La responsabilidad de gobernar

Gobernar democráticamente es avanzar hacia objetivos legitimados por la soberanía popular respetando el Estado de derecho y al ritmo que este permite. Cuando la sociedad es especialmente fragmentada y socialmente polarizada como la chilena, se requiere autoridad y mucho sentido de la articulación de intereses diversos. Gobernar es también el arbitraje entre presente y futuro, que supone en ocasiones convocar a los ciudadanos a sacrificios hoy para un mayor bienestar mañana. Difícilmente quien construye su opción política sobre la base del halago inmediato de la opinión podrá luego poner a quienes ha buscado representar en la perspectiva larga de la construcción de mayores grados de bienestar colectivo. Y fracasa, pues el bienestar de las naciones requiere construcciones en base a esfuerzos sistemáticos.
Se puede discurrir mucho sobre modelos pero finalmente los países que logran éxito en materia de prosperidad y trato justo e igualitario a sus ciudadanos son los que son capaces de tener continuidad de sus políticas en el tiempo, e instituciones capaces de realizarlas, incluso en los momentos difíciles en los cuales se producen circunstancias de desconexión temporal con el sentimiento mayoritario. Desde la responsabilidad de gobernar no se concuerda siempre con el interés inmediato de unos y otros. Justamente esa es la virtud de la democracia representativa: es en determinados momentos -a la hora de la renovación periódica de las autoridades y no todo el tiempo o bien por tal o cual tema específico- que los ciudadanos hacen su balance. Los gobiernos volubles ante la opinión nunca avanzan mucho, porque esta es con frecuencia también voluble.
Las sociedades necesitan ser representadas para tener una mínima coherencia y las instituciones públicas que emanan de ella puedan actuar, disminuyendo así tanto la dispersión como la ineficacia que terminan deslegitimando a la democracia. Para algunos, la democracia exige minimizar la representación e instaurar algo así como un régimen de la opinión pública. Pero este no es un buen sustituto de los procedimientos deliberativos, pues la democracia no es un régimen de consulta sino un sistema que combina diversos criterios: la participación de los ciudadanos, la transparencia y calidad de las decisiones y el ejercicio de las responsabilidades. Puede haber más participación efectiva a través de un debate público abierto y sustancial que con un simple voto, o peor aún una medición de la opinión a través de una encuesta, lo que no quiere decir que sean prescindibles, sino que son parte de los procedimientos democráticos, tan insustituibles como insuficientes para una democracia de calidad.
El gobierno demoscópico, en la expresión de Daniel Inneraty (ver www.lecturas-gm.blogspot.com), cuyo razonamiento se sigue aquí de cerca, consiste no en la representación de la voluntad mayoritaria, consustancial a la democracia, sino en sacralizar a la opinión pública, a veces dejando que los acontecimientos discurran al ritmo de las emociones mediáticamente construidas[1]. La principal fuente de malestar político no es tanto lo que hacen los responsables políticos, sino lo que dejan de hacer, su falta de creatividad, su carácter reactivo.
La representación es una relación que suele decepcionar, pero que no es prescindible, salvo al precio de despojar a la esfera política de toda capacidad de acción coherente. Y siempre cabe mejorar la comunicación entre los representantes y los representados, considerar qué grupos pueden estar subrepresentados o corregir la desigual capacidad de organización de los intereses sociales. Pero si existe necesidad de representación y mediación de la esfera política es porque el pueblo real es siempre lo suficientemente complejo como para que ninguna de sus manifestaciones pueda resumirlo de manera satisfactoria. El pueblo es siempre difícil de descifrar y es tanto sujeto central como gran ausente de la política, que nadie puede encarnar plenamente, que únicamente puede ser definido a través de una representación múltiple. El corporativismo, ciertas formas de entender la identidad o el género, suponen una concepción del sistema político en la que se ha disuelto toda visibilidad de conjunto. Se asientan en el prejuicio de que los atributos del elegido garantizan su representatividad.
La representación no es una mera transposición de las características de la sociedad civil a la sociedad política, no es una mera expresión de lo social, sino un espacio de creación, lo que no se consigue sin esfuerzo. La política se convierte en una tarea imposible cuando se rige por la exigencia de traspasar al sistema político el esquematismo de los intereses de los grupos de la sociedad civil. La sociedad quedaría entonces inmovilizada en una suma de reivindicaciones incapaces de dar lugar a esquemas estables, creativos y productivos de acción colectiva. Contra lo que suele decirse, nuestros problemas políticos no se originan tanto en la distancia entre los representantes y los representados, sino en la dificultad de legitimar democráticamente esa distancia de manera que sirva a la coherencia y operatividad de la sociedad.
La consecuencia democrática del reconocimiento de la complejidad del pueblo exige que se multipliquen sus modos de expresión, que ninguno de ellos se totalice. Precisamente por ello es tan conveniente la pluralización de las temporalidades de la democracia, de modo que el espacio público sea el lugar en el que se articulan los diversos tiempos sociales: el tiempo largo de la memoria y de los valores compartidos, el tiempo variable de las diversas instituciones y especialmente de las representativas, el tiempo corto de la opinión. La vida política está hecha de la interacción entre esas temporalidades. La democracia se degradaría si sacrificáramos esta diversidad en el altar único del ritmo frenético de la opinión pública con sus pulsaciones instantáneas.
Hay quien, para hacer frente al hecho de que las sociedades complejas no se dejan representar ni movilizar con facilidad, tiene en mente la antidemocrática respuesta autoritaria, o quien, a la inversa, desearía que la presencia de los ciudadanos en la política fuera tan permanente y omnipresente como la de los consumidores en la economía. Pero en ambos casos se anula el momento deliberativo de la democracia, que permite articular y proyectar. La expresión del pueblo queda reducida a la inmediatez de los intereses, proceso en el que al final del día prevalecen los de los poderosos en medio de demandas clientelares de los sectores subordinados a la postre reducidas, de acuerdo con la nueva ortodoxia económica, a programas sociales focalizados. Las políticas sociales para los pobres terminan siendo políticas sociales pobres.La desigualdad crea de antemano una distancia entre gobernantes y gobernados, que sólo se resuelve parcialmente en la medida en la que aquéllos garantizan el acceso a los recursos públicos. Según este razonamiento, la clave para resolver el problema de la desafección hacia la democracia está en desarrollar políticas sociales universales que ofrezcan una alternativa a las estrategias clientelares tradicionales o modernas.
La desigualdad conduce a que la desconfianza se convierta en la regla del juego en la vida social. Como subraya Ludolfo Paramio, la confianza interpersonal de las sociedades latinoamericanas es muy baja, y se establece en el marco de la familia extensa. No es extraño entonces que los vínculos de amistad y de familia hayan sido históricamente la forma de relacionarse con el poder y con los recursos públicos. Para salir de ese círculo vicioso se necesitan políticas públicas duraderas y estables que ofrezcan una alternativa universalista a los intercambios particularizados propios del clientelismo[2].
No tiene entonces ningún sentido atribuir a la sociedad o una ciudadanía abstracta e indeterminada la responsabilidad de acometer las grandes transformaciones sociales que pueden esperarse de la política. Si acaso el deseo más profundo de nuestras sociedades apunta hacia una política con capacidad creativa, lo que sería más respetuoso con la democracia que la política reducida a demoscopia, entonces está la opción del ejercicio responsable de la representación, especialmente para atacar el mal mayor de nuestras sociedades, la desigualdad, y la incapacidad de los gobiernos para ofrecer alternativas modernas al clientelismo.

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[1] Daniel Inneraty, El nuevo espacio público, Espasa Calpe, Pozuelo de Alarcón, 2006.
[2] Ludolfo Paramio, “América Latina y su mudable amor por la democracia”, Fundación OSDE, Todavía n°12, diciembre de 2005.

Entrevista en El Mostrador

Gonzalo Martner crítica gestión de mesa directiva del PS, por Susana Jaramillo

El ex presidente de los socialistas expresó que si bien hay que darle tiempo a la conducción de Camilo Escalona, porque está recién empezando, a su parecer no hay en ella un gran dinamismo. Además, aludió a que la incondicionalidad del senador por la Décima Región Sur al gobierno provoca que la colectividad no tenga una posición propia en materias de la contingencia nacional. Sectores que apoyaron la candidatura a la presidencia de la mesa directiva del Partido Socialista (PS) de la diputada, Isabel Allende, en los últimos días han hecho un análisis crítico respecto a la conducción de la actual directiva, encabezada por el senador Camilo Escalona. Fuentes confiables, señalaron que existe preocupación porque ven a "un partido débil, paralizado, sin conducción política y con una incondicionalidad al gobierno de Michelle Bachelet que en definitiva le está jugando una mala pasada, porque ante la ciudadanía el PS aparece como una colectividad sin posición propia en materias relevantes para el país". En ese sentido, también dichas sensibilidades resaltan que un ejemplo claro de eso es que hasta el momento no se forman en su totalidad las comisiones de trabajo ni tampoco las diversas subscretarías. Sin embargo, los mismos sectores hacen una crítica a quien en su momento fue su líder, es decir la diputada Allende, y éstas apuntan a que no ha dado conducción a la disidencia y que incluso no va a las comisiones políticas del partido. Uno que defiende a la diputada Allende y, a su vez, crítica a la gestión de Escalona es el ex timonel de la colectividad, Gonzalo Martner. "El esquema actual está lejos del que yo apliqué cuando estaba a la cabeza del PS", señaló.

-Sectores del PS aseguran que la mesa directiva es débil y está paralizada. ¿Usted comparte esta crítica?

-No hay que ser tan exigentes e injustos y hay que darle un tiempo a esta conducción, pero creo que no se ha destacado en este tiempo por un gran dinamismo.

-Pero aseguran que las comisiones de trabajo y las subsecretarías aún no se forman, pese a que ya lleva dos meses de haberse constituido la mesa directiva

-Lo que pasa es que eso forma parte de un diseño, pero ¿para qué necesita el PS comisiones? Si lo único que entiende es que su misión es estar diciendo que sí a todo lo que ocurre en materia gubernamental, no tiene sentido.

-¿Eso quiere decir que el PS no ha mostrado una voz propia en diversas materias de importancia nacional?

-Yo creo que han existido pronunciamientos. No obstante, está lejos del esquema que yo apliqué cuando fui presidente del partido y el deber de un timonel es apoyar, proponer y hacer críticas leales por los canales que correspondan cuando hay equivocaciones, porque no hay nadie perfecto.

-¿A usted le gustaría un PS con más dinamismo y en mayor contato con las bases?

-Yo entiendo que un partido político de gobierno debe ser un nexo entre la sociedad y la administración del Estado y no un acápite del mismo.

-Al mismo tiempo, ¿cuál es su impresión respecto a que hay sectores que apoyaron la candidatura de la diputada Allende, en las elecciones pasada, los cuales consideran que ella tampoco ha tenido una conducción política, como líder del sector opositor a la directiva?

-No creo que eso sea efectivo.

-¿Cree que el silencio de ella es porque pretende ayudar a la gestión de Escalona o por dar una señal de protesta?

-Yo creo que porque quiere contribuir a la actual directiva y al gobierno de Bachelet.

Ha llegado informe

Ha emitido su informe la Comisión Marcel sobre reforma previsional. Llama la atención que esta comisión haya actuado por consenso: en diversas otras comisiones de expertos llamadas a asesorar a los gobiernos suele consignarse las opiniones de unos u otros, pues estas instancias no están llamadas a definir una política, que necesariamente requiere síntesis y consensos, sino a diagnosticar problemas y proponer opciones a quienes deben decidir. La síntesis y los consensos son propios de la tarea política, no de los expertos, que más bien deben poner en evidencia las alternativas en presencia para que decidan los representantes del pueblo (y en algunos casos, idealmente, el pueblo mismo mediante pronunciamiento referendario). Seguramente esta inadecuación lleva a que el informe sostenga que no hay crisis del sistema creado en 1981, pero que solo la mitad de los adultos mayores podrá contar con una pensión mayor a la mínima, menos de un 5% accederá a la misma y el resto podrá aspirar a la pensión asistencial o a nada. Como sería la situación si el sistema estuviera en crisis....Esto no se sostiene: que algunos expertos piensen lo contrario es legítimo, siempre que argumenten en consecuencia. Los consensos no siempre son buenos, sobre todo a la hora de pensar y debatir.
Pasemos a las proposiciones: el informe las clasifica en la lógica “de los 3 pilares” (solidario, contributivo obligatorio y contributivo voluntario), lo que será útil para el debate.
Respecto al primer pilar, la Comisión propone terminar con el sistema de pensión asistencial y mínima, lo que es un buen avance. En reemplazo, menciona un sistema de Pensión Básica Universal cuya principal característica es que... no sería universal. En efecto, se entregarían subsidios públicos para asegurar que los que no tienen ningún recurso acumulado en el sistema contributivo accedan a una pensión de unos 75 mil pesos, beneficio que se mantendría de modo decreciente hasta extinguirse a partir de una pensión autofinanciada de 200 mil pesos. El resumen ejecutivo disponible no entrega detalles de que como esto funcionaría, pero esperemos que no signifique disminuciones de beneficios (recordemos que la pensión mínima para mayores de 75 años es actualmente de 102 494 pesos y la pensión asistencial es de 44 186 pesos para personas entre 65 y 70 años). En todo caso, el gobierno y los legisladores habrán de perfeccionar lo que es un buen principio. Por nuestra parte, reiteramos nuestra proposición de establecer una pensión básica garantizada a los mayores de 65 años equivalente al monto actual de la pensión mínima para más de 75 años, es decir del orden de un 30% del PIB por habitante, lo que tendría un costo adicional de 0,8% del PIB respecto al gasto actual en pensiones mínimas y asistenciales, pensión a la cual se agreguen el pilar contributivo obligatorio y el pilar no obligatorio.
Respecto a este segundo pilar, abundan las proposiciones. Estas incluyen novedades como subsidiar las cuentas individuales de los trabajadores jóvenes y de las madres. Este subsidio fiscal al pilar contributivo no parece pertinente. El sistema contributivo debe reflejar las cotizaciones efectivas, sin lo cual se pierde transparencia y eficiencia, cuando no puede terminar siendo un simple subsidio a los dueños de AFP, que cobrarán -y por la experiencia conocida, se las arreglarán para cobrar mucho- por administrar fondos fiscales.
El esfuerzo por bajar las comisiones de administración incluye proposiciones interesantes de licitación colectiva de nuevos cotizantes, estableciendo una competencia “por el mercado” de cotizantes que pudiera beneficiarlos en ausencia de colusión entre las AFP. También se propone crear un Comité de Usuarios, facilitar el ingreso de nuevos actores al sistema y separar las funciones de recaudación, administración e inversión de los fondos, lo que va en el buen sentido si de proteger al trabajador se trata. Pero cuando se sugiere que se podría subcontratar la recaudación a un organismo público como el INP, esto de nuevo terminaría en que el Estado subsidia a las AFP con un sistema barato de recaudación y con más utilidades para sus dueños. Recordemos que, como ha demostrado Salvador Valdés, las utilidades de las AFP son simplemente un escándalo basado en malas regulaciones públicas.
Respecto a la incertidumbre sobre las pensiones futuras asociada por definición al sistema de capitalización individual, se menciona el problema pero no se propone sino hacer cálculos actuariales cada 5 años y apostar a una densificación de las cotizaciones (de 51 a 61%) y a un aumento del rendimiento (de 1% anual), junto a mecanismos ingeniosos como introducir módulos anticipados de renta vitalicia, con lo que los chilenos podríamos dedicarnos a un permanente juego de casino. No se menciona además una palabra sobre la necesaria restricción del sistema de retiros programados, que permite apostar a los pensionados respecto a cuando van a morir y en qué momento van a quedar en la calle...
El problema no es seguir apostando (de hecho no se cumplió en 25 años para nada los supuestos con los que se construyó el sistema en 1981) sino aportar más certezas al sistema. Proponemos, por nuestra parte, que el sistema de capitalización se transforme en un sistema voluntario y que la contribución obligatoria se realice en base a un sistema de reparto para dar certeza a las pensiones, sin perjuicio de establecer un fondo de reserva capitalizado que otorgue respaldo a pensiones financiadas, por sobre el nivel básico, por los salarios actuales en base a derechos constituidos por las contribuciones pasadas.
Por último, no se entiende la insistencia en subir la edad de jubilación de la mujer de 60 a 65 años, lo mismo que la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. Desde luego porque una de las pocas ventajas del sistema actual es que se puede, con ciertos requisitos, adelantar o retrasar la edad de jubilación, temática que habría que profundizar en un nuevo sistema eliminando toda prohibición de emplear a personas jubiladas y modulando así una salida progresiva de la actividad remunerada de una población que, en buena hora, vivirá cada vez más.
Lo que ocurre es que existe un cierto costo fiscal al asegurar pensiones mínimas de las mujeres a partir de los 60 años y no de los 65 como los hombres, de monto perfectamente abordable por nuestra sociedad. Si se propone subsidiar las cotizaciones de las madres, con un costo fiscal adicional, no parece haber una cuestión de principio para la comisión (salvo que se considere dignas de ser subsidiadas preferentemente solo a las madres, lo que sería francamente lamentable). En cambio hay una cuestión de principio en reconocer a toda mujer (madre o no) el trabajo doméstico no remunerado que realiza desde temprana edad, como muy bien ha dicho la Presidenta Bachelet, al menos respecto a beneficiar de un subsidio pensional a una edad más temprana que los hombres, circunscrito además a un mínimo.
Es notable, cuando tenemos por primera vez una presidenta mujer, que una comisión nombrada por ella proponga, sin argumentar mayormente, disminuir derechos bien merecidos que las mujeres tienen en Chile desde hace décadas. Si otros paises han homogeneizado sus edades de jubilación, otros más han mantenido la diferenciación por género. Ya decían los griegos: no se puede tratar igual a los desiguales. Y si el sistema actual por construcción les otorga menos pensiones, hagamos el sistema más solidario con las mujeres y no al revés. En el límite, siguiendo el razonamiento miope de los contables, si las mujeres tienen una esperanza de vida 4 años superior hoy y más en el futuro, pues que trabajen más tiempo que los hombres. Eso es lo coherente con ese razonamiento. Esta manera de trasladar el cálculo actuarial estrecho propio de los seguros privados a un sistema que por definición busca la solidaridad refleja bien cuan utilitaria se ha vuelto nuestra sociedad y cuan urgente es practicar con transparencia, evidenciando con claridad sus costos, la solidaridad de los que tienen más con los que tienen menos y de los que se hacen poco cargo del trabajo doméstico y de la crianza con las que si se hacen cargo de estas tareas poco visibilizadas y poco reconocidas socialmente. Es tiempo de solidaridad y de solidaridad con las mujeres.