Falsas afirmaciones sobre la nueva Constitución

 En La Mirada Semanal

Se ha podido observar la extensa difusión de tergiversaciones de diverso calibre sobre el texto de la nueva Constitución. Algunas no argumentan nada, simplemente falsean, y otras son un poco más elaboradas, pero con una notoria falta de honestidad intelectual. Todas ellas tienen muy poco que ver con lo que se votará el 4 de septiembre de 2022.

El proyecto de nueva Constitución no le quitará la casa a nadie, como se ha afirmado de manera deshonesta. Basta ver el artículo que garantiza la propiedad sobre todo tipo de bienes para darse cuenta de que si alguien es dueño de una casa, su propiedad estará protegida por la Constitución. El artilugio se ha construido a partir del artículo que señala que existirá un derecho a la vivienda, lo que manifiestamente no tiene nada que ver con expropiarle la casa a nadie. Por supuesto, existen normas de expropiación por interés público puntual, como en la actualidad, con indemnización al precio justo, concepto jurídico de amplio uso. De otro modo no se podrían construir infraestructuras ni urbanizaciones.

En el tema de la propiedad del agua, se establece su carácter público y asignable a usos según prioridades. Los que consideran esto una expropiación no deben olvidar que las aguas se definen en la ley vigente como un bien nacional de uso público, lo que es una práctica mundial. Si hasta aquí se ha abusado de la figura de la concesión, establecida en la constitución de 1980, la nueva norma no hace sino corregir una anomalía. Y si hay bancos que han aceptado como garantía un bien nacional de uso público, es un problema de mala evaluación de activos por el parte del banco y de nadie más.

En materia fiscal, cabe consignar que la nueva Constitución no va a subir ningún impuesto, pues solo enuncia principios generales y remite esa materia a la ley. En cambio, obligará a la responsabilidad fiscal en el gobierno central y en las regiones y municipios de una manera mucho más perentoria que la norma constitucional vigente. El ejecutivo mantiene la potestad exclusiva sobre el gasto público, sin perjuicio de que formaliza un derecho de petición de gasto del parlamento que ya existe de manera informal y se practica cotidianamente. Nada muy nuevo bajo el sol en la materia.

A su vez, la nueva Constitución no incluirá ninguna medida contra la inversión, como vienen sosteniendo los agoreros de las pasiones tristes. La libre iniciativa económica se garantiza y, al igual que en parte en la actualidad y que en todas la democracias maduras, tendrá cómo límite el interés público, la protección del medio ambiente y el respeto de las normas de protección del trabajo. Existirá, además, el fomento de la propiedad cooperativa y social y una propiedad pública de los recursos del subsuelo y del mar y de las áreas terrestres protegidas. Se podrán crear por ley empresas del Estado o mixtas. En materia de pensiones, salud y educación se garantiza un derecho de acceso, pero no se excluye la participación parcial de privados.

En materia de régimen político, el debate es amplio y las opiniones contrastadas. Nunca podrá satisfacerse todas las opiniones en ninguna formulación específica, pues hay legítimas preferencias para todos los gustos, como también se observa en las diversas democracias maduras y en el constitucionalismo comparado. La nueva Constitución eliminará el Senado, pero creará la Cámara de las Regiones, la que tendrá incidencia en las reformas constitucionales, el presupuesto, los nombramientos y las leyes de interés regional. 

Y cabe convenir que el proyecto de nueva Constitución expresamente configura un régimen de separación de los tres poderes públicos principales (ejecutivo, legislativo y judicial) y establece diversos órganos autónomos de esos tres poderes. Evidentemente la generación de sus autoridades se vincula a órganos expresivos de la voluntad popular, como debe ser en toda democracia, lo que se traduce en la difusión de la sospecha de “control político” sobre esos órganos. La otra solución es la de elegirlos por sorteo, pues cualquier fórmula que se imagine tendrá influencia política, incluso la de una pretendida neutralidad de los “técnicos”. En democracia, las personas que gobiernan los órganos públicos deben provenir directa o indirectamente de la voluntad popular. Cuestionar ese principio es simplemente cuestionar la democracia, lo que muchos hacen al acusar de “politización” …a la política y a la esfera pública. El gobierno elegido periódicamente por mayoría no va a controlar todo, sino solo las tareas del poder ejecutivo, sujeto a los debidos controles políticos, administrativos y judiciales, con una administración que debe ser profesional y basada en el mérito. Pero en el parlamento, las mayorías, como corresponde a un orden democrático, van a poder legislar sin los vetos ilegítimamente impuestos por una minoría como hasta ahora.

En especial, el proyecto de nueva Constitución asegura la plena independencia de los fallos de la justicia, dejando la carrera de los jueces en manos de un Consejo pluralista y especializado para evitar el corporativismo. La nueva justicia indígena estará sujeta a los fallos de la Corte Suprema. De paso, mencionemos que todos los cuestionamientos al reconocimiento en diversas instituciones de los más de dos millones de personas pertenecientes a los pueblos originarios en Chile expresan más bien una visión racista que una preocupación auténtica por un Estado que reconoce diversas naciones en su seno.

La nueva Constitución no desintegrará el territorio, sino que permitirá descentralizar la administración en lo que corresponda y otorgar un reconocimiento y autonomía indígena en el marco de un Estado único e indivisible que mantendrá las políticas nacionales necesarias para que se ejerzan los mismos derechos en todo el país.

Las reformas constitucionales en los temas más importantes se pondrán en manos de la ciudadanía a través de plebiscitos, en vez de un parlamento en el que basta una minoría de un 1/3 en alguna de las Cámaras para que no haya reforma en las cuestiones principales. Esto le da en la actualidad a la derecha un poder de veto ilegítimo para mantener la actual constitución y el orden económico oligárquico. Eso es lo que se esconde bajo la falsa apelación de "acuerdos" y "consensos", en su momento necesarios para terminar con la dictadura, pero que devinieron con el tiempo en la imposición sistemática de intereses que no son los de la mayoría, contra lo cual la ciudadanía terminó rebelándose y dando lugar al actual proceso constituyente. 

Sigue la batalla por el cobre

En La Mirada Semanal

El proyecto de regalía del gobierno se propone capturar una alta proporción de la renta minera hoy en manos de privados, en un contexto en que  la cantidad de cobre requerida entre 2022 y 2050 será mayor que todo el cobre consumido en el mundo entre 1900 y 2021, empujando un alto precio de largo plazo del mineral.

BHP, la transnacional minera de origen australiano, declaró frente al proyecto de regalía minera del gobierno de Gabriel Boric -que combina un cobro a las ventas y un cobro a las sobreutilidades, aunque este último se presta desgraciadamente para la elusión- que "si el royalty propuesto se materializa, tendríamos que reevaluar nuestro plan de inversiones para Chile" y que "nuestras estimaciones señalan que la propuesta del Ejecutivo colocaría a Chile como las más altas tasas impositivas comparada con otras jurisdicciones relevantes como Perú, Australia o Canadá".

Esta es una excelente noticia si se tradujera en que BHP ganara menos en favor del dueño del recurso, que es Chile. Sus utilidades en 2021 superaron el 50% del capital. Una rentabilidad de este tipo no la tiene ninguna actividad económica lícita y está basada en extraer un recurso escaso que no pertenece a la minera privada sino a la colectividad nacional. Esta posee desde la nacionalización de 1971 muchos de los yacimientos de cobre más rentables del mundo. BHP se apropió en la dictadura de Escondida, la mina de mayor producción global de cobre, mediante el espúreo mecanismo de la concesión permanente y gratuita de la dictadura. La mina Escondida inició su construcción en 1988,  desde la que BHP ha extraído mineral por un valor muchas veces mayor que el costo de la inversión inicial y el costo periódico de extracción. 

Extremando el argumento, si el nuevo entorno de aportes al fisco no satisface a BHP, u otras mineras privadas, y las lleva a dejar el país, bienvenido sea, pues CODELCO podría así hacerse cargo de explotar recursos valiosos para beneficio de la nación, y no de los accionistas de las transnacionales y un par de grupos privados chilenos. Evidentemente BHP no lo va a hacer por la alta rentabilidad de su actividad en Chile, en comparación con otras explotaciones en el mundo. Y si lo hiciera, sería la ocasión para ampliar la minería estatal chilena, que aporta el doble de ingresos al fisco por unidad producida y que ha perdido terreno de manera absolutamente injustificada en las últimas décadas, dejando de percibir recursos que nos hubieran permitido invertir en diversificar nuestra economía en áreas tecnológicas de punta y en la sostenibilidad ambiental y social de la producción. 

Una afirmación de este tipo puede sonar excesiva, desde el sacrosanto argumento de no afectar la inversión privada. Pero ocurre que esa inversión tiene un saldo negativo para el país: las utilidades son tan altas en el largo plazo que su repatriación supera con creces el aporte de capital. Chile no gana con estas inversiones, simplemente pierde en términos netos al regalar buena parte de un recurso que le pertenece.

El fondo del asunto es la existencia en esta actividad de una importante “renta de escasez”, concepto desarrollado por David Ricardo en 1817 para el uso de la tierra, ya presente en Adam Smith desde 1776. En el caso minero, describe las sobreutilidades que se obtienen de la explotación de la última unidad explotada que provee rentabilidad (con una utilidad “normal”), en circunstancias que las primeras unidades puestas en producción son mucho más rentables pero más escasas: la diferencia entre esas rentabilidades es la renta de la que se apropia el dueño de los yacimientos más productivos. Esto ocurre porque el precio lo fijan los productores menos productivos (si no fuera así, no entrarían en el mercado). El tema para la sociedad es quien se apropia de esa renta. Ya David Ricardo planteaba que la expansión de la población y del uso de tierras menos fértiles llevaría a una alta concentración de los ingresos en los rentistas. Y John Maynard Keynes propuso más generalmente en 1936, por su nulo aporte a la producción, nada menos que la “eutanasia del rentista” de todo tipo.

Las perspectivas para el futuro del cobre son que la cantidad de mineral requerida entre 2022 y 2050 será mayor que todo lo consumido en el mundo entre 1900 y 2021. Según la consultora S&P Global, la demanda de cobre aumentará en 82% entre 2021 y 2035. El sector automotriz será el mayor impulsor de esa demanda, con un crecimiento desde 2,2 millones de toneladas métricas (TM) en 2021 a 9,3 millones de TM en 2035, dada la transición a la electromovilidad. La transmisión y distribución de la energía necesaria para ese proceso, que también utiliza cobre intensivamente, implicará un crecimiento de la demanda desde 4,7 millones de TM en 2021 a 7,5 millones de TM en 2035. La demanda total de cobre pasará desde poco más de 25 millones de toneladas en 2021 a casi 49 millones de toneladas en 2035, antes de llegar a 53 millones en 2050. El reporte plantea escenarios, pero en ninguno de ellos el crecimiento de la oferta será suficiente para satisfacer la demanda: “esta brecha entre la oferta y la demanda de cobre supondrá un desafío importante para el cronograma de transición energética que apunta a emisiones netas cero para 2050. El desafío se verá agravado por entornos operativos geopolíticos y a nivel de país cada vez más complejos”. 

La consecuencia es una alta probabilidad de un aumento estructural significativo en los precios del cobre a medida que, más allá de las variaciones coyunturales, aumente la brecha entre la oferta y la demanda del mineral. S&P Global plantea que “está claro que la tecnología y la innovación en políticas serán fundamentales para reducir la brecha entre la oferta y la demanda de cobre a fin de ayudar a lograr los objetivos de cero neto (emisión de gases con efecto invernadero)”.

Estas proyecciones de tan largo plazo son imprecisas. Pero en este caso la tendencia más probable parece ser razonablemente la mencionada: una alta demanda por el fuerte cambio tecnológico intensivo en uso de cobre y una oferta menos dinámica de un recurso natural que no es renovable y cuya expansión en grandes magnitudes es relativamente rígida.

Por ello será fundamental que Chile cambie su política minera (ver mi texto  El concepto de renta económica y su aplicabilidad a la tributación minera y el de Gabriel Palma sobre el fundamento de lo escrito en la nueva Constitución). El probable alto precio del cobre en las próximas décadas superará con creces sus costos de extracción, generando la mencionada "renta de escasez" distinta de las “utilidades normales" que remuneran el uso de capital. La renta minera debe volver a quien posee el recurso, la ciudadanía chilena, y no seguir siendo apropiada absurdamente, como en la actualidad, por un puñado de operadores privados. Se trata mayoritariamente de transnacionales que se llevan masivamente al exterior esas sobreutilidades, las que no les debieran pertenecer, pues no se originan en mayor productividad media o marginal de la actividad extractiva o de transformación a la que se dedican, respecto de la que es legítimo que los privados obtengan utilidades. Se originan en el menor costo de acceso en Chile al recurso que extraen. De paso, subrayemos que desequilibran nuestras cuentas externas, incluyendo en la actual coyuntura de fuerte devaluación del peso, tema sobre el que volveremos en comentarios futuros, y generan pasivos ambientales de los que no se hacen cargo.

La nueva regalía ("royalty") planteada en la reforma tributaria es un avance respecto a la situación actual, que esperemos no termine rebajada en su paso por el Senado, como suele ocurrir y ya ocurrió con la regalía votada por la Cámara de Diputados en marzo de 2021, el más avanzado hasta ahora presentado y que no hace sino permitir que el país reciba el piso mínimo de remuneración que corresponde por un recurso que le es propio. 

¿Por qué regalárselo a transnacionales y al grupo Luksic en vez de invertirse en la diversificación económica y el bienestar sustentable del país?

 

Las nuevas medidas de apoyo y el presupuesto equilibrado

En La Tercera

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el 13 de julio el proyecto de ley presentado por el gobierno con medidas de apoyo a las familias, en un contexto de fuerte alza en los precios de alimentos y combustibles y de recesión a la vista. Éstas incluyen un bono de invierno de $120 mil que llegará al 60% más vulnerable (unos 7,5 millones de personas), la extensión del subsidio laboral hasta fin de año para apoyar el retorno al empleo formal, la ampliación de cupos del subsidio laboral a las mujeres trabajadoras con hijos menores y la extensión del postnatal parental. 

El gobierno anticipa un deterioro del empleo y los ingresos que con una alta probabilidad se producirá en el resto del año y en 2023, en un contexto de fuerte inflación de origen importado. No otra cosa se puede esperar de la combinación de la política contractiva del Banco Central, la caída de -25% en el gasto público programada por el gobierno anterior, el deterioro de los salarios reales y la caída del precio del cobre. 

Estas medidas se agregan a las ya puestas en práctica en materia de suplemento de la asignación y subsidio familiar para compensar el alza de los alimentos, de congelamiento de las tarifas del transporte público y de aumento de fondos para aplanar el impacto del aumento del precio externo de los combustibles y de la electricidad. Implicarán un gasto del orden de 0,3% del PIB por una vez, a comparar con el IFE de 2021 cuyo costo fue de 1% mensual del PIB, generando entonces un déficit fiscal insostenible. Este se ha revertido con rapidez con los mayores ingresos tributarios registrados en el primer semestre, los que permitirán, según el nuevo Informe de Finanzas Públicas, que el déficit fiscal efectivo sea de -0,1% del PIB. 

Este equilibrio presupuestario proyectado para 2022 sería un récord en el mundo. El problema es que no tiene mayor sentido económico. El déficit fiscal llamado estructural, que compara los gastos del año con los ingresos de más largo plazo (trayectoria a 5 años de los impuestos, que dependen de la proyección de crecimiento, usualmente castigada en este cálculo, y proyección del precio del cobre a largo plazo, también subestimado) pasará a -1,3% del PIB a fin de año con la nueva proyección (un 2% menos del PIB que lo previamente estimado, una corrección considerable). El compromiso de Mario Marcel es que el déficit estructural llegue a -1,1% en 2025 y -0,3% en 2026. No tiene ningún sentido innovar en la trayectoria fiscal previamente definida y llevar en 2022 el déficit estructural a un nivel cercano al programado para 2025. Sería un sobreajuste sin justificación. 

Existe ahora un amplio margen para aminorar la brusquedad de la caída del gasto público programado por el gobierno anterior. Es además indispensable reequilibrar con la política fiscal la extravagante política monetaria del Banco Central, que simplemente no puede impedir la inflación externa con ajustes recesivos subiendo exageradamente la tasa de interés. Se debe evitar una explosión del desempleo y aliviar en una mayor magnitud la situación de las familias de menos ingresos afectadas por la inflación, que no se origina hoy en un exceso de demanda, y simultáneamente impulsar la inversión sostenible que contribuya a una mayor productividad en el largo plazo.

La derecha y su baile de máscaras

 En La Mirada Semanal

La reciente propuesta de la derecha en temas constitucionales consiste en escuetos titulares y es de antología en materia de baile de máscaras y de disimulación de intenciones.

Los nuevos enunciados de la derecha son: 1.Estado social y democrático de derecho; 2. Modernización y ampliación de los derechos fundamentales; 3. Más democracia y participación para contribuir al bien común; 4. Nuevo presidencialismo y rehabilitación del principio de mayoría; 5. Descentralización y desarrollo solidario de las regiones; 6. Reconocimiento constitucional a los Pueblos Indígenas en el marco de un Estado unitario e multicultural; 7. Protección decidida de nuestro medioambiente y biodiversidad; 8. Igualdad ante la ley, protección de los derechos y fortalecimiento del Poder Judicial; 9. Un Estado íntegro, transparente y profesional; 10. Economía Social de mercado al servicio del desarrollo, del crecimiento equitativo y del término de los abusos superar la pobreza, disminuir las brechas de desigualdad.

Lo notable es que, tal vez con excepción de la denominación de poder judicial, estos enunciados ¡están todos incluidos en la propuesta de nueva Constitución! En todo caso, en ella se reconoce la existencia de una jurisdicción indígena, pero sujeta a la Corte Suprema y sus fallos, como el resto de los tribunales, la que es completamente autónoma de cualquier otro poder del Estado para definirlos, en pleno respeto del principio de separación de poderes. El nuevo Consejo de Justicia que se ocupará de la carrera judicial no atenta, dada su composición, contra ese principio. 

Por otro lado, la propuesta de la derecha menciona nada menos que la "rehabilitación del principio de mayoría", pero ¡sin mencionar compromiso alguno sobre un quórum de formación de las leyes que lo haga efectivo!

Sabemos que la derecha en Chile no cumple sus compromisos, como los contraídos en 1989 para terminar con los senadores designados y el sistema binominal en la primera legislatura. Cuando los expresidentes elegidos iban a dar una mayoría en el Senado a la Concertación, entonces accedieron a terminar con los senadores designados recién en 2005. La derecha bloqueó desde 1990 la voluntad mayoritaria del pueblo en múltiples temas (AFP, Isapres, Universidades, regalías mineras, legislación laboral, regiones y tantos otros). ¿Por qué habríamos de creerles ahora? 

La propuesta de reforma de la derecha es de antología en materia de baile de máscaras. Lo de "disminuir las brechas de desigualdad", es lo más emblemático, pues este bloque político heredero de la dictadura se ha encargado sistemáticamente de mantenerla perpetuando sus mecanismos principales de reproducción: la legislación laboral anti-sindicatos, la tributación desigual, la educación y salud segmentadas, la privatización de la seguridad social. Si creyeran en lo que los partidos de Chile Vamos escriben, debieran votar Apruebo y luego reformar lo que les parezca, siempre que logren las mayorías suficientes y dejen de escudarse en el derecho a veto que mantienen desde 1990. 

Lo que ahora tratan de hacer es mantener la actual constitución ilegítima, llamando a los incautos a votar Rechazo con falsas promesas de cambios futuros que no van a cumplir, pues disponen de los mecanismos de veto para eso. Son la representación de la minoría oligárquica que domina a Chile, y en eso no han cambiado nada desde el siglo XIX. Por eso es tan importante sumar todas las fuerzas posibles para el Apruebo. Entre otras cosas se podrán hacer efectivos los cambios que hoy saca del sombrero la derecha, empezando por el Estado democrático y social de derecho que siempre han rechazado, incluso en la Convención que acaba de discutir una nueva Constitución. 

Las pasiones tristes

 En El Mostrador

La situación política evoluciona hacia una condensación de pasiones tristes (en el sentido de Baruch Spinoza) en las élites dirigentes tradicionales. No cabe sino esperar que las pasiones tristes se atenúen frente al bien mayor de culminar el cambio democrático.

En el caso del componente no derechista, su evolución desde una agrupación heterogénea de fuerzas en los años 1980 que luchaban por recuperar y consolidar la democracia dio lugar a un acomodo de buena parte de ellas al orden híbrido que se fue construyendo desde 1990.

La constitución fue incluyendo reformas sucesivas, obligadamente pactadas con la derecha, en materias políticas, sociales y culturales que fueron generando un estado de "nueva normalidad" en la dirigencia de centroizquierda y en parte de la sociedad, con un crecimiento importante del empleo y los salarios año a año, y por tanto de los niveles de consumo de la población, junto a una fuerte expansión de las infraestructuras. Y un creciente aprecio de una parte de la nueva elite política por las posiciones alcanzadas en la administración del Estado, en un contexto de fuerte concentración de las decisiones en un grupo dirigente talentoso pero muy pequeño. La propia alternancia con la derecha en dos ocasiones se vivió por este segmento sin mayores revisiones de su nueva visión política, es decir la lógica del binominalismo.

El problema es que se mantenía el veto de la derecha a las legislaciones cruciales y no se avanzaba lo suficiente en la transformación del sistema oligárquico creado por la dictadura, sino que en algunos aspectos se fortalecía, lo que algunos fuimos criticando por convicción democrática e igualitaria. Este sistema de acomodo no podía ser eterno y empezó a ser cuestionado desde la sociedad por los jóvenes, ya sin traumas con la dictadura, en 2006 y en 2011. Y finalmente en 2019, pero ahora como la más importante, masiva y prolongada rebelión social de la historia de Chile. Sus causas fueron la frustración frente a una muy desigual distribución del progreso del país y una acendrada cultura de abuso en las empresas, en las administraciones, en las escuelas y universidades, en la vida urbana, con un endeudamiento generalizado de los hogares para enfrentar el consumo como principal factor de integración social y una marginalidad dura que se unió al narcotráfico.

Y empezaron a aparecer las pasiones tristes. Cuando se agotó toda capacidad de la Concertación de producir cambios, se creó el Frente Amplio en 2016, cuya tarea histórica era seguir avanzando en lo que había quedado pendiente en la transición y abordar los desafíos contemporáneos. Pero la pulsión sectaria, propia de los procesos emergentes, llevó a una rápida reafirmación de la identidad generacional, lo que hubo que remontar creando una fórmula que finalmente derivó en 2021 en la actual coalición Apruebo Dignidad. Se produjo la reagrupación de la izquierda, que de todas maneras debía tener al Frente Amplio como actor crucial, lo que, gracias al esfuerzo de muchos, se plasmó en las primarias Boric-Jadue. Boric se impuso en buena lid y demostró una amplia capacidad política y de convocatoria. Luego el núcleo de dirigentes estudiantiles de 2011, que habían ingresado al parlamento y adquirido experiencia, condujeron a Apruebo Dignidad al gobierno en 2021. Fue un acontecimiento político notable, pero en el que el espíritu meramente generacional, que fue diagnosticado intelectualmente como un error por el nuevo grupo dirigente, siguió como pulsión básica difícil de domesticar, a pesar de los esfuerzos de Gabriel Boric como presidente en diversas circunstancias.

Las otras pasiones tristes fueron la sensación ya no de relevo del anterior grupo dirigente, un proceso deseable y sano para una sociedad que abre espacio a sus jóvenes, sino de desplazamiento. La derecha redujo su apoyo a un 20%, lo que junto a la cuasi desaparición de las fuerzas tradicionales de centro en la elección de convencionales y la conformación de un gobierno con evidente falta de dexteridad (faltó introducir una mezcla más matizada de relevo y experiencia gubernamental), llevó a que los ataques a la Convención vinieran ya no solo de la derecha sino de casi todo el centro político y de una parte de la izquierda tradicional. El tema no era el contenido de la nueva Constitución (se ha batido un récord de inventos lisos y llanos y de tergiversaciones e incoherencias), sino de procurar remontar el desplazamiento del escenario político de las fuerzas tradicionales. Estas lo revirtieron en parte en la elección parlamentaria de 2021 y con la entrada del PS-PPD-PR al gobierno, aunque de manera bastante barroca. La ausencia de conducción política suficiente terminó de configurar el cuadro actual: una parte del grupo dirigente entrado en años decidió transformar el plebiscito constitucional en una ocasión de castigo al Frente Amplio, con gran ruido mediático. 

Esta pasión ya dejó de ser triste para transformarse en una irresponsabilidad histórica. No otra cosa es sumarse al rechazo a la nueva Constitución. Primero, porque dejar atrás los resabios de la dictadura es esencial para la salud de la democracia chilena y para legar a las nuevas generaciones un nuevo comienzo, con acento en preservar el medio ambiente, ampliar los derechos sociales y el reconocimiento histórico de los primeros pueblos, haciendo prevalecer el principio de mayoría y de respeto a las minorías. Segundo, porque prolonga la incertidumbre política: el proceso iniciado en octubre de 2019 debe terminar en septiembre de 2022. Este ha sido un tiempo más que suficiente para generar una nueva institucionalidad, que deberá seguir reformándose a lo largo del tiempo. Cabe ponerse ahora a trabajar por una nueva etapa de progreso. ¿Qué sentido puede tener hacer todo el proceso constitucional de nuevo? En todo caso, lo más probable, en el evento que gane el rechazo, es que se mantenga todo igual. Es decir un sistema que hemos llamado oligárquico, pues reproduce una alta concentración económica y una de las mayores desigualdades de ingresos del mundo, sustentado en un régimen político que impide que la voluntad popular se haga efectiva.

No cabe sino esperar que las pasiones tristes se atenúen frente al bien mayor de culminar el cambio democrático, iniciado en 1988, cuando las dificultades también fueron muchas, agrupando y movilizando a todos los que quieren abrir un nuevo camino democrático en el país alternativo al dominio oligárquico, y su contracara, la violencia social.

La degradación de la economía mundial y sus consecuencias

En La Mirada Semanal

De acuerdo al más reciente informe del Banco Mundial, los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania están aumentando la desaceleración del crecimiento mundial, que alcanzará al 2,9 % en 2022, luego de una expansión de  5,7% en 2021 y de una caída en 2020 por la pandemia de  -3,3%. 

La guerra iniciada en febrero de este año en los flancos de Europa ha provocado un aumento adicional de los precios de los productos básicos, lo que se suma al producido por las perturbaciones en los suministros en diversas cadenas de producción y transporte desde 2021, exacerbando la inflación en todo el mundo. El aumento de los riesgos en las zonas emergentes y periféricas, incluido América Latina, junto al aumento de tasas en Estados Unidos, ha provocado un fortalecimiento general del dólar como valor refugio y un redestino de inversiones financieras de corto plazo, lo que contribuye a aumentar la inflación importada en dichas zonas a través de la devaluación de sus monedas. 

Cabe hacer notar que, según la Agencia Bloomberg, Jerome Powell, presidente de la Fed (banco central de Estados Unidos) sostuvo el 29 de junio que “no estamos intentando provocar, y no creo que necesitemos provocar, una recesión. Esperamos que el crecimiento siga siendo positivo”. Por eso los aumentos de la tasa de interés de refinanciamiento en Estados Unidos frente al brote mundial de inflación han sido moderados, en contraste con el enfoque diametralmente opuesto del Banco Central de Chile.

En todo caso, las condiciones más restrictivas alimentan la vulnerabilidad financiera, mientras la situación se agrava con los impactos en el comercio y la producción mundiales. Los efectos de la guerra serán más graves en Europa y Asia central, donde se prevé que la producción se contraerá este año. La ralentización del crecimiento de la producción ocurrirá en todas las regiones, excepto en Oriente Medio y Norte de África, donde los beneficios de los mayores precios de la energía superarán los impactos contractivos.

Se prevé por el Banco Mundial que el crecimiento en América Latina se desacelerará hasta llegar al 2,5 % en 2022, luego de un repunte posterior a la pandemia del 6,7 % en 2021. Las cifras para Chile son de 11,7% y 1,7%, respectivamente. El crecimiento regional llegará a solo un 1,9% en 2023. Esta desaceleración refleja el endurecimiento financiero, el debilitamiento del crecimiento de la demanda externa, la mayor inflación y el aumento de la incertidumbre y la inseguridad alimentaria y mayor pobreza. Se espera que el PIB per cápita de la región aumente solo un 0,6 % en el quinquenio 2019 y 2023.

La escasez global de fertilizantes vinculada a la guerra de Ucrania influirá en menores producciones y aumentos de los precios de los alimentos. En un contexto de crecimiento lento e incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, la tensión financiera y los desórdenes cambiarios estarán a la orden del día en lo que resta del año.

Para la economía chilena estas condiciones externas, dado el grado de apertura comercial y financiera existente, tienen evidentes impactos negativos. Es el caso de la tendencia global al fortalecimiento del dólar y el menor crecimiento en China, que se ha expresado con especial fuerza en Chile desde marzo por la caída del precio del cobre. En este contexto, las exportaciones no podrán sustituir como locomotora de la economía a las desfallecientes dinámicas de la inversión y el consumo de los hogares, que el Banco Central se empeña equivocadamente en deprimir para combatir una inflación de origen externo, como hemos venido subrayando desde hace meses.

Los datos más recientes indican, desgraciadamente, que la economía cayó en abril y en mayo. Según el Índice de Actividad Económica Mensual, la producción disminuyó en términos desestacionalizados en -0,1% en mayo respecto al mes previo, mientras lo hizo en -0,3% en abril. Esto ocurre luego de un positivo aumento de 1,4% en marzo, por un buen resultado minero e industrial en el mes, antecedido de caídas sucesivas entre noviembre y febrero. Se viene registrando un comportamiento de montaña rusa desde el segundo trimestre de 2021 en materia de crecimiento de la producción, mientras la inflación externa mantendrá sus impactos en alimentos y combustibles en los próximos meses.

Cayeron en mayo de 2022 el comercio (-2,3%) y los servicios (-0,1%), reflejando la atonía del consumo de los hogares, el principal componente de la demanda que alimenta el circuito de la producción y la generación de ingresos. Esta atonía se explica por una creación de empleo que ha perdido dinamismo y la caída de los salarios reales mes a mes desde febrero, así como de las transferencias públicas a los hogares desde diciembre pasado. El plato está servido para una “estanflación” prolongada, dada una equivocada mezcla de política monetaria y fiscal interna que no evita la inflación importada (no está en condiciones de hacerlo, salvo mediante transferencias fiscales parciales que hasta ahora han sido de monto bajo y estabilizaciones de algunos precios como el del transporte y de la electricidad), pero si genera factores recesivos internos que se agregan a los que vienen del exterior.