El agotamiento del modelo económico y las opciones alternativas

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Parece haber terminado la ilusión del actual gobierno de lograr un buen crecimiento por el solo hecho de hacerse cargo de la administración con una orientación pro-empresarial. Se suponía que ese crecimiento facilitaría, además, la gobernabilidad. Y una suerte de proyección automática en el poder frente al fin de la coalición mayoritaria que gobernó en el pasado, hoy dividida y sin capacidad de proponerle al país reformas institucionales, económicas y sociales creíbles y que inspiren una oposición constructiva. 

Por la fuerza de los hechos, sin embargo,  la idea según la cual los mercados resuelven los principales problemas de las sociedades humanas se encuentra en retroceso.

Sin control democrático, los mercados agravan hoy tres de los problemas sociales básicos: la incapacidad de creación de empleo suficiente y decente en contextos de cambios tecnológicos acelerados, las desigualdades injustas que llevan a que muchos vivan en medio de grandes carencias evitables, y la depredación de los ecosistemas. 

No obstante, el neoliberalismo se ha arraigado en Chile desde los años setenta de un modo inusual, al punto que en la derecha todavía persiste la idea de Von Hayek según la cual lo único que vale es liberalizar los mercados, para lo cual incluso las dictaduras se justificarían. El mantra es la libertad económica, aunque sea al precio de la desigualdad, la concentración y la depredación, es decir la pérdida de la libertad real.

Una música de fondo de ese tipo es la que se ha escuchado en los alegatos empresariales  frente al no avance en el parlamento de la contra-reforma tributaria y laboral o del proyecto de fortalecimiento de las AFP.  

Otros, que adhirieron en el pasado a modelos económicos no liberales, hoy piensan que no hay mucho que hacer frente al capitalismo, es decir la acumulación privada ilimitada de capital como motor económico. Supuestamente no habría otras alternativas. En la historia contemporánea, a partir de la extensión de la economía de guerra previa a la revolución rusa de 1917, sí ha existido una alternativa al capitalismo consistente en la estatización generalizada de los medios de producción y la fijación centralizada de precios y cantidades a producir. Algunos aún denominan ese esquema como socialismo y otros como autoritarismo de economía centralizada. Esa fue - todavía sobrevive marginalmente en algunas partes o intenta instaurarse en otras - una organización económica dominada por una clase burocrática con algunos resultados sociales pero con nuevos privilegios y una notoria falta de dinamismo económico. Demostró no tener una vocación socializadora, pues no otorgó a los trabajadores poderes de decisión en la gestión de las empresas y en la orientación general de la economía. Por eso es impropio otorgarle el nombre de socialismo a los regímenes de centralización burocrática. Estos demostraron, además, no tener ninguna vocación ecológica: la matanza generalizada de ballenas en la URSS para cumplir el plan en materia de pesca o el fin del mar de Aral  para producir algodón fueron emblemáticas. Esos regímenes deben ser desechados como alternativa deseable. Con ellos en el siglo XX se pasó de una opresión a otra, de una destrucción a otra. 

Pero también emergieron compromisos socialdemócratas que moderaron las crisis y disminuyeron las desigualdades mediante diversas formas de Estado de bienestar, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis de 1929. Aunque con importantes resultados en una primera etapa, no lograron contrarrestar los efectos de la globalización capitalista acelerada a fines del siglo XX y la irrupción de las economías emergentes asiáticas, el gran fenómeno de la economía contemporánea.

Los proyectos progresistas del siglo XXI deben ir más allá, dado el actual contexto global y las nuevas amenazas, y propiciar una amplia transformación social y ecológica. Deben insistir en construir espacios regionales protectores con más integración de las políticas comerciales y de inversión para ganar autonomía relativa y defender estándares sociales y ambientales en la globalización. Y proponerse emancipar a la mayoría social de las tres estructuras principales que la oprimen o amenazan: la de la dominación política de un grupo o clase minoritaria sobre el resto, la de la dominación del capital sobre el trabajo y la del uso indiscriminado por el capital de los recursos de la naturaleza. 

Una primera gran tarea es que la democracia no retroceda ante la ola autoritaria que utiliza los temores y la inseguridad que crea el propio liberalismo globalizador.

El progresismo y la izquierda deben reafirmar el principio de igualdad efectiva de oportunidades y el de reciprocidad más allá del mercado “según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón” (Gerald Cohen).

Para volver a ganar legitimidad, las instituciones deben avanzar en calidad y probidad y descentralizarse con más democracia territorial. Y producir mejores resultados sociales.

El progresismo debe promover la igualdad de género y encabezar la construcción de mecanismos de seguridad económica con derechos laborales efectivos y una fuerte protección social basada en compensaciones suficientes ante el desempleo, la enfermedad, la vejez y la pobreza. Y favorecer una inmigración ordenada y con derechos. 

Lo anterior supone más dinamismo y avanzar a una economía mixta innovadora. Se debe estimular la investigación y el desarrollo tecnológico y la creación generalizada de empleos decentes. En las actividades lucrativas, el capital privado debe ser gobernado social y ecológicamente por instituciones democráticas efectivas en materia de diversificación y desconcentración productiva, de negociación colectiva, de participación laboral en la empresa y de redistribución del ingreso.

Y también de transición a una economía circular, con resiliencia ecosistémica y un consumo funcional y responsable. Para avanzar a la economía circular, cada tipo de actividad debe pagar el costo efectivo del tratamiento y reciclaje de sus desechos. Pero se debe partir por el principio: cambiar el actual modelo de consumo, con alimentos industriales, embalajes plásticos generalizados, automóvil individual en ciudades segmentadas y extendidas, obsolescencia programada de los equipamientos. Todo esto es dañino para la salud humana y destructor de los ecosistemas. Para avanzar a un modelo de consumo funcional es cada vez más imperativo  actuar contra la epidemia de obesidad infantil dificultando el acceso y encareciendo la comida chatarra a través de un impuesto especial que se use para subsidiar parte de una alimentación institucional (Junaeb y casinos de empresas) basada en alimentos saludables y ecológicos. La información no basta.

A la vez se requiere ampliar las alternativas al automóvil individual mediante un transporte público de calidad basado en la electricidad. Se avanza en la materia, pero a paso muy lento, mientras las ciudades son cada vez más invivibles, el aire más irrespirable y los tiempos de transporte cotidiano más largos. Como parte de una política territorial de efectos de largo plazo, es necesario estimular una mayor cercanía física de vivienda familiar, escuelas, servicios públicos y trabajo, disminuyendo además la segmentación social de las ciudades y ampliando el trabajo domiciliario con uso intensivo de tecnologías de la información al menos algunos días de la semana.

Esto requiere de autoridades metropolitanas fuertes ("alcaldes mayores" con competencias de ordenamiento urbano y territorial) al menos en Santiago, Valparaíso-Viña, Concepción-Talcahuano y otros lugares del país. En paralelo y en el corto plazo, se debe realizar una mayor inversión en sistemas de transporte rápido urbano y suburbano. Un dato: un tren de 150 metros puede transportar 3.000 personas, lo mismo que 2.600 automóviles, equivalentes a un taco de 11,5 kilómetros. La meta debe ser construir vías exclusivas reales para buses eléctricos, tranvías y metros en las principales aglomeraciones, de modo que ningún habitante urbano esté a más de 500 metros de un paradero o estación.

Esto tiene un costo, financiable con impuestos (el impuesto especial a los combustibles debiera aumentarse en el caso del diesel y destinarse íntegramente a estos fines), tarifas y endeudamiento de largo plazo, pero el esfuerzo vale la pena (y es además en la mayoría de los casos "socialmente rentable" en términos de evaluación de proyectos) si se considera que lo que está en juego es la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. 

La economía lucrativa debe entonces limitar con el interés general y coexistir con agencias estatales proveedoras de servicios públicos fortalecidos y no disminuidos, con empresas públicas estratégicas y con un amplio tejido de economía social y solidaria.

Un Estado democrático probo y profesional, no capturado por los intereses corporativos, debe ampliar los tributos redistributivos y regular más precios y tarifas claves tanto para asegurar la sostenibilidad como evitar la generación de rentas ilegítimas.  

Las alternativas al neoliberalismo existen, aunque las corporaciones privadas dominantes y sus representantes políticos pongan el grito en el cielo. Y en Chile no se harán efectivas si persiste el limbo programático que se ha generalizado en la actividad política - y especialmente en el campo progresista, pues para la derecha los programas nunca tuvieron demasiada importancia frente a los intereses a defender - para supuestamente seducir electorados múltiples con un discurso plano.

El resultado ha sido otro: la generalizada pérdida de credibilidad de los ciudadanos que no adhieren a la sociedad del privilegio que ofrece la derecha, pero que observan que sus representantes políticos parecen estar más al servicio de si mismos y no confluyen ni defienden suficientemente los valores, ideas e intereses de la mayoría social.

Sobre las reformas tributaria y previsional

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Dado que están activamente en curso sendas negociaciones sobre impuestos y sobre el sistema de pensiones entre el gobierno y parte de la oposición, tal vez tenga sentido contrastar sus posibles resultados con lo que podría ser un mejor sistema tributario y un mejor sistema previsional.

En materia de impuestos, lo razonable sería que se separara integralmente, como en Estados Unidos, la tributación de las utilidades (devengadas) de las empresas - necesaria para financiar las infraestructuras y las capacidades humanas sin las cuales no hay actividad productiva de empresa alguna - de la tributación de los ingresos personales provenientes de utilidades retiradas desde las empresas por sus dueños.

Las tasas de estos ingresos personales deben ser siempre más altas tanto para estimular que las utilidades se reinviertan y no se retiren para fines de consumo como para redistribuir los ingresos, en tanto los ingresos salariales bajos no sean tributables.

Las tasas planas a todos los ingresos a lo Milton Friedman no permiten ni estimular la inversión ni redistribuir ingresos.

La tasa aplicada a las utilidades devengadas debiera ser menor que la actual para aquella parte que sea reinvertida en capacitación y en actividades de economía circular -especialmente en los territorios más desfavorecidos - y en innovación energética renovable, para así aumentar la inversión y al mismo tiempo estimular un crecimiento sustentable y con valor agregado basado en conocimiento, mayores capacidades humanas e innovación mejor distribuidos social y territorialmente. Lo mismo debe ocurrir con la depreciación acelerada, que debiera ser selectiva y solo aplicable a las inversiones mencionadas.

Las regalías (royalty) mineras y las aplicadas sobre los recursos naturales debieran subir sustancialmente cuando el margen de explotación aumente más allá de 10%, para evitar utilidades sobrenormales que no tienen justificación productiva alguna y que constituyen un renta no empresarial que pertenece a los dueños de los recursos, es decir todos los chilenos/as.

La tasa marginal del impuesto a la renta personal sobre 10 millones de pesos mensuales debiera subir al 50% (nivel de 1989) y al 65% (nivel que no desestimula la actividad según economistas como Krugman y Diamond y Sáez) sobre 20 millones al mes, para contribuir a una mayor equidad distributiva en uno de los países más desiguales del mundo.

Se debe fortalecer las capacidades tributarias y la autonomía de regiones y comunas para fijar tasas y ampliar la base tributable en materia de impuesto territorial de bienes raíces y de patentes mineras, industriales y comerciales, compensando más a los territorios más pobres con los recursos de los más ricos en un país con enormes desigualdades territoriales que se agregan a las desigualdades sociales.

En materia previsional se discute introducir mecanismos de solidaridad, pero sin claridad suficiente respecto de quién la realiza y quién la recibe. Si es una solidaridad de todos los cotizantes (ingresos provenientes de la planilla de salarios) hacia otros asalariados, deja afuera el aporte de los ingresos del capital, hoy por hoy recaudados, aunque insuficientemente, por el sistema tributario. Sería una solidaridad entre trabajadores solamente.

Es más lógico que la solidaridad intrageneracional se produzca a través de la Pensión Solidaria y los Aportes Previsionales Solidarios financiados por impuestos, con aportes de los ingresos del trabajo y también del capital.

En un enfoque de solidaridad sustancial de ese tipo, la pensión básica debiera aumentar progresivamente y alcanzar un gasto presupuestario de hasta un 5% del PIB, como en Nueva Zelandia.  

Dicho sea de paso, hoy en Chile el gasto en pensiones de las fuerzas armadas es de 0,9% del PIB y el de pensiones solidarias de 0,8 % del PIB. La reforma tributaria debiera contemplar el financiamiento de un aumento mayor que el previsto de la pensión básica aumentando la tributación a los ingresos del capital en los términos reseñados.

La clave es que la recaudación para pensiones no es propiamente solidaria, en las condiciones de la distribución del ingreso en Chile, si solo la financian las cotizaciones salariales, además con un tope, y no se agrega una contribución de los ingresos de capital, como es el caso de la Contribución Social Generalizada existente en Francia.

Por otro lado, si además se quiere establecer un mecanismo de solidaridad intergeneracional entre cotizantes, ésta puede operar con fórmulas como la sueca, a través de cuentas individuales en las que se registra el historial de cotizaciones de cada trabajador.

La suma da derecho al jubilarse a una pensión financiada por la recaudación en cada período proveniente de las cotizaciones salariales obligatorias. Esta indexación de los derechos adquiridos por cotizar en el pasado con la masa salarial en el presente, constituye una solidaridad entre generaciones que, al mismo tiempo, evita desequilibrios por el envejecimiento futuro. Nada impide que el 4% adicional se pueda utilizar para este fin con un mecanismo de reparto como el mencionado.

Está sobre la mesa la idea de un “ente público” que mantenga la capitalización del 4% adicional de cotización salarial imputada al empresario, administrados por privados distintos de las AFP.

Se plantea, además, una especie de extensión del seguro de invalidez y sobrevivencia y del seguro en caso de pérdida de autonomía que propone el gobierno. para aumentar la pensiones de las personas de más edad.

Eso sería socialmente muy regresivo, pues pagarían la misma prima personas que vivirán más y otras menos, casualmente las más pobres. Estudios para comunas de Santiago indican un diferencial de esperanza de vida de unos 8 años, lo que es enorme.

Y si no hay margen para otra cosa con el actual gobierno, entonces al menos la entidad pública debiera poder optar a administrar directamente el 4% y también el 10% hoy existente, junto a las Cajas de Compensación y otras entidades propuestas por el gobierno para el 4%, y así incentivar una mayor competencia que pudiera bajar las comisiones.

Se establecería de ese modo una alternativa pública que terminaría con el monopolio de las AFP, la que se prolonga desde 1981 con pésimos resultados en materia de tasa de reemplazo de ingresos previos por pensiones.

Tal vez tenga sentido que al menos se concrete en esta reforma un nuevo servicio público que cumpla con la tarea de bajar las comisiones en el 14% de cotización obligatoria, realizar una atención preferente de los grupos vulnerables y fiscalizar las cotizaciones para aumentar la protección de todos en la vejez.

El actual gobierno no está, al parecer, en condiciones de aprobar su proyecto original y debiera aceptar una institucionalidad pública que en el futuro pudiera hacerse cargo de la solidaridad intergeneracional en materia de pensiones.

Lecciones autocríticas

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Milité en el Partido Socialista desde 1985 a 2016. Fui partícipe del proceso de renovación de ideas, de la reorganización para la lucha social y política contra la dictadura y de la reunificación en 1989. Fui miembro de su dirección en los ochenta y noventa y presidente en 2003-2005.

A ese título conocí al PS en profundidad y estaré siempre agradecido de una militancia que me permitió convivir con muchas personas nobles y comprometidas de todos los rincones de Chile, muchas de las cuales sufrieron enormemente por ese compromiso durante la dictadura y sobrellevaron con dignidad sus secuelas. Y estaré siempre agradecido del honor de haber ejercido responsabilidades partidarias en su nombre. 

Renuncié hace tres años porque terminé de convencerme que el sistema de generación de autoridades y la transformación del PS en una plataforma burocrática despolitizada y sin proyecto lo hacían irreformable en las condiciones actuales e inservible para las causas socialistas de igualdad y justicia social, de libertad real y ahora también de preservación de los ecosistemas para las nuevas generaciones. 

Por un lado, se produjo la progresiva descomposición de una parte de sus élites, que decidió hacer de la realpolitik de corto plazo su práctica política y abandonó todo proyecto de cambio de la sociedad.

Esa parte de la dirigencia aceptó la cercanía, la influencia y el financiamiento del poder económico corporativo a sus campañas, como es de público conocimiento, incluso cuando se estableció el financiamiento público de la actividad política (la situación previa en algún sentido obligaba a buscar financiamientos donde se pudiera), e hizo del acceso a cargos públicos para sus clientelas su razón de ser.

Otros decidieron adoptar lisa y llanamente el modelo del cacicazgo de las oligarquías tradicionales para mantener el control de todo lo que se moviera en sus territorios electorales, utilizando desde la influencia en el nombramiento de jueces a la connivencia con la derecha empresarial, incluso promoviendo amnistías a los evasores tributarios.

Otros se transformaron en lobistas de intereses empresariales. Estos fenómenos no son para nada exclusivos del PS, sino una expresión generalizada de la decadencia de nuestra muy imperfecta democracia, pero nunca debieron llegar al PS. 

Por otra parte, se produjo la descomposición de una parte de su dirigencia intermedia y de base. En nombre de una proveniencia popular (lo que es bastante relativo en muchos casos, pues se trata de gente con formación universitaria), todo valía para hacerse un lugar en el poder partidario, con la idea cada vez más extendida de desplazar a las "élites de Plaza Italia para arriba", como si Allende y muchos de sus dirigentes no tuvieran un origen social privilegiado, como si la mayoría de los dirigentes no fuera de sectores medios y como si no hubiera habido siempre dirigentes de proveniencia popular, haciendo del PS un espacio de los "trabajadores manuales e intelectuales" como señala su Declaración de Principios de 1933.

Fueron aceptando y, en algunos casos, desarrollando como método de acumulación de poder, transgresiones a la ética pública de diversa índole, que algunos reivindican todavía como parte de su "lucha contra las élites".

Esto fue incluyendo la inscripción de cualquier persona como afiliado con derecho a voto para controlar elecciones internas, el acarreo organizado y masivo e incluso la falsificación de resultados electorales partidarios.

Este proceso de descomposición se fue agravando hasta hacer un uso local intensivo del clientelismo abierto por diversos dirigentes nacionales, utilizando los órganos del Estado de distinto nivel, con la consecuencia de una multiplicación de corruptelas variadas y, en algunos casos extremos, la connivencia con el narcotráfico.

Así se llega a la crisis actual, provocada por reportajes televisivos que algunos consideran una conspiración, cuando en realidad se trata de una información con ribetes de escándalo que iba a emerger a la luz pública de un modo u otro. 

Ya no me corresponde opinar sobre las salidas de crisis de un partido al que no pertenezco, pero lo que pasa en el PS interesa a la sociedad en su conjunto y al conjunto del progresismo.

Creo que un Congreso Extraordinario debiera refundarlo, con una organización interna basada en la adquisición del derecho a voto mediante una participación efectiva en actividades militantes por al menos tres años y una formación obligatoria en sus principios. Y elegir una nueva directiva en ese Congreso para encabezar el saneamiento del PS y su reanclaje en un proyecto de transformación social situado en la izquierda del espectro político. 

Pero muchos se preguntarán, con razón, y usted qué hizo o no hizo en todo esto que señala. Yo tengo responsabilidades personales en todo ese proceso, y las asumo. 

Me auto-critico por haber concebido por 1987, junto a otros compañeros, el sistema de elección de dirigentes basado en afiliados y no en militantes y sus delegados reunidos en congresos deliberativos, a pesar de la reforma de estatutos cuando fui secretario general del PS unificado que ponía condiciones de militancia, pago de cotizaciones y renovación periódica del carnet partidario, pero que no fueron suficientes y se abandonaron.

La idea era introducir más democracia y terminamos facilitando un sistema de control de afiliados clientelares por caciques locales y dirigentes intermedios, que en principio trabajaban para liderazgos nacionales y luego para sí mismos.

Se equivocan los que sostienen que este es un tema de tendencias políticas internas, cuya necesidad siempre he defendido para mantener la pluralidad, sino de grupos despolitizados de control de clientelas. 

Me auto-critico por haber promovido con insistencia en el PS una "cultura de gobierno" sin darme cuenta que se reemplazaba una indispensable "cultura de militancia social".

El resultado fue en definitiva legitimar la transformación del PS en una mera plataforma de acceso a posiciones burocráticas. El boicot a organizar la formación política de los militantes fue permanente, incluso en mi presidencia.

Yo rompí con la corriente interna de la renovación a la que pertenecía, que creo hizo una gran contribución de ideas al socialismo, y me acerqué a la supuesta izquierda partidaria porque pensé que con ellos podíamos armar un campo de resistencia ante la deriva hacia la renuncia a la justicia por las violaciones de los derechos humanos y hacia la connivencia con el mundo empresarial.

La idea era retomar la militancia social y un proyecto transformador que guiara nuestros pasos. Pero combatir internamente esas derivas y plantear un proyecto de cambio no era lo que interesaba a esa supuesta izquierda, sino solo sus propios espacios de poder personal.

Promoví entre tanto la salida del PS de los lobistas, que derivó en la renuncia de Enrique Correa y la suspensión de militancia de Eduardo Loyola. El que terminó saliendo fui yo, en un congreso que perdí por muy pocos votos en 2005. Isabel Allende, José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier, Camilo Escalona, Mahmud Aleuy y Osvaldo Andrade, la derecha y la izquierda partidaria unidas, terminaron después aplaudiendo el retorno del lobista Enrique Correa al PS, aunque tengo entendido que no sometieron su reincorporación a un congreso partidario. Hicieron girar al PS hacia el centro político, el acomodo al modelo económico liberal y, finalmente, la irrelevancia. 

Me auto-critico por no haber controlado directamente las decisiones de la Comisión Patrimonio - que decidimos administrara la indemnización de los bienes expropiados por la dictadura - cuando fui presidente del PS, que fue una idea mía y de otros para asegurar la independencia financiera y política del PS frente al empresariado, y establecido de modo tajante que solo invirtieran en instrumentos públicos y empresas con sello social y ambiental, aunque la rentabilidad fuera menor, en vez de en SQM y otras empresas que estaban corrompiendo el sistema político, lo que nunca pensé los miembros de la comisión harían. 

Me auto-critico por no haber sido más tajante frente a Miguel Ángel Aguilera, aunque fue Alcalde después de haber yo dejado todo cargo partidario. Nunca acepté en el grupo interno de la renovación sus pujas desembozadas por posiciones de poder, porque su estilo intuitivamente no me gustaba y me parecía brutal y oscuro. Nunca acepté un solo voto de él y de su gente. Nunca.

No sé si Miguel Angel Aguilera utilizó vínculos con el narcotráfico para acumular afiliados. Cuando una persona me advirtió, en un encuentro casual hace más de una década, haber observado a traficantes de San Ramón movilizando gente en las elecciones internas, no puse el grito en el cielo por la ausencia de pruebas. Denunciar algo sin pruebas no es correcto. Pero, dada la gravedad del hecho, debí haber pedido una investigación exhaustiva.

Al cabo del tiempo, y con el aparataje municipal detrás, aseguró una vicepresidencia perenne en el PS (alternada con su hermana). Ahora la contratación de personas en el municipio de San Ramón vinculadas el narcotráfico, mostrada en reportajes televisivos, es objeto de investigación judicial y no es solo parte de rumores, como los hay tantos en toda organización política.

Hasta ahí mis auto-criticas y sus matices, dado que tuve responsabilidades en todo este proceso, cuya degradación logré tal vez retrasar pero no evitar, y las asumo en lo que me cabe.

Este proceso, por otro lado - y a pesar de lo descrito - produjo importantes resultados positivos para la mayoría social, pero eso es harina de otro costal. La esperanza es que se aprenda las lecciones para que los partidos políticos se fortalezcan y ojalá nunca se repitan estos hechos en ningún espacio en el futuro. Y que lo acontecido no afecte el ideario socialista y su proyección en la sociedad chilena para hacerla más justa, y por eso más libre y más sostenible. 

A esas prácticas hay que contraponer, en las antiguas y en las nuevas organizaciones de izquierda, la reconstrucción y creación de otras prácticas que contribuyan a la transformación social porque a) son probas (es decir tienen siempre límites éticos y no sirven intereses particulares sino el interés general) y b) están inspiradas en valores e ideas propias de un proyecto de cambio social emancipador, diverso y tolerante en su seno, pero capaz de representar los intereses de la mayoría social.

Esto requiere del difícil ejercicio político cotidiano de subordinar los intereses específicos al interés general y de articular las acciones del presente con el horizonte del proyecto político que se defiende.