El estado de la nación

En La Mirada Semanal

Más allá de los anuncios zigzagueantes de Sebastián Piñera, la caída del empleo en febrero-abril y de la actividad económica desestacionalizada en marzo y abril no son buenas noticias. Y la evolución de la pandemia no augura un invierno de recuperación en materia sanitaria y económica. Los anuncios de última hora tendrán poco destino, salvo desconcertar todavía más a su coalición y dejar en marzo un país todavía más exhausto.

Sebastián Piñera terminó por ceder, después de más de un año, al anunciar un aporte por tres meses a las familias de cargo fiscal del nivel de la línea de pobreza ($177 mil para una persona) y con una cobertura potencial de 90% de la población. Días después la amplió a $400 mil mensuales para las familias de tres integrantes ($18 mil adicionales) y a $500 mil para las de cuatro personas ($33 mil adicionales), extendiendo el aporte hasta mediados de septiembre (en un 50%). Estamos lejos de los $65 mil por persona (y solo el primer mes) que anunció tardíamente a fines de mayo de 2020 para tres meses. El paquete actual costará más de 3,5% del PIB, cerca de la mitad de las reservas fiscales, en una especie de aceleración de la carrera final del actual presidente. Esta carrera incluye medidas como apoyar el matrimonio igualitario, abriendo un flanco con el mundo conservador que lo apoya, y crear un Ministerio de Seguridad (suena a Orwell) que desvincularía todavía más a las policías del territorio (lo que se asegura potencialmente con la dependencia del Ministerio del Interior) y del control civil (que debe reforzarse con un mayor rol de los municipios en la tarea policial preventiva y operativa), lo que lo aleja del mundo progresista. Estos zigzagueos de última hora tendrán poco destino, salvo desconcertar todavía más a todo el mundo, especialmente a su coalición de derecha, y dejar en marzo un país todavía más exhausto.

El estado de la nación está en primer lugar marcado por el hecho que todos los indicadores  de la pandemia de COVID-19 señalan una agravación de la situación. Las consecuencias de los contagios, es decir las hospitalizaciones en UCI y con ventilador mecánico y las muertes confirmadas por COVID-19 con test PCR (promedio de 7 días) siguen al alza. Las hospitalizaciones en UCI fueron en el momento más alto en junio del año pasado de 2.129 casos semanales. La última semana de mayo llegaron a 3.127 casos.

El problema principal no es tanto que los vacunados puedan desplazarse, siempre que lo hagan con las precauciones del caso, sino que a estas alturas es completamente incongruente que los niños no puedan ir a una plaza pero se llenen los malls con miles de personas autorizadas para estar en espacios cerrados o se abran lugares de aglomeración masiva. El transporte público no está cumpliendo los requisitos sanitarios. Estar durante un tiempo prolongado en lugares no ventilados permanentemente y sin distancia física suficiente es el principal factor de contagio de acuerdo a los estudios existentes, con variantes del virus que muestran ahora una mayor capacidad de contagio. El uso de mascarillas es indispensable, pero no basta. Las vacunaciones son indispensables, pero tampoco bastan, pues un 14% de los internados en UCI recibió las dos dosis, según el Ministerio de Salud. La vacuna de Sinovac tiene una efectividad no mucho mayor a 50% (dicho sea de paso, en algún momento el gobierno deberá explicar por qué optó y sigue optando por esta vacuna, lo que a estas alturas no parece haber sido la mejor opción). Los mensajes contradictorios han hecho que ya nadie escuche al gobierno y que las aglomeraciones indebidas se hayan multiplicado, con los resultados mencionados.

En materia económica, la actividad desestacionalizada cayó en marzo y abril, luego de nueve meses de expansión continua desde junio de 2020. Esta senda siguió a la brutal caída (-14,6%) producida entre marzo y mayo de 2020. La recuperación de la economía se ha detenido, a pesar de la inyección de recursos por el tercer retiro de fondos de las AFP desde el 3 de mayo (por un 4% del PIB aproximadamente). 

En materia social, el principal factor a considerar es la evolución del empleo. Producto de la pandemia de COVID-19 y la consiguiente paralización productiva, se perdieron 2,05 millones de empleos. Se pasó de 9,12 millones de ocupados en enero a 7,07 millones en julio, el peor momento en materia de empleo, con un desplome de -20,6% respecto al mismo período del año anterior. En los meses siguientes y hasta febrero de 2021, se produjo una lenta pero sistemática recuperación del empleo, especialmente en octubre y noviembre. Pero en abril de 2021 el empleo volvió a caer, corrigiendo los efectos estacionales en el cálculo. En el registro más reciente disponible, el del trimestre móvil febrero-abril de 2021, los ocupados sumaron 8,01 millones de personas, casi un millón de empleos más que en el peor momento de la crisis. Pero persiste 1,01 millón de personas ocupadas menos que en el momento de mayor ocupación en febrero de 2020. Esta cifra alcanza a -908 mil personas si se realiza el ajuste estacional. Así, se ha recorrido solo la mitad del camino de la recuperación de los puestos de trabajo. Por otro lado, para medir la evolución del empleo formal, se dispone de los datos administrativos directos con un rezago de dos meses respecto a los datos de la encuesta del INE. Los cotizantes dependientes en organismos de seguridad social registraron a febrero de 2021 un leve incremento en doce meses (7,2 mil empleos adicionales). En abril y mayo de 2020, estos empleos asalariados formales habían disminuido en 386 mil puestos de trabajo respecto a marzo. Así, menos del 20% de la pérdida total de empleos involucró al sector formal y su volumen se recuperó ya en diciembre de 2020 respecto a la situación previa a la crisis. Es el empleo informal y por cuenta propia el que ha permanecido rezagado.

En conclusión, la caída del empleo en febrero-abril y de la actividad económica desestacionalizada en marzo y abril no son buenas noticias. La evolución de la pandemia no augura un invierno de recuperación en materia sanitaria y económica. La tarea del gobierno que iniciará su ejercicio en marzo próximo será, como se observa, muy difícil y requerirá una mezcla hasta aquí no conocida: una línea transformadora clara y un apoyo social, ciudadano y político amplio. 

Por qué el salario mínimo debe aumentarse

 En La Mirada Semanal

Una meta de mediano plazo debiera ser llevar el salario mínimo pagado por la empresa a más de la mitad del promedio del ingreso imponible de los dependientes que cotizan en AFP. Subirlo a al menos 400 mil pesos líquidos en 2021 no es absurdo para acompañar la recuperación económica.

Desde el año pasado hay que fijarse tanto en el valor del Ingreso Mínimo Mensual (denominación oficial del salario mínimo) como en el Ingreso Mínimo Garantizado (del trabajo, habría que agregar). El salario mínimo bruto se sitúa en 326,5 mil pesos, suplementado por 40 mil pesos de subsidio fiscal para llevarlo al ingreso garantizado de 300 mil pesos líquidos. Este subsidio se dirige a los trabajadores dependientes con jornada superior a 30 horas con un salario de menos de 394 mil pesos mil brutos. Esta fue una de las respuestas de política del actual gobierno a la rebelión social de fines de 2019. Se basa en el postulado que el ingreso laboral mínimo deseable debe ser de cargo de la colectividad y no de cargo de las empresas (una idea desarrollada por el premio Nobel de economía Edmund Phelps). Las empresas disminuirían en toda circunstancia su demanda por empleo con un salario mínimo que aumenta.

El subsidio tiene la virtud de aumentar el ingreso mínimo del trabajo, pero tiene dos problemas. El primero es que si los impuestos son regresivos, como es el caso en Chile por el peso del IVA y otros impuestos indirectos, las personas que son más pobres pagan al consumir proporcionalmente más que los de más altos ingresos aquella parte del salario de los trabajadores menos remunerados que ahora es subsidiada, incluso en el caso de las empresas que generan altas utilidades para sus dueños. El segundo problema es que esto incentiva a las empresas a no aumentar sus salarios a los trabajadores peor pagados cuando necesitan retenerlos, lo que ahora en parte ha devenido en tarea del Estado.

En esta lógica, el gobierno propuso esta semana un Ingreso Mínimo Mensual a pagar por las empresas que pase de los actuales 326,5 mil a 337 mil pesos brutos y subir el subsidio adicional a 50 mil pesos, por lo que el mínimo líquido subiría a 314,5 mil pesos. Esto fue rechazado en la Cámara de Diputados.

En 2019, cerca de 6% de los asalariados ganaba el salario mínimo. A su vez, el ingreso imponible promedio del trabajo dependiente que cotiza en AFP fue en marzo de 2021 de 877 mil pesos. Una meta de mediano plazo debiera ser llevar el salario mínimo pagado por la empresa a más de la mitad de ese promedio. Subirlo, al menos, a 400 mil pesos líquidos en 2021 no es absurdo para acompañar la recuperación económica. Incentivar el trabajo de mujeres y jóvenes se puede hacer fortaleciendo los subsidios respectivos al empleo. A su vez, a futuro el subsidio asociado al trabajo debiera otorgarse por la vía de la Asignación Familiar, hoy muy baja, para remunerar el trabajo doméstico (el o la cónyuge como “carga familiar”, en un lenguaje que no es muy feliz) y el cuidado de los menores (la asignación familiar por hijo también como “carga familiar”), socializando por esta vía una parte de la remuneración del trabajo en el contexto de una reforma tributaria progresiva.

El enfoque ortodoxo de la derecha siempre se ha opuesto a aumentar el salario mínimo. Aplica de manera simplista las curvas de oferta y demanda: a mayor precio (en esto caso el salario como precio del uso de fuerza de trabajo), se produciría una menor demanda de trabajo por parte de las empresas. Desde Keynes este razonamiento es cuestionado pues no considera, en términos macroeconómicos, el efecto depresivo de salarios bajos en la demanda efectiva. Un salario más alto aumenta las ventas y las utilidades potenciales de las empresas que venden bienes a los asalariados y sus familias. En un modelo dominado por los intereses de los exportadores, la tendencia es a deprimir el salario mínimo aún más. Esto fue llevado al paroxismo hasta 1990, cuando bajo el imperio dictatorial de los Chicago Boys el salario mínimo llegó a ser extremadamente bajo. En contraste, el aumento del salario mínimo bajo Alejandro Foxley y Eduardo Aninat no produjo un efecto significativo en el empleo, como se criticó en la época.

La literatura económica contemporánea, desde Card y Krueger en 1995 y los estudios comparativos entre los estados federados en Estados Unidos que aumentan o mantienen salarios mínimos bajos (“experimentos naturales”), concluyen que el efecto es bajo o inexistente. Basada en esta evidencia, la administración Biden se propone aumentar sustancialmente el salario mínimo, lo que también debiera ocurrir en Chile. El premio Nobel de economía(2008) Paul Krugman declaró este 2021 que la lección de esta evidencia es que salvo que los salarios mínimos sean elevados de manera exagerada, “subir el mínimo no va a tener efectos negativos mayores en el empleo, pero tendrá beneficios significativos en términos de ingresos mayores y reducción de la pobreza”. Una economía que expanda la demanda de consumo de los hogares y aumente progresivamente el salario mínimo con las metas mencionadas, tendrá en las actuales circunstancias la capacidad de contribuir a cerrar la brecha de empleo existente antes que a aumentarla y a remunerar mejor los empleos peor pagados.

Chile necesita ser gobernado

En La Tercera Digital 

El actual gobierno fracasó en lograr los avances que la sociedad chilena necesita -en especial un régimen de mayor protección social y una diversificación productiva basada en el conocimiento- por una razón bastante simple: nunca se propuso hacerlo. Al no tener, además, una mayoría parlamentaria que le permitiera llevar a cabo su política liberal (como revertir la tímida reforma tributaria de 2014 y desregular más el mercado de trabajo), terminó sin capacidad de actuar de acuerdo a su propia orientación. Y le estalló una rebelión social de gran magnitud que se venía incubando desde larga data, la que terminó con las instituciones de la transición y su lógica contra-mayoritaria. Tampoco ayudó al actual gobierno su gestión deficiente de la pandemia de Covid-19.

El gobierno que le precedió, por su parte, no logró avanzar lo suficiente en los campos mencionados, a pesar del programa reformador de la Presidenta Bachelet. Una parte de su coalición se lo impidió y boicoteó un plan de reformas muy razonables por una razón bastante simple: no lo compartía. Todo esto amplificó el descrédito de las opciones políticas tradicionales y generó una creciente falta de capacidad de gobernar y de mantener una integración social básica para canalizar la convivencia colectiva por cauces pacíficos.

El próximo período será inevitablemente de cambios. Estos serán institucionales, ya consagrados por el proceso de formulación de una nueva Constitución, en el que la derecha fracasó en mantener su poder de veto sobre la mayoría. Y también será de cambios del orden económico-social, pues la sociedad ya no parece estar dispuesta a tolerar los actuales niveles de desigualdad. Esos procesos requieren ser gobernados. No podrán serlo adecuadamente, a partir de marzo próximo, si se vuelve a tener gobiernos sin mayoría parlamentaria o de composición incoherente. En este sentido, es posible que el esquema de primarias ya definido contribuya a clarificar las opciones ante la ciudadanía, con una primaria de la derecha tradicional y otra de la izquierda del cambio social (Frente Amplio, regionalistas y comunistas), mientras las fuerzas moderadas de centroizquierda presentarán una o varias opciones a la primera vuelta. Hacia el final de año, la izquierda y la centroizquierda deberán pactar un programa de gobierno para cuatro años, ya sea que se incorporen o no al nuevo gobierno, bajo el supuesto bastante plausible que la derecha no remontará su actual caudal electoral.

La ciudadanía dirá quién será el nuevo Presidente (a), probablemente en un esquema que requerirá la conformación de una mayoría parlamentaria con disciplina y que nombre a un jefe de gobierno y lo acompañe en su gestión. En paralelo, lo más probable es que se realicen cambios constitucionales que refuercen el carácter social de la propiedad privada (en la línea de “la propiedad obliga” de la Constitución alemana) y la limitación de la libre iniciativa económica por el interés general. ¿Espera a Chile algún chavismo o emulación de la revolución cubana? Cualquier persona que revise los propósitos de las fuerzas políticas principales en Chile sabe que eso no será así, incluso en el evento que gane la elección la fórmula de la izquierda que se propone transformaciones sustanciales del orden existente.

Lo que sí ocurrirá probablemente es que el nuevo orden público económico desarrollará diversas formas de democracia económica. En una democracia económica los agentes productivos son plurales y actúan sujetos a normas públicas y regulaciones democráticamente establecidas, evaluadas y controladas. El subsuelo, el mar, el agua, el espectro radioeléctrico son bienes públicos y su uso puede ser estatal o concesionado temporalmente en condiciones de respeto del interés público. La asignación de recursos combina modalidades centralizadas y descentralizadas con precios de mercado y con precios regulados (salarios mínimos, tasas de interés, rangos de tipo de cambio, tarifas de monopolios naturales). Es una alternativa a la economía de libre mercado en la cual la actividad de producción y satisfacción de necesidades está orientada a la maximización de la rentabilidad del capital y a su acumulación ilimitada, independientemente de sus resultados sociales, distributivos y ambientales.

En los próximos cuatro años se avanzará probablemente a una recaudación tributaria que se aproxime al promedio de los países de la OCDE (34%) desde el nivel actual (21%) para que la protección social pueda aumentar después de los estragos de la pandemia y se disminuya la desigualdad de ingresos. Esta recaudación será, dadas las propuestas existentes, predominantemente progresiva (las personas de mayores ingresos o activos deberán pagar proporcionalmente más que las de menos ingresos o activos). Probablemente se acompañará de una negociación colectiva efectiva de las condiciones laborales. Una regalía a las exportaciones mineras permitirá generar los recursos para una diversificación productiva progresiva que encamine a Chile hacia una mayor capacidad industrial, un mayor dinamismo en la generación de empleos creativos y equitativamente remunerados, en procesos de producción circulares y descarbonizados. Las tarifas de los servicios básicos deberán reflejar su costo y deberá terminarse con el esquema de servicios básicos entregados con rentabilidades privadas monopólicas que alimentan la concentración económica y retrasan la difusión tecnológica. Esos servicios deberán volver a una gestión estatal si las regulaciones efectivas no son posibles o implican subsidios a privados de alto costo sin suficiente calidad y extensión de la prestación a los usuarios.

El empresariado reacio a estos cambios debiera recordar que diversos países con modelos de este tipo se encuentran entre los de mayor PIB por habitante y calidad de vida. Y recordar lo que pasó con el plan de reformas y de nueva Constitución de la Presidenta Bachelet: ayudaron a echarlo abajo y hoy muchos lo echan de menos. No deben dejar de considerar que, en medio de convulsiones y dificultades, la sociedad chilena ha ido buscando una salida civilizada a sus dilemas y cuenta con fuerzas transformadoras racionales. Los que desconfían de todo cambio debieran asumir que el país entró en una etapa distinta, la que no los amenaza como ciudadanos ni les impedirá seguir postulando su modelo de sociedad en condiciones democráticas, en las que manda la mayoría respetando a las minorías. Más aún, en su mejor interés, debieran contribuir al buen desarrollo de una nueva gobernanza democrática.

El derrumbe del poder de veto de la derecha

En La Mirada Semanal

El pueblo se ha pronunciado, en medio de la pandemia, con una participación de 43,3% (a comparar con el 50,9% en el plebiscito de octubre pasado). Los votantes fueron sabios para impedir un nuevo bloqueo institucional por parte de la representación política de una oligarquía dominante, la derecha. Evitando confrontaciones mayores, resultado de la persistencia del veto de los representantes del 10% más rico sobre la mayoría de la sociedad.

En la nueva etapa constituyente, se hará posible que la derecha no vete las nuevas normas. La derecha tuvo que aceptar el término de la dictadura militar, pero hizo todo lo posible, con un éxito prolongado mediante distintos mecanismos desde 1990, por mantener un poder de veto sobre la voluntad mayoritaria. Este persistió luego de la importante reforma de 2005, que al menos eliminó a los senadores designados y los enclaves militares. La eliminación del sistema electoral binominal se produjo recién en 2015 (se aplicó el sistema proporcional por primera vez en 2018), pero persisten hasta el día de hoy los altos quórum de aprobación de leyes claves y de reformas a la constitución, junto a un Tribunal Constitucional de cerrojo final de las voluntades mayoritarias expresadas en el parlamento.

Ahora la derecha fue castigada nuevamente, después de lo ocurrido en el plebiscito constitucional de octubre de 2020. No llegó al tercio en la Convención Constitucional, no eligió en primera vuelta ningún/a gobernador/a y elegirá a lo mejor a uno en segunda vuelta, mientras pierde comunas como Santiago, Maipú, Estación Central, Nuñoa, Viña del Mar, Temuco o Valdivia, a pesar de la dispersión opositora. No logró superar el voto por el rechazo que se manifestó en el plebiscito.

Por su parte, también fue castigada la Lista del Apruebo (ex concertación más PRO y Liberales), que sumó solo un 14,5% de los votos. Se derrumbaron en la elección de convencionales partidos de centro como la DC (elige 2 con un 3,7% de los votos), el PPD (elige 3 con un 2,6%) y el PR (elige 1 con 1,2%), mientras al PS le va mejor pero con pocos votos(elige 15 con solo 4,8%). El PRO se queda con 0,6% de los votos.

El Frente Amplio (elige 16, con 6,3%), el PC (elige 7 con 4,9%) y el FREVS (elige 4, con 1,8%) mantuvieron básicamente sus proporciones parlamentarias previas (sumando el 18,7%). Junto a los independientes que están por los cambios estructurales, están llamadas a unificarse, aunque eso demore todavía en ocurrir.

El PH de Pamela Jiles, por otro lado, sacó el 0,5% de los votos, a pesar de toda la farandulización post- moderna de la política que promovió con amplia notoriedad. La presencia de una amplia representación de independientes de izquierda radical tiene un significado histórico, porque asegura la presencia de sensibilidades emanadas directamente de la rebelión social de 2019, canalizándolas a un momento constituyente efectivo.

El resultado en concejales, no obstante, es bastante distinto que en convencionales. Los votos por los independientes fuera de listas de partidos fueron marginales en las municipales (1,5%) y muy significativos para la Convención (40,7%). La derecha llega en concejales a un tercio de los votantes, en vez del 20,6% en convencionales. La ex Concertación aumenta los suyos del 14,5% al 34,2%: el PS pasa del 4,8% al 8,7%, la DC del 3,7% al 11,5%, el PPD del 2,6% al 6,6% y el PR del 1,2% al 6,7%. El PC pasa del 5,0% al 9,2%. El FREVS casi duplica su porcentaje, llegando a 3,3%, y el PH lo multiplica por cinco, llegando a 2,5%.

Lo descrito refleja que el voto local está más apegado a las redes partidarias preexistentes y confía más en los representantes de partidos o asociados a ellos. El Frente Amplio, en cambio, pasa de 10,8% a 8,6%, por su implantación territorial más reciente e incompleta y con una caída respecto al 16,5% de la elección parlamentaria de 2017 por las escisiones que ha sufrido. En las municipales, el primer partido es RN, seguido de la DC, la UDI y el PC, seguido más atrás por el PS y los partidos del FA sumados. Luego vienen radicales y PPD.

En alcaldes, la derecha juntó 22,8%, la exconcertación suma 25,9% y las postulaciones variadas del FA, PC, regionalistas y ecologistas suman un 16,4%, mientras se eligen 100 alcaldes independientes, como una nueva expresión de rechazo a los partidos políticos constituidos y su fragmentación actual.

Más allá de todas estas variadas cifras, el voto a la Convención Constitucional expresó una opción más directamente política sobre el largo plazo en el país y un castigo a los partidos políticos nacionales y sus dirigencias. Esto se expresó en la alta votación a independientes, pero que son predominantemente de izquierda (no se conocen casos de convencionales independientes electos que sean de derecha) y sin trayectoria visible previa, junto a algunas figuras, pero solo en el margen, de los medios de comunicación.

Ahora lo que sigue es que el 18 de julio deberán realizarse las primarias. Deberá construirse un sólido compromiso previo de apoyo mutuo en la segunda vuelta presidencial de diciembre y sentar las bases de un gobierno coherentemente progresista y de transformación incluyente para una nueva etapa en la vida del país, a la altura de lo expresado por el pueblo en las urnas y previamente en las calles.

Pero por el momento, los vuelcos de última hora a la inscripción de las primarias revelaron que se está lejos de las conductas racionales como las mencionadas. Se siguió con bailes de máscaras como método político que terminaron en un desastre. En vez de reconocer diferencias entre la autodenominada centroizquierda (la DC y el PPD señalaron incluso hace poco que no votarían en segunda vuelta por ningún motivo por los candidatos del PC y el FA) y un bloque más radical en su voluntad de cambio liderado por Jadue y Boric, las que se pueden procesar y dirimir con el método democrático que permitiría pasar de múltiples candidatos a dos en primera vuelta y uno/a en segunda. Este sería un arbitraje por etapas en las urnas de quienes no adscriben a la derecha. Algo así ocurrirá, pero en el desorden y la dispersión – sin que se sepa qué hará el fisurado bloque de centroizquierda, que se quedó sin primarias – y en un clima de recriminaciones. Si prima la responsabilidad política, habrá de reemplazarse con paciencia por un debate constructivo sobre opciones programáticas como único camino para concretar el deber de construir una alternativa de gobierno a la derecha que, además, acompañe el histórico cambio constitucional.

El voto por convicción

 En La Mirada Semanal

Existe el voto emocional volátil, el voto identitario, el voto por abstención. Pero también existe el voto por convicción, que corresponde a una mezcla entre una apreciación más o menos razonada de los dilemas que enfrenta la política y las adscripciones estables a un campo de ideas. Este voto es más importante de lo que creen los cultores del marketing político porque difunde sentidos en la sociedad. Frente a la dispersión actual, después del 15 y 16 de mayo la responsabilidad de constituir un bloque de izquierda democrática transformadora probablemente no hará sino acrecentarse.

Después del fin de la larga era de la transición postdictadura y de sus restricciones y decepciones, especialmente para las nuevas generaciones, hemos entrado de lleno a la etapa de la construcción de un nuevo orden político en Chile. Este proceso -en el que ha quedado además establecido que cuando la derecha gobierna los problemas de la mayoría se agravan, incluyendo los de seguridad cotidiana- eventualmente desembocará en transformaciones en el orden económico y social. Esto pone en máxima tensión las luchas de intereses en este plano, especialmente cuando parte de aquellos intereses que son propios de la oligarquía económica dominante están en disputa abierta. Pensemos en las propuestas que adquieren una fuerza creciente en materia de royalty minero, impuesto a los super ricos, fin a las AFP y reformas de salud y educacionales orientadas a restringir el rol del mercado en las políticas sociales. 

Ahora que nos toca votar para conformar los municipios y elegir por primera vez al gobernador regional (ex Intendente) y a delegados para la Convención Constitucional, cabe recordar que hay distintos tipos de votos. 

El primero, sobre el que se puede ironizar a partir del gran humorista norteamericano Groucho Marx (1890-1977), al que se atribuye haber dicho “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros”, es el voto fluctuante y emocional. Este funciona por simpatía más o menos circunstancial hacia personas, las que no se privan de buscar halagar los impulsos positivos o negativos de los que sufragan. En eso está convertida buena parte de la política hoy.  El más reciente ejemplo es el de sumarse sin rubor, luego del asesinato de un niño, a una natural indignación y promover reinstaurar la pena de muerte para ganar votos, aunque eso no sea posible por los compromisos internacionales asumidos por Chile.  Existe, por contraste, un voto identitario y estable por partidos a los que se adhiere, a veces incluso por transmisión familiar, aunque ese voto es menos frecuente hoy, especialmente cuando los partidos políticos se han vuelto esencialmente pragmáticos y circunscritos a la promoción de los intereses de sus miembros, lo que provoca, además, frecuentes divisiones y fragmentaciones. Por otro lado, está el caso más frecuente, el del voto por abstención, basado en el rechazo ideológico o emocional a la representación, y que tiene como consecuencia dejar que los demás decidan.  

También existe el voto por convicción, que corresponde a una mezcla entre una apreciación más o menos razonada de los dilemas que enfrenta la política y las adscripciones estables a un campo de ideas. Ese voto es visto como uno que no tendría importancia cuantitativa desde el “marketing político”, lo que es una equivocación sociológica: ninguna sociedad funciona sin representaciones y sentidos. El voto por convicción tiene importancia cualitativa y termina por influir, de manera más o menos extendida según los casos, en el propio voto emocional mayoritario, dado el contexto de las interacciones que son propias de los procesos electorales, por confusas que puedan llegar a ser (y hoy lo son abundantemente) esas interacciones.

Se puede pensar que el sábado 15 y el domingo 16 de mayo se reforzará o disgregará aún más la representación del mundo del trabajo y de la cultura cuya visión de mundo está anclada en los valores de igualdad de oportunidades y derechos y de la libertad real, es decir una libertad que sea accesible para todos/as porque se crean las condiciones materiales que lo permitan. Esa es más o menos la visión de mundo de la izquierda, que sostiene que las diferencias de ingresos y de propiedad de activos no deben entenderse como un hecho natural ('siempre ha habido pobres y ricos') sino fruto de una construcción social histórica modificable por la acción política. El eje izquierda/derecha es el de la diferenciación de posturas sobre la igualdad/desigualdad social. Como Chile es un campeón mundial de la desigualdad, pasará mucho tiempo antes de que ese eje deje de estar vigente. Negar ese clivaje es una manera de intentar evitar el debate sobre cuestiones cruciales de la sociedad y es una de las más exitosas estrategias del modelo neoliberal: relativizar lo ideológico y reducir todo al sentido común cotidiano y a las emociones. En ese eje también se inscriben las grandes batallas de la modernidad para alcanzar una vida autodeterminada, no sujeta a discriminaciones arbitrarias que limiten la libertad personal, con una dimensión civilizatoria central: la emancipación de la mujer del patriarcado.

Es posible que salgan fortalecidas después del 15 y 16 de mayo las expresiones plurales de una izquierda moderna que se haga cargo de disminuir la desigualdad mediante más reformas tributarias, laborales, territoriales y educacionales, con servicios públicos universales y un Estado fuerte para poder redistribuir recursos que provengan de una economía dinámica que no suprime el mercado pero si lo orienta hacia el interés mayoritario mediante políticas y regulaciones. Y que lo enmarca en una inserción internacional industrializadora y sostenible en una economía mixta. 

Lo que se parezca a una izquierda moderna de ese tipo también deberá asumir las otras dimensiones en debate en la sociedad chilena: la ampliación de las libertades individuales (con respeto de las minorías sexuales, aborto, diversidad cultural, libertad de pensamiento y expresión, laicidad del Estado) en contra del autoritarismo conservador, así como la defensa de los ecosistemas contra el productivismo irresponsable con las nuevas generaciones y la preservación de la biodiversidad, lo que supondrá en el futuro crecer en ciertas cosas y decrecer en otras. Y honrar la deuda histórica con los pueblos indígenas, respetando su cultura y autodeterminación en un Estado plurinacional basado en valores comunes y derechos universales.  

Se trata de la tarea histórica de la izquierda contra la desigualdad y por la consagración de derechos universales junto a la tarea histórica de la modernidad en favor de emancipar la condición humana y terminar con el patriarcado. Y siempre considerando que la democracia es el marco irrenunciable de la acción política de transformación y que su vocación es convencer poniendo por delante convicciones y proyectos antes que solo vencer en una elección, manipulando circunstancialmente las emociones de las personas. De salir fortalecidas las expresiones que asumen este tipo de causas, la responsabilidad de constituir un bloque de izquierda democrática transformadora no hará sino acrecentarse.

Nuevas medidas de un gobierno que improvisa

En La Mirada Semanal 

La pandemia apenas muestra signos de mejoría después de la vacunación y las cuarentenas masivas. La economía ha vuelto a caer. Pero el gobierno insiste en tratar de salvar dos de los pilares del modelo neoliberal existente: las AFP y la entrega cuasi  gratuita de la renta obtenida de la explotación privada de recursos mineros que pertenecen al país. 

Para sobrevivir hasta marzo próximo, y después del rechazo del Tribunal Constitucional a su intento de parálisis de un tercer retiro de ahorros de los fondos de pensiones, el gobierno se ha instalado en la improvisación. Entre tanto, la pandemia apenas muestra signos de mejoría después de la vacunación y las cuarentenas masivas. Como consecuencia, la economía ha vuelto a caer, aunque en la semana la noticia se presentó como una expansión del Índice Mensual de Actividad Económica de un 6,4% en marzo al compararse con el mismo mes del año pasado, cuando la economía empezaba a caer. En lo que hay que fijarse es en la evolución respecto al mes previo despejada de efectos estacionales. Ahí, el panorama es otro: el Imacec disminuyó en -1,6% respecto al mes precedente.  A esto se agrega la caída del empleo en -0,2% en el registro del primer trimestre respecto al trimestre móvil anterior. Frente a esta situación, el gobierno ha tomado día a día una serie de medidas cuya coherencia no se observa con claridad, mientras ha ofrecido un diálogo a la oposición. 

El ministro del Trabajo Melero anunció el 1º de mayo la creación de un nuevo subsidio para "impulsar la formalización del trabajo y garantizar el acceso a la seguridad social como salud y seguro de cesantía". El subsidio al empleo que se paga a las empresas desde fines de 2020, dotado de dos mil millones de dólares para 1,2 millones de personas, parece no haber ido mucho más allá de 500 mil personas, mientras por construcción favorece a las utilidades de las empresas. Tal vez por ello el gobierno ahora declara que, a diferencia de los subsidios ya existentes, este va "al trabajador: es él quien postula y quien lo recibe" y se entregará por seis meses a los trabajadores que hayan iniciado una relación laboral a partir del 1 de abril de este año y cuya renta no supere tres ingresos mínimos, es decir, alrededor de $980 mil. El costo fiscal será de US$248 millones y tendrá una cobertura potencial de 500 mil trabajadores y trabajadoras. Se trata de un suplemento de ingresos para quien consigue trabajo, lo que es bastante curioso, dado que los que no lo consiguen o están en cuarentena parecen ser una prioridad más evidente. Seguramente está detrás la visión empresarial de que habría una "escasez de mano de obra por los subsidios estatales que incitan a las personas a quedarse en la casa". Entonces, con este subsidio se incitaría a que los cesantes busquen trabajo. Es un caso más del prejuicio neoliberal sobre la conducta de los trabajadores. Tal vez el único beneficio de la medida es que formalizará empleos ya existentes. En buena hora. Pero la contracara es constatar otra vez que al parecer en Chile la obligación de cumplir la ley solo se hace efectiva si se paga por ella.

Además de ofrecer una especie de universalización del IFE en respuesta a la idea opositora de un ingreso universal transitorio y de terminar con parte de las exenciones tributarias, el gobierno se ha reafirmado en tratar de salvar dos pilares del modelo neoliberal existente: las AFP y cobrar muy poco por la renta de explotación minera privada. 

En el primer caso, ha obtenido increíblemente el apoyo unánime de la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para un proyecto que otorga un bono de $200 mil de cargo fiscal a quienes hayan quedado con saldo cero en sus cuentas de capitalización individual debido a los retiros del 10% (3.201.289 personas). El proyecto de ley establece, asimismo, una cotización adicional mensual de 1% de la remuneración imponible de cargo del empleador o del trabajador independiente. Esta cotización adicional debería realizarse a partir del primero de enero del año 2022. Además, se crearía una bonificación fiscal para los afiliados del sistema privado de pensiones de un 1% de cotización adicional por cada cotización que efectúen a su cuenta de capitalización individual, con un tope de 0,3 Unidades de Fomento.

Resulta insólito que esta operación de salvataje de las AFP- las que recibirán de aquí a un futuro indeterminado del orden de un 15% de los montos transferidos por el Estado por comisiones, las que se cobran por flujo y no por el monto acumulado- reciba votos de la oposición. El costo de los 200 mil por una vez será de 890 millones de dólares. El costo anual potencial de la bonificación del 1% adicional será de 640 millones de dólares en 2022. Dicho sea de paso, las AFP ya cobraron su comisión por los fondos recientemente retirados en el momento en que se depositaron originalmente. Por eso no se oponen a los retiros. Y todo reintegro, como el planteado por el gobierno, daría lugar a un nuevo cobro. ¿Por qué estos recursos no se entregan directamente a los pensionados al momento de jubilarse, sin pasar por las AFP? 

El gobierno que se inicie en marzo de 2022 -salvo que sea otro gobierno de derecha, lo que es perfectamente posible tal como están las cosas en la oposición- deberá proponer una reforma con sentido. Esta deberá incluir una pensión básica solidaria más amplia y cotizaciones que financien derechos de jubilación adquiridos en el trabajo durante la vida activa, es decir un sistema con un mínimo universal decente a partir de los 65 años (del orden del actual salario mínimo de 300 mil pesos), más una pensión contributiva que refleje lo trabajado y que compense el trabajo no remunerado de las mujeres. Y sin AFP, salvo como opción voluntaria de los que quieran ahorrar adicionalmente. 

En paralelo, el gobierno se ha empeñado en hacer campaña contra el royalty (regalía, en castellano) que deberá terminar de ser votado por la Cámara de Diputados. Según el ministro de Minería Jobet, el royalty a las ventas de cobre y litio que plantea el proyecto de ley de la oposición sería de 82% sobre las utilidades de las mineras privadas. Aunque la cifra no es la correcta, un 18% de utilidad por extraer un recurso que no les pertenece no estaría, en todo caso, nada de mal. El hecho es que el cálculo del gobierno suma el actual Impuesto Específico a la Minería, que sería sustituido por el proyecto en discusión, y no considera el pago del royalty como gasto para efectos del impuesto a la renta. Cuando esas dimensiones se incluyen, y considerando el caso de la minera Escondida y los costos que ha publicitado, la tasa sobre utilidades con el nuevo royalty que se discute el jueves en la sala de la Cámara de Diputados sería de 42% si el precio es de 280 centavos la libra de cobre o de 56% si es de 450 centavos la libra.

Con las utilidades después de impuestos que permanecerían después de la aplicación del royalty ningún inversionista con dos dedos de frente dejaría de invertir en Chile. Pero para Diego Hernández, de la SONAMI, "si se aplica tal como está aprobado afectará a toda la industria minera, lo que en la práctica significa una decisión de no tener más minería en Chile”. Los representantes del gran empresariado presente en Chile -en este caso capitales transnacionales- no parecen tener sentido del ridículo.

Recordemos que hoy el precio del cobre está en 453 centavos de dólar la libra, en circunstancias que las inversiones están calculadas con un precio inferior a 300. Esa diferencia debe ir en una proporción principal al dueño del recurso, la ciudadanía chilena, y no a quienes obtuvieron una concesión del Estado para explotarlo. El royalty sobre margen de explotación que a duras penas -con la oposición tenaz de la derecha- se logró establecer a partir de 2005, apenas captura una baja proporción de la renta minera que pertenece a la Nación. Por eso es tan importante que sea aprobado el proyecto de la Cámara de Diputados. Y por eso es tan importante que la derecha no obtenga un tercio de bloqueo en la Convención Constituyente para que el país recupere de manos de la oligarquía económica su soberanía en la determinación de sus políticas y en la protección del interés nacional.

Las confusiones discursivas y las salidas de la crisis

En La Mirada Semanal

Frente a incrementos de la complejidad y del ruido social en el mundo actual, agravados por la crisis sanitaria y económica, suelen multiplicarse en el espacio público y adquirir popularidad quienes aumentan los temores y contribuyen a la confusión sobre lo que está en juego, sin construir procesos de cambio efectivo. Existe, en cambio, la alternativa de avanzar después de la pandemia a un “Estado de bienestar democrático 3.0”.

El poder del lenguaje para describir fenómenos y darles sentido puede orientarse tanto a acrecentar la lógica de los mitos y la confusión sobre los asuntos colectivos como a hacerlos más comprensibles y eventualmente catalizar acciones colectivas efectivas. Vivimos hoy una etapa en que la confusión aumenta, con una gran fragmentación de los discursos, lo que incluye a quienes tienen visiones críticas de la sociedad. Estos suelen remitirse ad nauseam al reclamo contra el neoliberalismo, las élites, el patriarcado, el centralismo, la representación y así sucesivamente, antes que a las transformaciones secuenciales y sostenidas para superarlos. Estas requieren articular intereses diversos en tiempos cortos y largos, lo que es la tarea básica de la vilipendiada política. 

Se combinan al menos cinco tipos de efectos en la sociedad de hoy que aumentan la ansiedad colectiva: las secuelas de la crisis económica global de 2008-2009 y la persistencia de las desigualdades; los efectos iniciales del cambio climático de origen antropogénico; la pandemia de COVID-19 originada por nuevos saltos de virus peligrosos desde animales a humanos con la reducción de la frontera de la vida natural; el paso a una nueva etapa tecnológica y, finalmente, una crisis generalizada de la representación en las sociedades democráticas, con liderazgos desprestigiados y siempre detrás de los acontecimientos. El resultado es que los sistemas políticos son crecientemente impotentes para asegurar una gobernabilidad democrática inclusiva y capaz de dominar los parámetros básicos del futuro. Están frecuentemente dominados por las oligarquías económicas, mientras se asiste a cambios culturales y mediáticos acelerados que aumentan la fragmentación de las audiencias y de las interacciones individuales y sociales. 

Frente a incrementos de la complejidad y del ruido social de esta magnitud, suelen multiplicarse en el espacio público y adquirir popularidad quienes aumentan los temores y amplían en su beneficio el miedo al cambio, a la enfermedad, al desempleo, a la inmigración, a la pérdida de lugar en la sociedad, a la manipulación tecnológica, a la delincuencia. Ahí prosperan las demagogias de distinto tipo. 

Las respuestas ultraderechistas a lo Trump y Bolsonaro se focalizan en la oferta de orden represivo, en estimular los reflejos identitarios, en desdeñar el conocimiento científico y la cultura e identifican un enemigo: las élites. Con la excepción de las élites económicas, a las que se alían y defienden, cuando no provienen directamente de ellas, como Kast en Chile. Y llegan a conseguir adhesión social, aunque sea solo temporal. En algunas partes este populismo de derecha ha ido desplazando a la derecha tradicional y tiene su caldo de cultivo estructural en la concentración económica y en la precarización del empleo que son propios del capitalismo financiarizado actual. 

Estos fenómenos no encontraron por décadas respuestas en el progresismo o en la socialdemocracia tradicional. En Europa y Estados Unidos dejaron la primacía de la representación del mundo del trabajo y giraron a representar emancipaciones culturales necesarias y a clase medias integradas a los flujos dinámicos de la globalización económica. Algunos simplemente giraron al neoliberalismo. Esto se está hoy corrigiendo emblemáticamente por los socialistas portugueses y españoles, los laboristas neozelandeses y en parte Biden, cuya respuesta sanitaria y económica a la crisis ha sido hasta aquí contundente. 

En América Latina, las respuestas de las izquierdas han girado en torno a redistribuciones de las rentas de recursos naturales desde el Estado, sin realizar cambios estructurales en la economía que permitan sostener grados básicos de dinamismo persistente, cohesión social y preservación de la naturaleza. Esas respuestas basadas solo en las obligaciones de la  inmediatez, en ocasiones acompañadas de la clientelización de la acción política, es altamente dependiente de los mercados mundiales de materias primas y es, por tanto, inestable. Y puede derivar en el rentismo puro y simple que, combinado con el tradicional caudillismo,  termina por descomponer las capacidades sociales y productivas, como ha ocurrido dramáticamente en países como Venezuela, de larga tradición rentista. El intervencionismo de las derechas y los bloqueos norteamericanos no hacen, por otro lado, más que acentuar la miseria de los afectados y ayudar a la sobrevivencia de los regímenes burocráticos antes que a su necesaria evolución democrática.

Hacia el futuro, como he escrito en otra parte, es posible identificar tres trayectorias no deseables, siguiendo a Daron Acemoglu. La primera es la de la “continuidad trágica” del declive de las instituciones y de la mantención de las desigualdades y depredaciones de las últimas cuatro décadas neoliberales. La segunda es la de un vuelco hacia la verticalidad estatal de control social, bajo el supuesto de la ineficiencia de la gobernanza democrática frente a las “nuevas amenazas”, lo que refuerza los regímenes autoritarios existentes o bien los afanes de poder de caudillos que manipulan los miedos de la sociedad. La tercera es la de la “servidumbre digital”, con los gigantes tecnológicos y de capitalismo de plataforma sustituyendo a gobiernos en bancarrota en sus funciones sanitarias y sociales, configurando nuevas formas desreguladas de teletrabajo y determinando las conductas colectivas en medio de una enorme concentración privada de poder mediante el manejo de datos en democracias en descomposición.

Existe, en cambio, la alternativa de avanzar después de la pandemia a un “Estado de bienestar democrático 3.0”, que sea un avance efectivo respecto de aquel que emergió en el siglo XX después la depresión y de los fascismos y de aquel que resultó de las reducciones de la era neoliberal y de las crisis recientes. Su sustrato material es la cuarta revolución industrial en curso, que sucede a la tercera que generalizó los soportes digitales. Esta nueva etapa tecnológica tiene tanto enormes potencialidades como amenazas, como la citada concentración de la información en gigantescos monopolios privados (el  impacto en el empleo, en cambio,  suele exagerarse como parte de la difusión de los miedos: el tema central sigue siendo no “cuánto empleo habrá” sino “el tipo de empleo que hay hoy y que habrá en el futuro”). Está basada en un gran aumento de la capacidad de transmisión y procesamiento de datos usando inteligencia artificial, la robotización de la producción y el transporte, la manufactura aditiva, las energías renovables, las biotecnologías, la criptoeconomía, el internet de las cosas. Pero puede y debe dejar de ser un mero impulso adicional de acumulación y concentración privada y ponerse al servicio de un bienestar equitativo y sostenible de la sociedad. 

En efecto, la primera tarea pospandémica es asumir las debilidades institucionales demostradas en la crisis sanitaria y bregar por un cambio en las formas de gobierno hacia una democracia más eficaz, descentralizada, proba, basada en un Estado de derecho socialmente respetado y en capacidades de acción colectiva que combinen la tríada de un sentido estratégico de la política, un mayor rol de la ciencia y el conocimiento y formas extendidas de participación social. 

El Estado de bienestar democrático 3.0 deberá en el corto plazo robustecer la salud pública, aminorar las brechas digitales y enfrentar la ampliación de la economía informal junto a la pérdida de empleos y/o su precarización, además de la salida de muchas mujeres del empleo formal y su retraimiento hacia el trabajo doméstico. Esto debe traducirse en una reactivación impulsada por incrementos salariales, por la extensión de las redes de seguridad social y la remuneración del trabajo doméstico (una asignación propia y además por hijo o dependiente puede ser un buen mecanismo que aumente la autonomía económica de las mujeres). Se deberá establecer un sistema de ingresos básicos (diferenciados para la infancia, la vida activa y la edad avanzada) y de empleo social en servicios a las personas (empezando por el cuidado) y en servicios ambientales (empezando por mejorar el manejo del agua en las cuencas y amplios planes de forestación), financiado con un mayor aporte tributario del 10% de más ingresos.

Y mas allá de la salida de crisis, se requiere invertir fuertemente en urbanismo integrador y sostenible, avanzando a energías domésticas renovables y a una electro movilidad generalizada que atenúe sustancialmente los problemas de salud que provoca la contaminación del aire. Y también invertir en revitalizar los espacios rurales, que en parte podrán beneficiarse de formas ampliadas de teletrabajo. 

Los cambios en la política social y en el ordenamiento territorial y espacial suponen lograr una más inteligente regulación y coordinación de los actores económicos, así como de los sistemas educativos y de formación permanente para avanzar tanto a aumentos de productividad como a transformaciones del régimen de producción/consumo. El nuevo paradigma debe ser una economía circular con toda la tecnología verde disponible para mejorar la resiliencia ambiental y sanitaria de la producción, mediante una reconversión productiva financiada con la plena captación tributaria de las rentas de los recursos naturales. Esta reconversión debe fortalecer a la pequeña empresa y a la economía social y del cuidado, y también a los sectores de alta productividad articulados con cadenas globales de valor, pero con más servicios tecnológicos de origen nacional y un mayor valor agregado local. Como hemos señalado en artículos previos, esto supone un gran salto en la capacidad nacional de investigación y desarrollo y financiar y fomentar la producción de bienes sanitarios, medicamentos y vacunas, de alimentos saludables, de energías renovables y de soportes de la electromovilidad. El extractivismo depredador debe transitar a una minería, agricultura, actividad forestal y pesca sostenibles, y transformar a Chile en un modelo exportador de bienes que respeta la resiliencia de los ecosistemas y que está inserto en un mercado interno fortalecido por las redistribuciones y los servicios a las personas y a la producción. Este cambio significará un gran esfuerzo empresarial y del mundo del trabajo, pero se transformará en un factor de competitividad en mercados mundiales cada vez más exigentes. 

Deberá también terminarse con el esquema de servicios básicos entregados con rentabilidades privadas monopólicas, que alimentan la concentración económica y retrasan la difusión tecnológica. Varios de esos servicios deberán volver a una gestión estatal si las regulaciones efectivas no son posibles o implican subsidios a privados de alto costo sin calidad de servicio.

En suma, una nueva fase en la vida del país requerirá un Estado más democrático y paritario con más capacidades sociales y productivas, pero también una sociedad que vigila y orienta la economía y las instituciones y una cultura de mayor responsabilidad colectiva con el cuidado recíproco y con  las nuevas generaciones. 

El desgobierno y el Ejército

En La Mirada Semanal 

El gobierno conduce de manera cada vez más errática su fin de mandato. Esto incluye el manejo de la pandemia y de los apoyos sociales, pero también las salidas de rol del Ejército y las otras ramas de la defensa nacional. Si no enmienda su conducta, acumulará otro hecho en el que ha cruzado la línea del cumplimiento cabal de su función constitucional.

La administración de Sebastián Piñera ha seguido en la pendiente del desgobierno. Demoró increíblemente en poner en práctica lo que tiene que hacer en materia de transferencias a las familias frente al recrudecimiento de la epidemia de COVID-19 desde febrero, la que a su vez no logró controlar por su mala política de restricciones con ires y venires cada vez menos efectivos. Esto derivó en una sobre exigencia del sistema sanitario muy superior a la de junio pasado, el primer peor momento de la epidemia en Chile. En vez de actuar desde principios de marzo con un Ingreso Familiar de Emergencia ampliado a sectores medios que hubiera tal vez permitido a mucha gente sostener mejor el nuevo confinamiento y no seguir en actividades para ganarse el sustento diario, termina haciéndolo tardíamente. Las coberturas son más amplias que las iniciales, pero se llega a ellas después de reclamos múltiples y de confrontaciones con la oposición y con su propia coalición, en medio de una gran confusión. Pareciera que le resulta sicológicamente imposible gobernar usando los recursos públicos para proteger, aunque sea por un período breve, a las mayorías sociales en medio de una gran crisis. Es como si esos recursos disponibles no estuvieran precisamente para eso y usarlos fuera sinónimo de  “populismo”, esa anteojera mental que se han construido hasta el ridículo quienes nos gobiernan. 

Esta conducta irracional, incluso desde el punto de vista de sus propios intereses, llevó a que la propuesta de un tercer retiro de ahorros previsionales de las personas haya obtenido el apoyo de dos tercios de la Cámara de Diputados, con muchos votos de la coalición de gobierno. En vez de acomodar un proyecto que cautele que los retiros de las personas de mayores ingresos paguen el correspondiente impuesto a la renta, o que no se autorice disminuir los retiros programados y las rentas vitalicias por sustracción de una parte del capital que las sustenta y reemplazarlos por apoyos directos suficientes, el gobierno vuelve a pedir otra vez al Tribunal Constitucional que inhabilite la soberanía que emana de nada menos que dos tercios del parlamento. Lo hace, además, con una falta de legitimidad agravada de ese Tribunal, que está envuelto en una insólita telenovela de reproches cruzados y odiosidades entre sus miembros de derecha, hoy sobre representados, incluyendo acusaciones de corrupción y maltrato. Nunca se había visto algo así, lo que no hace sino reflejar la descomposición de las instituciones de bloqueo de la voluntad popular de la constitución de 1980.

En este contexto, las Fuerzas Armadas se han permitido volver a deliberar con la pretensión de nada menos que pautear el ejercicio de la libertad de expresión en Chile.

El Ejército ha declarado que a raíz de sarcasmos sobre la carrera militar y sobre los casos judiciales que involucran a miembros de sus filas "no es aceptable pretender que ello sea motivo para denostar a oficiales, suboficiales y soldados que en su vocación se ven vejados por tal simulacro de realidad. El ejercicio de las libertades de expresión e información es esencial para el progreso de una sociedad cuando se ejerce con verdad y responsabilidad, lo que no ha ocurrido en este caso”. Ha obtenido el apoyo público de la Fuerza Aérea y la Armada, y nada menos que del propio ministro de Defensa, que no ha ejercido su rol.

Lo que es aceptable o no en materia de libertad de prensa no es algo que deban pautear las Fuerzas Armadas. Su carácter de instituciones disciplinadas y no deliberantes les impide, además, emitir cualquier juicio u opinión en la materia. El monopolio del uso legítimo de la fuerza armada para fines de defensa que la ciudadanía les otorga tiene esa contrapartida: la prescindencia en los asuntos públicos. Ese es el arreglo institucional básico y universal en los Estados de derecho para impedir la intervención o abuso de la fuerza militar en los asuntos de la sociedad.

Toda persona o institución que se desenvuelve en la esfera pública puede en democracia ser objeto de críticas, sarcasmos e ironías. En cambio, la injuria, la calumnia o la incitación al odio y la discriminación están penalizadas -bien o mal, pero esa es harina de otro costal-y corresponde a la autoridad civil, y no a los militares de manera autónoma, activar ante la opinión pública o ante los tribunales cualquier acción que afecte a las instituciones armadas. Estas deben, naturalmente, tener el derecho a defenderse frente a ellas, o de manifestar su dolor o incomodidad por algún reproche que se les haga, pero a través de las autoridades competentes y con la debida y formal autorización del poder civil, que en ese caso asume la responsabilidad pertinente. 

Las Fuerzas Armadas no pueden pretender pautear la conducta de ningún actor de la sociedad, y menos a los medios de comunicación, sobre cómo ejercer la libertad de expresión, o las formas que puede o no tomar el humor y el sarcasmo. Su misión constitucional es la defensa y seguridad nacional sujeta a la autoridad civil, y punto (artículo 101). Lo que han declarado es absurdo e inconstitucional. No están autorizadas a deliberar, en este caso a emitir juicios sobre la forma en que se ejerce o no un derecho, ya sea que se trate del derecho de opinión o de cualquier otro. No se entiende en qué mundo viven los que sostienen que esto no es deliberación sobre asuntos públicos que escapan a la función de defensa, sobre los que el mundo militar no tiene nada que opinar. Así de simple. El hecho que se hayan sumado declaraciones en el mismo sentido del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, evidentemente coordinadas, constituye, además, un pronunciamiento de órganos sujetos a disciplina que es completamente inaceptable.

Está más que claro que una pendiente de intervencionismo militar en el funcionamiento de la vida social no va a ser aceptado por la gran mayoría del país. No por casualidad está detenido en el parlamento el proyecto de reforma constitucional del gobierno que autoriza a las fuerzas armadas a realizar tareas policiales. Esta pendiente, que la extrema derecha alienta con la complicidad activa o pasiva de otros en el espectro político, puede llevar a otra grave confrontación histórica en Chile y a una masiva reacción contra el militarismo. No tiene sentido no tomar en cuenta que las instituciones armadas han demostrado en el último tiempo no ser capaces de controlar graves actos de corrupción que han involucrado a sus mandos, o bien que han incurrido en la desobediencia expresa a la ley en materia de vigilancia de personas, que son hoy objeto de persecución judicial y de un extendido reproche social. Por ello, el control civil sobre las instituciones armadas debe aumentar, no disminuirse (nótese que aquí no estamos siquiera aludiendo el descontrol de Carabineros en los últimos años, que es otra materia pues remite al orden público). El Ejército no puede pretender que no haya al menos sarcasmo frente al hecho que dos de sus ex comandantes en jefe y muchos de sus mandos estén procesados por malversación de caudales públicos para fines personales (robo, en castellano antiguo) que se cifran en millones de dólares. O que no se produzca una crítica frontal a sus mandos por haber incurrido en vigilancia secreta de periodistas que investigan la corrupción en su seno, aunque se haya hecho, al parecer, con la complicidad de un juez. 

Las Fuerzas Armadas se deben a la República, no a sí mismas, como todas las otras instituciones. No se puede seguir alentando el corporativismo en el Estado, con ciudadanos cada vez más escépticos sobre el buen uso de los impuestos que pagan todos los días. Por ello, la disciplina militar debe restablecerse con urgencia. El gobierno no puede escamotear ese deber constitucional con declaraciones vacuas apoyando la libertad de expresión, pero sin señalar que el Ejército y las otras ramas no pueden pretender orientar su modo de ejercicio. Lo que corresponde es una respuesta civil enérgica -ojalá de amplia transversalidad- que remita a las Fuerzas Armadas a su rol, para excluir de una vez y expresamente toda deliberación o intento de cercenar derechos de la ciudadanía garantizados por el orden jurídico vigente. El gobierno debió ponerse a la altura de la gravedad de lo ocurrido. Si no enmienda su conducta, acumulará otro hecho en el que ha cruzado la línea del cumplimiento cabal de su función constitucional.

¿Un nuevo paradigma para una economía innovadora?

 En La Mirada Semanal 

Las experiencias desde marzo pasado de subsidio a la creación de nuevos productos sanitarios frente a la emergencia, acompañadas de posteriores compras públicas, serán tal vez el inicio de una política industrial que se generalice para lograr la transición a una economía circular diversificada, a la agregación sostenible de valor y a la inserción selectiva en cadenas globales de producción que asegure la resiliencia de los ecosistemas y la ampliación de los bienes comunes. 

En medio de las acciones urgentes que la pandemia de COVID-19 obligó a realizar en diversos ámbitos en Chile, hay que destacar algunas de política industrial. Si, como se lee, de política industrial, el vilipendiado concepto del que la ramplona ortodoxia del pensamiento único chileno no ha querido escuchar hablar durante décadas, siempre en nombre de la religión de las ventajas comparativas y de la especialización en la producción de materias primas que de ella deriva.

En efecto, el Ministerio de Ciencia y CORFO convocaron el 31 de marzo de 2020 a presentar iniciativas para ser financiadas a través del programa "Retos de Innovación Covid-19", que destinó $800 millones, es decir casi nada, a apoyar el resguardo al personal de salud expuesto al virus “frente a la escasez mundial de elementos de protección”. El objeto fue “desarrollar y producir estos elementos aquí en Chile en plazos muy acotados, frente a situaciones críticas o emergencias”, en palabras del ministro del área.  

Bastó este llamado, de muy pequeña escala, para que diversas iniciativas tomaran vuelo. Fueron seleccionados trece proyectos de diseño y fabricación de elementos de protección, como mascarillas quirúrgicas, escudos faciales y trajes de protección. Algunos fueron apoyados por compras públicas y a un año de la convocatoria gubernamental, se han entregado 172 mil de esos implementos de confección local en 150 recintos hospitalarios, entre los que se cuenta una máscara fabricada a través de impresión 3D e inyección plástica con vida útil de hasta 5 años y el potencial de inactivar el SARS-CoV-2; escudos faciales con resistencia a la humedad y a la grasa, de larga durabilidad y reutilizables; mascarillas lavables y reutilizables con acción antimicrobiana con partículas de cobre y zinc; batas reutilizables antimicrobianas con tecnología nano Cobre–Zinc en la tela. Es decir, nada menos que el esbozo de un nuevo paradigma en acción: la manufactura en Chile de productos reutilizables, con mayor vida útil, de diseño local, en circuitos cortos de producción-consumo.

Siete de los proyectos seguirán siendo apoyados para su escalamiento nacional e internacional, a través de un subsidio de... hasta $60 millones. Seguimos en Chile, nada de iniciativas de apoyo público importantes, no vaya a ser cosa que a alguien se le ocurra pensar que el subsidio a la producción de nuevos bienes y su desarrollo mediante compras púbicas pueda reemplazar al sacrosanto mercado. Y no vaya a ser cosa que nos acostumbremos a que los proyectos productivos consideren, además, la sustentabilidad, en este caso mediante la búsqueda de materiales inocuos y la extensión de la vida útil. Sobre todo, que no cunda la ocurrencia de empujar más diversificaciones productivas, porque son cosas muy caras y no corresponden a la idea de “optimizar la asignación de recursos” que los dilapidadores de siempre no entienden. 

Esta manera neoliberal de ver la dinámica económica no considera que obviamente las economías de escala nunca llegan el primer día, pero que políticas industriales bien concebidas y persistentes pueden transformar países desde el atraso agrícola y manufacturero a la industrialización en gran escala y la innovación productiva de frontera, con el ejemplo de Corea del Sur a la vista.  Pero, además, ocurre que el "ventilador mecánico invasivo de emergencia rápido y seguro", desarrollado por una universidad gracias al financiamiento de CORFO y de privados, se fabrica con un 10% del costo de producción de un ventilador mecánico de alta gama. Si, leyó bien, con un equipo importado se compran 10 fabricados en Chile. El costo es mucho menor “porque los equipos están diseñados con un concepto de fabricación por ensamble de piezas confiables y más fáciles de encontrar en el comercio", según uno de los conceptores. Ya ven, un nuevo paradigma. Es decir cambios en los modelos de producción, consumo y distribución. 

Se discute en esta etapa sobre los necesarios cambios tributarios (terminar exenciones, separar los impuestos al ingreso personal y corporativo, volver a mayores tasas marginales a la renta, eliminar el tope de la patente industrial y comercial, establecer impuestos a las grandes fortunas y a las transacciones financieras, así como una regalía a las ventas mineras) y laborales (negociación colectiva supra-empresa con titularidad sindical, aumento del salario mínimo, igualdad salarial de género, participación de 30% en las  utilidades e incidencia de los trabajadores en los directorios) que el país debe abordar de alguna u otra manera después de la crisis social. 

Pero también se debe avanzar en el paradigma productivo y de organización del tejido económico empresarial: ¿por qué no adoptar la propuesta de Jeannette von Wolfersdorff de transferir de 10 a 25% de las acciones de las empresas mayores a un fondo público cuya rentabilidad complemente los ingresos de los grupos más vulnerables y financie la elaboración de estrategias de diversificación económica? Si esto es resistido, ¿por qué no reformar, entonces, el impuesto a las herencias y transferir la mayor parte del capital heredado -la legitimidad de los herederos de grandes fortunas para retenerlas en su totalidad es simplemente nula- a ese fondo patrimonial público? Este debiera ser gestionado de manera autónoma y profesional y su giro único debiera ser obtener una rentabilidad con sustentabilidad social y ambiental que financie la diversificación económica mediante el apoyo a objetivos, como propone Mariana Mazzucato con su enfoque de las misiones tecnológicas (definir un problema que necesita ser solucionado con aportes de muchos sectores). Esto debe empezar en Chile por dar un fuerte impulso ya no solo a algunos productos sanitarios sino a la industria farmacéutica local, empezando por genéricos y vacunas (que en esta pandemia se han adquirido a un alto precio), a las energías renovables, a la electromovilidad, a la alimentación saludable, a la agregación de valor en una minería sustentable, a los servicios a la producción con tecnologías avanzadas.

Las regalías sobre recursos naturales y el esquema de transferencias de propiedad deberán impulsar el esfuerzo de reconversión y diversificación productiva en los diversos territorios. Esta transición debe acompañarse de la desconcentración de los mercados para dar espacios a nuevos actores empresariales, de fuertes mecanismos anticolusión y de defensa del consumidor, de una banca de fomento efectiva, de la promoción de la pequeña empresa innovadora y de la economía social, solidaria y sostenible con facilitación del acceso a mercados y más intensa transferencia tecnológica y de mejores prácticas. 

Se trata nada menos que de realizar como país una planificación estratégica y selectiva de largo plazo de la transición a una economía circular diversificada, basada en una especialización productiva que incorpore la agregación sostenible de valor, la dinamización de las economías locales y de los circuitos cortos de producción-consumo junto a la inserción inteligente y más provechosa en cadenas globales de producción. Esto supondrá un fortalecimiento sustancial de la investigación y desarrollo tecnológico endógenos, junto a la fijación de precios sociales ambientales (a través de impuestos al daño ambiental y otros instrumentos) para asegurar la sostenibilidad del uso de recursos, la resiliencia de los ecosistemas y la preservación y ampliación de los bienes comunes de los que el país dispone. 

Tal vez en el futuro la pandemia actual será recordada como el punto de partida de una transición que transformó el destino del país porque ayudó a cambiar nuestra manera de pensar.

Debates que avanzan

En La Mirada Semanal

Si siguen predominando los economistas neoliberales que postulan, como Milton Friedman, que el mejor impuesto es que el no existe, no se pondrá avanzar hacia pensiones básicas y transferencias de ingresos que son indispensables en las actuales condiciones chilenas.

Hace unos días, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, volvió a plantear en un seminario universitario su opinión favorable a la propuesta que algunos venimos haciendo desde hace muchos años: establecer una Pensión Básica Universal en Chile. Esto probablemente se explica por su idea de preservar a las AFP en el futuro, pero con una especie de reconocimiento implícito de que el sistema de capitalización individual no resuelve los dos problemas públicos que un sistema de pensiones está llamado a abordar: preservar a todos los mayores de la pobreza en la vejez (cobertura) y permitir un ingreso no demasiado divergente con el salario previo (tasa de reemplazo). Está más que argumentado que el sistema de AFP no resuelve ninguna de las dos cosas. La primera, porque existe del orden de 30% de trabajo informal en Chile, que en muchos casos se prolonga a lo largo de toda o buena parte de la vida activa (como las mujeres que realizan solo trabajo doméstico no remunerado). Esto da lugar a la ausencia o a una muy baja suma de aportes previsionales obligatorios. A su vez, la alta rotación en el empleo que se observa en Chile genera lagunas de ingresos y, por tanto, de cotizaciones, que repercuten en la tasa de reemplazo del salario por la pensión. Al parecer, las AFP ya no quieren insistir en esos temas y buscan que los resuelva una pensión básica que se universaliza de cargo del Estado. Las AFP, en realidad, debieran pasar a ser un instrumento voluntario de ahorro complementario. Pero es efectivo que una pensión universal significativa, como la que existe en Nueva Zelandia desde el siglo XIX y desde entonces en muchas otras partes del mundo, efectivamente funciona como un derecho de los mayores que resuelve la cobertura y disminuye la caída de ingresos al jubilarse. Este mecanismo se financia con impuestos generales, independientemente de la historia laboral de las personas.

Pero esto cuesta bastante dinero fiscal. En Nueva Zelandia se gasta un 5% del PIB en la pensión universal. En Chile, la pensión básica establecida en 2008 para el 45% de familias de menos ingresos y luego para el 60% ha costado menos del 1% del PIB, es decir menos que el subsidio a las pensiones militares. Los incrementos recientes y previstos en la reforma previsional del gobierno lo elevarían a del orden de 1,5% del PIB . Con el reciente anuncio gubernamental de extender la pensión básica solidaria al 80% (desde 1,7 a 2,3 millones de personas) y subir su monto hasta la línea de pobreza, se agregaría un costo de 0,4% del PIB. Llegar al 100% implicaría una cifra similar, según la Dirección de Presupuestos, incluyendo el pago del 7% de cotización de salud.

Los académicos Salvador Valdés y Rodrigo Valdés cuestionaron en el seminario comentado la propuesta de las AFP. Salvador Valdés tildó la idea de “imprudente”, argumentando que “es tremendamente caro” y el país está “al borde la inviabilidad fiscal”, mientras Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda, la calificó de “irresponsable” si no detalla los ingresos fiscales para financiarla, aunque cree deseable llegar a una pensión universal en el largo plazo.

Cabe considerar, además, que la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de transferir ingresos a las familias más vulnerables por carencia de ingresos. Si se transfiriera a la mitad de los 4,3 millones de menores de 16 años una asignación familiar equivalente a la línea de pobreza (177 mil pesos), se estaría haciendo realidad aquello de “los niños primero”, con un costo de 2% del PIB. Un vuelco de la política social en Chile, garantizando ingresos mínimos a estos dos universos de la vejez y los niños tendría un costo adicional de unos 4,5% del PIB. No veo que ningún gobierno futuro pueda plantearse hacer mucho menos que eso en materia de pensiones y de transferencia de ingresos a las familias, salvo que se quiera permanecer en la fractura social que hoy vivimos, con las consecuencias que conocemos.

Si se está "al borde de la inviabilidad fiscal" y para no ser "irresponsables", parece ser necesaria una reforma tributaria a la altura del desafío. Esta reforma debe llevar el déficit estructural a no mucho más de 1% del PIB hacia 2026, al finalizar el próximo gobierno (en 2020 se contuvo en 2,7% del PIB). Junto a una reducción drástica de la evasión tributaria, esa reforma tributaria debe partir por separar completamente la tributación de las utilidades de las empresas, salvo las pymes, y la de los ingresos personales. Debiera en materia de impuesto a la renta, además, restablecer las tasas del impuesto de 2012 y restablecer la tasa marginal más alta a 50% como en 1990, junto a eliminar buena parte de las exenciones a ese impuesto. Se debe también eliminar parte de las exenciones del IVA y de la renta presunta y reponer el impuesto a las ganancias de capital provenientes de la enajenación de acciones con presencia bursátil eliminado en 2001. Y se debe crear, como han propuesto Ramón López, Gino Sturla y Simón Accorsi, un nuevo impuesto a las transacciones bursátiles de 0,3%, un nuevo impuesto a los grandes patrimonios y una regalía ("royalty") que apunte a captar la renta minera por el equivalente a 20% del valor de las ventas. Esto podría realizarse con una escala progresiva (hasta 3% con menos de 2 US$ a 100% sobre US$ 5 la libra) según el precio a las ventas de la gran minería privada, como planteamos en nuestra anterior columna.

Si siguen predominando los economistas neoliberales que postulan, como Milton Friedman, que el mejor impuesto es que el no existe, no se pondrá avanzar hacia lo razonable en las actuales condiciones chilenas, es decir llegar a la tasa de tributación promedio de la OCDE . Esta fue de 33,8% del PIB 2019, contra 20,7% en Chile. El promedio OCDE no refleja que hay países con una tasa de 46,3%, como Dinamarca, que diversos indicadores ponen como el país con mayor bienestar de su población en el mundo. Estos economistas neoliberales creen (es efectivamente una afirmación del orden de las creencias) en el chorreo de ingresos que provendría del crecimiento, que erróneamente postulan se debilitaría con más impuestos, especialmente los progresivos. La experiencia de los países de la OCDE está ahí para demostrar lo contrario, especialmente los países nórdicos y diversos europeo-continentales, así como Nueva Zelandia, países con una carga tributaria mayor a la chilena actual cuando tenían el mismo PIB de Chile hoy. Este último país acaba de aumentar el salario mínimo y el impuesto a los más ricos. Estados Unidos también acaba de aumentar los impuestos a las utilidades de las empresas y prepara un aumento del salario mínimo. Es lo que tendrá que hacer Chile a partir de marzo de 2022.

La renta minera no debe seguir siendo regalada

En La Mirada Semanal

Hay quienes defienden en materia minera, como en casi todo lo demás, que la mejor política pública es la entrega de su desarrollo a la gran empresa privada. Aluden los efectos en cadena del sector en términos de producción, exportaciones y empleo y su supuesta mayor eficiencia para maximizar la inversión.

Otro argumento erróneo ha sido la idea de extraer al mayor ritmo posible el mineral de cobre, recurriendo al capital transnacional, por el riesgo eventual de aparición de algún sustituto de menor valor, como ocurrió con el salitre, que dejara sin valor el recurso. Dado que en Chile existe desde 1971 la propiedad pública del recurso minero (“el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”), los neoliberales han defendido con éxito otorgar concesiones permanentes para la explotación privada, como la establecida en la dictadura por Pinochet y José Piñera, y asimilar la explotación de recursos naturales a los otros sectores de la economía.

Ante el fuerte aumento del precio del cobre, en 2005 el parlamento dominado por la derecha aceptó, después de una ardua batalla y a cambio de una cuestionable invariabilidad tributaria -ampliada en 2011 hasta 2024- una tributación específica a la minería basada en los márgenes brutos de explotación obtenidos por las compañías privadas. Esto ocurrió luego que la derecha votara en 2004 en contra de una regalía minera sobre las ventas, que fue el proyecto original de Ricardo Lagos y de la coalición de partidos que lo apoyaba, incluyendo la DC de Adolfo Zaldívar.

Este proyecto buscaba avanzar hacia la maximización del retorno fiscal por el uso de un recurso no renovable de propiedad común, cuyos menores costos de producción en Chile otorgan un alto retorno a la inversión, especialmente cuando los precios suben por incrementos de la demanda por sobre la oferta. Se buscaba, asimismo, financiar una diversificación productiva de los territorios desde los que se extraen y compensar la extracción y agotamiento futuro del recurso. Lograr ambos objetivos sigue pendiente, dado el veto de la minoría de derecha sobre el sistema político que ha logrado mantener desde 1990.

La política apropiada para alcanzar esa maximización es capturar toda o la mayor parte la “renta económica”, que desde Adam Smith y David Ricardo y su tratamiento de la renta (“arrendamiento”) de la tierra se entiende como un ingreso distinto a la utilidad empresarial. Aunque en el lenguaje común se utilice la palabra renta como equivalente a ingreso (“el impuesto a la renta”, por ejemplo), la renta es entendida hoy en el análisis económico, incluso por el enfoque convencional neoclásico, como el excedente del rendimiento necesario para mantener en explotación un recurso escaso por parte de un agente económico que maximiza el retorno del capital invertido. Sin utilidad, no habrá inversión privada. Sin renta económica, pero con una utilidad normal que justifique la inversión de capital, habrá tanto inversión privada como remuneración a la colectividad por el uso de un recurso que le pertenece.

Para capturar la renta se puede establecer ya sea la propiedad y explotación pública de los recursos mineros o bien la propiedad pública del recurso combinada con la explotación privada y una tributación significativa sobre las utilidades obtenidas más allá del retorno normal del capital invertido. La opción de que una empresa pública se haga cargo de captar la totalidad de la renta, como fue la intención de la nacionalización de 1971, requiere minimizar los fenómenos de captura de la empresa pública por sus gestores y productores directos (en el caso de que busquen obtener remuneraciones por sobre las del resto de la actividad económica de similar productividad), y/o de captura por sus proveedores para abastecer a la empresa pública con insumos con sobreprecios.

En 1990 se cometió el grave error de que CODELCO se desprendiera de pertenencias valiosas para impulsar la minería privada, cuando la dictadura ya había entregado el principal y más productivo yacimiento, La Escondida. Antes no se había pugnado por una limitación temporal a las concesiones. Dejar las cosas como estaban fue una exigencia de la DC para cerrar el programa de gobierno de 1989, en nombre del desarrollo de la inversión privada en el sector después de los traumas de la nacionalización. Esto lo resistió sin éxito el PS, privilegiando la unidad de la nueva coalición. A su vez, la gestión posterior no siempre eficiente de CODELCO y la limitación de sus inversiones impuesta por el dominio neoliberal en el manejo de la política minera desde 1990 -que fue mayor que en otras áreas en donde se expresaron con más fuerza las opciones progresistas, las que terminaron por perder su influencia- provocaron la continua caída en la participación de la empresa pública en la producción de cobre y en los ingresos que genera.

Además, el otorgamiento de concesiones para explotar los recursos del subsuelo no se acompañó de la voluntad de establecer un cobro suficiente de derechos y regalías como medio para recuperar la mencionada renta económica, en ausencia, además, de algún mecanismo de asignación competitiva de las concesiones de explotación (como se discutió en su momento respecto a los derechos de pesca, otro recurso natural que genera renta económica más allá de las utilidades normales, o se hizo en la asociación de CODELCO con privados en El Abra). La mayor parte de esta renta queda en manos del que explota el recurso a través de una concesión y no del dueño del recurso. Ese es el fondo del problema aún no resuelto. El impuesto específico a la minería, de muy bajo monto desde 2005 y apenas ajustado en 2020, ha recaudado apenas del orden del 0,3% del PIB. Se ha provocado una pérdida para la colectividad de entre 5 mil y 10 mil millones de dólares anuales, según las estimaciones, entre cerca de 2 y 4% del PIB, es decir cifras que mucho hubieran necesitado los presupuestos anuales de investigación y desarrollo y de educación, salud y cultura.

Esto es lo que tiene que cambiar. En principio, para captar toda la renta minera, se debiera hacer tributar a una tasa de 100% toda diferencia entre los ingresos y los costos de explotación más alguna estimación de utilidad normal. En el caso de la más reciente modificación tributaria en Australia, por ejemplo, se fijó en el rendimiento de los bonos gubernamentales. Las múltiples variantes de cobro por el derecho de uso de recursos naturales existentes en diversos países se resumen en dos modalidades básicas: regalías brutas y regalías netas. Las primeras son un porcentaje de las ventas, proporcionales o bien progresivas, y tienen como característica no incluir el costo de explotación en la base de la tributación. Las regalías netas, por su parte, se asemejan a una forma de tributación de las utilidades al tomar en cuenta los costos de producción. También pueden ser proporcionales o progresivas. La regalía bruta tiene la ventaja considerable de ser de simple aplicación. Su cálculo es sencillo y no requiere de grandes gastos de administración fiscal para impedir elusiones y evasiones. Sin embargo, al no considerar los costos de explotación, tiene fuertes probabilidades de no lograr captar la renta económica potencial si los yacimientos tienen costos que varían mucho. El problema que se plantea entonces es que no deja un incentivo al empresario para controlar de manera eficaz sus costos de explotación, con el resultado de que la renta percibida por la regalía sería de nuevo inferior a la renta económica potencial. En ese caso, la regalía debe prever deducciones tributarias que inciten a bajar los costos. La combinación de regalías brutas y netas es la solución adecuada para captar la totalidad de la renta minera.

Ningún gobierno que cautele verdaderamente los intereses nacionales puede aceptar la persistencia de un trato como el actual, en el que las compañías mineras privadas reciben un muy alto retorno -especialmente algunas de ellas con menores costos de producción por la alta ley del mineral- que cuando sube el precio llega a 80% y más (solo comparable a los tráficos ilegales), mientras el país apenas capta el beneficio de los altos precios, aunque haya una cierta progresividad en el impuesto actual. En ella se ha refugiado el actual ministro de Hacienda para no innovar, en un gobierno que, una vez más, defiende los intereses del gran empresariado, en este caso transnacional.

Las compañías privadas deben poder tener utilidades por sus inversiones, pero no con tasas de retorno que no guardan relación alguna con el riesgo incurrido como las que logran en Chile cuando los precios suben. El precio del cobre se ha duplicado en un año, dada la escasez relativa actual de su oferta ante una demanda que aumenta empujada por China, generando enormes utilidades a las empresas del cobre sin que eso sea atribuible a su eficiencia o capacidad de innovación (sus costos no han bajado). Se debe a la apropiación de un bien con oferta limitada en el corto plazo y con pocos sustitutos, salvo el reciclaje que se hace rentable cuando los precios suben.

La Cámara de Diputados está tramitando una moción parlamentaria sobre el tema. Es cierto que el parlamento no tiene facultades para establecer impuestos, pero si puede marcar una voluntad del legislador ante el ejecutivo. La mayoría ha argumentado, además, que se trata de una contribución y no de un impuesto. Entre los que votaron en contra de establecer un modesto 3% de regalía sobre las ventas se cuenta a la derecha en bloque. Se han presentado indicaciones por parlamentarios regionalistas para perfeccionar el proyecto que defienden la idea del cobro a la gran minería de una regalía escalonada según el precio, lo que es lo técnicamente indicado para que el Estado capte la renta minera que le pertenece sin inhibir la inversión privada. El planteamiento (elaborado junto a Gino Sturla en el Instituto de Economía Política y Social) es que el cobro sea de 3% de las ventas hasta 2 dólares la libra, de 25% entre 2 y 3 dólares la libra, de 50% entre 3 y 4 dólares, de 75% entre 4 y 5 dólares y finalmente de 100% para aquella parte adicional del precio superior a 5 dólares la libra. Se ha agregado que aquella parte de las ventas de cobre bajo la forma de mineral refinado (cátodos de al menos 99,99% de pureza) pague un menor valor equivalente al 5% del monto anual de la regalía correspondiente. La idea es favorecer el procesamiento industrial de los concentrados de cobre en el país. Los porcentajes marginales de regalía por nivel de precio están calculados para mantener un retorno por ventas que permita una remuneración normal del capital, incorporándose la regalía bruta como gasto (no como crédito) para efectos de la tributación usual a las utilidades.

Si este año el precio del cobre se situara entre 3 y 4 dólares la libra, la regalía así concebida hubiera permitido recaudar 6.500 millones de dólares (tomando en cuenta el valor promedio de los años en que el cobre ha estado en ese rango de precios), con una tasa efectiva de 20% sobre las ventas. Si alcanzara entre 4 y 5 dólares, la cifra sería de 13 mil millones, siempre considerando el valor promedio pasado, muy superior a lo que recauda el actual impuesto, y la tasa efectiva sería de 35%. Estos recursos no están disponibles para todos los chilenos por el bloqueo del sistema político logrado sistemáticamente por los representantes de los intereses de los concesionarios privados de la explotación minera. Se trata, en su gran mayoría, de empresas transnacionales. O bien por la desidia irresponsable de los que no están en disposición de desafiar esos intereses.

Suelen ser los mismos que después exigen pronunciamientos perentorios contra las rebeliones sociales que en buena parte surgen de la inacción de las instituciones democráticas para allegar los recursos que se requieren con urgencia para disminuir la marginalidad (las familias que viven en campamentos precarios han pasado de 25 mil en 2005 a 82 mil en 2021) y la inaceptable desigualdad en Chile. Y también promover la diversificación económica, o bien enfrentar las recesiones y pandemias sin tener que recurrir masivamente a los ahorros personales. En este tema, como en tantos otros, la irresponsabilidad histórica de la derecha y de quienes se le subordinan fue acumulando los bloqueos a las reformas indispensables, lo que ya no puede seguir esperando.