Entrevista a Gonzalo Martner, El Mostrador

Durante reunión privada Disidencia PS pide a Escalona comprometerse a luchar contra la corrupción,

por El Mostrador.cl

Gonzalo Martner, ex presidente y representante de la tendencia Nuevo Socialismo, dijo que la idea es lograr que la directiva del partido se comprometa a combatir las prácticas irregulares en el servicio público. Además, negó que el sector opositor a la conducción haya pedido ingresar a la mesa. Una reunión para analizar el conflicto que hay en la Concertación por el escándalo de Chiledeportes y el caso del Programa de Generación de Empleos (PGE) de la Quinta Región, donde la Fiscalía de Valparaíso acusó a tres personeros de esa colectividad respecto al desvío de fondos públicos a campañas políticas, tuvieron el viernes pasado parte de la mesa directiva del Partido Socialista (PS) y dirigentes de la disidencia, encabezados por la diputada Isabel Allende. En la ocasión, según contó uno de los asistentes, Gonzalo Martner, del "lote" de Allende, quienes en las últimas elecciones internas sacaron casi un 40 por ciento de los votos, planteó la necesidad de que haya un compromiso real de la mesa directiva del PS contra la corrupción, considerando que las investigaciones en ambos casos siguen su curso y hay temor a que más personeros socialistas puedan ser involucrados en eventuales irregularidades próximamente.

“Nosotros planteamos con mucha fuerza y franqueza que aquí se requiere hacer una ruptura y establecer un antes y un después en cuanto al compromiso de una lucha común contra la corrupción y el clientelismo...", dijo Martner, recordando que en la ocasión se le entregó a la directiva de Camilo Escalona un código de conducta para los funcionarios socialistas. Consultado si durante el encuentro se planteó la necesidad de que la disidencia pueda ingresar a la mesa, Martner lo negó tajantemente, indicando que la voluntad de la tendencia “Las Grandes Alamedas” no es tener cargos en la conducción sino que lograr un compromiso real del presidente del partido para combatir la corrupción.

-¿Cuáles fueron las visiones que su sector planteó durante este encuentro, que fue un día después que el PS realizara su pleno del Comité Central el sábado recién pasado?

-Bajo la idea de que siempre es bueno dialogar, en especial, cuando hay una situación que es tan difícil, porque las bases políticas mismas de la coalición están en entredicho por una cuestión muy esencial que es la pérdida de legitimidad que tiene que ver con que se han incubado en estos años prácticas de clientelismo, tuvimos este encuentro. Ahora bien, consideramos que existe un cuadro muy crítico al interior de la Concertación, como es el caso del PPD, que es un partido cercano al PS, y también las tensiones que hay en la Democracia Cristiana. Ante eso nos pareció muy útil tener una conversación de evaluación de la situación y al mismo plantear con mucha franqueza y fuerza que aquí se requiere hacer una ruptura y establecer un antes y un después en cuanto a concretar un compromiso común de la lucha contra la corrupción y el clientelismo.

Código de conducta

-¿En ese sentido, entregaron una propuesta a la mesa?

-Entregamos una propuesta sobre un código de conducta que deben tener funcionarios socialistas, considerando también lo que pasó en la comisión política pasada, donde hubo un duro debate sobre el tema y se gestó un fuerte compromiso de todos en cuanto a las posibles sanciones que puedan recibir los eventuales involucrados.

-¿En esa conversación se vio la posibilidad de que el sector liderado por la diputada Allende pueda ingresar a la mesa del PS, considerando que también surgió el tema en el comité central pasado?

-Nosotros no estamos pidiendo nada, al contrario. Lo que estamos pidiendo es una conducta política porque ellos son la mesa y deben actuar. Lo que hicimos fue manifestar nuestra disposición a, si hay concordancia para ello, hacer del PS una fuerza que se comprometa de manera muy real en la lucha contra la corrupción y el clientelismo, clientelismo que le reprochamos a la actual mesa. Esta se comportó completamente clientelista, pues buscó copar espacios del Estado, y se lo dijimos francamente, no para el bien colectivo sino que para ocupar posiciones y ese es el cuestionamiento que hemos dicho: Mire, no nos queremos quedar en críticas, sino que queremos generar una dinámica de cambio y lograr lazos comunes para tener un compromiso sólido en esta materia y por lo mismo trabajemos juntos. Pero le hemos dicho también a la mesa que le corresponde a ella tomar la iniciativa que crea pertinente, si es que están dispuestos a asumir estos compromisos.

-¿En definitiva, la mesa está evaluando o no la posibilidad de incluirlos a ustedes en la mesa?

-No porque nosotros no lo hemos planteado. Nuestro tema es que el partido se comprometa a una lucha fuerte contra la corrupción y si ese compromiso existe, estamos dispuestos a todos los gestos unitarios que se nos pidan.

-¿Pero en el comité central del PS se vio el tema?

-Lo principal es hacer primero los compromisos y después vemos cómo los cumplimos entre todos juntos. Nosotros estamos dispuestos a dar señales de unidad si es que el compromiso contra la corrupción es fuerte del PS. Y si eso no es así nosotros vamos a luchar sin restricción porque aquí está en juego el honor del PS y su historia.

Una proposición

Proposición de Código de ética para los titulares de cargos públicos pertenecientes al Partido Socialista de Chile


1. Los titulares socialistas de cargos públicos serán ante todo leales a los intereses públicos definidos por las instituciones democráticas.
2. Los titulares socialistas de cargos públicos velarán por que los recursos públicos de que sean responsables se administren de la manera más eficaz y eficiente y desempeñarán sus obligaciones y funciones con integridad, conforme a las leyes y las normas administrativas.
3. Los titulares socialistas de cargos públicos serán diligentes, justos e imparciales en el desempeño de sus funciones y, en particular, en sus relaciones con el público. En ningún momento darán preferencia indebida ni discriminarán impropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán de modo alguno del poder y la autoridad que les han sido conferidos.
4. Los titulares socialistas de cargos públicos no utilizarán su autoridad oficial para favorecer indebidamente intereses personales o económicos propios o de sus familias.
5. Los titulares socialistas de cargos públicos no utilizarán indebidamente en ningún momento dinero, bienes o servicios públicos o información adquirida en el cumplimiento o como resultado de sus funciones públicas para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales.
6. Los titulares socialistas de cargos públicos acatarán las disposiciones establecidas con arreglo a la ley o a las normas establecidas con miras a evitar que una vez que hayan dejado de desempeñar sus funciones públicas aprovechen indebidamente las ventajas de su antiguo cargo.
7. Ningún socialista podrá ejercer influencias ante las autoridades públicas en favor de intereses económicos privados y los titulares socialistas de cargos públicos deberán rechazarlas en todo momento y circunstancia.
8. Los titulares socialistas de cargos públicos deberán, en consonancia con su cargo, y conforme a lo permitido o exigido por la ley, cumplir los requisitos de declarar o revelar sus activos y pasivos personales, así como, de ser posible, los de sus cónyuges u otros familiares.
9. Los titulares socialistas de cargos públicos no solicitarán ni recibirán directa ni indirectamente ningún regalo u otros favores que puedan influir en el desempeño de sus funciones, en el cumplimiento de sus deberes o en su buen criterio.
10. Los asuntos de carácter confidencial con incidencia económica de que tengan conocimiento los titulares socialistas de cargos públicos se mantendrán en secreto a menos que la legislación o las necesidades de la justicia exijan lo contrario. Tales restricciones seguirán siendo válidas tras el abandono de la función pública.

El incumplimiento, calificado por el Tribunal Supremo, de cualquiera de estas normas estará sometido a lo establecido en el Artículo 7 letra d) del Estatuto.

Distinciones necesarias

La constatación por la Contraloría del uso incorrecto e ilegal de recursos en un organismo público y de irregularidades en las rendiciones de cuentas de algunos candidatos en las elecciones del año pasado vienen creando, al sumarse a episodios anteriores, un fuerte y en muchos sentido deprimente impacto mediático. Por momentos, pareciera que el país se derrumba bajo el peso de una corrupción generalizada. Al mismo tiempo, Chile aparece en el listado de Transparencia Internacional en la mejor posición de América Latina en materia de probidad y la número veinte en el mundo. ¿Con cual de las dos imágenes quedarse?
Existe un lamentable pero explicable interés de utilización partidista de los temas de corrupción, pero ya no solo de la oposición sino, lo que es menos entendible, al interior de la propia coalición de gobierno y también al interior de la derecha. Esto genera una profusión de acusaciones que no ayudan a separar la paja del trigo. A ello se suma la hipersensibilidad ciudadana sobre el tema, lo que habla de la persistencia de un rechazo genérico a la política, pero sobre todo habla muy bien de los valores cívicos imperantes en el país, que no tolera que sus autoridades públicas desvíen los recursos colectivos para fines particulares (personales o partidistas), ni el tráfico de influencias, ni el clientelismo. Es muy probable que la arbitrariedad reinante en el mundo de las actividades privadas, las abusos de poder que se originan en los privilegios que provienen del dinero, acrecienten, con justa razón, la demanda del ciudadano común por honestidad intachable en el uso de los recursos públicos. Pero siendo la lucha contra la corrupción como andar en bicicleta (si no se pedalea, la caída es inevitable), hay que pasar del justo alegato a la acción permanente y persistente.
Lo primero es lo primero: nadie puede garantizar que entre centenares de miles de funcionarios públicos, miles de directivos y centenares de responsables del uso de recursos fiscales o de la aplicación de regulaciones, no se produzcan actos de corrupción bajo el imperio de la codicia, como tampoco se puede garantizar que no ocurra lo mismo en el sector privado. Lo que si el gobierno puede y debe hacer es garantizar una actitud: perseguir sin demora y con todo el peso de la ley todo acto de desvío para fines particulares de los recursos de todos o bien de trato de privilegio a intereses privados a cambio de dinero o de favores presentes o futuros, grandes o pequeños, y cualquiera sea su motivación. Nunca debe haber excusa para conductas reñidas con el interés público.
Lo segundo es eliminar de raíz la excusa de la motivación política: aunque a los ciudadanos no siempre les guste reconocerlo, porque consideran ilegítimo el uso de recursos de todos para la actividad política, esta tiene un costo. De manera austera, ese costo debe ser cubierto por recursos públicos, y así evitar el pretexto para el desvío de recursos fiscales o el trato de favor a privados para financiar campañas. En esto se ha avanzado pero debe prohibirse el inexplicable aporte legal de empresas a la actividad política. El incumplimiento de estas normas debe llevar a la pérdida inmediata del cargo que se ejerce.
Lo tercero es seguir disminuyendo drásticamente las “oportunidades de corrupción”, en especial, como me tocó personalmente hacerlo con los fondos regionales y municipales, terminar con la asignación discrecional de recursos (sin reglas de asignación, sin concursos, sin decisiones colegiadas, sin rendición de cuentas y expresión de causa) y vigilar con extremo celo las licitaciones, las compras públicas, las autorizaciones de actividad privada, las fijaciones tarifarias. Se trata de terminar con el clientelismo, de pasar de la discrecionalidad a las reglas ¿Porqué no acudir cada vez más a la sociedad, estableciendo comités de usuarios habilitados, además de los organismos oficiales de control, para revisar procedimientos y decisiones? Junto a revalorizar la virtud cívica, reemplazada por el desembozado predominio nuevo riquista del afán de lucro, el mejor remedio es: muchos ojos mirando la actividad pública, aunque haya quienes consideren que se rigidiza la gestión de gobierno, o que se abren espacios para la antigua costumbre nacional de acusar sin fundamento. A la larga, se gana más de lo que se pierde.
Lo cuarto es asegurar la igualdad de acceso a los cargos profesionales de la administración, mediante concursos anónimos basados exclusivamente en el mérito, restringir drásticamente los cargos de confianza política (que en democracia deben existir, pero en la cima de la jerarquía junto a colaboradores directos, es decir no más de 300 posiciones directivas) y asegurar normas objetivas de promoción interna, con una cultura de la evaluación permanente de los recursos humanos, pero sin la arbitrariedad constituida por los miles de cargos a contrata y honorarios, que son la fuente del clientelismo de nuestra actual administración.
La oposición debiera entender que estos son temas a situar por encima del debate contingente, entregar ideas y prestar su apoyo para preservar lo que sigue siendo cierto: en Chile hay corrupción, pero esta es perseguida, socialmente castigada y constituye la excepción, no la regla.