Sobre el principio de responsabilidad política

Años atrás me llamó la atención la lectura de una noticia en la prensa internacional. El ministro del Interior alemán dimitía de su cargo luego de un grave error en un procedimiento policial.

Y su explicación fue que no era culpable del error policial, pero sí responsable del mismo, porque la actividad en cuestión estaba en su ámbito de competencia.

En la lógica democrática, la participación personal en un hecho grave que merezca el reproche público es una cosa. La responsabilidad política cuando ese hecho reprochable se produce en el área de acción de una autoridad, aunque realizado por terceros subordinados, es otra, y debe tener como consecuencia la dimisión del cargo si es de suficiente relevancia.

El cambio de gabinete del miércoles 19 de octubre ha sido inédito, por cuanto se produjo a pocos días de una elección. Los ministros son secretarios de Estado, tanto en los regímenes presidenciales como los parlamentarios, y por tanto son “fusibles” o “variables de ajuste” en función del interés general de largo plazo asociado a la gestión del presidente(a) o del jefe(a) de gobierno apoyado por una determinada coalición. No tiene nada de extraño que se produzcan cambios de ministros en los regímenes democráticos.

Pero es muy poco usual que ocurra a días de una elección. Como también era inédito que se pidiera a un parlamento en receso que legislase precipitadamente a días de unos comicios sobre un cambio de reglas del juego electoral. Y no es de extrañar  que se termine retirando un martes un proyecto de ley que se presentó un lunes, en medio de una gran confusión.

Al parecer la Presidenta decidió el miércoles 19, siguiendo lo que parece ser la adecuada doctrina en la materia antes aludida, hacer efectiva la responsabilidad política de la ministra de tutela de la entidad que parece estar en el origen del problema mencionado, el Registro Civil, que envió al Servel cambios de domicilio no autorizados para fines electorales. La removió del cargo, aparentemente para que los ciudadanos supiesen que, con rapidez y antes de la elección inminente del 23 de octubre, ha existido una reacción presidencial a la altura de la alarma provocada por cambios no autorizados del lugar de votación de un cierto número de ciudadanos.

Lo que se entiende menos es que el principio de responsabilidad política no se haya hecho extensivo a los ministros que evaluaron tan mal la necesidad de legislar a última hora, con un remedio que podía ser peor que la enfermedad. Y tampoco se entiende mucho el reemplazo en simultáneo de ministros que van a reforzar candidaturas presidenciales a más de un año de los comicios. ¿No era que estábamos en la peor crisis del siglo, situación que bien merecía seguir aportando a la gestión gubernamental? O bien el nombramiento de ministros parientes de parlamentarios, sin perjuicio de los méritos de los unos y los otros.

La doctrina del “cada día puede ser peor” parece estar en plena aplicación. Las buenas cosas que ha hecho esta administración, demuestran que se puede avanzar temas importantes, incluso con una coalición de apoyo no muy coherente y con una administración pública afectada en su eficiencia por el clientelismo y la partidización. Existe más de un año para seguir demostrándolo, pues no es bueno para nadie que el actual gobierno fracase en seguir avanzando en una agenda que apunte a resolver problemas que afectan a las mayorías que necesitan de buenas políticas públicas.

¿Se puede esperar resultados distintos haciendo lo mismo?

En El Mostrador

El 23 de octubre se realizarán las elecciones municipales e inmediatamente después comenzará a conformarse el escenario presidencial y parlamentario para las elecciones de 2017. El país va a definir un nuevo curso político, aunque la abstención masiva parece ser la tónica, luego de la crisis de legitimidad en que ha caído el sistema de representación con la puesta en evidencia de su captura por el poder económico, mediante –entre otros mecanismos– el financiamiento ilegal de campañas. Pero definición habrá, por amplia que llegue a ser la abstención este 2016 y el 2017.

Se puede discutir mucho sobre la transición iniciada en 1990, pero la alineación de fuerzas para salir de la dictadura y avanzar a la democracia en pasos sucesivos ya no tiene vigencia. Los desafíos de 1988 hace rato ya no son los mismos. Tampoco tienen ya vigencia, aunque hayan permitido avances parciales positivos para la sociedad chilena, gobiernos moderados encabezados por personalidades carismáticas de origen en la izquierda del espectro ideológico para volver a darle credibilidad gubernamental a este sector político.

Menos la puede tener una coalición como la Nueva Mayoría, convocada por la Presidenta Bachelet para dotar al país de una nueva Constitución y realizar reformas políticas, económicas y sociales que, entendía, debían ser profundas.

La mera suma de la ex Concertación más el Partido Comunista dio lugar a una coalición incoherente e ineficaz, en particular porque en su seno predominaron los conservadores activamente opuestos a toda reforma relevante y en especial a las reformas propuestas por el propio programa de Gobierno, junto a fuerzas políticas ocupadas primordialmente de la ocupación clientelística del aparato del Estado.

Una parte decisiva de la actual coalición de Gobierno no quiere una nueva Constitución –la vigente le acomoda perfectamente y combate con vehemencia una asamblea constituyente y toda descentralización efectiva del poder– y cree en “la teoría del derrame” en materia económica y social. En palabras de Jorge Burgos, entiende “el crecimiento como principal instrumento de mayor equidad”, lo que se saluda como clarificación, pero es una manifiesta falsedad: el principal instrumento de mayor equidad es un conjunto coherente de políticas redistributivas, que los conservadores combaten, políticas que de paso suelen contribuir al crecimiento si están bien concebidas y puestas en práctica. Para no hablar de las brutales consecuencias ambientales del crecimiento descontrolado que defienden los partidarios del actual modelo económico y a las que son indiferentes.

El dilema para 2017 es que habrá quienes reiterarán el propósito de dejar atrás el orden neoliberal y sus consecuencias directas, una de las más altas desigualdades del mundo y una depredación ambiental generalizada, y su soporte institucional en la Constitución de 1980. Y, por otro lado, habrá quienes querrán seguir conservando el orden existente o bien se acomodarán una vez más a él a cambio de granjerías burocráticas.

Chile requiere en la próxima etapa de una nueva democracia emanada de la soberanía popular, una economía que se expanda con mayor diversificación productiva e innovación para un mayor dinamismo con respeto al medio ambiente y disminución de la huella de carbono, junto a una reducción sustancial de la brecha distributiva, aquella que la encuesta CASEN 2015 muestra que persiste sin modificaciones significativas.

Decía Einstein que era una locura esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Cualquier fórmula de coalición sin coherencia programática transformadora no hará sino mantener los privilegios existentes sin tocar las estructuras políticas y económico-sociales vigentes que reproducen desigualdad, depredación y concentración del poder.

Estructurar otra vez las decisiones políticas con las actuales coaliciones de Gobierno y oposición será evidentemente garantía de que nada cambie en Chile en materia de democracia, de innovación económica y ambiental y de equidad social y territorial. Las dos coaliciones predominantes mantendrán a Chile en un empate crecientemente catastrófico y profundizarán la peligrosa anomia social que avanza cotidianamente en nuestro país, en buena medida alimentada por la incoherencia entre dichos y hechos de demasiadas autoridades del Estado y del sistema de representación.

El desafío de los que queremos cambios será agruparse con amplitud, generosidad y sobre todo coherencia entre discurso y práctica, de modo de terminar con la actitud de señalizar para un lado y virar para el contrario. Acaso una nueva alternativa de cambio coherente y consistente, y por tanto diferente de la derecha y la Nueva Mayoría, contribuirá a disminuir el actual desprestigio generalizado de las instituciones políticas, sin cuyo fortalecimiento en todo caso no podrá haber mayor prosperidad compartida ni mayor bienestar para todos.