El teorema de la casa en el lago y los posibles nuevos consensos

Un teorema es un enunciado cuya exactitud se puede demostrar a través de un razonamiento lógico a partir de axiomas. Arturo Fontaine, director del Centro de Estudios Públicos, comentando el reciente libro de Patricio Meller sobre educación, muy interesante por lo demás, discrepa de su afirmación central, enunciando lo que sugiero llamemos el Teorema de la Casa en el Lago: “En este punto tengo una discrepancia frontal con Patricio Meller. A mi juicio, el lucro importa y mucho. A mi juicio, no debiera estar permitido en instituciones educacionales que reciben subsidios del Estado. Entre hacer un laboratorio de física o hacerse una casa en el lago, ¿qué escogerá nuestro empresario, dueño de universidad? Entre tener una proporción razonable de alumnos por profesor y aumentar los alumnos al máximo para aprovechar economías de escala, ¿no escogerá lo último? Entre pagar arriendos y servicios necesarios y a un costo de mercado y multiplicar servicios innecesarios y pagar más arriendo del de mercado siendo dueño de las empresas que prestan dichos servicios y de los edificios que se arrienda él mismo, ¿no tenderá a escoger lo último? (en http://ciperchile.cl/2011/09/14/el-lucro-si-importa/). 

El razonamiento de Arturo Fontaine es de una fuerte lógica y carece de ambigüedad. Aunque a priori pudiera adjudicarse a otras corrientes ideológicas,  proviene de quien dirige el principal centro de pensamiento conservador del país, que se distingue con frecuencia  por la calidad de sus trabajos y cierta apertura intelectual. 

Permítaseme cometer la falta de modestia de autocitarme, pero es necesario frente a los que a uno le reprochan sistemáticamente: ¿por qué no lo dijo antes? En 2007 sostuve en mi libro Remodelar el Modelo una idea semejante: “no deberá distraerse ningún recurso público al ámbito de la educación comercial y concentrar los recursos adicionales de los que el país disponga en la tarea de hacer de la educación pública una educación de excelencia e igualadora de las oportunidades”.

 ¿Estarán entonces emergiendo en nuestra sociedad nuevos consensos, distintos de la vulgata neoliberal que a tantos, presumo, nos tiene tan aburridos desde hace tanto tiempo? En efecto, la palabra consenso se desprestigió desde que se asimiló por algunos, en los alrededores de 1990, a la idea de la adscripción a posturas de derecha, muchas veces con la fe del converso, por quienes sostenían en el pasado otras diferentes. El espíritu crítico, el gran legado del siglo de las luces, y la deliberación, el gran legado democrático, son indispensables para animar las ciencias y la innovación, pero además para cimentar la convivencia civilizada en el género humano que, sabemos, es capaz de lo mejor pero también de lo peor en la materia. Pero además los consensos son necesarios, especialmente si son resultado de la crítica y la deliberación, y por tanto llegan a tener fundamentos racionales, para establecer reglas del juego básicas respetadas por todos, incluyendo la vigencia de libertades fundamentales de las que debe disponer todo ser humano y de solidaridades indispensables para la vida en común.  

Así, la idea de que en la educación lucrar con recursos públicos – retirar utilidades del servicio educativo en beneficio personal- no tiene justificación moral, en tanto transferir recursos de todos a unos pocos no parece ser posible de asimilar a ninguna idea de justicia, ni práctica, en tanto nadie está en condiciones de demostrar razonablemente que conduce a mayor eficiencia en la función educativa, no es una que solo esté en boca de supuestos exagerados jóvenes radicalizados que se han tomado las calles de nuestras ciudades. Es una idea racional que fue puesta en la esfera pública por los jóvenes movilizados de 2011 –lo que tendremos que agradecerles como un hito histórico, especialmente por los que quisimos pero no fuimos capaces de hacerlo antes- y que tiene fundamentos intelectuales y valóricos muy sólidos. Los suficientes para persistir en proponerla como un nuevo consenso que emane de la crítica y la deliberación racional desde la izquierda, el centro y la derecha. Un nuevo consenso para mejorar el presente y el futuro de nuestro país.

Entrevista en "The Clinic on line"

GONZALO MARTNER Y LA NUEVA CRISIS EN LA OPOSICIÓN

“Carolina Tohá no quiso asumir la condición de ser la vocera del 17 %”

Miguel Angel Devia 14 Septiembre, 2011 

El ex presidente del Partido Socialista y director del magíster en Gerencia Pública de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, habla sobre el nuevo quiebre de la Concertación y su archianunciada muerte. Dice que tras el conflicto hay más historia que haber perdido todo el aparataje estatal y con eso los cargos y el poder. De paso, invita a Andrés Velasco y a Ignacio Walker a unirse y dejar a la izquierda tranquila.

¿Estamos asistiendo al funeral de la Concertación?

- En política no hay cadáveres. Así que funeral no, pero sí un momento de crisis que eventualmente puede dar lugar a una nueva coalición. Pero en todo caso yo creo que si hubo un funeral fue en la elección del año 2009. Todo lo que ha venido pasando desde entonces es consecuencia de eso. Hay que constatar que esta coalición, que se concibió como una coalición no ideológica sino que programática destinada a generar condiciones para un cambio democrático pacífico. bueno si esa coalición se reduce a un 28% y ahora a un 17% parece ser que ya no existe como lo que originalmente fue.

¿Entonces lo que tendríamos desde esa elección vendría siendo una especie de agonía?

- Si la decisión de los actuales dirigentes de la Concertación es conservarla como tal, la pueden prolongar mucho tiempo. Hay agonías eternas. Pero mi opinión es que esto no tiene ningún sentido. Que la Concertación se creó para terminar con la dictadura de Pinochet, transitar hacia un régimen democrático, darle gobernabilidad al país y darle gobierno siempre y cuando hubiera acuerdo entre sus fuerzas componentes. Nada de eso ya existe y lo que tiene que ocurrir es una recomposición del paisaje político.

¿Cuál cree que fue el rol del PPD en este quiebre de la Concertación?

- Yo creo que Carolina Tohá no quiso asumir la condición de ser la vocera del 17 %.

¿Y cómo explica este paso de un gobierno con un apoyo de más del 60% a ser una oposición con menos de un quinto de respaldo popular?

- La presidenta Bachelet salió con una aprobación mayoritaria -que aún mantiene- y el candidato de la Concertación obtuvo un 29 %, saque sus conclusiones. A veces las biografías son programa. El presidente Frei, que en 6 años no recibió a los representantes de los detenidos desaparecidos, versus la presidenta Bachelet que estuvo presa, tiene una diferencia grande.

La opción Velasco

Martner, quien fue ex presidente del PS, hace una pausa y mira por la ventana de su oficina en el tercer piso de la Facultad de Administración y Economía de la USACH donde dirige el Magister en Gerencia Pública. “Ahora si me pides mi opinión y no como analista, yo creo que esto ya no tiene ningún sentido”.

¿En ese sentido, la muerte de Pinochet podría haber sentado también las bases de la muerte de la Concertación?

- No, no. Yo creo que no tiene nada que ver. Creo que tiene que ver con cuestiones eminentemente programáticas y de método político.

Las programáticas, explica, quedaron en evidencia a partir de la elección parlamentaria de 1997 donde la Concertación perdió un millón de votos y surgió la disputa entre “autoflagelantes” y “autocomplacientes”. El dilema, según Martner para el programa de la coalición era adecuarse a las instituciones de la dictadura o mantener la aspiración de romper con ella, administrar el modelo neoliberal o cambiarlo. La primera opción fue el camino.

- Esa discusión la ganaron quienes han sido partidarios de adaptarse a las instituciones de la constitución del 80 y de mantener un modelo económico neoliberal por la fuerza y el atractivo que tiene el poder gubernamental. Lo que pasó aquí es que la Concertación dejó de ser arcoiris y se transformó en el instrumento de quienes conciben la política como aferrarse a espacios de poder estatal carentes de toda vocación de cambio y adaptados a la constitución del 80 y el modelo neoliberal.

¿Y de esos quienes que usted dice, se puede hablar de tal o tal partido político?

- No. Acá no hay una cuestión de que los partidos a, b o c tienen posiciones claras. Porque se han transformado todos en entidades que tienen en su seno a personas que en origen pensaron algo distinto pero hoy día hay una diversidad tal que hay personas que piensan lo mismo en un partido o en el otro, hay más diferencias dentro de los mismos partidos que con los otros. Por lo tanto acá no es que se junten el partido A con el B y discutan sus diferencias. Esto es una gran mescolanza.

Luego, según Martner, llegaron quiebres internos y el desencanto con la ciudadanía.

- La política está para hacer cosas no para obtener cargos. Los que decimos que eso ya no puede ser nos planteamos agrupar a los que estamos en eso. Cuando Ignacio Walker dice ‘es que quieren echar a la Democracia Cristiana’, no, queremos no seguir caminando junto a los que se adaptan al veto de la minoría y que se encuentran cómodos bajo la lógica del modelo neoliberal. Y esa no es una ruptura con partidos, sino con posiciones y lo que tiene que haber aquí es un proceso de reagrupación. Que los conservadores se agrupen y que se vayan detrás de la candidatura de (Andrés) Velasco que es la que mejor los expresa, o la de (Ignacio) Walker que es más o menos lo mismo.

¿Cómo ve el coqueteo de Andrés Velasco con una posible candidatura presidencial?

- Tiene todo el derecho, que lo haga. Estamos en democracia. Yo no comparto nada la visión política y económica de Andrés Velasco, pero él tiene todo el derecho a querer ser candidato. Y creo que sería muy bueno porque permitiría que se exprese un punto de vista ya no soterradamente como hasta aquí. Ya no a través del lobby, ya no a través del financiamiento de campañas, a través de la influencia indebida sino que abiertamente una postura neoliberal. Lo que uno pide es consistencia. No puede decir que un paro es algo que no hay que hacer como ministro de Gobierno y como oposición encuentre que sí hay que hacerlo.

¿Cree que fue un autogol el apoyo de los partidos de la Concertación apoyar el paro del 24 y 25?

- No. Todo lo contrario. ¿Por qué unos partidos que declaran compartir objetivos con el movimiento social no lo van a apoyar? Me parece ridículo.

¿Porqué cree que perdió el ala más de izquierda dentro de la Concertación su poder frente al grupo más conservador? ¿Si su visión no se impuso, no puede ser simplemente porque no tuvieron el respaldo ciudadano suficiente en su momento?

- Yo voy a hablar por mi: en este caso yo pensé que había personas que tenían posturas cercanas a quienes no estábamos dispuestos a adaptarnos al sistema constitucional del 80, ni a las políticas económicas. Y esas personas en realidad estaban en una posición contraria a la que decían. Esas personas estaban en otra cosa muy poderosa: mantenerse apegados a donde están las granjerías del Estado y del poder.

El riesgo del diálogo

Esta semana se ha abierto una ventana para el diálogo en el conflicto sobre la educación. Piñera, después de tres planteamientos unilaterales y cuatro meses de turbulencias, ha hecho una invitación a sentarse en una mesa en La Moneda. Desde la derecha, el presidente UDI Coloma, aunque en buena hora abierto a la idea, ha comentado que Piñera “ha corrido conscientemente un riesgo al llamar al diálogo”. Se evidencia una vez más lo que inspira a los que nos gobiernan: en este caso  la doctrina del diálogo como riesgo.  La de las mentalidades autoritarias. La del proyecto mesiánico que utilizó una dictadura militar prolongada para realizar brutalmente una revolución por arriba al son del credo ultraliberal de minimización del Estado y de destrucción de la solidaridad colectiva. La que agitó el fantasma del enemigo interno y externo, con el fin de defender los intereses del poder económico y del privilegio oligárquico en una sociedad jerarquizada y clasista. 

¿Por qué este lenguaje tan duro se preguntarán ustedes? Porque es necesario develar una y otra vez que nuestra sociedad ha entrado de nuevo en crisis por la persistencia imprudente del afán de dominio y control de un grupo que, frente a la percepción de amenaza de perderlo todo a partir de 1964, se hizo del poder por la fuerza en 1973 y no trepidó en aplastar a una parte de la sociedad chilena sin fijarse límites en su violencia. Grupo social que debió retroceder cuando ya no podía mantener todo el dominio del poder, pero que logró construir una trama institucional destinada con éxito hasta ahora a impedir que se ejerciera la voluntad del pueblo, siempre considerado díscolo y peligroso, supuestamente necesitado de tutelas políticas, religiosas, culturales. Grupo social que persiste en no someterse a la regla democrática básica: el principio de mayoría, que incluye el derecho de las minorías a procurar transformarse en mayoría.

Algunos señalan que la oposición actual no se abre a los acuerdos como la derecha en los gobiernos anteriores: es que la derecha tenía – a través de senadores designados y leyes de quórum- los derechos propios de las mayorías siendo minoría, y cedía muy parcialmente en aspectos siempre secundarios para conservar lo esencial y evitar estallidos políticos y sociales. Y la mayor parte de la actual oposición parlamentaria en su momento fue haciendo de necesidad virtud y aprobó desde 2010, para su vergüenza,  regalías mineras, reajustes y reformas al sistema escolar en este gobierno, a entera satisfacción de aquellos poderes que mantienen una irrefrenable e indebida influencia en el sistema político. La crisis educacional salió de las instituciones para irse a la calle precisamente por esto. La sociedad dijo basta al sistema de connivencia de las élites conformistas o cooptadas y de dominio de la desigualdad y el privilegio, al menos en aquello que resulta tan crucial más allá de ideologías: ofrecer a los hijos oportunidades igualitarias y la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida con la mejor educación posible. 

Sigamos reafirmando una visión libertaria de la esfera pública y alternativa a la de este cerrado grupo de poder que tanto éxito ha tenido en los últimos 40 años en condicionar sin escrúpulos la vida colectiva chilena: el diálogo nunca es un riesgo. Es la parte de la conducta humana que permite el entendimiento y debe cultivarse en toda circunstancia, por difícil que sea, si se quiere ordenar la sociedad sobre bases civilizadas. Cuando los grupos homogéneos se encierran en sí mismos se vuelven intolerantes e incluso violentos, al demonizar los valores e ideas ajenos. Es la apertura a la diversidad y el respeto por el otro, aunque nos sea difícil, aunque las posiciones sean encontradas, lo que genera progresos humanos y sociales duraderos. Esa es la lección del siglo 20, para todos, también para la izquierda, que anidó en su seno el estalinismo y dogmas cerrados, rechazados por la izquierda libertaria, que también cometió errores cuando se inclinó por un voluntarismo vanguardista estéril. La divergencia estará siempre presente en la esfera pública, pues allí se confrontan ideas, valores e intereses. La democracia está concebida para canalizarlos y dirimirlos en un régimen de libertades y derechos regulados. Si queremos cultivar una sociedad plural y democrática, sigamos a Nietzsche: “toda gran verdad necesita ser criticada, no idolatrada”. O a Elías Canetti: “la primera prueba de respeto hacia los seres humanos consiste en no pasar por alto sus palabras”. Confiemos en el diálogo y en este diálogo del sábado 3 de septiembre, que ojalá sea histórico.

El Presidente Piñera se aproxima a la reunión exponiendo su rechazo a “estatizar la educación chilena”, ya que, a su juicio, es un atentado "no solamente a la calidad, sino que a la libertad y a la equidad". Palabras fuertes, pero equivocadas. La segunda mejor universidad del mundo, UC Berkeley, reúne a 33 mil estudiantes y es pública (la primera, Harvard, es privada sin fines de lucro y se especializa en posgrados e investigación). La única universidad latinoamericana ubicada entre las primeras 150 en el mundo, en criterio del indicador de Shangai, es sumamente pública y gratuita, la Universidad de Sao Paulo y sus 86 mil alumnos, al igual que las dos que le siguen entre las primeras 200, la UNAM de México y la Universidad de Buenos Aires. La chilena mejor clasificada, situada solo entre las 500 mejores del mundo, es la estatal Universidad de Chile.

Y sobre todo nadie está pidiendo estatizar nada, sino que todo lo contrario: desestatizar las utilidades privadas en educación y que no sigan ganando dinero operadores mercantiles con recursos públicos. Y que los recursos públicos vayan a las entidades públicas o sin fines de lucro, no a bolsillos de particulares. Que los subsidios se queden en el sistema educativo para ayudar a aumentar su calidad. Razonable ¿no?

Nadie está proponiendo que no haya pluralismo y libertad en la educación, sino todo lo contrario: que donde haya recursos públicos se respeten estos valores sociales, se cultive la diversidad y el respeto por todas las convicciones y no solo las creencias de grupos particulares que se traducen en discriminaciones inaceptables financiadas por todos.

Plantea además el Presidente que la gratuidad total implicaría que los pobres financian con sus impuestos a los ricos. Cierto, pero solo si lo que se tiene en mente es que los pobres sigan pagando más impuestos en proporción a los ingresos que los ricos, lo que se puede modificar perfectamente aumentando la progresividad del sistema tributario. Hasta donde entiendo, los estudiantes plantean que las ayudas estudiantiles se universalicen pero considerando los niveles de ingreso, no que los dueños de las grandes fortunas manden gratis a la universidad a sus hijos. 

Por último, un grupo de legisladores, que incluye a senadores como Lily Pérez y Carlos Cantero, que no son precisamente unos bolcheviques, plantea que las escuelas con fines de lucro que quieran seguir recibiendo subvención transiten a una situación sin lucro en un plazo de 3 a 5 años.

Un acuerdo razonable está al alcance de la mano. Depende del gobierno y de sus interlocutores. Y tendrá trascendencia histórica. Como también que se frustre y nos instale en un camino de confrontación prolongada.

Cosas gratuitas y otras que debieran serlo

En la sociedad chilena se desarrolla, en buena hora, una controversia fundamental sobre el futuro de la educación. El presidente Piñera dio un notable paso en falso al presentar un “Gran Acuerdo Nacional” cuya característica principal es que es… el acuerdo de nadie más que él. Se olvida el presidente que los acuerdos, grandes o pequeños, son entre distintos actores y no la voluntad unilateral  y la imposición del que posee poder. La sigla con que lo denominó fue la de “GANE”, connotando lingüísticamente una particular concepción al sugerir que la educación sería un asunto en el que se compite u obtiene beneficios. Y frente a la reivindicación de más gratuidad, el presidente responde: “al fin y al cabo nada es gratis en esta vida”. ¿Nada? Como si todo lo que acerca a los seres humanos a sí mismos y a los demás (la introspección, el encuentro, lo sagrado, el amor, la amistad, la vida de familia, la buena vecindad, el compañerismo, la generosidad, el regalo, la reciprocidad) no fueran espacios y conductas de gratuidad por excelencia. Como también la aspiración al goce de la naturaleza y al acceso al conocimiento y a la cultura, en este caso como gratuidades socialmente construidas. Y financiadas con una tributación justa, compatible con la dinámica económica, para que el acceso no esté determinado por la capacidad inmediata de pago. Como diría el poeta Antonio Machado, “es de necios confundir valor y precio”. Los que actualmente nos gobiernan, y algunos que gobernaron antes, debieran reconocer que la mercantilización generalizada de la vida humana como valor positivo es tal vez su concepción, que han logrado imponer desde hace décadas, pero no la de toda la sociedad. Ni la de los jóvenes movilizados.

 El movimiento estudiantil ha insistido justamente en que su reivindicación es el fin del lucro –es decir de la distribución de utilidades a los dueños de establecimientos privados-  en la educación escolar, técnico-profesional y universitaria. Y la recuperación o extensión de la gratuidad en el acceso a ella, financiada, por ejemplo, por los recursos que provee el cobre y hoy son sacados de Chile por unas pocas empresas transnacionales mineras que se adueñaron, porque así se lo hemos permitido, de un recurso nacional. Pero el gobierno se resiste a dar curso a esa discusión. Hace suya una antigua visión liberal que, como sabemos, postula que la persecución del propio interés sería la conducta humana básica, y que además la promoción del afán de lucro sería la mejor manera de organizar la economía y la vida en sociedad, a través de las múltiples interacciones de la “mano invisible” del mercado, incluyendo la educación. Esta visión es la que estuvo detrás de las reformas de los años ochenta (y noventa, cuando el senador Piñera condicionó la continuidad de la reforma tributaria a la introducción del financiamiento compartido en las escuelas subvencionadas) y ha inspirado la férrea y hasta ahora eficaz resistencia de los conservadores a permitir cambios en el sistema educativo para restringir los negocios -propios y ajenos- en el área. 

Hay buenos argumentos para sostener que la visión individualista negativa y competitiva, según la cual cada ser humano solo persigue su propio interés, no se apega a la conducta humana realmente existente, además de ser éticamente reprochable (al desvalorizar el interés general) y económicamente ineficiente (al desaprovechar la cooperación sinérgica de todos los talentos). Qué sería de nuestras vidas sin el altruismo que otros, cercanos o lejanos, nos regalan cotidianamente (recientemente estudiado en los niños con resultados sorprendentes a partir del primer año de vida). Qué sería de la libertad moderna sin el individualismo positivo de los sujetos que producen su propia biografía, expresan legítimamente su yo, y desarrollan su autonomía y el “arte de la vida”, en la expresión de Ulrich Beck, pero ajenos a compulsiones competitivas y situados en el contexto, como subraya Edgar Morin, del nosotros de la vida familiar y social y de la responsabilidad con la pertenencia al género humano. Desde la experimentación reciente en las ciencias cognitivas (Michael Tomasello, ¿Por qué cooperamos?, 2010) se nos informa que “los Homo sapiens están adaptados para actuar y pensar cooperativamente en grupos culturales hasta un grado desconocido en otras especies”, que “enseñar es una forma de altruismo, mediante la cual ciertos individuos donan información” y que “las hazañas cognitivas más formidables de nuestra especie, sin excepción, no son producto de individuos que obraron solos sino de individuos que interactuaban entre sí, y lo dicho vale para las tecnologías complejas, los símbolos lingüísticos y matemáticos y las más complicadas instituciones sociales”. Interesantes noticias para la moderna economía del conocimiento, que no por casualidad cada vez valora más la cooperación en red. Y para la educación: hay efectivamente algo que va contra lo propio de lo humano cuando esta actividad se entrega al afán de lucro, a los precios, al individualismo posesivo, cuando en realidad se trata de una tarea que trasciende a todo mercado: la de formar “ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos” (Martha Nussbaum, Sin fines de lucro, 2010). 

¿No será ésta una buena explicación para el hecho que entre las 100 primeras universidades en el mundo prácticamente no hay entidades con fines de lucro?¿No será este el correcto modelo educativo a adoptar: el reforzamiento presupuestario de las escuelas, institutos técnicos y universidades públicas a cambio de planes de desarrollo de sus funciones docentes y de investigación, en su caso, y con control periódico riguroso y transparente de sus resultados, junto a entidades privadas sin fines de lucro de alta calidad? 

Se dice que esto es irrealista. Es cierto, hoy existe una realidad creada: la de muchas escuelas y decenas de instituciones de formación técnica con fines de lucro y sus alumnos, frecuentemente de bajos ingresos, con magros resultados. Y universidades que incumplen la ley, y lucran. Pero esta realidad se puede transformar (como se mencionó en una columna anterior) haciendo efectivo el fin de las universidades comerciales o de sus mecanismos de extracción de utilidades y desarrollando en el resto del sistema establecimientos que operen sin recibir subsidios presupuestarios o tributarios. O que se reconviertan a entidades prestadoras del servicio público educativo, terminando con el derroche del subsidio artificial de utilidades privadas y canalizándolo hacia el apoyo a los estudiantes. Los del sector de instituciones de formación técnica sin fines de lucro debieran recibir sistemáticamente becas completas, estimulando las opciones atractivas y que son valoradas por las familias, alternativamente al ingreso a universidades bajo mínimos de calidad, caras, con alta deserción acompañada de mochila de deuda y con empleabilidad futura dudosa. 

Un camino posible a recorrer para salir del conflicto que se eterniza es, tal vez, el de consagrar a la brevedad los principios de restricción al lucro en una reforma constitucional que sea la culminación positiva de la actual etapa del movimiento (evitando la pérdida del semestre o del año escolar) y programar un debate a corto plazo sobre los cambios legales a realizar con fechas precisas, con vigilancia activa de los actores sociales antes, durante y después de la aprobación parlamentaria, lo que no es incompatible con asistir a clases o… volver a suspenderlas si los acuerdos no se cumplen. Si el gobierno se opone a legislar sobre un plebiscito para la educación, que al menos no se oponga a que se pronuncie el parlamento en materias de ley, poniéndose a disposición –ya que no parece dispuesto hasta aquí a participar en ellos en su defensa cerrada de la educación mercantil- de los consensos que emanen del diálogo razonado entre estudiantes, profesores y representantes parlamentarios.

 Se trata de salir del actual callejón sin salida en base a respetar lo que la sociedad piensa (en la calle y en las encuestas, que son inequívocas en el apoyo al fin del lucro en la educación) y probablemente también una mayoría de sus representantes parlamentarios: la educación debe ser el espacio social de la construcción de la vida en común y de la igualación de oportunidades, y no el de la segmentación social y la consagración de las desigualdades y la discriminación por dinero. No hay razones para no hacer una gran reforma que respete la voluntad de los ciudadanos.

Para terminar, otra cita, esta vez del economista François Perroux (no todos los economistas son unipolares o discípulos de Von Hayek): “Cuando el alto funcionario, el soldado, el magistrado, el sacerdote, el artista, el científico son dominados por el... espíritu de lucro y de búsqueda del mayor lucro, la sociedad se derrumba y toda forma de economía es amenazada. Los bienes más preciados y más nobles en la vida de los hombres, el honor, la alegría, el afecto, el respeto por el otro, no deben venir sobre ningún mercado; sin lo cual, cualquier grupo social vacila sobre sus bases”. 

El dilema de Piñera

La sociedad chilena arrastra un problema político que aún no encuentra salida: la obsolescencia de un arreglo institucional cada vez más ilegítimo. Este se hizo en base a una situación inicial de poder ilimitado del que dispuso un grupo social y político privilegiado, que además no cree en la democracia, o está dispuesto a adaptarse a ella solo en tanto sea fuertemente limitada la soberanía popular. Para lograr ese propósito, levantó, al amparo de una prolongada dictadura y una vez que no logró mantenerla indefinidamente, un muro de instituciones que impiden el ejercicio democrático. Fue el grupo minoritario que defendió a los senadores designados hasta que no pudo conservarlos por ser demasiado grotescos para los valores democráticos básicos. Es el grupo de poder que logra aún mantener sistemas electorales y quorum de leyes que impiden que funcione el principio de mayoría. Todo esto simplemente no es democrático y ha resultado un muro muy difícil de derribar, especialmente cuando una parte de la fuerza del cambio de los años ochenta se adaptó a la situación, morigerando el propósito inicial de democracia y equidad y en algunos casos haciendo de necesidad virtud y sumándose al esquema conservador.

El hecho es que sigue ahí el poder de la derecha agraria tradicional y su cultura autoritaria de la hacienda, complementado por el que acumuló con éxito un grupo integrista-religioso que se ha sentido llamado a dominar la escena política con todas las artes disponibles, incluyendo las peores, desde que se conformó como "movimiento gremialista". Y que ha tenido éxito por muchos años en condicionar la dificultosa reinstalación en Chile de una democracia moderna y progresista, que parece ser en definitiva la que prefieren los ciudadanos, desgastando gravemente a los partidos democráticos en su empeño por avanzar a una normalización institucional, al punto de lograr desplazarlos del gobierno. Salvo que una parte cada vez mayor de los chilenos, y en todo caso sus jóvenes, ya no está más dispuesta a tolerar un arreglo político arcaico, construido para mantener privilegios inaceptables, y se pronuncia en la calle con fuerza resonante en su contra, dándonos una lección a los que quisimos, pero no pudimos mantener la energía que el cambio democrático y social necesitaba.

El presidente Piñera en esta crisis política de 2011 tenía la oportunidad de demostrar las convicciones democráticas que dice tener, y de paso tal vez recuperar algo de la popularidad que le ha sido esquiva. Pero optó por desplegar el reflejo autoritario y violento de la derecha de siempre. En efecto, se vulnera "el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas" establecido por la constitución que nos rige, cuando el ministro Hinzpeter declara que "nuestro gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles en la Alameda, porque el tiempo las marchas se acabó". En las democracias, el tiempo de las marchas lo determinan los que quieren marchar, no el ministro del Interior, que se ha ganado el legítimo repudio de una generación completa de jóvenes que entienden que o se movilizan o nada cambiará en Chile. Y que deberá probablemente enfrentar una acusación constitucional en el parlamento por reprimir el derecho a manifestarse en vez de contener eficazmente al lumpen, como es su deber. Dicho sea de la paso, la respuesta ignara e inaceptable del señor Gajardo ("los métodos que hoy se ha aplicado hacia el movimiento por la educación pública, nos recuerdan a los métodos sionistas del apartheid"), solo merece un rechazo tajante, primero por confundir torpemente las cosas y sobre todo porque con el antisemitismo, después de las tragedias del siglo XX, no se juega. Y los mismos principios que nos llevan a condenarlo y a defender el derecho de Israel a existir, nos llevan a repudiar la violación de los derechos del pueblo palestino. En la izquierda, los tiempos del estalinismo y su paranoia contra los judíos no deben ser revividos por motivo alguno. La nuestra debe ser en toda circunstancia una sociedad tolerante hacia todos los cultos.

Pero los reflejos violentos de la derecha no quedaron ahí: su representante más arcaico, al punto que resulta con frecuencia risible, el señor Carlos Larraín, ha emitido una joya de declaración el sábado 6 de agosto: " no nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos, que están instalados muchos de ellos, desgraciadamente, en un Parlamento, que no supimos ganar". Y por si esto pudiera adjudicarse a la pasión política del tribuno, el intelectual oficial de la derecha, director del Instituto Libertad y Desarrollo, otro señor Larraín (Luis, en este caso) nos regala en una columna el mismo día con un "el gobierno no debe tirarle más carne a las fieras, porque estas serán insaciables" refiriéndose a los manifestantes. Se expresa una vez más la intolerancia y la descalificación de una derecha chilena que no dudó en el pasado en promover la destrucción de la democracia y las peores violencias y aberraciones y hoy sigue sin hacerse merecedora del calificativo de civilizada.

Frente a esta declinación autoritaria de la nueva manera de gobernar, el presidente siempre puede optar por otro camino: el de las reglas democráticas y el principio de mayoría, que quiere un cambio profundo de la educación. Nos encantaría que así fuera. Pero por el momento no queda más que la continuidad de la movilización de los que quieren que la sociedad chilena siga avanzando hacia un nuevo orden institucional que promueva los derechos propios de las sociedades democráticas modernas. La pregunta que el escritor israelí David Grossman aplica hoy a su sociedad ("¿porqué nos acostumbramos a la rapiña de las privatizaciones, que provocó la pérdida de la solidaridad, la responsabilidad, la ayuda mutua, el sentimiento de pertenecer a una misma nación?"))parece estar encontrando una respuesta en el mejor Chile, en aquel que no se había acostumbrado. 

¿Un conflicto sin fin?

El conflicto educacional sigue sin resolverse al cabo de más de dos meses. No parece haber acuerdo entre los actores del sistema sobre los problemas a enfrentar y, por tanto, tampoco sobre sus soluciones. Y no parece haber un diálogo real que permita llegar a acuerdo. Tal vez sea útil reseñar los temas en debate.

En materia de educación preescolar, sobre la que los actores sociales organizados insisten poco pues se sitúan en otros niveles educativos, está diagnosticado que su importancia es esencial para la estimulación temprana del niño y el desarrollo posterior de las personas, empezando por sus capacidades cognitivas y de aprendizaje. La cobertura es todavía baja, especialmente en las familias pobres, a pesar del esfuerzo de los últimos gobiernos y del programa Chile Crece Contigo de la presidenta Bachelet. Se requiere todavía un gasto adicional que, según Mario Waissbluth,  es del orden de 600 millones de dólares en inversión y 450 millones anuales de funcionamiento para alcanzar niveles aceptables de  cobertura. Esta reforma tendría además efectos muy positivos para la inserción de la mujer en el trabajo y para la distribución del ingreso. El gobierno no dice nada muy concreto al respecto. No hay que dejar este tema crucial en el olvido.

En materia de educación escolar, el gobierno propone diversas cosas salvo la esencial: disminuir la fragmentación del sistema escolar, para ayudar a disminuir la fragmentación de la sociedad y la ausencia severa de igualdad de oportunidades en Chile. Hoy el rendimiento está estrictamente relacionado con los ingresos de los padres y las escuelas no hacen la diferencia frente a esta ley de hierro. Esto se consolidaría en la propuesta del gobierno con un quinto sector, además del particular pagado, del subvencionado con financiamiento compartido, del subvencionado sin financiamiento compartido y del municipal, es decir un nuevo segmento que podríamos llamar de "educación desmunicipalizada por fracaso". Allí entrarían algunos liceos municipales con los alumnos con peores resultados, aumentando la lógica de ghetto y marginalidad e impidiendo cualquier mixtura social, que es la base para empezar a mejorar el sistema. Luego el gobierno nos explica que los que tendrían la tarea de ofrecer educación a los niños y jóvenes con más dificultades serían unos organismos públicos que dependerían no se sabe de quién: esto es un nuevo fracaso garantizado, mientras las escuelas subvencionadas lucrativas seguirían siendo muy lucrativas mediante transferencias sin control de recursos fiscales y seleccionarían, como lo hacen hoy burlando la ley, a alumnos más aventajados que los municipales y neopúblicos, consolidando mejores resultados sin hacerse cargo del avance educativo de los que más lo necesitan, terminando de desprestigiar a la educación pública. En ella estarían confinados los niños más pobres y con más desventajas relacionales, con el resultado de aumentar esas desventajas y la desigualdad social profunda que lacera a Chile. 

¿Por qué no tomar el toro por las astas y reformar en serio? Esto quiere decir en primer lugar que el sector particular pagado, sujeto al estricto cumplimiento programático y normativo del Ministerio de Educación, evolucione en el futuro sin subsidio público alguno, eliminando todas las exenciones tributarias que hoy lo benefician, que resultan carísimas para el Estado y que contribuyen a dejar al resto de los chilenos con subsidios educativos muy bajos. En segundo lugar, reformar en serio supone que las municipalidades transfieran a corporaciones educativas públicas regionales sus establecimientos escolares, que deben ser financiados según una dotación basal de equipamiento y otra variable de funcionamiento, terminando con la subvención por asistencia, que no hace sino castigar a las escuelas y liceos con alumnos con problemas. La corporación regional debiera mantener una planta de directivos escolares y profesores habilitados por el Estado (con estrictas pruebas obligatorias, anónimas y periódicas de habilitación, pues sin profesores que cumplan estándares adecuados no hay mejoramiento posible de la educación pública) y una proporción de profesores en práctica de acuerdo a las necesidades de los establecimientos. La contratación, promoción y remoción de docentes en base a evaluación debe ser responsabilidad de directivos escolares capaces de gestionar proyectos educativos de establecimiento, los que a su vez deben ser nombrados y evaluados por la corporación regional de educación pública, sujetas a la evaluación del gobierno regional y nacional y a las normas del Ministerio de Educación.

La educación escolar privada subvencionada por recursos públicos, debiera ser declarada definitivamente sin fines de lucro, pues nadie ha podido demostrar que algo bueno pueda emanar de la educación concebida como negocio, y en todo caso no resiste ningún criterio de justicia que se gane dinero con subsidios públicos. Múltiples expresiones de la sociedad civil pueden en cambio contribuir a la formación de las nuevas generaciones y asegurar el principio de libertad de enseñanza en el marco del derecho a la educación. Esta educación escolar privada subvencionada, con establecimientos firmemente regulados y supervisados, no debiera multiplicarse de manera inorgánica y en cambio recibir una asignación por alumno para gastos corrientes y otra para gastos de capital, con la contrapartida de la estricta sujeción a las normas del Ministerio de Educación y la expresa prohibición de discriminación en el acceso y permanencia de los alumnos. Este segmento de educación debe ser entendido como uno que mantiene fines públicos, aunque sea gestionado por entidades privadas sin fines lucrativos.

La educación superior técnica no debe seguir solo siendo impartida por entidades privadas, algunas de la cuales lo hacen hoy bastante bien. El Estado debe asumir su responsabilidad en esta área crucial para el desarrollo y crear Institutos Tecnológicos en cada región bajo dependencia de las Universidades públicas, con un fuerte sistema de becas que asegure gratuidad en el acceso a todos los jóvenes con capacidades suficientes para recibir una educación técnica. Las entidades privadas de esta área con fines de lucro no deben recibir recursos estatales.  

Las Universidades públicas y las privadas con fines públicos deben ser las únicas autorizadas a impartir enseñanza superior universitaria. Las con fines de lucro deben ser sacadas del sistema, puesto que existen aunque están prohibidas por la ley vigente, y sus alumnos transferidos al resto de las universidades. Las Universidades públicas deben recibir financiamiento de acuerdo a planes de desarrollo por área y mantener su carácter de organizaciones plurales y complejas, con un fuerte componente de investigación fundamental y aplicada y siempre sujetas a fiscalización externa rigurosa y examen periódico de resultados. Sus alumnos sin recursos y con profesiones de ingresos futuros bajos deben tener becas de cobertura completa y el resto un sistema combinado de beca y crédito fiscal único.

Reformas de este tipo suponen dos cosas: asumir como sociedad que la educación debe ser sustraída de la condición de mera mercancía y además estar dispuestos como ciudadanos a pagar con nuevos impuestos justos por una educación pública y/o privada con fines públicos de calidad y excelencia. Ni la libertad de enseñanza ni la pluralidad de esfuerzos educativos suponen la mercantilización que degrada a la educación. Y tratar, por integrismo ideológico, de seguir impidiendo lo que toda sociedad moderna hace a través de su presupuesto público en educación, no puede sino ser calificado de ceguera e irresponsabilidad. De las que traen graves consecuencias. Entre otras, la de mantener una sociedad inaceptablemente desigual y ... alimentar protestas periódicas en las calles de jóvenes justificadamente descontentos con una sociedad que no les ofrece un futuro. 

Razones para la Educación Pública

Toda la fuerza de la razón tienen los jóvenes que reclaman en la calle el reforzamiento de la educación pública y los parlamentarios que han planteado una reforma a la constitución para que los recursos públicos se orienten solo a las instituciones educacionales estatales o sin fines de lucro. Lo que en los últimos veinte años no logramos, y otros se empeñaron en que no lográramos, incluyendo a los que hoy gobiernan y que promovieron la destrucción de la educación pública, puede ahora cambiar de signo.

La educación es un bien económico caro que se transa en mercados. Más aún, las altas tasas de rentabilidad de la educación sugieren que ésta es, a medida que aumenta el nivel de escolaridad y educación superior, una inversión altamente atractiva para las personas. La adquisición individual de educación tiene una importante rentabilidad privada para quien decide invertir en ella, razón por la cual existe una amplia demanda por educación y una oferta diversificada de la misma: basta ver como en Chile la educación desde 1981 se ha mercantilizado como probablemente en ninguna otra parte.

La realidad de prácticamente todos los países del mundo, sin embargo, es que la mayor parte de la inversión en educación es realizada por el Estado, generalmente financiando sistemas públicos de enseñanza o subsidiando a los estudiantes.¿Por qué semejante contradicción aparente?

Un primer elemento de respuesta es utilitario: los individuos no gastan en educación tanto como les convendría por falta de recursos y dificultades de acceder a préstamos para financiarla.Esto justifica subsidiarla. Además, la educación es un bien privado que genera externalidades positivas y tiene una importante rentabilidad social: no beneficia solo a quien la recibe sino también, hasta cierto punto, a todos los demás. La educación puede mejorar la salud y el medio ambiente, reducir la pobreza y aumentar el emprendimiento. El aporte en capacidades humanas que provee la educación al crecimiento se manifiesta primordialmente a través del aumento en la productividad, al facilitar la adopción de tecnologías y procesos productivos más sofisticados y flexibles que elevan la competitividad y el potencial de crecimiento de las economías. Pero la educación dejada al mercado no es provista en niveles socialmente óptimos y se requiere gasto público que la haga llegar a toda la sociedad.

Un segundo argumento, el fundamental, no es utilitario sino ético y republicano: la educación es un instrumento central de la conformación de la convivencia colectiva que debe estar a disposición de todos, sin excepción. Independientemente de cómo cada sociedad valora de qué manera y en manos de quien debe ponerla a disposición, todos los gobiernos le dan a la educación básica el carácter de obligatorio, y algunos también la educación media, como Chile desde 2003. Al servicio de regímenes opresivos, la educación puede ser manipulada en su beneficio, pero en las naciones democráticas puede estimular la libertad, la cooperación y la convivencia civilizada. Bien concebida y administrada, la educación puede llegar, en palabras de Martha Nussman, a “formar ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos”.

Existen entonces sólidos fundamentos para masivos gastos públicos en la educación preescolar y escolar para socializar valores compartidos y permitir el acceso universal a conocimientos y competencias básicas, así como a la ciencia, las artes y humanidades. Y también para impartir a quienes están en condiciones de recibirla la enseñanza de la ciencia avanzada y la tecnología, proporcionando ayuda financiera a las personas competentes pero sin recursos en las universidades y centros tecnológicos, junto al financiamiento del bien público por esencia que constituye el conocimiento y su generación en condiciones de laicidad, pluralidad y eficiencia.

Chile ha avanzado en cobertura y logro educativos. La cobertura de la educación primaria es ahora casi universal, y los índices de logro en educación secundaria, media y superior han aumentado con rapidez. Un 64% de los jóvenes de 25 a 34 años ha completado al menos la educación media, es decir 20 puntos porcentuales más que la población de 45 a 54 años, situación más favorable que la de otros países de la región, como Brasil (50%) o México (39%). A su vez, un 11% de la población entre los 45 y 54 años ha completado la educación superior, mientras en la población de 25 a 34 años este porcentaje alcanza al 18%. Pero falta mucho: en países como Canadá y Corea, un 56% dentro de ese rango de edad ha logrado completar estudios superiores.

El gasto en educación sigue siendo bajo en los niveles escolares de básica y media en comparación con la OCDE (del orden de 4% contra 6-7% del PIB). Al mismo tiempo, la proporción de gasto privado es alta. La alta proporción del gasto educacional privado es una de las principales características del esquema educacional chileno, si se lo compara con el resto del mundo. En promedio, en los países de la OCDE el gasto público representa el 88% del gasto educacional total. En Chile, en cambio, el gasto público representa sólo el 51.4% del gasto educacional total, especialmente por el peso del gasto privado en educación superior y el desarrollo de esquemas de cofinanciamiento (como el financiamiento compartido en establecimientos subvencionados, gravísimo error cometido en 1994) aunque la inversión pública en educación se haya expandido continuamente desde 1990. Según el último informe de la OCDE en la materia, “esto indica que es necesario dedicar más fondos públicos a la educación en Chile. Debido a la alta desigualdad en el ingreso y la fuerte segregación socioeconómica de su sistema escolar, Chile necesita hacer más que otros países para ayudar a los niños con medios financieros limitados.”

Tomemos esta recomendación en serio.

Chile debe terminar con el confinamiento de los estudiantes pobres en la educación municipal y proceder, con una razonable transición, a una reestructuración del sistema escolar a) eliminando los aportes fiscales a las escuelas con fines de lucro, que hoy tienen altas utilidades, lo que es un despilfarro injustificable; b) terminando con el financiamiento compartido, y c) estableciendo corporaciones educativas públicas, de carácter regional, que administren profesionalmente las escuelas públicas y controlen la entrega siempre reversible de recursos a las escuelas no estatales sin fines de lucro a cambio del cumplimiento de estándares de calidad y no discriminación, bajo la estricta supervisión de la Superintendencia de reciente creación, pero que carece de medios reales para rectificar las malas prácticas educativas.

Chile debe además terminar con un sistema de educación superior que permite que dos tercios de los universitarios estén matriculados en entidades con, en la práctica, fines de lucro  –lo que ha permitido a unos pocos amasar considerables fortunas con recursos de los que menos tienen- y carentes de calidad y perspectivas ocupacionales, cuya perspectiva más cierta es la de cargar con un alto endeudamiento a muchos estudiantes que provienen de las familias más pobres. Los estudiantes de menos recursos deben ser apoyados mediante becas para cursar estudios en universidades públicas, que deben ser ampliadas sustancialmente y reformadas en su gobierno interno para aumentar su excelencia, y en universidades con fines públicos sin fines de lucro. Así, la educación, ahora masificada, podrá ser el canal de integración social, promoción de la convivencia republicana y factor de desarrollo que siempre debió, en lugar de mercantilizarse, apuntar a ser.

A los que legítimamente se pregunten porqué estas ideas no se promovieron antes, me permito señalarles que en mi caso las he promovido siempre, como consta en artículos y libros de larga data, aunque manifiestamente sin éxito. Ojalá la actual generación, con sus movilizaciones y justas demandas, logre los cambios sustanciales que son más que nunca indispensables.

Hacia un cambio de folio en energía

La magnitud y persistencia del rechazo al proyecto HidroAysén provocan una cierta consternación en el mundo de la empresa y de la tecnocracia, y de paso en el gobierno, que actualmente vienen siendo más o menos lo mismo. Falta de información, en el mejor de los casos, desinformación (mal) intencionada, en el peor: la respuesta estándar es que los que protestan y los que se oponen “no entienden”.  Y que habrá que seguir adelante sin cambiar nada.

Solo se ha escuchado tenuemente desde las autoridades en los temas de energía la idea de la “inviabilidad política” de persistir en la energía nuclear. Como estamos en Chile, nunca nadie dijo que se había tomado la opción de promoverla, pero más allá de los eufemismos en eso estaban (“estudiándola”)  Zanelli y Tokman y luego Piñera y Golborne.  Ahora nadie asume expresamente su eventual abandono, solo se insinúa, aunque no sin dejar puertas abiertas por si en el futuro se reabren ventanas de oportunidad. Desde el campo corporativo y tecno-burocrático se ha sostenido que lo de Fukushima está siendo exagerado. Que no hay ningún muerto por radiación directa y que otras fuentes de energía son mucho más mortíferas, como el carbón y sus miles de víctimas por explosiones. 

A pesar de su sentido común, estas afirmaciones no consideran que, como observa Stéphane Foucart, el accidente japonés no es ya solo industrial, es un “accidente de civilización”. Desde el siglo 19, Occidente se ha afirmado como la civilización tecnocientífica por excelencia, con impresionantes resultados en la innovación tecnológica como motor económico. Pero cometió el error de asimilarlo unívocamente al progreso humano, con la promesa de dominio sobre la naturaleza y de bienestar material creciente, justificando incluso las desigualdades y hasta la ausencia de libertades. El progreso técnico descontrolado terminó primando por sobre cualquier otra consideración ética, política, social o cultural.

Con el drama japonés se ha roto en alguna medida esa promesa y aumentado la desconfianza hacia creaciones científicas que pueden escapar al control humano. Y ahora Fukushima es el nuevo símbolo de las limitaciones humanas, con super especialistas que no logran prever cosas bastante simples como mantener energía de respaldo para refrigerar reactores ante un tsunami. Una cultura tecnológica avanzada como la de Japón no logró impedir que el norte de ese país esté ahora bajo la amenaza de partículas invisibles e incontrolables que emiten radiaciones tóxicas y que se dispersan según los vaivenes de los vientos y las mareas, con vastas áreas deshabitadas en estado fantasmal. Y no ha logrado que los creadores de los reactores puedan retomar su control: por ahora nadie puede acercarse a ellos bajo amenaza de muerte, dotados como están de una suerte de autonomía por varios meses y a más de dos mil grados de temperatura. Un terremoto, una tempestad, una explosión de grisú, son accidentes de la naturaleza dramáticos pero con los que más o menos se convive en tanto se entienden como fatalidades. Convivir con tecnologías y creaciones humanas que se pueden descontrolar es menos aceptable, ya sea desde los recónditos temores irracionales o desde el muy racional principio de precaución. La energía nuclear va dejando de ser una tecnología que sea posible de concebir como una aliada por las sociedades humanas.

Algo semejante es lo que empezó a ocurrir en Chile con las megacentrales hidroeléctricas, que dejan de entenderse como aliadas para la generación limpia y barata de electricidad. Se entienden, y eso no es “desinformación” sino una valoración social legítima,  como portadoras de la destrucción local irreversible de un medio ambiente digno de preservarse y como factores de alteración de miles de kilómetros de paisaje. Más aún, con todos sus medios propagandísticos Hidroaysén ha logrado ser la expresión de la arrogancia tecnocrática que la sociedad rechaza. Y también de un cierto engaño: súbitamente las objeciones a los embalses por parte de los servicios especializados -lo que al menos el gobierno anterior había respetado con creces- desaparecen con el cambio de administración. Se persiste en evaluar separadamente y más adelante el sistema de transmisión, como si no se tratara de un mismo proyecto. Y ocurre que a los chilenos, que como sabemos son bastante desconfiados,  no les gusta que los engañen, ni menos grandes empresas que en este ámbito, como en muchos otros, campean sin contrapesos reales. Muchos chilenos no conocen el detalle del proyecto Hidroaysén, pero conviven diariamente con los grandes o pequeños abusos de los prestadores privados de servicios y presumen que probablemente la situación es aquí semejante: las grandes empresas involucradas hacen más o menos lo que quieren.

Nadie cuestiona que la hidroelectricidad es una opción válida si se desarrolla con turbinas de pasada o bien se sustenta en embalses razonables que no alteren brutalmente los ecosistemas y las culturas originarias; si utiliza líneas de transmisión que no destruyan patrimonios naturales considerables; si se asocia al desarrollo local. Lo que definitivamente no es una opción respetable es seguir tratando a los chilenos como ciudadanos que “no entienden”, o reprochar a los críticos eventuales “apoyos extranjeros” cuando la empresa  bajo crítica es sumamente extranjera. Y sobre todo cuando se desecha con argumentos baladíes las energías no tradicionales y se mantiene a los hogares y a las empresas sometidas a una de las energías eléctricas más caras del mundo.

Nuestros tecnócratas debieran al menos partir por reconocer en este aspecto su fracaso si quieren volver a ser escuchados por la opinión pública: tenemos una energía cada vez más cara y más contaminante. Y no seguir con la falacia de los costos: el falso mito de que la producción eléctrica con nuevas energías renovables es más cara que la procedente de energía nuclear o de combustibles fósiles. En particular, si incluimos en los costos de producción nuclear y en las mega represas los efectos de la construcción, el procesamiento de residuos, los seguros de responsabilidad civil y de daños ocasionados por desastres y el valor de los paisajes dañados,  estas energías resultan ser mucho más costosas que otras opciones menos dañinas ambientalmente. Su costo debe compararse con la generación eléctrica con diesel. mucho más cara que la que resultaría de incorporar opciones renovables.

Las energías renovables no convencionales, de las que Chile está privilegiadamente dotado, deben ser la base de la transición hacia un nuevo modelo energético sustentable  y limpio. Ese es el enfoque que debiera tomar el gobierno y no seguir imponiendo proyectos porque "así  lo quiere el mercado". Peor aún,  Golborne ha rebajado completamente el compromiso de 20% de generación con Energías Renovables No Convencionales  en 2020 tomado por Piñera: “menos del 3% de la energía proviene de la Energías Renovables No Convencionales, y menos del 4% de los proyectos en construcción son de ENRC. Por ello, espero al terminar el mandato poder decir señores el 15% a 20% de los proyectos de generación eléctrica son renovables no convencionales". Con ese tipo de declaraciones, siendo notable el “por ello” y el "espero", no es de extrañar que tantos chilenos estén en la calle protestando contra HidroAysén, pues los ministros están para tomar decisiones conducentes a cumplir los compromisos adquiridos o bien para hacerse cargo de su modificación.

21 de mayo: anuncios, letanía y tensión

En Blog Cooperativa

Los discursos del 21 de mayo no son exactamente literatura exaltante. Aunque podría no ser así, tienen un componente de letanía que los hace poco atractivos.

Los presidentes tienen la opción de dar cuenta de su tarea y de sus programas futuros con cierta exhaustividad, y entonces resultan larguísimos, porque el Estado de Chile hace muchas cosas en muchas áreas. O bien avanzan rápido, lo que los que lo escuchan agradecen. Pero si no logran expresar visiones convocantes y delinear lo principal de la tarea de gobierno, resultan superficiales y propagandísticos.

Aunque hubo afirmaciones interesantes, no escapamos hoy a la letanía ni a la propaganda.

La reconstrucción, la economía, el empleo, la seguridad, la educación, la salud, la pobreza, la modernización del Estado fueron vistos por Sebastián Piñera con los ojos de la complacencia. A los pobladores de Dichato, en donde no hay una sola casa reconstruida, tal vez los recorrió alguna irritación.

En materia de educación superior hubo anuncios interesantes, como crear la subsecretaría de educación superior, reprogramar deudas del fondo solidario, expandir becas a la educación técnica. Pero la visión privatista es siempre la que prevalece: en vez de eliminar el Aporte Fiscal Indirecto, que canaliza recursos en base al puntaje en la PSU de los alumnos que ingresan, y por tanto valida la desigualdad en la educación superior, se anuncia que se mantiene con variaciones marginales.

Nada parecido a un plan de desarrollo de la educación estatal y con vocación pública al servicio del desarrollo del país. Una ocasión perdida.

Importantes son las reafirmaciones de la construcción de hospitales y consultorios de excelencia, el fin de las listas de espera Auge, el bono familiar de 38,5 mil pesos para 130 mil familias o bien doblar los subsidios habitacionales para terminar con los campamentos.Pero sobre el grave conflicto con el Senado respecto al postnatal no se dijo casi nada. Y sobre la eliminación parcial del 7% de cotización de salud de los jubilados, poca explicación sobre la distancia entre lo prometido y lo ofrecido en el proyecto de ley. Y sobre el multirut de empresas que inhibe la negociación colectiva, nada.

El perfeccionamiento democrático recibió algún tratamiento, reafirmando el apoyo a la inscripción automática y voto voluntario, pero no dijo nada que resuelva el conflicto sobre la restricción del voto de los chilenos en el extranjero.

Importante es el anuncio de apoyar una legislación sobre primarias para que los partidos escojan sus candidatos y el apoyo a la elección directa de consejeros regionales, así como crear el Ministerio de Cultura (y, tal vez más importante, 5 teatros regionales y 51 centros culturales) y el Ministerio del Deporte. Que se cree una subsecretaría de derechos humanos es también digno de ser saludado. Sobre uniones legales entre homosexuales, nada: en Chile los conservadores siguen ganando.

En materia de política exterior, respecto a la cuasi ruptura con Bolivia el presidente no dijo nada útil. Y respecto al conflicto con Perú, solo formalidades. Y ninguna explicación sobre el giro a una política exterior ideológica con la creación de un nuevo bloque con gobiernos de derecha en América Latina, lo que es un gran error pues debilita el vínculo necesario con Brasil y Argentina y la vocación latinoamericana que debe tener nuestra política exterior.

Con lo que subió la temperatura fue con la defensa de Piñera de HidroAysén.

Quedó claro que pone al medio ambiente enfrentado con el desarrollo y la reducción de la pobreza, lo que es otra vez un grave error. Señalar que las nuevas energías renovables no son una opción porque son hoy marginales, y así justificar las mega-represas que destruyen irremediablemente ecosistemas y paisajes, es simple mala fe intelectual.

Justamente se trata de que ¡dejen de ser marginales!

Cuando el presidente señala que descarta la energía nuclear pero no seguir estudiándola, uno no sabe a qué atenerse, salvo mantener la sospecha de que se trata de estudiar como incorporarla…

El exhorto final expresó una suerte de temor al debate, que no tiene porqué ser incompatible con cuidar la unidad y las instituciones.La alusión a Dios, fuera de lugar en un país laico.

Finalmente, la censura en la transmisión televisiva oficial a las expresiones de protesta, lamentable. Expresa más que mil palabras como algunos no creen en la democracia que Chile necesita.

Las reformas laborales pendientes

En el mes de Mayo suele relanzarse la discusión pública sobre las relaciones laborales en Chile. Prácticamente nadie se manifiesta satisfecho con el statu quo. Los argumentos de las partes son en general conocidos de antemano y no varían demasiado de año en año: el mundo empresarial insiste en que en Chile falta flexibilidad laboral y los trabajadores sindicalizados subrayan que, por el contrario, existe un exceso de flexibilidad laboral, con normas de protección a la estabilidad del trabajador insuficientes, y que además con frecuencia simplemente no se cumplen.
Por ello es interesante citar un reciente informe de la OCDE sobre Mejores políticas para el desarrollo. Perspectivas OCDE sobre Chile, 2011, que aporta una visión externa: “los indicadores sugieren que el empleo informal en Chile permanece alto en relación al estándar de la OCDE, aunque va a la baja y es menor que en la mayoría de América Latina. Cálculos basados en la encuesta CASEN sugieren que cerca de un tercio de los trabajadores chilenos no está afiliado ni contribuye a la seguridad social. La cantidad de trabajadores sin contrato cayó durante la década pasada, pero su participación en el empleo total fue aún alta, de 19% en 2009.” La OCDE establece un juicio bastante lapidario sobre el clima laboral: “las relaciones laborales en Chile suelen ser de enfrentamiento y estar viciadas por falta de confianza, factor cada vez más problemático para el desarrollo de una versión chilena de `flexiguridad`. Esto se debe en parte a la limitada afiliación a sindicatos y asociaciones comerciales. Por ejemplo, la membresía sindical representó sólo 12.5% de la población activa en 2009, y se concentra en empresas grandes y sólo en algunos sectores, en particular la minería.” Y agrega sobre el cumplimiento de las normas: “como en casi todos los países, el principal organismo de aplicación de las leyes laborales, la Dirección del Trabajo, tiene recursos limitados y sólo participa en disputas reportadas y quejas específicas. Por la limitada cobertura de los sindicatos, muchos trabajadores permanecen vulnerables a las violaciones a las leyes laborales y recae en ellos la carga de verificar que la ley se aplique de manera correcta y si se pagan las contribuciones al seguro social. Las reformas recientes facilitan los procedimientos legales para llevar a juicio los casos laborales, pero es esencial un mayor reforzamiento de la Dirección del Trabajo para reducir costos y extender los beneficios a un grupo más amplio de trabajadores”.
Es importante abundar en la idea de “flexiguridad”: no se trata solo de permitir a las empresas ajustar el volumen y modalidades de empleo de la fuerza de trabajo, es decir el componente de flexibilidad indispensable para que las unidades productivas puedan adaptarse a las cambiantes circunstancias económicas, sociales y tecnológicas en que se desenvuelven. También se trata de otorgar a los asalariados una capacidad de mantener sus ingresos básicos más allá de las circunstancias que viven las empresas que les proveen un contrato de trabajo, es decir el componente de seguridad en la relación laboral y en la percepción de ingresos.
Este es un caso en que deben intervenir políticas públicas concretas para que los asalariados no estén a merced del poder privado. En particular, los dueños de las empresas no pueden hacer lo que quieran si esto se traduce en un poder de dominación y en perjuicios a terceros. Su explicable aspiración a la irrestricta "flexibilidad laboral" tiene como motivación la maximización de utilidades propia de la libertad de mercado. Pero esta no es ni podría ser el único valor fundante de la regulación social moderna: la política laboral se propone disminuir las asimetrías de poder económico de mercado entre empleadores y asalariados y es siempre, inevitablemente, un conjunto de restricciones a las empresas. Los empleadores dominan la relación laboral, salvo casos y circunstancias muy excepcionales, y su poder debe ser regulado. También debe serlo el radio de acción de los sindicatos, procurando que su actividad legítima no ponga en peligro la supervivencia de la empresa ni afecte ilegítimamente a terceros. En las sociedades modernas, los actores sociales se adaptan a estas restricciones. Y la empresa asume el eventual costo económico que resulta de reconocer contrapartes sociales, como debe asumir diversos costos de producción así como la existencia de competencia y restricciones sanitarias, ambientales y de uso del espacio. El sistema político debe, por ello, establecer que la relación laboral incluya la obligación para el empleador –privado o público, con o sin fines de lucro- de contratar a su personal con normas que aseguren un núcleo básico de derechos en el trabajo, es decir el derecho a formar sindicatos, incluso en empresas pequeñas, para negociar colectivamente las condiciones de trabajo, en y más allá de la empresa;  recurrir eventualmente en la negociación colectiva a la huelga, sin reemplazantes que la hagan inefectiva; disponer de un salario base no inferior a un mínimo legal y participar de las utilidades (gratificaciones); no sobrepasar horarios máximos diarios; cobrar con prima las horas extraordinarias autorizadas; contar con higiene y seguridad en el lugar de trabajo; imposibilitar la renuncia al descanso dominical, vacaciones y feriados; capacitarse y acceder a mecanismos de formación permanente; ser respetado en sus derechos cívicos en el lugar de trabajo y por tanto no ser sometido a trato arbitrario mediante prohibición de toda discriminación política; étnica, de género o de orientación sexual en la contratación y el empleo; no ser despedido sin expresión de causa y sin ser debidamente indemnizado. Además, las empresas y administraciones deben ser impedidas de dañar la salud humana; atentar contra los ecosistemas; no respetar el entorno urbano y sustraerse de obligaciones con los consumidores.

Este conjunto de reglas puede considerarse antieconómico, y de hecho así lo hace la corriente económica liberal y una parte del mundo empresarial. Incluso si este argumento se diera por bueno, debe prevalecer otra dimensión, aunque tenga un costo económico: el establecimiento de bases civilizadas de convivencia social. La abolición de la esclavitud, en su momento, también fue considerada antieconómica. Las experiencias con los resultados económicos y sociales de la negociación colectiva en el mundo son casi tan diversas como las características de sus reglas e instituciones. Lo que, sin embargo, según recalca la OIT, es un hallazgo reiterado de los estudios internacionales es la asociación entre negociación colectiva y desigualdad de ingresos. Mientras mayor la cobertura y el grado de coordinación de la negociación, menor tiende a ser la desigualdad de ingresos en una sociedad. Asimismo, estudios del Banco Mundial y de la OCDE llegan a la conclusión que una mayor cobertura de la negociación colectiva está asociada con una menor dispersión de los salarios, una menor brecha entre salarios de trabajadores calificados y no calificados, así como una menor brecha de salarios entre hombres y mujeres.

Pero cabe hacerse un pregunta: reglas laborales fuertes, además de contribuir a una mayor equidad, ¿forman parte efectivamente de un enfoque antieconómico? Existen buenos  y documentados argumentos para afirmar que la creación de un clima laboral cooperativo, la formación y retención del capital humano en la empresa con normas que inhiban la alta rotación y una relación constructiva con el entorno son en el largo plazo un gran factor de aumento de la productividad, de creación de valor, de reputación corporativa frente a los consumidores y de… maximización de utilidades.  La negociación bien concebida también contribuye a la gobernabilidad, a través de acuerdos entre los actores sociales, especialmente en situaciones de crisis, y a mejores condiciones de trabajo y de salud ocupacional a través de diagnósticos y soluciones compartidos. La negación de la negociación colectiva por el mundo empresarial chileno, y sus expresiones irrisorias como el uso generalizado de “multirut” para segmentar al máximo las relaciones laborales, son entonces un grueso error con consecuencias de largo plazo para el desarrollo del país. Explican en medida importante los niveles de desigualdad, la baja formación de capital humano en la empresa y las tensas relaciones laborales existentes en las que nadie gana.