Oligarquías

En su discurso de despedida de la presidencia de Estados Unidos en 1961, el presidente saliente y ex general Dwight Eisenhower advirtió sobre los peligros de lo que llamó el “complejo industrial-militar”. En sus palabras: "nuestro trabajo, los recursos y los medios de subsistencia son todo lo que tenemos; así es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno, debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial-militar. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado y [ese riesgo] se mantendrá. No debemos permitir nunca que el peso de esta conjunción ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos".

En su propio discurso de despedida la semana pasada, Joseph Biden se refirió al surgimiento de lo que llamó un “complejo tecnológico-industrial": “quiero advertir al país de algunas cosas que me preocupan mucho. Y esa es la peligrosa concentración de poder en manos de muy pocas personas ultrarricas. Hoy en día, una oligarquía está tomando forma en Estados Unidos, de extrema riqueza, poder e influencia que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicas”.

Se trata de expresiones algo melancólicas al momento de salir del poder, luego de obtenerlo y ejercerlo, que dan cuenta de una realidad de la que ambos presidentes han formado parte: el carácter oligárquico del control sobre el sistema político y mediático en Estados Unidos, el que emana inevitablemente de la alta concentración del capital y de la economía. 

Esto se acentuó en el período reciente. Según Bloomberg News, durante los cuatro años de la presidencia de Biden, la riqueza de los 100 estadounidenses más ricos creció en un 63%. El crecimiento del PIB fue de 28%. Esta persistencia de la tendencia a la concentración la simboliza una figura central del “complejo tecnológico-industrial”, Elon Musk (Tesla, SpaceX, X), que pasó de apoyar a los demócratas a ser un aliado fundamental de Trump. Multiplicó su patrimonio por dieciséis: sumaba $25 mil millones en 2020 y alcanzó más de $415 mil millones en 2024. Por su parte, el de Mark Zuckerberg (Meta), una de cuyas empresas acaba de censurar en Chile al periodista Daniel Matamala, se ha casi cuadruplicado, mientras el de Jeff Bezos (Amazon) se ha duplicado, el mismo que acaba de censurar una caricatura suya en el diario del que es dueño, el Washington Post, lo que implicó la renuncia de su autora. 

Se podría considerar que se utiliza la noción de oligarquía con fines retóricos, pero en este caso alude de manera precisa aquel orden que se rige por el principio de bloqueo del interés general en su propio beneficio por parte de una minoría que concentra una parte determinante del poder económico, político y mediático (ver "Oligarchy", Jeffrey Winters, Cambridge University Press, 2011). Esa oligarquía seguirá confrontándose con la democracia en Estados Unidos y en el mundo, como el sociólogo Göran Therborn señaló tiempo atrás (LOM, 2019): "siempre ha existido una distancia y una tensión entre capitalismo y democracia, porque los capitalistas siempre han sido una minoría. A lo largo de la historia se han construido puentes a modo de compromisos, donde se han protegido los derechos de propiedad a cambio de derechos sociales, pero en este nuevo escenario todo eso se está erosionando".

El gobierno de Trump no solo mantendrá el peso sistémico de la oligarquía, sino que será directamente lo que la Real Academia Española define como "plutocracia": aquella “situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado”. Se trata de un dominio más masculinista, represivo, nacionalista y expansivo que nunca, con más resortes de poder y con un fuerte arraigo en el capitalismo financiero y de plataformas tecnológicas, que dejará potencialmente una todavía mayor huella de dominación con aristas conflictivas y violentas en el mundo contemporáneo. 

Tergiversaciones y sentido del acuerdo en pensiones

En La Nueva Mirada

Según el acuerdo alcanzado entre el gobierno, el oficialismo y la derecha en el Senado, se producirá un aumento previsto de las pensiones actuales de hasta 2,5 UF mensuales, es decir 96 mil pesos al valor de hoy. El acuerdo permitirá, además, una redistribución de una parte de las cotizaciones hacia todas las mujeres que jubilen para compensar las diferencias en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. 

Los incrementos de pensiones abarcarán a 2,8 millones de personas e implicarán un aumento de entre 14% y 35% de su valor mensual. El conjunto de cambios previstos aumentará sostenidamente la tasa de reemplazo del salario previo por la pensión a un 70% en diversos tramos de ingresos, especialmente considerando la pensión garantizada universal ampliada. Por otro lado, se terminará con los multifondos, reemplazados por fondos generacionales automáticos que serán menos riesgosos a medida que avanza la edad de las personas que cotizan. El seguro de cesantía cubrirá las cotizaciones en caso de desempleo para evitar lagunas. 

Son avances dignos de ser apoyados, aunque sean insuficientes en diversos aspectos, en especial si se es partidario de un sistema de pensiones de seguridad social. Un esquema mejor y viable sería uno compuesto por una pensión básica universal del orden del 80% del salario mínimo, financiada con impuestos progresivos, por una pensión contributiva de reparto, financiada por cotizaciones obligatorias, además de un ahorro personal de carácter voluntario o contractualizado en la negociación colectiva, no sujeto al impuesto a la renta e invertido en fondos privados o públicos y que, incluso, se pudiera retirar parcialmente en ciertas circunstancias. Pero para esa u otras fórmulas no hay hoy mayoría en el parlamento, por lo que lo que se produjo fue una transacción, que es por definición siempre imperfecta para las partes. 

En todo caso, la actual oposición debió, después de años de bloqueo, dar curso a algún tipo de mejoría de las pensiones. No podía mantenerse solo en la defensa acérrima de la función parasitaria de las AFP, que no obtienen rendimientos de los fondos ahorrados muy distintos a los de los instrumentos de inversión de largo plazo que se ofrecen en el mercado financiero, mientras se apropian de utilidades excesivas que se descuentan de las pensiones. 

El acuerdo alcanzado tiene muchas aristas y será objeto de múltiples interpretaciones. Cabe retener que el total cotizado para pensiones será en el futuro de 18,5% del salario bruto, mientras hoy es de 11,5%. Del 7% adicional previsto por el acuerdo:

- un 4,5% podrá ir a las AFP, pero abriéndose la opción de que vaya a nuevas entidades de capitalización individual, incluyendo una participación del Instituto de Previsión Social en la administración de cuentas. El acuerdo no incluyó un ente público de inversión, que irá en un proyecto de ley separado en marzo. 

- un 1,5% irá a aumentar las pensiones contributivas para 2/3 de quienes las reciben (las personas que hayan cotizado al menos 20 años en el caso de los hombres y 10 años en una primera etapa y 15 más tarde en el de las mujeres), aumento que será de 0,1 UF por año cotizado con un máximo de 2,5 UF. En principio durará 30 años, disminuirá porcentualmente en el tiempo y será reintegrado a los que paguen esta cotización bajo la forma de un suplemento del fondo de pensión a través de un bono al llegar al momento de la jubilación. 

- un 1% irá a igualar las pensiones de hombres y mujeres con un mismo fondo acumulado, hoy distintas por las diferencias en la esperanza de vida. Esta es mayor en el caso de las mujeres, por lo que hoy se disminuye su pensión mensual en comparación a la de los hombres. Habrá un beneficio mínimo de 0,25 UF mensuales.

Es un avance institucional importante el que, según el acuerdo, el Instituto de Previsión Social (IPS) pueda administrar en el futuro cuentas previsionales y que se cree un Fondo Autónomo de Protección Previsional para las prestaciones del nuevo Seguro Social Previsional, que serán pagadas por el IPS. El Seguro Social gestionará el 1% para compensación por diferencias en la esperanza vida entre hombres y mujeres y el aporte de 1,5% a las pensiones actuales con bono posterior, junto al 1,5% de las cotizaciones del seguro de invalidez y sobrevivencia ya existente. Este último beneficia ("con mi plata si" y desde 1981) a los que se accidentan o enferman o a las familias de los que fallecen jóvenes. Es un seguro pagado por los empleadores y es parte del costo de contratar, como el de accidentes del trabajo, y que beneficia a quienes sufren una enfermedad invalidante o una muerte prematura, lo que puede ocurrir a cualquier trabajador, aunque solo termine abarcando a una parte y la mayoría no reciba beneficio alguno a lo largo de su vida. Es la lógica de la seguridad social ("hoy por ti, mañana por mí"), que también se aplica al financiamiento de las atenciones de salud y en parte al subsidio por desempleo temporal, con cotizaciones que cubren los riesgos respectivos. No obstante, el 4,5% para financiar la invalidez y sobrevivencia y los nuevos complementos de pensiones es una proporción baja de la cotización total de 18,5%, pero es el germen de un nuevo sistema de seguridad social. Este debiera extenderse progresivamente a la opción de gestión de todas las cuentas de cotización obligatoria y de inversión de los fondos por el Instituto de Previsión Social y el Banco del Estado a través del Fondo de Seguro Social (que recibirá para funcionar de inmediato un préstamo del gobierno de hasta 900 millones de dólares).

Las entidades privadas que reciben cotizaciones para la capitalización competirán más, dada la futura licitación del 10% de las cuentas de ahorro existentes cada dos años y la incorporación de nuevos participantes, como las Administradoras Generales de Fondos no bancarias, las cajas de compensación y cooperativas. Esto incluirá la gestión de inversiones y se podrá subcontratar las tareas de administración de cuentas, para lo que se habilita el ingreso del Instituto de Previsión Social en esas segundas funciones, disminuyendo las barreras de entrada. A su vez, se ingresará en marzo un proyecto de ley para la creación de un inversor público, que la derecha se negó a incluir en el acuerdo. Este conjunto reducirá potencialmente las inusuales utilidades de las AFP por cobro de comisiones, aunque ganarán un mercado de 4,5% de cotización obligatoria adicional, salvo que los cotizantes prefieran a los nuevos entes de recaudación e inversión. 

Un ángulo de ataque empresarial, y de la prensa que le es dependiente, al que se suma la extrema derecha, es el de los bonos reintegrados por la nueva cotización de 1,5%, gestionada por un nuevo Seguro Social con garantía estatal. El planteamiento de que no existe seguridad de que se paguen esos bonos es extemporáneo, pues no hay otra entidad más segura en materia financiera, en el corto o en el largo plazo, que el Estado. En el Chile independiente nunca ha entrado en cesación de pagos, dicho sea de paso. Se trata, en todo caso, de una fórmula un poco retorcida para evitar que se la denomine de "reparto", sistema que consiste en que las cotizaciones recaudadas en el presente pagan las pensiones mes a mes, a cambio de que la siguiente generación haga lo mismo con los futuros pensionados. Estos, entretanto, adquieren derechos de pensión ("cuentas nocionales") cotizando en su vida activa. Esta modalidad es calificada de "cáncer" por el presidente de la UDI, seguramente porque supone un sistema público. Conceptualmente se trata de lo mismo que cobrar un impuesto para realizar un gasto, en este caso para un fin específico, lo que en sí mismo no tiene nada particularmente especial, salvo que se considere que todo impuesto es un cáncer. El "reparto intergeneracional" es una forma de vínculo entre activos y pasivos para financiar pensiones, que suelen combinarse con ahorros (obligatorios o voluntarios y con descuento tributario en el impuesto a la renta) que se capitalizan. Casi todos los sistemas de pensiones combinan ambos mecanismos, incluyendo en Estados Unidos, junto a una prestación mínima financiada con impuestos, en proporciones y mecanismos variados.

Otro ángulo de ataque es la compensación de género por diferencia de esperanza de vida, que es considerada por algunos como una interferencia en la propiedad privada. Se trata de una medida de redistribución de ingresos en la vejez desde los hombres a las mujeres, la que se justifica por la situación socialmente desmedrada de las segundas, las lagunas de ingresos que provoca la maternidad (los que se oponen a este mecanismo suelen ser paradojalmente grandes partidarios de la promoción de la natalidad) y una mayor esperanza de vida que las lesiona en el cálculo de sus pensiones. No se trata en este caso de "reparto", sino de una forma de solidaridad y no discriminación que la sociedad decide establecer. Por ejemplo, en la Unión Europea está simplemente prohibido todo cálculo actuarial de seguros basado en la esperanza de vida por géneros.

Otra objeción empresarial es el nuevo total de 8,5% del costo salarial de cotización del empleador. Este seguirá siendo inferior a la actual cotización de 10% de cargo del trabajador. Se lee en la prensa: "gremios empresariales advierten efecto negativo del aumento de cotización al 8,5% del acuerdo previsional". Esto no es efectivo, pues el acuerdo señala que habrá una cotización adicional de 7% del salario bruto imponible por parte de los empleadores, que se establecerá de manera progresiva hasta completarse en 9 años, en vez de 6 contemplados originalmente. El 1,5% del seguro de invalidez y sobrevivencia ya existe y es pagado por los empleadores (1,38% en la actualidad, cifra que resulta de la licitación periódica a compañías de seguros). Cabe subrayar que sin cotizaciones suficientes no hay pensiones contributivas con una tasa aceptable de reemplazo del salario previo. Es un asunto de aritmética, hoy agravado por las sustanciales utilidades privadas que se sustraen a las pensiones y que alcanzan un tercio del capital invertido por las AFP al año, una cifra a todas luces inaceptable.  La cotización salarial de 10% de 1981 se estableció solo para favorecer el cambio desde las Cajas de Previsión a las nuevas AFP privadas. Las primeras funcionaban con cotizaciones mayores, lo que a la postre redundó comparativamente en menores pensiones de las segundas y en el fracaso de la privatización de las pensiones, emblema del modelo neoliberal impulsado por la dictadura de 1973-89 que debió dar paso a un aumento sustancial de la pensión básica de cargo fiscal. 

La cotización adicional impactará en el costo de contratar, pero tendrá una aplicación gradual y podrá básicamente ser absorbida año a año por los aumentos usuales de la productividad del trabajo. Si no fuera así, y si se considera que la contratación se produce cuando el ingreso adicional para el empleador previsto supera su costo adicional, entonces habría contratación con una mejor distribución del ingreso entre capital y trabajo, lo que en las condiciones chilenas no tiene nada de reprochable. Además, crea una demanda adicional de bienes que dinamiza una parte de la economía con efectos multiplicadores. La afirmación según la cual "bajarán los salarios líquidos de la clase media" o "bajará el empleo formal" son típicas de los análisis mecánicos del tipo "si todo lo demás permanece constante", lo que no captura una dinámica económica en la que están envueltos diversos incentivos expansivos. Estos están situados en la interacción entre la innovación por el lado de la oferta, como subrayan los enfoques neo-schumpeterianos (Aghion y otros, 2021), hoy acelerada por los cambios tecnológicos en curso, y los impulsos de demanda interna y externa sobrevinientes, con diversos mecanismos de adaptación entre ambas dimensiones que explican por qué las economías con Estados de bienestar son históricamente dinámicas.

Para los enfoques liberales, los impuestos y contribuciones obligatorias afectan siempre negativamente a la economía, en circunstancias que buena parte de las de más alta productividad e ingresos son las de más alta presión tributaria y contributiva (quien quiera constatarlo puede revisar las bases de datos de la OCDE, el FMI y el Banco Mundial). Esto se explica porque, al aumentar las capacidades humanas mediante una mayor inversión pública en educación, salud e infraestructuras, se aumenta la producción en el largo plazo, mientras la protección con seguros sociales ante los principales riesgos, incluyendo el de llegar a la vejez sin ingresos, aumenta la movilidad de los factores de producción hacia sus sectores más dinámicos y mejora la disposición a innovar, lo que termina por aumentar la productividad media de manera sostenida. 

Desde otro enfoque, hay quienes señalan que se mantiene un "ahorro forzoso" en beneficio de los grupos económicos. Una parte del ahorro se invierte, pero con sus respectivos rendimientos en beneficio de los fondos de pensiones, en bonos y acciones de grandes empresas, dentro y fuera de Chile. Y otra parte es invertida en instrumentos públicos o en activos no concentrados. Todo esto depende de las políticas de inversión: la capitalización de ahorros no es un problema en sí mismo, sino que depende de la orientación que tenga. La cotización es un aporte obligatorio, dicho sea de paso, que existe desde que se inventó la seguridad social hacia 1880 en Alemania, del mismo modo como son obligatorios los impuestos desde tiempos inmemoriales. Estos pueden ser considerados positivos o negativos según a quién se apliquen y qué destino tengan. En Chile los impuestos financian la Pensión Garantizada Universal para el 90% de los mayores de 65 años, lo que constituye el grueso de la pensión total para una proporción muy significativa de los jubilados. Esta subirá a 250 mil pesos en 2025 como parte del acuerdo. Una opción para el futuro es que solo exista un mecanismo compulsivo para el financiamiento tributario obligatorio de esta pensión, y que las contribuciones como porcentaje del salario sean solo complementos de pensión que resulten de aportes voluntarios, que se ahorren y capitalicen por decisión individual o colectiva en acuerdos de empresa. Pero mientras el ahorro para la jubilación sea muy bajo, entre otras cosas porque los salarios son muy bajos, y no se aumenten los impuestos de las personas de mayor riqueza e ingresos, las cotizaciones obligatorias sobre salarios son necesarias para mejorar la situación de los pensionados.

El acuerdo sobre pensiones supondrá llevar el gasto total en la materia a una cifra del orden de 7,8% del PIB (con un aporte de los trabajadores de 2,9% del PIB, de los empleadores de 2,4% y el del presupuesto público de 2,5%), todavía inferior al promedio de gasto en pensiones de 10% del PIB en la OCDE. Un sistema con más reformas futuras podría dejar la capitalización individual como eventual opción complementaria no obligatoria, aliviando sustancialmente la cotización obligatoria sobre salarios, y subir gradualmente la pensión estatal universal financiada por impuestos más progresivos. Pero esas opciones u otras las decidirá la ciudadanía en las próximas y en las sucesivas elecciones: nada de lo emanado del actual parlamento de mayoría conservadora quedará escrito en piedra, sino que podrá modificarse posteriormente por otras mayorías. 

¿Meritocracia o dignidad del trabajo?

En La Nueva Mirada

La evolución de las sociedades no está solo marcada por las ideas de quienes procuran influir en ellas, sino también por la dinámica de fuerza y dominio relativo de unos y otros intereses existentes a lo largo del tiempo. Cuando en Chile se discute sobre la huella del neoliberalismo, por ejemplo, se razona como si no existieran los conflictos políticos y de poder y tampoco la huella de una dictadura de 17 años en la profunda re-oligarquización del país. Se privilegia un enfoque que otorga una suerte de omnipotencia a las ideas, y juzga como traiciones las conductas de sus portadores cuando no se concretan a cabalidad en el choque con aquellos intereses que logran imponerse en u otras etapas de la dinámica política. El hecho es que se ganan algunas batallas políticas y se pierden otras. Pero no por eso las ideas dejan de importar, pues son las que permiten mantener el rumbo. Como afirmó en 1936 el británico John Maynard Keynes, “los hombres prácticos, que creen que están exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún difunto economista”. O de algún difunto pensador.

En los años 1990 hubo quienes sostuvieron que se produciría el fin de la historia con la identificación de la democracia con la economía de mercado a lo Francis Fukuyama, en detrimento de la idea de sociedades en permanente transformación. Algunos quisieron asociar en Chile esta tesis equivocadamente a la renovación del socialismo para buscar acomodos y reemplazar aquella de la democracia social y económica y de centralidad del trabajo y la cultura como modos de organización de la sociedad. Ahora hay quienes reivindican, en un mismo orden de ideas, la meritocracia y la movilidad como valores sociales que debieran prevalecer, siempre en nombre del acelerado cambio tecnológico y cultural, como si no fueran constantes de la historia.

Sigue siendo relevante la identificación de los criterios de justicia que puedan hacer posible una convivencia equitativa como alternativa al sálvese quien pueda, en nombre de la libertad y de la justificación de sociedades desiguales propia del neoliberalismo, imperante en amplios segmentos de la sociedad. Cabe partir por Ronald Dworkin, para quien la igualdad es la base de la soberanía democrática, en tanto alternativa a las violencias propias de la ley del más fuerte, aquella que permite el dominio ilegítimo de unas categorías sociales (frecuentemente minoritarias) sobre otras (frecuentemente mayoritarias). La noción de igualdad, a su vez, debe dar cuenta una y otra vez de las interrogantes acerca ¿de qué? y ¿para quién? Al hacerlo en la esfera pública, se estructura, según subraya Norberto Bobbio, el campo político. Este autor postula que lo que distingue a la derecha de la izquierda es que, para la primera, la desigualdad sería natural y consecuencia de diferencias de talento y de mérito, mientras, para la segunda, en lo principal la desigualdad es socialmente construida, y por tanto socialmente modificable, lo que incluye la defensa de la igualdad de la libertad.

Los primeros socialistas elaboraron en el siglo XIX criterios de justicia distributiva con una visión centrada en el cambio de propiedad de los medios de producción. Marx sostuvo en El Capital (1867) que "la producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción más que minando al mismo tiempo las fuentes de las que mana toda riqueza: la tierra y el trabajador". En su Crítica al Programa de Gotha (1875), definió el horizonte socialista del siguiente modo: “En la medida en que el trabajo se desarrolla socialmente, convirtiéndose así en fuente de riqueza y de cultura, se desarrollan también la pobreza y el desamparo del que trabaja, y la riqueza y la cultura del que no lo hace". Superar esta drástica división de la sociedad en clases debía conducir en una primera fase a un sistema en que "el productor individual obtiene de la sociedad -después de hechas las obligadas deducciones- exactamente lo que ha dado...su cuota individual de trabajo...Ahora nada puede pasar a ser propiedad del individuo, fuera de los medios individuales de consumo. Pero, en lo que se refiere a la distribución de estos entre los distintos productores, rige el mismo principio que en el intercambio de mercancías equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad igual de trabajo, bajo otra forma distinta". Este criterio distributivo del "a cada cual según su trabajo", medido en horas y hechas las deducciones para hacer crecer la base productiva y distribuir recursos a los que no están en condiciones de trabajar, es para Marx necesario en una primera etapa pero problemático: "reconoce, tácitamente, como otros tantos privilegios naturales, las desiguales aptitudes individuales, y, por consiguiente, la desigual capacidad de rendimiento. En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el derecho de la desigualdad... Prosigamos: un obrero está casado y otro no; uno tiene más hijos que otro, etc., etc. A igual trabajo y, por consiguiente, a igual participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho más que otro, uno es más rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el derecho no tendría que ser igual, sino desigual".

Este tipo de lógica es la que dio curso en la historia de fines del siglo XIX y en el siglo XX a los derechos sociales y a las redistribuciones según necesidades. Para Marx, esto solo podía culminar como criterio distributivo "cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva", en el que "sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades!".

Los procesos de transición de una situación a otra, de un derecho a otro, debían ser dejados al curso de la historia y no a diseños calificados de utópicos, sin llegar a definir la relación entre las necesidades socialmente cubiertas (¿cuales?) ni precisarse cómo se logra el aporte de cada cual según sus capacidades, ni tampoco la obtención de los "manantiales de riqueza" que le darían sustento (¿cómo?).

La historia siguió efectivamente su curso y dio lugar a luchas sociales que modificaron el capitalismo salvaje en el siglo XIX, con los primeros compromisos de seguridad social en la Alemania de Bismarck hacia 1880, e hicieron emerger en el siglo XX diversos tipos de Estados de bienestar basados en economías mixtas. Y también a revoluciones y a los llamados "socialismos reales", principalmente a partir de 1917 en Rusia y de 1949 en China, fruto de la descomposición de naciones en guerra en periferias inicialmente pobres, sin tradiciones democráticas ni mayor base industrial. Estas revoluciones fueron rápidamente acosadas militar y económicamente y debieron privilegiar para sobrevivir la industrialización forzada y los esfuerzos de guerra. El consumo presente fue subordinado a esos fines, con las consiguientes obligaciones de trabajo y mantención de precarias condiciones de vida mediante la provisión racionada de bienes básicos, salvo la parcial excepción de las elites gobernantes. Los sistemas de asignación burocrática de los recursos terminaron por colapsar y perder legitimidad, al no observarse cambios en la condición asalariada ni el logro de mejores niveles de vida comparativos.

Bajo el impulso de Friedrich Hayek, Milton Friedman y Robert Nozick, el neoliberalismo dio nueva vida al utilitarismo y al liberalismo económico clásicos y a las corrientes marginalistas, cuya visión descarta la idea de justicia social en beneficio de sociedades de mercado basadas en la persecución del interés individual, lo que expandiría mejor el bienestar general y tendería al equilibrio general. Esta corriente no tuvo problemas en asociarse a regímenes autoritarios, como fue el caso de los dos primeros al venir a Chile a defender la dictadura de Pinochet y a los Chicago Boys. Hoy inspira a los radicales Bolsonaro, Milei o Trump y a diversas expresiones cuya estrategia es la minimización de los Estados de bienestar, y del Estado en general (reducido a una especie de "vigilante nocturno"), y poner fin a las políticas de reducción de las desigualdades, que considera moralmente infundadas. Según Nozick, cualquier impuesto obligatorio utilizado para financiar servicios o beneficios distintos de los que constituyen el Estado mínimo es injusto, porque ese impuesto equivale a una especie de “trabajo forzado” para el Estado por parte de quienes deben pagar el impuesto, incompatible con los derechos naturales liberales, empezando por el de propiedad. Salvo, y ahí sigue estando parte fundamental del tema distributivo, corregir "las injusticias pasadas" y que las pertenencias adquiridas de modo violento, clandestino o fraudulento vuelvan a sus verdaderos dueños. Esta limitación da por válida como "derecho natural" la distribución del ingreso según la productividad marginal en situaciones de mercado, teorizada de modo más que discutible por la economía neoclásica.

John Rawls introdujo renovados debates en defensa de la idea de justicia (qué cosa corresponde a quién) con la publicación, desde una perspectiva liberal-igualitaria, de "Justice as Fairness" en 1955 y luego de A Theory of Justice en 1971 y otros textos posteriores. Para este autor, las exigencias de una sociedad justa parten con la identificación de bienes primarios de carácter social (los bienes de carácter natural son en su concepto la salud y los talentos, no susceptibles de igualación equitativa) que reparte en tres categorías: las libertades fundamentales, el acceso a las diversas posiciones sociales y las “bases sociales del respeto de sí mismo”. Una sociedad justa sería aquella cuyas instituciones reparten los bienes primarios sociales de manera equitativa entre sus miembros, tomando en cuenta que estos difieren en términos de bienes primarios naturales. Esta distribución equitativa debe, según Rawls, hacerse bajo tres principios: el de igual libertad (toda persona tiene un derecho igual al conjunto más extendido de libertades fundamentales iguales que sea compatible con un conjunto similar de libertades para todos), el de diferencia (que afirma que las eventuales desigualdades sociales y económicas que emergen en el marco de las instituciones que garantizan la igual libertad se justifican sólo si permiten mejorar la situación de los miembros menos aventajados de la sociedad) y el de igualdad equitativa de las oportunidades (vinculadas a funciones y posiciones a las cuales todos tienen el mismo acceso, a talentos dados). Si los talentos innatos de dos personas son los mismos, las instituciones deben asegurar a uno y otro las mismas posibilidades de acceso a las posiciones sociales que escojan. Rawls razona a partir del individualismo metodológico, incluyendo la hipótesis del "velo de la ignorancia", es decir una situación en la que nadie sabe en qué posición social le tocará vivir y tiene, por tanto, motivos para que su distribución sea equitativa, en vez de postular una redistribución por acción colectiva dadas las estructuras sociales vigentes. Pero es una buena base para identificar las desigualdades injustas y sus correcciones, pues de estos principios puede deducirse en términos prácticos la necesidad para una sociedad justa de la limitación de las desigualdades de riqueza e ingresos, de la prohibición del nepotismo y de las discriminaciones arbitrarias y el acceso universal a la enseñanza.

Ronald Dworkin, por su parte, insistió (en Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, 2000) en que un gobierno legítimo tiene que tratar a todos los ciudadanos con igual respeto y consideración. Y puesto que en la distribución económica que consigue una sociedad existe una influencia de su sistema legal y político, ese requisito impone a la distribución condiciones igualitarias. Dworkin se apoya en dos principios fundamentales: la necesidad objetiva de que prospere la vida de todo ser humano, sea cual fuere su condición, y la responsabilidad que debe tener toda persona de definir su propia vida y conseguir que prospere, como base de su tesis de que la verdadera igualdad es la igualdad en el valor de los recursos que cada persona tiene a su disposición, y no de los éxitos que logra. La igualdad, la libertad y la responsabilidad individual no están para Dworkin en conflicto sino que fluyen y refluyen las unas de las otras. Defiende entonces un criterio de justicia distributiva basado en la igualdad de recursos.

Para Amartya Sen (en On Economic Inequality, 1997, y en The Idea of Justice, 2009), el enfoque de la justicia que se focaliza en el mérito derivado de la productividad marginal o en los bienes primarios sociales no considera suficientemente la capacidad muy desigual de transformar esos bienes y recursos en funcionamientos, para lo que propone actuar sobre el conjunto de capacidades que hacen posibles dichos funcionamientos. Sen sostiene que la justicia requiere al menos que todos dispongan de un cierto número de capacidades fundamentales, según modalidades y medios que pueden variar considerablemente de un contexto sociocultural a otro, y que incluye la capacidad de participar en la vida colectiva, fundando un enfoque basado en atacar la pobreza –entendida como ausencia de capacidades más que de ingresos– no sólo absoluta sino también relativa.

Jon Elster (en "El estudio empírico de la justicia”, 1997) procuró enunciar una redistribución justa como una concepción de sentido común del bienestar, que se traduce en cuatro proposiciones para el funcionamiento social, cada una de las cuales modifica la anterior: 1) maximizar el bienestar total; 2) apartarse de esa meta si es necesario para asegurarse que todos alcancen un nivel mínimo de bienestar; 3) apartarse de la exigencia de un mínimo de bienestar en el caso de las personas que están por debajo de él debido a sus propias elecciones, pues la sociedad no tiene la obligación de compensar a las personas por males evitables que recaen sobre ellas como resultado predecible de su comportamiento libremente elegido, y 4) apartarse del principio de no apoyar a estas personas si su fracaso para hacer planes para el futuro y reaccionar a los incentivos se debe a una pobreza y privación graves. En el enfoque de Elster, se debe tomar especialmente en cuenta las diferencias entre individuos cuando proceden de las capacidades naturales o de discapacidades, es decir de factores no controlables. Y a la vez no buscar compensar las disparidades de esfuerzo, que emanan a su vez de diferencias de gustos y preferencias, pero sí considerar sus condicionamientos sociales.

La noción de igualdad compleja de Michael Walzer (en Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality, 1983) había contrastado de modo pertinente con el esfuerzo tradicional de la filosofía política de buscar axiomas o principios fundamentales de justicia sin distinguir sus ámbitos de aplicación. Este autor defiende una concepción de igualdad que preserve la separación de las diversas esferas de la vida social y la inconvertibilidad de las categorías de bienes constitutivas de cada una de ellas. El criterio de igualdad de trato (como la igualdad ante la ley y el voto) o de resultados (como en las atenciones de salud y las condiciones básicas de vida socialmente definidas) es pertinente en sus dominios específicos, como lo es el de igualdad de oportunidades en otros dominios (como en la educación y la vida de las empresas).

Otros autores han insistido en que una agenda de igualdad real de oportunidades debe incluir no solo la corrección de las barreras que impiden la igualdad formal de oportunidades y de acceso a distintos empleos y posiciones sociales, sino transformar las condiciones estructurales de desigualdad de acceso a esas diferentes posiciones sociales. Esto requiere impedir la dominación de poderes privados asimétricos sobre el resto de la sociedad (Republicanism, Philip Pettit, 1997) y toda forma de discriminación arbitraria. Y también impedir el despotismo de burocracias no controladas democráticamente por los ciudadanos, las que terminan por apropiarse de la acción estatal en su beneficio. Es la idea de libertad como no dominación.

La igualdad de oportunidades y sus requisitos pueden no ser una condición suficiente de justicia distributiva y deben completarse con la lógica de la reciprocidad comunitaria, de acuerdo a Gerald Cohen (Why Not Socialism?, 2011), definida como el principio “según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”. La "igualdad socialista de oportunidades" apunta a reducir la desigualdad solo a las que se originan en elecciones personales, como trabajar más o menos. La justicia exige al menos esto. Pero, según Cohen, se debería promover un sentido de comunidad y la construcción de instituciones económicas más allá del interés personal inmediato. En el caso del mercado, la reciprocidad del intercambio -pago por algo que necesito o deseo a un precio que resulta suficientemente conveniente para el oferente- es puramente instrumental, motivada por la codicia y eventualmente el miedo, y en el mejor de los casos limita los mejores motivos a la familia inmediata y a los amigos. En el caso de la comunidad, la reciprocidad se logra a través de la generosidad mutua y celebra virtudes y no vicios, lo que supone que a las personas les importen los demás, que siempre que sea necesario y posible cuiden de ellos y que, además, se preocupen de que a los unos les importen los otros. Cohen ofrece una definición que invoca a Einstein con aprobación: el socialismo es el intento de la humanidad de ‘superar y avanzar más allá de la fase depredadora del desarrollo humano’, pero reconoce que convertirlo en el corazón de la economía es difícil. No obstante, observa que la solidaridad y la reciprocidad caracterizan muchos aspectos de la vida social y no se limitan a la toma de decisiones familiares, pues abarcan áreas como partes de la atención de salud, la enseñanza y las actividades asistenciales, mientras en los desastres naturales y las emergencias a menudo se desechan las relaciones mercantiles y se procura dar respuesta directa a las necesidades.

Después de su difundido texto de 2009 (Justice: What's the Right Thing to Do?), que recorre estos temas, Michael Sandel ha llamado la atención sobre el mal uso del concepto de meritocracia (en The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?, 2020). Que las posiciones sociales e institucionales se obtengan individualmente por el mérito de cada cual, con resultados desiguales que en principio se originan en esfuerzos diferentes, hace de la meritocracia, en palabras de Sandel, "un ideal atractivo, especialmente si la alternativa es el privilegio heredado, patronazgo, nepotismo y corrupción. Asignar importantes roles sociales a aquellos que están calificados es algo bueno. Si requiero cirugía, necesito un médico muy bien calificado para que me opere. Entonces, el mérito en sí es algo bueno, y es una alternativa deseable frente a otras". Salvo que, argumenta Sandel, al haber desigualdades iniciales, la selección por mérito suele terminar reproduciendo esas desigualdades en los resultados y rendimientos, haciendo imposible la igualdad efectiva de oportunidades. Sandel asume que "el primer problema de la meritocracia es que las oportunidades en realidad no son iguales. El segundo problema ...(es) que quienes tienen éxito crean que éste se debe a sus propios méritos y que, por tanto, merecen todas las recompensas que las sociedades de mercado otorgan a los ganadores...La meritocracia crea arrogancia entre los ganadores y humillación hacia los que se han quedado atrás". Y agrega: "muchos trabajadores sienten que las élites los desprecian, que no los respetan, no respetan el tipo de trabajo que hacen. Y eso creó una ira y un resentimiento cada vez más profundos entre los trabajadores. Los partidos populistas autoritarios apelan a los agravios de esas personas que sienten que este sistema los desprecia, un resentimiento que las actitudes meritocráticas hacia el éxito han alimentado".

La igualdad efectiva de oportunidades no puede reducirse a la igualdad formal ante la ley y a exámenes estandarizados en que el acceso a las posiciones sociales depende, como alternativa a los privilegios de origen social o racial, de la obtención de más puntos que otros en tal o cual métrica. Esto ha creado la paradoja de la masificación educativa, considerada una clave de la igualdad de oportunidades: la jerarquización de títulos académicos abre abismos entre los ganadores y perdedores del sistema escolar y de la educación superior. Los ganadores, convencidos que su éxito se debe únicamente a su mérito, defienden "los valores universales de la razón y la competencia experta" que les benefician. Los perdedores de la carrera escolar y universitaria se sienten ignorados y despreciados. La pertenencia de clase, que podía traducirse en luchas colectivas, se transforma en parte en una brecha que empeora la posición relativa de los menos favorecidos, basada en la diferenciación y devaluación de los títulos escolares y académicos. Esto se vive, antes que como una eventual consecuencia de la desigualdad en la estructura social, como una experiencia personal de fracaso que alimenta el resentimiento y la rabia contra las élites más formadas y con mayores competencias, especialmente si son percibidas como solo interesadas en mantener su status individual. El mérito es un atributo con componentes múltiples que, de no considerarse con suficiente complejidad cuantitativa y cualitativa, puede terminar discriminando por factores sociales o de origen, o por sus preferencias individuales, a personas suficientemente capacitadas para iniciar trayectorias u ocupar lugares de su preferencia en la sociedad.

¿La recomendación de Sandel? "Los partidos socialdemócratas deben reenfocar y redefinir sus políticas, su misión y propósito si quieren enfrentar las políticas de resentimiento a la que apelan las figuras populistas de derecha. Y sugiero que lo hagan de dos maneras. Una es pasar de lo que llamo la “retórica del ascenso” hacia un proyecto enfocado en la dignidad del trabajo... (y) reconocer que el trabajo no es solo un modo de ganarse la vida, sino también una manera de contribuir al bien común, y obtener reconocimiento, respeto, estima social, por haber hecho ese trabajo. Esto sugiere que la políticas del Estado de bienestar y de redistribución, importantes como son, no son suficientes. Porque la gente no solo se preocupa de la justicia distributiva, sino también de la justicia contributiva, es decir, que su trabajo sea reconocido, valorado y respetado... (lo) que provee a las personas un sentido de dignidad y orgullo, como miembros, ciudadanos de una comunidad política. Y otro aspecto en que pienso que la socialdemocracia debe cambiar su foco es darle voz a las personas...Hay que sacar a las personas de sus enclaves privatizados, que nos separan y que nos aíslan a los unos de los otros”.

Se puede entender que este desafío va más allá de una posición en particular y como la necesidad de recomponer la esfera pública y la cooperación social. Esta se ha visto disminuida en beneficio de la privatización de la vida y de las conductas, por condicionantes estructurales que, más que antes, dispersan y estratifican las posiciones sociales y permiten el avance cultural del individualismo negativo. A ello se agrega el encasillamiento y polarización de la comunicación estimulada por las redes sociales digitales tales como existen hoy. La existencia de una esfera pública dinámica es el requisito básico para una mediación constructiva entre el Estado y la sociedad y para permitir el control democrático de las actividades estatales, siguiendo a Jürgen Habermas. En las nuevas condiciones del siglo XXI, y su vorágine de cambios tecnológicos y sociales, las voces conservadoras y sus conceptos no tienen por qué ser la referencia de los debates públicos, aunque dominen los medios de comunicación. Debieran serlo los valores sociales que sean considerados democráticamente dignos de ser conquistados y defendidos como avances de civilización.