En Voces La Tercera
El discurso presidencial del 21 de mayo no abundó en “anuncios”, y no tiene por qué ser así. Antes bien, la presidenta reiteró su plan de gobierno y repasó sus logros, que no son pocos en un año, y abordó varias de las dificultades que se han presentado en su gestión. Se trata, entonces, propiamente de una cuenta a la Nación.
Llama la atención que la palabra “reforma” desapareciese del léxico, pero fue sustituida reiteradamente por la noción de “proceso transformador” y de “transformaciones de fondo”. Y eso es lo que la presidenta ha vuelto a indicar como su ambición. Concluida en septiembre pasado la reforma tributaria –que desgraciadamente no recaudará lo suficiente y complejizó en extremo el sistema de tributación de la renta de empresas y personas- la Presidenta abundó en la reforma educacional, e indicó, otra vez sin precisiones, su voluntad de dotar a Chile durante su gobierno de una nueva constitución. Eso en materia de sus tres prioridades de campaña. Pero reiteró que seguirá su curso la reforma laboral, que enviará una reforma a las Isapres junto a impulsar el fortalecimiento de la red pública de salud y que enviará una ley de reforma al sistema de pensiones. Y reiteró su compromiso con la agenda de probidad que se instaló en los últimos meses en el centro del escenario político. En suma, quedan para su concreción dos grandes reformas institucionales (constitución y probidad) y cuatro sustanciales reformas sociales (educación, laboral, seguros de salud y pensiones) que contribuirán a aumentar la calidad de vida de la mayoría de los chilenos. Es decir, un proceso transformador nutrido para los próximos tres años.
La Presidenta, por tanto, no retrocede en su voluntad política de avanzar en cambios en los que cree y respecto de los cuales comprometió su palabra en campaña o en su primer año de gobierno.Pero quedan dos incógnitas y un gran desafío.
Primero en materia constitucional: ¿cuándo y cómo serán la “participación incidente” y el “momento institucional” para tener una nueva Constitución? El tema queda, parece ser, para septiembre.
Segundo: ¿cómo se reactivará la economía para llevarla a su crecimiento potencial de al menos 4% anual? Es cierto que la presidenta hizo afirmaciones importantes al hablar de prioridades productivas, rompiendo con la ortodoxia, y subrayando la importancia de la transición energética de Chile, lo que el mercado simplemente no puede asegurar. Pero no dijo nada respecto de algo que se hace evidente: la necesidad de poner en práctica un nuevo plan de estímulo fiscal y monetario para acelerar el crecimiento, expandiendo la demanda interna. Y nada sobre lo que será la verdadera prueba de fuego de la separación de la política y el dinero: la rediscusión de la inicua tributación minera existente, con un parlamento que autocercenó sus atribuciones, probablemente a cambio de sustanciales subsidios electorales. El día que el gobierno y el parlamento vuelvan a discutir el tema, nuestra democracia habrá vuelto a ser digna de ese nombre.
El gran desafío pendiente es una mejor articulación con los movimientos sociales y sus expectativas. Se ha llegado a un punto en que ya no prevalece la voluntad de concordar entre las partes, sino la de presionar al gobierno por diversas organizaciones sociales y por el otro ministros que consideran a la movilización como una desechable expresión de intereses corporativos, poco menos que ilegítimos, y que no parecen querer trabajar acuerdos de largo plazo con el mundo social. Allí se requiere una gran transformación en el estilo gubernamental.
