Los ejes de fin de gobierno

Voces La Tercera

La presidenta Michelle Bachelet ha marcado un eje de fin de gobierno que retoma parte del hilo de sus planteamientos programáticos. La etapa gubernamental del “realismo sin renuncia” implicó aceptar una reforma tributaria mínima, que no le permitió realizar una política social más activa, junto a no hacer gran cosa en materia de escuela y universidades públicas, además de dejar en manos de un ministro de Hacienda neoliberal una reforma laboral deslavada -y disminuida además por el Tribunal Constitucional – y un proyecto de reforma previsional que deja a las AFP tal cual, pero sobre todo implicó dejar de lado la idea de una nueva Constitución a ser tramitada en su gobierno como prioridad política.

Ahora una renovada voluntad reformadora se ha evidenciado en las decisiones presidenciales en la crisis de gabinete por el proyecto minero Dominga, así como en su discurso en la ONU, en el que destacó la ley del aborto en tres causales, la gratuidad universitaria y el crecimiento sustentable como concepto alternativo al del crecimiento a toda costa. Esto se acompañó de un proyecto de ley que restringe el uso de las bolsas de plástico, junto a la voluntad de avanzar en una ley migratoria protectora y en temas de derechos humanos como permitir para fines judiciales con menos trabas, si así lo desea la víctima, el levantamiento del secreto de los testimonios de tortura. Veremos si la agenda legislativa que queda permite avanzar en algo de todo esto.

Tal vez, en todo caso, contribuya a recomponer el prestigio del espíritu reformador y animar mayores debates sobre el futuro de nuestra sociedad y sobre los fines colectivos deseables y los medios para alcanzarlos. Estos debates han escaseado, por el momento, en la campaña presidencial, aunque los dilemas de fondo permanecen. Los ejes de estructuración del campo político se han desdibujado por la confusa nueva identidad de “centroizquierda” en que devino la Concertación y luego la Nueva Mayoría, es decir un centrismo inocuo de baja coherencia política. Con la consecuencia de alejar a una mayoría de ciudadanos de la participación política y de contribuir a desacreditar –junto a la nostalgia autoritaria que sectores de la derecha no dejan de propagar- a la democracia como el espacio de la deliberación y decisión propio de las sociedades modernas. Y con la consecuencia, de paso, de facilitar el vuelco de muchos electores hacia el voto pragmático e individualista a favor de una derecha que promete mejorar la economía con el mensaje subyacente -y falso pues sus políticas básicamente no conducen a otra cosa que mantener la concentración aguda del ingreso y de las oportunidades- de que tiene la clave de una mayor prosperidad. O bien con la consecuencia de incitar nuevas identidades políticas generacionales contestarias sin capacidad de articular alternativas mayoritarias de cambio social.

El eje izquierda/derecha es básicamente el de la diferenciación de posturas sobre la igualdad/desigualdad social. Como Chile es campeón internacional de la desigualdad (el 1% más rico controla el 33% del ingreso, según el Banco Mundial), pasará mucho tiempo antes de que ese eje deje de estar vigente. Las diferencias de ingresos y de propiedad de activos no pueden entenderse como hecho natural (‘siempre ha habido pobres y ricos’) sino como fruto de una construcción política y económica históricamente dada, y por tanto modificable por la acción política, en nuestro caso con vocación reformadora y que apunte a disminuir brechas de ingresos, de oportunidades económicas y territoriales. Eso implica inevitablemente conflicto y requiere, también en nuestra opinión, asumirlo en los cauces del Estado de derecho pero con decisión y voluntad. Y supone no prolongar la ilusión de un centrismo blando puramente adaptativo a las contingencias como supuesta única vía de funcionamiento correcto de la democracia. Se podrá discutir si este enfoque centrista, al que se terminaron sumando las representaciones tradicionales de la izquierda que priorizaron su participación en el Estado y abandonaron a la sociedad de la que provenían, cumplió o no una función necesaria en la transición a la democracia. Pero indiscutiblemente ya no cumple función alguna en la evolución hacia una democracia madura, basada en la deliberación sobre las opciones que existen en la sociedad frente a los problemas diversos que la aquejan, acompañada de la reorganización eficiente del Estado para llevar adelante más y mejores políticas públicas alejadas de las promesas clientelistas.

“Representar a la ciudadanía” desde la izquierda o el centro reformador no puede hacerse ya sin asumir los intereses de la mayoría social. ¿Existen intereses contrapuestos entre los sectores de la sociedad que viven básicamente de su trabajo y los de las minorías oligárquicas que concentran el poder en la economía y la política? Evidentemente es así, por lo que la agenda de redistribución del poder en Chile permanece enteramente vigente. Una nueva constitución y una nueva estrategia de desarrollo diversificado basado en mayores capacidades humanas son los dos grandes medios para avanzar al objetivo de construir una democracia social que sostenga y amplíe el bienestar de las mayorías.

Más allá de los aciertos y errores de uno u otro gobierno, incluyendo el actual, o de uno u otro liderazgo, la hoy en retroceso izquierda democrática tiene el desafío de proyectarse. Y eso solo podrá lograrlo planteando con claridad una renovada agenda para hacerse cargo de disminuir las desigualdades de ingresos y oportunidades mediante nuevas reformas tributarias, laborales, territoriales y educacionales que fortalezcan servicios públicos universales y un Estado de bienestar moderno y eficiente. Esto requiere sin ambigüedades de un gobierno más fuerte para redistribuir recursos y de una economía dinámica para tener qué redistribuir. Esto supone, en el contexto de una economía mixta, no suprimir el mercado sino regularlo y reemplazarlo total o parcialmente cuando es necesario, y bien sabemos que lo es en educación, en salud, en pensiones, en inserción social y empleo decente, en medio ambiente, donde resuelve muy poco o nada. Especial relevancia tiene la defensa de los ecosistemas contra el productivismo destructor, defensa que se reconoce en el deber de responsabilidad con las nuevas generaciones preservando los equilibrios ecológicos (empezando por la lucha contra el cambio climático) y la biodiversidad. Chile debe crecer en ciertas cosas y decrecer en otras, y no seguir con la religión del crecimiento a toda costa que, además, concentra el ingreso de manera persistente.

Esa izquierda moderna también debe seguir asumiendo, más allá de la economía y en contra del autoritarismo conservador, la lucha por el derecho a una vida autodeterminada. Esto incluye los derechos de las mujeres a disponer de su vida y de su cuerpo, el respeto de la diversidad sexual, de la diversidad cultural y de la libertad de pensamiento y expresión mediante la laicidad del Estado. Es fundamental seguir bregando para conquistar una dimensión civilizatoria moderna central: la emancipación de la mujer del patriarcado. Así como honrar la deuda histórica con los pueblos indígenas, respetando su cultura y autodeterminación en un Estado plurinacional basado en valores comunes y derechos universales.

Asimismo, la reforma de la acción política, luego de su visible deterioro en la última década, debe mantener una alta prioridad, incluyendo la promoción de la transparencia, la veracidad en la deliberación pública, el respeto de las minorías, el reconocimiento del otro a partir de una común base de derechos fundamentales, la reciprocidad y la cooperación. Representar al pueblo es defender sus intereses de corto plazo, pero también reconocer la diversidad de esos intereses -no siempre compatibles entre sí – y reconocer que no se puede hacer todo al mismo tiempo, lo que supone una nueva elaboración estratégica para hacer congruentes los fines y los medios en los tiempos actuales. Por eso los partidos son necesarios, especialmente los que se proponen transformar la sociedad hacia más igualdad y sustentabilidad, no como un fin en sí mismos, sino para articular intereses legítimos diversos y articular el corto y el largo plazo. No se puede pedir esa tarea a los movimientos sociales. Pero si esos partidos se burocratizan y defienden solo los intereses de aquellos de sus miembros que procuran el acceso a empleos en el Estado o, peor aún, se subordinan a los poderes económicos en nombre del realismo mal entendido, entonces hay que darlos por obsoletos y recrearlos.

Un testimonio personal del golpe

Publicado en Facebook

Un 11 de septiembre se produjo el hecho más traumático de nuestras vidas, el golpe de Estado, la muerte heroica en La Moneda del presidente SalvadorAllende, el fin de una época, el inicio de una represión sangrienta que se cobró miles de vidas. 

Una semana antes del golpe pedí una reunión con los dirigentes regionales del MIR, organización en la que militaba junto a varios amigos, y de cuya dirección de estudiantes secundarios formaba parte por entonces. Nos parecía a todos inminente el golpe de Estado, y pregunté, cuando nos juntamos en mi casa, la de mis padres en realidad, a "Lucas", Humberto Menanteaux, del secretariado regional -atrozmente asesinado por la dictadura en 1975- qué haríamos cuando se desencadenara. El contestó con simpatía y convicción que nosotros pasaríamos a formar parte de la "masa armada" en nuestro territorio, la zona oriente de Santiago en la que se desplegaba el Grupo Político Militar 3 (el G3, como lo denominábamos), con trabajo en poblaciones, universidades y liceos, agrupando a un par de centenar de personas, y que del resto se encargaría la "fuerza central", que enfrentaría el golpe. No me convenció mucho el esquema, pero no tenía mayores elementos de juicio, salvo una gran fe en el arrojo y capacidades del grupo que alrededor de Miguel Enríquez dirigía el MIR, grupo al que me integré en 1972, pues me pareció más atractivo y consistente su discurso -las reformas de Allende llevarían a una reacción armada desde fuera y desde dentro, las que había que resistir con organización popular y con armas- que el de la Juventud Socialista, con la que hasta entonces participaba en trabajos voluntarios.

El 11 de septiembre de 1973 partí a mi liceo sin enterarme de nada. Mi padre era Ministro de Planificación del presidente Allende, pero no tuvo información del golpe antes de que saliéramos de la casa. Al entrar a mi liceo, la Alianza Francesa, que con tensiones lográbamos mantener en clases a pesar de la presión de la gente de derecha que quería sumarse al paro indefinido que promovían los golpistas, ya la noticia del golpe se había esparcido. Dejé a mi hermano menor con un amigo y yo salté la reja -no me dejaba salir el inspector general Sr Coti- y me fui a dedo hasta el Pedagógico en Macul, lugar previamente establecido de reunión, al que llegué a eso de las 9 de la mañana. 

Allí nos juntamos una treintena de miristas cerca de la entrada. Quienes nos dirigían, entre ellos el jefe del G3, "Aníbal", Agustín Reyes, detenido y desaparecido en mayo de 1974, y los miembros de la jefatura Carlos Ominami y Ricardo Pizarro, nos señalaron que no tenía sentido permanecer en el Pedagógico, que estaba empezando a ser rodeado por militares, por lo que nos dirigimos a la empresa Paños Continental, en el cordón industrial Macul. Permanecimos allí un rato en la calle, pero a los dirigentes sindicales no les pareció una buena idea que ingresáramos y una patrulla de Carabineros que pasaba se detuvo. Un oficial nos dijo, con semblante preocupado y mucha tensión, "muchachos, mejor que se vayan para sus casas" y siguió su camino la patrulla. Es cierto que el jefe de nuestro grupo tenía 23 años y los demás menos. Varios andábamos con uniforme de colegio.

Seguimos caminando, pero el grupo ya era menos numeroso, una veintena. En un momento dado nos encontramos parados en la esquina de Macul con Los Olmos, en una situación un poco surrealista: no sabíamos qué hacer. En ese momento se acercó una mujer de edad media y con una gran simpatía nos dijo: "muchachos, yo soy radical, vengan a mi casa que está aquí cerca". No sé que pensó esa mujer al tomar un riesgo semejante, tal vez la imagen de esos jóvenes decididos le provocó esa reacción. El hecho es que entramos una quincena en esa casa, su dueña se trasladó con sus hijas a otro lugar cercano, y ahí nos instalamos. Ricardo Pizarro, mi jefe en el G3, me pidió al rato que lo acompañara a una casa cercana. Allí estuvimos un par de horas armando varias decenas de granadas caseras, hechas con tarros de café con plomo y metralla alrededor, que llenamos con algo así como amonio de plata y luego les atornillamos unas espoletas muy artesanales hechas con fósforos, y luego volvimos a la casa de Macul. 

Allí nos enteramos por la televisión de la muerte del presidente Allende, y escuché en la lista de buscados el nombre de mi padre, lo que me alivió porque pensé que al menos no estaba preso y seguía vivo. Empezamos a planificar acciones, luego de que alguien de la dirección del grupo señaló que había podido hablar por teléfono con Bautista Van Schouwen, de la dirección del MIR, y que la instrucción era que hiciéramos "barricadas de dispersión". Sonaban balaceras intermitentes en la escuela de suboficiales de Carabineros que quedaba cerca, por lo que varios salieron desafiando el toque de queda para averiguar qué pasaba y ver si podíamos intervenir, lo que no lograron. Se planteó entonces la idea de asaltar una comisaría, pues el grupo tenía dos pequeñas ametralladoras argentinas y una pocas pistolas, aunque el encargado militar, apodado el "Turco Mario" se había volatizado y el sub encargado, apodado el "Pato Malo", de una gran simpatía, Mario Maureira, detenido y desaparecido en 1976, hacía lo que podía. Pasó la noche sin que pudiéramos hacer nada.

A la mañana siguiente, me dijeron que me cortara el pelo largo que usaba entonces, porque podría ser peligroso en situaciones de fuego. Entretanto se estacionó en la esquina de la casa un bus de Carabineros y pasaban patrullas militares. El bus permaneció largo rato, es muy posible que hubieran detectado nuestros movimientos, y permanecimos por largo rato con gran tensión esperando el asalto. Pero al cabo de un par de horas se retiraron, y salieron varios grupos de dos o tres de los nuestros y lanzaron nuestras granadas artesanales a patrullas militares, las que no funcionaron. Entre medio, en la televisión apareció la noticia del allanamiento de una casa en la que se encontraron materiales explosivos: era la casa en la que había estado el día anterior. 

En la tarde fuimos evacuando la casa de la señora radical y con tres o cuatro, en medio del toque de queda, caminamos hacia la población Santa Julia, yo con cuatro granadas en mi chaqueta y con bastante susto. Nos acogió una pareja de pobladores, que también se trasladó a otro lugar. En su casa permanecimos con mucha tensión con el Pampa y el Titi, Miguel Ángel Acuña Castillo y Héctor Garay Hermosilla, estudiantes del liceo 7 detenidos y desaparecidos en 1974, y con cada vez menos posibilidades de hacer algo. La dirección decidió a los tres días que nos dispersáramos. Me despedí de mis compañeros a los que no vería más, pues les esperaba la muerte unos meses después. Salí a llamar por teléfono para tratar de saber algo de mi familia. En una cabina telefónica hablé con un amigo, sin lograr averiguar mucho. Al terminar, miré hacia un lado y vi un soldado en una patrulla detenida a unos diez metros, con unos cuellos naranjos que usaban, apuntándome con un fusil. Un liceano con uniforme y el pelo cortado de manera un tanto extraña en ese contexto le debe haber llamado la atención. Seguí haciendo como que hablaba por teléfono, y finalmente la patrulla siguió su camino, para mi gran alivio. 

Me fui caminando durante largo rato por las calles de Nuñoa hacia donde un tío, pensando en conectar con mi familia, lo que finalmente logré. Pasé por el Estadio Nacional en mi recorrido. Ignoraba que ya era un campo de concentración, en el que se encontraban ya varios de mis amigos y el que sería más tarde mi suegro, Vicente Sota. La tragedia ya estaba desatada. Dos meses después partí al exilio con mi madre (mi padre podría salir de la embajada de Venezuela solo en agosto de 1974), pues no tenía cómo quedarme en Chile.Y queda para mi el recuerdo imborrable de haber compartido el intento de resistencia a los 16 años junto a los que dieron en los meses y años siguientes con honor su vida siendo tan jóvenes, no como víctimas, sino como combatientes de una causa, la de una sociedad más justa, y cuya memoria permanece indeleble.

Una salida necesaria

En Voces La Tercera

Rodrigo Valdés justificó del siguiente modo su salida del gobierno: “las cifras económicas comienzan a mostrar un mayor dinamismo. Avanzar sostenidamente hacia mayores niveles de crecimiento requiere disciplina y convicción del gobierno y abrir espacios para que el sector privado pueda desplegar su iniciativa con reglas claras y estables, pero que creo que no logré que todos compartieran esta convicción”.

En primer lugar, evidentemente la convicción acerca de las “reglas claras y estables para el sector privado” tenía pocas posibilidades de extenderse a una coalición de centroizquierda que llegó al gobierno en base a la promesa de cambiar reglas constitucionales, tributarias y educacionales y después asumió la demanda social de cambiar el sistema de pensiones. Hay en esa afirmación de Valdés algo extraño: pertenece evidentemente al ideario de la derecha en Chile, que no quisiera que nada cambie del modelo económico ultraliberal que impuso por la fuerza de las armas a partir de 1973. Pretender convencer de sus bondades al otro lado del espectro político justificaba de por sí su salida del gabinete por “error de casting”, si es que alguna vez se justificó su entrada. Cumplir funciones ministeriales requiere por lo menos compartir los principios básicos, en este caso de tipo reformador, del gobierno para el que se trabaja en ese nivel de responsabilidades.

En segundo lugar, lo de la mejoría de las cifras económicas no tiene fundamento. El crecimiento del PIB había alcanzado un ritmo de 5,3% promedio anual en 2010-2013, luego de la recesión de 2009 y de las políticas reactivadoras que siguieron, con un amplio déficit fiscal (4% del PIB) financiado con las reservas previamente acumuladas. Este crecimiento disminuyó a 1,9% promedio en 2014-16. En 2015, cuando Rodrigo Valdés se hizo cargo de la conducción económica, el PIB aumentó en 2,3%, mientras en 2016 lo hizo en solo 1,6%. En el primer semestre de 2017, el PIB creció apenas un 0,5% respecto al mismo período del año anterior. De mal en peor.

Es cierto que la caída desde fines de 2011 de los términos del intercambio (que básicamente expresa en el caso chileno la relación de precios del cobre y el petróleo) ha sido un factor muy desfavorable, pero estos experimentaron un repunte desde el segundo semestre de 2016. Este repunte no ha compensado hasta ahora el círculo vicioso de bajo crecimiento de la actividad, la consiguiente menor creación de empleo, un bajo crecimiento de las remuneraciones reales, un menor consumo de los hogares –que es el principal componente de la demanda interna- no compensado por una mayor demanda externa y, como consecuencia, una todavía menor actividad económica y menor creación de empleo. De este desempeño Rodrigo Valdés no es inocente, sino que es su directo contribuyente, en especial al decidir de manera incomprensible hacer caer la inversión pública en 2016 y 2017 y no estimular las remuneraciones, lo que hubiera permitido una recuperación más rápida de la inversión y del consumo una vez revertido el impacto negativo de los términos de intercambio.

El récord de Rodrigo Valdés en materia de crecimiento fue, entonces, bastante pobre, por no decir lamentable, aunque su discurso haya tratado permanentemente de proyectar otra cosa. Cabe recordar que a principios de 2008 Rodrigo Valdés pronosticó, cuando trabajaba para una entidad financiera privada en Estados Unidos, que la economía mundial terminaría el año en buenos términos, en circunstancias que se vivió la peor crisis en 70 años. Los pronósticos económicos no parecen ser su fuerte. Tampoco la conducción de la política económica.

En realidad, Rodrigo Valdés ha sido apoyado y saludado por los sectores empresariales más conservadores y sus soportes políticos, tanto de fuera como de dentro de la actual coalición de gobierno, los que procuraron construirle una imagen de idoneidad y seriedad. Esto se explica por haberse opuesto tenazmente en su momento a reformas laborales que hubieran podido establecer un mayor equilibrio entre empleadores y asalariados en la negociación colectiva y haberse opuesto luego a toda reforma al sistema de AFP, llegando a defenderlo públicamente en la City de Londres contra la opinión del grueso de la opinión pública chilena que lo sufre en carne propia y la de su propia coalición de gobierno.

Pero Valdés rebasó todos los límites de la prudencia política al, finalmente, pretender deslegitimar el funcionamiento de la institucionalidad ambiental, una vez que ésta no aprobó un proyecto minero que venía favoreciendo desde el ministerio de Hacienda. Que una mayoría del consejo de ministros encargado de este tema considerara el proyecto como ambientalmente peligroso para la supervivencia de un ecosistema digno de ser preservado para las nuevas generaciones, no resultó tolerable para Valdés y sus convicciones a favor del crecimiento a cualquier precio. Valdés llegó a organizar una verdadera facción ultraliberal al interior del gobierno y pretendió quebrarle la mano a la presidenta Bachelet. Seamos claros: si la votación de 3-2 en contra del proyecto originado en el grupo Penta hubiera sido un empate, en el caso de que el ministro de Economía Céspedes se hubiera tomado la molestia de votar en el consejo de ministros, entonces la facción ultraliberal hubiera saludado el buen funcionamiento de la institucionalidad ambiental.

Salvo que se quiera poner en cuestión el régimen presidencial, el desafío a la presidenta organizado por Rodrigo Valdés no podía sino concluir de un solo modo: con su salida. Y en caso de un eventual giro parlamentarista del sistema político, Valdés hubiera debido ir a buscar un apoyo en el Congreso a sus políticas ultraliberales, el que difícilmente hubiera logrado en la mayor parte de la coalición de gobierno, aunque probablemente habría cosechado entusiastas apoyos en la derecha.

En definitiva, lo que terminó por entrar en crisis es una dinámica política en la que los ciudadanos votan por programas de cambio, luego ante la primera dificultad se nombra a ministros económicos ultraliberales a los cuales se da gran poder para impedir su realización, mientras se ha llegado al extremo de que algunos ministros políticos terminaran organizando el boicot a esos cambios desde el interior del gobierno, como ocurrió con la dupla Burgos-Valdés. Esta dupla llegó a organizar conferencias de prensa en La Moneda contradiciendo a la presidenta Bachelet en el tema del “realismo sin renuncia”.

Señalizar para un lado y doblar para el otro empezó a considerarse en Chile como una incongruencia “normal”, en todo caso muy útil para gestionar los intereses del gran empresariado con buena capacidad de control social. Si en algún momento devinieron en eso las coaliciones de gobierno que en su origen fueron acuerdos entre sectores de centro e izquierda con vocación democrática y reformista, semejante tipo de contradicción no podía perdurar en los tiempos actuales, en los que es de esperar que de una vez se clarifiquen las opciones políticas en presencia en la sociedad chilena para que las diriman periódicamente los ciudadanos. Y de ese modo los gobiernos puedan llevar adelante razonablemente sus programas sin el condicionamiento sistemático de las oligarquías económicas (recordemos que en Chile el 1% más rico concentra el 33% del ingreso según el Banco Mundial, la cifra más alta del mundo), en tanto dispongan de apoyo parlamentario y en la sociedad suficiente. Por si a alguien se le hubiera olvidado, los sistemas políticos en los que pasan este tipo de cosas suelen llamarse democracias.