La invasión a Ucrania y las alineaciones internacionales

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Al condenar el intervencionismo norteamericano en América Latina, incluyendo el golpe de Estado de 1973 en Chile, así como el bloqueo por décadas a Cuba y desde 2019 a Venezuela, hay quienes creen que su deber es, además, apoyar todo lo que se oponga a Estados Unidos. La animadversión antinorteamericana, emocionalmente comprensible para todo chileno de izquierda, no debe llevar a desvaríos sin sentido, como la condescendencia con el actual arco de alianzas de la autocracia neoimperial rusa, incluyendo a las teocracias de Irán y Afganistán. Hay quienes incluso se suman a Vladimir Putin en su crítica cultural global a los países occidentales, olvidando que tanto la democracia como el socialismo y el progresismo son creaciones sociales e intelectuales que provienen de esos países. Para algunos prevalece el “cualquier cosa menos Estados Unidos” y su consecuencia mecánica: alinearse con los Maduros, Ortegas, Putines y Ayatolas de este mundo.

Aclaro que comparto la visión de quienes se han opuesto desde siempre a las políticas imperiales norteamericanas, incluyendo la que Estados Unidos ha mantenido desde la doctrina Monroe y el corolario Roosevelt hacia América Latina, que le llevó a emprender múltiples invasiones y a destrozar democracias como la chilena. Pero esta visión no es ni “anti” ni “pro” norteamericana per se, sino que juzga los temas internacionales caso a caso desde la no alineación y se orienta por la Carta de las Naciones Unidas, la voluntad de preservación de la paz entre las naciones, de la dignidad de la vida y el respeto por la autodeterminación de los pueblos.

Resulta, entonces, totalmente incongruente desde esa perspectiva apoyar a Vladímir Putin en su invasión a Ucrania hace un año. Se trata de un líder reaccionario, aliado a los grupos de oligarcas que dominan la economía, que reivindica a los zares y la Gran Rusia imperial y que ahora ha invadido un territorio como Ucrania que considera propio, a pesar de que Rusia reconoció expresamente su independencia y sus fronteras al firmar los tratados de 1994 y 1997.

El reproche antinorteamericano y antieuropeo en este caso es que el colapso interno de la Unión Soviética en 1991 indujo influencias occidentales ilegítimas sobre naciones históricas que recuperaron su independencia, como los países bálticos (Lituania, Estonia, Letonia, soberanos desde 1918) y Moldavia, integrados a la URSS en 1940 después del Pacto Mólotov-Ribbentrop de 1939, más Bielorrusia y Ucrania, en el oeste próximo a Europa, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán  el sur del Cáucaso y el este cercano a Asia. Y sobre otras que dejaron de ser tuteladas por la URSS, como ocurría desde la segunda guerra mundial, como Polonia, Hungría (invadida en 1956), Bulgaria, Checoeslovaquia (invadida en 1968 y que se dividió en Chequia y Eslovaquia), Rumania y diversas nuevas naciones de los Balcanes, que se sumaron en los años siguientes a la Alianza Atlántica compuesta por Europa Occidental y Estados Unidos, fraguada en la guerra fría contra la URSS. Pero esos países lo hicieron en uso de su soberanía recuperada y luego del pronunciamiento democrático de sus pueblos, sin mediar invasiones ni nada semejante. Los alegatos rusos sobre una influencia imperial histórica chocan contra el principio de autodeterminación de los pueblos.

No obstante, uno de los componentes no formales del nuevo equilibrio era que la presencia militar de la OTAN no debía extenderse a Ucrania ni a Bielorrusia, por su cercanía geográfica con la nueva Federación Rusa, a pesar de que ambos países fueron fundadores de Naciones Unidas como Estados independientes (aunque en la práctica no soberanos). La contrapartida del reconocimiento ruso de la soberanía ucraniana, incluyendo la península de Crimea, fue el retiro de los arsenales nucleares (un tercio de los existentes entonces en el mundo). Bielorrusia ha mantenido un régimen autoritario prorruso, pero Ucrania se inclinó al cabo del tiempo por buscar integrarse a la Unión Europea, lo que esta entidad demoró, hasta hace poco tiempo, para mantener una perspectiva de entendimiento paneuropeo con Moscú, mientras Alemania desarrolló una completa dependencia del gas ruso y múltiples relaciones económicas con Rusia, hoy puestas en cuestión por la invasión a Ucrania. La OTAN, en todo caso, no consideró ni considera hoy la inclusión de Ucrania en esa alianza militar para preservar un eventual entendimiento futuro con Rusia.

Ucrania vivió una crisis política en 2014 y una represión sangrienta de las manifestaciones populares proeuropeas, que culminó con la fuga no muy digna a Moscú del presidente prorruso, con una rápida normalización posterior de la democracia ucraniana en medio de una guerra interna con las provincias separatistas del este del país apoyadas por Rusia, hoy anexadas por la fuerza. Putin considera que nada de esto es expresión de una voluntad popular que se ha inclinado soberanamente hacia la pertenencia a Europa, sino un golpe de Estado promovido por los servicios secretos occidentales. Y decidió que iba a considerar a Ucrania en su conjunto, y no solo el este, como territorio histórico ruso a ser reconquistado y anexado progresivamente mediante el uso de la fuerza, desconociendo los tratados firmados después del fin de la Unión Soviética.

Esto no solo pone a Rusia contra el derecho internacional, y ha llevado a Finlandia y a Suecia a abandonar su neutralidad para incorporarse a la OTAN, fortaleciéndola, sino que vuelve a poner la guerra en Europa como método de resolución de las ancestrales y sangrientas disputas territoriales. A la vez, afianza la alianza entre Estados Unidos y Europa y liga el destino de Rusia a China, de la que pasará a depender en muchas dimensiones, empezando por la venta de su petróleo y gas. El sentido estratégico de este enfoque para Rusia es al menos discutible.

Putin divide ahora, además, al mundo en dos: “el de los valores tradicionales y el de los valores neoliberales”, en su búsqueda de alianzas con Irán y Turquía. Califica a la cultura occidental como “depravada” y rechaza el matrimonio igualitario y los colectivos LGTBI, que tienen en Rusia la prohibición legal de expresarse. En su último discurso a la nación, Putin ha llegado a decir: “Mirad lo que están haciendo con sus propios pueblos. La destrucción de la familia y de la identidad cultural y nacional. La perversión, el abuso de los niños, incluso la pedofilia, son norma, norma de vida. Y los sacerdotes son obligados a bendecir matrimonios entre personas del mismo sexo”. Rara vez se escuchan discursos tan reaccionarios en un jefe de Estado.

Los de la izquierda prorrusa contestan con el antiguo expediente de desplazar el argumento: más allá de Putin, lo que pasa es que Zelenski es un “neonazi” y por eso se justifica que Ucrania sea invadida. Esto es ridículamente falso, tratándose de un presidente emanado de elecciones libres, ruso parlante y proeuropeo, con un parlamento pluripartidista que lo controla, incluyendo partidos prorrusos. Es además un judío con parte de su familia exterminada en el Holocausto y cuyo abuelo fue un coronel del Ejército Rojo que luchó contra los nazis, al que Zelenski rindió homenaje como primer acto de gobernante. Y si lo fuera, lo que manifiestamente no es el caso, no se puede considerar como una causal para invadir a otro país y anexar partes de su territorio. Hoy Italia es gobernada por una mujer de ideología neofascista, pero eso no quiere decir que entonces ese país deba ser invadido.

Más vale usar un cierto método para orientarse en estos asuntos: estar siempre más cerca de los gobiernos democráticos, por imperfectos que sean, antes que de las dictaduras, como sea que se autodenominen, pues las dictaduras terminan invariablemente con la dominación ilegítima de una minoría sobre sus pueblos. Se puede admitir casos en que los países deban defenderse de agresiones y restringir algunas libertades temporalmente. Y también que es muy problemático que en diversas democracias gobiernen establemente sendas plutocracias capitalistas, como es en buena medida el caso de Estados Unidos, con una frecuente lógica de expansionismo económico agresivo.

Pero esas democracias incluyen una dinámica que, al elegir a los gobernantes de manera competitiva, logra límites a la sola búsqueda de hegemonía (la descolonización europea, los acuerdos de desarme nuclear, la normalización de Estados Unidos con China o el reciente intento de distensión de Obama con Cuba son ejemplos, aunque nunca exentos de consideraciones estratégicas). E internamente permiten mantener la separación de poderes para una cierta garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía, ir avanzando en la paridad de género, el respeto a las minorías, a las diversidades humanas y a las diferentes culturas, junto a dotar de sistemas de protección a los que viven de su trabajo.

Más cercanas aún se pueden considerar las democracias que han construido Estados de bienestar y mecanismos de redistribución de los ingresos y la riqueza, es decir, socializan aspectos de la vida en común para un mayor bienestar de la mayoría social. Y todavía mejor si avanzan ahora a la preservación de la naturaleza y la lucha contra el desorden climático, lo que no es el caso de Rusia y lo es de manera insuficiente en el de China. Esa es una escala de simpatías internacionales que podría ser digna de utilizarse.

Mencionemos, además, que ser parte de una nación independiente conlleva el derecho a no subordinarse a ninguna otra nación en particular, lo que se traduce en la idea de la no alineación como fundamento de la política exterior. No obstante, esta debe ser activa en la defensa de principios universales. Si bien cultivar las raíces propias tiene sentido, lo que lleva a propiciar en nuestro caso la cooperación latinoamericana, la condición humana y la defensa de su dignidad son, más allá de fronteras, de carácter universal.

Envenenar un Nobel, envenenar un país

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Pablo Neruda tuvo un recorrido singular con su país. Fue primero reconocido como una de sus voces de alcance universal, y apoyado por la democracia como funcionario diplomático. Pero luego fue parte de las tragedias del siglo XX en Chile. Ya siendo Senador, fue objeto de persecución y exilio por González Videla al ilegalizar el PC, que había ayudado a elegirlo presidente, incluyendo el aporte de Neruda ("el pueblo lo llama Gabriel"). En 1972 fue recibido de manera multitudinaria luego de obtener el Premio Nobel de Literatura el año anterior, en la huella de la insigne Gabriela Mistral. Pero ahora se confirma que, a los pocos días del golpe de Estado de 1973, fue envenenado, presumiblemente por agentes de la dictadura recién entronizada a sangre y fuego.

¿Por qué buscar asesinar a un hombre enfermo? ¿Para qué destrozar sus lugares, como pude verlo con estupor en la Sebastiana en Valparaíso, compartida por Neruda con Maria Martner y Francisco Velasco? Existe una explicación inmediata. La junta militar pensó que su palabra podía ser devastadora. Había tomado la decisión de viajar a México. Una inyección sospechosa le fue aplicada en una clínica y falleció el 23 de septiembre de 1973. Su chofer, que conoció el hecho, fue encarcelado en el Estadio Nacional.

También hay un contexto global en el que todo esto ocurre: la decisión de Nixon-Kissinger en 1970 (otra habría sido la actitud norteamericana con un presidente demócrata como Carter, que asumió en 1976) de impedir a toda costa que tuviera lugar la experiencia socialista en democracia de Salvador Allende. El argumento, expuesto en las memorias de Kissinger, y que hoy suena especialmente delirante, fue que había que evitar sus efectos posibles en Italia y Francia, que contaban con izquierdas que se podían inspirar en coaliciones como la de Allende y debilitar a la OTAN en plena guerra fría. Había que “hacer chirriar” la economía, en palabras de Nixon, fomentar una insurrección civil contra el gobierno democráticamente constituido y derrocarlo militarmente a la brevedad.

Internamente, la oligarquía tradicional y la derecha política —que tenía en su seno antiguos partidarios de instaurar una dictadura militar en Chile, como el grupo de Jorge Prat, Jarpa y otros— se volcó a pedir a Nixon-Kissinger su intervención para que Allende no llegara siquiera a asumir el gobierno. Agustín Edwards se entrevistó con ambos, y con el jefe de la CIA Helms, a días de haber ganado Allende la elección en 1970, con el fin expreso de obtener una intervención clandestina en Chile, pidiéndole a una potencia extranjera que hiciera todo lo posible por impedir que asumiera el gobierno democráticamente electo de su país. La coincidencia de intereses fue inmediata y Nixon ordenó una operación encubierta que terminó en el intento de secuestro y finalmente asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider. El diseño era aparentemente evitar que el Congreso ratificara la elección de Allende y nombrara a Alessandri, quien renunciaría y permitiría la reelección de Frei Montalva. o directamente intronizar una dictadura militar de ultraderecha. La actitud de Frei y de la derecha de la Democracia Cristiana en esos días frente a este plan tiene zonas grises, pero se sabe a ciencia cierta que mantenían desde los años sesenta vínculos y financiamientos de la CIA. A la postre, buscaron y obtuvieron el derrocamiento violento de Allende en 1973, aliados a la derecha civil, empresarial y militar y a militares cercanos que organizaron el golpe, como Arellano y Bonilla. El financiamiento norteamericano de todo el proceso insurreccional fue revelado por el Senado de Estados Unidos en el Informe Church.

El hecho es que Frei se negó a una salida democrática basada en un plebiscito y rechazó incluso reunirse con Allende, enviando a Aylwin a reuniones infructuosas, ante la petición en ese sentido del Cardenal Silva Henríquez y del General Prats, comandante en jefe del Ejército. El argumento esgrimido para negarse a un acuerdo es que prevalecía un desborde incontrolado del PS, el MIR y supuestas milicias extranjeras inexistentes, como reconoció mucho más tarde el propio ex presidente Aylwin en sus memorias. El general Prats se sorprendió con la expresa renuencia del entonces presidente del Senado para buscar una salida negociada a la crisis, con una ausencia de disposición a colaborar que Frei le manifestó en su casa en septiembre de 1970 a Allende en persona, aludiendo que su partido, el socialista, no le dejaría gobernar en los marcos de la democracia.

El hecho es dramático: estaba tomada desde mucho antes la fatal decisión de generar como fuera una crisis que llevara a un golpe militar, con un repliegue inicial y generación de tierra arrasada llamado “estrategia de los mariscales rusos”. La coalición insurreccional ya logró un primer éxito parcialmente en octubre de 1972 —con una paralización del país durante semanas— pero luego prevaleció el calendario electoral democrático. En marzo de 1973, el gobierno obtuvo el 44% de los votos en la elección parlamentaria, a pesar del agobio inflacionario y la escasez de productos en medio del bloqueo norteamericano y de perturbaciones productivas provocadas por el boicot interno, la reforma agraria y la creación de un sector industrial y comercial estatal con alta improvisación y desbordes en su ámbito de aplicación. A esto se sumó una fuerte presión salarial que expandió la demanda y la capacidad de consumo popular más allá de las capacidades productivas y de las divisas disponibles. Al no lograr una mayoría de dos tercios en el parlamento, la coalición golpista se volcó —incluyendo una vergonzosa declaración de ilegitimidad del gobierno por la DC y la derecha en la Cámara de Diputados— al violento desenlace del 11 de septiembre de 1973, precedido de una intentona el 29 de junio.

El plan del presidente Allende era dar curso a un plebiscito sobre las áreas de propiedad que dirimiera la crisis, con una elección presidencial posterior en caso de perderlo (Allende pensaba en el general Prats como candidato, ya como civil, de una coalición amplia, a lo que probablemente no es ajeno su asesinato en el exilio en Buenos Aires en 1974). Pero no encontró eco en la oposición a tiempo y tampoco en el Partido Socialista y otros partidos de gobierno. El PS se encontraba muy distanciado del presidente Allende, con una crítica global a su proyecto político (expresada en una larga carta final que no llegó a ser enviada al presidente). Pero no estaba planeando alguna acción insurreccional, más allá de la retórica de algunos grupos, sino a lo más providencias defensivas de muy bajo alcance, como se demostró poco después. Las reuniones de líderes de la izquierda con marineros a petición de ellos fueron para defender el orden constitucional, no para atacarlo, y así sucesivamente. Hay un hecho de perogrullo que los defensores del golpe se niegan a reconocer: nadie tenía tanto interés como la izquierda en mantener viva la democracia, consolidar los cambios sociales y evitar las consecuencias de una confrontación armada. Hay quienes dudan de la existencia de la propuesta de plebiscito del presidente Allende, que dramáticamente estuvo a punto varias veces de ser anunciado en los días previos al golpe, el que además se adelantó por esa razón. Sus detalles y partícipes, que conozco bien pues incluyen a mi propio padre, ministro del presidente Allende, están descritos con precisión por Joan Garcés, asesor directo del presidente.

Pero sigue habiendo algo insuficiente en toda esta explicación. ¿Por qué la oposición se negó a una salida mediante un plebiscito? ¿Por qué bombardear una y otra vez La Moneda con aviones de combate, defendida por unas 30 personas?

Al frente lo que había era una izquierda con unas pocas armas sin mayor parque, llevadas a un cordón industrial en Vicuña Mackenna y una población del sur de Santiago por el PS y sin quienes supieran usarlas, así como al bajo de Valparaíso por las alcantarillas. El MIR, movimiento al que pertenecí en la adolescencia, no disponía sino de muy pocas armas, que además no pudo utilizar el día del golpe por carecer de un plan preciso y de movilidad logística, y solo logró crear pequeños enfrentamientos en Santiago y Valdivia, con unas pocas armas de fuego y granadas hechizas, como las que estuve ensamblando el 11 de septiembre, muchas de las cuales no funcionaron. El PC no usó armas en esa fecha e internó cantidades significativas solo años más tarde. La lucha armada sí se hizo efectiva por parte del MIR y el PC, sin éxito y con grandes sacrificios humanos, pero para actuar legítimamente contra la dictadura, lo que es harina de otro costal.

Se impuso rápidamente por Pinochet la tesis de “metas y no plazos”, aunque Leigh se rehusó a una prolongación indefinida de la dictadura y fue destituido de la junta militar por ello en 1978, cuando el Ejército sometió a la Fuerza Aérea con el concurso de Matthei. Lo que triunfó fue un proyecto de restauración oligárquica que iba mucho más allá que desalojar por la fuerza un gobierno: se trataba de sacar del sistema político a las fuerzas impulsoras de las reformas agrarias, nacionalizaciones del cobre, áreas de propiedad social y participación popular directa en las decisiones. Más aún, se trató de cuestionar la propia idea de un Estado desarrollista, como el que se fue construyendo desde el primer alessandrismo y el Frente Popular. Para conducir esa refundación con apoyo de la cúpula militar, estaba disponible el grupo gremialista ultraconservador y el de los Chicago Boys.

Pero en definitiva hay una dimensión que sigue excediendo todas estas explicaciones. Volvamos a Neruda: ¿Por qué buscar asesinar un premio Nobel? Y agreguemos, a riesgo de quedarnos cortos: ¿Por qué asesinar brutalmente a Víctor Jara, preso e indefenso? ¿Por qué masacrar con corvos e incluso sacarles los ojos a prisioneros ya condenados a penas menores por consejos de guerra? ¿Por qué no solo derrotar sino que buscar exterminar a la izquierda, lo que se organizó de manera sistemática con la Caravana de la Muerte primero y la DINA después, con plenos poderes sobre la vida y la muerte, incluso de altos oficiales como el general Lutz? ¿Por qué las más de tres mil ejecuciones y desapariciones, incluyendo 205 niñas, niños y adolescentes, las horrorosas torturas, los abusos sexuales, las crueles desapariciones de cuerpos lanzados al mar o desenterrados para una segunda desaparición? ¿Por qué llegar en 1980 al degollamiento del sindicalista Tucapel Jiménez y el propio envenenamiento del ex presidente Freí Montalva, como ha confirmado la justicia, personas que habían apoyado el golpe?

Está en primer lugar la crueldad y paranoia del dictador. Pero debemos asumir que en la sociedad chilena afloró la violencia histórica de las clases dominantes, más allá de todo el cuestionable diseño del proyecto que encarnaba el gremialismo y los economistas de Chicago, por tortuoso e inaceptable que fuera. Muchos dirán que cada sociedad tiene su historial de violencias, e incluso mucho mayor que el de la sociedad chilena. La diferencia es que aquí se busca negarla o, peor aún, justificarla hasta el día de hoy, intentando hacer aparecer los errores de las víctimas como responsables de los horrores de sus victimarios, en una distorsión moral inaceptable.

Hay, en efecto, una violencia recóndita y oscura en nuestra historia que probablemente viene desde tan atrás como la colonización española, que marcó en todos los ámbitos la lenta conformación de la nación chilena, incluyendo la crueldad de sus procedimientos. El despojo de tierras y los intentos de esclavización como mano de obra gratuita o sujeta a un impuesto colonial, suscitaron la sacrificada y exitosa resistencia mapuche, al precio de muchas víctimas. Pero también de la muerte en batalla de dos gobernadores españoles (Pedro de Valdivia en 1553 y Martín Oñez de Loyola en 1598), hecho inédito en América Latina. Esta lucha se encaminó, también de manera muy inusual, hacia un acuerdo con la corona española, pues sucesivos “parlamentos” mantuvieron una paz estable digna de imitarse en la actualidad, solo rota por la oligarquía criolla a fines del siglo XIX al reiniciarse los despojos de tierras.

La violencia histórica incluye hechos como el asesinato por la espalda del patriota Manuel Rodríguez, el primer desaparecido, y el fusilamiento de los hermanos Carrera. La orden vino de O’Higgins, que vengó mediante el crimen ofensas y rivalidades. Las violencias siguieron Las violencias siguieron con la "guerra a muerte", como llamó Vicuña Mackenna a la cruenta etapa final de la lucha por la independencia entre 1819 y 1827 en el sur de Chile contra los realistas liderados por Benavides, Picó y Seniosaín, y luego contra los bandoleros Pincheira derrotados en 1932, con la guerra civil de 1829-1830 y la sangrienta victoria conservadora sobre los liberales, luego con el asesinato de Portales en 1837 en una rebelión militar contra la declaración de guerra a Perú y Bolivia, las guerras civiles de 1851 y 1859 contra el conservador Montt, y la de 1891 contra Balmaceda, en la que estuvo en juego el uso de los excedentes del salitre. La contienda terminó con los cuerpos de los comandantes del Ejército lacerados y amarrados a la parte frontal de una locomotora por la Marina vencedora, exponiéndolos cruelmente al entrar a Valparaíso, como consigna el Coronel Varela en sus memorias. Y con el suicidio del presidente Balmaceda para evitar que siguiera la masacre de sus seguidores. Su entierro fue clandestino, envuelto en un saco y llevado al cementerio de madrugada en una carreta, para evitar laceraciones a su cuerpo. Y luego, en el siglo XX, se produjeron las masacres de obreros de 1905 en Valparaíso, de 1906 en Antofagasta, de 1907 en la escuela Santa María de Iquique, de 1912 en Forrahue contra una comunidad Huilliche, de 1920 en Punta Arenas, de 1921 en la oficina salitrera de San Gregorio, de 1925 en las oficinas de Marusia y de La Coruña, de 1934 en Ranquil contra campesinos, de 1938 en pleno centro de Santiago contra jóvenes pro nazis ya rendidos por orden personal de Arturo Alessandri, de 1946 en la Plaza Bulnes, de 1962 en la población José María Caro, de 1966 en el mineral de El Salvador, de 1969 en Puerto Montt, lo que desemboca en las violencias de 1973-1989.

En la perspectiva de esta secuencia, se puede concluir que el país vivió entre 1994 y 2019, una vez controladas las asonadas pinochetistas y la acción de grupos armados de extrema izquierda, una época relativamente pacífica y con la menor intervención militar en la historia de la República, de lo que las nuevas generaciones, tan prestas a la descalificación del pasado reciente, debieran tomar nota. La rebelión popular multiforme de 2019, originada en la resistencia de la vieja y nueva oligarquía a disminuir las desigualdades y abusos, fue, en cambio, enfrentada con una represión mórbida, la que apuntó a los ojos de los manifestantes pacíficos y no pacíficos, en una actitud otra vez criminal (ahí están las numerosas víctimas, mientras puedo señalar que en una ocasión en Plaza Italia-Dignidad una bomba lacrimógena disparada verticalmente por un oficial pasó a centímetros de mi cabeza).

Se ha avanzado en conocer la verdad de la represión dictatorial (comisiones Rettig y Valech) y en someter a la justicia y condenar a múltiples responsables de crímenes, incluyendo los más recientes. Pero no se ha procesado como sociedad la violencia ancestral y la contemporánea. Peor aún, algunos todavía intentan justificarla, incluyendo el golpe de hace 50 años.

Nunca es tarde para procesar estos aspectos de nuestra historia, especialmente en una fecha simbólica. Y debe considerarse como emblema de la crueldad inexcusable la que atentó contra uno de nuestros mayores creadores, el Premio Nobel Pablo Neruda. Nuestro poeta fue calificado por Gabriel García Márquez como el más grande del siglo XX en cualquier idioma. No obstante, para nuestra vergüenza como nación, al término de su vida fue envenenado por orden de quien consideró a un insigne compatriota, militante, pero pacífico y amante de la vida, como un enemigo que debía ser exterminado. Al envenenarlo, envenenó a toda la sociedad. Eso es lo profundamente inaceptable de la tragedia de la violencia sectaria en la historia de Chile, que debemos esforzarnos en dejar atrás para siempre. El momento constituyente actual debiera terminar de consagrar, en homenaje al poeta y a todas las víctimas, el declarado respeto de los derechos humanos como fundamento de la República.

Las revoluciones y sus tragedias

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A propósito de la expulsión de 222 presos y presas por razones políticas en manos de la dictadura de Ortega-Murillo, cabe preguntarse qué pasó con la revolución nicaragüense, esa que reunió a un pueblo en una lucha insurreccional heroica contra una dictadura familiar entronizada desde 1937 y que culminó con éxito en 1979, dirigida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La contrarrevolución, con ingente apoyo norteamericano, no le hizo la vida fácil a la novel revolución, que mantuvo su promesa democrática y terminó derrotada en las urnas al cabo de una década. Esa derrota fue aceptada por el sandinismo, pero manteniendo el control de la policía y el ejército y al precio de una “piñata” que llevó a una parte del FSLN a la apropiación privada de bienes públicos. Otro sector, encabezado por Sergio Ramírez y Dora María Téllez, inició el rumbo de una disidencia de izquierda y democrática.

Daniel Ortega, uno de los comandantes de la revolución, logró poner fin al carácter colegiado del FSLN y terminó haciéndose con el poder luego de perder las elecciones de 1996 y 2001 y de ganar las de 2006. A pesar de una prohibición constitucional expresa, desde entonces ha sido reelegido en tres ocasiones, luego de obtener el control del poder legislativo y judicial mediante compromisos espurios con sectores de la derecha, de la Iglesia y del empresariado. En la última reelección, la de 2021, luego de la represión a las manifestaciones populares de 2018 que costó 350 muertos, se llegó a la caricatura tragicómica del encarcelamiento de todos los candidatos presidenciales opositores, los mismos que ahora Ortega expulsó y despojó de su nacionalidad acusándolos de “traidores a la patria”.

Ya no hay en el clan Ortega ideología alguna ni proyecto de sociedad que no sea el control y conservación del poder, que incluye la propiedad en manos de sus hijos y familiares de los principales canales de televisión y de diversas áreas de la economía, en uno de los países más pobres de América Latina. Salvo uno, los comandantes del FSLN de 1979 aún vivos no apoyan a Ortega. El legendario guerrillero y ex ministro de planificación Henry Ruiz considera, en una entrevista de 2019, que hay “una dictadura desgraciada liderada por Ortega" que es "la antítesis más horrible" de la revolución de la cual fue parte. “La revolución era para acabar con el somocismo, pero fuimos condescendientes con la corrupción que se daba en el gobierno, con el culto a la personalidad. Sobre el somocismo se montó el orteguismo. Daniel Ortega es un producto de lo que no fue la revolución".

El siglo XX fue testigo de la involución de algunas de las mayores revoluciones sociales hacia regímenes despóticos como espejo de los que derrocaron. La revolución rusa de 1917 devino en un régimen que no fue la dictadura del proletariado sino la de un partido único sobre el proletariado y, peor aún, en un régimen de despotismo del jefe de ese partido, Stalin, como un espejo del despotismo los zares. No trepidó en asesinar a casi todos los dirigentes de la revolución de octubre y a millones de personas para obtener el control autoritario de la economía y la sociedad y construir así un régimen burocrático que le sobrevivió pero terminó por colapsar por su propia ineptitud en 1991, aunque volvió a reconstruirse como régimen despótico y de agresión territorial por su actual gobernante, Putin.

La revolución sandinista evolucionó progresivamente en el siglo XXI, por su parte, hacia un régimen de dictadura familiar, con un nuevo clan que controla la totalidad del poder, como espejo caricatural del clan Somoza. Se cumplió en Nicaragua la ley de la historia según la cual si las instituciones políticas no evolucionan hacia la democracia (lo que pareció ocurrir cuando el sandinismo aún colegiado aceptó su derrota ante Violeta Chamorro en 1990 en las urnas) entonces las revoluciones sociales que se alzaron originalmente contra el orden oligárquico tradicional se transforman en nuevos órdenes autoritarios en manos de nuevos caudillos.

Una vez más la conclusión es que el socialismo, como movimiento emancipador del trabajo y la cultura dotado de un proyecto de sociedad basado en libertades efectivas y en la justicia distributiva, solo puede florecer sin desmentirse a sí mismo en un régimen democrático que acepta la alternancia política. Su tarea histórica es hacer efectivos los derechos civiles y políticos junto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos, con los deberes ciudadanos respectivos. Si esta tarea no se lleva adelante con la adhesión de la mayoría y en base a reglas racionales democráticamente establecidas y controladas, entonces tendrá pies de barro. Los enemigos de la democracia social y la intervención extranjera se combaten primero políticamente y con las armas de la ley, según el principio de la legítima defensa, y no con violencias arbitrarias. Sus adversarios, además, deben poder concursar por el poder y obtenerlo si logran la mayoría en alguna elección periódica. La historia enseña que las alternancias democráticas hacia la derecha no consiguen regresiones en materia de conquistas logradas por la mayoría social sino en el margen. Además, los pasos a la oposición permiten a las izquierdas desburocratizarse e interpretar mejor a la sociedad, y así volver a concursar ante la soberanía popular con legitimidad, propuestas y liderazgos renovados.

Esos son los procesos de representación y síntesis de los intereses de la mayoría social que son propios de las izquierdas plurales, que no buscan el poder para sí mismas sino para consolidar la democracia y la igualdad de derechos y oportunidades efectivas como orden social. Solo respetando esos procesos cumple con su finalidad última: avanzar hacia un bienestar colectivo equitativo y sostenible que permita tratar a todos con igual consideración y obtener los mayores grados posibles de libertad y de autonomía personal en las condiciones existentes en la sociedad. Esa es su razón de ser, y no buscar el poder para grupos que luego se autonomizan, actuando en nombre del pueblo pero al margen del pueblo, y finalmente contra el pueblo, como es el caso emblemático de la dictadura de Ortega y Murillo.

¿Es la política económica un asunto técnico?

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La economía es un asunto técnico que nada tiene que ver con la política y la sociedad, ¿verdad? No se le vaya a ocurrir a alguien por ahí afirmar que el resultado del plebiscito de septiembre de 2022 tuvo algo que ver con un deterioro económico programado. Y que este se prolongará durante 2023, afectando por lo menos la mitad del período de Gobierno del Presidente Boric. Y que, a pesar de un cuarto trimestre de 2022 mucho mejor de lo previsto, volvió a subir la tasa de desempleo desestacionalizada, ya por quinto mes consecutivo.

La tasa de interés de política monetaria del Banco Central alcanzó entre un 1,5% en septiembre y un 2,75% en noviembre de 2021, en medio de la elección presidencial y parlamentaria reciente. Ese fue un nivel todavía razonable, luego que se aumentara las tasas poco a poco desde julio de ese año como una medida de enfriamiento de la demanda agregada frente al efecto de los retiros y de las transferencias a las familias, aunque fuera una medida algo temprana. Pero había argumentos de peso para hacerlo, pues en el segundo semestre había aumentado fuertemente el déficit fiscal y el Gobierno no había impedido los retiros de fondos de pensiones por cantidades muy altas y desestabilizadoras, mientras se deterioró la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Sin embargo, pasada la elección y producido el cambio de Presidente del país y del Banco Central, este organismo decidió radicalizar su política para combatir la inflación. La tasa de interés ya debía pasar a un 5,6% en marzo ante problemas de "anclaje de expectativas". ¿Y por qué no llevarla muy por encima de las tasas norteamericanas y europeas? Que la inflación fuera en esta etapa esencialmente importada y se acelerara con la invasión rusa a Ucrania y con el aumento de los precios de alimentos y combustibles no venía al caso. Había que abatir el exceso de demanda interna del año anterior a como diera lugar.

El aumento de tasas en 2022 nunca debió producirse. No bajó en nada la inflación importada porque simplemente no podía hacerlo, pero produjo severos efectos en el empleo. En el cuarto trimestre de 2021, había unos 672 mil cesantes, mientras en el tercer trimestre de 2022 estos habían aumentado a 773 mil. Algo más de cien mil personas adicionales quedaron sin trabajo, con el impacto en sus familias respectivas –57 mil corrigiendo las variaciones estacionales–, en pleno período de plebiscito constitucional.

Agreguemos que, si bien el año 2021 terminó con un déficit fiscal de un 7,7% del PIB, financiado sin dificultad con endeudamiento a tasas razonables, el año 2022, en cambio, terminó con un superávit fiscal de un 1,1% del PIB. Incluso se produjo un superávit estructural que ni siquiera debía alcanzarse a fines del Gobierno actual (el decreto de política fiscal de la actual administración gubernamental fija una meta de balance estructural de -0,3 del PIB para 2026). Se llevó a cabo un ajuste fiscal de 8% del PIB en un año, con una caída de 23% del gasto, una brutalidad, programado por el Gobierno anterior y no corregido por el actual.

Haber bajado el déficit efectivo a -2% del PIB, por ejemplo, no hubiera comprometido en absoluto una senda de convergencia fiscal hacia la meta de leve déficit estructural en 2026 y, en cambio, hubiera permitido disminuir con menos brusquedad las transferencias a las familias en 2022 y compensar una parte mayor de las pérdidas de ingreso por la aceleración de la inflación en los sectores más vulnerables. Este habría sido un buen uso de los mayores ingresos por el alto precio del cobre de inicio de año y la recaudación por la regalía del litio, en vez de atenerse a una suerte de religión de los superávits que nadie en el mundo practica, simplemente porque no tienen racionalidad económica.

Las presiones inflacionarias por el lado de la demanda, en tanto, ya habían decaído notoriamente en el primer trimestre de 2022. La demanda interna total disminuyó nada menos que en -9,5% (y el consumo de los hogares en -7,7%) respecto al trimestre previo, dado el agotamiento del efecto de los retiros, las mayores tasas de interés y el inicio de la caída de los salarios reales. Por ello, las tasas no debieron haber subido desde su nivel de fines de 2021, salvo que se quisiera provocar una recesión, lo que efectivamente ha intentado expresamente el Banco Central. Este enfoque extremo fue asumido erróneamente como la única manera de impedir un eventual anclaje de expectativas de inflación futura en los agentes económicos. Un enfoque gradual y cauteloso era, a todas luces, más recomendable, como el utilizado por los bancos centrales en las grandes economías.

No olvidemos que hay economistas para los cuales mantener desempleos altos y salarios e impuestos bajos es una supuesta condición de rentabilidad de las empresas que redundaría en estimular la inversión, la productividad y el crecimiento. Este enfoque no es de consenso en la profesión de los economistas, pues no considera la importancia de los factores de demanda y las oscilaciones distributivas en el manejo del ciclo, con efectos de corto plazo y en el crecimiento de más largo plazo (ver aquí, por ejemplo, y los trabajos  de orientación postkeynesiana de economistas como Lance Taylor, recientemente fallecido, y Stephen Marglin, o bien de economistas de la llamada corriente principal, como Paul Krugman). La orientación al pleno empleo es una meta de política económica singularmente inexistente para la ortodoxia prevaleciente en Chile, contrariamente a personalidades académicas como Janet Yellen, la actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos.     

Pero no hablemos de estas cosas desagradables y menos del hecho de que los especialistas discuten entre sí porque no hay verdades reveladas en estas materias. La economía es un asunto técnico que nada tiene que ver con la política y la sociedad, ¿verdad? No se le vaya a ocurrir a alguien por ahí afirmar que el resultado del plebiscito de septiembre de 2022 tuvo algo que ver con un deterioro económico programado. Y que este se prolongará durante 2023, afectando por lo menos la mitad del período de Gobierno del Presidente Boric. Y que, a pesar de un cuarto trimestre de 2022 mucho mejor de lo previsto, volvió a subir la tasa de desempleo desestacionalizada, ya por quinto mes consecutivo. Y que el número de desempleados aumentó de 672 mil a 765 mil personas en un año, a una tasa creciente trimestre a trimestre, pues se siguen incorporando nuevos contingentes al mercado de trabajo con una población de más de 15 años que crece al 1% al año, mientras más personas inactivas desean trabajar a medida que se crea más empleo.

Por su parte, el número de personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente (“fuerza de trabajo potencial”) pasó en un año de 848 mil a 875 mil en el cuarto trimestre. La suma de los desempleados y de los trabajadores desalentados pasó en un año de 1,52 millones de personas a 1,64 millones, unas 120 mil personas adicionales. Las personas de entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian (conocido como el grupo NiNi) pasaron de 360 mil hace un año a 397 mil en el cuarto trimestre de 2022, siempre según la encuesta de empleo del INE. Pero, de nuevo, ¿para qué hablar de estos temas? Para eso están los técnicos. Y, sobre todo, ¿para qué recordar la crisis profunda que ha vivido la sociedad chilena desde 2019, precisamente, por negarse a abordarlos?