2017: el año estelar de la derecha

En Voces La Tercera

En el plano político, 2017 será recordado como el año en que el candidado presidencial de la derecha logró ganar una segunda elección presidencial desde la vuelta a la democracia electiva en 1990. Piñera reunió eficazmente al electorado tradicional de su sector, aquel que vota por un candidato de sus ideas cualquiera éste sea, motivado por sus intereses, convicción ideológica y visión de mundo, electorado que no es menor a alrededor de un 40% de los votantes en el Chile de hoy, es decir los sectores de altos ingresos y buena parte de los sectores medios y populares conservadores. Y también logró la adhesión de cerca de un 15% adicional del electorado, constituido por aquel voto fluctuante que no encontró en la candidatura de Guillier una alternativa creíble y/o quiso expresar un voto de protesta frente al desempeño del gobierno en materia de empleo, educación, salud, seguridad y probidad, sin adscribir necesariamente a la derecha y habiendo votado en muchos casos por parlamentarios de otros sectores.

El curriculum de un presidente con amplios conflictos de interés, ex ministros encausados por cohecho y manejo de su fortuna desde paraísos fiscales, que suele no impresionar mucho al electorado de derecha, tampoco impactó al votante fluctuante. Este electorado sin grandes definiciones ideológicas al parecer privilegió la idea de que un gran empresario, aunque tenga eventuales conductas límites desde el punto de vista del interés público, está en mejores condiciones de empujar a la economía y sus intereses cotidianos que un senador independiente que proviene del periodismo con una coalición dividida. En efecto, el hecho que la Nueva Mayoría en el gobierno se presentara al electorado con dos candidaturas y sin primarias, proyectó una imagen de desorden que se agregó a la imagen de debilidad en la gestión de gobierno, más allá de los avances en diversas áreas. El contraste fue grande con una derecha que expresó su diversidad y divisiones, por momento rudas, pero también mostró capacidad de confluir alrededor del candidato común Piñera y del interés de volver al gobierno.

En materia económica, la política seguida por la actual administración no fue capaz de empujar el crecimiento, que fue sistemáticamente inferior al potencial de la economía, mostrando una notoria impericia en la conducción macroeconómica y en la capacidad de diseñar y explicar reformas en las que muchas de las autoridades simplemente no creían y que eran sin embargo indispensables para el propio crecimiento del país a largo plazo y para su cohesión básica. El Banco Central no colaboró mucho, pues como suele hacer reacciona tarde y poco frente al deterioro de la actividad, terminando el 2017 con apenas 1,5% de crecimiento del PIB y una inflación de 1,9% anual, muy por debajo de rango meta de 3%, lo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de su mandato legal, que no es enfriar sistemáticamente la economía en detrimento del empleo y de las condiciones de vida de las mayorías. La consecuencia de esta política deflacionista ha sido un estancamiento del empleo asalariado y crecimientos fluctuantes de las remuneraciones que enfriaron el primer motor de la economía, el consumo. El segundo motor, la inversión, experimentó una fuerte caída desde 2013, empujada por la inversión minera por razones externas y por la construcción por razones internas, la que inexplicablemente no fue compensada con aumentos contracíclicos de la inversión pública, que disminuyó en los dos últimos años. Un déficit fiscal algo más amplio, financiable a bajo costo, habría sostenido una mayor actividad y, con cierta probabilidad, evitado la rebaja de la nota crediticia chilena provocada por el bajo crecimiento. El tercer motor de la economía, las exportaciones netas, sufrió de un contexto externo que no mejoró hasta 2017. Se consagró así una morosidad económica que fue contrastando con una percepción de buen desempeño del empleo y de las remuneraciones en 2010-2013, lo que favoreció mucho a Piñera. Aunque ese desempeño fue empujado por altos precios del cobre y por las políticas fiscales expansivas post crisis de 2009, el ciudadano de a pie no tiene por qué hacer estas disquisiciones: la situación fue mejor en estos aspectos en 2010-2013 que en 2014-2017, sin discusión.

Estaban así reunidos todos los ingredientes para una nueva derrota de la presidenta Bachelet en la proyección de su campo político. Evitarlo requería una atención mayor de su parte hacia los partidos y la representación parlamentaria que en teoría debía apoyarla. Y nombrar ministros en los puestos claves que creyeran en una política fiscal contracíclica y en reformas estructurales de diversificación productiva, de sustentabilidad ambiental y de disminución de la desigualdad. No lo hizo ni en el plano político ni en el económico-social tanto en su primera (recordemos que el neoliberal Andrés Velasco hoy en la derecha fue su ministro de Hacienda) como su segunda administración. Increiblemente, tuvo que sacar del gobierno el año pasado a un ministro del Interior que la desafiaba abiertamente desde posiciones conservadoras y en agosto de este año a todo su equipo económico por una ortodoxia antiambiental inconducente que no daba para más. Por otro lado, pequeños cambios regulatorios demostraron que Chile puede enfrentar una rápida transición energética a bajos costos, en la que sus ministros no creían demasiado, obsesionados con políticas “procrecimiento” que siempre han confundido con políticas que favorezcan las utilidades rentistas de corto plazo de las grandes corporaciones. En política y en economía, en nombre de las astucias, no se puede señalizar para un lado y doblar para el otro sin consecuencias, porque eso termina en el rechazo de los ciudadanos al desorden y la incoherencia que inevitablemente provocan. El hecho que la presidenta no haya avanzado nada en materia constitucional, más allá de unos interesantes debates, y aún no se conozca su proyecto de nueva Constitución a pocas semanas de dejar el cargo, expresa bien esta situación de falta de coherencia entre los dichos y los hechos en temas cruciales de la agenda pública comprometidos por ella misma.

A pesar de la victoria contundente de Sebastián Piñera en la elección presidencial, fue electo por solo el 26,5% de los habilitados para votar, mientras la derecha no triunfó en la elección parlamentaria. Los chilenos que votaron (un 48% de los habilitados) le dieron a Piñera un voto de mayor confianza relativa, pero sin otorgarle los instrumentos legislativos para un gobierno que vuelva atrás, por ejemplo, en el aborto por tres causales, la reforma tributaria y la laboral, por limitadas que sean. O bien el nuevo gobierno de Piñera busca ampliar su arco parlamentario, lo que parece bastante difícil, o bien abandona esas promesas de campaña, como ya lo hizo en parte en materia de gratuidad educacional. Dicho sea de paso, esto no le resultó tan difícil pues la política del gobierno actual terminó en un gigantesco subsidio injustificado a universidades privadas e institutos de calidad cuestionable, con un alto costo fiscal, en vez de haber fortalecido la educación escolar y universitaria pública, que recibirán mucho menos dinero adicional que varias universidades de negocio.

El hecho es que hoy existe una nueva situación político-partidaria. La Fuerza de Mayoría (PS, PPD, PC, PR) obtuvo en la elección de diputados, dato que mide el estado de las adhesiones públicas a los partidos, un 24% de los votos. El Frente Amplio, un 16,5%. Los partidos Progresista y País, un 3,9%. El MAS e Izquierda Ciudadana un 0,4%. Estas expresiones políticas de izquierda sumaron el 45% del electorado participante. Cabe considerar, además, a la emergente Federación Regionalista Verde, con un 1,9% de los votos, y a la Democracia Cristiana, que reunió el 10,3% de los votos. La derecha tradicional (Chile Vamos) obtuvo el 38,7% de los mismos y la neoderecha (Amplitud y Ciudadanos) el 1,6%, sumando un poco más del 40% del voto expresado, con un premio en la representación parlamentaria por haber ido más unida que sus contendores y dada la mecánica levemente mayoritaria de la cifra repartidora con pocos escaños a repartir que es propia del nuevo sistema electoral. En resumen, entre los que participaron en el voto parlamentario, la izquierda es más que la derecha y bordea la mayoría absoluta. El centro tradicional es hoy muy minoritario. Y la abstención sigue siendo la mayoría absoluta…

La principal fuerza parlamentaria son los tres partidos conservadores agrupados en la coalición Chile Vamos, que obtuvieron 72 de los 155 escaños en disputa en la Cámara de Diputados, a 6 de la mayoría absoluta, y 12 senadores de los 23 en disputa. Pero como el Senado se renueva cada 4 años en la mitad de las 15 regiones, sumó 19 senadores de 43, no logrando tampoco la mayoría absoluta. Le sigue la Fuerza de la Mayoría, que eligió 43 diputados (19 de los cuales del Partido Socialista y 8 de cada uno de los tres partidos restantes, el PC, el PPD y el PR) y 7 senadores, sumando 15 miembros de la cámara alta.

No está claro como evolucionará la oposición. Tal vez se contituya de modo permanente el bloque PS-PC-PPD-PR que apoyó a Guillier en primera vuelta, por razones prácticas de elegibilidad futura o bien adicionalmente buscando dotarse de una identidad de izquierda histórica y reformadora, especialmente si la Democracia Cristiana, con sus 14 diputados y 6 senadores, persiste en una proyección propia a la que es difícil que renuncie. Eventualmente este bloque podría llegar a acuerdos de oposición parlamentaria y social con el Frente Amplio, manteniendo una relación de colaboración parlamentaria y política con la DC, con la Federación Regionalista-Verde y el PRO-País. ¿Se unificará la oposición y avanzará a una renovada fuerza de cambio (un “bloque por los cambios”) con un programa creíble de no retroceso en las reformas, de cambio constitucional y de cambios antineoliberales en educación, salud y pensiones y en cobre, litio y pesca?. No lo sabemos, aunque en esta ocasión, gracias a las reformas del financiamiento de campañas aprobadas en el actual gobierno, el peso del poder económico tendrá, en teoría, menos capacidad de influir en la oposición como lo hizo en el primer gobierno de Piñera, y de manera bastante vergonzosa en el caso del royalty minero y la ley de pesca.

Si no se producen transformaciones de las prácticas políticas (con apego a una estricta probidad e independencia del poder económico, rechazo al clientelismo, vuelta a la sociedad para representar sus intereses mayoritarios, vuelta a la centralidad del proyecto de transformación igualitaria, progresista y sustentable), no habrá una renovada fuerza de cambio que prepare una alternancia en cuatro años, ahora sin figuras providenciales. Habrá tal vez acuerdos por arriba, pero sin proyección ni credibilidad. Seguir igual que siempre prolongaría, con alta probabilidad, el predominio de la derecha en los próximos gobiernos. Poner por delante nuevas prácticas políticas tomará un tiempo, pero, como dice un buen amigo, los buenos días se dan en la mañana. No habrá tiempo que perder para el campo progresista.

Ganó Piñera, ¿y ahora qué?

En El Mostrador

Muchos nos estamos preguntando cómo seguir construyendo desde la izquierda luego de la derrota del domingo 17 de diciembre. Quedan en pie en el Parlamento –y más en general en la sociedad– dos grandes bloques, uno que no se reconoce como tal (PS, PPD, PR, PC) porque teme romper los puentes con la DC, aunque la autonomización de esta es ya un hecho de la causa, y que está más o menos dispuesto a colaborar con el Frente Amplio, y este último conglomerado, que no está dispuesto a colaborar mayormente, por el momento, con nadie. Y luego un esbozo interesante de proyecto regionalista-verde y proyectos personalistas alrededor de Marco y de Navarro. Y una DC que tiene que decidir si mantiene su vocación de reforma antioligárquica, que le dio origen en el siglo XX, o prevalece el anticomunismo, que también forma parte de su origen. O sea, un panorama bastante desolador, que es el que explica, junto al mal desempeño del Gobierno, buena parte de la derrota.

¿Como seguir? Las respuestas vendrán de múltiples debates y planteo a continuación una opinión personal –no pertenezco ya a ninguna organización, siguiendo la orientación de Marx (Groucho) según la cual "no quiero pertenecer a ningún club que me acepte como miembro"–. Lo hago aunque los hay a quienes no les gustan las opiniones de personas como el suscrito, porque vienen de "la élite", en este caso de aquel segmento de personas que leen libros y enseñan, o porque tienen una trayectoria política previa: lo siento, nadie es perfecto. Pero lo bueno con las opiniones personales es que no le hacen daño a nadie, salvo un eventual disgusto momentáneo y alguna réplica en las redes sociales. Vamos a lo nuestro.

Primero, es prioritaria la clarificación de las prácticas políticas. Nadie que se diga de izquierda puede tener un átomo de tolerancia con el todo vale en materia de financiamiento ilegal de la política, el lobbismo organizado y menos con el narcotráfico o bien cualquier delincuencia de cuello blanco. Diversos proyectos progresistas han sido acusados interesadamente por la derecha de corruptos, sin ninguna autoridad moral. El problema es que ha habido actos de corrupción, de tráfico de influencias y de financiamiento ilegal de la política, en nuestro caso cuando ya existían dispositivos públicos de financiamiento, y algunos a alto nivel, aunque los haya 50 veces más en la derecha. Ese no es el punto: la credibilidad del proyecto emancipador de la izquierda se derrumba ante el pueblo llano si resulta que somos lo mismo que los partidarios del "todo vale para mantener u obtener dinero y poder".

Esto no puede admitir discusión: en la izquierda no puede haber sino prácticas transparentes en materia de financiamiento de su actividad, y ninguna sujeción al poder del dinero. Si no, para qué ser de izquierda, digo yo, que por definición busca representar al mundo del trabajo y la cultura y a los carentes de poder y capital y no a los dueños de ese poder y capital: es más claro estar en el otro campo de una vez.

Segundo, una extensión de este principio es tener cero tolerancia con el clientelismo político, aquel que consiste no en buscar la adhesión a un proyecto emancipador y de cambio basado en la defensa de valores e intereses colectivos sino en obtener apoyo electoral a cambio de subsidios o favores del Estado o cargos públicos. "Es que la política es así", dirán algunos, tal vez muchos. Pues bien, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Esas adhesiones siempre terminarán migrando hacia los más eficaces en ese terreno y desde luego la derecha y su cultura paternalista de la hacienda. Y nuestro proyecto es el de establecer derechos sociales universales, no perennizar sistemas de reparto de granjerías estatales a poblaciones carenciadas para mantenerlas bajo control.

Tercero, la vuelta a la sociedad. La izquierda tradicional se estatizó en las últimas décadas. Muchos de sus militantes se transformaron en funcionarios públicos –digna profesión, por lo demás, a la que pertenezco como profesor titular de una universidad pública– o en aspirantes a serlo a través de los canales del clientelismo político, tal vez porque entendían que esa era la regla del juego ofrecida. Todo lo cual redundó en la idea del acceso al privilegio como fundamento de la pertenencia a un partido de Gobierno: "¿Qué me ha dado el partido?" se transformó en el leitmotiv, en vez de "¿qué puedo darle al partido?", entendido como espacio organizador de un proyecto colectivo.

Ningún partido debiera, por lo demás, estar en condiciones de repartir cargos públicos en una sociedad democrática basada en el mérito y la inclusión, y no hemos tenido el coraje de reformar el Estado para no hacer de este un botín, como ahora lo será de la derecha. El resultado fue la pérdida de vínculo con la sociedad organizada, como el mundo sindical, con los nuevos movimientos sociales y, más general y peligrosamente, con las nuevas generaciones. Uno de los tantos desafíos del Frente Amplio es no repetir este camino.

Cuarto, la vuelta a la centralidad del proyecto. Se trata de volver a constituir fuerzas con fundamento ideológico y que lo defienden, y no solo programáticas, cuando no pragmáticas. Ya se argumentó: el proyecto de la izquierda es cambiar la sociedad hasta terminar, a través de sucesivas transformaciones, por cambiar de sociedad. Y construir paso a paso una sociedad políticamente democrática, culturalmente abierta y diversa, socialmente justa, económicamente eficaz sobre la base del trabajo y de la reciprocidad, y abierta a la cooperación e integración entre pueblos y naciones.

La discusión en la izquierda sobre el proyecto emancipador suele ser enconada, porque tiende a alinearse con realidades nacionales de poder, como la URSS en el pasado, Cuba y Venezuela más tarde, o con intereses particulares. La izquierda nunca puede ser alineada con o desde los poderes, porque de nuevo pierde su razón de ser, aunque solidarice, coopere o, por último, comprenda otros procesos, en el límite, claro, de no desmentir sus propios valores y su propio proyecto emancipador del dominio de los autoritarismos, del patriarcado y del capital sobre los seres humanos.

Por nuestra parte, pero evidentemente existen muchos otros enfoques a discutir, proponemos recoger las experiencias del siglo XX y sostener que el horizonte del proyecto de la izquierda del siglo XXI sea igualitario, social y ecológico, para hacer posible que nadie deje de ejercer derechos fundamentales en el presente y que las nuevas generaciones puedan disponer de una biosfera que sustente establemente la vida humana en el futuro. Este principio conlleva el cuidado por los bienes públicos y los bienes comunes, junto al objetivo de disminuir sustancialmente las brechas de bienestar entre posiciones sociales e individuos y el acceso universal a umbrales suficientes de bienestar.

El principio de la maximización del interés individual y de la acumulación ilimitada debe y puede ser sustituido por el principio de solidaridad y de ejercicio de derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, con la perspectiva de que todos los miembros de la sociedad lleguen a estar dotados de las mismas oportunidades efectivas de prosperar, corrigiendo no solo las desigualdades de participación en la vida colectiva sino también las desigualdades que determinan la inserción social de inicio desde la familia, el género, la orientación sexual, el territorio y los sistemas educativos. Lograr estas nuevas capacidades de inclusión tiene una contrapartida: que todos contribuyan según su capacidad a que los demás prosperen en un contexto de reciprocidad y de cooperación.

La creación de nuevas capacidades productivas, social y ecológicamente sustentables, requiere sostener los servicios ecosistémicos y contener las irreversibilidades ambientales mediante el uso intensivo y democratizado del conocimiento y la planificación de la diversificación productiva en una economía con mercados, pero no de mercado, en una inserción internacional no subordinada, con puentes de cooperación latinoamericana. Solo una economía basada en empresas descentralizadas, dinámicas e innovadoras, y no en las rentas del capital concentrado o de los recursos naturales –que en todo caso deben ser puestas a disposición de la colectividad para la expansión de los bienes públicos–, permitirá la progresiva reducción de las brechas entre posiciones sociales en materia de ingresos, género, pertenencia étnica o estatus.

El principio de solidaridad podrá tener un mayor sustento si progresivamente se acompaña de la expansión del principio de comunidad, entendiendo por tal el que promueve que a las personas les importen los demás y que, siempre que sea necesario y posible, cuiden de ellos y que, además, se preocupen de que a los unos les importen los otros, incluyendo las condiciones en que las nuevas generaciones podrán vivir en el planeta.

Cifras que no cuadran

En Voces La Tercera

En la etapa final de la campaña presidencial, los candidatos se han encontrado en el debate televisivo frente a la necesidad de corregir a miembros de sus equipos técnicos. Los equipos técnicos, ya sea en las campañas o en el gobierno, no son los que mandan y los que priorizan. Mandan y priorizan los presidentes, colegislando con el parlamento, que son los que reciben el mandato popular para ejercer la autoridad pública en el marco del Estado de derecho. Esto lo vivieron en carne propia los ministros de Hacienda y Economía en agosto recién pasado, cuando intentaron interponerse en una decisión de la Presidenta de la República y de su Comité de Ministros en materia de asuntos ambientales a propósito de la inversión en la Minera Dominga. Esta inversión presentaba problemas en la preservación de un ecosistema marino y no fue autorizada. Los ministros que quisieron mandar por sobre la Presidenta fueron reemplazados y no pasó nada.

Con los años, se ha agravado una distorsión en Chile. Los economistas ortodoxos tienen una tendencia crecientemente inapropiada y carente de fundamento a creerse dueños de la verdad y a considerar que la dirigencia política no es competente. Y a tildar de populista todo lo que se mueve. Solo ellos no lo serían y se auto-atribuyen una especie de mandato mesiánico de preservación del orden por sobre los demás mortales.

Las realidades económico-sociales son complejas y requieren de miradas multidisciplinarias desde el punto de vista de los saberes y diversas desde el punto de vista de los intereses a considerar, articulando el corto con el largo plazo. El tecnócrata clásico suele ser de mirada limitada y corta. Es cada vez menos capaz de entender la complejidad y de recomendar buenas decisiones de política, es decir que tengan una dirección precisa, pocos efectos colaterales indeseados y consenso suficiente. Aquí, lo supuestamente mejor suele ser enemigo de lo bueno. El gobierno de los expertos o “de los que saben”, alguna vez recomendado por los pensadores griegos clásicos, simplemente no forma parte de los cánones democráticos. Gobiernan en la modernidad democrática aquellos que son elegidos por el pueblo, por períodos delimitados de tiempo, en una dinámica en que la mayoría orienta las decisiones, con contrapesos institucionales que eviten arbitrariedades que conculquen los derechos fundamentales, y con el derecho de las minorías a procurar transformarse en mayoría en la siguiente elección periódica. Los expertos en esto tienen poco que ver. Es un asunto de los ciudadanos y de la sociedad y de las ideas y valores que profesan y de los intereses que sostienen. En democracia todas las materias de la esfera pública son en esencia debatibles y ojalá sean objeto de buenas deliberaciones contradictorias, aunque esto moleste a los espíritus simples y dogmáticos.

Dicho lo anterior, el intento de Sebastián Piñera de aparecer corrigiendo en el debate televisivo a Alejandro Guillier en materia de cifras económicas fue poco ecuánime y arrogante al insistir en la caída del promedio de actividad del año 2009. Alejandro Guillier afirmó que Sebastián Piñera tomó una economía en crecimiento y la dejó en desaceleración. Esto es totalmente cierto: en el tercer y cuarto trimestres de 2009 la economía creció en términos desestacionalizados en un 1,4% en cada período, una muy buena cifra, y se detuvo temporalmente en el primer trimestre de 2010 por el  devastador terremoto, luego de que en los tres trimestres anteriores al segundo semestre de 2009 el PIB desestacionalizado había caído como fruto de la crisis internacional y una reacción tardía de la política monetaria y fiscal. Los primeros tres años del gobierno de Piñera se beneficiaron del plan reactivador de Bachelet en 2009 y del impulso fiscal provocado por el terremoto, junto a un muy buen precio del cobre. En el cuarto trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014, al terminar el gobierno de Piñera, la economía creció solo en 0,5% y 0,1% en términos desestacionalizados, impactada por el inicio de la caída de la inversión minera a raíz del nuevo ciclo internacional negativo de precios del cobre. A mayor abundamiento, el déficit fiscal efectivo fue -0,5% del PIB, con el correspondiente incremento de los pasivos estatales. Nada de esto fue, a sabiendas, mencionado por Piñera.

Sebastián Piñera hizo en el debate presidencial televisivo, además, un descubrimiento tardío: luego de afirmar que Guillier no tenía programa, ahora no solo el programa existía sino que además lo había estudiado. Y descubierto que valía cuatro veces más que lo calculado por sus autores, poniendo a sus economistas de turno a abundar sobre este intento de construir una post-verdad a última hora, al estilo Trump. El hecho es que el programa de Guillier está dimensionado en 10 mil millones de dólares adicionales en los cuatro años de su eventual gobierno. La condonación de la deuda del CAE y del Fondo Solidario del Crédito Universitario tendría un costo del orden de 250 millones de dólares adicionales por año. Nada que ver con los cuarenta mil millones de dólares literalmente inventados por Piñera y su equipo.

En cambio, lo que todavía nadie explica es desde dónde ni cómo se van a reasignar siete mil millones de dólares del presupuesto para financiar la mitad del programa de Piñera, suponiendo que la otra mitad se la financia el crecimiento. Esto es, adicionalmente, bastante discutible, más aún si se considera el tema de la derogación de la desintegración parcial del impuesto a las utilidades de las empresas respecto del impuesto a la renta de las personas planteado por Piñera en caso de ganar la elección. No nos olvidemos que la reforma tributaria en curso va a aumentar la contribución tributaria del 1% más rico a partir de 2018, como, dicho sea de paso, ha postulado pertinentemente el Frente Amplio. Se trata del corazón de la reforma tributaria de 2015 que Piñera quiere, si llegara a ganar, derogar en beneficio de los más ricos, es decir de él mismo (aunque en realidad eso es bastante relativo porque maneja su fortuna desde paraísos fiscales) y del gran empresariado al que pertenece. Las cifras que no cuadran son las que Piñera ha mencionado para financiar sus promesas. Las que cuadran demasiado bien, de nuevo a lo Trump, son las que permitirían a los más ricos en la sociedad chilena –que lo son bastante y alimentan una de las desigualdades de patrimonio y de ingresos más grandes del mundo, según el Banco Mundial- beneficiarse de rebajas tributarias y de reversiones de la legislación laboral perfectamente injustificadas.

Los 600 mil empleos que promete Sebastián Piñera: algo no calza

El Mostrador

En el Gobierno de Piñera, entre marzo de 2010 y marzo de 2014, se creó –según los datos del INE– un total de 969 mil empleos, con un crecimiento de 14% en el período. El empleo se crea básicamente según aumente la producción. El PIB, de acuerdo al Banco Central, aumentó en 22.8% en el mismo lapso. La elasticidad producto/empleo (es decir, en la jerga del análisis económico, los empleos creados por cada unidad adicional de producto) fue de 0.61, una cifra superior al promedio de más largo plazo, que ronda por el 0.5.

En el Gobierno de Michelle Bachelet (para hacer posible la comparación de cuatro años tomamos el tercer trimestre de 2013 y el tercer trimestre de 2017, última cifra disponible) se han creado 531 mil empleos, es decir, crecieron en 6.8%. La economía creció en el mismo período en 7.9%. Por tanto, la elasticidad empleo/producto subió a 0.86. Dicho con otras palabras, el crecimiento se hizo más intensivo en empleo.

Paréntesis: parece una buena cosa que se creen más empleos para cada unidad del crecimiento de la producción. Y lo es ciertamente para las personas que han conseguido empleo. Pero, de nuevo para el análisis económico, ¡esto representa una caída de la productividad del trabajo! Se necesitan más trabajadores para producir lo mismo. Decida usted cuál de las dos caras de la moneda le parece más satisfactoria.

Lo razonable es sostener que en el corto plazo y en la parte baja del ciclo, por ejemplo, cuando la economía chilena ha sufrido un fuerte choque externo, como con la fuerte caída del precio del cobre entre 2012 y 2016, y un desplome de la inversión minera (pasó de 8% a 2% del PIB) durante todo el Gobierno de Michelle Bachelet, es bueno que el empleo no se haya resentido en demasía.

Se podría haber hecho más con una política monetaria menos rígida y una política fiscal más contracíclica (sobre todo no haciendo retroceder la inversión pública durante dos años seguidos), pero no se vino abajo la creación de empleo a pesar de que el crecimiento anual promedio del PIB bajó a menos de la mitad. En el largo plazo, más vale aumentar la producción por trabajador, porque así se incrementa la probabilidad de ampliar los ingresos de la mayoría. Esta probabilidad es mayor si existen mecanismos no asimétricos de negociación salarial periódica entre empleadores y trabajadores y además mecanismos redistributivos a través del sistema de impuestos-transferencias.

Sigamos. Piñera ha dicho que el empleo en su eventual futuro Gobierno va a crecer en 600 mil puestos de trabajo. Aclaremos, en primer lugar, que el empleo público (plantas y contratas) es el 3% del empleo total, de modo que no va a ser el Gobierno el que va a crear esos nuevos puestos de trabajo, sino los demás agentes económicos, es decir, básicamente las empresas (contratando personas) y las familias (mediante empleo familiar no remunerado, por cuenta propia o contratando servicio doméstico).

Piñera ha dicho que durante su eventual futuro Gobierno la economía crecerá más o menos como durante su mandato de 2010-14. Con una elasticidad producto/empleo de 0,5% y un crecimiento de 5%, se debieran crear cerca de 850 mil puestos de trabajo, y no 600 mil.

Entonces pueden estar pasando dos cosas: o bien Piñera calcula una fuerte caída de la intensidad de la creación de empleo, respecto de lo cual no se avizoran factores que la justifiquen, o bien sus cálculos reales de crecimiento son más cercanos al 3-4%.

Sería interesante que se nos aclarara este punto, porque, si no, se debe concluir que la promesa de reactivación fácil de la economía y de vuelta al crecimiento del ciclo alto del precio del cobre en la primera parte de su Gobierno, por las expectativas que Sebastián Piñera crearía, no son las que están consideradas en sus propios cálculos de creación de empleo.

Recordemos que la estimación de crecimiento potencial para los próximos años que calcula el Banco Central es de 2.5%. La economía se reactiva en el corto plazo, en tanto haya capacidad ociosa de producción, aumentando el consumo y la inversión mediante la política monetaria y fiscal, para lo cual hay un margen en la actualidad. Pero en el largo plazo la economía y el empleo solo crecen aumentando esa capacidad de producción, con más inversión pública, más investigación y desarrollo tecnológico, más inversión privada y un tipo de cambio real alto, lo que además debe hacerse cautelando el medioambiente y la calidad del empleo. Nunca por arte de magia ni por las solas virtudes del mercado, como parece creer Piñera.

Aumentar el crecimiento y hacerlo inclusivo y sustentable no es una tarea que se resuelva con la especulación.

Entrevista en El Ciudadano

Entrevista en El Ciudadano

Gonzalo Martner fue presidente del Partido Socialista en 2004 y dejó de ser militante de esa colectividad en 2016, en pleno gobierno de Michelle Bachelet, por considerar que el PS había “renunciado a su rol histórico”: “impulsar las transformaciones” y no boicotearlas, señala. Luego fundó el Partido País junto al también ex socialista Alejandro Navarro. Al poco andar abandonó igualmente ese buque y hoy engrosa las filas de los “socialistas sin partido”, como el también ex figura del PS, Jorge Arrate. Plantado en este escenario de reconfiguración del tablero de la política, que ha generado una serie de movimientos de alto impacto entre la primera y la segunda vuelta presidencial, apunta sus dardos a la derecha. A propósito de la sugerencia de “fraude electoral” de parte de Sebastián Piñera y la posterior insistencia de José Antonio Kast, el académico de la Usach dispara: “Este episodio da cuenta de que en la derecha política chilena no hay estrategia”.

Luego de salirte del Partido Socialista, formaste junto a Alejandro Navarro el Partido País. Después, en agosto, apoyaste a Guillier para la primera vuelta. ¿En qué estás políticamente?

Efectivamente, luego de salirme del Partido Socialista fundamos, junto a Navarro, País. Sin embargo, a lo largo del año Navarro fue radicalizando su discurso pro Maduro (presidente de Venezuela), lo que generó distancia. Ello implicó que yo anunciara mi respaldo al senador Alejandro Guillier en primera vuelta. No comparto los delirios autoritarios, mucho menos en las experiencias de los socialismos reales; he sido anti estalinista toda la vida, mucho menos voy a respaldar a alguien que se quiere eternizar en el poder. No renuncié formalmente, porque ahora País se va a disolver.


¿Pretendes moverte hacia alguna de las alternativas que se van configurando?


Actualmente se puede observar una necesidad de renovación de liderazgos que tenemos que preocuparnos de estimular, y los que tuvimos roles en el pasado, tenemos que asumir esta nueva situación y no ponernos en la primera línea, sino más atrasito. Creo que se puede producir una situación de colaboración entre la vieja y nueva izquierda. La vieja, conformada por los partidos que respaldaron a Alejandro Guillier en la primera vuelta y que, en conjunto de la elección parlamentaria, representan el 25%; y el Frente Amplio, que representa el 16,5% a nivel parlamentario. Esa suma, junto al resto de quienes no votaron por la derecha, resultan en un 45% del electorado que debe colaborar y no seguir confrontándose.


La primera vuelta ofreció una imagen, pero esa imagen no es estática y ha corrido mucha agua bajo el puente en muy poco tiempo, tanto por el lado derecho como el izquierdo. ¿Qué impresiones tienes al respecto?


En primer lugar, hay un fracaso como nunca de las encuestas, que produjeron en los diversos campos políticos una gran sorpresa. La derecha no se esperaba estar bajo un 37% y que, sumado con Kast, no superara el 45%. Por otro lado, nadie esperaba el 20% presidencial del Frente Amplio, o el 16,5% a nivel parlamentario. Por estos motivos, las respuestas han sido totalmente improvisadas. Piñera se ha dispuesto a operar una unificación de su campo con José Antonio y Felipe Kast, y Manuel José Ossandón. Tres figuras bastante incompatibles. Uno golpista, otro liberal y otro social. Eso ha generado confusión en el discurso y se ha ido mostrando desesperación en el sentido de que, además de juntar su 45% (Piñera+Kast), debe sumar un 5% más 1 voto para ganar. En ello ha trastabillado. Este episodio del fraude da cuenta de que en la derecha política chilena no hay estrategia. No han sabido manejar esta situación.

En el caso del diálogo entre Guillier y el Frente Amplio se ha ido dando un proceso interesante. La declaración del FA -que parece una adivinanza- era finalmente votar por Guillier. Yo hubiera pensado que tenía más sentido que se produjera una reunión formal y con quienes lo apoyan, y se hubiesen procesado convergencias y divergencias. Esto no se trata solo de entregar o no apoyo, sino que se trata también de cuatro años de gobierno. Esa reunión se va a producir igual, porque el Parlamento está así constituido. Son tres fuerzas que estarán procesando los temas. En el ámbito constitucional también.

El propio escenario político ha ido generando las confluencias para derrotar a la derecha, que es el primer objetivo; luego, el gobierno progresista y las transformaciones.


¿Cómo querrías que se proyectara la segunda vuelta, más allá de la definición de uno u otro candidato?

En vista de que Beatriz Sánchez ha tomado la opción de apoyo a Guillier, y que la mayoría de los liderazgos del Frente Amplio han hecho lo mismo, creo que una reunión que selle ese espíritu de colaboración sería útil. Si no es posible, me quedaría con la idea de que, en los hechos, Guillier está generando unidad al concitar apoyo.
También es interesante lo que pasa en la Democracia Cristiana. Se produjo una decisión de apoyo incondicional a Guillier, por supuesto que señalando sus propios puntos de propuesta. En el programa de Carolina Goic hay cuestiones interesantes desde el punto de vista progresista; creo que no hay impedimento para establecer una conversación. Favorecería un gobierno de coalición que incluya a la DC y al FA.

Ahí hay algo que no entiendo del Frente Amplio. Uno no puede decir que sí o sí se opondrá a un gobierno, a menos que fuese un gobierno de derecha. Si hay medidas positivas, por qué no apoyarlas. Si se avanza en gratuidad, en royalty, en un fondo universal para la salud primaria, no veo por qué oponerse. Y qué mejor que ser parte de la elaboración de esas políticas. Pero entiendo un apoyo parcial. No es lo que hicieron con Bachelet estando en un ministerio parcial. No se ha hecho una evaluación de eso. Creo que es mejor estar en el corazón de la elaboración de las políticas.

Tengo la impresión de que Guillier querría proponer una máxima amplitud. Y lo que no se logre hoy, quizás sí más adelante. Aquí se abre un proceso nuevo porque se termina de reconfigurar el escenario político.

Desde comienzo de año que se da la carrera ganada a Piñera, pero parece que la situación cambió…


Siento que el fin de semana pasado en todas las casas de Chile se dio vuelta una resignación: padres e hijos, amigos, amigas, me da la impresión de que mantuvieron una conversación favorecida porque Piñera dijo que iba a echar atrás la gratuidad, que iba a desarmar las reformas; pero, además, se acompaña de una derecha dura, cuasi golpista. Cuando Piñera dice que hay fraude, que hay votos que favorecieron a Alejandro Guillier y a Beatriz Sánchez, y uno de sus voceros dice “es evidente que hubo fraude”, pareciera que están preparando un eventual desconocimiento de los resultados de la elección. Eso genera una sensación de que hay que ir a votar.

¿Y ahora qué hacemos?

Comentario del 1-12-2017

La resolución del Frente Amplio expresa una indefinición, una falta de acuerdo, lo que nunca es bueno en política. Pero no debe entenderse como dramático ni desanimar el camino final de la agrupación de fuerzas detrás de Guillier para derrotar el retorno de la derecha. Por un lado, han estado los que querían llamar a votar por Alejandro Guillier (eventualmente con ciertas condiciones programáticas) porque, aunque desconfían de él y de las fuerzas que lo apoyaron en primera vuelta, consideran que hacerlo es la única manera de evitar que Piñera sea el próximo presidente y que ese es un valor en sí mismo para evitar regresiones sociales y mayores conductas autoritarias del Estado. Y eventualmente que un acuerdo con Guillier, que es un independiente que no viene del corazón de la Nueva Mayoría, pudiera dar lugar a una agenda legislativa que viabilice cambios progresistas que el actual gobierno no estuvo dispuesto o no pudo llevar a cabo. Por otro lado, se situaron los que consideraron que ambos candidatos de segunda vuelta expresan a los poderes existentes y que deben ser rechazados por igual, por lo que la conducta a adoptar es la abstención y concentrarse en proyectar una futura mayoría autónoma del Frente Amplio sin alianzas, en una estrategia de camino propio. Las explicaciones que resultan de esta indefinición no son fáciles de entregar a la opinión pública, según se ha visto en estas horas. Los electores, incluyendo los numerosos votantes del Frente Amplio, de todas maneras van a determinar su conducta según su propio discernimiento, pues es efectivo que en democracia nadie es dueño de los votos de nadie. Pero las fuerzas políticas por definición buscan convocar a algo y a definirse frente a los hechos de la esfera pública orientando a sus adherentes y procurando ampliar su número. En este sentido esta es una ocasión perdida para el Frente Amplio.

Pero hay que considerar y comprender que su rápido recorrido desde que se constituyó hace un año sobre una base generacional y federativa, ha estado centrado en ser oposición al centro y a la izquierda tradicionales, con bastante razón pues estas fuerzas políticas han devenido desde hace ya bastante tiempo en una plataforma de poder burocrático llamada "centroizquierda" con cada vez menos credibilidad y eficacia. Su tema no ha sido hasta ahora constituirse en una opción efectiva de manejo de los asuntos de la sociedad. No se conciben como tal, sino como oposición a lo existente. La paradoja es que una parte sustancial del país está disponible para una nueva alternativa de izquierda y progresista dirigida por jóvenes, pero que esos jóvenes, entre otras cosas por serlo, no han hecho aún el natural recorrido, que no puede forzarse, de constituirse en alternativa de gobierno capaz de convocar a distintas generaciones, valorar la historia y las diversidades sociales y territoriales, en un nuevo bloque histórico para cambiar una sociedad aun económicamente extremadamente desigual, socialmente excluyente y depredadora del medio ambiente.

Constituir un nuevo bloque histórico por los cambios sigue siendo el desafío. El desafío de la consolidación democrática, aunque nunca puede descuidarse, ya deja de estar en el centro de la escena política. Para ese desafío se constituyó la Concertación, la que incluyó a los que tenía que incluir. Para disminuir las desigualdades, pasar del Estado subsidiario a un Estado de bienestar moderno y dar un giro ambiental y descentralizador a la economía, es bastante evidente, al menos para quien escribe estas líneas y sin ánimo de descalificar a personas sino que de describir tendencias, que figuras que se identificaron con el progresismo como Correa, Tironi, Schaulsohn, Brunner, Marfán, Valdés, Velasco, Guilisasti y otros, o bien que se identificaron con el socialcristianismo, como Aninat, Santa Cruz, Walker, Perez Yoma, y demases, están hoy día más cerca del neoliberalismo y la sociedad de mercado que de su transformación progresista. Están en su derecho, y este no es un tema de personas sino que de opciones políticas, que es útil se clarifiquen para no producir gobiernos incoherentes, como desgraciadamente fue en buena medida el que termina, con adversarios de su programa manejando los órganos clave del gobierno.

Hoy existe una nueva situación político-partidaria. La Fuerza de Mayoría (PS, PPD, PC, PR) obtuvo, en la elección de diputados, un 24% de los votos. El Frente Amplio, un 16,5%. Los partidos Progresista y País, un 3,9%. El MAS e Izquierda Ciudadana un 0,4%. Estas expresiones políticas de izquierda representan el 45% del electorado. Cabe considerar, además, a la emergente Federación Regionalista Verde, con un 1,9%. La Democracia Cristiana, por su parte, reunió el 10,3% de los votos. La derecha tradicional (Chile Vamos) obtuvo el 38,7% y la neoderecha (Amplitud y Ciudadanos) el 1,6%, sumando un poco más del 40%. En resumen, entre los que participan en las elecciones parlamentarias, la izquierda es más que la derecha y bordea la mayoría absoluta y el centro es muy minoritario.

Esta nueva situación, en la que la izquierda tiene que meditar sobre su identidad y sobre su futuro, el Frente Amplio no la valoró lo suficiente. Como no valoró al constituirse en 2016 la incorporación de personas de otras generaciones provenientes de la izquierda tradicional que podrían haber ayudado a que, con una configuración más amplia y de mayor credibilidad gubernamental, hubiera llegado incluso a disputar la segunda vuelta de diciembre de 2017.

El hecho es que la candidatura de Guillier no se parece mucho a las de la Concertación y la Nueva Mayoría. Su programa es claramente progresista -convención constituyente, fin al monopolio de las AFP, 70% de gratuidad, condonación de CAE para 40%, fondo universal para salud primaria, etc.- pero además ya no estarán en el parlamento figuras insignes de la lógica conservadora y acomodaticia con los poderes fácticos como Walker, Zaldívar, Escalona, Andrade que contribuyeron a desdibujar el programa de Bachelet y a desprestigiar su gobierno. Las figuras conservadoras de la DC y la tecnocracia neoliberal DC y PPD se han negado a apoyar a Guillier, que tampoco le reconoce a esos sectores el poder de veto que han ostentado en las etapas políticas previas. En el PDC, el peso parlamentario de sus sectores progresistas es hoy determinante, en un contexto en que, en una decisión que honra a ese partido, decidió de inmediato apoyar a Guillier sin condiciones, confiando, como seguramente hará, en que incorporará sus temas programáticos en una convergencia no forzada, pues el PDC sigue siendo básicamente una fuerza de cambio.

Como nunca están dadas las condiciones para avanzar a una nueva constitución democrática que reconcilie a los chilenos con sus instituciones y para terminar de reconstruir la protección social al margen del mercado en Chile. No es poca cosa. Por eso hay que saludar el llamado del Frente Amplio a votar el 17 de diciembre y a impedir que Piñera gobierne, aunque faltó agregar que eso solo se logrará votando por Guillier. La victoria de Guillier, que ya parece ir configurándose en el ánimo colectivo, seguramente será seguida de la conformación de un gobierno coherente con la realización del programa comprometido. Este gobierno deberá incluir a sus fuerzas políticas de apoyo y probablemente también a independientes y a figuras jóvenes, ojalá al margen de cuotas pero seguramente con un sentido del equilibrio y al mismo tiempo de la eficiencia. Se abocará, por la fuerza de las cosas, a buscar acuerdos en el parlamento a partir de la Fuerza de Mayoría y de la DC y necesariamente con el Frente Amplio. Las legislaciones tributarias, laborales, presupuestarias, tendrán mayoría para aprobarse si se llega a esos acuerdos en beneficio de la mayoría social. La cuestión constitucional, en cambio, requerirá de un acuerdo con una parte de la derecha, la que tendrá que abocarse a un giro democrático si quiere volver a ser alternativa.

En suma, la regresión derechista es ciertamente negativa en sí, pero además una victoria de Piñera impediría producir los grandes avances que son posibles de concretar en los próximos cuatro años. Comprometerse a votar por Guillier o abstenerse es una gran responsabilidad, pues hacer lo uno o lo otro hará una gran diferencia para el futuro del país. Y del Frente Amplio.