martes, 27 de marzo de 2018

El nuevo escenario político: ¿cómo gobernará Piñera?



En Voces La Tercera

Se dio inicio al mandato presidencial 2018-2022 con un cambio de mando marcado por un clima de normalidad institucional, con pocos anuncios políticos presidenciales, salvo el reciente y miope endurecimiento de penas contra lo que Piñera denomina terrorismo en la Araucanía, que es en realidad violencia contra la propiedad, con menos mal pocas excepciones que han resultado en atentados a personas.

La derecha, con el triunfo histórico de su líder -10 puntos de diferencia en la segunda vuelta presidencial de 2017 – sobre la dividida coalición de centro e izquierda, se ha planteado el objetivo de prolongar su gobierno durante dos mandatos. Con ese fin Sebastián Piñera ha adoptado un tono en ciertos aspectos dialogante y propuso como horizonte de su administración, asumiendo que no dispone de mayoría parlamentaria y rebajando expectativas, cinco acuerdos todavía imprecisos en materia de “infancia, seguridad ciudadana, salud oportuna y de calidad para todos, paz en La Araucanía, alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza durante los próximos ocho años”. Dejó fuera de esa agenda los tres temas más controversiales en el debate público en los últimos años: la constitución, la educación y las pensiones.

La derecha que reingresa a La Moneda dispone de una adhesión ciudadana de amplio espectro y del beneplácito del poder económico, pero no cuenta con una capacidad ejecutiva suficiente para avanzar en sus propósitos. Está acotada por la falta de mayoría parlamentaria en el Senado (19 de 43 miembros) y en la Cámara de Diputados (72 de 155 miembros). Los partidos de derecha solo sumaron poco más del 40% de los votos y, a pesar del premio mayoritario del sistema D’Hont y de las circunscripciones de poca población que permanecieron como binominales, no lograron predominar en ninguno de los dos órganos colegisladores.

La oposición parte muy fragmentada y políticamente disminuida por el mal fin del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Para Sebastián Piñera, el hecho de no disponer de mayoría parlamentaria y de haber sido elegido con legitimidad pero con el apoyo de solo el 26,5% de los ciudadanos habilitados para votar (recordemos que la abstención fue de 52%) augura algunos problemas de gobernabilidad. Esto le ocurrió a su manera a Michelle Bachelet, en su caso por los graves problemas de cohesión de su coalición que le hicieron imposible ejercer una mayoría parlamentaria que resultó ser solo teórica en los temas fundamentales.

Una ventaja para el nuevo presidente, sin embargo, es que la coalición conservadora ha mostrado en la campaña y en la conformación del gobierno bastante coherencia, aunque la convivencia entre el polo más conservador representado por la UDI y el más liberal representado por Evolución Política implicará algunas tensiones. Ya se observa algo así con el anuncio de desobediencia de la UDI en el tema de la identidad de género de niños y adolescentes, incluyendo la amenaza del envío de la eventual ley hasta ahora bloqueada por la señora Van Rysselberghe al Tribunal Constitucional. Este ostenta hoy más que nunca una mayoría militantemente instalada -contra toda prudencia- en la defensa de la ideas de la derecha dura y distorsiona de la manera más desembozada la representación democrática. Cambios en la composición y funciones del Tribunal Constitucional y de los quorum antidemocráticos de aprobación de leyes debieran ser parte de las exigencias de la oposición y de sendas reformas constitucionales en los más breves plazos.

En este contexto, es probable que Sebastián Piñera busque un acuerdo estable con la Democracia Cristiana, lo que no le será fácil de obtener si persiste en actos tan regresivos como nombrar en su gobierno a Alberto Cardemil, el famoso subsecretario del Interior que atrasó la entrega de resultados del plebiscito de 1988 y el año pasado se declaró culpable de actos ilícitos de financiamiento ilegal de campañas por el grupo Penta. Además, los parlamentarios DC más afines a la derecha liberal fueron derrotados en la reciente elección, mientras se fortaleció su ala más proclive a la continuidad de los acuerdos con la izquierda. No olvidemos que las expresiones políticas más a la izquierda del espectro político sumaron el 45% del electorado participante y reúnen hoy el 41% de los escaños de la Cámara de Diputados y el 40% de los escaños del Senado. Esto incluye en primer lugar a la izquierda tradicional, constituida por los partidos PS, PPD, PR y PC, con un 24% del voto y 43 diputados y 15 senadores, junto al Pro-País y su cerca de 4% del voto y una diputada y un senador en ejercicio. Y también a la izquierda emergente, agrupada en el Frente Amplio, con 17% del voto y 20 diputados y un senador. Además, hay que considerar a la también emergente Federación Regionalista-Verde-Social, con 2% del voto y cuatro diputados.

La Democracia Cristiana alcanzó poco más de 10% de los votos y suma solo 14 diputados (9% de los escaños) y 6 senadores (14% de los escaños). Es una fuerza hoy debilitada para obtener una negociación con la derecha significativa y con contrapartidas democráticas consistentes (como en algún sentido fue el acuerdo RN-DC de 2012). Además, acuerdos estables de la DC con la derecha probablemente aumentarían los quiebres en sus filas. Aunque se ha manifestado como no disponible para integrar alianzas, en definitiva la DC (con pocas excepciones) concurrió al acuerdo “administrativo” pero con significación política que permitió instalar mesas de oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado el 11 de marzo, a la par que asumía el nuevo presidente. Recordemos que el gobierno de Piñera 1 logró el control de la Cámara en sus cuatro años de ejercicio gracias al apoyo de disidentes DC, lo que ahora no ocurrió.

En los asuntos sustanciales, la nueva oposición se pondrá a prueba en al menos dos temas de agenda para este año 2018. El primero es el relativo al endurecimiento represivo en la Araucanía, en el que no es posible imaginar a personalidades como Francisco Huenchumilla sino en una actitud de oposición a la criminalización de la protesta de los grupos indígenas radicalizados. El segundo es el de la rebaja del impuesto a las utilidades de las empresas a través del fin a la separación parcial de la tributación de empresas y personas, anunciada por el ministro de Hacienda Felipe Larraín. Esta medida busca retrotraer lo avanzado en materia de equidad tributaria en la reforma de 2015, y ya ha sido rechazada por economistas DC como Ricardo Ffrench-Davis, que por el contrario postula separar completamente la tributación a las empresas y a las personas para que el sistema tributario contribuya a disminuir la fractura social chilena. De este empeño la Democracia Cristiana ha sido parte desde su origen y es lo que dio fundamento, junto a la tarea común de recuperación de la democracia, a su alianza con la izquierda desde 1990.



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