El error de una política económica recesiva

En el primer trimestre de 2016, el PIB desestacionalizado creció en un 1,3% respecto al trimestre anterior, lo que hacía albergar un cierto optimismo. Pero la evolución posterior ha sido volátil. Para el Banco Central, de acuerdo a su Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, la economía crecerá entre 1,25% y un 2% en 2016 y espera que “la economía siga creciendo por debajo de su potencial por algunos trimestres más, afectada especialmente por el desempeño de los sectores más ligados a la inversión”. El gobierno redujo, el 11 de julio, la proyección de crecimiento del PIB en 2016 a 1,75%, desde el 2% previsto en marzo pasado y el 2,75% previsto en septiembre de 2015 en la ley de Presupuestos del Sector Público.

Con respecto al primer trimestre de 2016, el Imacec desestacionalizado promedio del trimestre móvil marzo-mayo registra una caída de -0,5%, influido por el estancamiento del consumo interno y por la incomprensible –dada la mala coyuntura que afecta a la demanda interna y el más lento crecimiento del empleo– caída programada de la inversión pública. A mayor abundamiento, la balanza en cuenta corriente mostró en el primer trimestre un superávit de 0,9% del PIB, reflejando la menor actividad interna.

El peso se ha depreciado respecto al año 2011, el de mayor sobrevaluación por el alto precio del cobre, en -42,6% hacia junio de 2016. Esto favorece a los exportadores y a los competidores con importaciones, especialmente en la industria y la agricultura, y a las regiones en que estas actividades prevalecen.

Pero la mala noticia en el corto plazo es que el aumento de los precios de los bienes importados ha impactado sobre la inversión en bienes y equipos y el de bienes de consumo sobre los consumidores y sus remuneraciones reales, lo que contribuye a generar un efecto contractivo en la economía.

El Índice de Precios al Consumidor aumentó en junio a un ritmo anual de 4,2%. Las remuneraciones reales disminuyeron un -0,2% en mayo y acumulan un incremento de solo 0,1% en los primeros cinco meses del año respecto a diciembre y de 1,0% en doce meses. El estancamiento de esta variable sigue contribuyendo al decaimiento de la demanda interna y de la actividad económica general. El incremento en el salario mínimo, que pasó de 250 mil a 257,5 mil pesos a partir del 1 de julio de 2016, no contribuirá a incrementar sino marginalmente las remuneraciones reales agregadas ni el consumo, lo que constituye otro error de la política económica.

En el trimestre móvil marzo-mayo, el crecimiento en doce meses del empleo fue de 1,3%. La tasa de crecimiento de la ocupación viene perdiendo dinamismo desde el segundo semestre de 2015, en paralelo a la desaceleración de la actividad económica, lo que se acentuó en lo que va de 2016. Por otro lado, aumentó en 3,4% el empleo de jornada parcial involuntario, lo que refleja la continuidad del ajuste al menor crecimiento de la actividad por la vía de la disminución de la jornada laboral antes que, todavía, mediante despidos.

Fruto de la pérdida de dinamismo de la creación de empleo en relación con el aumento de la fuerza de trabajo, la tasa de desempleo aumentó a 6,8% de esta en marzo-mayo de 2016. Esta cifra es superior en 0,2 décimas de punto porcentual a la de hace un año y 0,5 décimas superior a la de dos años a la misma fecha.

Desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2016, el desempleo abierto venía bajando en comparación anual, tendencia que se revirtió en el trimestre móvil enero-marzo de este año. El número de desocupados aumentó en 4,9% en doce meses, unas 27,4 mil personas más. El registro pasó desde 560.5 mil a 587,9 mil desocupados. Se habían registrado 539,7 mil en enero-marzo 2016.

Por categorías de trabajadores, la de mayor expansión es la de Cuenta Propia (105 mil, a un ritmo anual de 6,5%), seguida por los asalariados (21 mil, a un 0,4% anual), con una caída de empleadores y servicio doméstico, lo que refleja un deterioro de la calidad del empleo.

El empleo en Chile es predominantemente asalariado, con un 69,8% en esta categoría y un 21,2% en la de cuenta propia en marzo-mayo de 2016, mientras un 86,9% de los asalariados cuenta con un contrato escrito y un 71,0% con un contrato indefinido. Un 87,0% de este subuniverso recibe las tres prestaciones laborales sociales de pensión, salud y desempleo, sin grandes variaciones en doce meses.

En suma, con el empleo creciendo al 1,3% anual y las remuneraciones reales al 1,0% anual, el consumo de los hogares, principal componente de la demanda, no está permitiendo que la economía crezca a un nivel que se acerque a su potencial.

Resulta cada vez más incomprensible la inacción del Gobierno, en circunstancias que existe una sólida posición fiscal de Chile. A la paridad cambiaria actual, los ahorros netos han tenido pocos cambios en los últimos cuatro años, a pesar de los déficits fiscales efectivos desde 2013. Si se incluyen las deudas de las compañías estatales, Chile entra a un moderado territorio negativo después de 10 años de ahorros netos, circunstancia excepcional en el mundo.

El balance fiscal efectivo fue de -2,2% del PIB en 2015 (contra un -1,6% en 2014 y un -0,6% en 2013). Esta cifra de déficit fue menor a la esperada, con ingresos que crecieron un 5,2%, fruto de los primeros efectos de la reforma tributaria de 2014. Pero el Gobierno se autoimpuso de manera absurda disminuir el déficit estructural en 0,25% anual en los próximos años.

El déficit fiscal efectivo y el estructural se situarán, en 2016, en la estimación del Ministerio de Hacienda del 11 de julio, en -3,2% y en -1,4% del PIB, con un crecimiento del gasto público del orden de 4,2%. Los ingresos se estiman a la baja respecto a la estimación inicial en 0,2% del PIB por el efecto de una caída de la tributación minera privada. El déficit fiscal efectivo pasó de una estimación de 2,9% a 3,2% del PIB, equivalente a US$ 7.7 mil millones, mientras que el estructural se elevó de 1,3% a 1,4%, un 0,2% menos que el 1,6% de 2015, sin considerar el 0,3% de blanqueo de capitales. La deuda bruta sobre PIB pasaría de 17,5% del PIB a fines de 2015 a algo más del 20%, salvo que se usen los fondos soberanos para financiar el déficit.

La inversión pública va a caer en 2016 y 2017, lo que es una muy mala noticia para la economía e implica un sacrificio del potencial de crecimiento en aras de mantener el déficit fiscal estructural para 2016 no muy lejos de la meta inicial de -1,3% del PIB y de 1% para 2017, en el peor momento de incertidumbres internacionales y de caída de la demanda interna.

El ministro Valdés ha preferido no utilizar las amplias reservas fiscales con las que cuenta el país –que para eso se constituyeron– y no se propone realizar impulso fiscal alguno para salir de la senda de bajo crecimiento, como el realizado en 2009. Con ello compromete además el crecimiento futuro, especialmente en materia de inversión pública y de políticas de incremento del producto potencial en Investigación y Desarrollo.

Para este enfoque se ha apoyado en una revisión a la baja del PIB tendencial y del precio de referencia del cobre. Estas variables son las que ocupa el Gobierno para calcular los ingresos estructurales (cíclicamente ajustados). Ambos insumos son provistos por Comités de Expertos y se han ido corrigiendo a la baja sostenidamente.

Los valores a la fecha ubican al PIB Tendencial a cinco años en 3,6% y al precio referencial del cobre a diez años en US$ 2,57 la libra (luego que se rebajó excepcionalmente en marzo desde 2,98, lo que revela que se trata de un panel de no muy sólidas convicciones sobre el largo plazo). En la consulta en curso a los expertos, ambos valores serán seguramente ajustados a la baja.

Todo esto tiene una sola consecuencia: cuando más se necesita una política fiscal activa para reanimar la economía, y especialmente una fuerte expansión del gasto en infraestructura, menos el Gobierno parece dispuesto a utilizar los márgenes fiscales de que dispone.

La economía chilena completará tres años creciendo por debajo de su nivel de tendencia. Una vez producido el impacto recesivo de menores precios y cantidades en los flujos de bienes exportables, con un fuerte impacto en la devaluación del tipo de cambio y, por la vía de la inflación, en las remuneraciones reales, la política económica adoptada ha agravado las nuevas circunstancias recesivas externas e internas.

El Banco Central debiera bajar la tasa de interés de referencia y el Gobierno debiera estimular el crecimiento de las remuneraciones reales, aumentar el consumo gubernamental y la inversión pública. Un aumento en un punto de PIB del déficit nominal no debiera provocar problemas mayores en la calificación del riesgo país y, en cambio, impedir deterioros en la situación del empleo.

Este tipo de errores ya se cometieron en Chile en las recesiones evitables de 1999 y 2009, con economistas inspirados en lo que el Premio Nobel Paul Krugman denomina “economía vudú” –la que considera que las políticas de sustento de la demanda son siempre fuente de desequilibrios, cuando en realidad son un componente clave de la regulación coyuntural y del crecimiento de largo plazo y que, entre otras cosas, evitan o atenúan las recesiones–, de la que se han hecho lamentablemente adictos en nombre de un rigorismo abstracto los actuales conductores de la política económica.              

Es de esperar que no estén privilegiando que no se produzcan eventuales deterioros en la evaluación de riesgo país de las agencias calificadoras para agregar ese récord frente a futuros empleadores, seguramente del mundo financiero del que provienen. Lo que,  en todo caso, no deben olvidar es que esa prioridad tiene una contrapartida: el interés general dañado por una economía estancada y, sobre todo, aumentos innecesarios en el desempleo, con el consiguiente sufrimiento evitable de centenares de miles de familias.