Pregunta sobre un manifiesto

Un grupo de personas que se identifican con la Concertación ha entregado un manifiesto, lo que se agradece en tanto permite promover el debate de ideas sobre el futuro del país que tanto hace falta en la esfera política. Se trata de un grupo constituido por algunos dirigentes políticos y ex autoridades, algunos devenidos en jefes de empresas de lobby que, mediante pago por otras empresas, defienden profesionalmente intereses particulares buscando influir sobre las autoridades elegidas por el pueblo, y otros devenidos en empresarios o directivos de empresas, incluyendo algunos del dominio de la educación privada subvencionada. Pero hagamos un ejercicio de  abstracción de la proveniencia de los firmantes –difícil, es cierto-  y revisemos la idea central que inspira los temas y propuestas tratados. 

En efecto, resalta  la curiosa afirmación inicial del manifiesto de que “la identidad concertacionista dejó de ser diferenciadora, porque la hicimos identidad de todo el país: democrática, transformadora, garantía de gobernabilidad y sobre todo, comprometida con los problemas, dolores, sueños y protección de nuestro pueblo”. Impresionante noticia: ya las ideas autoritarias y neoliberales de la derecha no existen, ni los intereses empresariales que sustentan, ni que hayan bloqueado el sistema político durante más de dos décadas, impedido reformas tributarias y políticas sociales amplias, la recuperación de la educación pública, el acceso igualitario a la salud, el control nacional de los recursos naturales.  O la derecha neoliberal desapareció (pero ahí sigue su "obra", la de Guzmán y los Chicago Boys: la educación de mercado, la seguridad social y la salud privatizadas, la debilidad sindical y de la negociación colectiva, un sistema tributario limitado e injusto, la entrega de los recursos naturales y su depredación y el corolario de todo esto, la desigualdad generalizada), o los firmantes se acercaron a su ideas. ¿No será, en efecto. que los suscriptores del manifiesto dejaron de diferenciarse en lo sustancial de la derecha? ¿Y que esa es la causa fundamental de la derrota y progresiva descomposición de la Concertación? Hipótesis digna de análisis, sobre todo si se considera que la diferenciación entre las ideas e intereses de derecha y el programa de la Concertación de 1989 era evidente. Pero los autores del manifiesto están ahora en otra cosa. Luego de describir con justeza la magnitud de las desigualdades, limitan sus ambiciones a "avanzar en la igualdad de oportunidades". Esta es una idea tipicamente liberal de derecha, traducida vulgarmente como aquella de "emparejar la cancha": la igualdad de oportunidades es una de las inspiraciones de actuación minimalista contra la desigualdad. Pero existe otra distinta, y que es propia, con diversos matices, del socialcristianismo, de la socialdemocracia y del socialismo: la necesidad de consagrar la igualdad de resultados en determinadas áreas de la vida social. Hay ciertas cosas que deben ser iguales para todos y traducirse en "derechos del hombre y del ciudadano", más allá del rayado de la cancha y del rendimiento que en ella puedan lograr eficientes e ineficientes. La gran promesa republicana, retomada por la izquierda democrática y el progresismo en las sociedades modernas es que deben existir derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales por sobre el mercado,  y no solo correcciones menores del mercado.

Directamente contradictoria con este enfoque progresista es la afirmación de que "cuando se alcanzan ingresos per cápita de US$ 15.000, el crecimiento pierde fuerza como factor de cohesión social". Esta idea no es otra que la del derrame neoliberal  que pretende que se debe esperar que haya determinados niveles de riqueza para abordar acciones directas en favor de la cohesión social. Nada de eso estuvo en la formulación de la Concertación en 1989, que por el contrario se planteó modificar el statu quo socioeconómico con el PIB de entonces (recordemos aquello de que, ya que el "mercado es cruel", debíamos "crecer con equidad") como ya lo habían hecho los países hoy avanzados mucho antes y con mucho menos que 15 mil dólares de PIB por habitante. La revolución francesa no hubiera existido con semejante criterio, ni tampoco los Estados de bienestar modernos. Las palabras "redistribución del ingreso", "seguridad social", "negociación colectiva", "universidad pública" o "desarrollo sustentable" simplemente no existen en el manifiesto.

Al contrario de sus autores, habemos quienes seguimos adhiriendo al principio republicano de que los seres humanos somos iguales en dignidad, derechos y oportunidades, en ese orden. Y no por tener "alma de detractores" que "siempre encontrarán 'insuficiente` la obra de constructores de realidades nuevas" sino por adherir a algo que acompaña a la modernidad desde el siglo de las luces: el espíritu crítico que alimenta el alma humanista contra todo oscurantismo, todo dogma y todo interés creado que sustenta privilegios ilegítimos. Y que, a ese título, será crítico de la conservación pusilánime de realidades antiguas y encontrará siempre insuficiente lo que esté por debajo de las convicciones republicanas y democráticas y, necesariamente hoy, de la defensa del planeta para las nuevas generaciones. Y por supuesto en contra de la autocomplaciencia de aquellos que nunca han hecho avanzar a sociedad alguna porque carecen de la ambición de cambiarla o porque están imbuidos de un afán de reconocimiento que los lleva a adaptarse y pactar sistemáticamente con el orden existente.

Reformas tributarias en Chile y Francia

Publicado en El Mostrador 

http://www.elmostradormercados.cl/blogs/reformas-tributarias-en-chile-y-francia/

Una comparación entre las reformas tributarias que promueven, guardando todas las distancias y proporciones, Sebastián Piñera en Chile y François Hollande en Francia, es reveladora. Piñera avanza a una reforma tributaria con rasgos fuertemente regresivos, con la rebaja a los tramos altos del impuesto a la renta, al impuesto de timbres y estampillas y al impuesto específico a los combustibles, junto al crédito contra gastos privados en educación. Hollande, en cambio, en su programa presidencial llamado “60 compromisos”, busca reforzar la progresividad del sistema tributario francés, deteriorado luego de una década de gobiernos de derecha.

En primer lugar, Hollande se compromete a diferenciar la tasa del impuesto a las utilidades de las empresas en 35%, 30% y 15%, según su tamaño. Estamos lejos de la tasa de 20% mantenida por Piñera, cuya recaudación por lo demás constituye un crédito para el pago del impuesto a la renta de las personas, con lo que en definitiva transforma el pago del impuesto de primera categoría en un mero mecanismo recaudatorio del impuesto a las personas, contrariamente a la separación completa entre impuesto a las utilidades y a las rentas personales que existe en Estados Unidos y los países avanzados. Hoy, la tasa  normal en Francia es de 33,3 % para ventas superiores a 7,73 millones de euros, más 3,3% adicional cuando el impuesto supera 0,76 millones de euros y, temporalmente, otro 5% adicional para las empresas con ventas superiores a 250 millones de euros para los años 2011 a 2013. Para las empresas más pequeñas, con ventas inferiores a 7,73 millones de euros, existe una tasa de 15%, pero solo aplicable a los primeros 38 mil euros de utilidades.

Hollande propone además una nueva diferenciación de la tributación a las utilidades al plantear aumentar en 15% el impuesto a las utilidades de los bancos. Las sobreganancias oligopólicas de las que suele beneficiarse la banca justifican ampliamente una medida de este tipo, que en Chile en todo caso superan ampliamente los límites de lo razonable (por sobre 25% en la última década)  y nada se hace al respecto, ni en esta ni anteriores reformas.

Luego plantea Hollande que los ingresos personales provenientes del capital sean considerados como ingresos iguales a los del trabajo (por tanto sin exenciones ni tasas especiales como hoy ocurre con lo que se llama la Cotización Social Generalizada, un impuesto a la renta adicional que financia parte de la seguridad social establecido por Michel Rocard) para efectos de aplicar las tasas de un nuevo impuesto a la renta unificado. Estas son  tasas progresivas y diferenciadas que van desde 5,5% a partir de 5 964 euros anuales a 41% más allá de 70 830 euros anuales (para un soltero sin hijos, pues el ingreso se divide, con un tope, por el número de cargas).

Además, mientras en Chile Piñera plantea bajar la tasa marginal más alta de 40% a 36%,  Hollande se compromete a aumentar la progresividad del impuesto a la renta, agregando un nuevo tramo de 45% para los ingresos superiores a 150 000 euros, limitando las exenciones a no más de 10 mil euros de rebaja del impuesto al año y volviendo atrás en las rebajas pasadas sobre el impuesto a las grandes fortunas, impuesto establecido por Mitterrand en 1981. Y en la campaña planteó hacer tributar con una tasa de 75% los ingresos que excedan un millón de euros al año (lo que lleva a nada menos que 59% de los ingresos totales la tributación efectiva de los que ganan más de esa cifra), nivel de tasa marginal, dicho sea de paso, que existió en los países avanzados por décadas, incluido Estados Unidos,  pero que fue suprimido con la ola neoliberal a partir de los años setenta y ochenta. Así, los socialistas franceses avanzan en dirección contraria a lo que tanto se escucha en Chile, y no solo en la derecha, en materia de propuestas de “flat tax”, aquella idea de Milton Friedman orientada a quitarle toda progresividad al impuesto a la renta.

En efecto, ¿qué sentido tiene renunciar a una buena idea aplicada desde principios del siglo 20, y en Chile desde los años 1930, la de la tributación progresiva para que la desigualdad de ingresos se aminore? La lógica igualitaria en materia de tributos ha sido siempre diferenciar los impuestos para hacerlos progresivos, según el principio de equidad vertical (el que tiene más paga proporcionalmente más). En cambio, la reforma de Piñera rebaja las tasas del impuesto progresivo, con un único resultado: debilitar aún más la capacidad pública de corregir la desigualdad de ingresos en Chile, una de las más altas del mundo.

Una nueva reforma regresiva

No se conocen aún todos los detalles de la  reforma tributaria anunciada el 26 de abril por Sebastián Piñera. Pero queda claro que recaudará poco (del orden de 0,3% del PIB), y en este sentido todo el proceso ha sido de mucho ruido para bien pocas nueces. Se confirma que el paquete incluye  volver a llevar la tasa del impuesto a las utilidades de las empresas a 20%, pero sin alterar el que ese pago constituya un crédito para los impuestos personales (contrariamente a lo que ocurre en Estados Unidos y los países avanzados, en que se encuentran totalmente separados), junto a nuevas medidas regresivas. En efecto, en un país en que menos del 20% de las personas –las de más altos ingresos-  pagan el impuesto a la renta, y mientras el grueso de los impuestos proviene del consumo –que paga el 100% de las familias- nos encontramos con ninguna rebaja al IVA y si con rebajas a las tasas marginales del impuesto a las personas más ricas. Además, se agrega rebajas a la base de ingresos imponibles por gastos en educación de esas mismas personas más ricas.  El impuesto a la renta de las personas pierde una vez más progresividad. Es de esperar que la oposición cumpla esta vez su tarea y se oponga a ambas medidas injustas.

El fondo del asunto es que la derecha  considera que la redistribución debe restringirse al gasto público y no realizarse en la etapa del impuesto, aunque se disminuya considerablemente la capacidad redistributiva del sistema de impuestos-transferencias. El esquema tributario vigente procura acercarse a un esquema de tributación al gasto en consumo, excluyendo la tributación del ahorro. 

¿La consecuencia? Las exenciones al rendimiento del ahorro y a las ganancias de capital disminuyen los impuestos a las personas de más altos ingresos sin efectos significativos sobre el ahorro. ¿O alguien cree seriamente que las personas más ricas difieren su consumo por los incentivos tributarios de los que se benefician? Basta darse una vuelta por los barrios altos de nuestras ciudades para darse cuenta de  los niveles de consumo de los más ricos, que entre otras cosas disimulan sus gastos personales –incluyendo restaurantes y viajes- como gastos de sus empresas. Esta es la situación que debe cesar en Chile, y no perforar todavía más el pago de impuestos directos progresivos a los ingresos de las personas de ingresos más altos, como propone la reforma de Piñera. Y si la idea es aumentar el ahorro global, los incentivos regresivos a los privados más ricos se pueden remplazar  por el cobro efectivo de impuestos a las utilidades y destinar esa recaudación  a aumentar el ahorro público y por tanto el ahorro  agregado que financia la inversión.

El cobro del impuesto a las utilidades de las empresas debiese realizarse en base devengada efectiva, eliminando la renta presunta y con pago de la totalidad de la obligación tributaria en cada operación renta, eliminando el mecanismo de diferimiento en el tiempo del pago del Fondo Único Tributario. Además, debiesen eliminarse las exenciones  al impuesto de primera categoría y el crédito al impuesto global complementario por utilidades empresariales. Y debiese ser aumentado el impuesto adicional de 35% que pagan las empresas que transfieren utilidades al extranjero  para aumentar sustancialmente el aporte de la industria minera privada, sin modificar el royalty, sujeto injustificadamente –por corresponsabilidad del actual gobierno y de la mayoría del parlamento, incluyendo a buena parte de la oposición, que en estas materias se opone bastante poco a los intereses abusivos de las grandes empresas- a la insólita condición de invariabilidad hasta el año 2023. Se trata de recursos que los chilenos estamos regalando ante la indiferencia general y que se transfieren al exterior por un monto del orden del 5% del PIB al año.

¿A alguien le cabe alguna duda sobre qué sectores sociales tienen el poder en Chile? En todo caso, ciertamente no las mayorías que viven de su  trabajo.

¿Se reagrupa el progresismo?

En estos días la discusión política gira alrededor de los gastos parlamentarios. Poco se escucha sobre reforma tributaria, educación, Isapres, negociación colectiva, descentralización, medio ambiente: los representantes elegidos están peligrosamente anulados por su desprestigio ante la opinión pública. Mientras, el gobierno mantiene un manejo sin eficacia ni imaginación de la agenda pública y en la oposición se incuba una crisis, cuyo sustrato es la ausencia de coherencia y de propuestas alternativas  (ejemplo: su propuesta tributaria apenas plantea aumentar el royalty, mientras las utilidades de las mineras privadas alcanzan niveles estratosféricos sin que casi nadie diga nada) y cuyo paroxismo parece ser el anuncio del PDC de suspender todo acuerdo amplio de oposición para enfrentar a la derecha en la elección de alcaldes a raíz de un anunciado pacto entre PPD, PR y PC para concejales. 

Aumenta así el marasmo de la esfera política, a mitad de camino del período de gobierno, en que toca ir configurando las opciones de remplazo. En el caso de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, los que promovimos sus candidaturas aliamos en su momento al PS, PPD y  PR y le propusimos al PDC dirimir la legítima disputa de opciones ante los ciudadanos, en primarias abiertas. En el primer caso, Lagos le ganó en 1999 a Zaldívar por 70 a 30% de los 1,4 millones de votantes y ganó la elección presidencial. En el segundo, Alvear se retiró frente a Bachelet antes de concurrir a las urnas de las primarias. En el caso de Frei hubo una aproximación sectaria, especialmente en el PS y la DC, que terminaron supuestamente aliados pero en realidad fracturados, y no hubo primarias reales ni propuestas progresistas (Frei no consideró siquiera una reforma tributaria para disminuir las desigualdades), se levantó  una candidatura  fuera de la Concertación y Frei perdió su opción presidencial, a pesar de la buena valoración del gobierno saliente por la opinión pública. 

En la actualidad, los que dominan el PS han reiterado su lógica conservadora y sectaria y desechan toda alianza de los partidos progresistas, que en la nueva etapa debe incluir  a todas sus expresiones, incluido el PC, y las recientemente creadas a partir de escisiones del socialismo PRO y MAS-MAIZ, con una plataforma que dé cuenta del Chile del siglo 21, empezando por la despenalización del aborto, nuevos derechos sociales y laborales, recuperación del control de los recursos naturales, educación y salud públicas de calidad, lucha contra el cambio climático con una nueva matriz energética y productiva, entre otros temas. El socialismo conservador ha mantenido una actitud interna y externa hostil con las expresiones de izquierda para aliarse en las elecciones municipales y parlamentarias con un PDC dirigido por conservadores, que se niegan siquiera a restablecer en materia de aborto la legislación vigente entre 1931 y 1989 y no están dispuestos a aumentos relevantes del royalty minero, por ejemplo. 

Ha roto así lo realizado exitosamente en lo político en décadas pasadas y renunciado a su identidad y a toda reflexión programática, con el pretexto de promover una nueva candidatura de Bachelet, pero ahora con otra fórmula de alianzas y sin otro contenido que recuperar el poder. El resultado: ningún compromiso DC de apoyo presidencial hasta ahora y la dispersión y división del progresismo en las elecciones municipales, lo que probablemente se prolongará hacia la  elección parlamentaria y presidencial futura. ¿Su único sustento?: la popularidad en la lejanía de la expresidenta Bachelet, que ha roto su silencio solo para  dirigirse a los conservadores de la Concertación, es decir prologar un libro del neoliberal Velasco y para felicitar efusivamente a Escalona, que asume la presidencia del Senado con la bandera de un anacrónico “Estado protector”, que calza bien con las mentalidades autoritarias que se sienten llamadas a “proteger” a los demás, como si la idea del Estado democrático y social de derecho, que en Chile debe ser urgentemente instaurado en base a un nuevo proceso constituyente, no fuera la base necesaria de toda propuesta progresista moderna. 

Los que se sienten fuera de la alianza contranatura y exclusivamente pragmática entre las burocracias partidarias DC y PS, hacen bien en reagruparse y sintonizar con las aspiraciones mayoritarias de la sociedad chilena.

Nuevas ideas y destino común

La etapa que vive el país es una de expresión de aspiraciones de la mayoría a transformaciones en su calidad de vida que considera posibles y legítimas. Y que choca con un gobierno en vías de fracasar, cada vez más acantonado en su ideología libremercadista y antiestatal y en su defensa de intereses de una minoría privilegiada. La oposición social ha abierto nuevas esperanzas de cambio y se ha manifestado con una gran actividad. La oposición política vive todavía una secuencia de  reconfiguración, con cierto grado de confusión y polémica, como hemos visto desgraciadamente con las descalificaciones que recibió la creación de un modesto foro entre representantes parlamentarios, académicos y sociales para debatir ideas para el futuro desde una perspectiva progresista y de izquierda.

       En esto de plantear nuevas ideas y propuestas para el futuro están involucrados temas de método y de contenido. En materia de ideas hay que preferir sistemas de pensamiento complejo, dar cuenta de los avances de la ciencia que requieren de límites éticos y de las transformaciones tecnológicas, de las amenazas sobre el clima, los ecosistemas y la biodiversidad en el planeta, de la crisis económica global, de los cambios culturales y de las nuevas formas que adquieren las opresiones sociales y de género ancestrales. Pero como nunca antes los temas de método tienen un peso gravitante: excelentes ideas y su traducción programática fundada terminaron entre 1990 y 2010 en la podadora de la tecnocracia y del bloqueo político. La tecnocracia adquirió un peso inaceptable desde el punto de vista de los cánones democráticos, probablemente por el temor de una parte de la esfera política a enfrentarse con los poderes fácticos o por la directa connivencia con ellos,  como pude observarlo en diversas ocasiones, lo que dio ínfulas indebidas a la burocracia conservadora y a las ideas de derecha en las administraciones de centroizquierda. El parlamento se instaló sin reaccionar en demasía en el sistema de veto de la mayoría por la minoría, dado  el sistema electoral y los quorum antidemocráticos en la aprobación de leyes.

      La consecuencia del inmovilismo político fue a la larga la de provocar un amplio descrédito de la deliberación y de la competencia democrática entre partidos, proyectos y programas, a pesar del esfuerzo de muchos y de los que fracasamos en el intento. La mayoría, y en especial los más jóvenes, simplemente constató que se decía una cosa y luego, en muchos aspectos cruciales, las promesas no se concretaban –sin mediar explicación sobre los bloqueos institucionales que las inviabilizaban ni llamar a romperlos- o derechamente se hacía lo contrario. Por otra parte, muchos ciudadanos le reclamaron a los gobiernos post-dictatoriales el cumplimiento de promesas que no habían hecho, pero que entendían les era dable esperar que fueran asumidas por éstos, en tanto existían como expectativas aunque no hubieran sido formuladas como tales por responsables políticos que postulaban ser sus representantes.

     El paradigma de este tipo de procesos fue la revolución secundaria de 2006, que fue acogida por el gobierno, canalizada en una gran comisión técnico-social, y con un  resultado paupérrimo en transformaciones del sistema escolar en materia de equidad y calidad una vez completada la etapa parlamentaria, manos alzadas mediante. No es de extrañar el sentimiento de abandono cuando no de traición por el sistema político de muchos jóvenes que hoy están en las universidades, animando las actuales movilizaciones estudiantiles, y que tienden a ser fuertemente críticos del sistema imperante. En muy buena hora: la sociedad chilena ha cambiado y avanzado, pero acumula desigualdades intolerables y se ha sumido en una cultura del individualismo que los jóvenes cuestionan a su manera, expresando una vitalidad transformadora que debe ser siempre bienvenida.

     Todos estos factores acumularon diversos sedimentos de frustración y de enojo colectivo más o menos amplio, que dieron impulso a la alternancia política en el gobierno en 2010. Y luego a movilizaciones en oposición a la administración de derecha, pero al margen, cuando no en contra, de los partidos de centro e izquierda.

    Un movimiento social puede tener un impacto notable en determinados momentos en la historia, pero en pocas ocasiones triunfa en sus demandas sin un soporte político, por la sencilla razón de que los tiempos de elaboración y puesta en práctica de  las políticas públicas son distintos de los de los movimientos sociales, especialmente los estudiantiles. Dicho sea de paso, en sociedades como la chilena estos son los que tienen mayor posibilidad de expresarse con contundencia, pues no ponen en juego la subsistencia familiar, como ocurre con las movilizaciones sindicales o de minorías discriminadas. El hecho es que hoy los activos y variados movimientos sociales o temáticos, propios de una sociedad crecientemente exigente y plural, no quieren escuchar  hablar de estructuras políticas ni de representación.  Ni de programas hechos por otros para otros.

    Por tanto esta no es solo una etapa de elaboración de ideas, especialmente para enfrentar las desigualdades de derechos y de oportunidades que ya se hicieron socialmente inaceptables (lo que es un enorme progreso respecto a la etapa de primacía de la gobernabilidad), sino de debate de ellas en el contexto de la sociedad y sus actores. Ningún partido político o agrupación podrá estructurar un nuevo programa creíble de cambios en sus oficinas, con sus técnicos, su personal tradicional y su lenguaje de iniciados. Primero se deberá recuperar la credibilidad de los liderazgos, antiguos o nuevos,  elaborar proyectos, en plural, porque es hora de transparentar los falsos consensos, que ojalá enuncien valores y voluntad de reforma de las instituciones, de la política económica, de los sistemas de protección social y ambiental, de tratamiento de los recursos naturales y de, como no, la educación. Proyectos a ser dirimidos por los ciudadanos en primarias y primeras y segundas vueltas. El programa de gobierno específico de una nueva alternativa a la derecha habrá de venir después, una vez recuperadas las confianzas, establecidos los grandes compromisos con la sociedad y validados los liderazgos por los ciudadanos. Sin vetos ni inhibiciones que conduzcan a nuevas frustraciones, reuniendo a todos lo que quieran una sociedad distinta a la de mercado que nos ofrece la derecha, es decir más justa, más libre y más responsable con el destino común.

Crecimiento y reforma tributaria

El promedio de ingresos tributarios en la OCDE es de 35% del PIB, mientras en Chile es de 17%. Una reforma tributaria que se proponga incrementar la tasa de tributación al menos al nivel de los países avanzados con menos carga tributaria para aumentar en Chile la calidad del servicio público en educación, salud, protección social  e infraestructura y reequilibrar la composición de las contribuciones obligatorias hacia los más adinerados, requiere romper con el mito de que los impuestos dañan el crecimiento.

El contrato social en los países avanzados ha incluido desde la posguerra mundial la provisión de importantes servicios públicos estatales y transferencias redistributivas a través del impuesto progresivo, las cotizaciones de seguridad social de empleadores y trabajadores y el gasto público. Una alta carga tributaria no impidió el crecimiento sistemático de dichos países. Veamos por qué

Existe en primer lugar un conjunto de impuestos que no sólo no dañan la asignación eficiente de los recursos sino que la incrementan. Es el caso de los impuestos correctores de externalidades negativas, que internalizan dichas externalidades, es decir transforman en costo privado el costo social en que incurren en sus actividades actores económicos privados. Los impuestos sobre actividades que provocan daño directo a la salud (tabaco, alcohol) o que son contaminantes y los que se aplican a la extracción de recursos naturales, corresponden a esta categoría que mejora la asignación de recursos. Son un componente central de las políticas públicas modernas.

En segundo lugar, hay efectivamente impuestos que pueden incidir negativamente en el comportamiento de los agentes económicos en las economías de mercado. Pero este efecto puede ser alto o bajo. La tributación puede provocar la llamada “pérdida irrecuperable de eficiencia”. Esta proviene de eventuales distorsiones en los incentivos de los productores (incitándolos a producir menos y disminuyendo el excedente del productor) y los consumidores (incitándolos a comprar menos y disminuyendo el excedente del consumidor). El principio de la igualdad distributiva tiene que transigir con el principio de la provisión de incentivos que aumenten el volumen total de ingresos disponibles para ser redistribuidos. Por ello los enfoques de la progresividad tributaria óptima ven el problema como un dilema entre los beneficios sociales de una distribución más igualitaria de los ingresos después de impuestos y el daño económico provocado por impuestos altamente progresivos.

¿Cuán importante es ese daño?  Se entiende en el enfoque económico liberal que provocan pocas modificaciones en la conducta y pocos efectos distorsionadores los impuestos indirectos a las ventas, mientras los impuestos directos al patrimonio y a los ingresos del capital y el trabajo disminuirían la oferta de ahorro y de trabajo. Para los economistas no ortodoxos, cuando la presión fiscal aumenta, los contribuyentes de más ingresos ven disminuidos sus incentivos a trabajar, pero pueden igualmente querer evitar que sus ingresos disminuyan de manera importante y por tanto… trabajar más.

Expertos como Thomas Picketty  afirman que “el estado actual de los conocimientos disponibles respecto de las elasticidades de la oferta de trabajo sugieren que la atención tradicionalmente acordada a los efectos desincentivadores sobre los altos ingresos es totalmente excesiva y no permite un análisis global de los límites alcanzados o no por los sistemas modernos de redistribución”. Diversos economistas dudan que la política tributaria tenga mucho efecto sobre la inversión o el ahorro. Y constatan que en Estados Unidos la tasa de ahorro personal disminuyó en la época de Reagan, a pesar de las rebajas tributarias sobre los retornos del ahorro, y comenzó a recuperarse cuando se introdujeron restricciones a los incentivos tributarios al ahorro...al revés de lo que debía ocurrir según la visión liberal. 

El argumento pertinente es que un gasto público que incrementa el capital físico y humano y las transferencias que disminuyen las desigualdades de ingresos pueden tener efectos positivos sustanciales sobre el crecimiento al permitir aumentar la productividad y disminuir la conflictividad distributiva. No de otro modo se explica que muchos países de altos ingresos per cápita tengan las grandes cargas tributarias que sustentan masivos volúmenes de gasto público. De acuerdo a Joel B. Slemrod y Jon Bakija, con datos de 1950 a 2002, el examen de la relación entre la tasa marginal del impuesto a la renta y la productividad revela que los períodos de fuerte incremento de la productividad coexistieron con las tasas marginales superiores más altas en el impuesto a la renta en la posguerra y que, en promedio, los países de más altos impuestos son los más ricos. En palabras de Peter Lindert: “Desde hace algunos años, ha habido una creciente brecha entre el registro empírico y una historia que es contada una y otra vez con insistencia creciente. No solo escuchamos que existe el peligro de que redes de seguridad y programas antipobreza basados en impuestos pueden tener altos costos económicos. Nótese cuan frecuentemente se nos dice que los economistas han `demostrado' y 'encontrado' que esto es cierto. Estas afirmaciones son frecuentemente un bluff (...). Antes que demostrar o encontrar este resultado, han escogido imaginarlo".

En efecto, cuando existen costos en eficiencia asignativa de la tributación, estos son al menos en parte compensados por los incrementos en dicha eficiencia debidos a los impactos estimuladores de los bienes públicos y las externalidades positivas que financian los impuestos. Existe suficiente evidencia para afirmar que en materia de tributos y gastos en las economías avanzadas, las con mayor expansión en las últimas décadas son las que tienen tributos menos desincentivadores y más gastos públicos que contribuyen al crecimiento, especialmente en infraestructura y recursos humanos, y no los de Estados de menor peso en la economía. Es este un tema de estructura más que de nivel. La afirmación que los impuestos per se hieren el desempeño económico no tiene base empírica que la sustente. Y el costo de ignorar la experiencia a favor de postulados de fe puede ser alto: déficit fiscal estructural, decaimiento de la infraestructura, inadecuada inversión en investigación, educación y salud y conflictividad generalizada.  Y por tanto, en el largo plazo, menor crecimiento.

Una reforma tributaria estructural: ¿por qué no?

Nuestros ingresos tributarios son bajos y equivalen al 17% del PIB en 2010 (a lo que cabe agregar un 3% de ingresos por cobre, que varía mucho de año en año), contra un promedio de 35% en la OCDE (cuyos rangos van de 24% en EE.UU. y 26% en Corea a 42% en Francia, 48% en Suecia y 49% en Dinamarca). La cifra chilena es además mucho más baja respecto a diversos de estos países cuando tenían un PIB por habitante similar al nuestro (del orden de 15 mil dólares por habitante a paridad de poder de compra). 

Su estructura es además inequitativa. Pagan proporcionalmente en relación a sus ingresos más impuestos los más pobres, por el mayor peso de los impuestos parejos a las ventas de bienes y servicios. Los impuestos sobre ventas representan en Chile el 50% de los ingresos tributarios, contra un promedio de 32% en la OCDE. El impuesto a la renta y las utilidades representa en Chile un 8% del PIB (incluyendo cobre) en comparación con el 13% promedio de la OCDE (con un rango de 5% en México y nada menos que 29% en Dinamarca). La tasa del impuesto a la empresas en Chile (17%) - la tasa vigente es de 20% como efecto de la reforma tributaria de 2010, pero se reducirá a 18,5% en el año 2012 para volver a 17% en el 2013- está también muy por detrás de la media de la OCDE. Esta tasa es en Estados Unidos de 35%. En Chile, la estructura tributaria y la debilidad de la negociación colectiva contribuyen de manera muy importante a explicar la alta concentración del ingreso en unas decenas de miles de familias y la alta desigualdad en la distribución del ingreso y el patrimonio.

Una reforma tributaria debe proponerse incrementar progresivamente la tasa de tributación al menos del 17% al  26% (nivel de Corea) para abordar las tareas de educación, salud, pensiones  e infraestructura que avanzar al desarrollo demanda de manera inmediata. Debe reequilibrar la composición de las contribuciones obligatorias hacia los impuestos directos a los perceptores de ingresos más adinerados, especialmente los muy ricos, para lo que cabe al menos, como hemos propuesto en la Fundación Chile 21:

a) aumentar y diferenciar el impuesto a las utilidades, estableciéndolo para las  micro y medianas empresas en 15%, para las empresas medianas en 20% y para las grandes empresas (incluyendo los bancos) en   un 25%;

b) aliviar y diferenciar el IVA, llevándolo a 15% para alimentos básicos, medicamentos y cultura y para el resto de los bienes fijarlo en 20%; 

c) disminuir la carga de los impuestos a la renta de los sectores medios y aumentarlos a los sectores altos, aumentando la progresividad, para lo que se debe subir el tramo exento a $ 750 mil pesos de ingresos mensuales  y establecer las tasas en 10% hasta 1,5 millones de pesos, 20% hasta  3 millones, 30%  hasta 6 millones  y 40% en los tramos de ingresos superiores a 6 millones.

d) eliminar el 50% del crédito al impuesto global complementario por utilidades empresariales y las exenciones injustificadas al impuesto de primera categoría, que supuestamente estimulan el ahorro, pero que en realidad disminuyen los impuestos a las personas de más altos ingresos sin mayores efectos sobre el ahorro.

e) aumentar el impuesto adicional de 35% que pagan las empresas que transfieren utilidades al extranjero a un 40%, para igualar así la tasa marginal del impuesto a la renta, con lo que las utilidades retiradas de inversionistas chilenos y extranjeros tributarían de la misma manera y se aumentaría el aporte de la industria minera, sin modificar el royalty, sujeto desgraciadamente -por irresponsabilidad del actual gobierno y parlamento- a invariabilidad hasta el 2023. 

Este programa de reforma tributaria permitiría una recaudación total anual adicional neta en torno a US$ 8 mil millones en régimen (3,3% del PIB de 2011),  a lo que habría que agregar un fuerte plan de disminución de la evasión para completar en los próximos cinco años la meta de recaudación tributaria necesaria para el desarrollo de Chile.      

El argumento de que esto disminuiría la inversión y por tanto el crecimiento, en base a la idea de que los inversores dejarían de mantener su esfuerzo o se irían del país, no tiene sustento en los estudios disponibles, que subrayan que con bases amplias de tributación de las utilidades y sin facilitación de la elusión mediante exenciones variadas la recaudación no disminuye. En materia de inversión extranjera, ésta se concentra en los recursos naturales, con unas sobreutilidades exorbitantes que les permiten en diversos casos de la minería recuperar la inversión en dos años, con lo que difícilmente dejarían las oportunidades existentes en el país.

Una alta tributación con estímulos al crecimiento funciona, como lo subraya el economista Philippe Aghion. Ahí están los países escandinavos, que son los que mejor han resuelto la ecuación entre equidad e incentivos a la innovación y a la inversión en capital humano (menor concentración en el ingreso y al mismo tiempo crecimiento y altas tasas de patentes por habitante), con una combinación de tasas marginales del impuesto a la renta que se acercan o superan el 50% (Suecia, incluso bajo gobiernos de derecha, como en la actualidad, mantiene una tasa marginal de 55%, a comparar con el 40% en Chile) y con tasas de tributación pareja de los ingresos del capital de 30%. Mientras, en Chile mantenemos diversas desgravaciones sustanciales e injustificadas de los ingresos y ganancias de capital. 

Ni la crisis internacional ni la situación de las empresas en Chile son pretexto para no promover una mayor recaudación del impuesto de primera categoría en el corto plazo y viabilizar un gran acuerdo sobre la educación, junto al inicio de la reforma tributaria estructural que se propone. Lo que corresponde es que el Estado capture e invierta las rentas del cobre y las sobreutilidades monopólicas en proyectos de alta rentabilidad social  y enfrente el fomento productivo para la competitividad sustentable de las pymes y los sectores productivos capaces de generar empleos, preservar los ecosistemas e incrementar el bienestar en todo el territorio. Para ello se requiere un Estado más fuerte, eficiente y al servicio exclusivo del interés público, que es la reforma paralela a la de la tributación que se debe acometer con energía para que no se malgaste un solo peso del presupuesto público.

Un presupuesto conservador

La política fiscal debe financiar eficientemente en el tiempo los bienes públicos y los bienes privados de provisión pública de diversa índole que se determinan como necesarios y/o posibles de ser puestos a disposición de los ciudadanos por el gobierno y el sistema político en cada ley de presupuestos del sector público. Una buena política fiscal  es además la que en el ciclo económico actúa como estabilizadora del desempeño económico, y que por tanto admite déficits temporales cuando la demanda agregada se debilita y superávits en la situación inversa. Y también es la que admite “déficits estructurales” que puedan financiarse a costos razonables para obtener incrementos del capital físico y humano y de la productividad total de los factores de producción en el largo plazo, y por tanto de la propia recaudación fiscal futura. 

En Chile, desde el presupuesto de 2001 se innovó optando explícitamente por una regla estructural consistente en: a) estimar los ingresos de mediano y largo plazo del Gobierno Central que derivan del crecimiento potencial de la economía y de precios claves de largo plazo (cobre y molibdeno), es decir aquellos ingresos fiscales de los que se dispondría en caso que estas variables se encontrasen en su nivel de tendencia, y b) consagrar en la ley de presupuestos de cada año el nivel de gasto público que permite que la diferencia entre los “ingresos estructurales” así estimados y el gasto público anual resulte ser de una determinada cuantía, inferior o superior al equilibrio según el criterio de la autoridad pública. Esto implica ahorrar en tiempos de bonanza y desahorrar en tiempos de baja del ciclo económico interno y externo. Una ley de responsabilidad fiscal creó además en 2006  el Fondo de Estabilización Económica y Social (para hacer frente al gasto en situaciones de caída coyuntural de los ingresos públicos) y el Fondo de Reserva de Pensiones (para asegurar el pago de las obligaciones fiscales derivadas de la Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario de vejez y de invalidez), alimentados ambos por los ingresos tributarios extraordinarios. A la vez, se estableció que la Ley de Presupuestos deberá incluir anualmente el ítem correspondiente a un programa de gastos de empleo de emergencia, que se activa cuando el desempleo supera el 10% o el promedio de los últimos cinco años.   

En una primera etapa, para ganar credibilidad fiscal de largo plazo, se fijó en los presupuestos de 2001 a 2007 un nivel de gasto inferior a los ingresos estructurales en un monto de 1% del PIB. No obstante esta restricción conducente a un “superávit estructural”, fue posible mantener año tras año un crecimiento promedio del gasto público superior al del PIB, con excepción de 2003. Se mantuvo así un déficit fiscal efectivo moderado (entre -0,5 y -1,2% del PIB), para salir de los efectos internos de la crisis asiática y de la burbuja puntocom entre 2001 y 2003, que pudo ser financiado en buenas condiciones en el exterior, con una baja tasa de riesgo-país. Luego, al mejorar el crecimiento e iniciarse un ciclo de aumento del precio del cobre por la demanda China y de otras naciones emergentes, se produjo un sustancial superávit entre 2004 y 2008 (entre 2,1 y 8,2 % del PIB) que permitió acumular reservas fiscales por 20,2 mil millones de dólares en el Fondo Económico y Social hacia diciembre de 2008. 

De ellas se utilizaron 8,9 mil millones en la crisis de 2009, en medio de una caída de 1,7% del PIB y de un déficit fiscal efectivo de 4,5% del PIB, el mayor en décadas experimentado por la economía chilena, sin que la solidez fiscal del país se viera afectada. Se cosechó así los frutos de la política iniciada en 2001. El déficit efectivo ya fue mucho menor en 2010 (-0,4% del PIB), mientras Chile se mantuvo en condición de país con un gobierno con más activos fiscales que deudas (acreedor a razón de un 7,5% del PIB en 2010), contrariamente a casi todos los gobiernos en el mundo, que enfrentaron sustanciales endeudamientos públicos adicionales. Con los mayores ingresos tributarios provenientes tanto de la mayor actividad económica como de un precio del cobre más alto que lo previsto, el Ministerio de Hacienda anticipa que se alcanzará un resultado fiscal positivo de un 1,2% del PIB en 2011 y un déficit efectivo de -0,4% del PIB en 2012.

Con un sustancial y creciente ahorro fiscal que derivó de la regla inicial de 2001 y que transformó al gobierno de Chile de deudor en acreedor, la meta de “superávit estructural” de 1% se cambió en 2007 a solo 0,5% del PIB para 2008. Un nuevo cambio se anunció en enero de 2009 para solo mantener un “balance estructural” a partir de esa fecha. En 2009 y 2010, tanto la severa crisis externa como el terremoto disminuyeron los ingresos y generaron la obligación de incurrir en mayores gastos que los previstos. Se produjo así, por primera vez, un “déficit estructural”, y no se cumplió la meta de “balance estructural”: hubo más gastos públicos no solo que los ingresos de corto plazo que se pudieron recaudar, sino también que los que se estima se recaudan en años normales. En medio del cambio de gobierno, la magnitud de este “déficit estructural” fue objeto de una controversia: -1,2% o bien -3,1% del PIB en 2009 y -1,6% o bien -2,3% en 2010, según los criterios utilizados por la anterior o por la nueva administración. 

Retomar el “balance estructural” hacia fines de su período de gobierno fue una de las metas del programa de Sebastián Piñera. Sin embargo, en agosto de 2010 el Ministerio de Hacienda informó que no podría cumplir con dicho objetivo y que decidió acoger las recomendaciones realizadas por el Consejo Asesor de Balance Estructural, instancia creada por el nuevo gobierno que propuso cambios a la metodología de cálculo. Producto de las modificaciones, el escenario de equilibrio fiscal cambió radicalmente para el Gobierno, con una estimación de déficit estructural de -1,6% para 2011 y de -1,5% para 2012. Volver al balance estructural es ahora más exigente. De ahí que el Ministro de Hacienda mantenga en la presentación del presupuesto para 2012 que la nueva meta es alcanzar un déficit estructural de 1% del PIB...hacia 2014. 

El crecimiento global del gasto público es equivalente a la proyección del crecimiento de la economía, es decir de un 5% en ambos casos. Es poco probable, frente al precario escenario externo, que tal cifra de crecimiento del PIB pueda resultar efectiva. Por lo tanto, contrariamente a las definiciones ideológicas de los centros de estudios de la actual coalición de gobierno, el gasto público respecto del PIB crecerá probablemente en 2012, y el “tamaño del Estado” aumentará, aunque levemente. El crecimiento del gasto público previsto para 2012 es en todo caso inferior al previsto y ejecutado año a año en la administración anterior.

Mientras, Chile mantiene un gasto público en relación al PIB inferior al prevaleciente hasta fines de la década de 1980 (26% del PIB en 1987 versus 23% del PIB en 2011). Recordemos que el régimen militar entregó el país a las autoridades democráticamente electas en 1989 con un IVA rebajado en 4 puntos porcentuales y con el menor nivel de ingresos y gastos públicos de la historia reciente, junto a un sistema de veto de la minoría en el parlamento que ha hecho imposible el incremento de la presión tributaria. Esta situación se ha mantenido en las dos últimas décadas, con excepción de un incremento en la etapa final de la anterior administración, hoy revertida. 

Con el actual nivel de gasto público respecto al PIB es simplemente imposible procurar obtener indicadores sociales propios de los países desarrollados, cuyo gasto público total es de 40 a 50% del PIB. El de Brasil y Argentina es superior al 30% del PIB. El presupuesto de 2012 está lejos de avanzar hacia el cierre de las brechas distributivas que aquejan a la sociedad chilena. Es un presupuesto conservador, que aumentará la distancia entre los ciudadanos y el gobierno. Y que nos mantendrá más cerca del estancamiento del bienestar que de un desarrollo social y ecológicamente sustentable.

El teorema de la casa en el lago y los posibles nuevos consensos

Un teorema es un enunciado cuya exactitud se puede demostrar a través de un razonamiento lógico a partir de axiomas. Arturo Fontaine, director del Centro de Estudios Públicos, comentando el reciente libro de Patricio Meller sobre educación, muy interesante por lo demás, discrepa de su afirmación central, enunciando lo que sugiero llamemos el Teorema de la Casa en el Lago: “En este punto tengo una discrepancia frontal con Patricio Meller. A mi juicio, el lucro importa y mucho. A mi juicio, no debiera estar permitido en instituciones educacionales que reciben subsidios del Estado. Entre hacer un laboratorio de física o hacerse una casa en el lago, ¿qué escogerá nuestro empresario, dueño de universidad? Entre tener una proporción razonable de alumnos por profesor y aumentar los alumnos al máximo para aprovechar economías de escala, ¿no escogerá lo último? Entre pagar arriendos y servicios necesarios y a un costo de mercado y multiplicar servicios innecesarios y pagar más arriendo del de mercado siendo dueño de las empresas que prestan dichos servicios y de los edificios que se arrienda él mismo, ¿no tenderá a escoger lo último? (en http://ciperchile.cl/2011/09/14/el-lucro-si-importa/). 

El razonamiento de Arturo Fontaine es de una fuerte lógica y carece de ambigüedad. Aunque a priori pudiera adjudicarse a otras corrientes ideológicas,  proviene de quien dirige el principal centro de pensamiento conservador del país, que se distingue con frecuencia  por la calidad de sus trabajos y cierta apertura intelectual. 

Permítaseme cometer la falta de modestia de autocitarme, pero es necesario frente a los que a uno le reprochan sistemáticamente: ¿por qué no lo dijo antes? En 2007 sostuve en mi libro Remodelar el Modelo una idea semejante: “no deberá distraerse ningún recurso público al ámbito de la educación comercial y concentrar los recursos adicionales de los que el país disponga en la tarea de hacer de la educación pública una educación de excelencia e igualadora de las oportunidades”.

 ¿Estarán entonces emergiendo en nuestra sociedad nuevos consensos, distintos de la vulgata neoliberal que a tantos, presumo, nos tiene tan aburridos desde hace tanto tiempo? En efecto, la palabra consenso se desprestigió desde que se asimiló por algunos, en los alrededores de 1990, a la idea de la adscripción a posturas de derecha, muchas veces con la fe del converso, por quienes sostenían en el pasado otras diferentes. El espíritu crítico, el gran legado del siglo de las luces, y la deliberación, el gran legado democrático, son indispensables para animar las ciencias y la innovación, pero además para cimentar la convivencia civilizada en el género humano que, sabemos, es capaz de lo mejor pero también de lo peor en la materia. Pero además los consensos son necesarios, especialmente si son resultado de la crítica y la deliberación, y por tanto llegan a tener fundamentos racionales, para establecer reglas del juego básicas respetadas por todos, incluyendo la vigencia de libertades fundamentales de las que debe disponer todo ser humano y de solidaridades indispensables para la vida en común.  

Así, la idea de que en la educación lucrar con recursos públicos – retirar utilidades del servicio educativo en beneficio personal- no tiene justificación moral, en tanto transferir recursos de todos a unos pocos no parece ser posible de asimilar a ninguna idea de justicia, ni práctica, en tanto nadie está en condiciones de demostrar razonablemente que conduce a mayor eficiencia en la función educativa, no es una que solo esté en boca de supuestos exagerados jóvenes radicalizados que se han tomado las calles de nuestras ciudades. Es una idea racional que fue puesta en la esfera pública por los jóvenes movilizados de 2011 –lo que tendremos que agradecerles como un hito histórico, especialmente por los que quisimos pero no fuimos capaces de hacerlo antes- y que tiene fundamentos intelectuales y valóricos muy sólidos. Los suficientes para persistir en proponerla como un nuevo consenso que emane de la crítica y la deliberación racional desde la izquierda, el centro y la derecha. Un nuevo consenso para mejorar el presente y el futuro de nuestro país.

Entrevista en "The Clinic on line"

GONZALO MARTNER Y LA NUEVA CRISIS EN LA OPOSICIÓN

“Carolina Tohá no quiso asumir la condición de ser la vocera del 17 %”

Miguel Angel Devia 14 Septiembre, 2011 

El ex presidente del Partido Socialista y director del magíster en Gerencia Pública de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, habla sobre el nuevo quiebre de la Concertación y su archianunciada muerte. Dice que tras el conflicto hay más historia que haber perdido todo el aparataje estatal y con eso los cargos y el poder. De paso, invita a Andrés Velasco y a Ignacio Walker a unirse y dejar a la izquierda tranquila.

¿Estamos asistiendo al funeral de la Concertación?

- En política no hay cadáveres. Así que funeral no, pero sí un momento de crisis que eventualmente puede dar lugar a una nueva coalición. Pero en todo caso yo creo que si hubo un funeral fue en la elección del año 2009. Todo lo que ha venido pasando desde entonces es consecuencia de eso. Hay que constatar que esta coalición, que se concibió como una coalición no ideológica sino que programática destinada a generar condiciones para un cambio democrático pacífico. bueno si esa coalición se reduce a un 28% y ahora a un 17% parece ser que ya no existe como lo que originalmente fue.

¿Entonces lo que tendríamos desde esa elección vendría siendo una especie de agonía?

- Si la decisión de los actuales dirigentes de la Concertación es conservarla como tal, la pueden prolongar mucho tiempo. Hay agonías eternas. Pero mi opinión es que esto no tiene ningún sentido. Que la Concertación se creó para terminar con la dictadura de Pinochet, transitar hacia un régimen democrático, darle gobernabilidad al país y darle gobierno siempre y cuando hubiera acuerdo entre sus fuerzas componentes. Nada de eso ya existe y lo que tiene que ocurrir es una recomposición del paisaje político.

¿Cuál cree que fue el rol del PPD en este quiebre de la Concertación?

- Yo creo que Carolina Tohá no quiso asumir la condición de ser la vocera del 17 %.

¿Y cómo explica este paso de un gobierno con un apoyo de más del 60% a ser una oposición con menos de un quinto de respaldo popular?

- La presidenta Bachelet salió con una aprobación mayoritaria -que aún mantiene- y el candidato de la Concertación obtuvo un 29 %, saque sus conclusiones. A veces las biografías son programa. El presidente Frei, que en 6 años no recibió a los representantes de los detenidos desaparecidos, versus la presidenta Bachelet que estuvo presa, tiene una diferencia grande.

La opción Velasco

Martner, quien fue ex presidente del PS, hace una pausa y mira por la ventana de su oficina en el tercer piso de la Facultad de Administración y Economía de la USACH donde dirige el Magister en Gerencia Pública. “Ahora si me pides mi opinión y no como analista, yo creo que esto ya no tiene ningún sentido”.

¿En ese sentido, la muerte de Pinochet podría haber sentado también las bases de la muerte de la Concertación?

- No, no. Yo creo que no tiene nada que ver. Creo que tiene que ver con cuestiones eminentemente programáticas y de método político.

Las programáticas, explica, quedaron en evidencia a partir de la elección parlamentaria de 1997 donde la Concertación perdió un millón de votos y surgió la disputa entre “autoflagelantes” y “autocomplacientes”. El dilema, según Martner para el programa de la coalición era adecuarse a las instituciones de la dictadura o mantener la aspiración de romper con ella, administrar el modelo neoliberal o cambiarlo. La primera opción fue el camino.

- Esa discusión la ganaron quienes han sido partidarios de adaptarse a las instituciones de la constitución del 80 y de mantener un modelo económico neoliberal por la fuerza y el atractivo que tiene el poder gubernamental. Lo que pasó aquí es que la Concertación dejó de ser arcoiris y se transformó en el instrumento de quienes conciben la política como aferrarse a espacios de poder estatal carentes de toda vocación de cambio y adaptados a la constitución del 80 y el modelo neoliberal.

¿Y de esos quienes que usted dice, se puede hablar de tal o tal partido político?

- No. Acá no hay una cuestión de que los partidos a, b o c tienen posiciones claras. Porque se han transformado todos en entidades que tienen en su seno a personas que en origen pensaron algo distinto pero hoy día hay una diversidad tal que hay personas que piensan lo mismo en un partido o en el otro, hay más diferencias dentro de los mismos partidos que con los otros. Por lo tanto acá no es que se junten el partido A con el B y discutan sus diferencias. Esto es una gran mescolanza.

Luego, según Martner, llegaron quiebres internos y el desencanto con la ciudadanía.

- La política está para hacer cosas no para obtener cargos. Los que decimos que eso ya no puede ser nos planteamos agrupar a los que estamos en eso. Cuando Ignacio Walker dice ‘es que quieren echar a la Democracia Cristiana’, no, queremos no seguir caminando junto a los que se adaptan al veto de la minoría y que se encuentran cómodos bajo la lógica del modelo neoliberal. Y esa no es una ruptura con partidos, sino con posiciones y lo que tiene que haber aquí es un proceso de reagrupación. Que los conservadores se agrupen y que se vayan detrás de la candidatura de (Andrés) Velasco que es la que mejor los expresa, o la de (Ignacio) Walker que es más o menos lo mismo.

¿Cómo ve el coqueteo de Andrés Velasco con una posible candidatura presidencial?

- Tiene todo el derecho, que lo haga. Estamos en democracia. Yo no comparto nada la visión política y económica de Andrés Velasco, pero él tiene todo el derecho a querer ser candidato. Y creo que sería muy bueno porque permitiría que se exprese un punto de vista ya no soterradamente como hasta aquí. Ya no a través del lobby, ya no a través del financiamiento de campañas, a través de la influencia indebida sino que abiertamente una postura neoliberal. Lo que uno pide es consistencia. No puede decir que un paro es algo que no hay que hacer como ministro de Gobierno y como oposición encuentre que sí hay que hacerlo.

¿Cree que fue un autogol el apoyo de los partidos de la Concertación apoyar el paro del 24 y 25?

- No. Todo lo contrario. ¿Por qué unos partidos que declaran compartir objetivos con el movimiento social no lo van a apoyar? Me parece ridículo.

¿Porqué cree que perdió el ala más de izquierda dentro de la Concertación su poder frente al grupo más conservador? ¿Si su visión no se impuso, no puede ser simplemente porque no tuvieron el respaldo ciudadano suficiente en su momento?

- Yo voy a hablar por mi: en este caso yo pensé que había personas que tenían posturas cercanas a quienes no estábamos dispuestos a adaptarnos al sistema constitucional del 80, ni a las políticas económicas. Y esas personas en realidad estaban en una posición contraria a la que decían. Esas personas estaban en otra cosa muy poderosa: mantenerse apegados a donde están las granjerías del Estado y del poder.

El riesgo del diálogo

Esta semana se ha abierto una ventana para el diálogo en el conflicto sobre la educación. Piñera, después de tres planteamientos unilaterales y cuatro meses de turbulencias, ha hecho una invitación a sentarse en una mesa en La Moneda. Desde la derecha, el presidente UDI Coloma, aunque en buena hora abierto a la idea, ha comentado que Piñera “ha corrido conscientemente un riesgo al llamar al diálogo”. Se evidencia una vez más lo que inspira a los que nos gobiernan: en este caso  la doctrina del diálogo como riesgo.  La de las mentalidades autoritarias. La del proyecto mesiánico que utilizó una dictadura militar prolongada para realizar brutalmente una revolución por arriba al son del credo ultraliberal de minimización del Estado y de destrucción de la solidaridad colectiva. La que agitó el fantasma del enemigo interno y externo, con el fin de defender los intereses del poder económico y del privilegio oligárquico en una sociedad jerarquizada y clasista. 

¿Por qué este lenguaje tan duro se preguntarán ustedes? Porque es necesario develar una y otra vez que nuestra sociedad ha entrado de nuevo en crisis por la persistencia imprudente del afán de dominio y control de un grupo que, frente a la percepción de amenaza de perderlo todo a partir de 1964, se hizo del poder por la fuerza en 1973 y no trepidó en aplastar a una parte de la sociedad chilena sin fijarse límites en su violencia. Grupo social que debió retroceder cuando ya no podía mantener todo el dominio del poder, pero que logró construir una trama institucional destinada con éxito hasta ahora a impedir que se ejerciera la voluntad del pueblo, siempre considerado díscolo y peligroso, supuestamente necesitado de tutelas políticas, religiosas, culturales. Grupo social que persiste en no someterse a la regla democrática básica: el principio de mayoría, que incluye el derecho de las minorías a procurar transformarse en mayoría.

Algunos señalan que la oposición actual no se abre a los acuerdos como la derecha en los gobiernos anteriores: es que la derecha tenía – a través de senadores designados y leyes de quórum- los derechos propios de las mayorías siendo minoría, y cedía muy parcialmente en aspectos siempre secundarios para conservar lo esencial y evitar estallidos políticos y sociales. Y la mayor parte de la actual oposición parlamentaria en su momento fue haciendo de necesidad virtud y aprobó desde 2010, para su vergüenza,  regalías mineras, reajustes y reformas al sistema escolar en este gobierno, a entera satisfacción de aquellos poderes que mantienen una irrefrenable e indebida influencia en el sistema político. La crisis educacional salió de las instituciones para irse a la calle precisamente por esto. La sociedad dijo basta al sistema de connivencia de las élites conformistas o cooptadas y de dominio de la desigualdad y el privilegio, al menos en aquello que resulta tan crucial más allá de ideologías: ofrecer a los hijos oportunidades igualitarias y la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida con la mejor educación posible. 

Sigamos reafirmando una visión libertaria de la esfera pública y alternativa a la de este cerrado grupo de poder que tanto éxito ha tenido en los últimos 40 años en condicionar sin escrúpulos la vida colectiva chilena: el diálogo nunca es un riesgo. Es la parte de la conducta humana que permite el entendimiento y debe cultivarse en toda circunstancia, por difícil que sea, si se quiere ordenar la sociedad sobre bases civilizadas. Cuando los grupos homogéneos se encierran en sí mismos se vuelven intolerantes e incluso violentos, al demonizar los valores e ideas ajenos. Es la apertura a la diversidad y el respeto por el otro, aunque nos sea difícil, aunque las posiciones sean encontradas, lo que genera progresos humanos y sociales duraderos. Esa es la lección del siglo 20, para todos, también para la izquierda, que anidó en su seno el estalinismo y dogmas cerrados, rechazados por la izquierda libertaria, que también cometió errores cuando se inclinó por un voluntarismo vanguardista estéril. La divergencia estará siempre presente en la esfera pública, pues allí se confrontan ideas, valores e intereses. La democracia está concebida para canalizarlos y dirimirlos en un régimen de libertades y derechos regulados. Si queremos cultivar una sociedad plural y democrática, sigamos a Nietzsche: “toda gran verdad necesita ser criticada, no idolatrada”. O a Elías Canetti: “la primera prueba de respeto hacia los seres humanos consiste en no pasar por alto sus palabras”. Confiemos en el diálogo y en este diálogo del sábado 3 de septiembre, que ojalá sea histórico.

El Presidente Piñera se aproxima a la reunión exponiendo su rechazo a “estatizar la educación chilena”, ya que, a su juicio, es un atentado "no solamente a la calidad, sino que a la libertad y a la equidad". Palabras fuertes, pero equivocadas. La segunda mejor universidad del mundo, UC Berkeley, reúne a 33 mil estudiantes y es pública (la primera, Harvard, es privada sin fines de lucro y se especializa en posgrados e investigación). La única universidad latinoamericana ubicada entre las primeras 150 en el mundo, en criterio del indicador de Shangai, es sumamente pública y gratuita, la Universidad de Sao Paulo y sus 86 mil alumnos, al igual que las dos que le siguen entre las primeras 200, la UNAM de México y la Universidad de Buenos Aires. La chilena mejor clasificada, situada solo entre las 500 mejores del mundo, es la estatal Universidad de Chile.

Y sobre todo nadie está pidiendo estatizar nada, sino que todo lo contrario: desestatizar las utilidades privadas en educación y que no sigan ganando dinero operadores mercantiles con recursos públicos. Y que los recursos públicos vayan a las entidades públicas o sin fines de lucro, no a bolsillos de particulares. Que los subsidios se queden en el sistema educativo para ayudar a aumentar su calidad. Razonable ¿no?

Nadie está proponiendo que no haya pluralismo y libertad en la educación, sino todo lo contrario: que donde haya recursos públicos se respeten estos valores sociales, se cultive la diversidad y el respeto por todas las convicciones y no solo las creencias de grupos particulares que se traducen en discriminaciones inaceptables financiadas por todos.

Plantea además el Presidente que la gratuidad total implicaría que los pobres financian con sus impuestos a los ricos. Cierto, pero solo si lo que se tiene en mente es que los pobres sigan pagando más impuestos en proporción a los ingresos que los ricos, lo que se puede modificar perfectamente aumentando la progresividad del sistema tributario. Hasta donde entiendo, los estudiantes plantean que las ayudas estudiantiles se universalicen pero considerando los niveles de ingreso, no que los dueños de las grandes fortunas manden gratis a la universidad a sus hijos. 

Por último, un grupo de legisladores, que incluye a senadores como Lily Pérez y Carlos Cantero, que no son precisamente unos bolcheviques, plantea que las escuelas con fines de lucro que quieran seguir recibiendo subvención transiten a una situación sin lucro en un plazo de 3 a 5 años.

Un acuerdo razonable está al alcance de la mano. Depende del gobierno y de sus interlocutores. Y tendrá trascendencia histórica. Como también que se frustre y nos instale en un camino de confrontación prolongada.