Una nueva educación republicana
Las pruebas realizadas con la OCDE revelan que los jóvenes chilenos de 16 años comprenden muy insuficientemente lo que leen y que sus habilidades de cálculo son precarias. En el caso de los colegios privados su formación deja también bastante que desear. La calidad de la educación es generalizadamente deficiente. Pero además es acentuadamente desigual.
Aún tenemos una sociedad en donde el itinerario de un niño en la vida está determinado casi irremediablemente por su punto de partida. Si se está en un contexto social y familiar donde la única opción es ir a una escuela municipal gratuita, sin haber accedido a la educación preescolar, y esa escuela municipal gratuita a su vez está inserta geográficamente en un tipo de espacio en donde sólo va a ser posible convivir con personas de condición marginal o precaria en su inserción económica y en su capital cultural, entonces la respuesta va a ser que probablemente el único destino posible es, en el mejor de los casos, terminar la educación media y muy difícilmente acceder a la educación superior, con una parte de cada generación que simplemente deserta de la escuela. Extremando el esfuerzo, un joven de familia de bajos ingresos y dotada de un bajo capital cultural tendrá la posibilidad de acceder a la educación técnica, hoy privatizada, devaluada, precaria y cara, aunque se ha establecido un importante sistema de becas financiadas públicamente.
Quien nace en un barrio acomodado, en una familia de ingresos altos, con capital cultural ya construido, irá a una buena escuela particular pagada y su destino más probable será llegar sin mayores dificultades a completar la educación media, acceder a una buena universidad y tener un camino asegurado de obtención de ingresos económicos sustancialmente más altos a los del promedio de la población.
Hoy no existen alumnos de ingresos altos en los establecimientos municipales. En los de tipo particular pagado solo existen alumnos de esta condición. El SIMCE 2005 revela que el rendimiento de los alumnos del grupo socioeconómico bajo es en promedio mayor en los establecimientos municipales que los de tipo particular subvencionado. No es el tipo de establecimiento el que explica las diferencias de rendimientos, sino el nivel socioeconómico de los alumnos.
La ausencia de oportunidades para los jóvenes de condición social modesta constituye a la larga una inmensa pérdida de desarrollo de talentos que se sustraen del aporte al bienestar colectivo. Pero la educación no disminuirá las brechas sociales mientras las desigualdades familiares sean tan importantes. La educación no es el gran factor de igualación que debía sustituir las políticas redistributivas, como se insistió por los neoliberales, sino uno de los mecanismos potenciales de igualación de oportunidades, junto a muchos otros, sobre la base de promover escuelas efectivas e integradoras que acojan a los niños de familias desfavorecidas en su capital cultural inicial y que se doten de capacidades de reforzamiento de la formación de estos niños.
Ampliar el derecho a acceder a escuelas pedagógicamente efectivas para los niños con mayor desventaja socioeconómica requiere mejorar la convivencia escolar y mantener el reforzamiento de insumos educativos escolares allí donde los logros son inferiores, pero aplicando más ampliamente la lógica de la discriminación positiva. Se debe continuar el esfuerzo de disminuir las brechas de rendimiento en educación básica y media con los Proyectos de Mejoramiento Educativo y los programas de reforzamiento de lecto-escritura y matemáticas y avanzando en el reforzamiento de la convivencia escolar, con mayor involucramiento de los padres y un mayor espacio para la creación artística y el deporte.
Se requiere también reestructurar los sistemas de subvención, de modo que la condición para recibir recursos públicos en todas las escuelas sea no sólo respetar los programas oficiales sino también no discriminar y hacerse cargo de niños de condición socioeconómica desmedrada y/o con dificultades de aprendizaje, reforzando el carácter público, republicano e integrador de la educación mediante un nuevo sistema de educación públicamente financiada bajo condiciones contractuales precisas. Donde haya recursos públicos no puede haber selección en la matrícula sino en función de los cupos disponibles de acuerdo a procedimientos de sorteo, con excepción de unos pocos liceos de alto rendimiento distribuidos en todo el país.
En el futuro, no deberá distraerse ningún recurso público (incluyendo las ventajas tributarias existentes que no se justifican para escuelas concebidas como negocios) al ámbito de la educación comercial y concentrar los recursos adicionales de los que el país disponga en la tarea de hacer de la educación pública una educación de excelencia e igualadora de las oportunidades.
La dispersión educativa que resultó de la municipalización escolar debe reemplazarse por una gestión escolar a cargo de las regiones orientada y supervisada pedagógicamente más fuertemente por el Ministerio de Educación.
Otorgar una subvención más alta a los niños de familias que reciben subsidios monetarios por otras carencias es una modalidad para estimular el cumplimiento de la obligatoriedad de los 12 años de educación establecida por el gobierno del Presidente Lagos. Cabrá evaluar si este mecanismo incitará a los establecimientos que rechazan a los niños en situación más precaria (que suelen tener menor rendimiento y más problemas conductuales) a incorporar a una parte de ellos. Si esto no es suficiente, habrá que fortalecer el sistema de cuotas de integración a cada establecimiento que reciba subsidios públicos, cuyo principio ha sido aprobado por ley en 2005. El sistema escolar público debe definirse por la Nación chilena como uno de los lugares de integración de niños y jóvenes de distintos orígenes sociales en el que se cultivan valores compartidos. Quienes deseen legítimamente otras opciones educativas, sujetas sin embargo a un currículo básico común, no deben reclamar el uso de recursos públicos, que deben reservarse a los fines públicos.
Aún tenemos una sociedad en donde el itinerario de un niño en la vida está determinado casi irremediablemente por su punto de partida. Si se está en un contexto social y familiar donde la única opción es ir a una escuela municipal gratuita, sin haber accedido a la educación preescolar, y esa escuela municipal gratuita a su vez está inserta geográficamente en un tipo de espacio en donde sólo va a ser posible convivir con personas de condición marginal o precaria en su inserción económica y en su capital cultural, entonces la respuesta va a ser que probablemente el único destino posible es, en el mejor de los casos, terminar la educación media y muy difícilmente acceder a la educación superior, con una parte de cada generación que simplemente deserta de la escuela. Extremando el esfuerzo, un joven de familia de bajos ingresos y dotada de un bajo capital cultural tendrá la posibilidad de acceder a la educación técnica, hoy privatizada, devaluada, precaria y cara, aunque se ha establecido un importante sistema de becas financiadas públicamente.
Quien nace en un barrio acomodado, en una familia de ingresos altos, con capital cultural ya construido, irá a una buena escuela particular pagada y su destino más probable será llegar sin mayores dificultades a completar la educación media, acceder a una buena universidad y tener un camino asegurado de obtención de ingresos económicos sustancialmente más altos a los del promedio de la población.
Hoy no existen alumnos de ingresos altos en los establecimientos municipales. En los de tipo particular pagado solo existen alumnos de esta condición. El SIMCE 2005 revela que el rendimiento de los alumnos del grupo socioeconómico bajo es en promedio mayor en los establecimientos municipales que los de tipo particular subvencionado. No es el tipo de establecimiento el que explica las diferencias de rendimientos, sino el nivel socioeconómico de los alumnos.
La ausencia de oportunidades para los jóvenes de condición social modesta constituye a la larga una inmensa pérdida de desarrollo de talentos que se sustraen del aporte al bienestar colectivo. Pero la educación no disminuirá las brechas sociales mientras las desigualdades familiares sean tan importantes. La educación no es el gran factor de igualación que debía sustituir las políticas redistributivas, como se insistió por los neoliberales, sino uno de los mecanismos potenciales de igualación de oportunidades, junto a muchos otros, sobre la base de promover escuelas efectivas e integradoras que acojan a los niños de familias desfavorecidas en su capital cultural inicial y que se doten de capacidades de reforzamiento de la formación de estos niños.
Ampliar el derecho a acceder a escuelas pedagógicamente efectivas para los niños con mayor desventaja socioeconómica requiere mejorar la convivencia escolar y mantener el reforzamiento de insumos educativos escolares allí donde los logros son inferiores, pero aplicando más ampliamente la lógica de la discriminación positiva. Se debe continuar el esfuerzo de disminuir las brechas de rendimiento en educación básica y media con los Proyectos de Mejoramiento Educativo y los programas de reforzamiento de lecto-escritura y matemáticas y avanzando en el reforzamiento de la convivencia escolar, con mayor involucramiento de los padres y un mayor espacio para la creación artística y el deporte.
Se requiere también reestructurar los sistemas de subvención, de modo que la condición para recibir recursos públicos en todas las escuelas sea no sólo respetar los programas oficiales sino también no discriminar y hacerse cargo de niños de condición socioeconómica desmedrada y/o con dificultades de aprendizaje, reforzando el carácter público, republicano e integrador de la educación mediante un nuevo sistema de educación públicamente financiada bajo condiciones contractuales precisas. Donde haya recursos públicos no puede haber selección en la matrícula sino en función de los cupos disponibles de acuerdo a procedimientos de sorteo, con excepción de unos pocos liceos de alto rendimiento distribuidos en todo el país.
En el futuro, no deberá distraerse ningún recurso público (incluyendo las ventajas tributarias existentes que no se justifican para escuelas concebidas como negocios) al ámbito de la educación comercial y concentrar los recursos adicionales de los que el país disponga en la tarea de hacer de la educación pública una educación de excelencia e igualadora de las oportunidades.
La dispersión educativa que resultó de la municipalización escolar debe reemplazarse por una gestión escolar a cargo de las regiones orientada y supervisada pedagógicamente más fuertemente por el Ministerio de Educación.
Otorgar una subvención más alta a los niños de familias que reciben subsidios monetarios por otras carencias es una modalidad para estimular el cumplimiento de la obligatoriedad de los 12 años de educación establecida por el gobierno del Presidente Lagos. Cabrá evaluar si este mecanismo incitará a los establecimientos que rechazan a los niños en situación más precaria (que suelen tener menor rendimiento y más problemas conductuales) a incorporar a una parte de ellos. Si esto no es suficiente, habrá que fortalecer el sistema de cuotas de integración a cada establecimiento que reciba subsidios públicos, cuyo principio ha sido aprobado por ley en 2005. El sistema escolar público debe definirse por la Nación chilena como uno de los lugares de integración de niños y jóvenes de distintos orígenes sociales en el que se cultivan valores compartidos. Quienes deseen legítimamente otras opciones educativas, sujetas sin embargo a un currículo básico común, no deben reclamar el uso de recursos públicos, que deben reservarse a los fines públicos.
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