¿Un capítulo que se cierra?
Tal vez el país se esté encaminando a un nuevo ciclo de estabilidad democrática. Esta afirmación puede sonar extemporánea, dados los tiempos que corren. Pero es un escenario posible si se considera una serie de premisas. Vamos por partes.
A la opción de dar una respuesta preferentemente constitucional a la crisis social de 2019 se agregó el enorme impacto desestabilizador de la crisis pandémica. Esto provocó un desgobierno económico durante la administración de Sebastián Piñera -que llevó en 2021 a una política monetaria y fiscal más expansiva que la de la de 1971, seguida de un ajuste desproporcionado- y luego a un desarrollo del proceso constitucional de manera azarosa, con una Convención elegida con voto voluntario y listas de independientes que hicieron saltar un debilitado sistema de partidos y con un supuesto sistema de cerrojo de 2/3 que terminó dando más poder a las posiciones extremas para llegar a ese altísimo quórum. La opinión pública se tornó más volátil que nunca. La parte que votaba partió dispuesta a experimentos y divertimentos, pero el voto obligatorio de salida terminó rechazándola, sumido en el miedo. La pandemia y un mayor repliegue hacia el mundo privado facilitaron el aumento del temor a las agresiones de la delincuencia y a la inmigración desbordada y caló el discurso nacionalista y de desconfianza hacia el Estado. En la etapa final del proceso de la Convención, se cristalizó la asociación de las desmesuras de formas y contenidos de 2021 con la voluntad de castigar los errores del gobierno juvenil que recién se había elegido. En estos cambios hay factores de todo tipo, pero desde luego un peso de la televisión del gran empresariado y el sustrato de una recesión económica que la tecnocracia de gobierno no supo o no quiso evitar. El resultado fue el rechazo el 4 de septiembre a la propuesta de la Convención, un fracaso catastrófico para los impulsores del cambio constitucional.
Luego se produjo en la precipitación un nuevo acuerdo en el parlamento en diciembre de 2022. En vez de haber asumido sus potestades constituyentes, se trasladó el proceso a un Consejo bastante interdicto pero que, al haber sido elegido con el mecanismo electoral distorsionado del Senado y en un clima de regresión conservadora, terminó dominado por una extrema derecha inicialmente contraria a todo cambio constitucional.
Una situación de los tres chiflados, en la que la extrema derecha (por algo es extrema) no pudo ceder a la tentación de hacer retroceder las libertades públicas y de asociación, los derechos de las mujeres, de los trabajadores, impedir la seguridad social en pensiones y salud, ampliar la privatización de las aguas y los bienes públicos a través de concesiones transables en mercados, incluyendo el litio, rebajar impuestos a los más ricos y estampar un Estado social sin contenido alguno y limitando la proporcionalidad de la representación parlamentaria sin paridad de género efectiva y aumentando los quorum de aprobación de leyes y reformas constitucionales. Las encuestas parecen reafirmar que existe una mayoría para rechazar este proyecto de la extrema derecha. Es de esperar que así sea.
¿Se habrá perdido simplemente el tiempo en la materia desde 2019?
Tal vez no, si se ha hecho el aprendizaje y logrado la comprensión que las constituciones democráticas deben reconocer la pluralidad de opciones de gobierno existentes en la sociedad y que se debe partir por no imponerla en un sentido u otro. Por el contrario, estas opciones deben dirimirse en elecciones libres y periódicas de gobernantes y representantes y eventualmente mediante referéndum, con separación y control de poderes. Es el escenario de las elecciones presidenciales y parlamentarias, y de las elecciones regionales y locales para los asuntos de los territorios. Que la constitución consagre un Estado democrático y social de derecho, que sea unitario y descentralizado, que proteja la propiedad pública sobre los bienes comunes y la resiliencia de los ecosistemas y la preservación ecológica, que subordine a los militares al poder civil y que reconozca derechos colectivos de los pueblos originarios, como elementos vertebradores de la convivencia colectiva, no supone establecer en ella ninguna medida de política específica. Antes bien, las constituciones deben garantizar derechos fundamentales, organizar los roles y controles de los poderes públicos y permitir en vez de prohibir la pluralidad de proyectos en su seno, siempre que respeten esos derechos fundamentales.
Lo importante ahora es juntar todas las fuerzas posibles y ganarle a la extrema derecha el 17 de diciembre. Y después habrá que debatir a fondo como se entiende la visión institucional democrática de la izquierda, porque desde el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 se ha ido por un camino de errores y confusiones reiteradas que nos tienen donde nos tienen.
Desde ya tiene sentido declarar que, si se rechaza el proyecto de la extrema derecha, nada impedirá al parlamento actual aprobar a la brevedad, en la enmendada constitución vigente, y por un quórum de 4/7 que no ha existido nunca antes, los 12 puntos de acuerdo entre gobierno y oposición de diciembre de 2022 que no estén incluidos en el texto actual. De ese modo se podría cerrar de manera rápida y consensual el tema constitucional durante este gobierno y legislatura y dejar a próximos parlamentos las modificaciones que sigan resultando necesarias.
