viernes, 21 de febrero de 2020

Para salir de la crisis


El gobierno y el ministro del Interior Blumel se querellan contra personas que emiten opiniones de extrema izquierda, pero no por la compra de AK 47 por gente de derecha.

¿Dónde quedó en este caso la condena de la violencia? Elocuente silencio de la derecha, que emplaza a medio mundo todo el día exigiendo esa condena cuando se trata de destrucciones urbanas y piedrazos a la policía por pequeños grupos, desgraciadamente a la deriva y sin proyecto, a los que se quiere asimilar la legítima protesta popular masiva, que es otra cosa muy distinta. 

En eso está Chile, avanzando día a día a un Estado policial con una jerarquía de Carabineros que no se concentra en controlar como corresponde a los que delinquen, trafican o saquean sino en reprimir manifestaciones de protesta, empujada por autoridades divididas e incompetentes que sólo se cohesionan en su temor al movimiento social.

Y con una mayoría en la derecha que no quiere una Constitución que exprese la soberanía popular y con una minoría de este sector dispuesta a discutir una nueva Constitución (para eso dispone, en todo caso, del candado de los dos tercios) que apenas se expresa por imposición de la derecha dura y unos ministros que insólitamente no pueden hablar del tema. 

El país tiene que volver a ser gobernado. En abril, es fundamental una gran movilización por el Apruebo. Luego, el gobierno debe asumir de una vez la voluntad popular y llamar a discutir con amplitud y de inmediato un nuevo pacto social de largo plazo como sustrato de la nueva Constitución.

Si no está dispuesto a hacerlo y su único proyecto de país sigue siendo mantener el dominio oligárquico del 1%, no le quedará sino adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para que el país salga de la crisis democráticamente con autoridades que gocen de una nueva legitimidad.

jueves, 6 de febrero de 2020

¿Qué hacer con el capitalismo de herederos?



Shin Kyuk-ho, el fundador de uno de los 5 más grandes chaebol –conglomerados empresariales familiares surcoreanos– falleció recientemente en Seúl. Sus hijos y sucesores deberán pagar un impuesto a la herencia de 50%, contra un 26,5% de promedio en la OCDE (dicho sea de paso, los promedios de la OCDE que en Chile se usan para todo tipo de comparaciones contienen grandes diferencias en casi todas las variables, reflejando sus distintos modelos económicos). Esta tasa pasa a 65% si el beneficiario de la herencia es el accionista más importante de la empresa familiar.

¿Qué dirían los conservadores en Chile si la tasa de herencia, cuyo valor máximo es hoy de 25%, pasara a 50% y 65%? Dirían que queremos transformar a Chile en Corea del Norte. Pero nótese que estamos hablando de Corea del Sur.

El fondo del asunto es que no tiene legitimidad ni racionalidad económica alguna que la riqueza creada por algún individuo sea materia de herencia sin condiciones. Esto se traduce en constituir un capitalismo de herederos en el que el mérito simplemente no existe. Se dirá que el creador de riqueza dejará de tener incentivos para producirla si no puede darla en herencia a sus hijos. En el caso que estamos mencionando, estos heredarán del orden de mil millones de dólares. No es exactamente quedar en la indigencia.

En el marco de una discusión más amplia sobre nuevas formas de democracia económica, una variante a explorar en Chile es que el pago de un impuesto a las grandes herencias de capital no sea en dinero –pues, entre otras cosas, plantea un cúmulo de problemas prácticos de valorización– sino que en un porcentaje equivalente de las empresas y activos involucrados que pase a propiedad de un Fondo de Desconcentración y Sustentabilidad. Fondos públicos comparables ya existen en Chile con otros orígenes y para otros fines, como el actual Fondo de Reserva de Pensiones. Este acumula unos 10 mil millones de dólares (más de 3% del PIB) en diversos instrumentos financieros, incluyendo un 27% de tipo accionarial. Sus dividendos –la rentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones ha sido de cerca de un 4% desde su creación en 2006– debieran ser utilizados para promover la desconcentración económica, otorgando a cada infante al nacer un aporte para financiar estudios superiores o el inicio de actividades económicas innovadoras al alcanzar la mayoría de edad. Y contribuyendo a financiar la diversificación económica mediante el apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para transitar a un nuevo modelo productivo no rentista basado en el conocimiento.

Esta transformación debe empezar por dar un fuerte impulso a las energías renovables, con más tecnologías adaptadas o propias. Y en especial a aquellas que permiten una continuidad de respaldo en la generación eléctrica solar y eólica, como la geotermia y las nuevas tecnologías que permitan el tránsito a la electromovilidad para transporte urbano y usos productivos, avanzando en especial en la producción de hidrógeno puro. Este gas es la mayor reserva de combustible no contaminante y se puede generar a partir de fuentes renovables de las que Chile posee en abundancia, almacenarse y ser usado mediante pilas de combustible para generar electricidad sin contaminar. Y también en transporte de carga en la minería y como soporte de las telecomunicaciones.

Los representantes del fondo público en los directorios de las empresas objeto de herencia debieran, por otro lado, tener un mandato de promover la rentabilidad, pero en un contexto de sustentabilidad social, territorial y ambiental de la actividad de la empresa. Lo mismo debiera ocurrir con los directores que representen eventuales fondos de capitalización colectiva para pensiones.

Esta es una manera de terminar con el capitalismo de los herederos, introducir formas de democracia económica más allá de los accionistas privados y fortalecer un tejido dinámico de empresas –junto a la promoción de la pequeña empresa y de la economía social y solidaria, así como de empresas públicas estratégicas en una economía de propiedad mixta– que no solo se orienten a aumentar el valor para sus accionistas, sino sobre todo a promover el valor de la actividad económica para la sociedad en el presente y, de manera sostenible, para las nuevas generaciones.

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