gobierno anterior. Con el cambio de administración, y después de un disperso plan del empresarial ministro Moreno, la represión vuelve por sus fueros. Prevalece una ceguera que habla muy mal de la capacidad del sistema político chileno actual, y desde luego de quienes hoy gobiernan, de abordar problemas complejos de una manera que no sea simplemente por la fuerza. ¿O acaso no debemos considerar que existe un traumático transfondo histórico y olvidar que los mapuches fueron despojados por la República de buena parte de sus territorios, los que a la postre habían sido respetados por los españoles, incluso al margen de la propia ley chilena? A quien tenga dudas le recomiendo leer la dramática descripción de José Miguel Varela de lo ocurrido a fines del siglo XIX en el libro “Un veterano de Tres Guerras” y su experiencia como Intendente frente a la violencia de los terratenientes contra los mapuches y contra la ley.

Mucho más tarde, luego de los avatares de la reforma agraria y de su reversión violenta por la dictadura de 1973-89, la transición democrática ofreció a los pueblos originarios -a partir de previos parlamentos con presencia del propio Patricio Aylwin- un reconocimiento constitucional, que la derecha bloqueó desde 1990, y un significativo pero insuficiente Fondo de Tierras y Aguas. Con el paso de los años, la voluntad emancipatoria inicial terminó cediendo a la lógica clientelista y burocrática. Peor aún, se volvió a caer en la torpeza de la respuesta meramente represiva frente a acciones violentas de nuevas generaciones de mapuches que -aunque sea políticamente incorrecto afirmarlo- terminaron explicablemente radicalizados al constatar una y otra vez la inoperancia de las promesas del nuevo orden democrático.

Habemos quienes sostenemos la necesidad de combinar una lógica tanto de inclusión como de autonomía frente al histórico tema mapuche Este enfoque debe al menos contemplar:

a) reforzar la devolución de tierras y aguas en diversos lugares del territorio -incluso en parte de los hoy en manos de empresas forestales- pero con un nuevo pacto productivo entre las comunidades, el Estado y las empresas y con la aplicación general de la consulta indígena obligatoria del Convenio 169;

b) establecer una representación mapuche y de pueblos originarios en el parlamento y

c) crear nuevos municipios en territorios mapuches y de otros pueblos originarios que velen autónomamente por el bienestar e identidad plural de sus ciudadanos.

La democracia debe ser capaz de producir resultados que sean significativos para la mayoría social. Debe ser algo muy distinto a la distribución del poder político entre miembros perennes de una “clase política” condicionada por un poder económico cada vez más concentrado. Esto lleva inevitablemente a la percepción colectiva de que la democracia ya no termina siendo la expresión, aunque imperfecta, del ideal del autogobierno, sino un sistema que asegura con más legitimidad la perpetuación de una sociedad de clases y de privilegios. Esta percepción, como llevamos años constatándolo en Chile sin que hayamos logrado hacer nada útil al respecto, conduce a la mayoría de los ciudadanos a la abstención y a algunas minorías a la violencia política. En otros países, la mayoría ha terminado por volcarse hacia esquemas demagógicos o hacia soluciones autoritarias que, aunque inconducentes, canalizan respuestas simplistas frente a la inseguridad económica y frente a la delincuencia, fenómenos que el orden neoliberal no resuelve sino que amplifica.

Llegó el momento de tomar en serio la necesidad de constatar que la representación democrática tradicional debe evolucionar. Y que debe al menos asegurar tres nuevos objetivos: que se tomen más decisiones mediante consulta ciudadana, lograr la paridad de género (por ejemplo mediante la atribución proporcional de escaños a cada lista ya no a individuos sino a duplas hombre-mujer previamente establecidas por las respectivas listas) y también establecer la representación y autonomía de los pueblos originarios. Pero sin olvidar el punto de partida: el fundamento de la democracia es el principio de mayoría, respetando el derecho de las minorías a existir, a expresarse equitativamente y a procurar transformarse en mayoría en elecciones periódicas de las autoridades. Una parte sustancial de este principio básico sigue anulado en Chile, a pesar de los cambios sucesivos desde 1990. Existe aún un derecho a veto de la minoría sobre la mayoría, tanto por los altos quórum de aprobación de las leyes orgánicas y reformas constitucionales como por un ilegítimo Tribunal Constitucional que anula una y otra vez contenidos de leyes aprobadas por el parlamento. Este orden político de “democracia protegida de las mayorías” -que no es otra cosa que una herencia dictatorial impuesta al pueblo chileno- evidentemente produce y producirá cada vez más un alejamiento de la participación democrática y facilitará la multiplicación de violencias. La respuesta a este desafío deberá estar en cambios políticos y económico-sociales, enfrentando con más democracia los problemas de la democracia, y no en la represión indiscriminada que hemos visto en estos días.