Foto en la Ciudad de México, en la tumba de Trotsky,

En la Ciudad de México, en la tumba de Trotsky, en la casa en que fue asesinado en 1940 por los estalinistas, con emoción por su legado de resistencia.

Tablero vacío

Columna en Voces La Tercera

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La encuesta del CEP recientemente dada a conocer revela un distanciamiento generalizado entre los que responden la encuesta (un 76% de los encuestados, lo que aumenta bastante el margen de error de +- 3% que resultaría, por el tipo y tamaño de la muestra, si la tasa de respuesta fuera completa) con la esfera política, que sufre globalmente de un desprestigio creciente. Se constata una fuerte impopularidad del gobierno y de su coalición, pero también de la oposición, que no recoge en absoluto para sus propósitos el descontento con los primeros. Pocos creen, además, que el país esté progresando.

Estamos sin duda frente a la mayor expresión de mal humor frente a las instituciones políticas de la historia democrática reciente, lo que tiene una causa que parece ser clara e inequívoca: el fuerte rechazo a la corrupción y la percepción de que es generalizada entre la dirigencia política y también entre los funcionarios.

No obstante,  sólo una minoría ha escuchado hablar de coimas en su entorno. Una amplia mayoría se encuentra satisfecha con su vida, aunque exprese preocupación en materia de delincuencia, salud, educación y sueldos (curiosamente la encuesta no pregunta sobre las pensiones  que reciben los jubilados). Además,  una mayoría, aunque menos amplia, expresa satisfacción con la gestión de su alcalde. Esto indica, semanas antes de una nueva elección municipal, que esta dimensión de la vida pública, la administración pública local, no sufre el mismo grado de desprestigio que el parlamento y los partidos políticos.

¿Podrá pensarse en un nuevo comienzo y en el inicio de una recuperación del prestigio de los actores principales de la esfera pública  con la próxima elección presidencial y parlamentaria? Por el momento, a poco más de un año de esa elección, se observa un impresionante vacío. El expresidente Piñera encabeza la lista de preferencias presidenciales, pero reúne sólo un 14%, sólo la mitad que en la misma época en la etapa previa de su elección en 2009. El ex presidente Lagos reúne sólo un 5% de preferencias. Y Marco Enríquez-Ominami iguala al repartidor de banderitas, granjerías y billetes Farkas, con apenas un 3%.

No se había visto en la historia política reciente de Chile una tal desconfiguración del escenario político electoral en una fecha tan próxima a la definición presidencial. Como nunca las opciones presidenciales para 2017 se encuentran abiertas, pues no aparecen aún los candidatos que satisfagan el atributo de honestidad y confiabilidad que hoy privilegian los ciudadanos por sobre todas las cosas, incluso por sobre la preocupación por los problemas del país. Es el precio que se está pagando por la generalizada mercantilización de la sociedad y específicamente la captura, en buena hora puesta en evidencia, del poder político por el poder económico, como nunca concentrado en tan pocas manos. Costará mucho tiempo, esfuerzo y signos de renovación, y desde luego generacional,  para que los dirigentes políticos vuelvan a ser percibidos como personas que no están sometidas a la tentación o al poder del dinero y que se proponen defender intereses colectivos.

PIB,¿recesión a la vista?

Columna en El Mostrador

Al conocerse las cuentas nacionales del segundo trimestre del año 2016, muchos  medios titularon “PIB acumula un alza de 1,6% en 2016”. Pero entre líneas se lee en la información que “en términos desestacionalizados, el producto interno bruto anotó una caída trimestral de 0,4%”. El lector se preguntará ¿cómo es la cosa?, ¿este ascensor sube o baja?

La serie desestacionalizada del Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central y la serie desestacionalizada del PIB trimestral (que es la información a retener en definitiva), ayudan de manera importante a los analistas a evaluar la coyuntura, pues permiten una apreciación de la evolución de la economía respecto del mes (o trimestre) inmediatamente anterior, pero descontando los efectos estacionales en la actividad. Estos son especialmente notorios en la agricultura y la construcción.

Esto no quiere decir que no tenga sentido comparar el Imacec mensual o el PIB trimestral con su valor de un año atrás para una apreciación de tendencia más larga. Pero esa tendencia puede ser al alza, mientras en el corto plazo la situación puede ir a la baja. Por esta razón es que convencionalmente en las evaluaciones internacionales de coyuntura económica se suele tomar el indicador trimestral desestacionalizado (y además anualizado) del PIB como indicador fundamental, a la vez que se define que una economía está en recesión cuando se constatan dos trimestres consecutivos de caída respecto del trimestre anterior.

El hecho es que cabe hacer notar que el PIB trimestral desestacionalizado de abril-junio muestra una caída del PIB de -0,4% (-1,6% en ritmo anualizado). Esto no ocurría desde marzo de 2010, luego del gran terremoto de febrero de ese año, y desde los dos últimos trimestres de 2008 y el primer trimestre de 2009, que fue cuando arreció la recesión internacional más grande desde la crisis de 1929.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de la época esperaron dos trimestres de caída antes de hacer nada y finalmente lanzaron su plan de estímulo fiscal y monetario, que tuvo buenos resultados, pero tardíos. Ya había ocurrido otro enorme error en la gestión macroeconómica en 1999, cuando el Banco Central, frente a la llamada “crisis asiática”, subió fuertemente la tasa de interés y el Ministerio de Hacienda hizo tres ajustes a la baja del gasto público, consiguiendo un cóctel recesivo que puso en serias dificultades injustificadas al Gobierno de la época.

En suma, en 1999 y en 2009, Chile experimentó caídas anuales de -1% del PIB, con el consiguiente efecto negativo en el empleo y enormes secuelas económicas y sociales posteriores, contrariamente a nuestros vecinos, que no sufrieron recesión. Se trató de errores manifiestos de los conductores de la política económica en Chile, respecto de lo cual, por lo demás, nunca han dado mayor cuenta. Más bien suelen seguir pontificando alegremente acerca de su supuesta idoneidad técnica puesta a prueba por los hechos que sus equivocaciones provocaron.

Desgraciadamente, se puede temer ahora que esté por producirse lo mismo. Tendremos, con una alta probabilidad, una nueva recesión en el futuro cercano si no se reorienta la política económica.

Los factores de riesgo en los meses próximos están vinculados a la eventual acentuación del decaimiento del consumo –influido por una menor creación de empleo y un estancamiento de las remuneraciones reales– y mayores deterioros de la economía internacional. Veamos los temas del contexto internacional: existen incertidumbres en Europa y China y un cierto dinamismo en Estados Unidos. Francia e Italia, las mayores economías de la zona euro tras Alemania, que mantiene una buena salud y sigue creciendo, tuvieron un crecimiento cero entre abril y junio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que las perspectivas de crecimiento de China a corto plazo han mejorado gracias a las políticas de estímulo, tanto en materia fiscal como monetaria, pero emitió el 12 de agosto una nueva alerta sobre el rápido ascenso de la deuda, especialmente la corporativa. China, nuestro principal destino exportador, está inmersa en una transición estructural basada en aumentar el peso del sector servicios en detrimento de la industria, reducir la importancia de la inversión pública para dar más protagonismo al consumo interno y bajar la dependencia del crecimiento basado en el crédito.

Si el entorno externo es de incertidumbres pero con crecimiento (las exportaciones crecieron de hecho en 1,2% en ritmo anual en el segundo trimestre, más que en el primer trimestre), estamos en cambio en presencia de una fuerte debilidad de la demanda interna, que creció un 0,9% en términos desestacionalizados respecto del trimestre anterior y en 1,4% en ritmo anual en el segundo trimestre. Pero lo grave es que el consumo de los hogares, que constituye la parte principal de la demanda interna, cayó en -0,4% en términos desestacionalizados en el segundo trimestre, mientras la inversión cayó en -0,8%. Las remuneraciones reales disminuyeron un -0,1% en junio y registraron un crecimiento nulo en el primer semestre.

Con el empleo creciendo cada vez más lentamente (especialmente en la construcción y con pérdidas sustanciales de empleo industrial y minero), junto a remuneraciones reales estancadas, el consumo de los hogares cae. Es el principal componente de la demanda agregada, mientras sus otros componentes, la inversión y las exportaciones netas, no muestran capacidad endógena de compensar esa caída. La probabilidad, en este contexto, de que la economía entre en recesión en los próximos meses es alta. En todo caso, si crece lo hará a un nivel muy por debajo de su potencial oficial (3,7% anual, según el panel de expertos convocados por el Ministerio de Hacienda en 2015 para un horizonte de cinco años, fuertemente ajustado a la baja respecto de años anteriores) y la economía chilena completará tres años creciendo por debajo de su nivel de tendencia.

El Banco Central debiera bajar a la brevedad la tasa de interés de referencia  y el Gobierno debiera estimular el crecimiento de las remuneraciones reales, aumentar el consumo gubernamental y la inversión pública, que inexplicablemente está programada para caer un -5% en 2016. Un aumento en un punto de PIB del déficit nominal no debiera provocar problemas mayores en la calificación del riesgo país y, si los hubiera, parcialmente deben contrastarse con un sustancial aumento del desempleo si se sigue con la política ortodoxa de no utilizar reservas fiscales que se acumularon para eso, para usarlas en los momentos de dificultad.

Entonces, hoy por hoy, los problemas no vienen desde fuera sino desde dentro, en buena medida provocados por la religión de la política fiscal y de remuneraciones (recuérdese el marginal incremento reciente del salario mínimo) restrictiva antes que contracíclica. El ministro de Hacienda argumenta que, si no se mantiene una política fiscal restrictiva, en vez de hacer operar una lógica contracíclica que no se ajusta a sus convicciones ideológicas ortodoxas, podríamos caer en una situación recesiva como la de Brasil. Pero ocurre que es exactamente lo que está haciendo.

Si el error técnico de Eyzaguirre-Valdés es evidente, no mencionemos la magnitud del error político que significa someter al Gobierno y a la Presidenta a una recesión evitable en el preciso momento en que enfrenta importantes dificultades en su gestión.

Burgos y el éxito de los boicoteadores

Columna en El Mostrador

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En un panel de televisión nocturno en el que se discutió sobre las declaraciones de Jorge Burgos, manifesté que ya se perfila una "coalición chica" que, bajo la tesis del "país descarrilado", buscará  paralizar no solo hoy sino también en el futuro toda reforma política o social de envergadura como las planteadas en el programa de Michelle Bachelet. El diseño de esta coalición supone la participación protagónica de los que han venido trabajando en esa parálisis desde dentro del actual Gobierno, con bastante éxito, pero con el resultado de desestabilizar a tal Gobierno, y de partidos cómplices activa o pasivamente en tanto se les asegure cuotas de poder y privilegios burocráticos.

Los conservadores de la actual coalición gobernante, empezando por Jorge Burgos, confiesan con desparpajo su éxito en impedir que el país se dote de nuevas instituciones a través de una asamblea constituyente y, en tono más bajo, su éxito en morigerar la reforma tributaria o en lograr que la reforma de la educación superior se traduzca en consagrar más y más subsidios públicos a universidades privadas y en mantener en un contexto de mercado a las universidades públicas, es decir, las estatales y pocas más que expresan a comunidades universitarias auténticas.

La propia Presidenta no colabora mucho en recoger las legítimas demandas ciudadanas de dejar atrás las pesadas herencias neoliberales (como el “no al lucro en educación” y “no más AFP”) en nuestra sociedad con varias de sus decisiones, como la de nombrar a neoliberales, cuando no a personas directamente vinculadas al poder económico, en los puestos clave de su Gobierno, y recientemente con su afirmación de que nunca habrá de nuevo un sistema de reparto en Chile.

Esto no se condice con el hecho de que ya existe reparto en Chile a través de la pensión básica y el sistema de pensiones de las FF.AA. y de Orden, aunque contengan privilegios inaceptables, mientras en la propia comisión que ella convocó se consideraron propuestas que incluyen elementos de reparto. A la par, países como Estados Unidos y muchos europeos no tienen en absoluto contemplado otro horizonte que el de consolidar sus sistemas de reparto reformados como alternativa a la incertidumbre e inestabilidad de la capitalización individual, en un contexto de un necesario mayor esfuerzo de ahorro frente al cambio demográfico.

Pero parece que hoy todo vale para satisfacer la amenaza de los poderes fácticos frente a las reformas políticas y sociales bien diseñadas y bien implementadas que la sociedad demanda. Los que no debieran, porque fueron elegidos para expresar una voluntad de reforma, retroceden todos los días ante el discurso conservador y ante los intereses del poder económico concentrado, hoy fuertemente cuestionado por su grotesca intervención en el sistema político a través del financiamiento ilegal de campañas, al que por fin se ha puesto legalmente término a partir de la próxima elección.

Soy de los que ha llegado, después de mucho resistirse pero rendido ante la evidencia de los hechos, a la convicción de que dentro de la actual coalición ya no hay cambios posibles. Los partidos que debieran impulsar el cambio político y social ya no están interesados en realizarlo. Solo están interesados en permanecer en el Gobierno, por sobre cualquier otra consideración, salvo la de ampliar como sea su influencia en los espacios burocráticos. Es, por ejemplo, el caso del PS, el PPD y el Partido Radical, el otrora “polo progresista” (¿alguien se acuerda?), que sociológicamente son ya partidos mayoritariamente de funcionarios,  o bien de aspirantes a serlo, a pesar de los nobles intentos de algunas de sus minorías internas que mantienen determinados valores y principios.

El diseño de Burgos –con rasgos bastante burdos– es que Ricardo Lagos se imponga en la DC con ayuda de su sector conservador, en el PS con ayuda de Camilo Escalona, y en el PPD con la bendición de todos, como restaurador del orden frente a una supuesta crisis de las instituciones y descarrilamiento del país que requiere de un salvador de la patria por encima de los partidos.

Yo trabajé, a mucha honra, con un Ricardo Lagos que tenía un programa transformador a la cabeza de una coalición de partidos y fuerzas sociales que se planteaban ser alternativa a la derecha en un contexto muy difícil, en un Gobierno con sombras pero también con importantes luces. La actual proyección de Lagos en la versión de Burgos, como un nuevo Portales, a muchos no nos identifica en nada.

Nos identifican, en cambio, las nuevas expresiones de izquierda, socialcristianas, regionalistas, ecologistas, feministas, humanistas y progresistas que nacieron en los últimos tiempos como alternativa a la centroizquierda anquilosada y en descomposición. Con todas sus insuficiencias y divisiones, ahí hay al menos voluntad de cambio y de actuar al margen del condicionamiento del gran empresariado y a favor de las mayorías.

Creo que es un deber de los que ya no tenemos roles de primer plano que jugar, pero sí convicciones firmes que sostener, el de apoyar a estas nuevas generaciones y ponerse a su disposición. Vienen realizándose prometedoras articulaciones de un arco de fuerzas que pudiera dar lugar a un frente amplio alternativo a la derecha y la Nueva Mayoría.

En mi caso personal, creo que comprometerse con una alternativa así ya no es compatible, como dije en el panel televisivo, con militar en el Partido Socialista, partido al que pertenezco desde 1985, que hoy es solo un partido más del poder constituido y no un agente de la transformación de la sociedad, aunque muchos de sus militantes desde siempre han trabajado lealmente, y con los mayores sacrificios, por esa transformación. Socialista seguiré siendo siempre, por convicción y en homenaje a los que dieron su vida, aunque alguno de estos días iré a borrarme de los registros de un partido que me cuesta mucho dejar, pero con cuya práctica actual ya no comparto casi nada desde hace mucho tiempo.

En todo caso, no se trata de hacer de decisiones personales materia de discusión, porque lo que hay que discutir son las opciones para el futuro frente a la decadencia y subordinación al poder económico que hoy día definen, con apenas matices, a las dos coaliciones tradicionales que se disputan el poder, y construir una nueva alternativa con lo mejor de las experiencias pasadas y lo mejor de las energías y sueños de las nuevas generaciones.

¿Los sistemas de reparto están quebrados?

Columna en Voces La Tercera

Hay quienes opinan con gran alarde que los sistemas de reparto están universalmente quebrados y otros con gran propiedad indican que ningún sistema de capitalización individual ha sido revertido. Nada de esto es cierto.

La reversión ha ocurrido en Argentina (sin que el actual gobierno de derecha se manifieste a favor de volver a un sistema de capitalización individual), Hungría y Eslovaquia, mientras Estonia, Letonia y Polonia han reducido su proporción al interior de sistemas mixtos, que usualmente incluyen un pilar solidario de reparto, uno de cotizaciones laborales obligatorias y uno de incentivos fiscales al ahorro. Estos sistemas mixtos son la tendencia más frecuente en la actualidad.

Los sistemas basados en la capitalización individual, especialmente en estructuras laborales heterogéneas y con contratos de trabajo volátiles, garantizan bajas coberturas y escasas tasas de reemplazo respecto a la remuneración en la vida activa reciente de las personas que se retiran, especialmente en el caso de las mujeres.

El envejecimiento demográfico provoca una mayor dificultad de financiar las pensiones bajo el sistema de reparto, bajo el sistema de capitalización o bajo cualquier otro sistema que pueda imaginarse. No obstante, existen sistemas de reparto perfectamente compatibles con este proceso en tanto la carga financiera del pago de pensiones se vaya adaptando a las disponibilidades presupuestarias definidas. El sistema de reparto puede absorber el cambio demográfico: a) ajustando los parámetros (tasa de cotización, años de cotización, edad de retiro, tasa de reemplazo), lo que han hecho casi todos los países que mantienen este tipo de sistema, entre los que se cuenta Estados Unidos y la mayoría de los europeos, o b) estableciendo “cuentas individuales no financieras”, es decir una contabilidad de derechos según cotizaciones acumuladas a lo largo de la vida activa, indexadas por la evolución de la masa salarial (Suecia) o el PIB (Italia). Este sistema da lugar a  derechos pensionales según la trayectoria laboral completa de cada cual y se impiden los tristes e indignantes incrementos de salario de última hora para obtener ventajas a costa de los demás que hemos conocido en estos días, o los que se impusieron para las fuerzas armadas en la etapa de la dictadura militar, o cualquiera otra maniobra que suele presentarse en los sistemas políticos permeables a los intereses particulares mediante el financiamiento privado de la política. Esos derechos son convertidos en renta con un coeficiente que depende de la esperanza de vida de cada generación y del esquema de revalorización de pensiones escogido, prohibiendo la discriminación hombres-mujeres en las tablas de longevidad, o c) estableciendo una pensión uniforme universal a la neozelandesa o canadiense, financiada por reparto a través de impuestos, establecida en este caso como un porcentaje del salario medio. Ninguno de estos sistemas está “quebrado” en absoluto.

En el caso de Chile, un mejor sistema a adoptar sería uno de reparto sustentado en una pensión uniforme universal establecida como un porcentaje del sueldo medio y concebida como un derecho para todos los ciudadanos mayores de 65 años, única manera de lograr una cobertura adecuada en una estructura laboral tan heterogénea y discriminadora contra las mujeres, financiada por impuestos progresivos que amplíen sustancialmente y reemplacen la actual Pensión Básica Solidaria (que cuesta menos de un 1% del PIB, es decir, menos que las pensiones militares), a la neozelandesa, y manteniendo el fondo fiscal de reserva de pensiones para asegurar su sustentabilidad en el tiempo.

Un esquema de este tipo que asegure un 40% del salario promedio actual sería 2,6 veces superior a la Pensión Básica, costaría un 3% del PIB, en circunstancias que por décadas las finanzas públicas debieron absorber hasta un 6% del PIB de gasto fiscal anual en la transición del sistema antiguo al nuevo de AFPs. Por tanto no estamos hablando de nada inusual. Junto a esta pensión universal, se debe estimular pensiones complementarias basadas en cuentas individuales que registren cotizaciones voluntarias -descontadas por planilla al momento del pago por el salario- con aportes equivalentes (con topes) del empleador y subsidios públicos para los pequeños ahorrantes.

En el futuro, las AFP debieran transformarse en entidades que operen en el mercado privado de capitales para obtener los favores de los ahorrantes, sin ya mantener el inusitado y absurdo privilegio de recibir cotizaciones obligatorias. Debiera además permitirse el retiro anticipado de fondos de esas cuentas –en adelante voluntarias– para fines como la adquisición de una primera vivienda, enfrentar dificultades financieras o enfermedades graves, aumentando de ese modo la seguridad económica de las personas que viven de su trabajo.

La idea de que la solución a la baja tasa de reemplazo del sistema actual sea subir la cotización a ser entregada obligatoriamente a las AFP, haría poco por aumentar las pensiones de los chilenos y chilenas, salvo que sea sustancial, con la consecuencia de encarecer todavía más el sistema, y mucho por aumentar aún más las sobreutilidades ilegítimas de las AFP, que simplemente deben terminar, pues existen mediante coerción a costa de los ingresos presentes y futuros de la gran mayoría de los chilenos.

Un nuevo enfoque debe asegurar a toda persona con más de 65 años el derecho a un ingreso igualitario del que vivir –necesariamente modesto pero digno, basado en la capacidad productiva de la sociedad y en las rentas colectivas que genera- por el sólo hecho de ser ciudadano (o residente de larga duración), junto a una atención de salud fuertemente subsidiada y un acceso a bajo costo al transporte, la cultura y la recreación para los mayores.

Debatir la magnitud de ese subsidio financiado por impuestos progresivos, transparentes, sin privilegios de ningún tipo, con montos materialmente viables -para lo que necesitamos una economía de alta productividad e innovación con una base social y ecológicamente sustentable- es fundamental para la sociedad de mayor edad promedio, con relativamente muchos menos jóvenes, que tendremos como horizonte futuro.