Comentario sobre la elección en La Tercera Digital

La jornada del 15 de diciembre consagró un hecho histórico en la etapa post 1989: la reelección de un presidente, en este caso de una presidenta. Asistiremos a una nueva ceremonia de cambio de mando en marzo con los mismos protagonistas que en 2010 entregándose la banda presidencial, pero a la inversa.

¿Fue el gobierno de Sebastián Piñera sólo un paréntesis? ¿Está la derecha distanciada de los valores y aspiraciones de la sociedad chilena contemporánea y constituye definitivamente una minoría sociológica? Es muy temprano para un juicio de esta índole, pero seguramente será el tipo de reflexión a la que estará abocada la derecha a partir de hoy.

Por su parte, Michelle Bachelet volverá a La Moneda con más experiencia, con la más amplia coalición política que conozca la historia reciente, con plena legitimidad y con un mandato programático que es el que ella misma planteó en tres elecciones sucesivas (primarias, primera y segunda vuelta) durante 2013: lograr en su nuevo gobierno una nueva constitución, una reforma educacional y una reforma tributaria, junto a diversas otras medidas políticas, económicas, sociales y culturales contempladas en su programa.

Para ello cuenta con lo que no contó ningún gobierno desde 1990: una mayoría cercana a los 4/7 en ambas cámaras para cambiar las principales legislaciones, incluyendo las leyes orgánicas constitucionales. En todo caso dispone de mayorías simples para cambios tributarios y laborales.

La gran interrogante política es si se trata de una mayoría teórica o sustantiva, capaz de expresarse en votos suficientes en el parlamento. La gestión política en su primer gobierno coincidió con el quiebre de tres de los cuatro partidos de su coalición, lo que se tradujo en la pérdida de mayoría en ambas cámaras. Seguramente la lección está aprendida para buscar en esta etapa una gestión política integradora, no divisiva y comprometida con las promesas hechas a los ciudadanos.

A su vez, la entrega de la conducción económica a personas sin partido pero contrarias a reformas estructurales se corregirá seguramente en esta ocasión con una conducción económica que articule mediante el diálogo a los actores de la producción para enfrentar en conjunto los desafíos de corto plazo que vienen de un contexto externo con dificultades, así como desafíos de largo plazo que incluyen la necesidad de rediscutir la distribución del ingreso (primaria, con reformas laborales, y secundaria, con reforma tributaria), junto a acelerar el crecimiento usando las rentas de los recursos naturales que hoy se regalan para invertirlas en más economía del conocimiento y de la innovación.

Pero la presidenta electa ha querido reconocer en la noche de su segunda victoria que el sistema político necesita recuperar la confianza de las ciudadanas y ciudadanos y mencionó un tema crucial: el respeto por la veracidad de la palabra. La política democrática en las últimas décadas se fue transformando en Chile en un proceso, a pesar del alegato minoritario de algunos de nosotros, que terminó haciendo de la necesidad (para salir pacíficamente del atolladero de la dictadura) una virtud (dejando de combatir una institucionalidad antidemocrática y en algún caso validándola y defendiéndola). Los ciudadanos, con razón, fueron poniendo en duda la veracidad del discurso democrático y de su promesa primordial y fundacional de dejar atrás la herencia de “democracia protegida”. Estos han terminado dándole la espalda a la participación en democracia en una proporción abrumadora. La presidenta electa le ha propuesto al país el 15 de diciembre iniciar la reversión de esta situación insostenible.

Para qué la segunda vuelta

http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/12/10/para-que-la-segunda-vuelta/

El 15 de diciembre se resuelve quien dirigirá el Estado entre 2014 y 2018. Para algunos, da lo mismo quien resulte electo, pues consideran que no les afecta quien gobierne. Otros consideran que los unos y los otros gobiernan para sus propios intereses o los de sus cercanos, o para el poder económico que los condiciona y, por tanto, que no tiene sentido participar en la elección de autoridades. Razonamientos de este tipo, hasta donde se puede conjeturar, llevaron a una conducta abstencionista en la primera vuelta presidencial de noviembre que alcanzó la impresionante proporción de 51,5 % de los habilitados legalmente para votar –unos 6,9 millones de personas entre 13,6 millones– o bien de 47,6% con una estimación de habilitados efectivos (sin considerar a los chilenos en el exterior, reos no condenados y otras categorías) -es decir, unos 5.9 millones de personas entre 12,6 millones–. Esto no es una buena noticia para la democracia. Es más, es una tragedia para el ideal democrático de autodeterminación política de los ciudadanos.

Está de moda afirmar que esto es culpa de las élites, indistintamente, en tanto se interpreta que se han separado del resto de la población y gozan de privilegios que defienden en común. Esta interpretación está conectada con la gelatinosa noción de “clase política”, inventada por el senador vitalicio italiano y subsecretario para las colonias de principios de siglo XX, Gaetano Mosca, y con la afirmación criolla de que en el mundo de la representación institucional “son todos iguales”, es decir, igualmente repudiables.

Más allá de las apariencias combinadas con elementos de la realidad, esa representación de la esfera pública es parcial e incompleta. Es cierto que algunos representantes electos sólo privilegian el acceso al poder y a las granjerías que proveen las instituciones por sobre cualquier visión de mundo o programa de acción, y para eso se esfuerzan por obtener la adhesión de un número suficiente de electores usando argumentos que éstos quieran escuchar o suscitando emociones con las que una mayoría se pueda identificar fácilmente. También es cierto, para no mencionar hechos anteriores, que en materias como la subvención escolar, el royalty minero y la ley de pesca la actual oposición –con honrosas excepciones– dio sus votos al gobierno de Piñera, renunciando de manera inaceptable a la defensa de la educación pública o a impedir la entrega cuasi gratuita a intereses privados de recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos. Es cierto que con frecuencia el poder económico logra subordinar a representantes de unas y otras corrientes políticas. Pero no es menos cierto que eso no siempre es así y que las posiciones de los unos y los otros en el Parlamento a la hora de legislar no son las mismas en temas cruciales, por mucho que el temor al conflicto lleve a muchos parlamentarios a esconderlo. La acción política puede hacer la diferencia en cuestiones colectivas fundamentales, contrariamente a la leyenda del individualismo negativo.

La lógica de la primera vuelta es la de la expresión de todas las diversidades, la de la segunda es la de la decisión entre las opciones que tuvieron mayor adhesión. Por definición, para los que no pasaron a segunda vuelta, se trata de decidir por el “mal menor”, en tanto entiendan que el “bien mayor” son ellos mismos, con el problema de que los electores, por ahora, opinaron otra cosa.

La abstención es además una mala decisión desde el punto de vista de la maximización del interés individual, que termina beneficiándose de menos bienes públicos o menos bienes privados, de cuya provisión a las personas de menos ingresos se encarga el Estado. El gobierno y el parlamento inciden en la vida de cada cual. Ejemplos: políticas económicas restrictivas o contra cíclicas implican más o menos empleo; políticas que incentiven o desincentiven la negociación colectiva implican salarios más altos o más bajos; hacer reformas tributarias que produzcan mayores ingresos y gastos públicos implican más gasto social o menos gasto social y así sucesivamente. La gran paradoja es que el desanclaje masivo del espacio público al que estamos asistiendo perjudica a los que menos ganan y/o más pierden en las relaciones de mercado no reguladas, en un contexto de erosión del vínculo social propio de las relaciones laborales “flexibles” y de la, en palabras de Norbert Lechner, “sociedad desconfiada” en que vivimos, que “hace estallar las viejas ataduras, pero sin crear una nueva noción de comunidad”.

Desde un punto de vista cultural, el individualismo negativo que acompaña la masiva abstención irreflexiva es propio de una época en que, en palabras del sicoanalista Charles Melman, se ha producido un cierto progreso que es fuente, o ilusión, de una cada vez mayor libertad: “Ninguna sociedad ha conocido jamás una expresión de su deseo tan libre para cada cual (…) Es evidente que cada uno puede satisfacer públicamente todas sus pasiones y, más aún, pedir que sean socialmente reconocidas”. Para Melman es importante que exista la expresión de límites y renuncias para que “la relación del sujeto al mundo, a su deseo, a su identidad pueda constituirse”. Y afirma que ésta se ha vuelto caduca y lleva a subjetividades inciertas, volubles, sin nadie que dé autoridad al otro: “El sujeto ha perdido el lugar desde el que podía hacer oposición, desde el que podía decir ‘no, no quiero’, desde el que podía entrar en insurgencia (…) El comportamiento social se caracteriza por el hecho que los que dicen ‘¡No!’ lo hacen en general por razones categoriales o corporativas. La posición ética tradicional, metafísica, política, que permitía al sujeto orientar su pensamiento frente al juego social, frente al funcionamiento de la Ciudad, pues bien, ese lugar parece hacer singularmente falta”.

Por estas razones, se puede afirmar que en efecto las élites junto a todos los ciudadanos tienen una responsabilidad crucial, y en especial las de izquierdas y progresistas, para darle a la democracia impulso, significación y capacidad de enfrentar y resolver dilemas económicos, sociales y culturales. La idea, aludiendo a Mario Góngora, de que había que abandonar las “planificaciones globales” en Chile, ha sido una pésima conclusión del análisis de buena fe de las causas de la crisis democrática de 1973, pues ha contribuido a que las élites proclives al cambio social hayan multiplicado un comportamiento meramente adaptativo y sin perspectivas globales creadoras de sentido. Por eso la “democracia de los consensos”, propia de una situación muy particular de salida del pinochetismo, debe ser dejada atrás con fuerza y decisión. La democracia es la regulación civilizada y estructurada de los disensos, no su eliminación artificial, en donde lo que se pretende expulsar por la puerta vuelve por las ventanas. En esta lógica, sostiene Anthony Giddens, en que “en una sociedad donde la tradición y la costumbre están perdiendo su fuerza, la única ruta para establecer la autoridad es la democracia. El nuevo individualismo no corroe inevitablemente la autoridad, pero reclama que sea configurada sobre una base activa o participativa”.

Desde una perspectiva de neurociencias, se puede citar en un sentido semejante a George Lakoff, para quien “reformatear” el marco de pensamiento progresista es crucial: “Son nuestros valores los que nos unen. Debemos aprender a articular esos valores fuerte y claro (…) No se puede sólo presentar una lista de lavandería de programas. Se debe presentar una moral alternativa”.

Una reafirmación de la democracia como el lugar en el que se disputan alternativas concretas inspiradas en valores solidarios y cívicos debe ser el desafío para las dirigencias progresistas, que deben en primer lugar dejar a un lado los liderazgos personalistas y fortalecer a los partidos, los sindicatos, las asociaciones, donde la deliberación y la recreación de valores y propuestas pueden sobrevivir o renacer por encima de las confianzas rotas. Este es probablemente el mayor pasivo de la generación de la transición: no haber sabido o no haber querido formar o reconfigurar partidos democráticos y programáticos de masas portadores de un proyecto y haber estimulado el modelo del liderazgo individual que conquista episódicamente mayorías electorales. Y de ese modo haber contribuido al abstencionismo y al escepticismo frente a las capacidades de la esfera pública para resolver los problemas de la vida en común.

A la situación de abstención “estructural” se agrega en estos días la abstención “narcisista” de tres de las candidaturas distantes de la derecha que obtuvieron, con Marcos Enríquez-Ominami, Marcel Claude y Roxana Miranda, un apreciable 15% de los votos válidamente emitidos (y un 7,3% de los habilitados para votar) y que ahora se niegan a llamar a votar por Michelle Bachelet. En efecto, estos tres candidatos participaron en primera vuelta, pero se sustraen de la segunda: ya no los involucra. Se expresan así las prioridades del líder narcisista: “Yo primero; yo segundo, yo tercero”. Después de mí, el diluvio. Triste espectáculo.

Los argumentos son en algún caso los del “abstencionismo estructural”: el “sistema” no se puede intervenir desde las instituciones democráticas, así es que no hay que votar en segunda vuelta. Uno se pregunta entonces para qué se presentaron en la primera vuelta, “legitimando el sistema” y no asumiendo luego la responsabilidad de orientar a sus seguidores en la decisión final, la que produce efectos prácticos. El segundo argumento es que Bachelet y Matthei son lo mismo, lo que no resiste el menor análisis. Para muestra un botón: una candidata representa con bastante dignidad la cultura laica y progresista, la otra promete gobernar “con la Biblia”. Razón más que suficiente, para cualquier persona que crea en la separación de la iglesia y el Estado, para votar por Bachelet, sin mencionar que además la ex Presidenta se compromete con una nueva Constitución y Matthei con mantener la actual; con una educación pública gratuita y de calidad y Matthei con mantener el sistema segregado y desigual, y así sucesivamente. En esta ocasión, no se está decidiendo sobre los temas de la primera vuelta, ni sobre los balances de los errores de los 20 años de la Concertación, ni sobre los defectos del primer gobierno de Bachelet. Eso ya ocurrió. Ahora se decide sobre quien va a gobernar por cuatro años a partir de marzo en función de lo que representa y de sus compromisos. Abstenerse es, contrariamente a las apariencias, tener una posición: no hacer nada para sacar a la derecha del gobierno y, en caso de victoria de Bachelet, disminuir su legitimidad como autoridad democráticamente electa frente a los poderes fácticos. Respetable, y en democracia todas las opiniones civilizadas lo son, pero si alguien sostiene que esa es una posición de izquierda, permítaseme afirmar que eso es una falacia: cuando se está ayudando a la derecha, no se es precisamente de izquierda.

La lógica de la primera vuelta es la de la expresión de todas las diversidades, la de la segunda es la de la decisión entre las opciones que tuvieron mayor adhesión. Por definición, para los que no pasaron a segunda vuelta, se trata de decidir por el “mal menor”, en tanto entiendan que el “bien mayor” son ellos mismos, con el problema de que los electores, por ahora, opinaron otra cosa. Vox populi, vox dei. Cabe hacer notar lo que en Francia, país que inventó el “ballotage”, hizo en 2012 Jean Luc Mélenchon, el más ácido crítico de Francois Hollande desde la izquierda: en la noche de la primera vuelta invitó a sus electores (el 10%) a votar sin condiciones por la izquierda socialdemócrata que tanto había atacado, pues no hacer nada contra la derecha gobernante no era para él una opción. Y, por cierto, sin refugiarse en la falta de coraje de decir que “los electores hagan lo quieran porque los líderes no son dueños de sus votos”. Eso está claro de antemano. Pero los líderes están para liderar, no para escamotear sus responsabilidades, que son las de orientar en los desafíos posteriores a los que votaron por ellos. Aún hay tiempo para que se expresen las virtudes republicanas, como ya lo hizo Alfredo Sfeir, por sobre los hasta ahora reflejos narcisistas de los candidatos en primera vuelta que claramente no son de derecha y dijeron que no querían que siguiera gobernando la derecha o que ésta condicionase al gobierno desde afuera. Para que eso ocurra, tiene que pasar algo preciso: que Michelle Bachelet gane, y ampliamente, en segunda vuelta. A partir de ahí se podrá seguir debatiendo sobre lo que debe o no hacerse en el país, pero ya sin la derecha gobernando el Estado. No se trata de un detalle frente al cual pueda abstenerse nadie que ponga por delante el interés colectivo.

Entrevista en el Diario Financiero.

Si Matthei pierde “sería una derrota del gobierno, una sanción”

- ¿De acuerdo al estudio la sociedad ha cambiado mucho?


- En la Universidad de Santiago queremos investigar la distancia entre las élites y la opinión pública. Lo que se constata en esta primera encuesta es que la gente quiere reformar la sociedad y lo que tenemos como imagen es una sociedad bastante distinta de sus élites.

- ¿Y esa sociedad se ve interpretada por los candidatos?

- Hay una buena parte de la gente que no se siente identificada y se abstiene. Michelle Bachelet manifiesta una mayor preferencia respecto al resto y da la impresión que sus planteamientos parece que conectan muy bien con las aspiraciones de los ciudadanos.

- ¿Cuál es su pronóstico para el domingo?

- Nunca he ido a un casino. Todos sabemos que esto va a depender mucho del nivel de abstención del mundo popular de derecha o conservador que si estima que las opciones de Matthei o Parisi son bajas, se va a quedar en casa. Eso pudiera dar una opción de ganar en primera vuelta para Michelle Bachelet.

- Se ha dicho que esta podría ser la peor derrota para la derecha en muchos años…

- Creo que sí, sobre todo porque está gobernando. Entonces es la derrota de un gobierno y, por lo tanto, una sanción.

- ¿Ese escenario cómo afectará al futuro gobierno?

- Creo que la sociedad chilena no debe seguir en la lógica del empate. Si uno tiene una convicción sobre Constitución, educación, desigualdad y reforma tributaria, llévelas adelante y mientras más débiles estén los que están en contra, mejor.

¿Qué viene después de la campaña presidencial?

Columna en La Tercera

Al terminar la campaña presidencial, el balance principal parece ser el que las perspectivas de continuidad del actual gobierno terminaron de colapsar. Se discute si Michelle Bachelet ganará en primera o en segunda vuelta. En el segundo caso, el margen sería mayor que en primera vuelta, lo que no ayudaría a mitigar el problema en que se encuentran envueltas las fuerzas de gobierno. En esta línea de reflexión, se puede afirmar que el gobierno de Sebastián Piñera habrá sido una suerte de accidente histórico, a partir del fuerte desgaste de 20 años de Concertación, que quedó sin otra perspectiva que ofrecer su continuidad en la administración, lo que no entusiasmó a nadie,como era previsible.

Aquello de renovarse o morir no fue una lección aprendida. Esto dio lugar a que una mayoría se configurase ocasionalmente para darle una oportunidad a otra opción de gobierno. Hecha la prueba, parecen volver ciertas constantes o reafirmarse perspectivas de futuro en otra dirección que la que ofrece la actual coalición de gobierno, más allá de los comentarios que puedan hacerse sobre la coherencia de su acción, que ha sido sorprendentemente baja.

Se puede conjeturar que la sociedad chilena no es conservadora ni comparte los valores de la derecha y eso es lo que estaría determinando el resultado electoral previsible, más que la gestión específica de Sebastián Piñera en el gobierno o los déficits de la campaña oficialista. Para despejar este tipo de interrogantes, en la Universidad de Santiago (con Ipsos) preguntamos a fines de octubre a una muestra representativa de chilenos y chilenas mayores de 18 años sobre una serie de valores sociales. Un 68% considera que Chile es un país “muy desigual”. La desigualdad es atribuida a “diferencias de educación” (51%) o al“origen social o familiar” (un 39%). Una mayoría (52%) opina que el funcionamiento actual de la sociedad chilena no contribuye a disminuir las desigualdades sociales de origen o bien que, más aún, las agrava (33%).

De manera abrumadora, una mayoría (70%) opina que hay que “reformar de manera importante” la sociedad. Los que además quieren “cambiarla totalmente” son más (18%) que los que creen que hay que “hacerle cambios menores” o “dejarla como está” (12%). Los factores que podrían ser constitutivos de un mundo mejor más mencionados son“igualdad”, “respeto por el otro”, “trabajo”, “seguridad” y “respeto por los derechos humanos”, lejos por sobre la “responsabilidad individual” o la “autoridad”. Los de “justicia” e “igualdad” son los conceptos más importantes para los ciudadanos. Se observa además una opinión abrumadoramente mayoritaria a favor de la gestión pública de los servicios básicos y de la salud, las pensiones y la educación. Existe también una opinión ampliamente mayoritaria en favor de que los recursos naturales (el cobre, el litio, el agua, la energía) sean exclusivamente de propiedad estatal. Un 33% está a favor del matrimonio igualitario y otro 31% está a favor del Acuerdo de Vida en Pareja. Sólo un 25% se opone a alguna de éstas fórmulas y sólo un 14% se opone a cualquier forma de aborto. Así, no parece haber mucha duda sobre los valores que prevalecen en la sociedad chilena: definitivamente no son los tradicionales del mundo conservador.

Las principales preocupaciones de los ciudadanos sobre el devenir del país son las desigualdades sociales, el sistema educativo y el de salud, mientras sus principales preocupaciones personales son la educación de sus hijos y la delincuencia. En estos temas, al cabo de cuatro años, la coalición gobernante parece tener poco que decir, sobre todo frente a una mayoría de chilenos que sostiene que estos problemas deben enfrentarse con cambios sustanciales de las políticas vigentes. Además, en todas las áreas consultadas, la mayoría cree que el mejoramiento de la calidad del servicio no justifica el lucro en su prestación, mientras acepta un aumento de los impuestos para financiar la educación gratuita, reformar el sistema de salud y de previsión social y aumentar las ayudas a los más necesitados.

No parece ser entonces un tema de expectativas creadas por ofertas maximalistas lo que estaría volcando la opinión ciudadana a favor de Michelle Bachelet. Son los valores y aspiraciones presentes en la sociedad los que han encontrado en ella una mejor respuesta, o en todo caso la más viable y seria, entre una oferta bastante amplia y variada. No obstante, la palabra la tienen los electores. Si se confirma lo señalado por las encuestas, la ex presidenta deberá enfrentar el desafío de trabajar sus prioridades en las distintas áreas y conformar sus equipos para ponerse, desde el gobierno, al frente de las fuertes aspiraciones de cambio de la mayoría de los ciudadanos.

Chile y los cambios en China

Columna en El Mostrador

Con un nuevo equipo dirigente, bajo el mando de Xi Jinping, el III Pleno del 18 Comité Central del PC de China ha optado por mantener la continuidad del esquema de centralización política y se abocará a nuevas reformas económicas en materia de mercado de tierras y urbanización (en 2013 la distribución urbano-rural de la población alcanzó el 50%) y de mercado financiero, apuntando a ampliar el consumo de 1.300 millones de chinos. Los dirigentes chinos han señalado que estas reformas serán tal vez tan importantes como las de 1978 y 1993, decisivas para la apertura con Deng Xiaoping y el desarrollo de la “economía socialista de mercado” con Jiang Zeming. Habrá un menor énfasis en las exportaciones y en la inversión en infraestructura, que ha alcanzado proporciones inéditas en la historia económica y cambiado la faz de China, fuertemente estimulada con el plan anticrisis de 2008, el mayor del mundo con un 7% del PIB. Se apuntará a un crecimiento que dejará de ser de 10% anual como en los últimos treinta años y se ubicará en un rango del orden de 7-8% anual en la próxima década, como ya ha ocurrido en 2013.

La diferencia es que en 1980, con su 2% de participación en la economía mundial, un crecimiento de 10% en China era menos importante que una expansión de 1% en Estados Unidos. Con el 16% del PIB mundial a paridad de poder de compra en 2014, China estará cerca de alcanzar el 19% de Estados Unidos y el 18% de la Unión Europea, lo que ocurrirá en todo caso antes de 2020. Con el de India, explicará el 50% del crecimiento global en los próximos años. Un ejemplo del actual impacto mundial de China en los mercados de bienes: se han vendido cien millones de smartphones hasta el tercer trimestre de 2013, con un mercado que crece en un 64 % al año y representa el 39 % del total mundial.

En el mediano y largo plazo, la gran interrogante es si el nuevo crecimiento chino, más moderado y centrado en el consumo, permitirá sostener los precios de los bienes primarios que han configurado una suerte de “sino-dependencia” latinoamericana, involucrando a nuestro cobre, el mineral de hierro brasileño y la soja argentina.

¿Qué se puede esperar de la desaceleración China para Chile, con su 0,4% de la economía mundial y el hecho de ser el país más lejano de China en el planeta? El impacto se produce especialmente a través del precio del cobre, producto que representa la mayor exportación del país en términos agregados (54% en 2012) y una buena parte de los ingresos tributarios (el 11%, es decir, un 1,9% del PIB en 2014). Se puede aventurar que la reestructuración del crecimiento chino no será desfavorable para Chile. Consignemos que China compró el 34% de nuestro cobre en 2012, contra un 23% en 2007, antes de iniciarse la actual crisis global, mientras representa globalmente el 21% del comercio exterior chileno. El precio del cobre ha estado en 2013 en un nivel algo inferior al previo a la crisis de 2008-2009. Pero China ha estado importando más cobre y empujando el precio desde su nivel más bajo de junio, en el contexto de mejores cifras domésticas para el tercer trimestre que las esperadas y un fuerte incremento de su producción industrial, disminuyendo los temores y estimulando el mercado cuprífero y también el de mineral de hierro. El gasto en infraestructura se mantiene con nuevas líneas de metro, centrales eléctricas y refinerías de petróleo, e incorpora importantes cantidades de cobre y acero, lo que lleva a prever un crecimiento de la demanda en los próximos dos años, aunque también se prevé aumentos de producción.

En el mediano y largo plazo, la gran interrogante es si el nuevo crecimiento chino, más moderado y centrado en el consumo, permitirá sostener los precios de los bienes primarios que han configurado una suerte de “sino-dependencia” latinoamericana, involucrando a nuestro cobre, el mineral de hierro brasileño y la soja argentina. La respuesta puede estar en el desafío de la urbanización china y pasa por mantener un fuerte ritmo de inversión, pero no en las industrias excedentarias y contaminantes como hasta ahora, sino estimulando la manufactura y los servicios modernos y la infraestructura en las zonas menos desarrolladas del oeste chino, lo que supone estabilizar el endeudamiento de los gobiernos locales y transferir importantes recursos a proyectos de gestión eléctrica, sistemas de transporte y tratamiento de aguas, cuidados de salud y protección ambiental. China tiene hoy cerca de 90 ciudades de más de un millón de habitantes, las que llegarán a unas 200 hacia 2030, y tendrá de 10 a 12 megaciudades de más de 15-20 millones en 2025. Para Richard Dodds, director de McKinsey Global Institute, “la urbanización y la transformación de China está ocurriendo a 100 veces la escala de Reino Unido, el primer país en urbanizarse e industrializarse y alrededor de 10 veces su velocidad… de manera que la revolución industrial china tiene 1.000 veces el impulso que la revolución industrial británica”. En la próxima década, cerca de 200 millones de habitantes rurales se trasladarán a trabajos urbanos. Para estimular el consumo, China necesita acomodar mucha más gente en sus ciudades, cuya construcción de infraestructuras consume metales y entre ellos cobre.

Así, no se espera desmedros en materia de venta de nuestra principal materia prima a precios remuneradores, cuyo retorno para el país a través del fortalecimiento de Codelco y de royalties más sustanciales aplicables a la minería privada debe ser revisado. Nuestro país cuenta con un Tratado de Libre Comercio con China desde 2006, que ha llevado el número de productos chilenos exportados a ese país de 290 en 2005 a 506 en 2012, donde destacan las frutas, con una impresionante tasa de crecimiento promedio anual de 83% desde 2005, con un aumento total de exportaciones de 22% anual. En el contexto latinoamericano, Perú también ha firmado un acuerdo de libre comercio con China, mientras los países de Mercosur, más fuertes industrialmente, se mantienen reticentes en la materia. Chile debe mantener un enfoque latinoamericano en su relación con China y no sólo centrado en la Alianza del Pacífico (junto a México, Colombia y Perú) y favorecer un Foro China-América Latina para tratar los temas de interés mutuo, que serán cada vez más importantes para el futuro de Chile y del continente.

¿Sin la sociedad?

Columna en Cooperativa y 
http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/10/30/bachelet-sin-la-sociedad.
En medio de una campaña electoral bastante confusa, parece ser que somos mayoritarios los que preferimos que en 2014-2018 el país sea gobernado por Bachelet antes que por Matthei y su derecha dura o bien por las expresiones políticas neocaudillistas que hoy proliferan. La ex Presidenta tiene méritos incuestionables: honestidad y compromiso con grandes causas, como la de la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género, lo que no es poca cosa. Pero algunos somos más exigentes en otros temas y queremos que se gobierne para disminuir las desigualdades, y no para entregar, como en su primera administración, estos temas a tecnocracias con ideas económicas de derecha que bloquearon sin ruborizarse las necesarias reformas progresivas en materias tributarias y de royalty minero, laborales, sociales y educacionales; queremos que se gobierne para producir una transición a energías limpias, y no para dejar hacer a las empresas que han carbonizado la matriz energética sin por ello bajar los costos de la electricidad y que, además, llegaron al absurdo de pretender instalar plantas nucleares en el ultrasísmico Chile y megarrepresas destructoras de ecosistemas dignos de ser preservados para las nuevas generaciones; queremos que se gobierne para ampliar la democracia política y buscar al menos alcanzar estándares mínimos en materia de representación de la voluntad popular, y no que el liderazgo se incline ante los que no quieren reformas políticas serias sino cosméticas, con el efecto de preservar la falta de representación adecuada y la actual extrema subordinación del sistema político al poder económico.

Los enfoques poco complacientes respecto al canon hoy en boga y promovido verticalmente de adhesión entusiasta e incondicional a personas, ¿representan a muchos o a pocos en la esfera política opositora? No lo sabemos, pero los con espíritu crítico seguiremos en lo nuestro, aunque nunca llegaremos a ser muy populares entre los que privilegian el acceso al poder por sobre el sentido a dar a ese acceso y que no quieren adquirir demasiados compromisos ante los ciudadanos en nombre del pragmatismo y del “manejo de expectativas”. Estas suelen ser fantasías de su propia cosecha, basadas en una idea prejuiciada sobre los comportamientos colectivos, siempre considerados llenos de peligros, y en todo caso contrarios a la religión de la eficiencia, como si ésta fuera el único valor que debiera existir en la sociedad y el único modo de alcanzarla fuese el recetario neoliberal que ha probado ser no sólo inequitativo, sino también altamente ineficaz. Esta desconfianza en el pueblo se ancla en la antigua tradición autoritaria de la oligarquía chilena y es adoptada por la tecnocracia postmoderna que domina la gestión de gobierno, mientras los que provienen del autoritarismo de izquierda se amoldan a ella con fluidez y, por ejemplo, rehuyen las primarias o descalifican las expresiones de soberanía popular dignas de ser conquistadas.

Este rasgo cultural, en una época de ampliación de la sociedad de masas, es acompañado por la incapacidad de una parte de las nuevas elites post 90 para construir conductas de autonomía frente al poder conservador, que es la única fuente de innovación social posible, y mientras al mismo tiempo prolifera en la sociedad de mercado el afán de lucro y en la política la conducta de buscar espacios burocráticos para fines personales a cualquier precio, fenómenos propios del individualismo negativo que es la moral de nuestro tiempo.

No obstante, el autoritarismo y el individualismo negativo no son los únicos rasgos culturales de Chile. Como parte de una noble tradición, desde siempre en nuestra historia se han alzado voces libertarias y convocatorias a realizar acciones colectivas. Estas voces seguramente serán persistentes, aunque se procuren disciplinamientos irreflexivos en nombre del orden, que costaron a la ex Presidenta, sin ir más lejos, el alejamiento de toda una generación de jóvenes estudiantes o bien la pérdida de la mayoría en ambas cámaras en su primer gobierno. Lo razonable en política es siempre sumar antes que restar, buscar convencer y pactar honorablemente con el distinto antes que procurar aplastarlo, representar lealmente intereses colectivos antes que actuar con sumisión en nombre del orden para defender parcelas de poder. Pero la racionalidad y la consistencia parecen no estar demasiado cerca del horizonte político actual, en el que se valoriza más la imagen, la fórmula fácil, la promesa o los gestos que recogen emociones, la pequeña o gran ventaja inmediata, antes que la construcción de perspectivas y proyectos de largo plazo. Esta es, sin embargo, la tarea primordial de la política o, en todo caso, de la política democrática, especialmente en un mundo que cambia aceleradamente y en el que es cada vez más peligroso improvisar o seguir irreflexivamente la corriente del presente o del que habla más fuerte.

La esfera política enfrenta por añadidura una situación nueva. Los movimientos sociales son hoy actores que han ganado presencia y autonomía. Esta autonomía, y más ampliamente la de la sociedad civil, ha aumentado en el gobierno de Piñera y probablemente para quedarse. Estos movimientos son diversos y plurales y se han expresado en el ámbito laboral y estudiantil, pero también han aumentado su escala en el terreno más ignoto de las reivindicaciones étnicas, culturales, territoriales y ambientales. La ausencia de respuesta desde la esfera política, y de comprensión de su naturaleza, ha incrementado una profunda desconfianza mutua. Esto incluye a la izquierda tradicional, que hasta un pasado no tan lejano mantenía un vínculo fluido y de mutua influencia con el mundo social y con las minorías activas, incluyendo las juveniles, que esperemos no desaparezca del todo.

Hoy esa dinámica ha sido desplazada por la idea de que la articulación con lo social es hacerse parte de meros intereses corporativos, de los que hay que alejarse como la peste o, en el mejor de los casos, atender porque no hay otra opción, pero para mantenerlos en cintura. Esta idea es expresada por una tecnocracia que se pretende representante del interés general por arrogante e inútil autodefinición, presta, eso sí, a descalificar la expresión de los más débiles y a tratar con manga ancha en la política pública a las grandes corporaciones empresariales, en nombre de la inversión y el empleo. Este enfoque ha encontrado cobijo en un sistema político y burocrático con fuerzas democráticas degradadas, que dejaron de entender las reivindicaciones de derechos por los oprimidos como legítimas en el marco democrático, generalmente poseedoras de capacidades para resituarse y reformularse en función de un interés general construido y articulado en interacción con la esfera política. Al revés, confinar los intereses populares en reivindicaciones especificas a ser tratadas en el día a día, aumenta su dimensión particularista y al final las multiplica, reproduciendo la dinámica del desencanto y de las peticiones y las dádivas carentes de inscripción en sueños y aspiraciones colectivas.

La tecnocracia neoliberal tomó el poder en la Concertación, al terminar subordinándose ésta a los intereses del poder económico dominante, como se vio en el royalty minero y la ley de pesca, y al parecer lo conservará, gracias a oídos políticos complacientes, en medio de una acción tan audaz como ilegítima. Pero no se gobierna exitosamente, al menos en democracia en el mundo de hoy, al margen de la sociedad. Y menos contra la sociedad. El desafío para un nuevo gobierno progresista de trabajar inmerso en sus aspiraciones permanecerá abierto. Su incapacidad de hacerlo sería el derrotero inevitable de un fracaso anunciado.

Entrevista en revista COSAS

La visión de Gonzalo Martner es clara: Bachelet ganó la primaria y con ello triunfaron sus ideas de reformas y de nueva Constitución. Además, ve a la derecha fracturada completamente y por mucho tiempo más.

Por: Ignacio Ossa / Fotos: Ronny Belmar

 

Hace rato que Gonzalo Martner es un observador de la política. Sus años en la primera línea están en el pasado, lo que no quiere decir que su opinión haya quedado guardada en el cajón de los recuerdos. Para nada. Cada vez que habla, aflora su análisis crítico hacia lo que fue el fin de la Concertación y sus partidos políticos. Se mantiene como socialista y no dejará de serlo, pero de todas maneras no pierde oportunidad para mostrar su descontento hacia las autoridades del PS y el rol que éste juega en la política de hoy, donde Martner le atribuye la mayoría del crédito por un lado a la figura de Michelle Bachelet y, por otro, a los movimientos sociales. Desde su punto de vista, son estos últimos los que han pavimentado el camino para que la centroizquierda retorne al poder luego de los cuatro años de Piñera en La Moneda.

Con unas encuestas demoledoras, Martner se aventura a analizar lo que sería un próximo gobierno de Bachelet, donde el escenario internacional podría ser un factor “bien poco agradable”, dada la situación europea complicada, con Estados Unidos mejorando en lo económico, pero con problemas políticos, y con China creciendo menos. “La situación no va a ser tan holgada, pero tampoco será como la crisis de 2009”, comenta. En cuanto a la situación interna, ve a la sociedad civil más estructurada y la autorrepresentación de intereses en niveles muy superiores que hace cuatro años, lo que califica como una paradoja para el gobierno de Piñera. “Va a ser complicado gobernar pero, al mismo tiempo, positivo. Lo que me preocupa es un sistema de partidos y de representación política tradicional muy destrozado. La democracia sin partidos sólidos entra en problemas”.

–No hay duda de la popularidad de Michelle Bachelet en la gente ni de su arrastre electoral demostrado en las primarias. ¿Por qué no es ella la líder que ordene los partidos y genere las condiciones para llevar adelante esa visión clara, como la que plantea usted?

–Poner orden en los partidos supone una potestad que nadie tiene. Los partidos están en transformación. Esta Nueva Mayoría hoy incluye al Partido Comunista y a la DC que fueron grandes contendores en la Guerra Fría chilena, que fue muy dura. Eso es un acierto de Michelle Bachelet. Si quieres una expresión de esta nueva etapa, se refleja en eso. La DC ha tenido una evolución compleja y no encuentra un espacio en la etapa pos Guerra Fría. El PS ha perdido su capacidad de articulación, el PPD es una suma de figuras sin un proyecto político y el PRSD no se sabe en qué lógica se sitúa. La campaña de Gómez fue muy a la izquierda, pero hoy apoya a Soledad Alvear. Es una realidad incoherente e inadecuada la que viven los partidos. Por esto es que quizás Michelle Bachelet prefiere vincularse directamente con la opinión pública. 

–¿Cuál es el pronóstico para un gobierno que no tiene partidos ordenados y un Parlamento que puede no estar alineado con el Ejecutivo?

–Ese es un desafío no sólo para el Presidente, sino para los políticos y la sociedad en su conjunto. Los 40 años del golpe y los 25 del “No” han permitido hacer una retrospectiva interesante, pero junto con mejorar el vínculo con el pasado, tenemos que avanzar. Nadie tiene la razón, pero hay que crear un mensaje. Yo le creo cuando Bachelet dice que los principales problemas en Chile son la desigualdad y que se debe atacar el origen. Cuando dice nueva Constitución, está en lo correcto, no se puede avanzar sin nuevas instituciones. Hay que hacer un reforma educacional y tributaria, está bien esa línea. Hay que mejorar el sistema de pensiones y las Isapres. La creación de sentido de esto es el factor que impulsa el liderazgo de Bachelet y a la vez puede ser el puente con los partidos y los parlamentarios. Hay que tener una agenda y no dejarse llevar por el día a día.

–¿No hay autocomplacencia de los partidos al saber que Bachelet tiene la elección fácil y ellos con su foto se suman a este impulso, sin hacer cambios de fondo en sus políticas partidistas?

–Es un diagnóstico correcto. Los partidos no hicieron nunca un balance serio del porqué se perdió la elección presidencial pasada. Tampoco se hizo una reflexión seria sobre los desafíos de la sociedad, por lo que están en el límite de la destrucción. No les interesa mejorar sus métodos. Me impresiona que el PS haya roto todo vínculo con el movimiento estudiantil. Cuando escuché al presidente de mi partido decir que Bachelet no necesitaba comandos juveniles… está completamente equivocado. Uno necesita vínculos con las aspiraciones de los jóvenes. No veo diálogo con los ambientalistas y los regionalistas. Tampoco están abiertos con las opciones sexuales. No veo diálogos. Si Bachelet logra poner una agenda de transformación de la sociedad y establecer un método para vincularse con las nuevas expresiones de la sociedad civil, podría recomponerse el sistema político.

–Asamblea Constituyente, reforma tributaria y educacional fueron los ejes que planteó Bachelet al llegar. ¿Por qué se ha ido diluyendo ese mensaje?

–Creo que el punto es muy simple: hay un desacuerdo entre los que creen que se debe hacer una Asamblea Constituyente y los que prefieren un par de reformas. En política, si se es democrático, hay que apelar a los ciudadanos. Eso se hizo en las primarias, donde compitieron todas las expresiones y ganó el planteamiento de Bachelet. Y cuando se gana con el 70 por ciento de los votos uno supone que se valida esa opción y los que no estén de acuerdo tendrían que mirar los números. Los ciudadanos se pronunciaron.

–Los ciudadanos se aburrieron de aceptar esas prácticas donde, aunque ganen en las urnas, los partidos los bypasean.

–Entiendo que eso quedó resuelto con las primarias, por lo que no entiendo la presión mediática y subterránea de los perdedores que no se resignan a estos cambios. ¿Quieren ganar por secretaría lo que no ganaron en la cancha electoral?

–Pero de alguna manera ya están ganando por secretaría, ya que la Asamblea Constituyente ha perdido fuerza.

–Hay que ser justos y decir que ella nunca lo planteó como única opción. Pero ha habido un retroceso.

–¿Qué pasaría con la Nueva Mayoría si se quedan sólo con un par de reformas y no se profundiza como ha sido prometido?

–Esa es la historia de la Concertación. Los que tuvimos posiciones de izquierda dentro de este arco iris fuimos perdiendo; los autoflagelantes fuimos derrotados. Se comenzó a señalizar para un lado y a doblar para el otro. A formular planteamientos y a hacer lo contrario, y terminaron con políticas conservadoras. Por eso entramos en crisis y por eso las primarias fueron importantes. Si a Velasco no le gusta la Asamblea Constituyente, resulta que perdió y no tiene pito que tocar. Si hubiese tenido un 50 por ciento, te creo, pero no lo tuvo y problema resuelto.

La derecha fracturada

–¿Qué le ha pareció la experiencia de la derecha como gobierno democrático?

–Estos cuatro años han transcurrido con mucha mayor continuidad política de lo que uno podría haber pensado. La figura de Sebastián Piñera no es la misma de Jovino Novoa. Aquí no gobernó la derecha dura. El ministro de Hacienda Felipe Larraín no es Sergio de Castro y lo que hemos tenido es una gestión política sin fuertes aristas como las que la derecha ha tenido tradicionalmente, en especial durante la transformación económica de la dictadura. Cuando Sebastián Piñera puso el eje de sus promesas no en hacer cosas, sino que hacerlas mejor, probablemente generó la propia palanca para su descrédito y final fracaso. No en el sentido que el país se esté cayendo a pedazos, sino en su baja popularidad. La idea de gestionar el país eficientemente, como en el sector privado, fracasó rotundamente. Hay que mantener ponderaciones y pensar que ésta no fue una derecha catastrófica. Piñera no escuchó en 2011 a los movimientos estudiantiles y sociales, de lo contrario podría haber sostenido su gobierno y haber encaminado a la derecha.

–¿Piñera estuvo preso de la derecha conservadora? Porque recién al final del mandato hizo un real desmarque del pinochetismo.

–Consideremos que es normal que una persona que dirige una derecha que emerge del pinochetismo y con un origen antidemocrático, tenga que considerar a ese sector. Es parte de la democracia. Pero la conversación debería haber sido sencilla por parte de Piñera: ¿Vamos a representar a los dueños de la universidades que han ganado de manera ilegítima o vamos a defender una educación democrática e inclusiva? Eso le faltó. No es un tema de desmarque, sino de liderazgo político, que su ministro del Interior llamó la Nueva Derecha, pero que el resultado fue acallarlo y terminó en Defensa.

–Pero ahora lo están reflotando.

–Pero es muy tarde.

–¿Cree que hoy el referente para la derecha sea Sebastián Piñera y no Pinochet?

–No. No lo es para la UDI, que es el principal partido político de Chile. Detrás de eso hay una sociología, el mundo popular conservador, y es importante en Chile, pero ha ido bajando y cada vez se desconecta más de las evoluciones de la sociedad. Lo que vamos a tener es una derecha fracturada. Ya hay diputados de la UDI que han dicho públicamente que no volverán a votar por Piñera. No veo cómo se solucionaría esto, lo que da paso a una evolución democrática y progresista de la sociedad chilena. La derecha en estos cuatro años se desgastó y va a estar fuera mucho tiempo.

–¿Con esta fractura de la derecha existe una posibilidad de que el sector conservador quede aislado y la nueva derecha se acerque al centro y pueda llegar a un entendimiento con la centroizquierda?

–No nos olvidemos que Sebastián Piñera invitó formalmente a la DC para que fuera parte de su gobierno. Piñera perseguía mañana, tarde y noche a Ignacio Walker para procurar un acercamiento político. Incluso Jaime Ravinet aceptó ser parte del gabinete. Si lo vuelven a intentar va a pasar lo mismo. La DC, luego de la dictadura, es un partido que no puede tolerar, por muy conveniente que pueda ser, un maridaje político con la derecha, porque hay una distancia grande en la concepción democrática de la sociedad.

–¿Ni siquiera con esta fractura y nueva derecha desapegada de Pinochet, que pide perdón, que condena a un sector de cómplices pasivos, que condena las violaciones a los derechos humanos…?

–En el terreno de las conjeturas y eso supondría una reestructuración del sistema político, pero no sé si el señor Carlos Larraín sería parte de esta nueva derecha y resulta que es el presidente del partido del Presidente de la República. Luego hay que tener un interlocutor que esté dispuesto. La DC y RN pactaron por el binominal y eso terminó en cero. No veo eso en corto plazo. Lo que veo es una derecha más minoritaria que nunca y un centro desconectado. También debe recomponerse una izquierda que no se subordine al conservadurismo. La recomposición política vendrá de los movimientos sociales, no creo que venga desde mi partido.

Reportaje sobre el 5 de octubre de 1988

Para compartir, reportaje del Canal Trece sobre el 5 de octubre

http://www.13.cl/t13/reporteros/cuando-chile-dijo-no

El 5 de octubre de 1988: ¿qué se puede pensar 25 años después?

La jornada del 5 de octubre de 1988 fue el momento fundacional de un camino que llevó a la transición y al tipo de democracia actualmente vigente. A ese título es vista hoy con frecuencia con la lógica del desencanto. No obstante, su evaluación debe ser más compleja.Declaremos desde ya que “la alegría vino”, pues derrotar a Pinochet en un plebiscito convocado por él mismo le provocó sonrisas hasta a los más indiferentes. Y ciertamente a los millones que se jugaron por dejar atrás a la dictadura y votaron por la opción NO y decididamente a las más de 60 mil personas que organizaron el control de los resultados del plebiscito, con alma y pasión, y que pudieron contar más del 90% de los votos de manera independiente del Estado. Esa movilización social y civil convocada por los partidos democráticos, sin parangón en los procesos electorales modernos, contribuyó a disuadir a todos los que quisieron esa noche desconocer el resultado. Sabemos hoy que eso incluyó el intento de declaración de Estado de Sitio por Pinochet y su Ministro del Interior Fernández (una vez más la sombra de la UDI), que fue rechazado por el resto de la junta militar y de la derecha política, que intuía que el camino del desconocimiento podía terminar mal para ellos, al estilo de Ferdinand Marcos en Filipinas.

Pero para quienes esperaban superar a breve plazo todos los dolores individuales y sociales acumulados en 16 años de dictadura, ciertamente la alegría no vino ni, agrego por mi parte, difícilmente podía llegar, pues la heridas humanas eran demasiado profundas y la regresión social demasiado severa. Es obvio, además, que la alegría simplemente no es un estado permanente. Convengamos, entonces, que la ironía amarga del tipo “¿no era que iba a venir la alegría?” frente a cada problema de los últimos 25 años, es no saber apreciar una victoria democrática colectiva que merece ser celebrada y recordada como uno de los grandes momentos de la historia contemporánea de Chile. 

En la configuración de la arena del 5 de octubre de 1988 confluyeron los que querían una nueva legitimación de la dictadura, los que querían un tránsito a una democracia doblemente tutelada militarmente y por las oligarquías económicas y los que queríamos derrotar y desbordar políticamente a la dictadura desde la oposición de centro y de izquierda para construir una democracia moderna y progresista.

Los que en la izquierda promovimos la llamada “renovación socialista” fuimos tempranos y activos partidarios de configurar esa arena de lucha política, y fuimos denostados por la izquierda sectaria (“inscripción=traición” escribían en los muros, incluidos algunos de los hoy organizadores de las celebraciones de los 25 años que nunca se identificaron con el arco-iris). Apreciábamos entonces que debía construirse una línea de derrota política de la dictadura a través de un proceso de desobediencia civil generalizada y de alianzas partidarias amplias (incluso con quienes habían contribuido decisivamente a derrocar al Presidente Allende en 1973 y colaborado inicialmente con la dictadura en una actitud que no los enaltece históricamente) y no una línea de acciones militares sin viabilidad en las condiciones de la dictadura chilena, y que en caso de éxito prefiguraría, habíamos concluido después de amargas experiencias, un autoritarismo contrario a los propósitos democratizadores. Además, se trataba de definir sin equívocos, y no como una cuestión táctica en la vena leninista, que la democracia sería el espacio y límite de la acción política futura, en un contexto de plena autonomía de la sociedad civil y con una ruptura clara con cualquier alineación con los llamados “socialismos reales”. El proyecto de cambio debía ser progresivo y estar sujeto a la obtención de las mayorías populares y ciudadanas suficientes.

La opción alternativa era prolongar los intentos de lucha armada, legítimos frente a una tiranía, pero ahora en una escala mucho mayor, y confrontar a la dictadura donde ésta era más fuerte, en el terreno militar, y no en el terreno del desborde social y político, donde era más débil, como terminó demostrándose. Mi compañero de colegio Raúl Pellegrin, no lo entendió así, y quiso relanzar con su FPMR la lucha armada apenas dos semanas después del 5 de octubre. Pagó con su vida en manos de una represión inhumana el postrer intento de replicar la revolución cubana y nicaragüense en Chile.

Así, entre la continuidad de la dictadura y los sufrimientos de una lucha armada prolongada con miles de muertos adicionales, o bien abrir un proceso incierto de transición a la democracia, hubimos quienes pensamos que más valía lo segundo. Y así actuamos. Pero era una tarea exigente, si el objetivo era el horizonte de la democracia política y social, que implicaba luchar (“la política es lucha” decía Max Weber) contra el doble condicionamiento constituido por la tutela militar y la tutela de las oligarquías económicas sobre la soberanía popular, ambas contenidas en la constitución de 1980. Se trataba de acumular fuerza política, social y cultural a partir de una situación adversa, y con una derecha y un pinochetismo electoralmente fuertes.


En materia de tutela militar, después de sinuosos e inesperados caminos, como la detención de Pinochet en Londres, el proceso fue definitivamente exitoso, lo que terminó de consagrarse en el gobierno de Ricardo Lagos, lo que la historia alguna vez le reconocerá, pese a sus detractores altisonantes, así como a los mandos que cambiaron la doctrina del Ejército. Quien no quiera admitirlo, simplemente comete un error de hecho: los militares no determinan el curso político en el Chile de hoy y son probablemente menos intervencionistas que en cualquier otra etapa de la vida republicana. Decenas de oficiales detenidos en Punta Peuco están para demostrarlo (dicho sea de paso, una cárcel sin privilegios pero segmentada es una opción que defendí y sigo defendiendo, aunque las voces de los tiempos digan otra cosa). En todo caso, es una curiosa discusión sobre la impunidad militar la que consiste en deliberar acerca de dónde deben estar prisioneros los violadores a los derechos humanos condenados por la justicia. Los tribunales, desde inicios de este siglo, aluden la prevalencia de los tratados internacionales firmados por Chile en materia de derechos humanos para declarar los crímenes contra la humanidad inamnistiables e imprescriptibles. Esto se debe a la reforma constitucional pactada y plebiscitada en 1989, que consagró el actual artículo 5ª de la constitución vigente. No es poca cosa. 


La segunda gran tarea, levantar la tutela de las oligarquías económicas sobre la democracia, ha sido, en cambio, un resonante fracaso. La economía está más concentrada que nunca, los ingresos permanecen distribuidos de manera escandalosamente desigual y la explotación de los recursos naturales y sus frutos está como nunca en manos de privados y transnacionales rentistas y no de la Nación chilena. Esto se debe a la mantención de senadores designados durante 16 años y, todavía, del sistema binominal y los quorum antidemocráticos de leyes orgánicas, muy equivocadamente concedidos estos últimos en 1989. Y a dos fenómenos adicionales. Primero, en la esfera intelectual, al proceso de personas influyentes que fueron primero doctrinarios ortodoxos marxistas-leninistas o bien humanistas cristianos y que se adscribieron luego a la visión neoliberal. Segundo, a la reconversión de una parte significativa de la dirigencia política de centro y de izquierda al pragmatismo puro y simple y el abandono del impulso reformador original en beneficio de una conducta meramente adaptativa para ocupar espacios de poder burocrático, o simple y tristemente para obtener un reconocimiento por los factores de poder existentes en la sociedad chilena.


Asumir que la transición a la democracia y el establecimiento en Chile de un Estado fuerte capaz de gobernar el mercado y ganar derechos sociales extendidos resultó ser mucho más complejo y largo que lo que preveía el diseño inicial, no implicaba, al menos para algunos de nosotros, abandonar la vocación de transformación radical de la sociedad desigual, excluyente y polarizada que construyó la dictadura.

El proyecto político de “crecimiento con equidad” que tuvo origen en la Concertación, dio un fuerte giro hacia políticas de subordinación al mercado y a los intereses de las grandes corporaciones, dejando de lado las reformas estructurales igualitarias que eran el núcleo crítico que debía acompañar el cambio de régimen político. Se terminó pactando con la derecha en temas esenciales, como la privatización del cobre, del litio, de las aguas y las sanitarias, contra la opinión de algunos de nosotros, los “autoflagelantes”, que fuimos derrotados. Se autorizó el financiamiento de las empresas a las campañas electorales. Incluso en la oposición se hizo concesiones inaceptables, como en materia de sistema escolar y de royalty minero en 2010 y 2011, con la consecuencia de ceder espacios a la privatización educacional y la pérdida de soberanía sobre las rentas del cobre hasta 2024. Estas conductas no fueron congruentes con el espíritu del 5 de octubre. 

¿Cuál es la agenda pendiente? Desarrollar la democracia para hacer efectivo el rol de los poderes públicos en la vida económica, con un Estado Social de Derecho capaz de organizar la cohesión de la vida colectiva y el respeto del ambiente, así como consagrar un rol igualmente decisivo para la auto-organización de la sociedad civil. Esto requiere de una nueva constitución, cuya elaboración históricamente más civilizada e institucional es la que puede realizar una asamblea constituyente elegida especialmente para el efecto, en base a un pronunciamiento de los ciudadanos en un plebiscito convocado por el gobierno con el aval del parlamento. Los que descalifican el camino de la asamblea constituyente como un desvarío chavista no se detienen a pensar que ha sido el gran factor de estabilidad democrática en países como Brasil y Colombia.

La izquierda democrática chilena debe en definitiva recuperar su rol histórico sobre la base de plantearse viabilizar cinco grandes temas: 
- una nueva institucionalidad democrática para nuevos derechos civiles, participación política equitativa y descentralización; 
- una política económica desarrollista, con énfasis en infraestructura, I+D, política industrial, expansión de energías no convencionales, con desconcentración de mercados, diálogo social, derechos laborales que incluyan negociación colectiva inter-empresas y participación en las utilidades, acceso al crédito para las pymes, derechos colectivos de los consumidores, reforma tributaria progresiva, el control nacional de la renta minera y una política monetaria con tarea antiinflacionaria y además de promoción del empleo en el manejo del ciclo económico; 
- una nueva política social contra la desigualdad que a) sustraiga la educación y la cultura del mercado, b) sustituya la mercantilización de la protección social en salud, pensiones y desempleo por sistemas públicos y sociales universales, es decir una propuesta hacia las clases medias y populares y c) elimine el "clientelismo bonista y de subsidios", con integración por el empleo en formas de economía social y cooperativa local y por derechos de ingreso de ciudadanía para las personas en condición de precariedad y marginación;
- una nueva política de desarrollo territorial, con programas de intervención urbana que amplíen el espacio público y mitiguen la fractura social espacial y la privatización de la vida cotidiana, junto al ecodesarrollo de los espacios urbanos y rurales y la protección de los recursos naturales.
- una política exterior autónoma, que promueva la integración vecinal activa (con ampliación de nexos con Argentina, acuerdo equitativo de salida al mar para Bolivia y mejoría de relaciones con Perú, incluyendo un proceso de desarme compensado), una mayor integración política en seguridad colectiva, económica y migratoria sudamericana y una articulación latinoamericana en la gobernabilidad global.

En vías de terminar el corto ciclo gubernamental de la derecha, incapaz de ofrecer un proyecto inclusivo de país, es de esperar que no vuelva por sus fueros la continuidad del método político de no analizar las causas de las derrotas, señalizar para un lado y virar para el otro, no plantear temas controversiales en las campañas porque alejan electores ni aplicar luego los programas en el gobierno porque afectan la estabilidad. Esa es, a estas alturas, la mayor garantía de inestabilidad futura, de deterioro de la democracia y de alejamiento de la esperanza abierta el 5 de octubre de 1988.

Pasado y presente en Chile

¿Por qué los acontecimientos desencadenados a partir de septiembre de 1973 siguen tan presentes en Chile y tan vivo el dolor que provocan? Los que vivimos en el exilio en Europa no percibimos una situación semejante respecto de la segunda guerra mundial, por ejemplo, cuando llegamos allá unos treinta años después de su término. Los sufrimientos humanos habían sido gigantescos, pero los responsables históricos estaban claros, se había hecho justicia y probablemente eso permitía que la sociedad pudiera mirar adelante en base al ideal democrático y de integración. ¿Será que, en cambio, el tema del Golpe de 1973 funciona en nuestro país como lo que el sicoanálisis denomina un trauma no superado, que se transmite además a las nuevas generaciones? La hipótesis de que en Chile nuestro trauma, grave, pero de una magnitud no comparable con una guerra mundial, no ha sido adecuadamente procesado, en detrimento de la convivencia en el presente, es digna de ser explorada.

Primero, el reconocimiento de los hechos es equívoco y con ribetes perturbadores. Los autores militares del Golpe y los autores civiles y sus herederos suelen minimizar y justificar lo que hicieron, con la notable excepción parcial del Ejército que en 2003 enunció una posición institucional que reafirmó la sujeción al orden democrático y el compromiso de no repetición de violaciones de derechos humanos. Los civiles de derecha no mencionan el hecho histórico bastante bien documentado de que en los planes de personeros como Jorge Prat y Sergio Jarpa, al menos desde los años de la reforma agraria de Frei, como también en la mente de los jóvenes integristas agrupados por Jaime Guzmán, estaba establecer una dictadura de tipo franquista en Chile. Lo propio ocurría con corrientes militaristas al interior de las FF.AA. No nos olvidemos que intentaron realizar un golpe en 1969 contra Frei y luego otro en 1970 para impedir que asumiera Allende.

Estos actores de la vida política vieron realizado en 1973 su proyecto y lo abrazaron con entusiasmo, pues terminar con la democracia era su propósito. Su convicción, en medio de la guerra fría, era que la democracia era débil para confrontar “los avances del comunismo”, con el trasfondo de pérdida de hegemonía social de las oligarquías tradicionales desde los años 20. Jarpa y los del Partido Nacional no han hecho reconocimiento alguno al respecto. La UDI tampoco, aunque sus miembros fueron un soporte principal de la dictadura y de su intento de prolongación a través del diseño de una “democracia protegida”. En 2003 hizo un planteamiento equívoco sobre derechos humanos, proponiendo una medida tan éticamente inaceptable como la indemnización económica a las víctimas a cambio de renunciar a la justicia, que era lo que en definitiva les interesaba. Y han insistido en que ciertos líderes algo intentaron para proteger a conocidos suyos que eran violentados, generando la molestia del jefe de los torturadores, lo que contrasta con la defensa gremialista acérrima del régimen de fuerza y de sus aparatos de represión, según se puede comprobar con una simple revisión de la prensa de la época.

La negación de hechos dolorosos, siempre según el sicoanálisis, permanece en el inconsciente individual y a la larga vuelve a manifestarse y provocar sufrimiento. Eso es parte de lo que pasa socialmente en Chile hasta hoy, con una variante que aumenta el trauma: el exasperante intento de transferir la responsabilidad de los victimarios a las víctimas. Leo el 2 de septiembre de 2013 (sí, cuarenta años después) al senador Espina de RN que declara: “Nosotros debemos ser claros en decir que la izquierda fue culpable de lo que ocurrió el 11”. Esto es trastocar de manera perturbadora la realidad histórica: los responsables del Golpe fueron los golpistas, no el gobierno que fue víctima del Golpe Militar ni sus partidarios. Sin ese punto de partida nunca será posible procesar civilizadamente nada en esta materia.

Que el contexto histórico influyó en la conducta de los actores políticos de la época, que todos fueron parte de la polarización y todo lo demás, por supuesto que es relevante (aunque muchos nos podrían ahorrar ahora sus perdones personales balbuciantes y televisivos que no vienen francamente al caso). La insistencia en el contexto es digna de discusión, incluyendo el análisis de los desórdenes políticos y económicos que el conflicto de la época agudizó al extremo, la fiereza y violencia de la oposición, el boicot norteamericano, las incoherencias de la UP, la expansión inmanejable de la demanda de consumo, la exasperación de las clases medias frente a la escasez, la ausencia de firme acotamiento de los cambios de propiedad, los desbordes de ocupación de pequeñas propiedades por la extrema izquierda, todos temas que el gobierno debiera haber enfrentado con una eficacia que no demostró. Todo esto fue más tarde objeto de interminables debates y autocríticas en la izquierda y ha sido una lección razonablemente aprendida. Pero este debate no debe esconder que quienes quisieron e hicieron el golpe fueron unos y quienes se opusieron a él e intentaron evitarlo fueron otros.Reconozcamos los hechos antes de hacer interpretaciones: a) hubo un Golpe de Estado cuyos autores fueron los golpistas que conspiraron y lograron conformar una Junta Militar e instigadores y cómplices que le prestaron apoyo (la derecha civil, la gran mayoría de la Democracia Cristiana, el gobierno de Nixon y la dictadura brasileña); b) este golpe tuvo como finalidad interrumpir violentamente el régimen de libertades propio de la tradicional democracia chilena, para algunos por tiempo indefinido, para otros temporalmente, y, c) hubo quienes lo apoyaron y hubo quienes lo rechazaron, empezando por el Presidente Allende —que prefirió soportar un bombardeo y finalmente suicidarse antes que rendirse a los golpistas— y por sus partidarios, así como por un Comandante en Jefe y un Director General, todos respetuosos de la Constitución (el Almirante Montero y el General Sepúlveda Galindo), así como por muchos oficiales y soldados que no dudaron en ceñirse a la tradición constitucionalista de las FF.AA en contra del golpismo militar. Los que no lo hicieron no pueden escudarse en que no tenían otra opción, porque sí la tenían, como lo demostraron con coraje parte de sus camaradas de armas.

Segundo, hay quienes combinan la negación o el intento poco ético de querer trastocar las responsabilidades con una variante: la idea de la legítima defensa. Lo más persistente sigue siendo atribuirle al Partido Socialista que preparaba desde 1967 una insurrección. Es cierto que una resolución en un congreso de ese año señaló que “las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada”. La idea simplista de que el Estado es burgués por esencia, que sus cuerpos armados siempre actúan a favor de los intereses de los privilegiados y de Estados Unidos, que inevitablemente reaccionan con violencia ante procesos de cambio que promovieran los intereses de la mayoría popular, estaba presente en el PS y en parte de la izquierda. La conclusión era procurar acumular una fuerza equivalente o superior a la del Estado para derrotar la fuerza armada de las clases económicamente dominantes. La guerra de Vietnam y el avance de las dictaduras militares en América Latina (Brasil, Argentina, Bolivia, entre muchas) abonaban este análisis que creía que un golpe vendría a la brevedad en Chile.

Pero prevaleció otra respuesta, la de que en Chile tenía sentido que la izquierda recorriera el camino democrático, argumentando que las FF.AA. tenían un componente constitucionalista, que no necesariamente estaban al servicio de la clase burguesa o del imperialismo externo, y que se debía construir mayorías en contextos institucionales para hacer avanzar unos cambios que Eugenio González llamada “revolucionarios en sus fines y democráticos en sus métodos”, básicamente una reforma agraria, una nacionalización del cobre y crear una industria nacional para sustentar mejorías del nivel de vida de la mayoría popular. Se trataba del proyecto del socialismo histórico chileno expresado en el programa de 1947, encarnado por González y Ampuero, y que Allende sintetizó en 1971 en la idea de la “vía chilena al socialismo”. De hecho, en el PS, ya en 1967 no prevalecieron sus sectores “trotskistas” o guevaristas, pues eligió para dirigirlo al experimentado parlamentario Aniceto Rodríguez, cuya tarea no fue organizar la lucha armada sino, con éxito, una política consistente en persistir en la vía legal para alcanzar democráticamente el gobierno, con una amplia alianza con pleno respeto de las normas constitucionales. Desde 1971, el sector reformista fue desplazado, el PS pasó a promover el “avanzar sin transar” y mantuvo una estructura armada de poco alcance que proveía protección al presidente Allende (el GAP) y a algunos de sus dirigentes, bajo control del sector llamado ELN, ajeno a conductas ultraizquierdistas. En un contexto de gran tensión política, esto no significaba promover la lucha armada sino mantener una capacidad de autodefensa, que resultó ser bastante mínima (el MIR por su parte solo tenía una pequeña “fuerza central” con muy pocas armas), aunque abundasen las declaraciones de beligerancia y las expresiones de verbalismo revolucionario en el propio partido del presidente, lo que provocaba su recurrente irritación y le llevó a promover el reemplazo de la dirección en un congreso a realizarse en 1974. Esta retórica contribuyó a generar una percepción de amenaza inexcusable.

Pero no nos equivoquemos en el análisis: los que preparaban el Golpe de Estado no eran los socialistas ni la izquierda. La pretensión de que la responsabilidad de los actos propios es de terceros, es simplemente inaceptable desde el punto de vista de la ética pública. Lo es también en el derecho penal: el que asesina voluntariamente a alguien es objeto de atribución de responsabilidad, por mucho que el contexto explique su acto, incluyendo una eventual insoportable provocación de la víctima. El asesino es el asesino y la víctima, la víctima y la justicia debe actuar en consecuencia. Es la distinción entre justificar y explicar. El Golpe de 1973 tiene muchas explicaciones. Lo que no tiene es justificación, al menos, desde las convicciones democráticas. Distingamos entre ser responsable del Golpe, contribuir a la polarización y dar pretextos a los golpistas, de lo que el PS de la época sí es responsable y ha admitido a la postre formalmente. Una declaración de la Comisión Política en 2003 así lo hizo con claridad: del Golpe son responsables los que lo hicieron.

Estos construyeron en la época —y hay quienes todavía lo sostienen— el mito del Golpe de Praga que el PS y Allende habrían estado preparando. Se aludía no a la invasión soviética a Checoeslovaquia de 1968, como recientemente mencionó Allamand (basta mirar un mapa para darse cuenta de lo absurdo de la idea, no obstante utilizada en la campaña del terror de 1964 cuando se difundía que con Allende llegarían los tanques rusos a Chile, lo que provocó el quiebre de la amistad entre Allende y Frei), sino a la toma del poder por los comunistas checos que dominaban el gobierno en 1948 frente a una elección que iban a perder. En especial, Frei y Aylwin temían que el general Prats se prestara para algo que por lo demás ni el Presidente Allende, ni nadie en la izquierda, jamás le propuso, ni éste hubiera aceptado. Prats sí estaba dispuesto a destituir masivamente a los oficiales golpistas, a lo que Allende se negó porque consideraba que podía llevar a una guerra civil, según testimonio de Jaime Gazmuri en sus memorias, con lo que Prats terminó por renunciar, junto a una reacción frente a la deslealtad de muchos de sus generales.

El presidente Allende no podía estar más lejos de la idea de precipitar una guerra civil o un Golpe de Praga. Se aprestaba a llamar a un plebiscito el 11 de septiembre —lo que incluso llevó a Miguel Enríquez, advertido por Allende, a desmovilizar al MIR en los días previos— a propósito de la promulgación de una ley sobre áreas de propiedad (llamada Hamilton-Fuentealba) sobre la que había ejercido un veto. Hecho a tiempo (hubo una demora en la respuesta del PC, que fue positiva, contrariamente a la del PS), el anuncio hubiera evitado probablemente el Golpe. Éste se adelantó por los conspiradores, a los que se sumó a última hora Pinochet, para evitar una salida política que se hubiera encaminado a partir del discurso de Allende previsto para el martes 11 en un acto en la Universidad Técnica del Estado. Este adelantamiento no se produjo, como lo señala una cierta leyenda, por la irritación provocada por el senador Altamirano al reconocer que había sostenido una reunión con marinos antigolpistas. En caso de derrota en el plebiscito, lo que era probable, esto hubiera llevado al Presidente Allende a renunciar y a convocar a una nueva elección. Allende buscó hasta el final una salida política para evitar el Golpe Militar.

La lógica del Golpe de Praga y el mito de los miles de guerrilleros extranjeros fue, por su parte, la justificación de la mayoría DC para justificar entonces el Golpe: “El gobierno de Allende, movido sobre todo por el afán de conquistar de cualquier modo la totalidad del poder, había agotado en el peor fracaso la llamada vía chilena al socialismo y se preparaba para consumar un autogolpe de fuerza que habría sido terriblemente despiadado y sangriento, para instaurar una dictadura comunista”, según un documento del Consejo Nacional del 27 de septiembre de 1973. Esto fue reconocido más tarde por el Presidente Aylwin en su libro de 1998 como un error de hecho: “Aunque las irresponsables amenazas públicas de algunos líderes izquierdistas, sus simpatías con el régimen cubano, la existencia de brigadas populares armadas y la cercanía de algunos jefes militares al gobierno de entonces daban pábulo a esa opinión, los hechos demostraron que ese temor carecía de todo fundamento”. De paso, mencionemos que los archivos soviéticos dejan en clara evidencia que la URSS no apoyaba que en Chile se constituyera un gobierno satélite y que no podía sostenerlo.

Nadie en la izquierda estaba preparando un Golpe. Nadie. Algunos se prepararon para resistirlo, y me incluyo entre ellos, aunque era un adolescente militante del MIR de 16 años, pero esa es harina de otro costal. Hasta donde conozco, esto ocurrió puntualmente sólo en La Moneda —donde resistieron 27 personas el bombardeo—, en un par de fábricas de los cordones Vicuña Mackenna y Cerrillos, en la población la Legua, en Renca, en Valparaíso y en Macul, donde me encontraba, con medios patéticamente desiguales. A partir de ahí, los golpistas y sus cómplices transformaron a sus adversarios políticos (la izquierda política y social) en enemigos a eliminar por cualquier medio. Construyeron una idea de defensa propia —ellos o nosotros— frente a un supuesto diseño de exterminio, el completamente falso llamado “Plan Zeta”. Generaron el pánico en sus filas y, a partir de él, procedieron metódicamente al exterminio de la izquierda, sin tasa ni medida, brutalmente, asesinando, torturando, violando mujeres, encarcelando, exiliando.

Esos son los hechos. Negarlos o justificarlos no podrá ser nunca la base de una pacificación de los espíritus que dé lugar, poco a poco, a una superación del trauma y a una convivencia civilizada. Cuando las víctimas son designadas como responsables de sus sufrimientos por sus victimarios y por sus cómplices pasivos o activos, los que además los invitan a “reconciliarse”, estamos simplemente frente a una forma de perversión. No nos extrañemos entonces que las heridas no cierren. El camino por recorrer es aún largo para no quedar prisioneros de nuestro pasado. El dicho bíblico “solo la verdad nos hará libres” (Juan 8,32) es tal vez el que mejor resume, incluso para un ateo irremediable como el que escribe estas líneas, la tarea que a todos nos debe seguir convocando.

(Declaro para claridad de las cosas que no soy neutral frente a estos hechos, como ningún chileno que haya vivido esa época. Mi familia formaba parte de los partidarios del Presidente Allende. Por lo demás, mi padre fue su ministro de Planificación durante los tres años de la Unidad Popular, y heredé su testimonio de los esfuerzos incansables del Presidente Allende por evitar el Golpe. Mi padre participó en la redacción del discurso previsto para el martes 11 y fue parte de la discusión de escenarios en caso de perder el gobierno el plebiscito, de lo que también testimonia Joan Garcés. Sobre quien ejercía violencia en Chile en ese momento, puedo decir que la bomba puesta en nuestra casa familiar en la noche del 2 de septiembre, que destrozó una parte en la que me encontraba segundos antes, no fue puesta precisamente por la izquierda sino por los violentistas de derecha. Al rato llegó el Presidente Allende a solidarizar con mi padre y nuestra familia, en una escena para mi impresionante e indeleble. Al día siguiente, en una asamblea de mi colegio en que se discutía llamar a paro indefinido contra el gobierno, mencioné el bombazo y muchos lo aplaudieron. Así actuaban los adolescentes de derecha en esa época, azuzados por sus líderes. En todo caso, en mi colegio nunca lograron una mayoría para paralizar las clases, pequeño triunfo del que me siento hasta hoy orgulloso, aunque después del Golpe no pude volver a clases, claro. ¿Quién podrá convencerme, y como yo a tantos, que la violencia asesina no era de ellos, los golpistas, sino de nosotros, la izquierda?).