Las visiones contrastadas de la historia

 En El Mostrador

Nuestra sociedad sigue inevitablemente procesando los aspectos más difíciles de su historia reciente, especialmente en una fecha tan simbólica como los 50 años del golpe de Estado de 1973. Las nuevas generaciones se preguntan, con toda razón, qué pudo haber causado un crisis de tanta gravedad y con resultados tan violentos. Las respuestas nunca serán obvias y tendrán inevitablemente aspectos controvertidos. Seguir buscándolas será en cada etapa de la vida democrática plenamente pertinente, pues de otro modo no se podrán extraer las lecciones que eviten cualquier repetición de una crisis de esa naturaleza.

Como ha señalado el Presidente Boric, uno de los aportes iniciales que perduran en ese sentido es el libro-testimonio de Joan Garcés, Allende y la experiencia chilena: las armas de la política, de 1976, reeditado por Siglo XXI en 2013. También lo es el libro de Arturo Valenzuela, El quiebre de la democracia en Chile, de 1978, en el que se resalta, como señala la presentación de la edición del libro por la UDP de 2013, “la primacía de los factores políticos por sobre los económicos en el colapso de la institucionalidad en 1973, planteando por primera vez la tesis de que, más allá de la actuación de las fuerzas radicales, fueron la erosión del centro político y la politización de las instituciones supuestamente neutrales los elementos que más influyeron en el derrumbe de la democracia chilena y el largo período dictatorial que le siguió”.

Daniel Mansuy ha publicado recientemente un texto que hace, desde el punto de vista conservador, una aproximación que busca ser intelectualmente honesta a la crisis de 1973. Es debatible tanto en su enfoque general como en diversos aspectos específicos, como no puede ser de otra manera, pero contrasta notoriamente con la falta de perspectiva de la representación política actual de la derecha.

La secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, llegó a sostener hace un tiempo que “hubo mucha gente que sufrió de lado y lado, en eso tenemos que cambiar la actitud. Si yo le empiezo a decir lo que pienso y todas las barbaridades que hizo Salvador Allende, creo que no nos vamos a encontrar”. Fue consultada sobre si son “equiparables las barbaridades de Salvador Allende con las de la dictadura”, y Hoffmann contestó que “son bastante equiparables, diría yo”.

Una persona con responsabilidades públicas está introduciendo una distorsión histórica de grandes proporciones. Una cosa son políticas que atacaron intereses dominantes para procurar dignificar la condición de los trabajadores y campesinos, mejorar la alimentación de los niños, subir los salarios y redistribuir los ingresos, nacionalizar el cobre, culminar la reforma agraria y constituir un área de propiedad social, todo lo cual es muy debatible en sus finalidades y temporalidades e implicaba una polarización de la sociedad, pero se llevó a cabo en democracia, con garantías constitucionales, elecciones libres, separación de poderes y plena libertad de prensa y reunión, las que estaban plenamente vigentes el martes 11 de septiembre de 1973.

En ese día, por lo demás, el Presidente Allende anunciaría un plebiscito para dirimir el conflicto político y evitar un quiebre institucional. Se podrá decir lo que se quiera sobre las supuestas intenciones de la izquierda, el congreso socialista de 1967 y tal cosa u otra en la lógica de las campañas apocalípticas sobre las supuestas intenciones de la Unidad Popular de someter el país a Moscú, con plan Z incluido, pero la estricta e indesmentible realidad es la plena vigencia de las libertades y derechos desde el primer hasta el último día del Gobierno del Presidente Allende. Y todo esto en medio de atentados cotidianos de la extrema derecha, ayudada por miembros de los servicios de inteligencia de la Armada, según se ha documentado posteriormente. Esto incluyó la bomba puesta en la casa de mi familia –mi padre era ministro de Planificación del Presidente Allende– por Patria y Libertad el 2 de septiembre de 1973 y que por segundos no me costó la vida.

Otra cosa muy distinta es un golpe de Estado que partió bombardeando La Moneda, con el Presidente en su interior defendiendo la dignidad republicana de las instituciones hasta dar su vida. Golpe de Estado cuya finalidad expresa fue, en palabras de Gustavo Leigh, “extirpar el cáncer marxista”, es decir, masacrar a la mayor parte de los dirigentes de los partidos de izquierda, reprimir y castigar a los que gobernaban y someter por la violencia y el terror a los chilenos y chilenas que dieron el 44% de los votos a la izquierda en marzo de 1973. Esto incluyó campos de concentración, proscripciones y persecuciones, allanamientos masivos, torturas, violaciones y vejaciones de cuerpos, asesinatos, desapariciones de restos (en diversos casos en dos ocasiones), cárcel, exilio y una dictadura de 17 años con “metas y no plazos”, nada de lo cual existió ni por asomo bajo el Gobierno del Presidente Allende.

Permanece en Chile, desgraciadamente, una derecha con una distorsión de perspectiva sobre la base de una irracional teoría del empate que es ética y factualmente insostenible. Que la señora Hoffmann aluda a sus familiares militares como factor de adhesión obligada a la dictadura es también grave, pues muchos militares no fueron ni golpistas, ni torturadores ni asesinos. Hubo insignes mandos constitucionalistas como los generales Schneider y Prats, mientras dos de los cuatro comandantes en Jefe en ejercicio el 11 de septiembre se opusieron al golpe y fueron destituidos por su consecuencia democrática, el almirante Montero y el general Sepúlveda Galindo.

Otros lo fueron en distintas etapas anteriores y posteriores, como los generales Pickering y Sepúlveda del Ejército, los generales Poblete y Bachelet de la Fuerza Aérea, estos últimos presos y torturados, el capitán Araya de la Marina, asesinado por la extrema derecha, junto a muchos oficiales, soldados y marineros. Su memoria de hombres de armas comprometidos con la democracia y con la subordinación al poder civil solo merece respeto y consideración, en contraste con la felonía de los golpistas y la virulencia de sus aliados civiles, que no dudaron en configurar un régimen de violencia para permanecer indefinidamente en el poder.

El hecho es que una casta militar de oficiales oportunistas se alió a la oligarquía dominante tradicional, a la que sirvieron por casi dos décadas. ¿El resultado? Graves y prolongadas violaciones a los derechos humanos y una enorme concentración de la riqueza. La UDI pasó de protagonista de la dictadura –en tanto alianza del gremialismo y los Chicago Boys– a la representación meticulosa y sin desmayo, ni mayor disimulo, de los intereses oligárquicos.

En efecto, se niega hasta hoy, y también la nueva extrema derecha, a que los más ricos paguen más impuestos, que los trabajadores puedan negociar con instrumentos efectivos los salarios en las empresas o que las isapres, las AFP y las escuelas y universidades privadas dejen de lucrar a costa de la mayoría. Es el sector político heredero de un “modelo” que considera exitoso, pero que otros pensamos fue dictatorial, injusto, desigual e ineficaz. La economía ha sido usada para intentar validar históricamente un régimen que simplemente no tiene justificación para quien tenga alguna convicción democrática. A los que no tengan esas convicciones, cabe decirles que la dictadura tuvo un peor desempeño económico que el obtenido en democracia. Ahí están las cifras para quien quiera consultarlas.

Como se observa, lo que sigue en juego es el gran dilema de la sociedad chilena: el interés general o la ley del más fuerte, la justicia social (y hoy también la justicia ecológica) o el sálvese quien pueda del individualismo negativo que favorece a los poderosos, ese que encarnan la derecha y la extrema derecha. Para sostener sus fines, este sector sigue intentando distorsionar políticamente la historia, cuyo juicio no le es exactamente favorable.

Economía: hacia al sobreajuste

En La Nueva Mirada

En el trimestre febrero-abril, último para el cual hay información, se registró un punto de inflexión, pues la actividad cayó en -0,2% respecto al trimestre previo, en términos desestacionalizados, después de tres trimestres móviles de crecimiento. Las remuneraciones reales se estancaron en el mismo trimestre por segunda vez consecutiva. La nota positiva fue el crecimiento de 1,9% en el empleo, aunque el empleo asalariado formal retrocede desde principio de año. El problema es que con la producción cayendo, el empleo terminará también por caer.

Hemos sido hasta recientemente unos pocos los que hemos sostenido que provocar una recesión en 2023, después de hacer caer la actividad en los tres primeros trimestres de 2022, es inútil y lesivo (ver por ejemplo hace más de un año https://gonzalomartner.blogspot.com/…/es-necesaria-una…). Aunque los datos del primer trimestre permitían albergar alguna esperanza de resiliencia de la economía frente a la política monetaria restrictiva, los datos posteriores ya dejan poco espacio para la duda. Hoy casi todos los economistas de la plaza coinciden con la tesis del sobreajuste. Salvo la mayoría conservadora del Banco Central, que, por tres votos a dos en la sesión de junio, mantuvo la tasa de interés de política monetaria en 11,25% contra viento y marea.

Para el Banco Central, la inflación se ha reducido «conforme a la línea de lo previsto consolidándose hacia la convergencia de la meta de un 3%», pero sin decir que eso se debe de manera significativa a la caída de los precios externos, y no a su política, y que la meta se debe alcanzar en un horizonte de 24 meses y no el próximo mes. La caída prevista incluye “en general, la actividad y la demanda interna«, que es lo que ha querido desde marzo de 2022 para llevar el país a una recesión. La caída sistemática de la inflación no lleva al Banco Central a bajar la tasa de interés.

Una economía en la que una alta proporción de los productos finales que se consumen son directamente importados y los demás tienen un importante componente de insumos importados en su elaboración, está evidentemente expuesta a la evolución de los precios internacionales de esos productos e insumos, además del tipo de cambio peso/dólar. Los más relevantes para los consumidores son los precios de los combustibles y de los alimentos, que llegaron a subir desde 2021 en más de 100% y 50% respectivamente a nivel internacional y luego han bajado. El petróleo WTI pasó de 52 dólares por barril en enero de 2021, al iniciarse la reactivación post pandemia, a 115 en junio de 2022 y a 75 en mayo de 2023, mientras los precios internacionales de los alimentos según la FAO pasaron de un índice de 98 en 2020 a 158 en mayo de 2021 y a 124 en mayo de 2023. Entonces su repercusión interna, al alza y luego a la baja, era inevitable. La inflación en Chile -y en cualquier otra parte- no se iba a mantener en el rango previo de 2-3% con ese nivel de brote inflacionario en productos de amplio consumo, provocado primero por los avatares de la salida de crisis a nivel global y luego por la invasión a Ucrania, un importante productor de alimentos, por parte de Rusia, un importante productor de gas y petróleo, junto a los efectos de la especulación financiera en los mercados de futuro.

Se puede retrasar, o bien controlar aumentos de los márgenes empresariales provocados por colusiones oligopólicas y eventualmente subsidiar algunos bienes básicos, pero desde Chile no se puede evitar los movimientos de precios en el mundo. El Banco Central puede subir la tasa de interés todo lo que quiera, pero no va a evitar sino en el margen que el IPC suba o baje si los precios internacionales clave lo hacen en esas magnitudes. En todo caso, el brote inflacionario ya amaina en Chile, con un IPC de 3,8% semestral a mayo.

Por otro lado, el fuerte aumento de la demanda interna en 2021, que tanto alteró al Banco Central, tuvo una causa llamada a extinguirse por sí misma: los retiros desde las cuentas de fondos de pensiones, muy altos efectivamente, pero que eran por una vez en cada caso y sus efectos iban a cesar al cabo del tiempo. De menor envergadura, pero también significativas, fueron las transferencias gubernamentales de emergencia a las familias, que provocaron un alto déficit fiscal, pero que tampoco estaban llamadas a perdurar. Subir las tasas de interés brutalmente no iba a impedir que aumentara el consumo de las familias por un período dado, para luego declinar. Por estas dos razones principales, la externa y la interna, la pretensión del consejo del Banco Central de bajar la inflación provocando una recesión interna ha sido especialmente absurda, y en mi apreciación políticamente motivada para favorecer a las fuerzas conservadoras a partir de marzo de 2022.

¿El resultado? Según los datos de la encuesta de empleo del INE, el número de personas desempleadas (las que buscan activamente trabajo y no lo encuentran) ha pasado en un año de 742 mil en el trimestre febrero-mayo de 2022 a 854 mil en el mismo período de 2023. Las personas desalentadas (que ya no buscan empleo pero desearían trabajar) pasaron de 794 mil a 855 mil en el mismo lapso de tiempo. La suma de ambos tipos de desempleados pasó de 1,536 millón de personas a 1,708 millón.

En suma, una inflación que ha subido y luego ha tendido a la baja y que es fuertemente influenciada por causas externas, ha sido erróneamente atacada mediante una política monetaria y fiscal recesiva (esta última se ha tornado expansiva desde 2023, después de hacer caer brutalmente el gasto público en 23,1% en 2022). Esta combinación ha terminado por provocar que haya en un año 173 mil personas adicionales sin empleo o que ya no lo buscan, sumando 1,7 millón de personas de carne y hueso que se encuentran en una de las peores situaciones que pueda enfrentar un ser humano, hombre o mujer, joven o de edad madura. Esta es desde luego peor que una baja temporal de los ingresos reales por la inflación, pues es mejor disponer de menos poder adquisitivo por un tiempo que no disponer de ninguno, aunque en la apreciación global se trate de un número inferior de personas que la que percibe ingresos no protegidos de la inflación.

Entre tanto, el crecimiento internacional ha sido más bien favorable en el período. Sin ir más lejos, en Estados Unidos el desempleo es el más bajo desde los años 1960 (3,7% de la fuerza de trabajo), con una política fiscal y monetaria que busca controlar la inflación y también, expresamente, no producir una recesión productiva y del empleo. Exactamente lo contrario que en Chile.

Apuntes de coyuntura. Un comentario sobre la inflación y el desempleo

Ver https://mgpp-usach.blogspot.com/2023/06/apuntes-de-coyuntura-con-los-datos-de.html.

Entre el bloqueo legislativo y la recesión

En La Nueva Mirada

La cuenta presidencial reciente tuvo momentos significativos y apropiados en la defensa de la democracia y de la convivencia basada en valores civilizatorios compartidos. El Presidente Boric habló contra las discriminaciones y actitudes de agresión y violencia verbal inaceptables que se han observado en el escenario político de manera muy valiosa. No obstante, el escenario político y económico permanece borrascoso.

Esta postura de integridad democrática es la que llevó al Presidente Boric a retrucarle horas antes al Presidente Lula que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no son una construcción retórica. Tampoco lo es la crisis migratoria que ha provocado el colapso económico de ese país y su incidencia, entre otros países, en Chile. No obstante, el gobierno chileno debe acompañar, y seguramente lo hará en lo que le toque, la búsqueda de una salida democrática mediante elecciones generales con garantías para la oposición en 2024 en Venezuela. En esa salida está comprometido el Presidente brasileño, que busca tener un vínculo suficiente con Maduro y su régimen, más allá de lo que se pueda opinar sobre ambos, para incidir en un camino que debe incluir el retorno a la normalidad democrática, a la recuperación económica luego del uso rentista y con altas dosis de corrupción por décadas de sus amplios recursos y también terminar con el inútil y absurdo bloqueo norteamericano. Ese esfuerzo requiere ser apoyado.

El presidente postuló, por otro lado, un apoyo al posible resultado del proceso constitucional en curso, aunque se mantiene la incógnita sobre la conducta de la extrema derecha, que ahora lo controla. Su extremismo sectario puede llevar a un nuevo rechazo a la propuesta que resulte de ese proceso, mientras la de los “expertos” incluye un aumento del quórum de reforma constitucional (3/5) respecto a la norma vigente desde agosto pasado (4/7), lo que desde ya justificaría ese rechazo: las reformas de normas insatisfactorias -como es el caso de diversos artículos económicos y ambientales del borrador- serían más fáciles con el texto constitucional vigente que con el futuro. El borrador actual  tampoco permite avanzar en superar la crisis con el mundo mapuche que ha optado por la insurgencia, ante la ausencia de un reconocimiento consistente a su historia y a su autonomía, por lo que la comisión sobre las tierras mapuche nombrada por el presidente tiene limitadas perspectivas de éxito. La retroalimentación entre represión militar generalizada y radicalización insurgente parece ser el escenario más probable, y el que menos resolverá un problema histórico.

El Presidente Boric recalcó en su cuenta los logros de su gobierno en materia de seguridad, como la ley de Reparación de Víctimas de Femicidio, la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el plan de Infraestructura para la Seguridad, la Política contra el Crimen Organizado, el plan Calles Sin Violencia y la recuperación de espacios públicos, las leyes que agravan el delito de secuestro y el porte de armas en lugares públicos, persiguen la conspiración para el sicariato y el delito de extorsión, quitan el patrimonio mal habido de quienes cometen delitos y aumentan las penas contra quienes proveen drogas a niñas, niños y adolescentes. Permanece, sin embargo, el interrogante sobre los roles policiales de las Fuerzas Armadas, que se han fortalecido de manera veloz en el último año mediante recurrentes Estados de excepción y reformas legales, pero que no debieran ser parte de la creación de un Estado militar-policial arbitrario y represivo, como siempre ha sido el enfoque de la derecha para defender sus intereses. Para el orden público deberán consolidarse progresivamente, en cambio, unas policías profundamente reformadas y fortalecidas, capaces de vincularse mucho más activamente con la sociedad en los barrios y territorios y ser mucho más eficaces en su tarea de protección de la ciudadanía, respetando sus derechos.

Resaltó el Presidente adecuadamente el aumento del sueldo mínimo de 350 mil a 500 mil pesos en 2024 con acuerdo con la CUT -lo que representa un alza en su valor real del 20%- y el subsidio para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas; la ley que reduce de manera gradual la jornada laboral a 40 horas; la ley que amplió la cobertura de la Pensión Garantizada Universal; el Copago Cero para que la salud pública sea gratuita para los usuarios de Fonasa de los tramos C y D; el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos junto a la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de las Pensiones de Alimentos, y así otra serie de logros.

El Presidente realizó, asimismo, una serie de valiosos anuncios como hoja de ruta de su gestión, muchos de los cuales están sujetos a una incierta aprobación de la reforma tributaria, como la compensación por la llamada deuda histórica originada en traspasos de la década de 1980 de los profesores y el cese del pago del crédito estudiantil universitario. También es incierta la capacidad de financiar plenamente compromisos como el aumento de la Pensión Garantizada Universal, la reducción de las listas de espera en las atenciones hospitalarias, más transferencias per cápita a la salud primaria municipal, avanzar a la sala cuna universal y a la creación de un sistema nacional de cuidados, la creación de centros contra la violencia sexual en regiones, el aumento de recursos para la seguridad pública y el establecimiento de incentivos a la productividad.

En este ámbito, permanece sobre todo la interrogante sobre la necesidad de un plan de reactivación económica más vasto frente a los signos de recesión, pérdida de empleos y el aumento de las personas jóvenes que no estudian ni trabajan (llegaron a 400 mil en febrero-abril), que ya se están produciendo.  Evitar que se puedan prolongar y profundizar de manera grave es tarea de una política fiscal que deberá ser más significativa para evitar ese riesgo inútil, provocado por una política monetaria recesiva persistentemente equivocada. El Banco Central considera que se debe comprimir la demanda interna para combatir la inflación, desestimando su fuerte componente importado. Esta se encuentra en vías de normalización: el IPC promedio de los últimos 6 meses es solo un 4,4% superior al de los 6 meses previos. No existe en la actualidad tal cosa como un «exceso de demanda”. Ante el fuerte incremento de la demanda en 2021, la reacción de la oferta de bienes ha sido elástica dado el grado de apertura de la economía (lo que se reflejó en un gran aumento de las importaciones en 2022 y un mayor déficit en cuenta corriente, pero no en incontrolables presiones inflacionarias endógenas, como señala la narrativa oficial). También ha sido el caso de los servicios, que han ampliado su suministro sin provocar mayores presiones inflacionarias, con la excepción de la educación, en que los privados aumentaron sus matrículas y márgenes. En cambio, en los servicios de comunicaciones los precios disminuyeron.

En todo caso, la demanda interna alcanzó su máximo nivel en el cuarto trimestre de 2021, a raíz de una explosión del consumo por la suma de retiros de fondos de pensiones y las transferencias de emergencia a las familias, en plena coyuntura pandémica y electoral. Desde entonces, la demanda interna se sitúa por debajo de ese nivel. El dato más reciente indica que ha caído en -1,5% en enero-marzo de 2023 respecto al trimestre anterior, en términos desestacionalizados, y ha disminuido en -8,0% en doce meses. La caída trimestral se explica tanto por un deterioro de -2,5% del consumo de las familias (como se comprenderá, esto no ayudó demasiado al gobierno en el resultado del 7 de mayo pasado) y de -0,9% de la inversión (formación bruta de capital fijo).

Estas cifras hacen todavía más evidente y más urgente que el Banco Central debe bajar las tasas de interés. El gobierno debiera acelerar, por su parte, su gasto de inversión en vivienda, urbanismo e infraestructura (de preferencia procurando facilitar la transición energética verde y la mitigación del cambio climático) y aumentar las transferencias a los sectores más vulnerables vía suplemento de asignación familiar (bolsillo familiar electrónico).

En febrero-abril de 2023, el índice de actividad económica disminuyó en -0,2% en comparación al trimestre previo, el de enero-marzo (ver el gráfico). Se trata de una caída de -0,7% en ritmo anualizado. El índice mensual desestacionalizado ha caído desde febrero por tercer mes consecutivo, aunque con una muy leve caída en abril, después de un dinámico mes de enero que permitió buenos datos promedio del primer trimestre del año. Pero esto no se ha prolongado en los meses siguientes. La producción de bienes se ha comportado a la baja en el promedio trimestral móvil, pero sobre todo ha sido el comercio el que ha disminuido su actividad, mientras los servicios apenas crecen. Esto refleja una contracción del consumo de los hogares, que constituye el grueso de la demanda.

Que esta tendencia coyuntural se mantenga o no, y se pierda o no producción y empleos en los próximos meses, lo que ya ocurre con el empleo asalariado formal desde enero, dependerá de las decisiones de política que se adopten, para lo cual hay poco tiempo si se quiere impedir consecuencias previsibles y sobre todo evitables.

Un proceso constitucional que debe ser rechazado

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Hoy se inició el Consejo Constitucional, que en un plazo de 5 meses (primera semana de octubre) deberá aprobar una propuesta de texto de nueva constitución. El 17 de diciembre se realizará un plebiscito que la aprobará o rechazará. El Consejo trabajará sobre la base de un borrador de constitución ya entregado por los “expertos” nombrados por el parlamento (/file:///Users/gonzalomartner/Downloads/anteproyecto-WEB.pdf). Hay normas insatisfactorias de todo tipo en el texto vigente, reformado muchas veces, pero también las hay en materia institucional, económica y ambiental en el borrador de los "expertos", en especial los quórum de reforma y normas de privilegio para el Senado, las FF.AA. y las grandes empresas mineras.  Más las que ahora agregarán muy probablemente los republicanos. 

En efecto, la lista de observaciones negativas sobre el borrador es desde ya larga, como que se mantiene un Senado plenamente colegislador que subrepresenta gravemente a las regiones con más habitantes y distorsiona la voluntad popular,  se mantiene la facultad de asignar directamente impuestos e ingresos a las FF.AA. sin pasar por el parlamento como un privilegio inaceptable, se protege las concesiones mineras actuales y se otorga una autonomía excesiva al Banco Central sin un mandato claro a la política monetaria de equilibrio entre inflación y empleo y de financiamiento de la transición contra el cambio climático, mientras los artículos ambientales son muy deficientes. Pero el tema principal es: ¿con qué quórum futuros parlamentos podrán reformar la constitución? Cabe señalar que el borrador constitucional incluye un aumento del quórum de reforma constitucional a 3/5, por sobre la norma vigente desde agosto pasado de solo 4/7. 

Asumimos que una nueva asamblea constituyente no se ve a la vuelta de la esquina después de la derrota del 4S-2022, que penalizó la radicalidad de visiones particulares y la gestión inicial del nuevo gobierno. Y tampoco se avizora que los republicanos que dominan el Consejo bajen los quórum de reforma y saquen del borrador las normas de privilegio para el Senado, las FF.AA. y las grandes empresas mineras. Se puede argumentar que existirán normas de derogación de ley y de iniciativa popular de ley previstas en el borrador, pero estas no incluyen las normas constitucionales.

Hay entonces normas vigentes que deben ser cambiadas, pero en el borrador también hay normas que no son aceptables para un orden democrático verdaderamente representativo de la voluntad popular y un Estado social propiamente tal. El tema central es el hecho cierto que serán más fáciles de cambiar las normas que se quiera por futuros parlamentos con el texto vigente (4/7) que con el que salga del consejo (3/5). Razón más que suficiente, además de los contenidos del borrador altamente cuestionables que probablemente serán aprobados por el Consejo, para rechazarlo en diciembre próximo.

Si eso ocurre, como todas las encuestas anticipan, no se producirá un congelamiento constitucional. El actual parlamento podrá aprobar por 4/7 desde enero de 2024, por ejemplo el Estado democrático y social de derecho en un formato mejor redactado que el del borrador y otras reformas que ya han sido consensuadas, como las que limitan la dispersión de partidos políticos en el parlamento. Más adelante, los futuros parlamentos podrán seguir perfeccionando las normas constitucionales que lo requieran en tanto se produzcan acuerdos de 4/7 (57% de los miembros del parlamento). Es decir, sería una perspectiva que se aleja de los congelamientos constitucionales de hierro destinados a proteger los intereses de los privilegiados, que son siempre, a larga, un factor de crisis recurrente. 

Después del veredicto del 4S/22, que rechazó un cambio de constitución que apareció, entre otras dimensiones, como uno que consagraba opciones de política por sobre las que se determinaran en las elecciones periódicas de gobierno y parlamento, queda rechazar el camino de los "expertos" y del Consejo y abrir un sistema de "evolución constitucional progresiva". El parlamento debiera ajustar en el corto plazo los principales consensos alcanzados en los debates desde 2020 y nuevos parlamentos debieran acomodar los cambios en la voluntad colectiva a lo largo del tiempo. De ese modo se podrá proveer una estabilidad dinámica del sistema político, que incluya cambios según lo vaya determinando la representación efectiva de la soberanía popular y con la definición básica de que Chile hace funcionar sus instituciones en un Estado democrático y social de derecho.