La jornada del 15 de diciembre consagró un hecho histórico en la etapa post 1989: la reelección de un presidente, en este caso de una presidenta. Asistiremos a una nueva ceremonia de cambio de mando en marzo con los mismos protagonistas que en 2010 entregándose la banda presidencial, pero a la inversa.
¿Fue el gobierno de Sebastián Piñera sólo un paréntesis? ¿Está la derecha distanciada de los valores y aspiraciones de la sociedad chilena contemporánea y constituye definitivamente una minoría sociológica? Es muy temprano para un juicio de esta índole, pero seguramente será el tipo de reflexión a la que estará abocada la derecha a partir de hoy.
Por su parte, Michelle Bachelet volverá a La Moneda con más experiencia, con la más amplia coalición política que conozca la historia reciente, con plena legitimidad y con un mandato programático que es el que ella misma planteó en tres elecciones sucesivas (primarias, primera y segunda vuelta) durante 2013: lograr en su nuevo gobierno una nueva constitución, una reforma educacional y una reforma tributaria, junto a diversas otras medidas políticas, económicas, sociales y culturales contempladas en su programa.
Para ello cuenta con lo que no contó ningún gobierno desde 1990: una mayoría cercana a los 4/7 en ambas cámaras para cambiar las principales legislaciones, incluyendo las leyes orgánicas constitucionales. En todo caso dispone de mayorías simples para cambios tributarios y laborales.
La gran interrogante política es si se trata de una mayoría teórica o sustantiva, capaz de expresarse en votos suficientes en el parlamento. La gestión política en su primer gobierno coincidió con el quiebre de tres de los cuatro partidos de su coalición, lo que se tradujo en la pérdida de mayoría en ambas cámaras. Seguramente la lección está aprendida para buscar en esta etapa una gestión política integradora, no divisiva y comprometida con las promesas hechas a los ciudadanos.
A su vez, la entrega de la conducción económica a personas sin partido pero contrarias a reformas estructurales se corregirá seguramente en esta ocasión con una conducción económica que articule mediante el diálogo a los actores de la producción para enfrentar en conjunto los desafíos de corto plazo que vienen de un contexto externo con dificultades, así como desafíos de largo plazo que incluyen la necesidad de rediscutir la distribución del ingreso (primaria, con reformas laborales, y secundaria, con reforma tributaria), junto a acelerar el crecimiento usando las rentas de los recursos naturales que hoy se regalan para invertirlas en más economía del conocimiento y de la innovación.
Pero la presidenta electa ha querido reconocer en la noche de su segunda victoria que el sistema político necesita recuperar la confianza de las ciudadanas y ciudadanos y mencionó un tema crucial: el respeto por la veracidad de la palabra. La política democrática en las últimas décadas se fue transformando en Chile en un proceso, a pesar del alegato minoritario de algunos de nosotros, que terminó haciendo de la necesidad (para salir pacíficamente del atolladero de la dictadura) una virtud (dejando de combatir una institucionalidad antidemocrática y en algún caso validándola y defendiéndola). Los ciudadanos, con razón, fueron poniendo en duda la veracidad del discurso democrático y de su promesa primordial y fundacional de dejar atrás la herencia de “democracia protegida”. Estos han terminado dándole la espalda a la participación en democracia en una proporción abrumadora. La presidenta electa le ha propuesto al país el 15 de diciembre iniciar la reversión de esta situación insostenible.
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