Pobreza y distribución del ingreso: Chile en la OCDE

La entrada de Chile en la OCDE tiene la virtud de homologar  la presentación y, esperamos, la calidad de nuestras estadísticas. Esto va permitiendo además hacer mejores análisis de la situación relativa de Chile y de sus desafíos en el camino al desarrollo. En estos días se ha conocido el informe anual de la situación social de los países miembros del organismo denominado “Society at a Glance” correspondiente a 2011. Este incluye por primera vez datos de Chile, en especial los correspondientes a gasto social, distribución del ingreso y pobreza. Con datos de 2006 para Chile y 2007-08 para el resto de los países, la OCDE confirma que Chile tiene la peor distribución del ingreso entre las 34 naciones consideradas, incluyendo México y Turquía, cuyos niveles y estructura de desarrollo son más cercanos al nuestro. El coeficiente de Gini, que oscila entre cero y uno (con el valor uno, la concentración del ingreso es absoluta en una unidad de ingreso, mientras el resto no recibe nada; con el valor cero esta se distribuye igualitariamente entre todas las unidades de ingreso) es una de las medidas canónicas en la materia y muestra un valor para Chile de 0.50, mientras el promedio OCDE es de 0.31 y el de Estados Unidos es de 0.38. La buena noticia es que la distribución del ingreso mejoró en una década, pues en 1996 el coeficiente era todavía mayor (0.53).
Algunas precisiones metodológicas que es bueno tener en cuenta: el coeficiente de Gini para los ingresos monetarios (ingresos autónomos más subsidios monetarios de los hogares, sin considerar el número de miembros) es de 0,53 en la CASEN 2006, un poco superior a lo calculado por la OCDE en base a la misma encuesta.  ¿Dónde están las diferencias? Esta entidad internacional realiza el análisis de la concentración de ingresos en base al “ingreso disponible”, que es diferente al nuestro, corregido por el tamaño del hogar con una escala de equivalencia, lo que nunca se ha hecho en Chile. Se mide el ingreso disponible como los ingresos monetarios de los hogares (sin tomar en cuenta la imputación por arriendo de los propietarios que ocupan una vivienda o la producción doméstica, como en el caso de Chile) descontando los impuestos directos (a la renta y otros) y las cotizaciones sociales de los trabajadores y considerando las transferencias monetarias. Se considera la repartición de ingresos entre las personas que viven en el seno de hogares privados (fuera de instituciones), cada uno viéndose atribuir el ingreso del hogar en que vive y el ingreso es 'ajustado' en función de un parámetro común entre países para reflejar las diferencias en las necesidades de los hogares según su tamaño (ingreso por 'unidad de consumo'). En este caso, se trata de la raíz cuadrada del tamaño del hogar: por ejemplo, las necesidades de un hogar compuesto por cuatro personas representan el doble de las necesidades de un hogar compuesto por una sola persona (la escala de equivalencia por persona es de 0,5). Se excluye los servicios en especie provistos a los hogares por el gobierno y entidades privadas, los impuestos al consumo y los ya mencionados flujos de ingresos imputados por propiedad de la vivienda. Se evita de esta manera cálculos con poca información, o directamente arbitrarios, como lo que Mideplan hace en Chile para algunos cálculos de distribución del ingreso: imputa gastos de gobierno (por ejemplo algunos de educación y salud) de carácter progresivo, pero no los de carácter regresivo (por ejemplo educación superior o pensiones), lo que permite barrer debajo de la alfombra y presentar mejores datos, pero no hacer una apreciación apropiada de la situación.
Raya para la suma: lo menos que se puede decir es que en Chile queda mucho camino por recorrer en el esfuerzo por disminuir niveles de desigualdad que no tienen nada de inevitable. El camino recorrido por los países desarrollados para disminuir la desigualdad de mercado es a prueba de desmentidos neoliberales: construir estados de bienestar modernos suficiente y equitativamente  financiados. Mientras la media de gasto público social en 2007 era de 19,6% del PIB en la OCDE (y en el caso del país con gasto social más alto, Francia, era de 28,3% del PIB), en Chile era de solo 10,6%. La mitad. Más claro echarle agua.
Una última observación: la pobreza se mide en la OCDE en términos relativos (como un porcentaje de la mediana, es decir el valor que divide en 50% y 50% la distribución de una variable, en este caso el ingreso disponible), entre otras consideraciones para evitar las arbitrariedades a la hora de definir las líneas de pobreza y de los índices de precios que miden su evolución, lo que ha dado lugar a las polémicas recientes en Chile sobre la magnitud de la pobreza. La pobreza es a la postre una posición en la sociedad más que una medición frecuentemente equívoca de necesidades absolutas y del costo monetario de su satisfacción, medidas que sin embargo será siempre útil intentar tener para abordar las carencias de los peor situados en la sociedad y desarrollar las políticas de ayuda directa hacia ellos. El hecho es que en 2007-2008 la medición de la OCDE arroja que en promedio un 11,1% de la población de sus países miembros está en situación de pobreza, mientras sus estimaciones para Chile son de 20,2% en 1996 y de 18,9% en 2006. Chile tiene una pobreza relativa que es casi el doble del promedio de la OCDE. En la década considerada por la OCDE para Chile la pobreza bajó, pero no demasiado. También aquí nos falta mucho para alcanzar los niveles promedio de un país desarrollado.
Así, tal vez podremos entrar en una etapa de polémica mejor circunscrita en estos temas siempre controversiales, sobre la base de poder comparar, para bien o para mal, nuestra evolución en base a las metodologías de consenso utilizadas en el club de los países desarrollados. El ingreso de Chile a ese club gustó a muchos, pero ahora es posible que a varios les guste menos.

Sorpresas en el debate sobre las medidas sociales de Piñera

Uno de los grandes avances de la humanidad ha sido el desarrollo de la seguridad social, desde que el conservador canciller Otto Von Bismarck en la década de 1880, en la entonces recientemente unificada Alemania, tomara nota que el desarrollo del movimiento obrero hacía aconsejable pactar con sindicatos y empleadores mecanismos de mantención de ingresos de los trabajadores asalariados, primero con un seguro contra accidentes y más tarde seguros de enfermedad, de invalidez y de pensiones. Siguieron en el empeño, con velocidades y modalidades diversas,  la mayoría de los países europeos, pero también tempranamente Uruguay y Chile (con la creación del Seguro Obrero en los años veinte y del Servicio Nacional de Salud en los años cincuenta) y otros países de América Latina y el mundo, así como los Estados Unidos de Roosevelt y su New Deal. Después de 1945, especialmente en los países industrializados, los mecanismos de protección social se generalizaron, procurando otorgar subsidios de sobrevivencia y cubrir de modo universal los riesgos de no tener de qué vivir en caso de enfermedad o desempleo y desde luego en la vejez.  Estos procesos fueron rápidamente vistos como un “camino de servidumbre” por los ultraliberales seguidores de Von Hayek y Friedman, quienes recusaron lo que veían como una peligrosa hipertrofia del Estado. Promovieron la idea del Estado mínimo, de la privatización de la seguridad social y de la focalización extrema de la ayuda a los pobres, proponiendo un sistema, en el caso de Friedman, de impuesto a la renta no progresivo que financiase como contraparte un “impuesto negativo” que debiesen recibir solo las personas con más bajos ingresos. Estas ideas y sus mecanismos fueron en parte impuestos en la etapa dictatorial de 1973-1989 en Chile y muchos las asumieron como las nuevas sagradas escrituras, en especial  la derecha y sus medios de comunicación (es decir casi todos). Otros impulsamos en los gobiernos de coalición de la Concertación, con más o menos éxito, el avance hacia nuevas formas de seguridad social universal mediante el  plan Auge, el programa Chile Solidario, el Seguro de Cesantía, la reforma a las pensiones, el programa de apoyo a la infancia, entre otras reformas parciales que hubiésemos querido más amplias, en un contexto de ausencia de mayoría parlamentaria y, para ser francos, de…oposición interna de los neoliberales de la Concertación.

La derecha en campaña cruzó algunas fronteras ideológicas y tomó “compromisos sociales” que una vez conquistada La Moneda ha querido conservar para que no sea identificado su gobierno exclusivamente con los intereses empresariales. No es una novedad mayor y ha sido el caso de muchos gobiernos de derecha que procuran conquistar y mantener mayorías. Ventajas de la democracia. Así, Piñera se comprometió a ampliar a seis meses el sistema de permiso posnatal, a eliminar el 7% de cotización obligatoria en salud para los pensionados, y a establecer un “ingreso ético familiar” en respuesta al llamado de Monseñor Goic y la Iglesia Católica a establecer un “sueldo mínimo ético”. Ha pasado el tiempo, la oposición reclamó con justicia el cumplimiento de los compromisos  electorales y el gobierno ha terminado por enviar proyectos de ley o anunciarlos. Como es su rol, la oposición parlamentaria ha saludado lo que estima son avances sociales y criticado lo que considera son limitaciones de su extensión, especialmente frente a la promesa inicial. La sorpresa, si pudiera llamarse así, ha venido por el lado de algunos ex asesores y personeros del anterior gobierno, que han querido, lo cual es respetable, pero no por eso menos criticable, tomar la actitud de oponerse desde posiciones ultraliberales -que siempre han sido las suyas, hay que reconocerlo- al gobierno de derecha.

En el caso del posnatal, Eduardo Engel, por ejemplo, ha afirmado que no está probado que su extensión a seis meses tenga beneficio alguno y que además aumenta las dificultades de empleabilidad de las mujeres, argumentos del mismo tenor que los del instituto Libertad y Desarrollo. La recomendación expresa de la OMS es, sin embargo, la que sigue: “la lactancia materna exclusiva durante seis meses y la lactancia materna continua con una alimentación segura, apropiada y adecuada se recomiendan como una política sanitaria mundial tanto para los países desarrollados como para los países en vías de desarrollo”. ¿Cómo podría un progresista oponerse a ese objetivo, que tiene en un posnatal de seis meses un soporte indispensable? ¿Y por qué oponerse a la mantención de ingresos de las mujeres en el empleo durante el pleno período de la lactancia? A lo que los progresistas si se oponen es a la restricción del fuero maternal que incluye el proyecto de Piñera.

En el caso del llamado “ingreso ético familiar”, cuyos contornos exactos aún no se han definido pero que parece ser al final una ampliación de los beneficios monetarios del sistema Chile Solidario, Dante Contreras y Claudio Orrego se han opuesto a él en términos que hace tiempo no escuchábamos. Son los argumentos propios de la derecha de siempre, desde la discusión de las leyes de pobres en Inglaterra en el siglo 19 y sus casas de trabajo obligatorio, y de la derecha criolla de toda la vida: “nos parece un error apostar a acciones populistas vinculadas a la mera transferencia monetaria, sin poner un premio al que quiere trabajar. Una política de ingreso ético debe tener por primer objetivo la empleabilidad de la población, incentivando la generación de ingresos propios”. Las transferencias monetarias a los más pobres, incondicionales o de baja condicionalidad, son parte sustancial de los Estados de Bienestar modernos, incluyendo los construidos por la democracia cristiana europea, pues tienen que ver con el derecho a la subsistencia en medio de la opulencia de una parte de la sociedad. No es este el momento de cuestionarlos, sino de luchar por ampliarlos, como fue el caso de Lagos con el Chile Solidario, Bachelet con las Pensiones Solidarias y  Lula con el programa Bolsa Familia. Por lo demás, ¿de qué manera pueden generar ingresos propios los desempleados de larga duración, los niños, los ancianos? Y mientras los que pueden trabajar logran obtener un empleo, una vez agotado el seguro de cesantía, ¿deben morir de hambre? En este caso, lo pertinente no es oponerse a la ampliación de subsidios incondicionales en nombre de evitar la “dependencia” a la que se acostumbrarían los pobres, como si su pobreza no fuera incentivo suficiente para procurar mejorar su situación. Lo pertinente parece ser saludar que el programa Chile Solidario sea dotado con más recursos como expresión de un aumento de derechos, lo que no es contradictorio con reclamar programas más activos de inserción en el empleo.

En el caso de la eliminación de la cotización de salud para los pensionados, el gobierno incluyó abundantes restricciones que disminuyen mucho su alcance, lo que naturalmente le es reprochado al gobierno por la oposición, especialmente porque la promesa fue otra. Pero he aquí que de nuevo Engel y Contreras, pero también ex funcionarios como Velasco y Hunneus, firman un texto en el que recusan el financiamiento tributario de las prestaciones de salud y exclaman que “eliminar la cotización de Salud de 7% para los jubilados es dar un paso hacia la destrucción del sistema de protección social que Chile viene construyendo. Un sistema moderno de protección social es por esencia contributivo... Pretender operar un sistema de salud sin que los principales usuarios contribuyan es como hacer un asado de curso y exigirle al que pone la casa que también ponga la carne y el vino.” Se expresa aquí una pobre idea del altruismo y su contraparte, la reciprocidad. Pero en fin, el hecho es que muchos sistemas de salud se financian con contribuciones salariales y con…impuestos generales, que expresan la solidaridad nacional con los enfermos. La enfermedad puede alcanzar a cualquiera en cualquier momento. La probabilidad de enfermar es siempre superior a cero para todo el mundo, y la disponibilidad a pagar de todos por los que se enferman es alta, incluso cuando se es joven: los que se enferman pueden ser los propios padres. Por ello, el financiamiento tributario de la salud se practica en muchas partes. Cito un estudio comparativo de tres países, entre muchos otros (Li, 2006): “los gastos del gobierno general en salud como porcentaje del gasto total en salud son en Canadá, el Reino Unido y Taiwán (países que cubre el estudio) un 70%, 83% y 64% respectivamente. La mayor parte del gasto público en salud en los países seleccionados viene usualmente de los impuestos generales, que dependen fuertemente del impuesto al ingreso, a las empresas y a los bienes y servicios”. Este trabajo cita los principios, mantenidos hasta el día de hoy en el sistema británico, ni siquiera desmantelados por Margaret Thatcher: el National Health Service fue fundado bajo “el principio de la responsabilidad colectiva del Estado hacia un servicio de salud de amplio alcance (comprehensive), el que debe estar disponible para toda la población de manera gratuita en el lugar de acceso”. Nuestros neoliberales dirán: horror y, además, impagable. Ocurre que el sistema británico induce un gasto en salud de un 8% del PIB, contra un 15% en Estados Unidos, en el que reinaba, hasta la reciente reforma de Obama, la ley de la selva del mercado. De modo que establecer una “responsabilidad colectiva del Estado en salud” es legítimo y definitivamente moderno, mediante entre otras cosas su financiamiento a través de impuestos, como ya ocurre ampliamente con la salud pública en Chile, e incluso disminuyendo las cotizaciones de los pensionados por el Estado, cuando las pensiones son, como sabemos, muy bajas. Lo que pasa es que esto obliga a pensar en otras fuentes de financiamiento para ésta y otras tareas públicas, especialmente si consideramos que las cotizaciones salariales o sobre pensiones son regresivas dado que no consideran los ingresos sobre el capital, lo que siempre resulta enojoso para nuestros neoliberales, que por sobre todas las cosas siempre quieren un Estado pequeño, aunque sea a costa del bienestar de las mayorías y de la mantención de desigualdades inaceptables. Y siempre en nombre de "la ciencia", claro, en vez de sus propias opciones y juicios de valor.

La tarea de la oposición: repensar una visión de Chile

El gobierno de derecha va mostrando signos de desgaste, propios de los intereses que representa  y de un ejercicio individualista del poder que, al parecer,  empieza a ahogar hasta a su propia coalición. La oposición debe ahora proponerse volver a ser alternativa sobre la base de rediscutir con los ciudadanos su visión de país, no pontificando sino con diálogo y cultivando la diversidad que le es propia, la que no solo no le debe impedir actuar en conjunto sino ser parte de su visión de Chile como país plural.
La izquierda progresista debe proponerse, por su parte, fundar un nuevo proyecto de transformación democrática e igualitaria en las condiciones del Chile actual que sea una auténtica mejoría respecto al modelo de capitalismo neoliberal instaurado después de 1973 y que ahora se propone remozar en nuevas condiciones el gobierno de Piñera. Y también respecto a los cambios realizados en los 20 años de Concertación. A pesar de innegables avances, esta no logró plasmar instituciones cabalmente democráticas (en ninguna democracia la minoría tiene un poder de veto como en Chile, lo que anula la soberanía popular), disminuir las desigualdades de ingresos y de oportunidades ni consagrar un Estado Democrático y Social de Derecho propiamente tal. Lo que en su momento fueron limitaciones propias de una transición pactada, que debían ser superadas en base a un proceso de acumulación de fuerzas y de persistente pedagogía política, se transformó en acomodo descarnado frente a la democracia restringida que concibió la derecha autoritaria al amparo de la dictadura militar y luego logró mantener en diversos aspectos mediante su veto a cambios constitucionales y de régimen electoral suficientes después de 1990. Esa victoria institucional, fruto de una debilidad de la convicción política y de la reconversión de algunos a la religión de los consensos e incluso en “agentes del mercado”, permitió a la derecha cautelar un poder económico cada vez más concentrado, solo compensado por contrapesos regulatorios y de política social importantes y que deben ser defendidos con energía, pero magros frente al objetivo de avanzar hacia una democracia social en forma.
 La nueva democracia a construir debe ser el espacio y límite de la acción en favor de los derechos de los que viven de su trabajo, de los derechos de la mujer, de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos de las nuevas generaciones a que no se destruya el medio ambiente, así como de los derechos de las minorías sexuales. Esta democracia debe ser participativa, con una fuerte democracia local y regional, en una sociedad pluralista en la que se cultive la tolerancia de las ideas ajenas y se respete las reglas del juego democrático, en el gobierno y en la oposición, con ciudadanos informados -que tengan  a su disposición medios de comunicación plurales- llamados a dirimir periódicamente las opciones e intereses presentes en la sociedad en base al principio de mayoría y de respeto de las minorías. Toda izquierda auténtica es contraria a la dominación burocrática y a la hipertrofia del Estado y defiende el ejercicio de las libertades como condición para conquistar derechos igualitarios y un orden social justo y jamás se niega al diálogo con los propios, con los cercanos y, en determinados casos, especialmente para discutir reglas del juego democrático, incluso con los adversarios.
 La visión de la izquierda moderna debe afirmar, frente a los que hicieron de necesidad virtud,  que considera obsoletas las instituciones de la transición y que luchará por una nueva Constitución con una visión de desconcentración del poder y de control por la sociedad de los órganos del Estado y del poder económico. El parlamento debe fortalecerse y componerse de un modo congruente con la orientación del ejecutivo mediante un sistema electoral que refleje a las mayorías, que represente a las minorías políticas significativas y que consagre un mecanismo de primarias para la selección de candidatos en los partidos y coaliciones. La tarea es cambiar las instituciones parlamentarias heredadas para dejar atrás el sistema de acuerdos entre las directivas partidarias para repartirse el poder (más allá de las intenciones individuales de los dirigentes: el que esto escribe puede dar testimonio al respecto), de empate y negación de la soberanía popular y de sus opciones mayoritarias. Esto ha sido una fuente de parálisis política que ha anulado la agenda de transformaciones sociales y culturales de la izquierda y de alejamiento de la opinión pública de la que debiera ser su principal institución representativa, el parlamento. A la vez, debe confiarse en el diálogo social y establecerse mecanismos periódicos y amplios de debate y acuerdo entre gobierno, trabajadores y empleadores para deliberar sobre las opciones de política pública en materia económico-social.
Como parte del avance progresivo a una democracia participativa y descentralizada, una nueva Constitución debe reconocer que el espacio institucional regional y local debe robustecerse para obtener más autonomía en los asuntos que le competen, elegirse democráticamente y establecer el mecanismo de primera y segunda vuelta para elegir alcaldes y presidentes de gobiernos regionales.
La visión de izquierda moderna no puede seguir sometiéndose al veto conservador que se niega a reconocer que las mujeres tienen derechos igualitarios y además derechos que les son específicos, entre los cuales está el derecho a la interrupción del embarazo cuando así lo aconseje su salud física y mental, y desde luego en caso de violación e incesto. Los conservadores tampoco aceptan la libertad de preferencia sexual y el respeto que todo ser humano merece más allá de sus opciones individuales en tanto no dañen a otros. El derecho a no ser arbitrariamente discriminado en materia social, sexual, de género y condición étnica no debe de aquí en adelante  ser subordinado al juego de las alianzas políticas con el centro conservador y sus vetos arbitrarios.
La izquierda moderna que ahora debe emerger debe dejar de someterse a las ideas neoliberales. Debe cesar de ser una mera defensora vergonzante de la economía de mercado, a la que algunos se han arrimado por un pragmatismo inaceptable. Nadie con convicciones de izquierda, por tenues que estas sean, es partidario de la economía de libre mercado: esa es simplemente una contradicción en los términos. Ha habido una izquierda centralizadora y burocrática: ha sido condenada por la historia. Las izquierdas democráticas han promovido una economía mixta, con un rol productor y regulador del Estado más allá de los mercados, y deben seguir haciéndolo con una visión moderna y universalista. La derecha es la que defiende el capitalismo (entendido como el dominio concentrado del poder económico sobre la sociedad y la política) y  promueve políticas neoliberales de minimización del Estado y de negación del interés general a través de la mercantilización generalizada de la vida colectiva, en la que termina prevaleciendo el más fuerte. Y a ese sistema y a esas políticas es contraria la izquierda moderna y también el progresismo de centro que defiende la distribución equitativa de la riqueza y los ingresos, la protección social frente a los riesgos y la defensa de la naturaleza. Los mercados no deben suprimirse, pero deben funcionar en beneficio del interés general y en el de las futuras generaciones. Cuando no es el caso, deben ser regulados y controlados por las autoridades públicas democráticas y por la sociedad organizada.
Para la oposición, reafirmar valores, contrastarlos lealmente cunado estos difieren y reconstruir una visión de un Chile plural es una de las tareas prioritarias para que el actual gobierno sea un paréntesis. Pero un paréntesis entre una larga transición imperfecta y un nuevo proceso de acelerado avance hacia una democracia social moderna. Volver a más de lo mismo no debiera tener sentido para nadie.