Chile enfrenta, como el resto del mundo, el desafío de evitar que la temperatura global suba a niveles potencialmente catastróficos en los próximos 50 años. Como subraya el Informe sobre el Desarrollo 2010 del Banco Mundial, “para no apartarse de los 2° C por encima de los niveles preindustriales —probablemente el mejor resultado que se puede lograr— se necesita una verdadera revolución en el sector de la energía, esto es, la difusión inmediata de las tecnologías con bajos niveles de emisión de carbono ya disponibles y la eficiencia energética, acompañadas de cuantiosas inversiones en la próxima generación de tecnologías, sin las cuales no se puede lograr el crecimiento con bajos niveles de emisión de carbono.”
¿Puede un país de desarrollo intermedio como Chile permitirse apartarse de la lógica del mínimo costo en la producción de energía y plantearse un programa ambicioso de cambio de su matriz de producción de energía eléctrica, además de racionalizar el uso de combustibles, en beneficio de las fuentes que menos emiten carbono y otros gases con efecto invernadero a la atmósfera?
El hecho es que Chile ha sufrido un encarecimiento de la matriz de generación de electricidad a raíz de la respuesta regulatoria a los problemas de seguridad de abastecimiento luego de las restricciones de envío de gas natural argentino a partir de 2004. El resultado es que Chile reforzó su seguridad energética pero produce hoy una de las electricidades más caras del mundo, tanto a nivel de productor como de consumidor, perjudicando su competitividad y bienestar, y ha “carbonizado” aceleradamente su matriz energética con el incremento de la generación con los hidrocarburos más baratos y de abastecimiento más diversificado.
Otros países han encarecido su energía, pero a cambio de desarrollar las energías renovables no convencionales (ERNC). La ley 20.257 de 2008 estableció en Chile con éxito una obligación a las empresas de generar un mínimo de 5% de su oferta con estas energías, con un horizonte de 10% en 2024. Esta proporción ya alcanza un 8% en lo que va de 2010. Pero superado este umbral legal, ya no existe incentivo para invertir en los proyectos adicionales existentes por unos dos mil 500 millones de dólares en generación eólica, y por mil millones en centrales hidroeléctricas pequeñas.
La meta del gobierno de llegar a un 20% de generación eléctrica con ERNC en 2020 no se acompaña aún de políticas para alcanzarla. Aunque desde 2004 las centrales de menos de nueve megavatios (MW) no pagan por conectarse al sistema de transmisión troncal, y las centrales de hasta 20 MW pagan en forma parcial, con un límite de 5% de la potencia total del sistema, no se asegura un acceso permanente y a precios competitivos a la distribución de electricidad. Los sistemas de transmisión enfrentan además una carencia de inversiones suficientes para absorber una generación territorialmente menos concentrada. Las centrales hidroeléctricas de pasada y las primeras plantas eólicas en el norte chico son innovaciones importantes pero mantienen una magnitud pequeña y tienen un complicado acceso a la red. La cogeneración, el uso de biomasa y la geotermia no terminan de despegar, aunque el gobierno ha anunciado la licitación de 21 nuevas áreas de geotermia luego del fallido proyecto de El Tatio.
Un punto a favor es que Chile cuenta con una importante capacidad hidroeléctrica, la que no emite carbono. La capacidad instalada corresponde a un 40% de los 12.326 MW de la matriz eléctrica, pero con gran controversia respecto a los grandes proyectos hidroeléctricos en el sur que alteran los ecosistemas locales e interfieren miles de kilómetros con sus redes de transmisión. Las pequeñas centrales hidráulicas sólo representan cerca del 1% del total instalado, con 153 MW de aporte al Sistema Interconectado Central (SIC), 12,8 MW de aporte al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y 20,7 MW de aporte al Sistema Interconectado de Aysén. Con respecto al potencial de la pequeña hidráulica en Chile, existe un catastro al año 2009 de más de 170 proyectos que suman más de 3.000 MW. Diversas proyecciones sitúan el potencial total de pequeñas hidráulicas entre 10 mil y 33 mil MW de potencia en Chile. Pero no existe ya un incentivo para su desarrollo y el sistema de precios vigente favorece los megaproyectos hidroeléctricos y las centrales a carbón, sin por otro lado beneficiar al consumidor a raíz de las licitaciones de largo plazo que la normativa vigente permite a las empresas distribuidoras con indexaciones de precios que no permiten reflejar bajas eventuales en los costos. Los contratos duran entre diez y quince años.
Lo que es más sorprendente es que se deseche sin mayor discusión, en beneficio de la siempre discutible y discutida opción nuclear, el enorme potencial de la energía solar. Chile posee uno de los índices de radiación solar de mayor intensidad en el mundo, especialmente en el desierto de Atacama. La lógica de mercado de corto plazo existente en Chile explica este enfoque.
En efecto, el kilowatt-hora (kWh) proveniente de la energía nuclear o de la energía fósil tiene un costo medio situado entre 4 y 7 centavos de dólar, según la tecnología y los países de que se trate, de acuerdo a Philippe Malbranche, del Instituto Nacional de Energía Solar de Francia. Un estudio de proyectos de Amec-Cade calcula rangos semejantes, de entre 2,7 centavos para carbón en Corea y 6,9 para energía nuclear en Japón. En cambio, el costo de la energía termosolar aún se sitúa en rangos del orden de 14 a 28 centavos por kWh.
Desde una perspectiva de planificación estratégica, sin embargo, cabe tener en cuenta que el mejoramiento del rendimiento de los intercambiadores térmicos y la fabricación de espejos más simples, junto a la producción en gran escala, permitirán disminuir los costos medios y llevar a este tipo de energía solar a ser competitiva en 10 a 15 años más, según el reasegurador Munich Re. En cuán rápido sea el ritmo de la innovación tecnológica está la clave de las perspectivas futuras de la energía solar y de su aporte a la sustentabilidad y a la disminución global de la emisión de gases con efecto invernadero. Chile puede y debe involucrarse -en la actualidad nada hace, con excepción de una franquicia tributaria establecida en 2009 para colectores solares térmicos destinados a calentamiento de agua en viviendas nuevas- en esa innovación tecnológica de punta. Ya lo han hecho muchos países desarrollados. Se trata tanto de nuestro interés bien entendido en el buen uso de los recursos de que disponemos como de ser cocreadores de un mejor futuro humano.
¿Puede un país de desarrollo intermedio como Chile permitirse apartarse de la lógica del mínimo costo en la producción de energía y plantearse un programa ambicioso de cambio de su matriz de producción de energía eléctrica, además de racionalizar el uso de combustibles, en beneficio de las fuentes que menos emiten carbono y otros gases con efecto invernadero a la atmósfera?
El hecho es que Chile ha sufrido un encarecimiento de la matriz de generación de electricidad a raíz de la respuesta regulatoria a los problemas de seguridad de abastecimiento luego de las restricciones de envío de gas natural argentino a partir de 2004. El resultado es que Chile reforzó su seguridad energética pero produce hoy una de las electricidades más caras del mundo, tanto a nivel de productor como de consumidor, perjudicando su competitividad y bienestar, y ha “carbonizado” aceleradamente su matriz energética con el incremento de la generación con los hidrocarburos más baratos y de abastecimiento más diversificado.
Otros países han encarecido su energía, pero a cambio de desarrollar las energías renovables no convencionales (ERNC). La ley 20.257 de 2008 estableció en Chile con éxito una obligación a las empresas de generar un mínimo de 5% de su oferta con estas energías, con un horizonte de 10% en 2024. Esta proporción ya alcanza un 8% en lo que va de 2010. Pero superado este umbral legal, ya no existe incentivo para invertir en los proyectos adicionales existentes por unos dos mil 500 millones de dólares en generación eólica, y por mil millones en centrales hidroeléctricas pequeñas.
La meta del gobierno de llegar a un 20% de generación eléctrica con ERNC en 2020 no se acompaña aún de políticas para alcanzarla. Aunque desde 2004 las centrales de menos de nueve megavatios (MW) no pagan por conectarse al sistema de transmisión troncal, y las centrales de hasta 20 MW pagan en forma parcial, con un límite de 5% de la potencia total del sistema, no se asegura un acceso permanente y a precios competitivos a la distribución de electricidad. Los sistemas de transmisión enfrentan además una carencia de inversiones suficientes para absorber una generación territorialmente menos concentrada. Las centrales hidroeléctricas de pasada y las primeras plantas eólicas en el norte chico son innovaciones importantes pero mantienen una magnitud pequeña y tienen un complicado acceso a la red. La cogeneración, el uso de biomasa y la geotermia no terminan de despegar, aunque el gobierno ha anunciado la licitación de 21 nuevas áreas de geotermia luego del fallido proyecto de El Tatio.
Un punto a favor es que Chile cuenta con una importante capacidad hidroeléctrica, la que no emite carbono. La capacidad instalada corresponde a un 40% de los 12.326 MW de la matriz eléctrica, pero con gran controversia respecto a los grandes proyectos hidroeléctricos en el sur que alteran los ecosistemas locales e interfieren miles de kilómetros con sus redes de transmisión. Las pequeñas centrales hidráulicas sólo representan cerca del 1% del total instalado, con 153 MW de aporte al Sistema Interconectado Central (SIC), 12,8 MW de aporte al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y 20,7 MW de aporte al Sistema Interconectado de Aysén. Con respecto al potencial de la pequeña hidráulica en Chile, existe un catastro al año 2009 de más de 170 proyectos que suman más de 3.000 MW. Diversas proyecciones sitúan el potencial total de pequeñas hidráulicas entre 10 mil y 33 mil MW de potencia en Chile. Pero no existe ya un incentivo para su desarrollo y el sistema de precios vigente favorece los megaproyectos hidroeléctricos y las centrales a carbón, sin por otro lado beneficiar al consumidor a raíz de las licitaciones de largo plazo que la normativa vigente permite a las empresas distribuidoras con indexaciones de precios que no permiten reflejar bajas eventuales en los costos. Los contratos duran entre diez y quince años.
Lo que es más sorprendente es que se deseche sin mayor discusión, en beneficio de la siempre discutible y discutida opción nuclear, el enorme potencial de la energía solar. Chile posee uno de los índices de radiación solar de mayor intensidad en el mundo, especialmente en el desierto de Atacama. La lógica de mercado de corto plazo existente en Chile explica este enfoque.
En efecto, el kilowatt-hora (kWh) proveniente de la energía nuclear o de la energía fósil tiene un costo medio situado entre 4 y 7 centavos de dólar, según la tecnología y los países de que se trate, de acuerdo a Philippe Malbranche, del Instituto Nacional de Energía Solar de Francia. Un estudio de proyectos de Amec-Cade calcula rangos semejantes, de entre 2,7 centavos para carbón en Corea y 6,9 para energía nuclear en Japón. En cambio, el costo de la energía termosolar aún se sitúa en rangos del orden de 14 a 28 centavos por kWh.
Desde una perspectiva de planificación estratégica, sin embargo, cabe tener en cuenta que el mejoramiento del rendimiento de los intercambiadores térmicos y la fabricación de espejos más simples, junto a la producción en gran escala, permitirán disminuir los costos medios y llevar a este tipo de energía solar a ser competitiva en 10 a 15 años más, según el reasegurador Munich Re. En cuán rápido sea el ritmo de la innovación tecnológica está la clave de las perspectivas futuras de la energía solar y de su aporte a la sustentabilidad y a la disminución global de la emisión de gases con efecto invernadero. Chile puede y debe involucrarse -en la actualidad nada hace, con excepción de una franquicia tributaria establecida en 2009 para colectores solares térmicos destinados a calentamiento de agua en viviendas nuevas- en esa innovación tecnológica de punta. Ya lo han hecho muchos países desarrollados. Se trata tanto de nuestro interés bien entendido en el buen uso de los recursos de que disponemos como de ser cocreadores de un mejor futuro humano.
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