Vieja y nueva izquierda

En Voces La Tercera

Se siguen readecuando las fuerzas políticas no gobernantes ante la nueva administración. La confluencia que produjo la elección de mesas del parlamento se ha desdibujado con las comisiones de diálogo convocadas unilateralmente por el gobierno y con la eventual acusación constitucional contra el ministro de Salud, aunque existe una común posición sobre la objeción a discriminar a los migrantes según el país de origen.

Permanece pendiente una evaluación más amplia en las fuerzas de oposición, que salieron fracturadas de la elección de 2017, especialmente las de centro. Y también en las izquierdas, que se fracturaron antes, en ese espacio que desde distintas tradiciones tiene un particular modo de ver el mundo al privilegiar el valor universal de la dignidad y la igualdad humanas, proponerse dotar a todos/as de derechos fundamentales y representar los intereses del mundo del trabajo y la cultura por sobre los de los dueños históricos del poder y la riqueza. No es posible en ese espacio, para empezar, no dar cuenta y tomar radical distancia de las transgresiones producidas a importantes principios, como la aceptación por algunos de la injerencia indebida del dinero de los grandes grupos económicos en campañas, las connivencias con actos de corrupción y las que se han denunciado con narcotraficantes en espacios locales, así como las inaceptables posturas chauvinistas frente a Bolivia.

¿Y qué sería lo de izquierda en la construcción de una nueva opción de alternancia frente a la derecha que ha vuelto al gobierno? Desde luego no la opción de agrupar en tal o cual partido con tradiciones de izquierda o en frentes nuevos a personas cuyo fin es obtener o mantener cargos públicos o de representación sin mayor proyecto político. Y tampoco la de volver a una ortodoxia que propugne medios de producción estatizados o en vías de serlo, gestionados por una burocracia con algún hálito de discurso anti-elitista y de reivindicación de “los de abajo” con granjerías presupuestarias.

Aunque parezca mirar en exceso hacia el pasado, las distintas izquierdas no perderían el tiempo si volvieran a examinar las ideas de Eugenio González consignadas en el programa del PS de 1947. Vale la pena recordarles lo planteado ya hace 70 años respecto al modelo soviético, del que algunos son aún nostálgicos: “la política inicial de socialización del poder económico se fue convirtiendo en una mera estatización que condujo progresivamente a un régimen de capitalismo de Estado, dirigido por una burocracia que ejerce el poder de forma despótica, sometiendo a una verdadera servidumbre a la clase trabajadora. Dentro del régimen soviético se encuentra suprimida, en general, la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio; pero la forma de capitalismo de Estado, bajo el control de una burocracia política de carácter totalitario, ha invalidado los objetivos esenciales de la revolución socialista(…). El socialismo revolucionario lucha fundamentalmente por el establecimiento de un nuevo régimen de vida y de trabajo en el que se den las mayores posibilidades de expansión de la personalidad humana. Medio indispensable para alcanzarlo es la socialización de los instrumentos de producción, de cambio. Pero en ningún caso acepta la estatización burocrática del poder económico, porque ello conduce necesariamente a la esclavitud política de la clase trabajadora”. Decía González que “el socialismo es la continuidad orgánica de la cultura” y es socializar la economía. Por tanto, sus fines son revolucionarios (“revolucionan”, transforman diríamos hoy, la sociedad capitalista) y democráticos sus métodos.

Las propuestas concretas en el programa de 1947 son poco precisas, pero siempre con la advertencia de que el proceso de socialización del poder económico “deberá evitar cuanto conduzca a una centralización burocrática que esterilizaría las iniciativas creadoras de los trabajadores y abriría paso a nuevas formas de opresión estatal”. Un programa contemporáneo de socialización económica a ser debatido por las izquierdas debería en este sentido apuntar a una organización mixta de la economía que incluya al menos:

• una estrategia de diversificación productiva de largo plazo con vocación de integración latinoamericana mediante un fuerte salto en la investigación y desarrollo en las universidades y empresas, con prioridad a la transición energética hacia renovables y la reconversión a la electromovilidad y la agroalimentación sustentable, y mediante una ampliación sustancial de la inversión en infraestructuras, en tecnologías de la información y en renovación urbana;
• el fortalecimiento del dominio estatal de los recursos del subsuelo y del mar (sin excluir concesiones temporales de explotación cuando convenga al interés general por razones tecnológicas y de eficiencia) y de más zonas territoriales de preservación ecológica y de autonomía indígena;
• un rol mayor del Banco del Estado y CORFO para desconcentrar la economía, junto a un más intenso rol de los tribunales de la competencia;
• una mejor regulación de los precios fundamentales (salarios mínimos, tarifas de servicios básicos; tasa de interés, tipo de cambio) para estabilizar equitativamente la economía frente a los ciclos;
• una mejor provisión estatal de bienes públicos de consumo colectivo (o concesionada temporalmente a terceros cuando convenga al interés general) especialmente en salud pública, transporte, equipamientos urbanos, recreación y cultura, junto a fortalecer la provisión básica estatal de educación y seguridad social (en salud, desempleo, vejez y sobrevivencia).
• la redistribución de ingresos a través de más impuestos progresivos y su transferencia como ingreso universal básico a todos los miembros de la sociedad o a los de menores ingresos o condición desmedrada (pensión solidaria y otras transferencias) mientras persista la desigualdad inequitativa o la economía no genere ingresos suficientes.
• la expansión de la economía social y solidaria (de producción, de intermediación y de consumo), sin fines de lucro o con fines de interés general (que persiguen una cierta rentabilidad pero también otros fines);
• una mejor regulación de las empresas privadas con fines de lucro, en base a reglas laborales con negociación colectiva supra empresa generalizada (salarios, jornadas y otras condiciones mínimas) entre sindicatos y empleadores; a reglas de producción de bienes saludables, durables y reciclables; a reglas de uso sustentable del territorio y a reglas sanitarias y con límites estrictos de emisiones contaminantes, y también con fondos salariales que emanen de la negociación colectiva y que aseguren la participación de los trabajadores en la propiedad y gestión de la empresa.

El programa político de largo plazo de la izquierda debe ser más que nunca la profundización democrática en una nueva institucionalidad de libertades y derechos. Citando de nuevo a González, “no se puede llegar al socialismo sacrificando la libertad de los trabajadores, en cuanto instrumento genuino de toda creación revolucionaria y garantía indispensable para resistir las tendencias hacia la burocratización, la arbitrariedad y el totalitarismo”. Por tanto sus métodos deben ser democráticos, incluyendo, diríamos hoy, actuar en la democracia representativa pluralista y ampliándola a formas de democracia directa y descentralizada con capacidad de disminuir todas las discriminaciones (empezando por las que se originan en el género, la etnia, la orientación sexual o la diferencia física). Pero nunca suprimiendo las libertades, pues “ningún fin puede obtenerse a través de medios que lo niegan: la educación de los trabajadores para el ejercicio de la libertad tiene que hacerse en un ambiente de libertad”. Eso incluye nunca poner en cuestión la alternancia en el poder si así lo decide la mayoría ciudadana, sino realizar transformaciones que no sean reversibles por la derecha en un contexto democrático. Esa es la razón por la que la izquierda, si es democrática, no puede apoyar el inmovilismo en Cuba y la voluntad de perpetuarse en el poder al margen de la ley de Daniel Ortega, Nicolás Maduro o Evo Morales, condenando eso si siempre la intervención externa ilegítima. Los José Antonio Kast deben poder expresarse y organizarse, con el límite de no promover el odio contra terceros o la violencia para subvertir el orden democrático, o bien practicar la apología del crimen. La defensa de la democracia como espacio y límite de la acción política debe ser consistente y sistemática.

Más democracia, socialización estratégica en una economía mixta y sustentable, cultura y medios de subsistencia para todos: ¿no son éstas banderas suficientemente poderosas como para sostener y proyectar las ideas básicas de las izquierdas en el siglo XXI en una nueva síntesis y volver a estructurar una convocatoria mayoritaria de cambio social desde la pluralidad y la diversidad?