En las últimas semanas el “conflicto mapuche” ha agregado un nuevo episodio con la huelga de hambre de miembros de ese pueblo procesados o condenados bajo la ley anti-terrorista. Este no puede entenderse desde una perspectiva de orden público y no puede hacer abstracción de su origen histórico. Los españoles llegaron en el siglo XVI a un territorio habitado por varios centenares de miles de personas de etnias diversas y con predominio de lo que se conocería más tarde como pueblo mapuche. Cuando partieron solo quedaban unos noventa mil, según el censo de Ambrosio O'Higgins. El pueblo mapuche llegó a habitar entre el río Choapa en el norte y la isla de Chiloé en el sur y evolucionó incluso hacia las pampas argentinas, sin perjuicio de la presencia aymara y de los atacameños en las pampas del norte, de los changos en la costa norte, de los chonos de Chiloé al sur, y de cuatro pueblos que habitaban el extremo austral del país, los sélknam, los aónikenk, los yámana y los kawéskar, Los mapuche del norte detuvieron primero la expansión del imperio Inca. Luego resistieron la conquista española, lo que se conoce a través del poema épico "La Araucana", en el que Alonso de Ercilla describe la magnitud del conflicto y la eficacia militar indígena. Se produce entonces lo que en ninguna otra parte de América Latina: la derrota y muerte en combate del conquistador y gobernador español, Pedro de Valdivia, en 1553, y una prolongada resistencia bélica de los mapuches. Esto no impidió la derrota de los ejércitos de Lautaro en 1557 y luego de sus sucesores dada la superioridad de la tecnología militar española (en especial el arcabuz y la pólvora) y el impacto de las nuevas enfermedades. En los primeros cincuenta años de contacto con los españoles se habría producido la muerte de dos tercios de la población originaria de Chile y la destrucción de la sociedad ribereña organizada en aldeas en los ríos del sur. No obstante, el conflicto se estabilizó en un "modus vivendi" con el pueblo mapuche, cuyos diversos jefes de familias extendidas al sur del río Bío-Bío pactaron con la Corona una relativa autonomía a través de “parlamentos”, el más conocido de los cuales fue el de Quilín celebrado en 1641. Junto a intercambios basados en trueques con la economía colonial, el territorio mapuche en el centro-sur del país se mantuvo bajo el dominio de este pueblo sin estructuras políticas estables, con una economía basada originalmente en la pesca, recolección y algunas siembras y más tarde en la explotación ganadera de su territorio, pero que nunca llegó a estar organizado en un Estado-nación ni adoptó los sistemas agrícolas andinos basados en el riego que suponían algún grado de centralización.
En el ideario de los próceres de la independencia de Chile existió una visión romántica sobre el mundo indígena. Los libertadores latinoamericanos, muchos de los cuales se agruparon en la “Logia Lautaro” creada por Francisco de Miranda, entendían que este mundo fue objeto de un desplazamiento y despojo y admiraban su capacidad de resistencia. Bernardo O'Higgins estableció al proclamarse la independencia en 1819 la libertad de los indígenas y su igualdad con el resto de la población chilena. Los mapuche no se sumaron sino parcialmente a los criollos y siguieron viviendo en sus territorios al sur del Bío-Bío con acomodos en sus sistemas de producción e intercambio de frontera. Por su parte, el extremo sur, aunque pretendido por los españoles, no había sido verdaderamente ocupado por la Corona y se mantuvo en la práctica como territorio indígena hasta avanzado el siglo diecinueve. Si bien el Chile republicano estableció en 1843 una guarnición en el estrecho de Magallanes, fue a través de alianzas con la población indígena que la influencia chilena en la Patagonia creció de lado y lado de la cordillera, en especial mediante el comercio de ganado. Hasta la década de 1870 Chile reclamaba para sí toda la Patagonia al sur del río Negro. La guerra de Chile con Perú y Bolivia de 1879-84 cambió la situación. En el lado argentino se gatilló la llamada Conquista del Desierto por el general Roca: las fuerzas argentinas ocuparon los territorios indígenas hasta el río Negro, en una campaña iniciada días después de la declaración de guerra de Chile a Bolivia.
A esta presión por el lado argentino se agregó por el lado chileno que el gobierno en 1866 había declarado como fiscales las tierras indígenas y dado inicio a distribuciones a colonos y criollos en medio de la conformación de una economía cerealera orientada a la exportación complementaria de la actividad minera del norte. La ocupación militar de la Araucanía, en una trágica, codiciosa y miope decisión, comenzó en 1881. El ejército chileno, una vez conquistados los territorios a Bolivia y Perú, fue orientado al desplazamiento violento de los mapuches de sus tierras ancestrales. Se puso en marcha el proceso de radicación en reducciones a través del otorgamiento de "títulos de merced" en unas 510 mil hectáreas (el 6 por ciento de su territorio). El resto de las tierras, las más ricas, fueron entregadas a colonos nacionales y extranjeros, a título gratuito en el caso de estos últimos. Dadas las concepciones eurocéntricas de la élite de la época, se entendía que había que traer a Chile alemanes, y también franceses e italianos, que podían colonizar la selva templada del sur y transformarla en un territorio agrícola. Se estima que la mitad de los mapuche fueron desplazados hacia zonas de la costa y la montaña. Dejó así de existir el territorio indígena con una cierta autonomía de hecho. En el extremo sur, cuya población originaria alcanzaba a fines del siglo XIX unas diez mil personas, se produjo un exterminio en el siglo XX: los sélknam y aónikenk terminaron por desaparecer, en tanto los yámana y kawéskar apenas sobrevivieron.
Dos conflictos permanecen fruto de este proceso de “conquista interior”. El primero es que una parte de la población indígena no recibió títulos, y sin embargo siguió residiendo en los mismos lugares. Durante más de un siglo hubo un choque permanente con quienes iban recibiendo títulos legales de parte del gobierno de manera legal o fraudulenta. También se instaló un conflicto con el Estado chileno respecto de las propias tierras entregadas a los indígenas. Las comunidades mapuches recurrieron con frecuencia ante los tribunales con documentos de mercedes de tierra otorgados por el Estado de Chile, en contraste con lo progresivamente establecido en sentido contrario por los registros de propiedad de bienes raíces de manera poco ortodoxa en beneficio de terratenientes no indígenas. Se cambió el carácter de un tercio de esas mercedes de tierra, aumentando la expoliación de la población mapuche. Estas situaciones han sido y son la fuente de un conflicto que no proviene ya de la conquista del territorio mapuche de origen colonial, sino que tiene origen en la conducta del Estado chileno al servicio de las nuevas oligarquías dominantes.
Este proceso se entronca en el siglo XX con dos grandes corrientes en el mundo indígena. La primera busca la integración a la institucionalidad tradicional y conservadora del país en distintos ámbitos junto a una defensa de sus derechos adquiridos. Otra parte se vincula con movimientos que se identifican con el ideario socialista y laico que proviene de Europa y forma parte de organizaciones sindicales y partidos políticos de izquierda. Este proceso no estuvo exento de una cierta incomprensión mutua, que favoreció una inclinación electoral hacia la derecha. En los años sesenta se inició el proceso de la reforma agraria destinado a redistribuir tierras del gran latifundio tradicional en beneficio de los trabajadores de la tierra. El tema indígena se subsumió en el tema campesino. El proceso se aceleró desde 1967, y muy en especial en el período de Salvador Allende, que culmina una rápida reforma agraria. Se produce además un fenómeno de tomas ilegales de tierras, incluyendo grupos indígenas que reclamaban sus derechos. Este proceso termina trágicamente cuando el presidente Allende es derrocado por una dictadura militar que desata una contra-reforma agraria drástica y una represión violenta en las zonas donde se habían producido las mayores movilizaciones autónomas de campesinos y de indígenas, con el resultado de muertes, fusilamientos, exilios y la desarticulación de las organizaciones de campesinos e indígenas. En el año 1979 se estableció la desaparición del trato diferenciado de la propiedad territorial indígena para subdividir las comunidades y entregar títulos de propiedad individual, que, sin embargo, solo podían ser objeto de venta 20 años después de entrados en vigencia los Decretos Leyes 2568 y 2750. Se produce en una década la disolución legal de la casi totalidad de las comunidades.
La vuelta a la democracia incluyó la búsqueda de un nuevo trato con los pueblos indígenas. La nueva coalición elaboró, antes de asumir el gobierno, una propuesta que asumía como válidos muchos de los planteamientos formulados por las organizaciones indígenas en octubre de 1989 en Nueva Imperial, en el Encuentro Nacional Indígena con el candidato presidencial Patricio Aylwin. En él se suscribió un Acta mediante la cual los representantes de los pueblos originarios se comprometían a apoyar los esfuerzos del futuro gobierno en favor de la democratización del país y a canalizar sus demandas a través de los mecanismos institucionales. La coalición de gobierno, a su vez, se comprometía a obtener el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con la participación activa de estos pueblos, y crear una Comisión Especial con participación de los distintos pueblos para estudiar una nueva legislación sobre la materia. El balance más de 20 años después es que en tanto las organizaciones del mundo mapuche presentes cumplieron su palabra, el Estado chileno no la cumplió sino de manera incompleta, especialmente por la negativa de la oposición en el parlamento a otorgar el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. No obstante, se consolidó la propiedad indígena de la tierra y se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que contempla dos mecanismos: un consejo elegido por las comunidades y un director nombrado por la Presidencia de la República, que a su vez administra un fondo nacional de tierras y aguas. Se generaron así las condiciones para satisfacer al menos parcialmente las demandas ancestrales de reconocimiento de derechos sobre parte de las tierras indígenas.
Se configuró entre tanto una nueva generación de dirigentes, una parte de la cual asumió posturas radicales, identificada con la idea de la vuelta a la comunidad perdida y la creación de una Nación Mapuche. Un grupo asumió incluso la lógica de la "acción directa" con tomas de fundos, quemas de casas y de propiedades forestales, con la consecuencia de acusados que están en prisión bajo proceso o condena. En este tema hay dos visiones. Una plantea que no se ha actuado con suficiente energía para mantener el orden público y se ha permitido un retroceso del Estado de Derecho y que por tanto se debe acentuar la represión. Otra visión subraya que se trata de una situación de conflicto frente a derechos no reconocidos, que existen personas que sienten que sus derechos están siendo violados y que están siendo acusados de hechos no constitutivos de delitos terroristas, sin cuya invocación estarían en libertad. La prudencia indica que, junto con hacer prevalecer el respeto a la ley democrática en condiciones no discriminatorias, y por tanto sin recurrir a las leyes antiterroristas de origen dictatorial de dudosa legitimidad, es necesario al menos que la democracia chilena ofrezca al mundo indígena lo comprometido o esbozado desde 1989: un reconocimiento constitucional aún pendiente, participación de representantes en el parlamento, la conformación de nuevas comunas con predominio indígena y de instituciones representativas propias, junto a programas masivos de desarrollo de los territorios indígenas y de la educación y salud interculturales.
En el ideario de los próceres de la independencia de Chile existió una visión romántica sobre el mundo indígena. Los libertadores latinoamericanos, muchos de los cuales se agruparon en la “Logia Lautaro” creada por Francisco de Miranda, entendían que este mundo fue objeto de un desplazamiento y despojo y admiraban su capacidad de resistencia. Bernardo O'Higgins estableció al proclamarse la independencia en 1819 la libertad de los indígenas y su igualdad con el resto de la población chilena. Los mapuche no se sumaron sino parcialmente a los criollos y siguieron viviendo en sus territorios al sur del Bío-Bío con acomodos en sus sistemas de producción e intercambio de frontera. Por su parte, el extremo sur, aunque pretendido por los españoles, no había sido verdaderamente ocupado por la Corona y se mantuvo en la práctica como territorio indígena hasta avanzado el siglo diecinueve. Si bien el Chile republicano estableció en 1843 una guarnición en el estrecho de Magallanes, fue a través de alianzas con la población indígena que la influencia chilena en la Patagonia creció de lado y lado de la cordillera, en especial mediante el comercio de ganado. Hasta la década de 1870 Chile reclamaba para sí toda la Patagonia al sur del río Negro. La guerra de Chile con Perú y Bolivia de 1879-84 cambió la situación. En el lado argentino se gatilló la llamada Conquista del Desierto por el general Roca: las fuerzas argentinas ocuparon los territorios indígenas hasta el río Negro, en una campaña iniciada días después de la declaración de guerra de Chile a Bolivia.
A esta presión por el lado argentino se agregó por el lado chileno que el gobierno en 1866 había declarado como fiscales las tierras indígenas y dado inicio a distribuciones a colonos y criollos en medio de la conformación de una economía cerealera orientada a la exportación complementaria de la actividad minera del norte. La ocupación militar de la Araucanía, en una trágica, codiciosa y miope decisión, comenzó en 1881. El ejército chileno, una vez conquistados los territorios a Bolivia y Perú, fue orientado al desplazamiento violento de los mapuches de sus tierras ancestrales. Se puso en marcha el proceso de radicación en reducciones a través del otorgamiento de "títulos de merced" en unas 510 mil hectáreas (el 6 por ciento de su territorio). El resto de las tierras, las más ricas, fueron entregadas a colonos nacionales y extranjeros, a título gratuito en el caso de estos últimos. Dadas las concepciones eurocéntricas de la élite de la época, se entendía que había que traer a Chile alemanes, y también franceses e italianos, que podían colonizar la selva templada del sur y transformarla en un territorio agrícola. Se estima que la mitad de los mapuche fueron desplazados hacia zonas de la costa y la montaña. Dejó así de existir el territorio indígena con una cierta autonomía de hecho. En el extremo sur, cuya población originaria alcanzaba a fines del siglo XIX unas diez mil personas, se produjo un exterminio en el siglo XX: los sélknam y aónikenk terminaron por desaparecer, en tanto los yámana y kawéskar apenas sobrevivieron.
Dos conflictos permanecen fruto de este proceso de “conquista interior”. El primero es que una parte de la población indígena no recibió títulos, y sin embargo siguió residiendo en los mismos lugares. Durante más de un siglo hubo un choque permanente con quienes iban recibiendo títulos legales de parte del gobierno de manera legal o fraudulenta. También se instaló un conflicto con el Estado chileno respecto de las propias tierras entregadas a los indígenas. Las comunidades mapuches recurrieron con frecuencia ante los tribunales con documentos de mercedes de tierra otorgados por el Estado de Chile, en contraste con lo progresivamente establecido en sentido contrario por los registros de propiedad de bienes raíces de manera poco ortodoxa en beneficio de terratenientes no indígenas. Se cambió el carácter de un tercio de esas mercedes de tierra, aumentando la expoliación de la población mapuche. Estas situaciones han sido y son la fuente de un conflicto que no proviene ya de la conquista del territorio mapuche de origen colonial, sino que tiene origen en la conducta del Estado chileno al servicio de las nuevas oligarquías dominantes.
Este proceso se entronca en el siglo XX con dos grandes corrientes en el mundo indígena. La primera busca la integración a la institucionalidad tradicional y conservadora del país en distintos ámbitos junto a una defensa de sus derechos adquiridos. Otra parte se vincula con movimientos que se identifican con el ideario socialista y laico que proviene de Europa y forma parte de organizaciones sindicales y partidos políticos de izquierda. Este proceso no estuvo exento de una cierta incomprensión mutua, que favoreció una inclinación electoral hacia la derecha. En los años sesenta se inició el proceso de la reforma agraria destinado a redistribuir tierras del gran latifundio tradicional en beneficio de los trabajadores de la tierra. El tema indígena se subsumió en el tema campesino. El proceso se aceleró desde 1967, y muy en especial en el período de Salvador Allende, que culmina una rápida reforma agraria. Se produce además un fenómeno de tomas ilegales de tierras, incluyendo grupos indígenas que reclamaban sus derechos. Este proceso termina trágicamente cuando el presidente Allende es derrocado por una dictadura militar que desata una contra-reforma agraria drástica y una represión violenta en las zonas donde se habían producido las mayores movilizaciones autónomas de campesinos y de indígenas, con el resultado de muertes, fusilamientos, exilios y la desarticulación de las organizaciones de campesinos e indígenas. En el año 1979 se estableció la desaparición del trato diferenciado de la propiedad territorial indígena para subdividir las comunidades y entregar títulos de propiedad individual, que, sin embargo, solo podían ser objeto de venta 20 años después de entrados en vigencia los Decretos Leyes 2568 y 2750. Se produce en una década la disolución legal de la casi totalidad de las comunidades.
La vuelta a la democracia incluyó la búsqueda de un nuevo trato con los pueblos indígenas. La nueva coalición elaboró, antes de asumir el gobierno, una propuesta que asumía como válidos muchos de los planteamientos formulados por las organizaciones indígenas en octubre de 1989 en Nueva Imperial, en el Encuentro Nacional Indígena con el candidato presidencial Patricio Aylwin. En él se suscribió un Acta mediante la cual los representantes de los pueblos originarios se comprometían a apoyar los esfuerzos del futuro gobierno en favor de la democratización del país y a canalizar sus demandas a través de los mecanismos institucionales. La coalición de gobierno, a su vez, se comprometía a obtener el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con la participación activa de estos pueblos, y crear una Comisión Especial con participación de los distintos pueblos para estudiar una nueva legislación sobre la materia. El balance más de 20 años después es que en tanto las organizaciones del mundo mapuche presentes cumplieron su palabra, el Estado chileno no la cumplió sino de manera incompleta, especialmente por la negativa de la oposición en el parlamento a otorgar el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. No obstante, se consolidó la propiedad indígena de la tierra y se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que contempla dos mecanismos: un consejo elegido por las comunidades y un director nombrado por la Presidencia de la República, que a su vez administra un fondo nacional de tierras y aguas. Se generaron así las condiciones para satisfacer al menos parcialmente las demandas ancestrales de reconocimiento de derechos sobre parte de las tierras indígenas.
Se configuró entre tanto una nueva generación de dirigentes, una parte de la cual asumió posturas radicales, identificada con la idea de la vuelta a la comunidad perdida y la creación de una Nación Mapuche. Un grupo asumió incluso la lógica de la "acción directa" con tomas de fundos, quemas de casas y de propiedades forestales, con la consecuencia de acusados que están en prisión bajo proceso o condena. En este tema hay dos visiones. Una plantea que no se ha actuado con suficiente energía para mantener el orden público y se ha permitido un retroceso del Estado de Derecho y que por tanto se debe acentuar la represión. Otra visión subraya que se trata de una situación de conflicto frente a derechos no reconocidos, que existen personas que sienten que sus derechos están siendo violados y que están siendo acusados de hechos no constitutivos de delitos terroristas, sin cuya invocación estarían en libertad. La prudencia indica que, junto con hacer prevalecer el respeto a la ley democrática en condiciones no discriminatorias, y por tanto sin recurrir a las leyes antiterroristas de origen dictatorial de dudosa legitimidad, es necesario al menos que la democracia chilena ofrezca al mundo indígena lo comprometido o esbozado desde 1989: un reconocimiento constitucional aún pendiente, participación de representantes en el parlamento, la conformación de nuevas comunas con predominio indígena y de instituciones representativas propias, junto a programas masivos de desarrollo de los territorios indígenas y de la educación y salud interculturales.
